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SENTENCIA EJERCICIO 10 INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA

  1. 1. CONTRATO DE SEGURO: contingencias excluidas: siniestros causados voluntariamente por el asegurado; indemnización por incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común y no de accidente: incapacidad reconocida por enfermedad psiquiátrica y no por las secuelas derivadas del intento de autolisis: enfermedad preexistente. Jurisdicción: Social Recurso de Suplicación núm. 9527/2005 Ponente: Ilmo. Sr. D. Gregorio Ruiz Ruiz El TSJdesestimael recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 31 de Barcelona, de fecha08-09-2005, en autos promovidos en reclamación de indemnización. En Barcelona a 16 de marzo de 2007 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente SENTENCIA núm. 2126/2007 En el recurso de suplicación interpuesto por Ángel frente a la Sentencia del Juzgado Social 31 Barcelona de fecha 8 de septiembre de 2005 dictada en el procedimiento Demandas núm. 329/2003 y siendo recurridos Telefónica España, SA y Seguros de Vida y Pensiones Antares, SA. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. GREGORIO RUIZ RUIZ. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO Con fecha 2 de mayo de 2003 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Indemnización daños y perjuicios, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 8 de septiembre de 2005 que contenía el siguiente Fallo: " Que desestimando la demanda interpuesta ppor Ángel contra Antares, SA, y Telefónica de España, SA, en todos sus extremos, tanto petición principal como subsidiaria, absuelvo a los demandados del petitum deducido en su contra". SEGUNDO En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes: 1.- El actor, Ángel, con DNI NUM000, nacido el 20-06-1948 se encontraba afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta en el Régimen General, siendo su profesión habitual la de operario auxiliar de servicios post-venta, realizando su actividad laboral para la demandada Telefónica España, SA 2.- Inició un proceso de incapacidad temporal el dia 29-06-1998 por un estado de ánimo depresivo debido a cuestiones graves familiares (folio 74), tuvo un ingreso hospitalario en octubre de 1998 por politraumatismo debido a caída de una altura de cinco pisos a causa de un intento de autolisis,. agotó el período máximo de duración de la I.T. el 28-12-1999, siendo el informe de la UVAMI de fecha 14-04-2000. 3.- Habiéndose iniciado la via administrativa ante la Dirección Provincial del INSS. en fecha 03-05-2000 se le reconoció en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, derivada de recuperación y mejoría, con efectos desde 28-12-1999, por las siguientes lesiones: "Secuelas de politraumatismo por intento de autolisis; limitación flexión a 70º rodilla (I), anquilosis tobillo (I) anquilosis en flexión 90º codo (I), fístula LCR por fosa nasal (I) marcha con ayuda de bastones ingleses, síndrome depresivo en tratamiento, ingresado en hospital de dia". 4.- Habiéndose iniciado por el I.N. S.S. el expediente de revisión por mejoría, se dictó en fecha 31-05- 2001. resolución por la que se declaraba al actor en situación de incapacidad permanente total con efectos de esa resolución por las siguientes lesiones: Secuelas politraumatismo: limitación flexión rodilla I. (70º) anquilosis tobillo I., anquilosis flexión 90ª codo I., sontimatologia depresiva residual leve, cierre fístula LCR por fosa nasal.
