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Especial

Educación superior

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Bogotá D. C., n.º 165, abril de 2013

Publicación de la Universidad Nacional de Colombia • ISSN 1657-0987

Foto: Víctor Manuel Holguín/Unimedios

Investigación, brecha entre
desarrollo y periferia

A pesar de su visible crecimiento en los últimos veinte años, la investigación nacional está rezagada frente a la de otros países de América
Latina. La inversión sigue sin sobrepasar el 0,5% del PIB y las regalías
para el sector de ciencia, tecnología e innovación no son suficientes.
Para que el sistema funcione se necesitan recursos y políticas claras.

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La generación desconocida
del performance
En los años noventa, un grupo de artistas colombianos
coincidió en usar las “acciones de arte” como lenguaje
para interpretar –y no pocas veces criticar– la compleja
realidad social y política que les tocó vivir.

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2

Nación

Intereses de congresistas amenazan

reforma de la salud
El proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, si bien
reconoce problemas estructurales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no deja claro las medidas para combatir
muchos de los males del sector. Por eso, el temor es que todo
cambie de forma, pero no de fondo.

Francisco Rossi,

El presidente de la República,
Juan Manuel Santos, presentó en
compañía del ministro de Salud y
Protección Social, Alejandro Gaviria, el proyecto de ley 210 para
reformar el sistema de seguridad
social en salud. Es la segunda vez
que el propio mandatario presenta
un proyecto ante el Congreso, después de la ley de víctimas y restitución de tierras.
Significa que es una iniciativa
importante para el Ejecutivo, lo
que suena bien. Pero este acto simbólico también puede ser muestra
de una estrategia política. Podría
verse como que Santos, pensando
en la reelección, convertiría a la
salud en un terreno de negociaciones, en una moneda de cambio
entre intereses políticos y económicos.
La propuesta es, sin ninguna
duda, la respuesta del Gobierno al
descontento social con un sistema
que se ha convertido en una olla a
presión durante los últimos cuatro o cinco años, aunque ya desde
1994 había movimientos sociales
de rechazo al modelo de la Ley 100
por sus fundamentos conceptuales
e ideológicos.
Pero fue a partir de la emergencia social del año 2009 cuando
se desató una enérgica protesta
que aún se mantiene y que se fundamenta en la insatisfacción y el
rechazo de los ciudadanos a las
prácticas diarias del sistema, con
un notable componente académico y una fuerte influencia del sector judicial (incluida la Sentencia
T-760 de 2008 de la Corte Constitucional). Hoy, tirios y troyanos coinciden en que la mayor dimensión
de su crisis es la de la legitimidad.

No todo es malo
Se le debe reconocer al ministro que la propuesta presenta diferencias con respecto a las anteriores reformas (Ley 1122 y Ley 1438).
Por ejemplo, las declaratorias de
emergencia social fueron respuestas que podrían calificarse como

Foto: archivo particular

Director de la Fundación Ifarma

Una de las principales críticas al sistema de salud vigente es que ha profundizado la desigualdad en atención entre regiones.

arrogantes y poco democráticas,
que tenían como meta una defensa
sectaria del modelo. El proyecto
pretende superar, y así lo establece
la exposición de motivos, los fracasos de los veinte años de la Ley 100.
Eso es nuevo y valioso.
Los problemas que se deben
resolver son: la fragmentación del
financiamiento (fondo único); el
deterioro de la oportunidad y calidad de los servicios (modificación
de los roles de los actores y corrección de incentivos); la corrupción,
especialmente en el crecimiento
exponencial del gasto en procedimientos y servicios no POS (plan
de beneficios con lista negativa);
y la incapacidad de incorporar la
atención primaria y las redes integradas de servicios.
No obstante, se reconoce la
existencia de unos logros: cobertura casi universal, unificación del
contributivo y el subsidiado, mejor
acceso a servicios y protección financiera.

Más plural
La propuesta concede, como
ya lo había hecho el ministro, que
en muchas regiones (y en especial
en zonas rurales y de población
dispersa) las ganancias con el modelo de aseguramiento y competencia habían sido muy pobres y
que pretender un único esquema
en un país tan diverso no había

sido una buena decisión. La territorialización y la regionalización
forman parte de los instrumentos
para enfrentar esta debilidad.
Además, registra varias tareas
pendientes en salud pública. Pero, al respecto, considera que este
déficit será abordado en el Plan
Decenal, por lo cual no ocupa un
espacio importante.
La iniciativa se presenta simultáneamente con uno de ley
estatutaria, destinado a reconocer
(ratificar) a la salud como derecho
fundamental y a definir sus contenidos y límites. Este elemento es
también una respuesta al movimiento social por la salud, que ya
había presentado el proyecto de
ley estatutaria 105 ante la Comisión Primera del Senado.
El texto, por desgracia, deja
más preguntas que tranquilidades.
Muchos aspectos cruciales, especialmente referidos a los nuevos
roles de los viejos actores, no son
suficientemente claros. El hecho
de que se trate de una iniciativa eminentemente política puede
explicar este rasgo, que pareciera
extraño en un ministro de origen
académico.

Esperanzas a medias
Las ambigüedades han llevado
a que algunos críticos consideren
que se pueda tratar de un cambio
de nombres para regresar a más

de lo mismo. Por eso, por ejemplo,
se esperaría que todos los congresistas que tengan participaciones
en EPS, IPS o gremios, que hayan
recibido apoyo financiero para sus
campañas por actores interesados
y que tengan deudas morales por
su responsabilidad en descalabros
institucionales o algún otro conflicto de interés dieran un paso al
costado y se abstuvieran de deliberar y de votar. Las sesiones deberían ser abiertas y de frente al país.
Finalmente, es necesario examinar cómo el proyecto enfrenta
el gasto desbordado en servicios
no POS. Su exposición de motivos atribuye gran peso a la “desactualización” del POS como factor
explicativo. Pero, en otras presentaciones, el ministro ha sugerido
que fue más la consecuencia de
un fenómeno de “alineación perversa de incentivos” –una manera
sutil de llamar a la corrupción–.
De cualquier modo, propone el fin
de los recobros y el cambio a una
lista negativa de exclusiones “razonables”.
Aun sin claridad sobre su significado, la propuesta parece un
punto de partida bastante más justo que las amenazas de emergencia social o los fallidos intentos de
actualización a cargo de la extinta
Comisión de Regulación en Salud
(CRES). Ella angustia mucho a los
médicos –compañeros de fórmula
del presidente para la foto–, que
siempre vieron en el POS una amenaza a la autonomía médica, y a la
gran industria farmacéutica, que
ha hecho de la autonomía médica
su negocio más rentable en Colombia y en el mundo.
El proyecto incluye medidas
sobre cuyo futuro se puede ser escéptico, como el retorno al Ministerio de la política de precios de
medicamentos, con un carácter público de la información de precios
y vigilancia de las tecnologías en
salud. Estas propuestas, sin duda,
comprenden pronunciamientos
categóricos del Ejecutivo en temas
que fueron objeto de controversia
en los últimos años.

Director: Jaime Franky Rodríguez

165

abril de 2013

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Economía
Facultad de Economía,
Universidad Nacional de Colombia
en Bogotá

Colombia sigue siendo un país
en desarrollo. La abundancia y la
intensidad del consumo moderno,
evidente en algunas zonas de las
grandes ciudades, contrasta con
los enormes cinturones de pobreza
urbana y rural. La infraestructura
de transporte para integrar la economía del país y articularla con el
resto del mundo tiene un atraso de
varias décadas.
La corrupción y la violencia
endémica son los mayores problemas de desviación y destrucción
de los recursos del desarrollo y reflejan la marcada debilidad institucional colombiana como proyecto
de sociedad moderna.
Son consecuencia de la escasa
eficacia de los arreglos institucionales y de la deficiente gestión de
los asuntos nacionales para consolidar un modelo de sociedad viable.
En el lenguaje de los economistas, las soluciones van de la
mano del crecimiento. Por tal razón, quienes llegan a cargos de
gestión económica le asignan gran
prioridad a este objetivo. Es cierto
que buena parte de las dificultades requiere un escenario de incremento del ingreso nacional, pues
cualquier medida demandará necesariamente una disponibilidad
de recursos adecuada.
Lo que está en discusión no es
la búsqueda de este objetivo, sino
la manera de inducir sus mecanismos estructurales, a fin de garantizar su sostenibilidad y hacer que
las soluciones tengan alcance de
largo plazo.

¿Lo minero-energético
debe liderar el modelo de desarrollo?
Un desafío decisivo a mediano y largo plazo es el de canalizar los
ingresos financieros del sector extractivo hacia el desarrollo de
nuevas capacidades de producción que aprovechen y cultiven el
talento de los colombianos para innovar y crear riqueza.


José Guillermo García Isaza,

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abril de 2013

Sin valor agregado
Para muchos colombianos no
es muy claro el papel del comercio exterior, como no sea el de
la importación de bienes que les
permiten mantener algunos estándares de consumo moderno basados en tecnologías de reciente
generación.
Sin embargo, cuando se aprecia el papel crucial que este tiene
para la economía nacional, se encuentra que el patrón de especialización del país sigue basado
en productos primarios, de origen
natural, con escaso grado de transformación y generación de valor
agregado.
En el siglo XX, este patrón
estuvo concentrado en el cultivo
y exportación de café, junto con
otros productos de menor alcance.
De ahí la importancia de ese sector. Pero, en las últimas dos décadas, el mercado internacional del
grano ha sufrido cambios notables
de organización y estructura, a los
cuales se suma un escenario interno desfavorable que ha terminado
por desalentar su producción.
Hace algunas semanas, los
cafeteros reclamaban apoyo del
Gobierno frente a la caída de sus
ingresos, causada por la disminución del precio y la revaluación que
registra el peso frente a los mercados externos. Esta situación plantea un doble interrogante sobre la
causa de la revaluación y sobre el
patrón estructural de desarrollo de
la economía.
En este siglo, ante la creciente
demanda de materias primas en el
mercado mundial, se hace hincapié en las ventajas que tiene para
el país aprovechar sus inmensos
recursos minero-energéticos a fin
de impulsar el crecimiento a través

El auge de recursos por la extracción minero-energética debe verse reflejado en una mayor infraestructura
en todas las regiones del país, no solo en el centro.

de las exportaciones.
Las políticas públicas han sido
explícitas en ese sentido. De hecho,
del total de la inversión externa registrada en los últimos cinco años,
el 60% se concentró en dicho sector, con exportaciones que en el
año 2012 alcanzaron los 44.107 millones de dólares (valor que supera,
por sí solo, el total de las del año
2010: 39.713 millones de dólares).
Así pues, un desafío decisivo
a mediano y largo plazo es el de
canalizar sus ingresos financieros
hacia el desarrollo de nuevas capacidades de producción que aprovechen y cultiven el talento de los
colombianos para crear riqueza y
valor agregado.
El Plan de Desarrollo del Gobierno se propuso impulsar el crecimiento con base en cinco ejes
impulsores (o locomotoras). Un
balance actual permite apreciar
que el de infraestructura de transportes apenas prende motores; los
de agricultura y vivienda avanzan
lentamente; y el único que alcanza
velocidad de crucero es el de minería y petróleo.
El más rezagado es el de la
innovación, justamente el más estratégico para lograr crecimiento
a largo plazo mediante la creación
y diversificación de nuevas actividades.

