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Colaboración
P O R V I C E N T E Z A R A G Ü E TA L A F F I T T E ( * )
Paz y reconciliación
L
A violencia de género
sigue siendo todavía hoy
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do o por particulares”. Así pues,
el concepto central de la debida
diligencia sirve de criterio para
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contra la mujer. No basta con
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sino que además el Estado debe
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La Ley Orgánica de Medidas de
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lencia de Género (LO 1/2004) pue-
de considerarse un importante
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titucional a la violencia contra las
mujeres en España. Sin embargo,
casi seis años después de su entra-
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garantizados por esta ley no se han
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plimiento y eficacia se debe, entre
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derechos humanos, así como a la
ausencia de una evaluación de las
medidas implementadas, con par-
ticipación de las mujeres sobrevi-
vientes y de sus organizaciones.
Prueba de que el Estado no actúa
con la debida diligencia que le exi-
ge el derecho internacional es que
en general lo menos desarrollado
de la ley integral ha sido todo lo
relativo a prevención y educación,
ejemplo de medidas que se prevén
en abstracto pero que luego no se
concretan ni desarrollan. Conti-
núa asimismo pendiente la puesta
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las supervivientes a la atención
sanitaria adecuada, prestada por
profesionales con la debida for-
mación.
Persisten los obstáculos de acce-
sibilidad a los recursos de asis-
tencia integral, especialmente
para mujeres con circunstancias
añadidas de riesgo (drogodepen-
dencias, alcoholismo, enfermeda-
des mentales,…). La implantación
de los juzgados especializados en
violencia contra la mujer no ha
resuelto trabas en el acceso a la
justicia. Se sigue juzgando la vio-
lencia puntual, quedando impune
La implantación de los
juzgados especializados
en violencia contra
la mujer no ha resuelto
el acceso a la justicia
-
En los juzgados de la
CAV se deniegan el
40% de las órdenes de
protección solicitadas;
en el Estado es el 30%
A
medida que pasan las
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en el escenario político vasco. Si he
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manente y verificable que le deman-
dan los mediadores internacionales
y la propia izquierda abertzale.
Mientras ETA nos sigue mante-
niendo en vilo, creo que no está de
más añadir a ese llamamiento ofi-
cial, por definirlo así, nuestra pre-
sión, la de los ciudadanos, la socie-
dad civil, tan necesitada de vivir en
paz, sin sobresaltos, sin más penas
que las que aporta la vida cotidia-
na. Con todos los respetos para la
interpelación de las personalidades
internacionales implicadas y para
el sorprendente giro protagonizado
por la izquierda abertzale (nunca es
tarde), tengo que recordar que la
ciudadanía vasca hace ya mucho
tiempo que se había manifestado
claramente contra el terrorismo y
contra todas las violencias. Es hora,
pues, de estar alerta y redoblar los
esfuerzos por apoyar cuantas ini-
ciativas se presentan para lograr
una paz definitiva.
Siendo realista, no puedo obviar
que hay conceptos contrapuestos de
lo que debería suponer esa paz defi-
nitiva. Para una parte de nuestra
sociedad, esa paz que dicen estamos
a punto de tocar con los dedos no
será tal si no hay vencedores y ven-
cidos. Es la paz basada en la derro-
ta, en el sometimiento, en la humi-
llación de aquel “cautivo y desar-
mado” de nuestra guerra civil.
ETA ha hecho mucho daño a esta
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nitiva si se llega a la reconciliación.
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Un sufrimiento que ha helado
muchos corazones. Pero para devol-
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tiano de los desprendimientos. Que-
dé profundamente impresionado al
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nado por ETA en Mallorca el verano
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Desmond Tutú decía que sin per-
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Mahatma Gandhi decía: “No quie-
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Nelson Mandela se entrevistó más
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Consejo General del Poder Judi-
cial, en los juzgados de la Comu-
nidad Autónoma Vasca se denie-
gan el 40% de las órdenes de pro-
tección solicitadas, cuando la
media estatal es del 30%. Sería pre-
ciso estudiar qué factores hacen
que esto sea así y aplicar, en su
caso, las medidas correctoras
oportunas.
