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KOLABORAZIOA
A
finales de este mes de
junio, por mandato
del Parlamento Vasco
de 22 de diciembre de
2009, debería haberse
presentado una continuación del
“Informe de víctimas de vulnera-
ciones de derechos humanos de-
rivadas de la violencia de motiva-
ción política”. Este Informe se
elaboró a finales de la legislatura
pasada, en junio de 2008, tam-
bién por mandato parlamentario,
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por girar la mirada a todas esas
personas que murieron asesina-
das o resultaron gravemente le-
sionadas por atentados mortales,
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ciones sexuales, torturas… lleva-
dos a cabo por agentes policiales
o por grupos parapoliciales, ul-
tras, incontrolados… Una realidad
que desconocemos más allá del
rifirrafe político, que carece de re-
gistro oficial, que durante déca-
das se ha seguido negando por al-
gunos y cuyas víctimas han sido
sometidas al olvido institucional
con una falta evidente de recono-
cimiento o han sido objeto de
manipulación política.
Estas víctimas llevan esperan-
do décadas a que se tomen en
serio las violaciones de dere-
chos humanos que sufrieron,
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ciones a su integridad personal.
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nocimiento oficial, muchos de
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de a su gravedad. La Administra-
ción de Justicia, en la mayoría de
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parcial o no llegó a una senten-
cia. Hasta la actualidad, en nu-
merosos de esos casos no se ha
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imprescindible un discurso pú-
blico que asuma, antes que na-
da, la implicación y responsabi-
lidad del Estado, y sea creíble y
eficaz con las víctimas en térmi-
nos del discurso simbólico y de
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ción del Gobierno de Gran Breta-
ña respecto de la represión del
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del Norte ofrece un ejemplo cer-
cano de lo saludable que supone
además para la democracia di-
cho reconocimiento. Hacerlo así
no significa igualar los procesos
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ción, ni a los perpetradores, ni
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Según la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, en
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dos son iguales ante la ley y
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“Principios y directrices básicos
de Naciones Unidas sobre el de-
recho de las víctimas de viola-
ciones manifiestas de las nor-
mas internacionales de derechos
humanos” tampoco incluyen di-
ferenciación alguna entre vícti-
mas a la hora de establecer y de-
finir las obligaciones de verdad,
justicia y reparación. El Artículo
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de 1978 no deja lugar a dudas so-
bre la aplicabilidad de estos
principios cuando afirma: «Las
normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad
con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los Trata-
dos y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratifi-
cados por España».
C
ualquier política de
atención y reconoci-
miento a las víctimas
debe promover la in-
vestigación de los he-
chos, y contar con medidas y
mecanismos con la legitimidad
moral y el apoyo para poder
efectivamente llevarlas a cabo
respetando los derechos de las
víctimas. Ojalá también que
conlleven el mayor consenso po-
lítico posible, pero éste no puede
ser una excusa para negar los de-
rechos de las víctimas o negociar
a la baja su satisfacción.
Sería una buenísima noticia,
en primer lugar para las vícti-
mas, que cualquier nueva deci-
sión desde la administración pú-
blica dé pasos en la dirección
señalada. El mandato del Parla-
mento Vasco es «continuar» y,
para ello también se necesita un
debate y participación social que
permita avanzar en la recons-
trucción del tejido social fractu-
rado por la violencia y el terror
en Euskadi. Entendemos que una
política pública de víctimas de-
bería abrir un horizonte a esta re-
construcción del tejido social, sin
discriminaciones, sanando las
heridas y con relatos incluyentes.
Puntos clave que apuntan a la
delicada arquitectura de con-
fluencia de las políticas de vícti-
mas del terrorismo de ETA, vícti-
mas de «otros terrorismos»
(GAL, BVE, Triple A, etcétera) y de
«otras víctimas» de violaciones
de derechos humanos.
H
asta hoy las políticas
de víctimas en Eus-
kadi no responden a
un criterio de equi-
dad: a igual viola-
ción la misma reparación o re-
conocimiento. Las víctimas de
ETA cuentan con un marco legal
estatal y autonómico que reco-
ge sus derechos y que impulsa
también un discurso público de
reconocimiento y reparación.
