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Denuncia inconstitucionalidad por el acuerdo Chevron YPF

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Denuncia inconstitucionalidad por el acuerdo Chevron YPF

  1. 1. DENUNCIA INCONSTITUCIONALIDAD SE PROMUEVAN ACCIONES EN DEFENSA DE LOS INTERESES Y RECURSOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Sr. FISCAL ADJUNTO Dr. JAVIER FERNANDEZ A/C DE FISCALIA DE ESTADO S/D LAURA GISELA MONTERO, Senadora Nacional por Mendoza, a Ud. me presento y respetuosamente digo: DOMICILIO LEGAL: Que para todos los efectos legales derivados de esta presentación, vengo a fijar como domicilio legal el de Avenida San Martín 941 2º Piso Of. “4” de la Ciudad de Mendoza. OBJETO: Que vengo a denunciar ante el Sr. Fiscal de Estado la inconstitucionalidad de los Decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional Nº 929/13 y Nº 1277/12, con el objeto de que realice los actos útiles, suficientes y/ o inicie las acciones legales que aseguren el imperio de la Constitución Nacional, de las leyes nacionales, de la Constitución Provincial y de la normativa provincial en materia de hidrocarburos, que reconoce y asegura el dominio de la provincia sobre sus recursos hidrocarburíferos, que dichos decretos vulneran, todo ello en mérito a las consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer: HECHOS: El Decreto Nº 929/2013, dictado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional, establece un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos convencionales y no convencionales, en el marco de las Leyes Nros. 17.319, 26.197 y 26.741, el que será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina.
  2. 2. La referida norma establece que podrán solicitar su inclusión en el Régimen Promocional los sujetos inscriptos en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que sean titulares de permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos y/o terceros asociados a tales titulares conjuntamente con éstos, que presenten ante la Comisión de planificación y coordinación estratégica del plan nacional de inversiones hidrocarburíferas creada por el Decreto Nº 1277/12 un “Proyecto de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” que implique la realización de una inversión directa en moneda extranjera no inferior a un monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (U$S 1.000.000.000) calculada al momento de la presentación del “Proyecto de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” y a ser invertidos durante los primeros CINCO (5) años del proyecto. La norma no establece cuales serán los requisitos y condiciones para la presentación y posterior aprobación de los “Proyectos de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”, y para su inclusión en el Régimen que se crea, sino que delega ese poder reglamentario en la mencionada Comisión. Se prevé que los sujetos incluidos en el régimen promocional gozarán a partir del quinto año contado desde la puesta en ejecución de sus respectivos “Proyectos de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”, del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el VEINTE POR CIENTO (20%) de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos Proyectos, con una alícuota del CERO POR CIENTO (0%) de derechos de exportación, en caso de resultar éstos aplicables. Asimismo, tendrán la libre disponibilidad del CIEN POR CIENTO (100%) de las divisas provenientes de la exportación de los hidrocarburos si se cumplen las condiciones que establece. El seguimiento y control de los Proyectos de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, estará a cargo de la Comisión de planificación y coordinación estratégica del plan nacional de inversiones hidrocarburíferas. Se crea la figura de la “Explotación No Convencional de Hidrocarburos” y se dispone que los sujetos titulares de permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos, que hayan sido incluidos en el régimen de promoción que se crea, tendrán derecho a solicitar una “Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos”, en los casos previstos en la presente medida, debiendo cumplir, en cada caso, previamente, con las obligaciones establecidas en el Decreto 929/12 y en su reglamentación. Se prevé que los titulares de una “Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos”, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación 2
  3. 3. adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Finalmente se prevé que a los fines de la aplicación del Régimen de Promoción, será Autoridad la COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURIFERAS quien además es la facultada para dictar el Reglamento del decreto 929/13 de implementación e inclusión de los beneficiarios. Como se advierte el decreto Nº 929/13 guarda íntima relación con el que fuera dictado el 25 de Julio de 2012 por el Poder Ejecutivo Nacional: el decreto Nº 1277 que aprobó la reglamentación de la Ley N 26.741 (que estatizó parcialmente el paquete accionario de YPF) y el denominado “Reglamento del régimen de soberanía hidrocarburífera de la Republica Argentina”. Esta norma estableció un Plan nacional de inversiones hidrocarburíferas, y para ello conformó la comisión de planificación y coordinación estratégica del plan nacional de inversiones hidrocarburíferas en la órbita de la Secretaria de política económica y planificación del desarrollo del Ministerio de economía y finanzas públicas. Dicha comisión es la encargada de la elaboración y presentación anual de un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Los sujetos que realicen actividades de exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos se encuentran obligados a suministrar la información técnica, cuantitativa y/o económica, conforme a las pautas que establezca la Comisión para el diseño del Plan Nacional de Inversiones. La norma también crea el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, donde deberán estar inscriptas todas las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos y combustibles, como requisito indispensable para el desarrollo de su actividad en todo el territorio nacional. DERECHO: La reforma de la constitución nacional en el año 1994 reconoció en el artículo 124 el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales al sostener que “… Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio….. 3