Efectos colaterales
Los ejes llamados a fortalecer
y dinamizar estructuralmente el
mercado interno no tienen la fuerza necesaria para proveer un ritmo
de crecimiento fuerte y constante.
Por su parte, el minero y extractivo está en pleno auge y es el
que viene dando el mayor impulso
al progreso económico.
Se ha visto beneficiado por el
ascenso de las economías emergentes, que han aumentado la demanda internacional por los recursos del subsuelo.
Esto ha mantenido altos sus
precios –lo que refleja su grado de
escasez relativa a nivel internacional– y, por ende, ha estimulado las
inversiones a un ritmo mayor que
en otras actividades.
Para una economía como la
colombiana, esta situación parece
en principio favorable. Pero no lo
es del todo, pues depende de la
forma como ese crecimiento sirva
para promover y transmitir sus beneficios a los sectores más orientados al mercado interno.
En efecto, a corto plazo, es
una opción para impulsar la economía. Pero, si no se reconoce que
dichos recursos son limitados y
agotables, resulta dudoso que se
pueda lograr un crecimiento sos-

tenido en el tiempo.
Sin ahondar en la incidencia
sobre el medioambiente, sus efectos son tres, principalmente.
El primero se refiere al aumento del ingreso, y se relaciona con el
incremento de la producción. El segundo, ligado al primero, tiene que
ver con la renta que se distribuye y
sirve para financiar las inversiones
de desarrollo mediante el mecanismo de distribución de regalías. Y
el tercero es su incidencia sobre el
precio macroeconómico de la tasa
de cambio: estimula la revaluación
por los efectos sumados de aumento de exportaciones y de inversión
extranjera, factores que presionan
a la baja el precio de las divisas
externas.
Este último, es el de mayor
impacto en lo macroeconómico,
con consecuencias desiguales entre los diferentes sectores de la estructura productiva. Así, mientras
que las inversiones, la producción y
las exportaciones crecen en los extractivos, la revaluación perjudica a
otros, que ven limitada su competitividad y sus ingresos.
Y son, justamente, estos últimos de los que dependerá en buena
medida alcanzar la sostenibilidad
económica y social necesaria para
lograr una disminución consistente de la pobreza en el futuro.

4

Debates

La producción, el tráfico y el
consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno global, aunque
afecta con mayor rigor a los países
productores debido a la presencia
de poderosas redes de traficantes.
Asimismo, son globales los movimientos sociales y las corrientes
de opinión comprometidas con el
reconocimiento del fracaso de la
guerra contra las drogas.
Son incuestionables las profundas asimetrías en términos de
violencia, pérdida de vidas humanas, desplazamiento de poblaciones y criminalización de vastos
sectores de población campesina
e indígena y de los asentamientos
más vulnerables de las ciudades de
los países productores.
Dos estados de los EE. UU.
aprobaron recientemente en un
plebiscito el uso recreativo de la
marihuana y otros doce, sus usos
terapéuticos. El Gobierno estadounidense ha eliminado la expresión “guerra contra las drogas”
como punto de partida de nuevas
perspectivas de acción. A la par, el
Gobierno de Uruguay saca adelante una iniciativa legislativa para legalizar la producción y el consumo
de cannabis.
El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, promueve el
debate sobre el fracaso de esta guerra en foros internacionales. Más
aún, desde hace muchos años, varios países europeos descriminalizaron el consumo, para centrar sus
esfuerzos en programas de prevención y atención de la narcodependencia.

En Europa, Uruguay e, incluso, algunas regiones de EE. UU., están
surgiendo distintas reflexiones sobre cómo abordar el problema
del comercio ilícito de estupefacientes. Los diálogos de paz en
Colombia son el escenario para plantear salidas, que estarán directamente relacionadas con el bienestar de los campesinos, la
equidad y la distribución de la tierra.

Discurso contra

las drogas debe cambiar

Foto: cortesía El Tiempo

Fernando Franco,

Mesas de trabajo regionales
para contribuir al fin del conflicto
Centro de Pensamiento y Seguimiento
del Proceso de Diálogos de Paz
en la Amazonia

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abril de 2013

Enfoques de discusión
Este estado de opinión, que se
abre con fuerza a nivel global, favorece condiciones apropiadas para
alcanzar acuerdos sobre los cultivos de coca, amapola y marihuana,
en la mesa de negociaciones entre
la guerrilla de las Farc y el gobierno
Santos.
Más favorable aún es el espacio
abierto en la agenda de negociación
de La Habana sobre el tema agrario,
que determina la suerte de los desplazados por la violencia y de los
campesinos e indígenas sin tierra
u obligados a sembrar estos cultivos. Ellos sufren en carne propia
la violencia y la devastación que se
desprende de tales actividades.
Algunos de los elementos estratégicos por considerar son los
siguientes:
Primero: ni el Estado ni la guerrilla tienen el poder y la capacidad
de acabar este fenómeno. Segundo:
pueden definir una hoja de ruta
que les permita llegar a acuerdos,
según sus posibilidades, dentro de
un proceso de resolución del conflicto de las drogas.
Tercero: la lucha contra las organizaciones criminales actuales y
las que puedan surgir en el futuro
debe estar siempre presente en las
conversaciones, para salirle al paso
a las fuerzas interesadas en que las
negociaciones fracasen.
Cuarto: la economía de los estupefacientes se articula de manera perfecta con las características
predominantes de la economía
mundial, pues se mueve libremente en los mercados globales en
concordancia con las fuerzas del
mercado y las políticas de control.

Descriminalizar a campesinos e indígenas dedicados a cultivos ilícitos debe ser parte de una política de Estado.

Nuevas acciones
Una agenda que agrupe todas las iniciativas de los distintos
sectores de opinión tendría que
abarcar una larga lista de acciones.
Para empezar, acabar inmediatamente las fumigaciones aéreas y
manuales; ejecutar programas de
reforma agraria, que distribuyan
predios a campesinos e indígenas
sin tierra; y restituir y titular tierras
a los desplazados.
Igualmente, desarrollar proyectos de producción, transformación y comercialización de otros
cultivos y actividades rurales según
los principios de las cadenas sostenibles de valor (precios de sustentación y subsidios, etc.) hasta hacer
realmente viables las alternativas
propuestas para cada región o condición socioeconómica.
Asimismo, descriminalizar a
los campesinos e indígenas dedicados a estos cultivos y permitir la
erradicación voluntaria y progresiva. Profundizar las políticas públicas y los instrumentos legales para
combatir las bandas criminales y
el delito, así como consolidar anillos de protección de los territorios
cobijados por los programas y proyectos derivados de los acuerdos
de paz.
Además, implementar políticas de salud pública, educación,
empleo y divulgación según el
principio de reducción del daño.
Revisar y reformar del Código

Penal y las leyes antidrogas que
contemplen la gradación y la proporcionalidad de las penas para
los delitos menores relacionados
con su transformación, tráfico y
posesión. Y contemplar la despenalización del consumo personal y
promover usos lícitos de derivados
de plantas con principios psicoactivos.
Los Estados comienzan a tomar medidas para flexibilizar las
estrategias interdictivas más allá
de convenios globales o presiones
externas. Es imperativo desideologizar el debate sobre la despenalización de la producción y el consumo, dado el fracaso de la “guerra
contra las drogas”.

En este debate deben participar todas las fuerzas sociales, económicas y políticas, además de los
organismos públicos, nacionales e
internacionales, vinculados a la interdicción y control del fenómeno.
Para ello, se debe reforzar el
diálogo y consolidar los pactos entre los países andinos, en el marco
de la CAN y Unasur. Además, se
debe garantizar la participación de
la sociedad civil en estas instancias.
Igualmente, hay que poner en marcha el Consejo Suramericano sobre
el Problema Mundial de Drogas de
Unasur y blindar las instituciones
democráticas contra el financiamiento ilícito de la actividad política electoral.

No más “guerra contra las drogas”*
“La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de
drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves
de América Latina. Frente a una situación que se deteriora
cada día, con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de ‘guerra contra las drogas’
aplicada en los últimos treinta años en la región. Las políticas prohibicionistas están basadas en la represión de la
producción, en la interdicción del tráfico y de la distribución
y en la criminalización del consumo. Sin embargo, estas no
han producido los resultados esperados. Estamos más lejos
que nunca del objetivo de erradicar las drogas”.
* Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.
Río de Janeiro, 2011.

Especial

Educación superior

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Hay que revaluar el concepto

de servicio

en educación

El análisis económico que rige hoy la política educativa ignora
que la educación no es un producto de manufactura. La educación es un servicio personal y, por lo tanto, debe prestarse
con la colaboración y el compromiso del usuario.

Carlos Miñana Blasco,

165

abril de 2013

En los últimos dos años, en
el debate sobre la reforma de la
educación superior, se ha resaltado
la idea de derecho y, a veces, se ha
asociado el concepto de servicio
a su mercantilización y privatización.
Pareciera como si se hablara
de “servicio” a costa de “derecho”
y como si su inclusión en la Constitución hubiera sido una especie
de “mico” legal o inciso para debilitarlo. Pero, por el contrario, los
mismos constituyentes establecieron la educación como derecho
y trataron de introducir el texto
de “servicio público a cargo de la
nación”.
Tal vez no se ha reflexionado lo
suficiente sobre las implicaciones de
que la educación sea pensada y considerada como un servicio. Si se la
analiza según la economía y la gestión de los servicios, pierden fundamento la mayoría de los conceptos
desde los cuales se maneja a diario
la política educativa en el país.
Ya que el análisis económico
es el que rige hoy la política del
sector, cabe hacer un breve ejercicio con herramientas teóricas más
adecuadas, pues la educación no
es un producto de manufactura.
Para empezar, los servicios
personales no pueden prestarse
sin la colaboración y el compromiso del usuario; es decir, literalmente son coproducidos por él. Los
estudiantes –en el marco de la teoría económica y la mercadotecnia
de servicios– no son el producto
por transformar (alumnos formados), sino que son los usuarios
coproductores: un estudiante no
se forma si no pone de su parte.
Para que un servicio se personalice –algo fundamental en su calidad– el productor y el usuario deben colaborar. Los profesores, más
que productores, son cousuarios,
que también aprenden (se transforman). Además, la necesidad que
el servicio debe satisfacer no está
previamente establecida, sino que
se revela en la interacción entre
docentes y estudiantes.

Superar los simplismos
Dado lo anterior, la relación
pedagógica no es unidireccional,
por cuanto los docentes no son
solo “recursos humanos”. Ellos son
agentes con autonomía y flexibilidad, tanto para entender, definir y configurar el servicio como

Foto: Andrés Felipe Castaño/Unimedios

Programa RED
y Programa Interdisciplinario
en Política Educativa (PIPE)
en Bogotá

Si se va a pensar la educación desde la economía, vale la pena revaluar los conceptos de usuario y de servicio
educativo y distanciarse del modelo de la nueva gestión pública.

para desarrollarlo; pues gozan de
“libertad de cátedra”, algo que ha
caracterizado históricamente a las
universidades.
La coproducción se da también entre pares y, como ha mostrado Judith Harris (1998), los estudiantes tal vez tienen mayor peso
que los profesores en los procesos
de formación. Más aún, la labor de
algunos de ellos está institucionalizada en las universidades, como es
el caso de los monitores y alumnos
de posgrado que hacen las veces de
profesores auxiliares.
Además, hay personal de apoyo que interviene, a veces casi que
al mismo nivel de los docentes,
como sucede con algunos coordinadores de aulas de informática,
laboratoristas o bibliotecarios.
En los servicios personales, los
insumos y los productos son difíciles de establecer y deben pensarse
como procesos (Lovelock, 2007).
Se caracterizan por sus diferentes
grados de estandarización. Y La
educación –según la literatura especializada en gestión– es tal vez el
menos estandarizable; lo que hace
sospechar de los simplismos de algunos indicadores y “estándares de
calidad” actualmente en uso.
Estas consideraciones repercuten en la concepción de los procesos de formación, en la manera
como se piensa la economía y la financiación del sector y en la forma
como se concibe la prestación del
“servicio” y su evaluación.
Pareciera que algunas personas e instituciones con poder de
decisión y de influencia en la política pública no conocieran de pedagogía ni tampoco de la economía
de los servicios.
Siguen pensando la educación

con las lógicas de una producción
de manufacturas, desde modelos
input-output, tratando de hallar
variables independientes. Siguen
creyendo en fórmulas mágicas que
ofrecen algunos mercaderes del
“éxito”, sin considerar el papel de
la coproducción y de los deseables
procesos emergentes y no previsibles que tienen lugar en la prestación de este tipo de servicios.