En la Asociación pro Derechos
Humanos Argituz mantenemos
que a igual vulneración, iguales
derechos. Y cuando decimos igua-
les derechos nos referimos a igua-
les derechos en verdad, justicia y
reparación, de acuerdo con el
derecho internacional. Por des-
gracia la traducción jurídica y la
aplicación práctica de esos dere-
chos a través del marco legal
vigente y de la praxis de los tri-
bunales adolece de un mal que, no
por extendido, deja de ser espe-
cialmente sangrante en esta dra-
mática realidad: la falta de medios
económicos. Las leyes de papel
son brindis al sol, guiños a la ciu-
dadanía que si no se acompañan
de medios materiales y humanos
derivan en más frustración y en
que la igualdad de todos y todas
ante la ley se quede asimismo en
el papel. El empuje simbólico de
las grandes causas necesita no
sólo de proyectos legales, sino de
un empuje real que pasa por la
prioridad presupuestaria y la eva-
luación rigurosa como verdadera
prueba de que la materia sobre la
que se legisla se toma en serio. Eso
es lo que exige la “diligencia debi-
da” cuando hay tantas vidas de
mujeres en peligro.
* En representación de la Asociación Pro
Derechos Humanos Argituz
Tribuna Abierta
P O R B E R T H A G A Z T E L U M E N D I Y A N D R É S K R A K E N B E R G E R ( * )
¿Diligencia debida o despreocupación indebida?
ciliación y la paz. “Ninguna rela-
ción humana puede durar mucho
tiempo si no existe una cultura de
perdón”.
Seguramente será pedir a muchas
víctimas un esfuerzo heroico, pero
es necesario insistir en que no es
posible un escenario auténtico de
paz mientras persistan sentimien-
tos de odio y de venganza. La paz, esa
paz que dicen se encuentra tan cer-
ca, tiene que estar basada en la
reconciliación. Hagamos entre todos
ese difícil, incierto pero necesario
camino.
Un abrazo fraterno para todos los
que estamos sufriendo.
Eskerrik asko eta besarkada haun-
di bat.
* Miembro de la Sociedad Bascongada de
Amigos del País. Miembro de Eusko
Ikaskuntza
la habitual, y casi la mitad de las
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te. A las víctimas se les insta de
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Además, es especialmente preo-
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¿Diligencia debida o despreocupacion indebida?

  • 1. Noticias de Gipuzkoa Domingo, 21 de noviembre de 2010 OPINIÓN 5 Colaboración P O R V I C E N T E Z A R A G Ü E TA L A F F I T T E ( * ) Paz y reconciliación L A violencia de género sigue siendo todavía hoy un conjunto demasiado amplio de graves concul- caciones de derechos humanos. Es más, posiblemente sea una de las vulneraciones más extendida, oculta e impune de cuantas se cometen tanto a escala mundial como en nuestro entorno más pró- ximo. Y es una lacra difícil de combatir porque a su carácter polifacético hay que añadir el hecho de que hunde sus profundas raíces en estructuras sociales, cul- turales, económicas y políticas desde las que se amparan y pro- mocionan fenómenos como la negación legal y real de los dere- chos civiles, políticos, sociales y culturales de las mujeres –en igualdad respecto de los hom- bres–, la trata, la violencia sexual en la pareja o fuera de ella, el caso, especialmente lacerante y simbó- lico, de la mutilación genital feme- nina, el acoso, y un largo, dema- siado largo, etcétera. Pero centrémonos por ahora en la violencia a manos de la pareja o expareja. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas o exparejas. Esta es la prin- cipal causa de muerte y discapa- cidad entre las mujeres de 16 a 44 años de edad. En nuestro entorno social la situación es asimismo preocupante. Las cifras reciente- mente hechas públicas tanto en Euskadi como en Navarra dejan claro que hay mujeres que están recibiendo malos tratos con altas tasas de impunidad que solo en casos muy graves o pasados muchos años acaban por descu- brirse. La mayor parte de la vio- lencia contra las mujeres perma- nece invisible y, hasta hace muy pocos años, se evitaba incluso su reconocimiento público. Aunque se han documentado gravísimos casos de violaciones de detenidas por agentes de las fuerzas de seguridad, la violencia de género suele producirse en el ámbito privado, por lo que todos y todas tendemos a centrarnos en ese patrón de conducta, olvidán- donos de que los Estados también tienen su parte de responsabili- dad. El derecho internacional es muy claro en este sentido. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea Gene- ral de la ONU en 1993, insta a los Estados a “proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, inves- tigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de vio- lencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Esta- do o por particulares”. Así pues, el concepto central de la debida diligencia sirve de criterio para determinar si un Estado ha cum- plido o no con efectividad su obli- gación de combatir la violencia contra la mujer. No basta con haber firmado múltiples tratados sobre los derechos de la mujer, empezando por los Protocolos de Beijing, o haber aprobado leyes, sino que además el Estado debe hacer todo lo posible por impedir de forma eficaz y efectiva la vio- lencia, con especial atención a una actuación preventiva que vaya más allá del estándar habitual de actuar después del hecho contra el perpetrador. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Vio- lencia de Género (LO 1/2004) pue- de considerarse un importante paso para mejorar la respuesta ins- titucional a la violencia contra las mujeres en España. Sin embargo, casi seis años después de su entra- da en vigor, importantes derechos garantizados por esta ley no se han hecho realidad. Su falta de cum- plimiento y eficacia se debe, entre otros motivos, a la escasez de financiación, y a un enfoque que desconoce la perspectiva de los estándares de cumplimiento de los derechos humanos, así como a la ausencia de una evaluación de las medidas implementadas, con par- ticipación de las mujeres sobrevi- vientes y de sus organizaciones. Prueba de que el Estado no actúa con la debida diligencia que le exi- ge el derecho internacional es que en general lo menos desarrollado de la ley integral ha sido todo lo relativo a prevención y educación, ejemplo de medidas que se prevén en abstracto pero que luego no se concretan ni desarrollan. Conti- núa asimismo pendiente la puesta en práctica efectiva del derecho de las supervivientes a la atención sanitaria adecuada, prestada por profesionales con la debida for- mación. Persisten los obstáculos de acce- sibilidad a los recursos de asis- tencia integral, especialmente para mujeres con circunstancias añadidas de riesgo (drogodepen- dencias, alcoholismo, enfermeda- des mentales,…). La implantación de los juzgados especializados en violencia contra la mujer no ha resuelto trabas en el acceso a la justicia. Se sigue juzgando la vio- lencia puntual, quedando impune La implantación de los juzgados especializados en violencia contra la mujer no ha resuelto el acceso a la justicia - En los juzgados de la CAV se deniegan el 40% de las órdenes de protección solicitadas; en el Estado es el 30% A medida que pasan las semanas y los días, da la impresión de que es cierto que algo se está moviendo en el escenario político vasco. Si he sabido interpretar bien las declara- ciones, los documentos y los pro- nunciamientos, la situación en la que a día de hoy nos encontramos es que le toca a ETA decidir si declara o no el alto el fuego unilateral, per- manente y verificable que le deman- dan los mediadores internacionales y la propia izquierda abertzale. Mientras ETA nos sigue mante- niendo en vilo, creo que no está de más añadir a ese llamamiento ofi- cial, por definirlo así, nuestra pre- sión, la de los ciudadanos, la socie- dad civil, tan necesitada de vivir en paz, sin sobresaltos, sin más penas que las que aporta la vida cotidia- na. Con todos los respetos para la interpelación de las personalidades internacionales implicadas y para el sorprendente giro protagonizado por la izquierda abertzale (nunca es tarde), tengo que recordar que la ciudadanía vasca hace ya mucho tiempo que se había manifestado claramente contra el terrorismo y contra todas las violencias. Es hora, pues, de estar alerta y redoblar los esfuerzos por apoyar cuantas ini- ciativas se presentan para lograr una paz definitiva. Siendo realista, no puedo obviar que hay conceptos contrapuestos de lo que debería suponer esa paz defi- nitiva. Para una parte de nuestra sociedad, esa paz que dicen estamos a punto de tocar con los dedos no será tal si no hay vencedores y ven- cidos. Es la paz basada en la derro- ta, en el sometimiento, en la humi- llación de aquel “cautivo y desar- mado” de nuestra guerra civil. ETA ha hecho mucho daño a esta sociedad. Es un hecho innegable. Ha protagonizado uno de los capítulos más negros de nuestra historia. Sin embargo, nuestra ansia y necesidad de paz tienen que superar cualquier tentación de venganza porque sola- mente podrá ser cierta esa paz defi- nitiva si