Sin embargo, aquellas «víctimas
del terrorismo» que no es el de
ETA, no han recibido el mismo
tratamiento. En muchas ocasio-
nes los tribunales han hecho in-
terpretaciones restrictivas, ne-
gándoles la condición de
víctima, o sólo reconociéndoles
como tal –y abriendo así la posi-
bilidad de beneficiarse de la ley–
después de una interminable
batalla judicial, como en el caso
de Normi Menchaca (santurtzia-
rra muerta por disparos en una
manifestación en 1976), aumen-
tando injustamente su discrimi-
nación y sufrimiento. Otras mu-
chas no han tenido fuerzas o
apoyo para hacerlo, pero se en-
cuentran en la misma situación.
El discurso público, además, las
ha relegado de la memoria, las
formas de reconocimiento o los
homenajes oficiales.
Incluso los propios conceptos
que se usan para definir las vio-
laciones de derechos humanos
están sometidos a restricciones
y falta de reconocimiento. Por
ejemplo, en muchos casos la
condición de víctima del terro-
rismo depende de que los per-
petradores hayan actuado de
forma clandestina o lo hayan
hecho con uniforme. El proble-
ma de estas categorías no es el
análisis que cada quién quiera
hacer de las mismas o el juicio
histórico que merezcan según la
ideología, sino que conllevan
consecuencias negativas y dis-
criminatorias para muchas víc-
timas. Los derechos que se les
deben, y que vienen marcados
por el derecho internacional de
los derechos humanos, no en-
cuentran en las leyes actuales
una traducción cabal sino un ta-
miz que genera categorías de
mejor y peor condición, con
prestaciones y discursos de re-
paración que se basan más en la
categorización que en el recono-
cimiento de los hechos. Esta asi-
metría es injusta para las vícti-
mas directas y sus familiares, y
tiene implicaciones colectivas
porque perpetúa heridas que no
permiten ir reconstruyendo
nuestro tejido social para el fu-
turo que queremos de convi-
vencia y paz.
S
aludamos la iniciativa
de revisar estas políti-
cas y recomendamos a
los partidos políticos y
a los movimientos so-
ciales una actitud proactiva y
positiva de traspasar fronteras
de análisis e ideologías. Una po-
lítica pública e incluyente de víc-
timas debe responder no sólo a
una demanda siempre posterga-
da de reconocimiento a unas
víctimas para que deje de lla-
márseles «las otras víctimas»;
además debe ser una contribu-
ción al respeto de los derechos
humanos y a la reconstrucción
social.
Volver a dejar las cosas en la
discriminación y en la falta de
reconocimiento, o encerrarse en
los esquemas excluyentes, o li-
mitarse a los casos que tengan
una sentencia judicial, reprodu-
ciría de nuevo la marginación de
las víctimas. Como ya sucede en
la minoría de casos de tortura
que han contado con investiga-
ción judicial efectiva o una de-
terminación de responsabilida-
des individuales, la reparación
se ha establecido con el baremo
de los accidentes de tráfico y no
con estándares de derechos hu-
manos. No dejemos que este le-
gado de injusticia forme parte
de nuestra historia. Cientos de
personas que resultaron vícti-
mas de violaciones de derechos
humanos esperan y merecen
una respuesta digna en la que
ellas y ellos sean el centro y no
las preocupaciones políticas de
este o aquel partido político.
(*) Firman también este artículo Pedro
Larraia, Iñaki Lekuona, Carlos Martín, Be-
nito Morentin y Sabino Ormazabal.