Un modelo nocivo
La introducción del modelo de
la nueva gestión pública (new public management) y de las políticas
de focalización en la gestión de la
educación superior, especialmente
desde finales de los noventa, ha
contribuido a enrarecer las relaciones de los Gobiernos con las universidades y a configurar un marco
en el que todas las instituciones
compiten entre sí, en lugar de colaborar para mejorar el país y la
formación.
Según este modelo (Schröder,
2001), las universidades serían las
ofertantes y habría competencia
entre estatales y privadas (financiación de la demanda). A ellas no
les correspondería definir los “qué”
(dimensión estratégica, a cargo del
Legislativo) ni los “productos”, sino
únicamente los “cómo”.
Competirían entre sí para ampliar la oferta ante el Ministerio de
Educación, que se desentendería
de su responsabilidad de garantizar
el servicio y su calidad. Su papel
sería el de un contratante omnipotente que evalúa la calidad y contrata “empresas educativas” en un
contexto de mercado.
Con esta lógica, se pensó el
proyecto de reforma de la Ley 30

de 1992 presentado al Congreso
como uno orientado no a asegurar
el servicio ni a proveer los medios
para que las universidades desarrollen su labor con autonomía, ni
a hacer que el Ministerio esté del
mismo lado de las instituciones de
educación superior, sino como uno
dirigido a regular y controlar a sus
contratistas (las universidades).
Así, ante la presión y el poder
del que maneja los recursos, las
instituciones orientan su acción a
complacerlo. Los estudiantes y docentes terminan reducidos a una
especie de menores de edad que
deben cumplir con las exigencias
del Gobierno.
Entonces, se esfuma la magia
de la coproducción, se desdibuja
el usuario y su poder emergente,
desaparece el usuario-ciudadano
como sujeto de derechos y aparece
en su lugar un “beneficiario”, un
“usuario-dominado-administrado
por el Estado”, una materia prima
para transformar.
Si se va a pensar la educación
desde la economía, vale la pena
revaluar los conceptos de usuario
y de servicio educativo y distanciarse del modelo de gestión del
new public management y de las
políticas de “focalización” destinadas a aquellos que no son considerados por la administración como
usuarios o ciudadanos, sino como
beneficiarios.
De otro modo, las universidades perderían su magia, su legado
histórico, su autonomía, su capacidad creativa e innovadora y se convertirán en empresas prestadoras
de un servicio para “beneficiarios”
a los que no se les reconoce su
poder como “usuarios” en la coproducción de su formación.

6

Especial

Educación superior

Ciudadanos críticos y cualificados,

lujo que el país debe darse

En las últimas décadas se ha
intentado reformar la universidad
desde una perspectiva económica
ortodoxa (“racionalizarla”). La Ley
30 fue promulgada en un contexto de entusiasmo neoliberal. Para
unos, quiso proteger a la universidad pública de vientos adversos, y
en buena parte lo logró. Para otros,
quiso congelar su presupuesto, y
esto en buena parte no lo logró.
Estas siguieron creciendo, ya
sea vendiendo servicios o logrando
que el Congreso les aprobara un
impuesto local, la “estampilla”. Pero el número de estudiantes creció
aún más. Así, lograron mayor eficiencia, suponiendo que la calidad
no se hubiera afectado.
Hoy, ese enfoque presenta serios síntomas de crisis. Aunque en
Colombia la cobertura se ha ampliado notoriamente en los tres
niveles de educación, el número de
alumnos por profesor no ha dejado
de reducirse y en la secundaria y
en la superior ha crecido notablemente.
En esta variable tan relevante
para la calidad, el país se compara muy desfavorablemente con los
promedios de América del Norte,
Latinoamérica y el Caribe (mientras que en Colombia la tasa de
alumnos por profesor es de 27,6
para primaria y 25,6 para secundaria; en Latinoamérica y el Caribe es
de 22,0 y 16,52 y en Norteamérica,
de 13,8 y 12,6, respectivamente).
Para la educación superior, el
promedio de estudiantes por profesor de tiempo completo en los
EE. UU. estaría entre 12 y 20 y en
Colombia, en 28 (cifra muy similar
a la de la UN). Tanta eficiencia, según los criterios de la vieja economía, en vez de maravillar, asusta.

165

abril de 2013

Los comportamientos
Una nueva corriente en economía y ciencias sociales puede
alimentar una mirada refrescante
sobre el asunto, aun si, según el
propio Jon Elster (teórico político
y social noruego), la teoría de la
elección racional sigue siendo la
corriente principal en las ciencias
sociales.
Este enfoque supone un sujeto racional que, dados un deseo y
unas creencias, emprende una triple optimización: “la acción debe
ser óptima, dadas las creencias; las
creencias deben tener el mejor respaldo posible, dadas las pruebas; y
las pruebas deben ser el resultado de
una inversión óptima en la recolección de información” (Elster, 2011).
La nueva economía, por el
contrario, estudia los mecanismos que llevan al sujeto a actuar
de manera (aparentemente) irracional. Se dedica, por ejemplo, a
comprender cómo en un mismo
comportamiento pueden coexistir,
e incluso confluir, motivaciones altruistas y egoístas. Esta ya no ve como “externalidades” las pasiones o
las normas sociales.
Cabe ilustrar tres avances puntuales de la nueva economía, entre

Una nueva corriente en economía y ciencias sociales puede
alimentar una mirada diferente sobre la educación superior,
aun cuando la teoría de la elección racional siga siendo la
corriente principal en las ciencias sociales.


Antanas Mockus,

Exrector de la Universidad Nacional
de Colombia

Tener al mismo tiempo los estudiantes más críticos y los profesores más dedicados a la investigación es el
proyecto de facto y de jure de la UN.

muchos otros, que podría tener en
cuenta una política pública para la
educación superior colombiana.
Aversión a la pérdida. Al contrario de lo que dicen el sentido
común y la economía tradicional,
perder 10 unidades no se compensa encontrando otras 10, sino de
23 a 27.
Este fenómeno ayuda a comprender por qué ciertos procesos
de gestión en la universidad, como
la asignación de puntaje por evaluación o por productividad, son
tan dolorosos. Recibir menos de lo
esperado se experimenta muchas
veces como una pérdida.
Pensar con el deseo. Por ejemplo, lo hace quien se juzga como
buen profesor por los resultados
de su mejor estudiante, pero ignorando su fracaso con los otros
alumnos.
Actuar por una razón. A veces,
introducir alternativas (aparentemente) irrelevantes puede afectar
los resultados. Durante mi rectoría,
los nuevos estudiantes tuvieron un
reajuste de sus matrículas (sensiblemente mayor para los que provenían de familias de ingresos altos).
A los que ingresaron con anterioridad se les dio a escoger entre
no pagar nada, pagar el 50% o pagar el 100%. Para muchos, el 50%
era una buena opción de compromiso. Permitía satisfacer ambos tipos de motivos, egoístas y altruistas. Cerca del 10% de los alumnos
antiguos pagaron, pudiendo no
hacerlo, y casi todos ellos optaron
por pagar el 50%.

Conclusiones
Producir más con menos puede multiplicar efectos perversos.
Actualmente no existe en Colombia
una visión de país que determine
un rumbo claro para la educación
superior. Una poco rigurosa, a medias, puede estar contribuyendo a
un deterioro de la probidad pública
y personal.
Tener al mismo tiempo los
estudiantes más críticos y los profesores más dedicados a la investigación es el proyecto de facto
y de jure de la UN. ¿Por qué perseguir los dos objetivos en una
misma institución? Porque el país
necesita cualificar sus voces más
críticas.
La doble misión de la UN incrementa notablemente los costos
por estudiante. La formación de
ciudadanos críticos y la cualificación de una comunidad académica
relativamente independiente de las
élites económicas y políticas es un
lujo que Colombia debe darse. La
ausencia de cualquiera de estas dos
condiciones afecta bastante la calidad de la política en el país.
Se necesita que, al menos en
algunos espacios selectos, se aprenda que el ejercicio de la libertad de
pensamiento y de expresión solo
encuentra contención legítima en
el rigor argumentativo y en la emoción que despierta el arte.
¿Que este ideal no siempre se
realiza? ¿Que la rebeldía a veces
deviene en inútil destrucción? ¿Que
la investigación no se conecta sufi-

cientemente con el país real? ¿Que
en nombre de la crítica a veces se
cometen atropellos a la docencia y
a la investigación? Cierto. Pero que
todo eso ocurra a veces no puede
llevar a abandonar esos ideales.
Dadas las desigualdades y las incomunicaciones existentes, hay que
persistir.
El gran reto es distribuir adecuadamente nuestros esfuerzos
durante los próximos cincuenta
años. En el periodo de 1980 a 2012,
EE. UU. logró que el promedio de
años de escolaridad de sus adultos
(más de 25 años) subiera de 11,9 a
13,3, mientras que Colombia daba
un salto más grande, de 4,3 a 7,3.
En el mismo periodo, los años
de educación esperados para los
niños que nacían en EE. UU. subieron de 14,1 a 16,8 y en Colombia, de
8,9 a 13,6 (Banco Mundial, 2001).
Estamos creciendo en cuanto a
años de escolaridad en adultos a
más del doble y en niños(as), a una
velocidad superior al 74%.
Una vez acordada la meta de
“alcanzar a los EE. UU.”, en cantidad
y en calidad educativa, y hecha la
correspondiente planeación en el
tiempo y en el territorio, no habrá
excusa para retrasarnos. Tal vez nos
tome dos generaciones llegar a una
Colombia plenamente educada.
Las bases de una política pública en materia de educación superior deben reflejar metas ambiciosas en lo cuantitativo, pero
también cambios cualitativos sustantivos.

Especial

Desde los años sesenta, cuando un pequeño grupo de universidades norteamericanas consiguió
cuantiosos recursos y becas para
patrocinar sus investigaciones –especialmente en el campo de las
ciencias físicas y naturales–, la financiación de proyectos cruciales
fue posible gracias a fondos que se
incorporaron a los presupuestos
de funcionamiento de las nuevas
“universidades de investigación”,
categoría que trascendió las habituales de “privadas” y “estatales o
públicas”.
Con el tiempo, la competencia
por obtener dineros adicionales
incorporó la estrategia de la cooperación, no solo entre instituciones,
sino también entre científicos de
diferentes disciplinas.
Simultáneamente, el crecimiento demográfico y económico
provocó un cambio significativo en
su estructura. Así, por ejemplo, los
campus históricos se transformaron en sistemas de múltiples sedes
que abarcan áreas geográficas extensas o remotas.
El argumento principal para
promover la creación de nuevas
sedes y campus fue la necesidad
de atender a más estudiantes y
de llevar la formación de calidad
a otras regiones. El medio para
lograrlo fue la financiación estatal,
que optimizaba así los recursos sin
tener que fundar nuevos centros
académicos.
En el país, la Universidad Nacional de Colombia es un ejemplo de esta transformación, con la
consolidación de siete sedes y su
apuesta por la investigación.

7

Gobierno debe fortalecer IES

con potencial de excelencia
Modernizar y financiar las universidades que tienen potencial
de sobresalir mundialmente debe ser una de las apuestas del
Gobierno. El país necesita instituciones de excelencia. La política
de repartir un escaso presupuesto adicional en igual proporción
pone en riesgo la influencia académica y el respeto internacional de las mejores universidades.