se llega a la reconciliación. Aquí se ha sufrido mucho, cierto. Un sufrimiento que ha helado muchos corazones. Pero para devol- verles la paz es necesario un esfuer- zo de generosidad solo posible desde la grandeza de ánimo y el más cris- tiano de los desprendimientos. Que- dé profundamente impresionado al escuchar dos testimonios. Uno de ellos, el de Montse Lezaun, madre del guardia civil Diego Salvá, asesi- nado por ETA en Mallorca el verano de 2009, quien en un homenaje a las víctimas reconoció que “cada día renuevo la decisión de perdonar a los asesinos de mi hijo”. El otro, la excandidata a la vicepresidencia de Colombia, Clara Rojas, que confesó haber perdonado a Ingrid Betan- court por algunos episodios que soportaron juntas durante sus seis años de cautiverio en manos de las FARC, y agradeció a la guerrilla que no la dejara morir cuando dio a luz a su hijo en la selva. Desmond Tutú decía que sin per- dón no hay futuro. En la medida en que una persona se queda ahí, ata- da al pasado, se cierra a un mañana de liberación. Mahatma Gandhi decía: “No quie- ro mis ventanas cerradas, porque me niego a ser barrido”. Nelson Mandela se entrevistó más de sesenta veces con el jefe de sus torturadores para lograr la recon- Consejo General del Poder Judi- cial, en los juzgados de la Comu- nidad Autónoma Vasca se denie- gan el 40% de las órdenes de pro- tección solicitadas, cuando la media estatal es del 30%. Sería pre- ciso estudiar qué factores hacen que esto sea así y aplicar, en su caso, las medidas correctoras oportunas. En la Asociación pro Derechos Humanos Argituz mantenemos que a igual vulneración, iguales derechos. Y cuando decimos igua- les derechos nos referimos a igua- les derechos en verdad, justicia y reparación, de acuerdo con el derecho internacional. Por des- gracia la traducción jurídica y la aplicación práctica de esos dere- chos a través del marco legal vigente y de la praxis de los tri- bunales adolece de un mal que, no por extendido, deja de ser espe- cialmente sangrante en esta dra- mática realidad: la falta de medios económicos. Las leyes de papel son brindis al sol, guiños a la ciu- dadanía que si no se acompañan de medios materiales y humanos derivan en más frustración y en que la igualdad de todos y todas ante la ley se quede asimismo en el papel. El empuje simbólico de las grandes causas necesita no sólo de proyectos legales, sino de un empuje real que pasa por la prioridad presupuestaria y la eva- luación rigurosa como verdadera prueba de que la materia sobre la que se legisla se toma en serio. Eso es lo que exige la “diligencia debi- da” cuando hay tantas vidas de mujeres en peligro. * En representación de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz Tribuna Abierta P O R B E R T H A G A Z T E L U M E N D I Y A N D R É S K R A K E N B E R G E R ( * ) ¿Diligencia debida o despreocupación indebida? ciliación y la paz. “Ninguna rela- ción humana puede durar mucho tiempo si no existe una cultura de perdón”. Seguramente será pedir a muchas víctimas un esfuerzo heroico, pero es necesario insistir en que no es posible un escenario auténtico de paz mientras persistan sentimien- tos de odio y de venganza. La paz, esa paz que dicen se encuentra tan cer- ca, tiene que estar basada en la reconciliación. Hagamos entre todos ese difícil, incierto pero necesario camino. Un abrazo fraterno para todos los que estamos sufriendo. Eskerrik asko eta besarkada haun- di bat. * Miembro de la Sociedad Bascongada de Amigos del País. Miembro de Eusko Ikaskuntza la habitual, y casi la mitad de las denuncias interpuestas se archi- van sin una investigación diligen- te. A las víctimas se les insta de manera directa o indirecta a acu- dir al procedimiento penal habien- do recabado ellas las pruebas, cosa que no ocurre con otros delitos. Otro apartado especialmente importante en nuestro entorno es el de la protección a las víctimas. No siempre es una realidad por- que a menudo se deniega la orden de protección a mujeres en ries- go, y cuando ésta se concede, exis- ten dificultades para garantizar su cumplimiento por parte de los agresores debido a la insuficien- te dotación de efectivos policiales. Además, es especialmente preo- cupante la desigualdad que se pro- duce dependiendo del hecho de que la víctima tenga la suerte o no de tratar con jueces o fiscales con mayor o menor sensibilidad con respecto a este tipo de delitos. En relación con nuestro entorno inmediato resulta además preocu- pante que, según cifras del propio