  2. 2. 5.- La citada resolución por mejoría fue impugnada habiendo sido revocada por sentencia firme de este mismo Juzgado de fecha 29-12-2001, en que se declara al actor en situación de incapacidad permanente absoluta en base a las siguientes lesiones recogidas en la resultancia fáctica. 5: Apertura bucal incompleta deformidad articulación, tamporamaxilar bilateral, cicatriz traqueostomía, artrodesis codo izquierdo y ambos pies que le obliga a deambular con bastones, trastorno depresivo reactivo severo; asimismo se indica en los razonamientos jurídicos que procede dicho reconocimiento del grado de absoluta "por su actual e importante patología siquiátrica"; cuya lesión siquiátrica viene a coincidir con el informe pericial de la Entidad Gestora (folio 40). 6.- La entidad demandada Telefónica de España, SA, tiene concertado un seguro colectivo de vida y pensiones con la otra demandada Antares, SA, para cubrir el riesgo de fallecimiento o invalidez absoluta y permanente (art. 247 Convenio de Empresa) instrumentado a través de las pólizas 123.854 (vida) y 709.368 (accidente) que afectan al actor (folio 28) en que expresamente se excluye de la garantía del seguro: Los siniestros causados voluntariamente por el asegurado (art. 2a y 4) referidos, en lo que ahora interesa, a la cobertura de la invalidez absoluta y permanente; lo que da lugar, de derivar el siniestro de un accidente al doble del capital asegurado (folio 76). 7.- Inicialmente, al serle reconocido al actor el grado de incapacidad permanente absoluta por el INSS, la aseguradora le denegó el abono de la indemnización en base a no ser aún las lesiones de carácter definitivo conforme a dicha resolución (folio 416) y; una vez, el actor le fue reconocida, con ese carácter definitivo y por sentencia judicial firme en 28-01-2002 (hecho no controvertido), la situación de incapacidad permanente absoluta, Alteres, SA, rechazó en fecha 19-06-2002 las consecuencias del siniestro, al entender que las secuelas eran producidas por un intento de autolisis (Doc. 16 tel.) lo que posteriormente fue rectificado en fecha 21-10-2002; en base a los siguientes términos (doc. 22 Tel.): "Una vez analizado el expediente de siniestro de referencia por parte del departamento jurídico y técnico conjuntamente, se ha decidido que si bien la contingencia, de Invalidez permanente absoluta por accidente es totalmente rechazable debido a la causa del accidente autolesión, la cobertura de Invalidez permanente absoluta, debe ser admitida, ya que ha sido concedida por el Juzgado de lo Social núm. 31 de Barcelona, en la sentencia núm. 585, basando su incapacidad en un trastorno de conducta depresivo, reactivo, severo, que le imposibilitan cualquier tipo de actividad mínimamente productiva. Es decir, la invalidez permanente absoluta no esta basándose en el accidente declarado del dia 10 de octubre de 1998, sino en un trastorno degenerativo de carácter psíquico que le impide cualquier actividad normal y que es lo que reconoce la sentencia anteriormente mencionada, y con efectos económicos del 1 de junio DE 2001. Por tanto, procedemos a tramitar el expediente de D. Ángel, bajo la cobertura de Invalidez permanente absoluta y con fecha de ocurrencia: 1 de junio de 2001, por lo que les rogamos nos informen del capital asegurado a esta fecha. Esperando que con todo esto queden aclarados todas las cuestiones referentes a este siniestro, se despide atentamente". 8.- Conforme a los anterior, el actor ha percibido de Antares, SA, una indemnización neta por importe de 46.510,71 euros "correspondientes al capital asegurado en concepto de indemnización por la Incapacidad Permanente Absoluta, realizándose en el condicionado de la póliza de referencia contratada por Telefónica de España, SA", en el citado documento de pago firmado por el actor aparece en el encabezamiento "Recibo de finiquito de indemnización", añadiendo éste a mano lo siguiente " Se hace constar expresamente que la firma de este recibo no implica renuncia al derecho a reclamar el pago de la prima correspondiente al hecho que la invalidez viene provocada por accidente de laboral, ni renuncia alguna a las acciones judiciales pertinentes en defensa de ese derecho". (doc.- 23 Tel. al folio 458); en base a lo cual se ha interpuesto la presente demanda. 9.- De estimarse la pretensión han sido indiscutidas las sumas reclamadas de capital. 10º.- Intentada la conciliación, resultó sin avenencia. TERCERO Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo. FUNDAMENTOS DE DERECHO