Ignacio Mantilla Prada,

Rector de la Universidad Nacional
de Colombia

Educación superior

165

abril de 2013

Mejorar la categoría
Aquellas instituciones de educación superior (IES) que optaron
por este camino recibieron un impulso dinámico gracias a fondos externos que se sumaron a sus presupuestos (o que, al menos, así fueron
contabilizados).
Lo que a menudo se pasó por
alto fueron los costos adicionales
ocultos que acarreaban los proyectos y los investigadores, derivados
de las nuevas sumas presupuestales que debían disponerse para
mantener, por ejemplo, las instalaciones de alta calidad que se necesitaban o para pagar salarios mayores a profesores más calificados
y motivados a aumentar su propia
productividad académica.
Las universidades tampoco
han escapado al entorno social
globalizado, en donde lo normal es
lo impredecible. La academia actual debe responder con prontitud
y de manera acertada, soportando
presiones políticas, sociales y económicas. Y surgen ahora nuevas
categorías de centros que se destacan por su alta calidad, como las
“universidades de excelencia”.
Estas no solo son responsables
del desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino también de la cultura,
la formación general, el conocimiento y la capacidad de comprender lo que sucede en el país
y en el mundo. Especialmente en
la última década, tener IES de esta
categoría se ha convertido en un
propósito y en una preocupación
cada vez más grande para algunos
países y sus Gobiernos.
De todo lo que se les pueda
defender o criticar, hay algo que
todos aceptan: la calidad de excelencia con que desempeñan sus
funciones debe considerarse nor-

Urgen universidades reconocidas por la superioridad de sus resultados y que formen profesionales excepcionalmente calificados.

mativa para otras instituciones.
Colombia necesita y merece
universidades de excelencia, apreciadas así por la sociedad, pero
muy especialmente por el Gobierno: aquellas que hacen relevantes
contribuciones al progreso del conocimiento mediante la investigación; las que enseñan con los programas de estudios y los métodos
pedagógicos más innovadores, en
las condiciones más propicias; y
las que hacen de la investigación
un componente integral de la enseñanza en pregrado.
Urgen universidades reconocidas por la superioridad de sus
resultados, que formen profesionales excepcionalmente calificados:
destacados por su éxito en ámbitos
altamente competitivos durante su
formación y después de su graduación; sumamente demandados
en el mercado laboral; que llevan
a cabo pesquisas de vanguardia;
publican en las principales revistas científicas; y contribuyen con
innovaciones técnicas a través de
patentes y licencias.

Modernizar
las existentes
El papel del Estado en fomentar el crecimiento de la educación
de excelencia es un factor crítico. Es
poco probable que una institución
pueda alcanzar rápidamente esa
categoría sin un entorno político
favorable y apoyo público, debido,
sobre todo, a los altos costos invo-

lucrados en la creación de capacidades e instalaciones avanzadas.
El Gobierno debe considerar la
posibilidad de mejorar aquellas que
posean el potencial de sobresalir.
Pero, para eso, tiene que entender
que el país necesita universidades
de excelencia.
Tiene que estar decidido a modernizarlas, financiando su transformación y garantizando su sostenimiento, con la conciencia de que
la abundancia de recursos es un elemento que caracteriza a la mayoría
de las academias de ese nivel.
¿Cómo se financiará la transformación? ¿Qué proporción del
gasto debería hacer parte del presupuesto público? ¿Qué sistemas
de control, indicadores de resultados y mecanismos de rendición
de cuentas se utilizarán? Estos son
algunos de los interrogantes.
Un caso ejemplar que merece destacarse es el esfuerzo que
ha hecho Alemania, recientemente
imitado por Francia, para reforzar
sus mejores universidades y así llevarlas al grado de excelencia.
Mediante una clasificación
efectuada en el año 2006, llamada “iniciativa de excelencia”
(Exzellenzinitiative), se dio un primer impulso financiero por cinco
años a nueve de ellas (de las cerca
de cien existentes) equivalente a
1.900 millones de euros.
En el año 2012, se extendió por
cinco años más el aporte federal,
ahora de 2.700 millones de euros,
para fortalecer una decena de ellas

consideradas “de excelencia” y consolidar así la formación de futuros
científicos y la investigación.
En Colombia, por el contrario,
se pretende repartir un escaso presupuesto adicional en igual proporción entre todas las universidades
públicas o, peor aún –recurriendo
a un extraño modelo “solidario”–,
en proporción inversa a sus presupuestos, lo que no protege a las
de mayor potencial y mejores resultados.
Esta política conducirá, indefectiblemente, a una nivelación
con criterios políticos que no estimula su excelencia, desalienta a
las mejores y pone en riesgo su
influencia académica y el respeto
internacional.
La medida es contraria a las
recomendaciones hechas en el reciente informe del Banco Mundial
y la OCDE, financiado por el mismo
Gobierno nacional. Este sostiene:
“Colombia debe tratar de conseguir que su sistema de educación
superior pueda competir con los
mejores del mundo, y debe estar
dispuesto a adoptar medidas y realizar reformas valientes para lograrlo. [...] Debe aumentar la inversión
en la educación de posgrado, la
investigación y el desarrollo”.
La atención urgente de estas
recomendaciones y la decisión política de crear universidades de excelencia en el país no dan más espera.

8

Especial

Educación superior

Soberanía sin educación
debilita las fronteras

La presencia del Estado en las regiones fronterizas no debe
limitarse al poderío militar y de las autoridades civiles. La
principal fortaleza de un territorio esta en el bienestar y
la cohesión de sus habitantes. La mejor herramienta para
empoderarlos es la educación.

César Páez,

165

abril de 2013

Durante los últimos meses, como pocos en la historia reciente del
país, los colombianos hemos sido
conscientes de lo vulnerable que
puede ser la integridad de nuestro
territorio, a pesar de que la vida republicana de nuestra nación estuvo
marcada durante más de un siglo
por un largo y, en algunos momentos, doloroso proceso de definición
de fronteras.
La escisión de gran parte de
nuestro mar Caribe en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina es un episodio diferente a los otros que han marcado nuestra historia e integridad
territorial: no provino ahora de las
acciones expansionistas de potencias extranjeras, sino de la decisión
jurídica de una institución internacional reconocida voluntariamente
por nuestro Estado.
Sin duda, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La
Haya fue un golpe muy fuerte que
se sintió profundamente en la piel
de nuestra soberanía nacional. Pero este es de naturaleza diferente
a los que hemos recibido en otros
momentos de nuestra historia, en
los que ha quedado la impresión
de que ha sido por la debilidad
militar del Estado y la ausencia de
sus autoridades en los territorios
vulnerados.
Sin que podamos descartar
la fuerza bélica –que sigue manifestándose trágicamente en varias
regiones del mundo–, nuestra experiencia traumática reciente parece confirmar que, en el sistema
internacional actual, la soberanía
parece depender cada vez menos
del poderío militar, inútil frente a
amenazas de naturaleza inmaterial,
y cada vez más de la presencia viva
de las instituciones del Estado.
Aunque es entendida muchas
veces como la presencia de las autoridades civiles y militares a lo largo y ancho del territorio que administran y protegen, la verdad es que
la acción estatal no debe y no puede
limitarse solo a esto. Por el contrario, su presencia debe contribuir
al bienestar y a la cohesión de sus
habitantes.
Esto ha sido entendido por la
desde muy temprano, cuando comenzó su tarea integradora con las
sedes de Medellín, Palmira y Manizales, sucesivamente.
Las fronteras no son solamente
los territorios más sensibles para la
soberanía nacional, también deben
serlo para el desarrollo y el bienestar de los habitantes de un país.

Descentralización
a medias
Estas líneas divisorias, artificialmente trazadas, que pueden
coincidir o no con las de la naturaleza, son en muchos casos verdaderas zonas de contacto entre
comunidades humanas que se
mezclan sin consideraciones de
banderas o lenguas.
Desafortunadamente, en el caso colombiano, también coinciden
con las regiones más olvidadas de
un país que, a pesar de las políticas
de descentralización que adelanta
desde hace casi tres décadas, parece todavía no darle la importancia
debida a su dermis, a la membrana
a través de la cual se pone en contacto y se comunica con el mundo.
Paradójicamente, contrario a
lo que sucede en muchas partes
del mundo, las zonas de frontera
en Colombia presentan un desarrollo económico menor que el del
resto del país.
Desde 1994, cuando en Leticia se fundó la primera sede de lo
que entonces se llamó “presencia
nacional”, la UN ha estado de modo continuo y creciente en estas
zonas.
Consciente de que cada una de
ellas tiene unas condiciones naturales y sociales específicas, que reflejan la diversidad natural y étnica
de nuestro país pero también la de
los problemas que debe enfrentar
nuestra sociedad, la Institución ha
venido desarrollando su misión en
estos territorios.
Hoy en día, está presente en
las cuatro regiones limítrofes de
nuestro país: Caribe, Pacífico, Amazonia y Orinoquia, con sus respectivas sedes en la Isla de San Andrés,
Tumaco, Leticia y Arauca. Se suma
la del Cesar, cuyo campus se empezará a construir en el municipio de
La Paz, en el Caribe continental.
En ellas, no solo contribuye
a la formación de sus habitantes
(en algunas de ellas es la única
oferta de educación superior, principalmente a través del Programa
Especial de Admisión y Movilidad
Académica, Peama), sino también
a la comprensión y solución de las
problemáticas que los afectan y al
aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos, incluido por
supuesto el humano.
Adicionalmente, las sedes de
frontera se convierten en polos
culturales en los que se desarrollan
diversas actividades intelectuales y
artísticas. Es así como el principal
centro de educación superior del
país cumple con su propia definición: la de ser nacional.

Sede Amazonia
Importancia estratégica
El Amazonas colombiano es
de suma importancia por su gran
extensión (casi un tercio del territorio continental de nuestro país)
y por su riqueza étnica y natural.
Es especialmente rico en biodiversidad, en recursos hídricos y
energéticos.
Contexto
Los retos más grandes que enfrenta están relacionados con el
cambio climático, el contacto y la
convivencia armoniosa de diferentes grupos humanos, la deforestación para explotar madera o sembrar cultivos ilícitos y la presencia
de organizaciones de tráfico de
drogas que utilizan la región para

ingresar insumos químicos desde
Brasil, para luego sacar la cocaína
procesada hacia ese país.
La contaminación debida a la
elaboración de pasta de coca y de
cocaína y la erradicación son factores que la afectan gravemente.
A estos se suman la actividad petrolera y aurífera y el cultivo de la
palma africana.
Presencia de la UN
A través del Peama, la UN
les ofrece a ochenta estudiantes
la oportunidad de ingresar a uno
de 43 programas de pregrado. En
cuanto a posgrados, la sede ofrece los programas de Doctorado,
Maestría y Especialización en Estudios Amazónicos.

Fotos: Andrés Felipe Castaño/Unimedios

Internacionalista,
asesor de la Vicerrectoría General

Sede Caribe
San Andrés, Providencia y
Santa Catalina son los territorios
colombianos más adentrados en
el Caribe. Son la presencia nacional en un área de especial interés
geoestratégico y geoeconómico.
Contexto
Las consecuencias del fallo de
la CIJ se suman a las problemáticas del archipiélago, que tienen
que ver con la sobrepoblación, la
falta de dinamismo económico y
la presencia de organizaciones de
tráfico de drogas que utilizan la
zona como punto de reabasteci-

miento y de distribución.
Dentro de estas están las llamadas bacrim, cuya presencia se
ha visto reflejada en un aumento
de la violencia en los últimos años.
El reto principal es asegurar la sostenibilidad de las actividades de
pesca y de turismo.
Presencia de la UN
La sede ofrece la Especialización en Estudios del Caribe;
la Maestría en Ciencias, línea de
Biología Marina; el Doctorado en
Ciencias, línea de Biología Marina; y la Maestría en Estudios del
Caribe.

