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Reino de España, ¿reino sin tortura?

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La falta de investigación no sólo es desidia; si sucede reiteradamente es un mecanismo
consciente de impunidad. 3 Mayo 2011 Diario Noticias Alava

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Reino de España, ¿reino sin tortura?

  1. 1. 4 OPINIÓN Diario de Noticias de Álava Martes, 3 de mayo de 2011 Cartas al Director Los textos dirigidos a esta sección de Cartas al Director y Tribuna Abierta (páginas 4 y 5) deberán ir firmados y también debe adjuntarse fotocopia del DNI del remitente y número de teléfono. DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos, extractarlos o corregir su estilo en función de su interés público. No se mantendrá correspondencia. Dirección: Cartas al Director. Avenida Gasteiz 22-bis 01008 Vitoria-Gasteiz. Correo electrónico: cartas@noticiasdealava.com Agur democracia Tras este período de democracia que acaba de terminar –salvo que el Tri- bunal Constitucional lo remedie in extremis– procede realizar algunos cambios para adaptar bonitas teo- rías a la práctica habitual. Uno sería establecer el principio de que es preferible que haya cien inocen- tes condenados que un culpable libre. Otro sería que la culpabilidad se presume y, por fin, habría que sustituir esa locución que tanto lle- na la boca de los políticos que no tenían tantos problemas durante el franquismo de Estado de Derecho por la de Estado de Derechas. Manu Deop Vitoria-Gasteiz ‘Castigos’ a la licencia por maternidad El pasado mes de septiembre, con ocasión de la prórroga de contratos a numerosos funcionarios interi- nos del departamento vasco de Jus- ticia que se encontraban sustitu- yendo a funcionarios titulares ausentes por comisión de servicios, se prorrogó el contrato a todos excepto a una trabajadora que se encontraba en licencia por mater- nidad. Posteriormente, otra fun- cionaria embarazada fue adverti- da, de forma verbal, de la no reno- vación de su contrato de refuerzo si la fecha de renovación coincidía con la licencia por maternidad. Y la última se ha producido al dene- gar por dos veces, en el breve plazo de tres semanas, comisión de ser- vicios a una funcionaria de carre- ra por encontrarse en el período de acumulación de lactancia. Resultan gravísimas estas con- ductas de la Dirección de la Ofici- na Judicial, dependiente de la Vice- consejeria de Justicia del Gobier- no Vasco, ya que los tratos desfa- vorables basados en el embarazo o los motivados por la concurrencia de bajas laborales causadas por el embarazo, al afectar exclusiva- mente a la mujer, constituyen una discriminación directa por razón de sexo. La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dispone que, entre otras, tienen la consideración de discri- minación la situación en que una disposición, criterio o práctica apa- rentemente neutros pone a una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro. Estos hechos nos hacen recor- dar que la igualdad formal plas- mada en leyes e instituciones se queda en muchos casos en eso: en un plano formal y simbólico que no garantiza per se el cumplimiento de los derechos o la sanción en caso de incumplimiento. La igualdad real entre mujeres y hombres en el mundo laboral y, en este caso, en la Oficina Judicial y Fiscal vasca es un objetivo lejano al vulnerar un derecho básico como es la protección de las muje- res trabajadoras y su derecho a la maternidad. Alex Agote Gil La ocultación de la enfermedad profesional H ACER visibles las enfermedades pro- fesionales es el mayor reto preventi- vo del sindicalismo actual y de los defensores de la sanidad pública; un objetivo que no puede ni debe reducirse al Día Internacional de la Seguridad y Salud en el tra- bajo. La actividad de los servicios de prevención en las empresas vascas durante años se ha redu- cido, en el mejor de los casos, a evitar los acci- dentes de trabajo. Este es sin duda un problema dramático y de mayor dificultad a la hora de ocultarlo. Sin embargo, las jornadas laborales perdidas por los accidentes no suponen ni el 10% de los días de trabajo perdidos por la precaria protección de la salud de los trabajadores cuan- do se ignoran las enfermedades profesionales. De manera lenta pero progresiva y gracias al esfuerzo de todos, los accidentes han disminui- do, consecuencia también de la destrucción de empleo en sectores de riesgo. Pero hoy todavía es necesario reforzar la acción preventiva. Las enfermedades de tipo profesional, en su gran mayoría, no son instantáneas a la exposi- ción a unas condiciones de trabajo insalubres; estas dolencias aparecen décadas más tarde. La mortalidad ligada a enfermedades con un largo periodo de latencia aparecen cuando el enfermo está punto de finalizar su vida laboral, incluso tras la jubilación. Los servicios de Osakidetza han comunicado tan sólo 57 sospechas de enfer- medad profesional en 2010, lo cual denota el pasotismo de sus gestores políticos; supone ade- más un deterioro de nuestra sanidad pública, que debe asumir costes económicos millonarios que corresponden a las Mutuas. El dumping que practican algunos servicios de Prevención está a la orden del día. El con- trato con empresas para realizar la vigilancia sanitaria de los trabajadores oscila entre 30 y 67 euros por trabajador al año. Quien abarata los precios favorece el fraude y no tiene tiempo para comunicar sospecha de las enfermedades detec- tadas. Esta es una práctica fraudulenta con la que urge acabar. Si la enfermedad profesional queda oculta, desaparecen los motivos para prevenir y se olvi- da la mejora de las condiciones de trabajo. Como resultado de esas malas prácticas, las Mutuas hacen su negocio y alardean de la eficacia de su gestión gracias a la externalización de las enfer- medades y sus costes a Osakidetza. Asimismo, la CEOE y otros agentes reclaman reducir las cotizaciones por accidente y enfermedad profe- sional y esto hay que impedirlo. Jesús Uzkudun Secretario de Salud Laboral de CCOO Euskadi Másquepalabras J AV I E R V I Z C A Í N O Indignarse CAPRICHOSA actualidad. El domingo nos fuimos a la cama con la certidumbre reconfirmada de que hay repúblicas bananeras que no tienen nada que envidiar al reino de España y ayer al levan- tarnos, comprobamos que a los enemigos públicos número uno del orbe se los puede apiolar para jolgorio general. Luego, los due- ños de este balón con forma de mapamundi y los ujieres que atienden en sus sucursales repar- tidas por la esfera nos cantan las mañanas con pleonasmos falsa- rios como “juicio justo” o “prin- cipios democráticos”. Ni siquiera necesitan disimular. Saben que por encima de ellos sólo están los intocables Merca- dos, que no se meten en menu- dencias como la legalidad o la libertad, salvo que crean que un euro suyo está en juego. A partir de ahí, hay barra libre, tanto para que el líder del mundo fetén liqui- de iconos creados por el mismo, como para que un tribunal de las colonias fulmine con un auto pre- fabricado doscientas y pico can- didaturas impolutas. Junto al teclado en el que me rasco estos picores tengo desde hace unas semanas un ejemplar de ¡Indignaos!, del nonagenario Stéphane Hessel. Contando el pró- logo de su coetáneo, José Luis Sampedro, son apenas sesenta páginas que hacen inventario de algunos de los motivos que debe- rían llevarnos a una cabreada concienzación previa a plantar cara a quienes nos toman global o localmente por el pito de un sereno. ¿Y? Y nada. Me gustaría escribir otra cosa, pues simpatizo con el autor y el prologuista y he asentido ante casi todas las razones para la rebelión que van detallando. La teoría, los motivos para el enca- bronamiento, los tenemos abso- lutamente claros. Falla, como siempre, la puesta en práctica. Tomemos como ejemplo cercano y doloroso el pateo del Supremo a Bildu. ¿Qué va a venir después de la torrentera de mala sangre que nos hemos hecho en Twitter y Facebook? Poca cosa. Esperar a ver si hay suerte y el jueves el Constitucional está de buenas. E L pasado 25 de marzo, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa publi- có el informe de su visita en 2007 a España, donde muestra su preocu- pación por las alegaciones de seve- ro maltrato que recogieron –unidas a evidencias médicas– e insiste en sus recomendaciones concretas para prevenir la tortura. El 8 de marzo, el Tribunal Europeo de Dere- chos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenó al Reino de Espa- ña (caso Beristain Ukar contra Espa- ña) por no haber investigado las denuncias realizadas por el deman- dante, que afirmaba haber sido tor- turado en 2002. El 28 de septiembre de 2010, el mismo tribunal había condenado a España (caso San Argi- miro Isasa) por el mismo motivo. En ambos casos, el tribunal no certifi- ca que hubiera torturas, pero con- dena a España por una violación procesal del artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos. Es decir, por- que la imposibilidad de establecer si hubo o no tortura se deriva pre- cisamente de no haberse investiga- do adecuadamente. A la vista de ambas sentencias y del informe del CPT, temporalmen- te tan seguidas, y teniendo en cuen- ta la función de intervención excep- cional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tema es de la máxima gravedad y el tirón de ore- jas al Estado español es de una intensidad inusitada. No es para menos: la falta de investigación no sólo es desidia. Cuando sucede de forma reiterada es un mecanismo activo y consciente de impunidad. Esta política choca frontalmente con las obligaciones contraídas legalmente por España al ratificar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, pero también con la propia Constitución españo- la, como lo ha recordado reciente- mente el propio Tribunal Constitu- cional en el caso Majarenas. En esta sentencia insiste: los tribunales ordinarios no investigan y están incumpliendo su obligación. Desgraciadamente, las sentencias no son nada nuevo y la actitud de España en relación a las denuncias de tortura nunca ha sido garantis- ta. Como insistentemente denuncia Amnistía Internacional, las denun- cias no se investigan y se archivan directamente; cuando se investigan, los procedimientos duran una media de 15 a 20 años hasta que se pronuncia la sentencia definitiva; si a pesar de las trabas de todo tipo se llega a identificar y condenar a algu- no de los perpetradores, las senten- cias suelen ser benignas, seguidas además por indultos –expresamen- te condenados y rechazados por la jurisprudencia del TEDH– cuando no de condecoraciones e incluso ascensos. Las indemnizaciones civi-
  2. 2. Diario de Noticias de Álava Martes, 3 de mayo de 2011 OPINIÓN 5 Lafaltadeinvestigación nosóloesdesidia;si sucedereiteradamente esunmecanismo conscientedeimpunidad - Reconocer y acotar la tortura, cuya existencia afecta cada vez más al cuerpo de la democracia, exige valentía Tribuna Abierta P O R B E N I T O M O R E N T I N ( * ) Reino de España, ¿reino sin tortura? Tribuna Abierta P O R X O S É L U I S B A R R E I R O R I VA S ( * ) Un bochorno que viaja de Poder a Poder A L haber elegido la vía de la acción preventiva con- tra el terrorismo –que la Ley de Partidos instru- menta de forma jurídicamente antidemocrática, políticamente irresponsable y procesalmente cha- pucera–, la bochornosa intención de interceptar la presencia de los abertzales en las elecciones va comprometiendo de for- ma sucesiva a todos los poderes del Estado, destruyendo su credibilidad y obligando a sus funcionarios a hacer el ridícu- lo. Y por eso cabe pensar que cuando esta pesadilla termine tendremos que hacer enormes esfuerzos para restaurar nues- tra fe en la independencia de los tres poderes, en la presun- ción de inocencia y en el respeto formal de nuestras institu- ciones a los derechos fundamentales de las personas. Para que esta situación se hiciese posible, y para que nadie se extrañe de que sean los ciudadanos los que tengan que demostrar su inocencia mientras los ministros, jueces y fis- cales hacen gruesos juicios de intenciones o hábiles ensayos sobre contaminación criminal indirecta. Fue precisa una minuciosacampañadeadoctrinamientoque,conunéxitoabso- luto, digno de mejor causa, ha convencido a los ciudadanos de que contra el terrorismo no hay distingos ni principios demo- cráticos que valgan, y que es mucho mejor que haya veinte mil inocentes injustamente privados de su derecho de voto pasi- vo, y dos millones de vascos con su derecho de voto activo seve- ramente limitado, a que haya un solo sospechoso de haber tomado un txakoli en una herriko taberna que se haya colado en una lista de la legalísima coalición Bildu. Por eso elproblema esirresoluble.Porque mientrasa un polí- tico, a un juez o a un diputado le sale gratis cualquier exceso que pueda cometer en su institucional empecinamiento por impedir la presencia de batasunos en las listas, no quiero ni pensar qué le pasaría a un ministro de Interior o de Justicia, a un juez o a un diputado al que pudiese atribuírsele no ya una falta de celo, sino la más mínima vacilación a la hora de inter- pretar o aplicar la ley pisando los sembrados de la democra- cia o derribando las señales de la circulación jurídica. Porque tantolaLeydePartidoscomoloquedeellasederivaestáhecho para que la instrumentación política del terrorismo sea más fácil y contundente de lo que era antes. Y por eso, porque todos tenemos la sensación de que no hay nada que no pueda hacer- se para derrotar al abertzalismo en los tribunales en vez de hacerlo en las urnas, siempre queda la posibilidad de atribuir connivencias terroristas a cualquiera que no desfile al paso que marcan los tambores del PP o que se desvíe un milímetro de sus himnos pseudopatrióticos. Arrastrados de estos polvos, lo que tienen que hacer ahora los policías, abogados del Estado y jueces no tiene nada que ver con su obligación de probar hechos delictivos, sino con la necesidad de obligar a Bildu a probar que no tiene nada que ver con las intenciones que se le atribuyen, con las ridículas contaminaciones que tipifica la ley o con las simples fabula- ciones que, en una fatal interpretación de sus obligaciones, acaban construyendo los servidores públicos. Para redondear este bochorno sólo faltaba, pero ahí está, la complacencia de una opinión pública y publicada que comul- ga con mucho gusto con ruedas de molino y que abraza entu- siasmada todo aquello que se expresa en lenguaje correcto. Lo que menos parece interesarnos es volver a la normalidad la política vasca, y sólo nos preocupa que si pasa algo –Dios no lo quiera– podamos decir, como los niños repelentes, “yo no fui”. Porque ahí termina, por desgracia, el programa ético que inspira este bochornoso proceso. * Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela les de las víctimas se calculan con el baremo utilizado para los acci- dentes de tráfico, y no como exigi- ría la gravedad de un delito, doloso por naturaleza, contra el núcleo de los derechos humanos. Cuando se van a cumplir más de 30 años de la respuesta del Gobier- no a los diez puntos para la erradi- cación de la tortura de Amnistía Internacional, y a la vista de los sucesivos informes publicados des- de entonces, una de las excusas más oídas para no actuar consiste en atribuir a los denunciantes de tor- tura una aviesa intencionalidad y pregonar que siguen consignas polí- ticas de ETA, o que denuncian para empañar el buen nombre del Esta- do y lograr así ser ellos mismos exo- nerados. Mientras, la investigación, salvo honrosas excepciones, se ha visto atravesada por numerosos obs- táculos impropios de un Estado democrático. Las sentencias de Estrasburgo no sólo señalan estos obstáculos –que ya conocemos gra- cias al trabajo de los relatores sobre la tortura de Naciones Unidas, del CPT del Consejo de Europa y sus respectivos informes–, sino que las sentencias ponen de manifiesto algo más: la inacción. El propio Ararteko hizo público recientemente en un pronunciamien- to oficial que encima de su mesa hay tres estudios que muestran la rele- vancia de la problemática de la tortu- ra. Uno de ellos, titulado Tortura: una aproximación científica 2000-2008, fue realizado por un grupo de médicos forenses y muestra que existe una alta correlación entre las denuncias de tor- turas y tres variables: el cuerpo poli- cial que ha hecho la detención, la duración de la incomunicación y la aplicación o no de los protocolos de prevención existentes. Numerosos detenidos que luego fueron puestos en libertad sin cargos denunciaron tor- turas y malos tratos. Por otra parte, los informes del CPT señalan que la incomunicación crea un contexto don- de la posibilidad de tortura es mayor y más difícil de investigar, aunque, como señala Amnistía Internacional, la tortura va más allá de la detención incomunicada, especialmente en casos de detenciones de personas inmigrantes. Hasta la misma Audiencia Nacio- nal en el caso Egunkaria cuestiona por qué no se investigaron las denuncias de tortura. No ha habido una sola condena de torturas en materia de terrorismo desde que entró en vigor el nuevo Código Penal de 1995, hasta el caso Portu y Sarasola. ¿A qué se espera para abordar este grave problema con la honestidad que se merece? ¿Dónde queda la sensibilidad democrática y el respeto hacia toda víctima de una grave violación de derechos humanos como ésta, independien- temente de los motivos de su deten- ción? No obstante, el Gobierno actual sigue afirmando, como hicie- ron los anteriores, que la tortura no existe. Pero no se deciden ni a rea- lizar una investigación seria e inde- pendiente ni a seguir las recomen- daciones de los organismos inter- nacionales, y menos a establecer un mecanismo independiente de inves- tigación como han hecho otros paí- ses de nuestro entorno cercano. ¿Por qué? Los gobiernos español y vasco tienen que mostrar una voluntad real de erradicar e inves- tigar la tortura. De no ser así, van a seguir produciéndose condenas por no investigar las denuncias e infor- mes internacionales cuestionando al Estado español. Esconder la cabe- za debajo del ala no es la manera de abordar el problema. Enfrentar, reconocer y ponerle coto a la tortu- ra –un problema acumulado y enquistado durante años, cuya exis- tencia cada vez afecta más al cuer- po de la democracia– exige valentía. Para ello, el primer paso es sacarla a la luz: investigar. Una investiga- ción independiente, que ayude a tomar decisiones sobre los casos denunciados, el derecho de las víc- timas y la prevención. Y que nos dé una imagen real de su extensión. Es posible, Chile lo hizo con la Comi- sión Valech. ¿Cuántos años tendre- mos que seguir esperando aquí? * Firman también Xabier Urmeneta y Nerea Goikoetxea, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz ONDA VASCA ARABA 98.0 FM ¿De verdad se ha hecho justicia como proclama solemne Obama? Si se entiende la justicia omo mera venganza, es posible. Muchos compatriotas del presidente norteamericano pare- cen coincidir con él. Pero no deja de ser un crimen de Estado. Bin Laden ha sido asesinado sin juicio. Y mejor que pasear su cadáver como trofeo hubiera sido llevarlo en vida ante un tribunal. Obama ha ido más allá que González y sus dudas sobre volar a la cúpula de ETA. Impropio de un premio Nobel de la Paz. El lapitzero Obama

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