  3. 3. PRIMERO Se ha interpuesto por D. Ángel recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 31 de los de Barcelona en fecha 8/9/05 y en la que desestimándose la demanda presentada por el Sr. Ángel contra las empresas Telefónica de España, SA y Antares, SA, se absuelve a las demandadas de las peticiones contenidas en la misma y dirigidas a que se "condene a la Compañía de Seguros Antares por los hechos de la presente demanda a abonar al actor una indemnización de 108.903,39 € (18.120.000 ptas.) más intereses sobre dicha cantidad al tipo del 20% anual desde el 1/6/01 (o alternativamente desde la fecha de firmeza de la sentencia, es decir, el 28/1/02) hasta el 16/12/02 en el caso de los 7.977.529 ptas. ya pagados y hasta el momento en que se produzca el pago de la totalidad del saldo en relación a los 18.120.000 ptas. restantes, desde el 1/6/01 (o alternativamente desde la fecha de firmeza de la sentencia, es decir, el 28/1/02) y hasta el 16/12/02". SEGUNDO Interesa en primer término la recurrente, haciéndolo al amparo de la causa de recurribilidad prevista en el art. 191.b de la L.P.L ( RCL 1995, 1144, 1563) ., la revisión de la relación de hechos probados de la sentencia impugnada al efecto de modificar el contenido de dos de sus apartados; los que constan, en concretamente, con los ordinales segundo y quinto. En el apartado segundo se indica que "inició un proceso de incapacidad temporal el día 29/6/98 por un estado de ánimo depresivo debido a cuestiones graves familiares (folio 74), tuvo un ingreso hospitalario en octubre de 1998 por politraumatismo debido a caída de una altura de cinco pisos a causa de un intento de autolisis agotó el período máximo de duración de la I.T. el 28/12/99 siendo el informe de la UVAMI de fecha 14/4/00". Pretende el recurrente que en dicho apartado se declare que "inició un proceso de incapacidad temporal el 29/6/98 por un estado de ánimo depresivo debido a cuestiones graves familiares (folio 74) que se agravó progresivamente siendo ingresado el paciente de forma involuntaria en el Complejo Asistencial de Salud Mental "Benito Menni" entre el 21/7/98 y el 14/8/98 derivando su patología hacia una severa patología psiquiátrica que le llevó a precipitarse desde una altura de cinco pisos, no siendo en ese momento dueño de sus capacidades intelectivo-volitivas, siendo objeto de ingreso hospitalario por politraumatismo, agotando el período máximo de duración de la IT el 28/12/99, siendo el informe de la UVAMI de fecha 14/4/00". Remite, para justificar su petición, al contenido de diversos documentos e informes, los obrantes en los folios 39, 510 y 514 de las actuaciones (informe de alta hospitalaria emitido por el Complejo de Salud mental "Benito Menni" de Sant Boi de Llobregat; 40 (informe de psiquiatra); 44 a 46 (informe pericial emitido por psiquiatra y practicado a instancia del recurrente); 47 y 48 (informe médico); y 542 y 543 (informe de psiquiatra). La petición de rectificación no podrá ser estimada. No podemos a estos efectos sino recordar, de un lado, que la relación de hechos probados de la resolución ha de quedar limitada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.P.L ( RCL 1995, 1144, 1563) ., al registro de circunstancias de hecho excluyendo cualesquiera declaración que remita a conceptos jurídicos o estrictamente valorativos; y, y de otro, que la procedencia de una rectificación de la relación de hechos probados interesada en el ámbito de un recurso de suplicación depende de que unos medios probatorios concretos, los expresados en el art. 191.b del cuerpo legal citado, revelen de forma clara, prácticamente indiscutible, y para lo que se han de necesitar razonamientos, inferencias o deducciones especialmente complejas o difíciles, la existencia de un error en la valoración de los medios de prueba y cometido a través o con la declaración que se impugna. En el presente caso no podemos sino apuntar que la declaración relativa a que el recurrente era o no "dueño de sus capacidades intelectivo-volitivas" remite a circunstancias que difícilmente pueden tenerse como estrictas circunstancias de hecho. Remiten antes, entendemos, a conceptos estrictamente valorativos o especulativas de circunstancias de hecho y que tienen que ver, sí, con la existencia de una enfermedad o, y más en concreto, con la presencia de diversos estados de ánimo o emocionales presentes en el trabajador en el momento o momentos precedentes a la decisión de autolisis que adoptó y que se encuentra en la base de este procedimiento. Por otro lado, y en otro orden de cosas aunque derivan finalmente hacia una misma conclusión, la de negar en todo caso la existencia de la situación emocional a la que pretende referirse el recurrente, no podemos sino observar que los diversos informes mencionados