Especial

Educación superior

9

PRÓXIMOS DEBATES

PROCESO

Sede Orinoquia
La Orinoquia, que comprende
territorios colombianos y venezolanos, es una región de una rica
biodiversidad, abundantes recursos
mineros, diversidad étnica, ganadería, petróleo y turismo. Adicionalmente, tiene una alta importancia
geopolítica, pues comprende la mayor parte de nuestra frontera con
Venezuela.
Contexto
Su mayor reto es lograr un desarrollo sostenible, en especial si
se tiene en cuenta que en ella se
encuentran ecosistemas frágiles
que son vulnerables a la actividad humana intensiva (como las
de cultivos de palma de aceite y de

PAZ

DE

arroz o la ganadería). Otro problema grave es la presencia y actividad
de actores armados ilegales, dentro
de los cuales se destacan las Farc y
las bacrim.

Sesión 3

Presencia de la UN
Cada semestre, el Peama les
ofrece a noventa jóvenes la oportunidad de ingresar a cualquiera de
los 72 programas de pregrado de
las diferentes sedes de la UN.
Además, la sede ha ofrecido
especializaciones en Ciencia Política y Resolución de Conflictos,
Gestión Ambiental, Salud Ocupacional, Derecho Público con Énfasis en Derecho Administrativo y
Gestión y Gerencia de Proyectos
Agropecuarios.

Sede Medellín
Víctimas

24 de abril de 2013

Sesión 4

Sede Manizales
Garantías para la
Participación
23 de mayo de 2013

Información
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz
PBX: 604 4747, ext.: 29268


Organizan: Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz,
Unimedios y Vicerrectoría de Investigación.

Sede Tumaco

165

abril de 2013

El Pacífico colombiano es de
gran importancia geopolítica y
geoeconómica, dado que es una
región limítrofe con Ecuador y Panamá y hace parte de la Cuenca del
Pacífico, una de las zonas de mayor
dinamismo económico y político
del mundo.
Tumaco, que es uno de los dos
puertos que tiene el país sobre este
océano, podría ser el punto de conexión de una eventual ruta desde
y hacia Brasil. Es un territorio con
una inmensa biodiversidad y una
enorme riqueza hidrográfica, pesquera (fluvial y marina) y de recursos minerales.
Contexto
La región se encuentra afectada por problemas interrelacionados. El desplazamiento forzado
ha obligado a muchos pobladores
a dejar sus tierras y a refugiarse en
algunos centros urbanos dentro y
fuera de ella.
Este es causado por la actividad de grupos armados ilegales,
principalmente las Farc, el ELN y
las bacrim, que han llegado desde
otras partes del país por la presión
militar del Estado y se han establecido por medios violentos para

controlar las rutas de tráfico de
insumos químicos ilegales, cocaína
y armas.
Uno de sus problemas estructurales es la falta de fuentes de
trabajo, lo que hace a los jóvenes
altamente vulnerables frente a los
grupos ilegales o a la migración en
busca de empleo e ingresos.
Desde hace algunos años, se
convirtió en asiento de extensos
cultivos de coca. Estos y las fumigaciones que se han hecho para erradicarlos han afectado las tierras de
cultivos, tanto excedentarios como
de pan coger.
El monocultivo de palma de
cera ha mostrado la vulnerabilidad
que supone para los ingresos de
los habitantes. Durante la década
anterior, la pudrición de cogollo
acabó con miles de hectáreas y
miles de habitantes quedarán sin
empleo.
Presencia de la UN
En la actualidad, se encuentra
en funcionamiento un aula TIC, en
la que ya se han ofrecido programas de extensión, y se adelantan
la construcción del Centro de Estudios del Pacífico y el diseño del
campus.

RENOVACIÓN

CAN
POLÍTICAS Y EFECTOS

URBANA DEL

Se analizarán con expertos, representantes de medios de comunicación y
otras personas generadoras de opinión pública los efectos que, sobre el
urbanismo, la movilidad, el patrimonio, el medio ambiente y los espacios
públicos libres de la ciudad, tendrá dicha propuesta gubernamental.

Bogotá

Jueves 2 de mayo de 2013
Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo
Auditorio Principal, Carrera 45 N.° 26 - 85
De 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

Información
Oficina de Comunicación Estratégica (Unimedios)
PBX: 316 5000, exts.: 18379, 18243, 18397
Organizan: Unimedios y el Instituto de Estudios Urbanos (IEU)

Transmisión en vivo por Prisma TV y UN Radio (98.5 FM Bogotá).

E-mail: debatesun@unal.edu.co

@DebatesUN

/debatesun

10

Especial

Educación superior

Combatir la deserción,
reto de la educación superior
Unimedios

Como bien lo indicó el Banco
Mundial en un reciente informe,
el mayor reto educativo que tiene Colombia es procurar que más
ciudadanos obtengan un título de
pregrado, aspecto fundamental si
se quiere incursionar con mucha
más fuerza en la era del conocimiento y producir cambios sociales profundos.
Para cumplir este objetivo, se
requiere superar los principales
desafíos del sector: ofrecer cobertura con calidad, garantizar acceso
y permanencia y combatir la deserción (uno de los mayores males del
sistema).
Así lo resalta Francisco López
Segrera, asesor académico de la
Global University Network for Innovation (GUNI): “Nos preocupan
quiénes acceden a la universidad
y si hay que ampliar la cobertura.
Pero hay un problema más serio
y a lo mejor más grave, y es el de
cuántos se gradúan”.
Según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional (MEN),
de cada cien personas que ingresan a una institución de educación
superior (IES), casi la mitad no
logra culminar su ciclo académico
y graduarse. Esta es una problemática muy preocupante que la
ha abordado en diferentes investigaciones y en la que ha trabajado a
tal punto que, a la fecha, su deserción académica anual es del 7%,
cifra inferior al 9% proyectado para
el año 2014.

Cerca del 50% de los estudiantes del sistema público de
educación superior abandona sus estudios. Este es un
fenómeno que, por años, ha preocupado al sector y que
requiere un tratamiento especial del Estado. Los costos
económicos y sociales para el país son altos.


Leidy Castaño,

165

abril de 2013

Entender el fenómeno
La UN efectuó en el año 2006
el estudio “Graduación, deserción
y rezago”. En él, los investigadores
tuvieron en cuenta a estudiantes de
pregrado admitidos entre el primer
semestre de 1996 y el segundo de
1998. Así, les hicieron seguimiento
durante 14 semestres a 17.143 en
los aspectos académico, social e
institucional.
Los principales resultados
mostraron que, en el periodo de
análisis, el abandono de los estudios en estos programas alcanzó el
29%, la de graduación llegó al 45%
y la de rezago, al 26%.
A fin de ampliar la evaluación
del fenómeno, la Dirección de Bienestar de la Universidad emprendió
una exploración en el nivel de posgrado. Así, le hizo seguimiento a la
trayectoria de los alumnos desde
el primer semestre del año 2004
hasta el segundo semestre del año
2007.
La muestra escogida fue de
9.574 estudiantes. La dependencia
encontró que su grado de deserción durante este tiempo alcanzó
el 35%, que se graduó el 54% y que
el 11% se encontró en rezago.
Para el año 2012, según el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior
(SPADIES), ella alcanzó el 45,3%, lo
que significa que uno de cada dos
estudiantes que ingresan a ella no
culmina sus estudios.

Los expertos coinciden en señalar que los aspectos de índole académica y las dificultades económicas son los
principales motivos de deserción de la educación superior.

Además, advierte que se agudiza en los niveles técnico y tecnológico, en donde la tasa de abandono
alcanza el 59,6% y el 54,7%, respectivamente.

Costos
Los factores causales del fenómeno son, entre otros: el género, el
desaliento del estudiante, los antecedentes sociales y culturales de
los padres, la formación educativa
de la persona, la infraestructura de
la universidad y las carencias del
sistema.
Lo grave es que deteriora la
relación entre el Estado, la familia,
las IES y el desarrollo de la nación,
vínculo indispensable para el progreso del país.
Sus consecuencias se traducen en la pérdida de productividad
laboral por falta de capital humano formado y cualificado, lo que
significa que, cuantos más estudiantes desertan, menos competitivo es el país ante las exigencias

del mercado global.
Según la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(Cepal), en el año 2009 las economías de América Latina aún no
contaban con la capacidad tecnológica ni el capital humano especializado para competir exitosamente a
gran escala con otras naciones en
lo que respecta a productos de alto
nivel tecnológico. Por eso, resulta
imperioso incrementar la inversión
pública en la educación superior y
en la formación en investigación.
Juan Manuel Tejeiro, vicerrector académico de la UN, afirma que
la educación superior es el sistema
de promoción social más grande
y eficiente, si se la piensa según la
inversión que se hace en un estudiante durante cinco o seis años.
Esa preparación necesariamente se
refleja en la calidad de su trabajo y
contribuye a incrementar el producto interno bruto (PIB) del país.
Fortalecer la estructura productiva, favorecer el crecimiento
económico y social e impulsar el

progreso científico y tecnológico
de los países de América Latina es
responsabilidad de las IES. Ellas
deben garantizar su cumplimiento graduando a los profesionales
encargados de cerrar la brecha de
innovación, desarrollo y bienestar
entre la región y sus competidores
mundiales.
El sistema educativo tiene como reto establecerse en mecanismo para entregarle a la sociedad
profesionales capaces de conseguir
y de generar más y mejores empleos, de convertirse en la plataforma del avance de la ciencia y la
tecnología y de la construcción de
las políticas sociales.
Puede decirse, entonces, que
el nivel de educación superior que
alcance una persona se refleja directamente en la remuneración e
ingresos que obtenga en su vida
laboral, en el progreso que consiga
y en el grado de bienestar y de vida
buena que pueda garantizarse a sí
mismo y a los demás.

Especial

Educación superior

Hacia una nueva cultura

11

de gestión de las regalías

Vicerrector de Investigación

El Sistema General de Regalías (SGR) del país se constituyó
mediante el Acto Legislativo 05 de
2011, y su organización y funcionamiento están regulados por la
Ley 1530 de 2012. Está conformado
por cuatro fondos: Ahorro y Estabilización; Desarrollo Regional;
Compensación Regional; Ciencia,
Tecnología e Innovación (CT+I).
Los recursos de los fondos de
Desarrollo y de Compensación
pueden invertirse, entre otros rubros, en construir infraestructura
física para aumentar la calidad de
la educación.
Como ejemplo, conviene resaltar el caso del departamento del
Cesar, que destinó 41.163 millones
de pesos para edificar y dotar la
primera fase de la sede de la Universidad Nacional de Colombia en
esa región. La inversión permitirá
ampliar la cobertura en educación
superior de la población e incidirá
positivamente en su calidad académica.
Por su parte, el Fondo CT+I
está dirigido a financiar proyectos
regionales que solucionen problemas sociales y productivos y contribuyan al crecimiento económico. A este se destina el 10% de los
recursos totales del SGR, que para
el año 2012 alcanzaron la suma de
869.008 millones de pesos.
De este valor ya fueron asignados 579.304 millones para desarrollar ochenta proyectos, que fueron
aprobados el 20 de diciembre de
2012 por el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCAD)
y cuya ejecución comienza este
año.
Actualmente, se evalúan y preparan nuevos para la vigencia del
bienio 2013-2014, que cuentan con
una disponibilidad presupuestal
adicional cercana a los 1,7 billones
de pesos.

165

abril de 2013

Más oportunidades
El enfoque del Fondo CT+I
–centrado en la solución de problemas– repercute en el funcionamiento interno de las universidades.
Sus efectos están relacionados
con la necesidad de que fomenten el trabajo interdisciplinar y en
equipo y con que usen infraestructura, tecnología y capital humano,
no solo a nivel interno, sino entre
ellas y las demás organizaciones
públicas y privadas del país.
El carácter regional del fondo
permite identificar algunas de las
principales oportunidades que la
ejecución de sus proyectos le abren
al sistema de educación superior:
• Hace posible transferir y usar
los conocimientos y tecnologías
producidas en las universidades y
demás instituciones.
• Permite fortalecer de manera
general el sistema, iniciando a niños y jóvenes de educación básica
y secundaria en las labores propias
de la ciencia, la tecnología y la innovación (por ejemplo, mediante

El Gobierno debe recordar que los recursos de regalías del
Fondo CT+I les pertenecen a las regiones, no a Colciencias, entidad que necesita una financiación exclusiva y suficiente para
impulsar la ciencia y la tecnología en el país. Las universidades
y las regiones también tienen una enorme responsabilidad
para aprovechar el flujo de dineros.

el patrocinio del Programa Ondas);
ampliando la oferta de programas
académicos (especialmente de
posgrado); y ejecutando ambiciosos planes de becas.
• Facilita crear y mejorar la
infraestructura física y tecnológica
requerida por los laboratorios.
• Incentiva el establecimiento de alianzas de cooperación e
investigación entre las universidades con acreditación de calidad y
aquellas que se encuentran en proceso de alcanzarla en las regiones.
• Posibilita aumentar de manera organizada las capacidades
de los sistemas regionales de educación, ciencia, tecnología e innovación.

fondo financie.
También es necesario establecer medidas que le den estabilidad financiera y que garanticen su
consolidación y operación a largo
plazo.
Para finalizar, debe recordarse
que los recursos de regalías del
Fondo CT+I les pertenecen a las
regiones, no al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación (Colciencias).
Por ello, la comunidad científica del país debe hacerle un llamado urgente al Gobierno nacional,
para que también incremente la
financiación de este ente.
Esto permitirá que el desarro-

llo de la investigación básica y en
ciencias sociales y humanas (con
miras a resolver problemas de largo
plazo y no exclusivamente con fines económicos) pueda continuar
su proceso de consolidación en el
país.
El principal reto de Colombia en este campo es articular de
manera estructural sus sistemas
de educación, investigación e innovación, que actualmente son
administrados por instituciones
independientes entre sí (como el
Ministerio de Educación Nacional,
Colciencias y el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, entre muchos otros).

Responder
a la realidad
Aprovechar estas oportunidades les exige a las universidades poner en marcha
una nueva cultura de interacción con la sociedad.
Formular y ejecutar los
proyectos financiados mediante el Fondo CT+I supone, por ejemplo, vincular sistemáticamente al desarrollo
mismo de estos a los usuarios y a los demás actores
involucrados en los procesos
de transferencia de tecnologías. Así, se busca garantizar
la transmisión y uso efectivo
de sus resultados.
Esta nueva cultura también exige adecuar el tipo de
relaciones que tradicionalmente han sostenido las universidades con los sectores
políticos regionales.
Ellas deben aprender a
canalizar, de manera efectiva, los requerimientos de
las regiones, según sus problemas específicos y expectativas de solución. Deben
entenderlos como insumos
indispensables para preparar los proyectos que, desde
los puntos de vista académico, científico y tecnológico,
pueden ofrecer soluciones.
Deben también adaptar
sus procesos de gestión administrativa a los tiempos de
respuesta y ejecución de los
proyectos. Esto exige adecuar
la reglamentación interna
para agilizar las respuestas a
los nuevos retos.
Sostener el sistema requiere diseñar e implementar un mecanismo eficaz de
veeduría de la calidad, ejecución y rendición de cuentas de los proyectos que el


Alexánder Gómez Mejía,

Los recursos de los fondos de Desarrollo y de Compensación pueden invertirse
en construir infraestructura para aumentar la calidad de la educación.

Áreas de los proyectos que financiará el Fondo de Regalías de CT+I
Área

Porcentaje

CTI Agropecuaria

14,1%

Reconocimiento de centros

14,1%

Maestría y doctorado

12,7%

Electrónica, telecomunicaciones e informática

10,1%

Programa Ondas (niños)

10,0%

Ambiente, biodiversidad y hábitat

8,3%

Salud

6,9%

Mar y recursos hidrobiológicos

6,6%

Sociales y humanas

3,7%

Desarrollo tecnológico e innovación industria

3,6%

Educación

3,5%

Energía y minería

2,6%

Apropiación social del conocimiento

1,9%

Semilleros (jóvenes)

1,8%

Biotecnología

0,1%

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UN, elaborada según información de Colciencias (2012)

12

Especial

Educación superior

Investigación, brecha entre
desarrollo y periferia
Sandra Uribe Pérez,

Unimedios

Cuando se examina la economía de los países desarrollados, se
observa que incorporan a su modelo productivo la investigación
científica y tecnológica, así como
la innovación. Parte de su secreto
está en comprender que impulsar
las capacidades científicas es una
tarea de largo plazo que, además,
requiere una sólida apuesta de Estado.
En la región, naciones como
Brasil, México, Argentina y Chile
llevan la delantera. Mónica Salazar, directora del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
(OCyT), sostiene que el país está
rezagado desde cualquier perspectiva (véase gráfica 1).
Sin embargo, ha evolucionado
notablemente desde hace veinte
años. Según Rafael Molina, profesor del Departamento de Química y exvicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia, ahora es más visible y
la comunidad se ha consolidado,
pero el impulso todavía es muy
incipiente.
Hay quienes ven el panorama con optimismo, como el físico
Eduardo Posada Flórez, director de
la Asociación Colombiana para el
Avance de la Ciencia (ACAC). Para
él, en los últimos años, el país ha

A pesar de su visible crecimiento en los
últimos veinte años, la investigación nacional está rezagada frente a la de otros
países de América Latina. La inversión
sigue sin sobrepasar el 0,5% del PIB y las
regalías para el sector de ciencia, tecnología e innovación no son suficientes.
Para que el sistema funcione se necesitan
recursos y políticas claras.

crecido mucho en este aspecto y la
producción de artículos científicos
se ha multiplicado; lo que lo sitúa
en una posición mejor, por lo menos en ciertos indicadores.
Carl Henrik Langebaek –vicerrector de Investigaciones de la
Universidad de los Andes–, ve el
panorama “entre regular y malo”.
Para dar una idea del atraso, señala que el porcentaje del
producto interno bruto (PIB) que
Colombia invierte en ese sector
(0,46%) se encuentra “entre los
más bajos del continente” (véase
gráfica 4); y contrasta dicha situación con la de Brasil, que invierte
el 1,62% de su PIB y cada año y
medio gradúa una cantidad igual
de doctores al número que Colombia tiene en su totalidad (según

datos del OCyT, el total de doctores
colombianos, al 2011, era de 7.129)
(véase gráfica 2).

El SNCyT y las regalías
Langebaek se declara “moderadamente optimista”, siempre y
cuando las universidades de calidad y los académicos ejerzan una
veeduría del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología (SNCyT) y del
Sistema General de Regalías, para
que esta inversión, que es grande,
salga bien.
Aunque actualmente se cuenta
con un promedio de 800.000 millones de pesos al año por concepto
de regalías, para él, el problema no
siempre es de dinero: “Por supuesto que necesitamos más recursos,

pero también políticas. La plata sin
políticas no funciona”.
En ese sentido, añade que las
regalías constituyen una valiosa
oportunidad que puede tener efectos positivos si se encauzan bien.
Pero insiste en que no pueden volverse una excusa para reducir el
presupuesto de Colciencias.
El profesor Molina subraya
que, justamente, los recursos netos
de Colciencias –aunque han disminuido– son los que han mantenido
dinámica a la comunidad, pues hacer ciencia básica es el fundamento
de cualquier avance tecnológico.
Dado que esos dineros son insuficientes para poner al país en la
frontera del conocimiento, hay que
aprovecharlos al máximo. Por eso,
se hace necesario blindarlos de intereses políticos y regionales.
La directora del OCyT indica que otras naciones de América Latina también financian el
desarrollo científico y tecnológico
con regalías, pero con diferentes
esquemas de distribución y aprobación. Y aclara que, en Colombia, dichos dineros conllevan tanto
oportunidades como riesgos y que
los resultados no se van a ver a
corto plazo.
Entre los riesgos de un mal
manejo, el profesor Langebaek advierte que podrían debilitarse la
investigación básica y las inversiones que ha hecho el Estado en la

Gráfica 1

Infografías: Mauricio Salcedo

165

abril de 2013

-

Especial

Ciencias
agrícolas

Publicaciones y patentes

10

15

1.171
242

Ingeniería
y tecnología

444

58

34

Doctorados
por áreas

38

Graduados de
doctorados en el país

292
Total de doctores

Ciencias naturales
y exactas

1.357
34% de los doctorados
del país los ofrece la UN

39% de los doctores del
país son egresados de la UN

Gráfica 3

Conocimiento de calidad en aumento
Fuente: Recopilación de datos realizada por Unimedios.

Grupos de investigación
categorizados*

486

Revistas indexadas
Categoría A1 (2011)

Número de
Programas Doctorado

Categoría A1*

nacional la aporta la UN,
según SCOPUS

El liderazgo de la UN

247

128
155
130

56
54

27

47

47

18

8
14

4
2

7

53

n.d.*
6
5

45
5

5

2

5
5

38
7

3

2

Universidad de Caldas

Categoría A1: grupos de mayor
calidad según Colciencias.

Universidad Externado de Colombia

Universidad Industrial de Santander

80

11

13

2

Universidad del Valle

Durante la última década, la Universidad Nacional de Colombia ha hecho un gran esfuerzo institucional para
fortalecer su función investigativa. “Tenemos presencia en todos los departamentos del país y realizamos más de
cinco mil proyectos de extensión (labores de educación continua, consultoría,
proyectos de investigación aplicada),
contratados por diferentes instituciones y entes del nivel nacional”, afirma el
profesor Gómez.
Asimismo, ha dirigido sus labores
a articular sus capacidades internas, su
experiencia y su conocimiento y a acercarse a los problemas nacionales.
Un ejemplo de ello es el Centro
de Pensamiento y Seguimiento de los
Diálogos de Paz. “Se trata de una muestra de que tenemos un valioso capital
intelectual ya desarrollado que está dispuesto a ayudar a solucionar los grandes problemas y conflictos del país”,
destaca.
Otro esfuerzo enorme ha sido el
de organizar el sistema de información. “Con las agendas del conocimiento (una visión compartida de futuro
para establecer temas estratégicos de
investigación como recursos minerales
y materiales, ambiente y biodiversidad,
energía, ciencias agropecuarias y desarrollo rural, entre otras) ya podemos dar
un inventario de nuestras capacidades,
del capital humano, de las redes, de los
grupos, de la manera como trabajan
esos grupos, de lo que producimos, del
tipo de conocimiento que estamos generando y de los artículos, procesos, patentes y transferencias de conocimiento
a la sociedad”, sostiene el vicerrector.
Al decir del profesor Guillermo Páramo, exrector de la UN, “este país necesita mentes grandes para pensar un
país grande y complejo”. Pero, si no hay
una apuesta real del Estado por la educación, seguiremos con mentes pequeñas y con una nación convulsionada.