  4. 4. Consecuentemente con esta disposición la constitución de la Provincia de Mendoza en su articulo 1º establece que “…sus yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, como así también toda otra fuente natural de energía sólida, líquida o gaseosa, situada en subsuelo y suelo, pertenecen al patrimonio exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado Provincial. Su explotación debe ser preservada en beneficio de las generaciones actuales y futuras…”. En el año 2006 el Congreso de la Nación sancionó la denominada “Ley Corta de Hidrocarburos” la que entre otras cosas modifico el articulo 1º de la ley de hidrocarburos Nº 17139 que originariamente delegaba en el Poder Ejecutivo Nacional una serie de atribuciones vinculadas con el diseño de la política energética, e hizo efectivo el reconocimiento contenido no sólo en la Constitución Nacional sino también, en el caso de Mendoza, en las disposiciones de su propia Constitución. El articulo 1º de la ley corta que modifica el articulo 1º de la ley 17319 establece claramente que “Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren.” En particular, pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968. Consecuentemente con estas normas, la nación revirtió a las provincias áreas petroleras y las provincias productoras dictaron sus propias normas destinadas a regir todo lo relacionado con el ejercicio pleno, sin cortapisas, del derecho de propiedad sobre los recursos hidrocarburiferos. Ello fue lo que hizo también la provincia de Mendoza al dictar la ley Nº 7526, donde se reguló todo lo relacionado con las condiciones en las que la Provincia iba a ejercer su derecho, tales como los plazos de concesión, el contenido de los pliegos, las sanciones, las regalías, etc. De esta manera se consolidó claramente en todo el país, con el acuerdo de la Nación, un escenario en el que la Provincias ejercían plenamente sus derechos administrando y legislando sobre los recursos hidrocarburiferos de su propiedad. En este proceso de consolidación de los derechos provinciales no podemos dejar de citar la ley provincial Nº 8192 que ratificó el decreto Nº 1722/05 el que, a su 4
  5. 5. vez, ratificara el Tratado Interprovincial de los Hidrocarburos de las Provincias Productoras de Hidrocarburos y sus Anexos, suscriptos en fecha 26 de noviembre de 1999, entre los Gobernadores de la Provincias de Mendoza, Chubut, Formosa, Jujuy, Salta, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; cuyos considerandos textualmente expresan: “…Que, el punto de partida de las normas respecto de la actividad hidrocarburífera, debe ser el reconocimiento que en el sistema de la Constitución Nacional el dictado del régimen de fondo de la misma, en cuanto a desprendimiento del Código de Minería, corresponde a la Nación (artículo 75 inciso 12), siendo resorte exclusivo del Congreso de la Nación la actualización de la normativa de la Ley, sin perjuicio de lo cual es de publico y notorio que el artículo 1° y concordantes (dominio y jurisdicción) han quedado en abierta contradicción con la propia Constitución nacional, después de la mencionada reforma; 12. Que en ese sistema, la aplicación de ese régimen corresponde a las Provincias, es decir el ejercicio pleno del poder concedente sobre los yacimientos según el territorio respectivo, la asunción de la jurisdicción plena sobre los mismos a través de la autoridad de aplicación que debe designar cada Provincia, la que tendrá a su cargo el control técnico y ambiental de las explotaciones, conforme a los procedimientos provinciales, con entendimiento del Poder Judicial de las mismas en caso de conflictos…” Con posterioridad se dictó la ley Nº 26741, que estatizó parcialmente la composición accionaria de YPF, y que ha servido de excusa para que el Poder Ejecutivo Nacional dicte el decreto Nº 1277/12 y el Nº 929/13, que son abiertamente inconstitucionales y contrarios a las normas que venimos citando. En efecto los decretos que se denuncian contradicen también lo establecido en esa ley en cuanto esta establece el Consejo Federal de Hidrocarburos que estará compuesto por la Nación y las Provincias y que tiene la función de promover la actuación coordinada del Estado Nacional y los Estados Provinciales, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente y expedirse sobre toda otra cuestión vinculada al cumplimiento de los objetivos de la presente ley y a la fijación de la política hidrocarburífera de la República Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional someta a su consideración. Así por medio del decreto Nº 1277/12 el Gobierno Nacional, estableció todo un nuevo diseño de política estratégica para el sector petrolero en nuestro país sin ninguna participación de las Provincias, invadiendo competencias, derechos y facultades de estas, establecidas por la Constitución Nacional y la legislación vigente en la materia. Su dictado y ejecución implica para las Provincias la pérdida de jurisdicción sobre los recursos naturales cuyo dominio originario les reconoce la Constitución Nacional. 5
  6. 6. Como destacamos antes, el decreto establece el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas cuya implementación estará a cargo de la Comisión de planificación y coordinación estratégica del plan nacional de inversiones hidrocarburíferas. La citada Comisión se integra exclusivamente por representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Dicha Comisión tiene funciones de control técnico y económico de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Asimismo tiene por función controlar y exigir inversiones por parte de los operadores de cada área. También tiene facultades de imponer sanciones, entre las que se incluye la posibilidad de declarar caducas las concesiones o permisos de exploración/explotación. Como vemos, el Poder Ejecutivo Nacional ha invadido mediante el dictado del decreto 1277/12 facultades que por la Constitución Nacional, la ley corta, nuestra Constitución Provincial y la legislación específica que en materia de Hidrocarburos ha dictado la Provincia de Mendoza, le corresponden a ella sin atenuantes. La Provincia ha perdido poder de control y sanción respecto de la producción de hidrocarburos, atento al dictado del decreto Nº 1277/12. Por su parte el Decreto Nº 929/13 consuma el atropello, permitiendo que la comisión de funcionarios nacionales establecida por el decreto Nº 1277/12 promueva planes de inversión de explotación no convencional de hidrocarburos generando nuevas concesiones, dividiendo áreas petroleras, modificando las condiciones de concesión ya otorgadas por las provincias, obligando a las mismas a actuar sobre el hecho consumado al no preverse la injerencia previa de la Provincia sobre el plan de inversiones aprobado por dicha comisión, ni sobre la calificación del futuro concesionario. Concretamente la norma cuestionada crea un nuevo régimen de concesión de hidrocarburos vía decreto, lo que a todas luces resulta contrario a la Constitución Nacional, la ley Nº 17.319 y la ley corta. Se configura con esta norma el vaciamiento absoluto de las facultades provinciales de control y decisión respecto de sus recursos naturales. Huelga destacar a esta altura, que los referidos recursos son propiedad de la Provincia de Mendoza, no sólo de las generaciones presentes de mendocinos sino de nuestros hijos y nietos. 6
  7. 7. En defensa del patrimonio de todos los mendocinos, no sólo de las generaciones presentes sino también de las futuras, es que solicitamos la intervención inmediata del señor Fiscal de Estado. Por otro lado el artículo 15 del decreto establece que “los titulares de una “Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos”, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. La delimitación de esas áreas adyacentes, será facultad de la Autoridad Concedente”. El articulo 15 implica sin más la pérdida absoluta del control por parte de la Provincia de las concesiones convencionales actualmente otorgadas, por cuanto con el sólo argumento de la continuidad geológica del área convencional con la no convencional el concesionario podría lograr prorrogar la concesión convencional por plazos que exceden los establecidos en la ley 17.319 y sus prórrogas. Todo ello bajo el exclusivo imperio de los designios del Poder Ejecutivo Nacional. El obrar del Poder Ejecutivo Nacional desconstitucionaliza, ni más ni menos, el artículo 124 de la Constitución Nacional, y vacía de contenido el derecho reconocido a las Provincias. Finalmente, aunque no por ello menos grave, el decreto Nº 929/13 promueve beneficios de naturaleza impositiva de un modo contrario a lo establecido en nuestra Constitución nacional. Es opinión unánime de la doctrina constitucional, que este tipo de tributo sólo puede ser creado o suprimido por el Congreso Nacional en ejercicio de funciones que le son propias e indelegables, y que su adopción por el PEN sería violatoria de las normas de la Constitución Nacional que regulan la competencia y funciones de cada uno de los poderes de la Nación (arts. 4, 9, 17, 19, 52, 75 inc. 1, 76 y 99). El art. 4 de la CN establece que El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, mientras que el art. 9 dispone que en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Complementariamente el art. 17 prescribe que solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4 y el art. 19 que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. 7
  8. 8. El art. 52 dispone: “A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas” y finalmente el art. 75 claramente dice que “Corresponde al Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación… 13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras y las provincias entre sí”. La materia Tributaria es materia que por principio no puede ser objeto de delegación legislativa ya que no es materia de administración. Concordantemente la Constitución, en el art. 99 ap. 3, referido a las atribuciones del Poder Ejecutivo establece que este no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, excluyendo de la materia que puede ser objeto de los decretos de necesidad y urgencia, la materia tributaria. Por ello el decreto Nº 929/13, de naturaleza claramente reglamentaria y dictado invocando tal poder constitucional de acuerdo a la cita expresa en sus considerandos de los Inc. 1º y 2ºº del articulo 99 de la Constitución Nacional, en la medida que establece un Régimen de Promoción de inversiones que contempla beneficios impositivos o tributarios y concretamente en cuanto elimina derechos de exportación o importación, también es palmariamente inconstitucional. Todas estas consideraciones me obligan como representante de la Provincia de Mendoza a llegar hasta su persona para solicitarle cumpla con las obligaciones que pesan sobre la investidura del cargo que Ud. ostenta y defienda los intereses de Mendoza de acuerdo al mandato contenido en el articulo 177 de la Constitución Provincial y lo establecido en las leyes Provinciales Nº 728, Nº 5722 y Nº 4418. PETITORIO: 1.-Me tenga por presentada y domiciliada. 2.- Realice los actos útiles y necesarios, en el marco de sus competencias legales constitucionales tendientes a que declare la inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad de los decretos 1277/12 y 929I13, por los argumentos expuestos. Atentamente. 8
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