por el recurrente no permiten deducir la presencia de una situación emocional tal que excluya el dominio o voluntad en los actos ejecutados por el recurrente. El informe obrante en el folio 39 y que se corresponde con el de alta del centro donde el recurrente estuvo internado nos habla de una ausencia de riesgo de "auto o heteroagresividad, con planes de futuro...con una adecuada conciencia de continuar con el ttº de forma ambulatoria" excluyendo igualmente "síntomas que puedan incluirse en el campo de la psicosis". La tendencia a la impulsividad que concurriría en el recurrente y que refiere el informe obrante en el folio 40 no revela tampoco la presencia de síntomas psicóticos o de alteración grave del juicio de realidad hablando incluso, por el contrario, de una persona que "ha adaptado su vida a las condiciones de su enfermedad". Del informe pericial al que se refiere el recurrente no podemos sino señalar su carácter de informe ad hoc en relación al caso enjuiciado y su emisión, en todo caso, en 2003, esto es, cinco años después del intento de autolisis en cuestión y al que, en consecuencia, escasas o nulas facultades de convicción en relación con la identificación de la situación previa al momento de referencia; y tampoco, finalmente, los informes citados a continuación permiten alcanzar otra conclusión; uno es emitido por quien no es, siquiera, médico psiquiatra y el último citado, finalmente, no procede a efectuar determinación alguna en relación al estado del recurrente limitándose a señalar lo que "describe"
  4. 4. a estos efectos el propio trabajador. No podemos a estos efectos, y como hemos indicado, estimar concurrente aquel error de valoración de la prueba practicada que autorice a efectuar la rectificación solicitada. TERCERO Solicita, en segundo lugar el recurrente y dentro de este mismo motivo del recurso, la modificación del apartado quinto de la relación de hechos probados. En el apartado en cuestión se indica que "la citada resolución por mejoría fue impugnada, habiendo sido revocada por sentencia firme de este mismo Juzgado de fecha 29/12/01, en que se declara al actor en situación de incapacidad permanente absoluta, en base a las siguientes lesiones recogidas en la resultancia fáctica 5: apertura bucal incompleta, deformidad articulación temporomaxilar bilateral, cicatriz traqueotomía, artrodesis codo izquierdo y ambos pies que le obliga a deambular con bastones, transtorno depresivo reactivo severo; asimismo se indica en los razonamientos jurídicos que procede dicho reconocimiento del grado de absoluta "por su actual e importante patología psiquiátrica" cuya lesión psiquiátrica vienen a coincidir con el informe pericial de la entidad gestora (folio 40)". Pretende en este caso el rcurrente que en su lugar se declare que "la citada resolución por mejoría fue impugnada, habiendo sido revocada por sentencia firme de este mismo Juzgado de fecha 29/12/01, en que se declara al actor en situación de incapacidad permanente absoluta, en base a las siguientes lesiones recogidas en la resultancia fáctica 5: apertura bucal incompleta, deformidad articulación temporomaxilar bilateral, cicatriz traqueotomía, artrodesis codo izquierdo y ambos pies que le obliga a deambular con bastones, transtorno depresivo reactivo severo; aunque se indica en los razonamientos jurídicos que procede dicho reconocimiento del grado de absoluta "por su actual e importante patología psiquiátrica" cuya lesión psiquiátrica viene a coincidir con el informe pericial de la entidad gestora (folio 40), dicha invalidez debe considerarse como derivada de accidente". Esta segunda rectificación de la relación de hechos probados tampoco podrá ser admitida. Baste, para justificar esta decisión, lo ya indicado en respuesta a la petición anterior y que llevaba, decíamos, a excluir cualesquiera declaración que se pretenda incluir en la relación de hechos probados y que no corresponda o pueda ser identificada como una circunstancia de hecho. En este caso la declaración relativa a que la invalidez "debe considerarse como derivada de accidente" no puede tenerse sino como una declaración directa e inequívocamente especulativa o valorativa de la realidad y no como definidora o descriptiva de una circunstancia de hecho. Observación que justifica, como hemos indicado y sin necesidad de una mayor o ulterior consideración, la desestimación de la petición de rectificación del apartado quinto de la relación de hechos probados de la resolución impugnada. CUARTO Interesa finalmente la recurrente la revocación de la sentencia impugnada, al amparo en este caso del motivo de recurribilidad de las resoluciones judiciales