2.829

71
93

Universidad de los Andes

El vicerrector de Investigación de
la UN resalta que las universidades,
gracias al avance de sus sistemas de
investigación, han aumentado su número de publicaciones nacionales (466
revistas indexadas en Publindex a 2011)
e internacionales. Pero insiste en que
aún se debe trabajar en incrementar su
impacto.
Además, agrega, es necesario ampliar el número de investigadores para
alcanzar, al menos, los estándares de los
países latinoamericanos más desarrollados. La tarea, a nivel internacional, es
un conseguir un mayor y mejor impacto
cualitativo, así como un mayor nivel de
distribución y citación.
En cuanto a patentes, el profesor
Eduardo Posada manifiesta que estamos muy mal en indicadores (1,1 por
cada millón de habitantes, según el Foro Económico Mundial). Sin embargo,
argumenta que no se puede considerar
que la patente sea el principal indicador de la actividad económica. Una
internacional es muy costosa y hay que
examinar bien si se va a recuperar la
inversión.
De todos modos, propone profundizar la cultura de la innovación en las
empresas, para que empiecen a darse
cuenta de que hacer tecnología propia
es un magnífico negocio: “el mal negocio es comprarla por fuera”. Al respecto,
es indispensable fortalecer la relación
universidad-empresa.

Ciencias sociales
y humanidades

530

Ciencias médicas
y de la salud
545

n.d*. No hay datos disponibles

Universidad Pública
Universidad Privada

**A partir de este año (2013) Colciencias eliminó las categorías y solo diferencia
entre grupos reconocidos y registrados.

Gráfica 4

Porcentaje del PIB invertido en CyT
Fuente: Indicadores de Ciencias y Tecnología 2012 del OCyT.

Colombia

0,47%

0,44%

0,46%

Panamá

0,50%

0,50%

0,47%

Argentina

0,61%

0,67%

0,70%

México

0,81%

0,82%

n. d.

Cuba

0,83%

0,91%

0,90%

1,0%

1,13%

1,09%

España

1,35%

1,39%

1,39%

Brasil

1,45%

1,63%

1,62%

Canadá

1,90%

1,92%

1,81%

Costa Rica

1,39%

2,26%

n. d.

Venezuela

2,45%

2,36%

n. d.

Estados Unidos

2,84%

2,90%

n. d.

20
10

El modelo de evaluación de los grupos de investigación ha tenido efectos
positivos. “Se han podido identificar los
de excelencia, y es bueno que se midan
permanentemente”, expresa. No obstante, advierte que, al mirar las cifras
de grupos (12.774 registrados y 8.442
avalados en Colciencias, a 2012), resulta
que en Colombia hay más que en Alemania, “un autoengaño muy grande”.
Una política estatal debe reconocer
mecanismos como la acreditación y los
grupos de Colciencias. Y debe apoyar a
los de excelencia, para que, más allá del
reconocimiento, estos se consoliden,
constituyan proyectos de largo plazo y
ayuden a conformar otros.
Tanto Molina como Langebaek recuerdan una afirmación que el profesor

Fuente: Recopilación de datos realizada por Unimedios.

20
09

165

abril de 2013


Doctorados y doctores en el país

América Latina
y el Caribe

20
08

Para consolidar el sistema nacional, también es vital crear programas
de posgrado, asegura Alexánder Gómez,
actual vicerrector de Investigación de
la UN.
“Solo llevamos veinticinco años
de doctorados, somos nuevos en esto”,
dice Molina. De haberse cumplido el
plan trazado por la Misión de Sabios
de los años noventa, ahora estaríamos
llegando a invertir el 2% del producto
interno bruto (PIB) y tendríamos 40.000
doctores y grandes centros científicos.
A la fecha, el país tiene 155 programas
de doctorado (de esta cifra, 54 son de la
UN, es decir, el 34%) (véase gráfica 2).
Por ahora, según Langebaek, tenemos serios retos en investigación básica
–imprescindible para adelantar la aplicada– y en cuanto a la pertinencia de
los doctorados: “Colombia no saca nada
teniendo cada vez más doctores que cada vez tienen menos oportunidades de
financiación. Eso no tiene sentido. Debe haber una inversión proporcional”.
Para lograr un alto nivel, el profesor
Molina precisa que la formación debe
darse en ambientes de construcción
crítica que permitan tener elementos
para transformar y no solo para repetir.
Para él, los doctores deben contribuir
a la comprensión, a formular propuestas, a plantear hipótesis y preguntas,
a solucionar problemas y a producir
conocimiento.
En ese sentido, las vicerrectorías
de investigación de las universidades,
de reciente creación (una de las de mayor trayectoria es la de la Universidad
de Antioquia, creada en 1994), son el
resultado de la conciencia de que ella
requiere gestión. No es suficiente con
que los investigadores se muevan por
su cuenta. Debe haber un compromiso
institucional de apoyo a la vocación,
asegura Langebaek.

Gráfica 2


Posgrados

Moisés Wasserman, exrector de la UN,
hizo en una de sus columnas de El
Tiempo: hay que “financiar lo impertinente y los proyectos de largo plazo”.

Universidad de Antioquia

formación de doctores con criterios de
la más alta calidad.
Los vacíos del sistema son muchos,
por ejemplo, “en términos de la cantidad de recursos humanos de alto nivel y
de la infraestructura indispensable para
llevarla a cabo”.
Para Salazar, esto se refleja en los
resultados obtenidos, tanto en número
de publicaciones y patentes como en
otros resultados de innovación (véanse
gráficas 1 y 3).
Sin embargo, el profesor Molina
sostiene que las grandes universidades
colombianas hacen diversos esfuerzos
por mantener la dinámica investigativa,
en espera de una verdadera apuesta del
Estado.
Y esta no consiste en haber promulgado una segunda ley ni en tener
a Colciencias. Se trata de saber medir
en tiempo real las capacidades que está construyendo el país en materia de
CT+I, de articularlas con las necesidades nacionales en un mundo globalizado y de aportar el dinero que se requiere
para su desarrollo.

13

Educación superior

14

Especial

Educación superior

Complejidades de la

autonomía universitaria
La autonomía universitaria
pasa por varios aspectos: libertad
de cátedra, potestad administrativa y financiación del Estado. En
opinión de algunos expertos, este último –la falta de recursos– la
afecta en su totalidad. Otros, por
su parte, consideran que, pese a
las dificultades, se cumple en las
universidades del país.
Lo cierto es que su déficit dificulta la entrega a la sociedad de
personas con libertad de pensamiento, capacidad crítica y posibilidades de transformar al país.
Así lo expone Jorge Ernesto
Durán, profesor de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
de Colombia en Bogotá, que considera que esa es la mayor defensa
que debe hacerse del concepto de
autonomía universitaria.
En la sentencia C-220 de 1997,
la Corte Constitucional estableció
que ella no es “un atributo legal
desdibujado [...], es una característica propia de las democracias modernas que se traduce en el axioma
de que los estudios superiores no
pueden estar sometidos a ninguna
forma de dirección, orientación,
interferencia o confesionalismo
por parte del Gobierno”.
Así como en una democracia
el Estado no puede decirle a una
persona qué debe comer, qué automóvil comprar o qué carrera estudiar, no puede inmiscuirse en los
asuntos internos de las universidades, incluso cuando debe procurarles los recursos económicos.
Cuando la Corte dice que no
debe haber “interferencia”, se refiere precisamente a que los Gobiernos deben hacer los mayores
esfuerzos para garantizar la autonomía universitaria.

165

abril de 2013

No tan mal
Leopoldo Múnera, profesor
de la Facultad de Derecho, la define como la autogestión de los
miembros de la Institución: de su
producción, creación colectiva, intercambio y transmisión de conocimiento; lo cual, dice, se garantiza
con la libertad de cátedra. Solo así
se puede construir conocimiento
con los estudiantes.
Pero, en su opinión, dada la
necesidad de conseguir recursos,
los profesores cada vez están más
cargados de funciones administrativas y gerenciales de sus propios
proyectos, lo que los aparta de su
verdadera misión.
No obstante, el profesor Moisés Wasserman, exrector de la UN,
considera que, si bien no existe
una situación perfecta, las universidades colombianas no están mal
en la materia, pues esta ha sido
respetada y se debe reconocer que
el Estado asigna presupuestos.
Y Luis Enrique Arango, director del SUE, afirma: “Si nos comparamos con el primer mundo, la
distancia es enorme. Pero, con respecto a países latinoamericanos,
Colombia está por la media”.
Las complejidades de su al-


Equipo Unimedios

Si hay una labor prioritaria que debe promover
la universidad es la de entregar a la sociedad
ciudadanos responsables y autónomos. ¿Por qué?
Porque es así como se pueden hacer transformaciones profundas en el país. En este punto
radica la importancia de la autodeterminación
universitaria. De lo contrario, solo se tendrían
“fábricas” de profesionales.

cance han sido la constante en la
vida de las instituciones académicas. Precisamente, la sentencia
C-220 hizo un avance sustancial al
entregar una definición que permite saber en qué terreno se sustenta
ese derecho constitucional:
“La universidad, cuyo fundamento es el perfeccionamiento de
la vida y cuyo objetivo es contribuir
a formar individuos que reivindiquen y promuevan ese fundamento –a través del dominio de ‘un
saber’ y de la capacidad de generar conocimiento, reclamando su
condición de fines en sí mismos y
no de meros instrumentos–, es la
que requiere, para ‘ser’, el reconocimiento efectivo de su autonomía”.
Además, agrega que otro tipo
de centros de educación superior
–que fundamentan su quehacer en
objetivos distintos, como, por ejemplo, la mera profesionalización–, si
bien son necesarias en el mundo
moderno, no pueden denominarse
universidades: “Tal distinción subyace en la legislación de nuestro
país, que distingue entre universidades y otras instituciones de educación superior; reconociéndoles
autonomía plena, no absoluta, únicamente a las primeras”.
El profesor Wasserman asegura que esta clase de apreciaciones
(que incluye el artículo 60 de la
Constitución) significaron un re-

conocimiento social a su trabajo
y a su papel fundamental, lo que
implica que adquirieron tanto derechos como deberes.

Las responsabilidades
Según Rodrigo Uprimny Yepes,
constitucionalista y también profesor de la Facultad de Derecho de la
UN, esos derechos les permiten definir su norte, determinar su filosofía y administrarse para que tengan
plena libertad académica.
“Obviamente, la autonomía no
puede verse como una soberanía
universitaria. Existe una reserva de
ley (un sustento legal) que establece restricciones, regulaciones o
limitaciones. Por ejemplo, la inspección y vigilancia del Estado, la
regulación de los servicios públicos educativos y la protección de
los derechos fundamentales de las
personas que allí trabajan y estudian”, explica.
La Corte también argumenta
que su ejercicio implica para las
universidades cumplir su misión
a través de acciones a las cuales
subyazca una “ética de la responsabilidad”.
Esto significa que su autonomía debe encontrar legitimación
y respaldo no solo en sus propios
actores, sino en la nación en la cual
ellas materializan sus objetivos, en

el Estado que las provee de recursos y en la sociedad civil que espera
fortalecerse a través de ellas.
Y es que este debate debe incluir a la sociedad civil, sostiene el
profesor Durán. Así, resalta que, si
bien el tema ocupa un lugar relevante en las agendas de académicos
y políticos, debe incluir al ciudadano de a pie, a quien finalmente le
pertenecen los recursos y productos
de las universidades públicas.
En el caso de la UN, la autonomía abarca múltiples dimensiones.
Desde el manejo de los recursos
recibidos para pensiones, la búsqueda de aliados privados para desarrollar investigaciones hasta la
incertidumbre sobre el mantenimiento del patrimonio de los edificios Camilo Torres, Uriel Gutiérrez y el Hospital (por cuenta del
proyecto de renovación del CAN),
entre muchas otras.
Lo que no debe perderse de
vista es que la autodeterminación
es un “reconocimiento” –según está
estipulado en la Constitución– que
implica un conglomerado de elementos (con tantos derechos como
responsabilidades) y que es crucial
para los procesos educativos de la
Institución. Si esta no se garantiza,
no es posible educar a profesionales responsables y autónomos
capaces de adelantar transformaciones sociales.