Volver a dejar las cosas
en la discriminación y en
la falta de
reconocimiento, o
encerrarse en los
esquemas excluyentes, o
limitarse a los casos que
tengan una sentencia
judicial, reproduciría de
nuevo la marginación de
las víctimas. Como ya
sucede en la minoría de
casos de tortura que han
contado con
investigación judicial
efectiva o una
determinación de
responsabilidades
individuales, la reparación
se ha establecido con el
baremo de los
accidentes de tráfico y
no con estándares de
derechos humanos. No
dejemos que este legado
de injusticia forme parte
de nuestra historia
Hacia un
reconocimiento
equitativo y plural
de las víctimas
Joana Abrisketa, Andrés Krakenberger y Jon Landa (*)
Miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz

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Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas

  • 1. IritziaGARA 2010 7 3 larunbata 13 KOLABORAZIOA A finales de este mes de junio, por mandato del Parlamento Vasco de 22 de diciembre de 2009, debería haberse presentado una continuación del “Informe de víctimas de vulnera- ciones de derechos humanos de- rivadas de la violencia de motiva- ción política”. Este Informe se elaboró a finales de la legislatura pasada, en junio de 2008, tam- bién por mandato parlamentario, y supuso un primer intento serio por girar la mirada a todas esas personas que murieron asesina- das o resultaron gravemente le- sionadas por atentados mortales, secuestros, abuso de poder, viola- ciones sexuales, torturas… lleva- dos a cabo por agentes policiales o por grupos parapoliciales, ul- tras, incontrolados… Una realidad que desconocemos más allá del rifirrafe político, que carece de re- gistro oficial, que durante déca- das se ha seguido negando por al- gunos y cuyas víctimas han sido sometidas al olvido institucional con una falta evidente de recono- cimiento o han sido objeto de manipulación política. Estas víctimas llevan esperan- do décadas a que se tomen en serio las violaciones de dere- chos humanos que sufrieron, con resultado de muerte o viola- ciones a su integridad personal. Mientras, han vivido todo este tiempo sin un reconocimiento social de los hechos, de la res- ponsabilidad del Estado o de su impunidad posterior. Además de esta falta de reco- nocimiento oficial, muchos de esos hechos no contaron con una investigación judicial acor- de a su gravedad. La Administra- ción de Justicia, en la mayoría de los supuestos, o no inició activi- dad alguna (falta de instrucción, permisividad...) o si la hubo fue parcial o no llegó a una senten- cia. Hasta la actualidad, en nu- merosos de esos casos no se ha realizado ninguna investigación independiente. Todo está por ha- cer: aclarar qué pasó, establecer responsabilidades y promover una reparación. Para ello resulta imprescindible un discurso pú- blico que asuma, antes que na- da, la implicación y responsabi- lidad del Estado, y sea creíble y eficaz con las víctimas en térmi- nos del discurso simbólico y de las políticas públicas que deben desplegarse. La reciente resolu- ción del Gobierno de Gran Breta- ña respecto de la represión del Domingo Sangriento en Irlanda del Norte ofrece un ejemplo cer- cano de lo saludable que supone además para la democracia di- cho reconocimiento. Hacerlo así no significa igualar los procesos que han llevado a la victimiza- ción, ni a los perpetradores, ni mucho menos justificar cual- quier tipo de actuación violenta. Según la Declaración Univer- sal de los Derechos Humanos, en sus artículos 1 y 2, «todos los se- res humanos nacen libres e igua- les en dignidad y derechos», y «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclama- dos en esta Declaración, sin dis- tinción alguna de raza, color, se- xo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índo- le» y, por si lo anterior no basta- ra, el artículo 7 explicita que «to- dos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley». Los “Principios y directrices básicos de Naciones Unidas sobre el de- recho de las víctimas de viola- ciones manifiestas de las nor- mas internacionales de derechos humanos” tampoco incluyen di- ferenciación alguna entre vícti- mas a la hora de establecer y de- finir las obligaciones de verdad, justicia y reparación. El Artículo 10 de la Constitución Española de 1978 no deja lugar a dudas so- bre la aplicabilidad de estos principios cuando afirma: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Trata- dos y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratifi- cados por España». C ualquier política de atención y reconoci- miento a las víctimas debe promover la in- vestigación de los he- chos, y contar con medidas y mecanismos con la legitimidad moral y el apoyo para poder efectivamente llevarlas a cabo respetando los derechos de las víctimas. Ojalá también que conlleven el mayor consenso po- lítico posible, pero éste no puede ser una excusa para negar los de- rechos de las víctimas o negociar a la baja su satisfacción. Sería una buenísima noticia, en primer lugar para las vícti- mas, que cualquier nueva deci- sión desde la administración pú- blica dé pasos