previsto en el art. 191.c de la L.P.L ( RCL 1995, 1144, 1563) ., y por considerar en primer término que la sentencia incurre en infracción del art. 19 de la Ley del Contrato de Seguro ( RCL 1980, 2295) , puesto el mismo en relación con los arts. 1.091, 1.258 y 1.256 del Código Civil ( LEG 1889, 27) . Alega que "habiendo derivado el siniestro de un accidente resulta evidente que Antares, SA hubiera debido abonar la suma en cuestión...cumpliendo con lo establecido en el mencionado contrato de seguro colectivo"; y ello por cuanto, dirá, "resulta innegable que la mayor parte del cuadro secuelar...deriva del accidente debiéndose señalar que aunque parte de los transtornos psiquiátricos...fueran preexistentes resulta imposible aventurar si estos hubieran podido fundar por si solos una invalidez absoluta al desconocer cual hubiera sido su evolución...". Reconoce el recurrente que la póliza de seguro de referencia "excluía de la garantía del seguro "los siniestros causados voluntariamente por el asegurado" pero resultaque dicha cláusula no podía ser de aplicacióna. (porque) actuó bajo el impulso de una patología psiquiátrica no siendo en modo alguno consciente de la gravedad de sus actosb. (porque) su voluntad no fue la de quedar en situación de invalidez absoluta y permanente sino que su voluntad fue, en todo caso, la de perder la vida, no siendo esta la contingencia por la que reclama en los presentes autosc. porque, de acuerdo con la doctrina legal contenida entre otras en SSTS de 22/10/86 ( RJ 1986, 5881) y 11/10/86 ( RJ 1986, 5441) cuando se conciertan seguros colectivos en cumplimiento de obligaciones impuestas al tomador por convenio de la misma clase y así se reconozca expresamente por el asegurador en la misma póliza, éste tiene el deber de asumir todos los riesgos que la norma convencional manda asegurar d. porque la cláusula que excluye de la garantía "los siniestros causados voluntariamente por el Asegurado" constituye indudablemente una cláusula limitativa de los derechos del asegurado que, de acuerdo con lo previsto en el art. 3 de la Ley 50/80 ( RCL 1980, 2295) "debe ser destacada y debe ser especificamente aceptada por escrito" (y) e. (porque)...las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados deben interpretarse en el sentido más favorable para estos últimos por lo que en caso de duda sobre la aplicabilidaddebe optarse por su inaplicabilidad". La sentencia de instancia, por su parte, rechaza la pretensión del asegurado que se concretaba, en primer término, en la reclamación del capital correspondiente al riesgo constituido por una situación de invalidez absoluta permanente por accidente por considerar que, efectivamente y como alegaba la entidad aseguradora, la situación del reclamante no se puede entender derivada de un accidente en cuanto que, y de un lado, las lesiones derivadas del intento de suicidio escapaban del ámbito de cobertura de la póliza en cuanto que no podía tenerse al mismo como un suceso involuntario; y por cuanto la lesión que justifica
  5. 5. la declaración de invalidez permanente, la enfermedad psiquiátrica del mismo, no podía tenerse sino como un supuesto de enfermedad alejado igualmente del supuesto de invalidez por accidente al que aquél vinculaba su reclamación. QUINTO En este punto debemos recordar que la reclamación que se efectúa se corresponde, como registra la sentencia de instancia, con una póliza de seguro de grupo o colectiva concertada por la empresa codemandada, Telefónica de España, SA y con la que se formalizaba un "seguro temporal renovable con complementario de invalidez absoluta y permanente" para todos los "empleados de plantilla" de la empresa citada. Se garantizaba con la misma el pago de un capital en el caso de concurrir el riesgo asegurado distinguiendo en cuanto aquí nos interesa entre la situación de "invalidez permanente absoluta" y la situación de "invalidez permanente absoluta por accidente"(el capital asegurado en este caso es el doble del previsto para el primer supuesto); y quedando, en todo caso, excluidos de la garantía del seguro, entre otros, "a. los siniestros causados voluntariamente por el asegurado, b. los accidentes o enfermedades que sobrevengan al asegurado por embriaguez o uso de estupefacientes no prescritos médicamente, c. las consecuencias de una acto de imprudencia temeraria o negligencia grave del asegurado, declarado así judicialmente" (art. 3.2.a, b y c de la póliza núm. 123854). Y sería, precisamente, en base a la primera de las previsiones, como recuerda la sentencia, que la entidad aseguradora rechazó hacerse cargo de la reclamación efectuada por el asegurado por entender que el "intento de suicidio" del mismo, en tanto que "siniestro causado voluntariamente por el asegurado", quedaba excluido del ámbito de cobertura de la póliza de referencia. Decisión que, sin embargo, la aseguradora revisaría y por entender, finalmente, que no habían sido las secuelas o lesiones derivadas del citado intento de suicidio las determinantes de la situación de invalidez permanente que en grado de absoluta para toda profesión le había sido reconocida al asegurado sino, que lo había sido, la enfermedad depresiva severa que igualmente padecía el mismo. Lo que dio lugar a la aplicación de la póliza y al reconocimiento al ahora recurrente del derecho a percibir de la aseguradora del capital previsto en la misma para dicha contingencia, esto es, 46.510,71 €. SEXTO Resumido de esta manera el debate a que remite el procedimiento podemos indicar que los criterios con que el Magistrado de instancia resuelve la demanda origen del procedimiento resultan plenamente atendibles y han de servir también, entendemos, para responder a las alegaciones formuladas por el ahora recurrente. Reclama éste que se tenga producida por accidente la situación de invalidez permanente que tiene reconocida y que, en consecuencia, se aplique la póliza correspondiente o que atiende o cubría una tal contingencia o riesgo. Y lo cierto es que, de un lado y a la vista de los precisos razonamientos que incorpora al efecto la sentencia que finalmente le declara en situación de invalidez permanente en grado de absoluta para toda profesión u oficio (sentencia del mismo Juzgado de lo Social núm. 31 de los de Barcelona de 29/12/01 que es la que da lugar al reconocimiento de la cobertura del riesgo por parte de la aseguradora demandada), una tal situación tiene que ver principalmente con una lesión o enfermedad psiquiátrica que se reconoce al recurrente, un trastorno depresivo de intensidad severa, que poco o nada tiene que ver con el intento de suicidio y con las secuelas que del mismo derivaron y a las que el recurrente, en todo caso, vincula su reclamación. La enfermedad depresiva preexiste al citado intento de autolisis, de hecho el recurrente pretende explicar el mismo en clave exclusiva de una tal enfermedad; y, en todo caso, no consta en la relación de hechos probados una vinculación entre el desarrollo de la misma y las secuelas del citado intento de autolisis. Dicho camino, podría decirse en este sentido, se encuentra cerrado. Pero es que la segunda vía que podría permitir un tal reconocimiento y que es la que el recurrente pretende recorrer también con su recurso, encuentra u ofrece unos, sin duda, más inciertos resultados. Y ello por cuanto se estaría en todo caso ante lesiones que encontrarían su origen o causa inmediata en el intento de suicidio llevado a término por el recurrente en el mes de octubre de 1998. Dicho intento queda indudablemente vinculado con la situación psiquiátrica o emocional que por aquél entonces presentaba el recurrente, un trastorno depresivo reactivo por el que estaba siendo tratado y que había justificado, incluso, un ingreso en un centro asistencial del que había sido dado de alta dos meses antes. Pero, y en este sentido, no puede deducirse nada más. O, antes y al contrario, se apuntan circunstancias que en nada autorizan a considerar afectadas las facultades volitivas del recurrente. Sobre esta base nada nos permite excluir el carácter voluntario de la acción de autolisis de referencia. Y en este punto, recordemos nuevamente, que en la póliza se había determinado como riesgo excluido de la póliza, entre otros muchos, "los siniestros causados voluntariamente por el asegurado". Por esta vía, podría fácilmente concluirse, que la situación de referencia, esto es, la situación de invalidez permanente absoluta reconocida al trabajador y que hubiera derivado de las consecuencias de una acción voluntaria y libre del asegurado, no constituiría una de las contingencias o riesgos cubiertos con la póliza en cuestión. Nada obligaba a la aseguradora y tampoco a la empresa del asegurado a concertar una póliza con otro contenido o, y dicho en otros términos, a cubrir unos riesgos más extensos o complejos que los efectivamente pactados. No se está en el caso de considerar, como arguye el recurrente, que la contingencia se haya causado de mala fe ni que se trate de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado. Y es que, reiteramos, ha de excluirse que se haya originado obligación alguna por parte de la
  6. 6. empresa aseguradora en la medida en que no habría acaecido el riesgo cubierto o atendido por la misma. Se está, en consecuencia, reiteramos, ante una definición del riesgo cubierto con la póliza que dejaría fuera aquellas situaciones descritas en la misma y entre las que se encontrarían las que, como se ha indicado, las que resultaran producidas por voluntad del asegurado. Motivos que nos obligan, entendemos y tal y como hemos indicado, a desestimar el correspondiente motivo de recurso. Ausencia de fundamento de la reclamación contenida en el recurso que permite, sin mayor consideración, desestimar los que se refieren o pretenden igualmente justificar la misma y que tienen que ver con el documento de "finiquito" firmado por el recurrente al recibir la cantidad abonada por la aseguradora y con su valor o efectos; o con los intereses de dicha cantidad que igualmente, y al amparo de lo dispuesto en la Ley del contrato de seguro ( RCL 1980, 2295) , reclamaba igualmente el recurrente. SÉPTIMO Quedaría, como última cuestión a resolver, la relativa a la reclamación formulada igualmente por el recurrente y relativa a los intereses que de la cantidad abonada por la aseguradora habrían sido devengados por el mismo de conformidad con lo dispuesto en la propia póliza del seguro y en la. También en este caso la opinión de la Sala es contraria a las tesis mantenidas por el recurrente. De un lado, efectivamente y como registra la sentencia impugnada, la reclamación reservada por el recurrente al percibir la cantidad indicada tenía que ver con, y como se dice en la misma, "el derecho a reclamar el pago de la prima correspondiente al hecho que la invalidez viene provocada por accidente laboral ni renuncia alguna a las acciones judiciales pertinentes en defensa de ese derecho". Ninguna reserva se hace en relación con el pago de la cantidad y con, en consecuencia, la existencia de un retraso en el mismo. Como últimamente hemos podido recordar "el recibo de finiquito no es un medio autónomo de extinción de las obligaciones que operen con independencia de los reconocidos en el Código Civil ( LEG 1889, 27) ni se rige por principios distintos del espiritualista que preside nuestro derecho" ( STSJCat 31/7/01 [ JUR 2001, 275761] ); y es por ello que hemos subrayado que "únicamente tiene efectos liberatorios cuando es expresión de un consentimiento libre y no afecto de ninguno de los vicios que lo invaliden". En el presente caso, y no alegado siquiera la existencia de un defecto de voluntad, no podemos sino reconocer el efecto liberatorio de la obligación ahora reclamada y que defiende la resolución impugnada. Todavía podríamos apuntar que el desarrollo de los hechos enjuiciados casa mal con la reclamación efectuada en este sentido por el recurrente. La reclamación del ahora recurrente no se produce sino tras alcanzar firmeza la resolución judicial que, procediendo a revocar la resolución del I.N.S.S. que revisaba por mejoría el grado de invalidez reconocido inicialmente al trabajador, reconocía al mismo en situación de invalidez permanente en grado de absoluta para toda profesión vinculando la misma a la presencia de una importante enfermedad depresiva. Y es, como hemos dicho, la presencia de tal enfermedad la que justifica la revisión del expediente de seguro adoptada por la aseguradora y que da lugar al pago de la cantidad en cuestión. Desde este punto de vista no podemos sino reconocer que sólo tras la firmeza de dicha resolución podía reconocerse el derecho postulado y que tras la misma, y en un período de unos meses durante el que se produce la revisión del citado expediente, se produce el pago de dicha cantidad. No podemos por ello reconocer la existencia de un retraso significativo en el abono de la cobertura acordada y que además no podemos sino considerar justificado a la vista de las circunstancias aludidas. Concurrencia de justificación que, y frente a las tesis del recurrente, impediría igualmente el reconocimiento del derecho postulado. Tampoco así, y en este concreto aspecto, se justifica la infracción de los preceptos legales de referencia alegados por el recurrente. Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación F A L L A M O S Que DESESTIMANDO el recurso de suplicación formulado por D. Ángel contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo social núm. 31 de los de Barcelona en fecha 8 de septiembre de 2005 en los autos seguidos en dicho Juzgado con el núm. 329/03, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS dicha resolución en todos sus pronunciamientos. Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) . Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias. Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
  7. 7. Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.

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