Especial

Educación superior

Financiación,

15

talón de Aquiles de la autonomía
Supeditar la financiación estatal a que las políticas de las universidades coincidan con las de determinado Gobierno es ejercer un
control previo sobre sus decisiones académicas. Constituye, por
tanto, una violación de la autonomía.
Carlos Garzón,

165

abril de 2013

El concepto de autonomía
universitaria se está usando más
para eludir responsabilidades que
para definirlas con claridad. El
análisis de estas situaciones, unas
recurrentes y otras nuevas, reclama desarrollos jurisprudenciales
que deberían ser introducidos con
prontitud.
Son varios los hechos que
muestran que el Estado está faltando a su obligación de garantizar el funcionamiento adecuado
de las universidades públicas: la
pretensión de que los reclamos de
los trabajadores respecto a salarios deban ser atendidos por la
en virtud de su autonomía; la distribución de los recursos flexibles
entre instituciones sin considerar
sus demandas individuales ni su
tamaño ni complejidad, que se suma a la asignación inercial de los
recursos previstos en el artículo 86
de la Ley 30 de 1992; y la propuesta del Banco Mundial de que los
recursos incrementales se asignen
mediante el mecanismo de contratos-programa.
Así, en reiteradas ocasiones,
el Gobierno ha promovido el uso
de indicadores de gestión para distribuir parte del presupuesto, en
especial cuando se destinan recursos adicionales a los previstos en
la Ley 30 de 1992. Y ahora plantea
la posibilidad de usar los contratos-programa como una posible
forma de hacerlo. Pero la Corte
Constitucional (Sentencia C-926
de 2005) ha sido firme en señalar
lo siguiente:
“[...] imponer a las universidades públicas –tal como lo pretende
la norma acusada– el deber de concertar y acordar con el Gobierno
los criterios y el procedimiento de
una redistribución de un porcentaje del total de las transferencias,
que no podrá exceder del 12%, es
someterlas a una especie de control presupuestal estricto que no
puede ser aplicado a las universidades estatales en razón de que por
sus singulares objetivos y funciones
ello implicaría vulnerar su autonomía. Asimismo, [...] esos procesos
de concertación y acuerdo con el
Gobierno implican que cada universidad negocie asuntos inherentes a su autodeterminación, autogobierno y autorregulación”.
“En efecto, que la redistribución de un porcentaje del total
de las transferencias se base en
resultados de gestión, ya sea administrativa, financiera o académica,
es facultar al Gobierno para entrar
a premiar o a castigar a las universidades públicas con recortes o
incrementos de su presupuesto, lo
que implica variarles sus recursos


Director Nacional de Planeación

La investigación, fundamento de la autonomía académica y connatural al concepto de universidad, requiere ser
financiada y estimulada por el Estado.

ya asignados, desconocer su libertad para manejarlos y, por contera,
violar su autonomía universitaria”,
continua.
En ese sentido, precisa: “Sujetar la distribución del porcentaje
a indicadores de gestión que no se
encuentran precisados por el legislador es una forma a través de la
cual el Gobierno […] puede interferir en decisiones que corresponden
al ámbito interno de las universidades estatales”.
Y establece: “El Consejo Superior Universitario, como máximo
órgano de dirección y gobierno
de las universidades y en el cual
tiene participación el Gobierno, a
través del Ministro de Educación
Nacional o su delegado, o del Gobernador o el Alcalde –según sean
nacionales, departamentales, distritales o municipales–, será el
escenario propicio para realizar la
rendición de cuentas respectiva,
así como para analizar y evaluar
la gestión alcanzada y el cumplimiento de las metas propuestas
por el propio ente universitario.
Será cada ente el que maneje sus
recursos y la distribución del presupuesto, el cual, por demás, pertenece a cada universidad individualmente considerada y no al
conjunto de ellas”.

Contra
la transparencia
Sin una garantía de financiación estatal sostenible, el concepto
de autonomía universitaria es una
falacia legal. Aquella constituye su
talón de Aquiles.
El Gobierno no está considerando con objetividad el fortalecimiento de la investigación científica
y tecnológica en las universidades al
asignar el presupuesto de funcionamiento. Además, centra la creación
de condiciones para su desarrollo
en fondos concursables, a los cuales
pueden acceder instituciones públicas y privadas.
En la coyuntura actual, los mecanismos financieros que hacen
posible el acceso a la educación
superior de todas las personas aptas privilegian la financiación de la
demanda y no la de la oferta con
nuevos recursos del presupuesto
nacional. Pero estos apoyos, en general, terminan financiando a las
privadas.
Por tal razón, una reforma de la
Ley 30 requiere desarrollo normativo. Asimismo, es indispensable un
desarrollo del Estatuto Orgánico de
Presupuesto para las universidades
públicas que incorpore las posibi-

lidades que ofrecen tanto la Constitución como el derecho privado,
cuyo uso se los permite dicha ley.
La inercia centrada en un mínimo vital, derivada de un uso inapropiado del artículo 86 de la Ley,
no permite hacer un análisis serio
de la realidad financiera de las instituciones (vigencia a vigencia) y no
propicia un análisis argumentado y
profundo del presupuesto, lo que
hace que, de entrada, no se asegure
la sostenibilidad de las instituciones públicas. No reconocer las realidades económicas de las universidades va también en contra del
principio de transparencia.
La investigación, fundamento
de la autonomía académica y connatural al concepto de universidad,
requiere ser comprendida, financiada y estimulada por el Estado
hasta tanto no adquiera una dinámica nacional de impacto internacional y se constituya en factor
esencial del desarrollo económico
y social.
Este criterio va en contravía de
la política actual de distribuir estos
recursos dividiendo el presupuesto
flexible disponible entre el número
de universidades que conforman el
sistema, con el argumento simplista de que de esta forma se propicia
la equidad interregional.

16

Innovación

Exprimen antioxidantes
de

frutas exóticas

Ana María Escobar Jiménez,

Unimedios

Los antioxidantes son sustancias orgánicas que ayudan a inhibir la acción de los
radicales libres, responsables de la oxidación de las células y del envejecimiento del
organismo. El metabolismo, la respiración
y los agentes contaminantes del ambiente
inciden en ese deterioro paulatino.
Son varias las enfermedades ligadas a la
oxidación progresiva del cuerpo: las cardiovasculares, la diabetes, la arterioesclerosis,
algunos tipos de cáncer y de afecciones
gástricas, entre otras.
La insistencia de abuelas y nutricionistas en la necesidad de comer verduras y frutas tiene profundas bases científicas, comprobadas cuando se determinó, a mediados
del siglo pasado, que vitaminas como la A,
la C y la E son poderosas sustancias capaces
de desacelerar la destrucción celular.
Esa característica ha sido aprovechada
por decenas de investigadores en el mundo,
que centran su interés en obtener antioxidantes de los frutos sin dañar las funciones
vitales del compuesto en el proceso.
Con esta perspectiva, Ivonne Ximena
Cerón, candidata a doctora en Ingeniería
(línea de Automática) de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales, estudió
el potencial de cinco frutas exóticas colombianas: zapote, del Tolima; uchuva y tomate
de árbol, de Caldas; y copoazú y naikú, de la
región amazónica.
De la última no se habían hecho caracterizaciones de este tipo, por lo cual su capacidad antioxidante es un nuevo aporte a
la agroindustria y al desarrollo de productos
de valor agregado.
Uno de los objetivos de la investigación
es que sus resultados trasciendan el análisis
de laboratorio y se proyecten a la industria,
gracias a la ingeniería de procesos usada
para obtener los compuestos.
Según Cerón, la mayor innovación fue
la evaluación integral del proceso, desde la
fase de pretratamiento de las frutas hasta
la de extracción. En otros trabajos, solo se
valoraron algunas de las etapas.

165

abril de 2013

A escala industrial
“El carácter termosensible y fotosintético de estos compuestos (susceptibilidad
a degradarse con el calor y la luz), que resta
poder a su actividad antioxidante, fue uno
de los principales criterios para evaluar cada una de las tres etapas del proceso llevadas a cabo. Este paso se desarrolló tanto por
simulación computacional como por comprobación experimental”, indica la experta.
Para la evaluación inicial se efectuó
primero la caracterización físico-química
de las frutas, a fin de hacer la simulación
con base en esa información. Esta proporcionó datos para seleccionar las tecnologías
y condiciones de operación óptimas para
obtener los rendimientos de extracción más

altos y minimizar la pérdida de las propiedades antioxidantes.
En el pretratamiento, fase inicial en
la cual se adecua la materia prima, se examinaron las tecnologías de secado al vacío
(liofilización) y por convección (aire caliente que va retirando la humedad de la frutas
a presión atmosférica).
En la segunda etapa, la de extracción, se
analizaron dos alternativas tecnológicas. De
un lado, los fluidos supercríticos, una técnica que consiste en aplicar altas presiones
para obtener un estado híbrido de la materia
(entre líquido y gaseoso), utilizando dióxido
de carbono (CO2) como solvente. De otro, la
extracción tradicional con solventes como el
etanol acidificado a presión atmosférica.
Finalmente, en la fase de concentración de los extractos, se estudiaron la destilación al vacío (que es la separación de
compuestos a baja presión) y las membranas de ultrafiltración (que tienen poros muy
pequeños que evitan el paso de moléculas
de cierto tamaño).

Mayor valor agregado
“Luego se hizo la evaluación económica de cada uno de estos procesos y, en colaboración con la Universidad de Texas A&M,
se llevó a cabo una optimización llamada
fuzzy, una técnica que busca determinar cómo lograr el mayor rendimiento de obtención con los menores costos de operación”,
manifiesta la ingeniera Cerón.
Encontró que el secado por convección, la extracción mediante fluidos supercríticos y la concentración con membranas
son las técnicas que permiten aprovechar
al máximo los compuestos que ofrece cada
fruta. Por lo tanto, proporcionan una mayor
rentabilidad a las empresas.
Esto es significativo para una región
como el Eje Cafetero, que tiene una clara
vocación frutícola. De hecho, miembros del
Parque de la Fruta, ubicado a treinta minutos de Manizales, compartieron experiencias
con científicos del Instituto de Biotecnología
y Agroindustria de la UN en Manizales, que
demostraron la viabilidad de los climas y
suelos caldenses para cosechar frutas amazónicas en zonas cercanas al río Cauca.
“La adaptación del cultivo no solo facilita el acceso a estas frutas, sino que evita la
devastación de la reserva amazónica, ofrece
generación de empleo y una diversificación
rentable por los altos precios de la pulpa
en los mercados europeos y de los Estados
Unidos”, asegura la investigadora.
El estudio también mostró que la mayor
concentración de antioxidantes se encuentra en las cáscaras de estas frutas. Por ende,
las industrias pueden diversificar su cartera
de productos, al aprovechar las pulpas para
elaborar jugos y postres y los residuos, para
obtener estas sustancias químicas. Este trabajo es ejemplo de cómo los avances científicos y académicos encajan a la perfección
con la vocación agrícola del país.

Fotos: archivo particular

Por su capacidad para prevenir enfermedades y
retrasar el envejecimiento natural del cuerpo,
los antioxidantes son un producto de alta demanda en el sector farmacéutico, cosmético y
alimenticio. En la UN se diseñó un proceso industrial que maximiza su obtención.

La ingeniera Ivonne Ximena Cerón
entrega a la industria frutícola del
país una propuesta integral para extraer compuestos antioxidantes.

Frutas ricas en polifenoles (grupo de sustancias químicas con abundantes antioxidantes)
Miligramos
de polifenoles totales
por cada 100 gramos
de fruta fresca

4.844
Naiku (Renealmia alpinia)

358
Zapote (Matisia cordata)

183
Tomate de árbol
(Cyphomandra betacea)

135
Uchuva (Physalis peruviana L.)

120
Copoazu
(Theobroma grandiflorum)

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