en la dirección señalada. El mandato del Parla- mento Vasco es «continuar» y, para ello también se necesita un debate y participación social que permita avanzar en la recons- trucción del tejido social fractu- rado por la violencia y el terror en Euskadi. Entendemos que una política pública de víctimas de- bería abrir un horizonte a esta re- construcción del tejido social, sin discriminaciones, sanando las heridas y con relatos incluyentes. Puntos clave que apuntan a la delicada arquitectura de con- fluencia de las políticas de vícti- mas del terrorismo de ETA, vícti- mas de «otros terrorismos» (GAL, BVE, Triple A, etcétera) y de «otras víctimas» de violaciones de derechos humanos. H asta hoy las políticas de víctimas en Eus- kadi no responden a un criterio de equi- dad: a igual viola- ción la misma reparación o re- conocimiento. Las víctimas de ETA cuentan con un marco legal estatal y autonómico que reco- ge sus derechos y que impulsa también un discurso público de reconocimiento y reparación. Sin embargo, aquellas «víctimas del terrorismo» que no es el de ETA, no han recibido el mismo tratamiento. En muchas ocasio- nes los tribunales han hecho in- terpretaciones restrictivas, ne- gándoles la condición de víctima, o sólo reconociéndoles como tal –y abriendo así la posi- bilidad de beneficiarse de la ley– después de una interminable batalla judicial, como en el caso de Normi Menchaca (santurtzia- rra muerta por disparos en una manifestación en 1976), aumen- tando injustamente su discrimi- nación y sufrimiento. Otras mu- chas no han tenido fuerzas o apoyo para hacerlo, pero se en- cuentran en la misma situación. El discurso público, además, las ha relegado de la memoria, las formas de reconocimiento o los homenajes oficiales. Incluso los propios conceptos que se usan para definir las vio- laciones de derechos humanos están sometidos a restricciones y falta de reconocimiento. Por ejemplo, en muchos casos la condición de víctima del terro- rismo depende de que los per- petradores hayan actuado de forma clandestina o lo hayan hecho con uniforme. El proble- ma de estas categorías no es el análisis que cada quién quiera hacer de las mismas o el juicio histórico que merezcan según la ideología, sino que conllevan consecuencias negativas y dis- criminatorias para muchas víc- timas. Los derechos que se les deben, y que vienen marcados por el derecho internacional de los derechos humanos, no en- cuentran en las leyes actuales una traducción cabal sino un ta- miz que genera categorías de mejor y peor condición, con prestaciones y discursos de re- paración que se basan más en la categorización que en el recono- cimiento de los hechos. Esta asi- metría es injusta para las vícti- mas directas y sus familiares, y tiene implicaciones colectivas porque perpetúa heridas que no permiten ir reconstruyendo nuestro tejido social para el fu- turo que queremos de convi- vencia y paz. S aludamos la iniciativa de revisar estas políti- cas y recomendamos a los partidos políticos y a los movimientos so- ciales una actitud proactiva y positiva de traspasar fronteras de análisis e ideologías. Una po- lítica pública e incluyente de víc- timas debe responder no sólo a una demanda siempre posterga- da de reconocimiento a unas víctimas para que deje de lla- márseles «las otras víctimas»; además debe ser una contribu- ción al respeto de los derechos humanos y a la reconstrucción social. Volver a dejar las cosas en la discriminación y en la falta de reconocimiento, o encerrarse en los esquemas excluyentes, o li- mitarse a los casos que tengan una sentencia judicial, reprodu- ciría de nuevo la marginación de las víctimas. Como ya sucede en la minoría de casos de tortura que han contado con investiga- ción judicial efectiva o una de- terminación de responsabilida- des individuales, la reparación se ha establecido con el baremo de los accidentes de tráfico y no con estándares de derechos hu- manos. No dejemos que este le- gado de injusticia forme parte de nuestra historia. Cientos de personas que resultaron vícti- mas de violaciones de derechos humanos esperan y merecen una respuesta digna en la que ellas y ellos sean el centro y no las preocupaciones políticas de este o aquel partido político. (*) Firman también este artículo Pedro Larraia, Iñaki Lekuona, Carlos Martín, Be- nito Morentin y Sabino Ormazabal. Volver a dejar las cosas en la discriminación y en la falta de reconocimiento, o encerrarse en los esquemas excluyentes, o limitarse a los casos que tengan una sentencia judicial, reproduciría de nuevo la marginación de las víctimas. Como ya sucede en la minoría de casos de tortura que han contado con investigación judicial efectiva o una determinación de responsabilidades individuales, la reparación se ha establecido con el baremo de los accidentes de tráfico y no con estándares de derechos humanos. No dejemos que este legado de injusticia forme parte de nuestra historia Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las víctimas Joana Abrisketa, Andrés Krakenberger y Jon Landa (*) Miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz