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DESARROLLO DE PROGRAMAS FITOSANITARIOS EN EL CONTEXTO DE LA
GLOBALIZACION ECONOMICA*
Javier Trujillo Arriaga**
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Iniciaré esta exposición presentando la siguiente analogía: de la misma forma en que el
desarrollo de caminos y transportes durante el siglo XIX indujo una Revolución Agrícola en
los países más desarrollados de entonces (habiendo hecho posible el acceso de productos
agrícolas desde los puntos de producción hasta los de consumo); los acuerdos
internacionales sobre comercio que operan actualmente (tanto regionales como el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte —vigente desde 1994-, como e! Acuerdo Mundial,
administrado por la Organización Mundial de Comercio —vigente desde 1995) han abierto
caminos para el comercio de productos agrícolas que pueden (y deben) reflejarse en el
crecimiento de sectores productivos que puedan competir exitosamente, tanto como
consecuencia de sus atributos inherentes, como de los que puedan adquirir a través de
apoyo tecnológico.
Los Acuerdos comerciales en los que participa México, eliminarán, tarde o temprano, los
impuestos a la importación, de todos los productos agrícolas. Sin embargo reconocen el
derecho soberano de cada país, para que el libre comercio de mercancías no amenace la
salud de sus ciudadanos, ni la protección de sus recursos naturales, a través de la
introducción de productos que contengan contaminantes o acarreen plagas exóticas.
Con el propósito de que las regulaciones sanitarias y fitosanitarias que puedan establecer
los países al comercio de productos agrícolas y otros bienes, se han establecido Acuerdos
Ensayo que presenta como aspirante para ingresar a la Especialidad de Ingeniería Agronónica de la Academia
Mexicana de Ingeniería, el 22 de enero de 1998, en el Salón de Actos de la Academia en el Salón de Minería, sito en
Tacuba No. 5 de la Ciudad de México.
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que identifican las obligaciones,
derechos y disciplinas que deben observarse para la operación del comercio entre los países
miembros. Los Acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias son vinculantes, y hacen
una aportación fundamental para desarrollar nuevos mercados: establece los
procedimientos de consultas y solución de diferencias sobre la aplicación de medidas
sanitarias y fitosanitarias. Esto es, impide que los países establezcan regulaciones que no
están justificadas técnicamente.
Los Acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias establecen además dos conceptos
cuya aplicación facilita el comercio: la equivalencia y la armonización. La equivalencia se
refiere a que los países se reconocen entre sí el derecho de lograr un resultado esperado, a
través de cualquier procedimiento que seleccionen. La armonización se refiere a la
obligación que tienen los países, para establecer sus regulaciones en referencia a normas
internacionales de referencia, y en el caso de no hacerlo así, deberán presentar la base
técnica que justifique esa decisión.
La equivalencia abre la oportunidad para que los países exportadores hagan uso de las
tecnologías, y formas de aplicarlas, que les resulten más convenientes. La armonización
tiene el propósito de que el comercio esté sujeto a normas similares a través de todos los
países miembros de los acuerdos comerciales, y en consecuencia, que el sector privado
tenga certidumbre en las operaciones que realiza a través de distintos países. El Acuerdo
promueve la elaboración de normas internacionales de referencia, las cuales pueden ser
útiles, por un lado, para facilitar las consultas y soluciones de diferencias, y por el otro, para
facilitar la armonización de regulaciones sanitarias y fitosanitarias.
** Instituto de Fitosanidad. Colegio de Postgraduados en ciencias Agrícolas. Correo electrónico:
fitosanidadcolpos.mx
2
El acuerdo MSF de la OMC, reconoce a la Organización para la Agricultura y la Alimentación
de la Organización de las Naciones Unidas (FAO), a través del Secretariado, la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria, como la organización competente para elaborar
normas fitosanitarias internacionales, y también reconoce a la Comisión del Codex
Alimentarius (que operan conjuntamente la FAO y la Organización Mundial de la Salud) para
establecer límites máximos de residuos de plaguicidas (LMR) agrícolas sobre productos
agrícolas frescos. Los LMR's establecidos por el Codex Alimentarius también son
reconocidos por la OMC como normas internacionales de referencia, que podrán ser
empleadas en caso que no exista LMR nacional, para una combinación producto agrícola-
producto plaguicida.
La inocuidad de alimentos relacionada con microorganismos, se observa como un tema
nuevo en las restricciones al comercio de frutas y hortalizas; la primera iniciativa legislativa,
sobre esto ha sido promovida durante 1997, por un país importador muy importante (Estados
Unidos), y se espera que generará una tendencia de establecimiento de normas por parte de
otros países.
Los Acuerdos comerciales también incluyen Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio, que establecen las disciplinas que deberán adoptar los países para el
establecimiento de normas de calidad que deberán cumplir los productos agrícolas. El
cumplimiento de las normas de calidad no es vigilado por el sector oficial; aunque puede
adquirir un grado de obligatoriedad entre compradores y vendedores, al grado que la
capacidad de conformar con ellas podrá ser definitiva para que los productos puedan
acceder a algún mercado. Como ejemplo de la importancia que tienen, se presenta el caso
de operaciones comerciales que se realizan a través de telecomunicaciones, sin que la parte
compradora haya visto físicamente al producto, haciéndose referencia solamente a una
1
calidad tipo que puede incluir conjuntamente factores de tamaño, forma, color, contenido de
azúcar y textura, entre otros. La Comisión del Codex Alimentarius tiene incluida entre sus
actividades, el establecimiento de las normas de calidad, que sirven de referencia para el
comercio internacional.
Además de las áreas temáticas de sanidad y calidad, también se pueden identificar dos
áreas que pueden manifestarse como restricción al comercio; que son la ambiental y la
laboral. Ambas pueden ser empleadas como argumentos de competencia desleal, que se
pueden expresar, por un lado, como restricciones oficiales (como es el caso del bloqueo
que ejerció Estados Unidos durante años al atún de numerosos países, incluido México) y
por el otro lado, como boicots hechos por los consumidores de los países importadores a
productos de cierto origen, como manifestación de protesta a situaciones tales como el
empleo de niños en trabajos agrícolas, o la deforestación asociada al crecimiento de la
ganadería. La atención de esos aspectos no puede ser descuidada, debido a que su
naturaleza los hace susceptibles de ser manipulados deslealmente en beneficio de intereses
de competidores comerciales.
Las consecuencias de estos acuerdos para la agronomía mexicana son múltiples. Una muy
importante es que el ámbito de su responsabilidad para promover la competitividad
comercial de la agricultura mexicana, está compuesto por al menos cinco áreas temáticas:
1) eficiencia productiva, que se expresa como resultado de la aplicación de distintas
disciplinas agronómicas, 2) cumplimiento de normas fitosanitarias, 3) cumplimiento de
normas sobre inocuidad de alimentos, 4) conformidad con normas de calidad y 5)
observación de normas de protección ambiental. El grado de complejidad que supone el
cumplimiento de esas normas, permite anticipar que en un mundo globalizado, las decisiones
tecnológicas para la producción agrícola caerán en el área de responsabilidad de expertos y
4
consecuentemente, será cada vez menos frecuente que los productores agrícolas asuman
las decisiones sobre el manejo tecnológico que se aplica en sus unidades productivas.
Entendiendo que la competividad que pueda expresar México con respecto a un producto
agrícola, es necesariamente un asunto de grupos de productores y no de unidades
productivas aisladas, el cumplimiento de normas exigidas por otros países requiere del
diseño de programas sanitarios y fitosanitarios de cobertura regional, que generen la
confianza de la parte compradora. La fortaleza competitiva del país con respecto a un
producto, estará íntimamente asociada a la habilidad para atender uno o más de los temas
referidos que sean exigidos para cada producto agrícola, por las autoridades sanitarias del
país importador, o por compradores y consumidores de cualquier destino. Este tipo de
programas ya se operan en México, tanto como resultado de la iniciativa de productores
agrícolas, como derivados de una condición impuesta por países importadores. En el
siguiente apartado, se presentan algunos ejemplos referidos a Estados Unidos, que es uno
de los países más exigentes hacia los que México exporta volúmenes importantes de frutas y
hortalizas.
Diseño de programas para manejar riesgos sanitarios y fitosanitarios
Se pueden distinguir al menos dos tipos de motivaciones para operar programas que
reduzcan los riesgos sanitarios y fitosanitarios. El más frecuentemente observado es el de
acceder a mercados, a través de cumplir con regulaciones sanitarias. El otro está motivado
por la posibilidad de dar mayor valor agregado a los productos que ya tienen acceso por
parte de las autoridades sanitarias, pero que ofrecen garantías adicionales para los
consumidores exigentes sobre aspectos que afectan a su salud, ambiente, o convicciones
morales (los productos orgánicos son un eemplo de esto).
5
Los programas de manejo de riesgo pueden expresarse de formas distintas, desde normas
privadas de grupos de productores o de comerciantes que se ejercen como programas de
control sanitario o de calidad, habiendo siendo motivadas por principios de ética o de
estrategia comercial. Se identifican también las normas que pueden adquirir obligatoriedad
sobre aspectos sanitarios que establece la autoridad oficial. Las normas privadas pueden
ser la forma inicial de las oficiales. El tercer tipo, son las normas sanitarias y fitosanitarias
internacionales, que en el contexto mundial son auspiciadas por FAO o por Codex
Alimentarius, y en el caso norteamericano, por la Organización Norteamericana de
Protección a las Plantas (conocida como NAPPO), y por el Grupo de Trabajo de Plaguicidas,
del TLC de Norteamérica.
La tesis de este ensayo es que la aplicación de normas voluntarias que satisfacen las
condiciones sanitarias y fitosanitarias que puede exigir la parte compradora, presenta
mayores beneficios que la aplicación de planes de trabajo bilaterales, que se imponen como
requisitos obligatorios. El cumplimiento de un programa voluntario de manejo de riesgo,
permite satisfacer las regulaciones del país importador a través de una forma que es
asequible para las empresas exportadoras (utilizando el principio de equivalencia que
establece el acuerdo MSF) y se opera con los recursos que considera que son suficientes.
En tanto que la operación de programas impuestos por el país importador como condición
de acceso, tiende a incorporar más procedimientos de protección de los necesarios, y su
operación es establecida a costos relativamente altos, debido a que se operan por equipos
de técnicos cuyos salarios son notablemente superiores a los niveles salariales promedio de
las regiones en las que operan.
1.1
El trabajo de los ingenieros agrónomos todavía está poco identificado como factor de
desarrollo de empresas agrícolas mexicanas, después de un largo período de tiempo,
durante el cual el ejercicio profesional estuvo ligado casi exclusivamente al sector oficial. A
continuación se discute sobre el papel que podrán desempeñar los ingenieros agrónomos,
para cumplir con las normas que pueden restringir el desarrollo de la agricultura mexicana.
El diseño de programas, evaluados científicamente, para asegurar el cumplimiento de los
requisitos sanitarios, fitosanitarios y ambientales que debe cumplir un producto agrícola, o
sus procesos de producción, es una de las actividades que exige la participación conjunta de
ingenieros agrónomos con diversas especialidades. Otras actividades que también requieren
su participación, son por un lado, la operación de esos programas, y por el otro su
certificación, en el entendido que cada componente del programa deberá ser auditable.
El Acuerdo MSF establece que los países importadores no pueden negar el acceso de
productos agrícolas que cumplan con su nivel adecuado de protección, expresado en
regulaciones específicas, y en consecuencia se crea la posibilidad para que cualquier país
que pretenda exportar, ofrezca la aplicación de programas que permitan manejar el riesgo
que haya identificado el país importador. De tal forma que la capacidad para superar
restricciones sanitarias y fitosanitarias, dependerá de la ingeniería que se aplique en el
diseño de programas de manejo de riesgo.
El desarrollo de programas probados de control sanitario, puede ser la estrategia más
efectiva para abrir mercados que permanecen cerrados por causa de medidas sanitarias y
fitosanitarias. Una vez que el sector privado haya aplicado medidas que permitan cumplir
con las regulaciones del país importador, el sector oficial podrá tener los elementos
necesarios para gestionar la eliminación de barreras sanitarias legítimas, sin necesidad de
7
incurrir en planes de trabajo, que están sustentados en la desconfianza de los controles
sanitarios que pueda aplicar la parte exportadora.
Un programa sanitario puede cumplirse a través del manejo de plagas en campo, con toda
la complejidad que implica; y puede incluir métodos de selección durante la cosecha o el
empaque. También puede expresarse como la aplicación de algún tratamiento
cuarentenario, como pueden ser la exposición de los productos a temperaturas bajas o altas,
en condiciones confinadas, o bien su exposición a alguna sustancia química previamente a
su embarque.
Existen casos exitosos que permiten ilustrar el éxito de programas voluntarios y la
contribución que han hecho para acreditar a una región productora, o a un producto para su
comercialización internacional. Para ejemplificar, se presenta el caso de los productores de
hortalizas de Sinaloa, que están asociados a la Confederación de Asociaciones Agrícolas del
estado de Sinaloa (CAADES), los cuales han operado un programa privado de vigilancia
sobre el uso de plaguicidas, que asegura que las concentraciones de residuos de plaguicidas
que permanecen en los productos cosechados, como consecuencia del manejo agrícola,
sean iguales o menores a las tolerancias que establece la agencia ambiental estadounidense
Enviromental Protection Agency (EPA). Este sistema consiste en analizar muestras de los
productos agrícolas que se pretenden exportar a Estados Unidos directamente en el campo,
previamente a la cosecha. A través de análisis de residuos de plaguicidas, se determina si
éstos cumplen con los niveles máximos de residuos establecidos por EPA. Cuando se
encuentra que estos residuos exceden las tolerancias, se amplía el tiempo que debe
transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, con el propósito de permitir que éstos se
metabolicen o disipen, logrando así que se cumplan las tolerancias. Cuando se detecta
mediante análisis de laboratorio, la presencia de algún plaguicida cuyo uso no está
H.
autorizado para el cultivo en que se encontró, se aplican sanciones previamente aceptadas
entre los asociados, tales como la destrucción del cultivo. El resultado de la operación de
este sistema de control durante aproximadamente 10 años, ha permitido acreditar ante la
agencia norteamericana Food and Drug Administration (conocida como FDA y que vigila en
frontera el cumplimiento de las tolerancias establecidas por EPA) que el origen sinaloense
de las hortalizas, garantiza regularmente el cumplimiento de los LMR de ese país, facilitando
así el flujo de las exportaciones.
El programa de vigilancia de CAADES ya ha mostrado beneficios suficientemente claros
como para estimular el interés de otros grupos de productores del país para establecer
programas similares, una vez que se haya identificado un mercado potencial, al cual no
puede accederse, por causa de un riesgo sanitario o fitosanitario.
Otros dos casos que ilustran las posibilidades de aprovechar la iniciativa de los productores,
para generar programas de manejo de riesgo, son el reconocimiento de dos áreas libres de
plagas: el área libre de moscas de la fruta de Sonora y el área libre de carbón parcial del trigo
de los Valles de Mexicali y San Luis Río Colorado. En ambos casos los agricultores tomaron
la iniciativa de documentar la ausencia de la plaga. Sus resultados fueron reconocidos por la
autoridad agrícola de México, procediendo entonces a gestionar el reconocimiento por parte
de posibles países importadores de los productos procedentes de esas áreas. En el caso de
Sonora, la exportación de sus frutas hospederas de moscas de la fruta, se ha realizado
exitosamente desde hace más de 10 años. En el de Mexicali; el reconocimiento del
gobierno mexicano fue hecho en diciembre de 1997, y se ha iniciado la gestión para que esa
condición sea también reconocida por otros países. Estos dos casos muestran los beneficios
que se pueden generar a través de programas voluntarios, aclarando que en el caso de
Sonora existe un Plan de Trabajo Bilateral con Estados Unidos que tiene un costo
aproximado anual de 60,000 dólares norteamericanos para cubrir costos de supervisión,
aunque la mayor parte del costo del programa es cubierta directamente por sus beneficiarios.
Estos casos de áreas libres también sirven para ilustrar la evolución de las normas, que
habiendo iniciado como normas privadas, han evolucionado a ser normas NAPPO
(establecida como tal en abril de 1994) y posteriormente, ha sido adoptada (previas
modificaciones) como norma internacional de la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria, durante 1996.
La utilidad de esta norma FAO permitirá facilitar a otros grupos de productores la creación y
reconocimiento de nuevas áreas libres que les faciliten la aceptación de sus frutas y
hortalizas en países que tienen restricciones sanitarias contra plagas de referencia.
Para ejemplificar el tipo de programas que se diseñan y operan como resultado de acuerdos
bilaterales, en los que prevalecen condiciones impuestas por el país importador, la figura 1
muestra tres programas de exportación agrícola que se operan en México para acceder al
mercado estadounidense, los cuales son supervisados por equipos de técnicos al servicio de
la autoridad fitosanitaria de ese país.
Aunque los beneficios de la operación de esos programas se expresan claramente, también
es clara la posibilidad de que en otros casos se puedan ofrecer resultados sanitarios
similares, bajo la operación voluntaria de programas fitosanitarios operados solamente por la
parte mexicana.
k.
10
Figura 1.
Tres programas de trabajo que operan conjuntamente las organizaciones fitosanitarias
de México y Estados Unidos, para la exportación de productos agrícolas hacia Estados
Unidos. 1997.
Plan de trabajo para la exportacion de aguacate Hass 225,000.00
Plan de trabajo para el tratamiento de inspección y 300,000.00
certificación de cítricos
Plan de trabajo para el tratamiento y certificación de mangos 1'200,000.00
Los beneficios que se obtienen de los programas voluntarios como el de Sinaloa, son
análogos a los que se obtienen de los seguros. Un caso que muestra las consecuencias
que puede tener la falta de documentación de los procedimientos de producción y manejo,
es el de la destrucción súbita del mercado de las fresas producidas durante 1996-1 997 en el
Valle de San Quintín, B.C. Durante los primeros meses de 1997 se observó en Estados
Unidos la ocurrencia de un brote de Hepatitis A, que se asoció sin prueba alguna, con
fresas producidas en ese Valle de Baja California. El supuesto prevaleció, debido a que no
existía documentación sobre las características del agua y del procedimiento de cosecha y
empaque. Esto significó la pérdida de aproximadamente 100 millones de pesos, debido a
que los consumidores norteamericanos que recibieron la información a través de medios de
comunicación, dejaron de comprar ese producto, a pesar de que las autoridades sanitarias
de Estados Unidos, no establecieron regulación contra las fresas mexicanas. Se hace notar
que un programa sanitario que documente las condiciones de higiene durante la producción y
el manejo, se podría operar con un costo menor al 5% de lo que significó esa pérdida. Otro
caso ilustrativo del impacto que puede tener la ausencia de documentación sobre la
presencia de enfermedades presentes en productos agropecuarios, que podrían tener
impacto sobre la salud humana, es el de las 'vacas locas" de Inglaterra, que significó la
pérdida total de sus mercados y el sacrificio del hato.
11
Certificación de programas sanitarios y fitosanitarios.
La aplicación de programas sanitarios puede adquirir validez, o en su caso, mayor
reconocimiento, a través de la aplicación de programas de certificación. Aun en situaciones
que intuitivamente son demostrables, como la ausencia de moscas de la fruta en una región
desértica como el área libre de moscas de la fruta en Sonora, es necesario establecer
programas que demuestren continuamente que esa región permanece como área libre de la
plaga. En este caso, se demuestra anualmente que más de seis millones de hectáreas
permanecen libres de la plaga, a cambio de tener acceso al mercado de Estados Unidos y de
otros países para frutas que no han sido sometidas a tratamiento cuarentenario, y que
consecuentemente no han sufrido demérito de su calidad.
Algunos países que cuentan con recursos amplios, hacen uso de su estructura oficial para
certificar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y fitosanitarias. Otro grupo de
países, entre los que se encuentra México, han incorporado al sector privado en esta
actividad, a través del proceso de acreditamiento. Las dependencias federales de México
tienen la facultad de ejercer algunas de sus atribuciones a través del sector privado, de
acuerdo a las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN),
publicada el 10 de julio de 1992 y modificada el 24 de diciembre de 1996 y 20 de mayo de
1997.
La participación del sector privado mexicano en actividades de certificación, tiene una historia
corta, pero ya se aprecia que puede constituirse en una estrategia fundamental en la ruta de
colocar a México en una posición comercial muy competitiva. La ventaja que presenta la
operación de un sistema privado de certificación, sobre uno oficial, es que un organismo de
certificación puede crecer, a costo del beneficiario, tanto como lo justifiquen los beneficios
12
que se obtienen de él, y además puede asignar remuneraciones profesionales tan altas
como lo exija la garantía de integridad de cada programa de certificación. Una vez que esta
actividad haya sido realizada por el sector privado, el sector oficial puede estar en mejores
condiciones de dar credibilidad al sistema de certificación, a través del ejercicio de la
inspección y de la aplicación de las acciones coercitivas que sean necesarias. Por otro lado,
el Gobierno Federal podría asegurar más fácilmente la disponibilidad de su personal para
realizar la expedición de certificados internacionales (según han acordado los países
signatarios de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria), que pueden estar
sustentados por la documentación que surge de los programas de certificación, ejercidos a
través de acreditamiento.
Aunque el área de actividad que se ha discutido hasta ahora, es la certificación de
procedimientos que dan cumplimiento a normas oficiales mexicanas o a requisitos
fitosanitarios de otros países, se resalta la conveniencia que representa para un organismo
de certificación fitosanitaria, aprovechar adicionalmente el uso de su estructura en
actividades de certificación de normas de inocuidad de alimentos, de normas ambientales y
de calidad.
Los servicios que puede ofrecer la ingeniería agronómica tanto en actividades de diseño de
programas sanitarios y fitosanitarios, de su operación y de su certificación, podría ocupar
espacios de promoción sanitaria y comercial en tantos productos y regiones agrícolas, como
casos identificados de productores organizados que enfrentan restricciones comerciales, por
causa de regulaciones sanitarias y fitosanitarias, o por exigencias de calidad. Aunque las
oportunidades comerciales más atractivas se encuentran más frecuentemente en el comercio
internacional, es conveniente señalar que algunos casos que puedan ser atendidos mediante
13
la aplicación de programas voluntarios, deberán ensayarse previamente a través de éxitos en
el mercado nacional.
Aunque la ingeniería mexicana ya está respondiendo a las necesidades de mejorar la
competitividad comercial, se aprecia la necesidad de actualizar los programas académicos
que actualmente hacen énfasis sobre especialidades, y consecuentemente aíslan entre sí a
las diversas disciplinas agronómicas. Algunas instituciones de educación agrícola superior
ya han establecido programas que integran diversas áreas, omitiendo barreras disciplinarias
y ofreciendo a los estudiantes un enfoque amplio que les permite considerar
simultáneamente la diversidad de factores que intervienen en el éxito comercial de la
agricultura mexicana. Recientemente se han creado (al menos tres) programas de
educación agroecológica: uno en la Universidad Autónoma Chapingo, otro en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí y el tercero en el Colegio de Postgraduados, que enfatizan el
equilibrio entre los criterios de productividad, los sanitarios y los de conservación ambiental.
Este enfoque representa un reto para la agronomía, debido a que la oferta tecnológica por
hacer, es la de eliminar todas las restricciones comerciales para los productos que no
cumplan con regulaciones sanitarias, fitosanitarias, ambientales o con exigencias de calidad.
Conclusiones
La globalización ha reducido progresivamente los aranceles y será solamente un asunto de
tiempo, para que todos los productos, desde prácticamente todos los orígenes y hasta todos
los destinos, estén liberados de impuestos de importación. Sin embargo, las regulaciones
fitosanitarias, de inocuidad de alimentos y de protección ambiental, permanecerán como
restricciones legítimas al comercio. Consecuentemente, la competitividad de México en los
mercados internacionales podría aumentar proporcionalmente a la eficiencia que muestren
14
sus programas voluntarios de seguridad sanitaria y fitosanitaria, así como los de protección
ambiental y de calidad. Las ventajas que pueden derivar de estos programas deberían
capturarse a través del establecimiento de programas voluntarios, como el de vigilancia de
uso de plaguicidas que opera CAADES y el de mantenimiento del área libre de moscas de
Sonora. Si las disciplinas que exigen las operaciones de programas de seguridad sanitaria y
fitosanitaria se generalizaran en el campo mexicano, el sector oficial podría disponer de
elementos sólidos para continuar la gestión de apertura de nuevos mercados, así como
defender a las exportaciones mexicanas contra acusaciones sanitarias que pueden
presentar deslealmente sus competidores comerciales.
Una estrategia de certificación que puede ofrecer eficiencia para la operación de los
programas sanitarios y fitosanitarios, es la de aprovechar la participación del sector privado,
a través de unidades de verificación y organismos de certificación acreditados. Un beneficio
adicional que se puede generar de la operación de esas estructuras, es la de adicionar a su
agenda fitosanitaria, aspectos de inocuidad de alimentos, de protección ambiental y de
calidad.
La capacidad de ofrecer condiciones sanitarias aceptables para el país importador, es la
clave para acceder a los mercados, según se ha observado en casos como aguacate,
mango y cítricos mexicanos que se exportan a Estados Unidos. Esas condiciones pueden
ser consecuencia de situaciones naturales que solamente requieren ser documentadas,
como son los casos de áreas libres de moscas de la fruta, localizadas en áreas desérticas o
semidesérticas, pero también pueden ser el resultado de la aplicación de la ingeniería que
sustente el diseño de los programas sanitarios y fitosanitarios, que se ofrecen como garantía
de cumplimiento de regulaciones.
15
La competitividad agrícola del país, depende en gran medida de su habilidad para satisfacer
todas las exigencias de los países compradores y a su vez, este potencial dependerá de la
habilidad de la ingeniería agronómica para aportar la tecnología necesaria. No contar con
programas sanitarios, fitosanitarios, de calidad y de conservación ambiental puede ser
extremadamente costoso para México, cuyas principales ventajas comparativas en el sector
agrícola se localizan en los productos hortofrutícolas frescos. Corresponderá entonces al
sector privado, invertir en el desarrollo de sus oportunidades de éxito recientemente
creadas, por los acuerdos MSF, de OMC y de TLCAN. Si esta actitud se generaliza, se
promoverá una cultura sanitaria que permitirá convertir a los atributos sanitarios de la
agricultura mexicana, en un activo importante, para su desarrollo comercial, tanto nacional,
como internacional.
16

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Desarrollo de programas fitosanitarios en el contexto de la globalización económica

  • 1. DESARROLLO DE PROGRAMAS FITOSANITARIOS EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACION ECONOMICA* Javier Trujillo Arriaga** 1ntrod ucc ¡ón Iniciaré esta exposición presentando la siguiente analogía: de la misma forma en que el desarrollo de caminos y transportes durante el siglo XIX indujo una Revolución Agrícola en los países más desarrollados de entonces (habiendo hecho posible el acceso de productos agrícolas desde los puntos de producción hasta los de consumo); los acuerdos internacionales sobre comercio que operan actualmente (tanto regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte —vigente desde 1994-, como e! Acuerdo Mundial, administrado por la Organización Mundial de Comercio —vigente desde 1995) han abierto caminos para el comercio de productos agrícolas que pueden (y deben) reflejarse en el crecimiento de sectores productivos que puedan competir exitosamente, tanto como consecuencia de sus atributos inherentes, como de los que puedan adquirir a través de apoyo tecnológico. Los Acuerdos comerciales en los que participa México, eliminarán, tarde o temprano, los impuestos a la importación, de todos los productos agrícolas. Sin embargo reconocen el derecho soberano de cada país, para que el libre comercio de mercancías no amenace la salud de sus ciudadanos, ni la protección de sus recursos naturales, a través de la introducción de productos que contengan contaminantes o acarreen plagas exóticas. Con el propósito de que las regulaciones sanitarias y fitosanitarias que puedan establecer los países al comercio de productos agrícolas y otros bienes, se han establecido Acuerdos Ensayo que presenta como aspirante para ingresar a la Especialidad de Ingeniería Agronónica de la Academia Mexicana de Ingeniería, el 22 de enero de 1998, en el Salón de Actos de la Academia en el Salón de Minería, sito en Tacuba No. 5 de la Ciudad de México.
  • 2. sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que identifican las obligaciones, derechos y disciplinas que deben observarse para la operación del comercio entre los países miembros. Los Acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias son vinculantes, y hacen una aportación fundamental para desarrollar nuevos mercados: establece los procedimientos de consultas y solución de diferencias sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Esto es, impide que los países establezcan regulaciones que no están justificadas técnicamente. Los Acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias establecen además dos conceptos cuya aplicación facilita el comercio: la equivalencia y la armonización. La equivalencia se refiere a que los países se reconocen entre sí el derecho de lograr un resultado esperado, a través de cualquier procedimiento que seleccionen. La armonización se refiere a la obligación que tienen los países, para establecer sus regulaciones en referencia a normas internacionales de referencia, y en el caso de no hacerlo así, deberán presentar la base técnica que justifique esa decisión. La equivalencia abre la oportunidad para que los países exportadores hagan uso de las tecnologías, y formas de aplicarlas, que les resulten más convenientes. La armonización tiene el propósito de que el comercio esté sujeto a normas similares a través de todos los países miembros de los acuerdos comerciales, y en consecuencia, que el sector privado tenga certidumbre en las operaciones que realiza a través de distintos países. El Acuerdo promueve la elaboración de normas internacionales de referencia, las cuales pueden ser útiles, por un lado, para facilitar las consultas y soluciones de diferencias, y por el otro, para facilitar la armonización de regulaciones sanitarias y fitosanitarias. ** Instituto de Fitosanidad. Colegio de Postgraduados en ciencias Agrícolas. Correo electrónico: fitosanidadcolpos.mx 2
  • 3. El acuerdo MSF de la OMC, reconoce a la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (FAO), a través del Secretariado, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, como la organización competente para elaborar normas fitosanitarias internacionales, y también reconoce a la Comisión del Codex Alimentarius (que operan conjuntamente la FAO y la Organización Mundial de la Salud) para establecer límites máximos de residuos de plaguicidas (LMR) agrícolas sobre productos agrícolas frescos. Los LMR's establecidos por el Codex Alimentarius también son reconocidos por la OMC como normas internacionales de referencia, que podrán ser empleadas en caso que no exista LMR nacional, para una combinación producto agrícola- producto plaguicida. La inocuidad de alimentos relacionada con microorganismos, se observa como un tema nuevo en las restricciones al comercio de frutas y hortalizas; la primera iniciativa legislativa, sobre esto ha sido promovida durante 1997, por un país importador muy importante (Estados Unidos), y se espera que generará una tendencia de establecimiento de normas por parte de otros países. Los Acuerdos comerciales también incluyen Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que establecen las disciplinas que deberán adoptar los países para el establecimiento de normas de calidad que deberán cumplir los productos agrícolas. El cumplimiento de las normas de calidad no es vigilado por el sector oficial; aunque puede adquirir un grado de obligatoriedad entre compradores y vendedores, al grado que la capacidad de conformar con ellas podrá ser definitiva para que los productos puedan acceder a algún mercado. Como ejemplo de la importancia que tienen, se presenta el caso de operaciones comerciales que se realizan a través de telecomunicaciones, sin que la parte compradora haya visto físicamente al producto, haciéndose referencia solamente a una 1
  • 4. calidad tipo que puede incluir conjuntamente factores de tamaño, forma, color, contenido de azúcar y textura, entre otros. La Comisión del Codex Alimentarius tiene incluida entre sus actividades, el establecimiento de las normas de calidad, que sirven de referencia para el comercio internacional. Además de las áreas temáticas de sanidad y calidad, también se pueden identificar dos áreas que pueden manifestarse como restricción al comercio; que son la ambiental y la laboral. Ambas pueden ser empleadas como argumentos de competencia desleal, que se pueden expresar, por un lado, como restricciones oficiales (como es el caso del bloqueo que ejerció Estados Unidos durante años al atún de numerosos países, incluido México) y por el otro lado, como boicots hechos por los consumidores de los países importadores a productos de cierto origen, como manifestación de protesta a situaciones tales como el empleo de niños en trabajos agrícolas, o la deforestación asociada al crecimiento de la ganadería. La atención de esos aspectos no puede ser descuidada, debido a que su naturaleza los hace susceptibles de ser manipulados deslealmente en beneficio de intereses de competidores comerciales. Las consecuencias de estos acuerdos para la agronomía mexicana son múltiples. Una muy importante es que el ámbito de su responsabilidad para promover la competitividad comercial de la agricultura mexicana, está compuesto por al menos cinco áreas temáticas: 1) eficiencia productiva, que se expresa como resultado de la aplicación de distintas disciplinas agronómicas, 2) cumplimiento de normas fitosanitarias, 3) cumplimiento de normas sobre inocuidad de alimentos, 4) conformidad con normas de calidad y 5) observación de normas de protección ambiental. El grado de complejidad que supone el cumplimiento de esas normas, permite anticipar que en un mundo globalizado, las decisiones tecnológicas para la producción agrícola caerán en el área de responsabilidad de expertos y 4
  • 5. consecuentemente, será cada vez menos frecuente que los productores agrícolas asuman las decisiones sobre el manejo tecnológico que se aplica en sus unidades productivas. Entendiendo que la competividad que pueda expresar México con respecto a un producto agrícola, es necesariamente un asunto de grupos de productores y no de unidades productivas aisladas, el cumplimiento de normas exigidas por otros países requiere del diseño de programas sanitarios y fitosanitarios de cobertura regional, que generen la confianza de la parte compradora. La fortaleza competitiva del país con respecto a un producto, estará íntimamente asociada a la habilidad para atender uno o más de los temas referidos que sean exigidos para cada producto agrícola, por las autoridades sanitarias del país importador, o por compradores y consumidores de cualquier destino. Este tipo de programas ya se operan en México, tanto como resultado de la iniciativa de productores agrícolas, como derivados de una condición impuesta por países importadores. En el siguiente apartado, se presentan algunos ejemplos referidos a Estados Unidos, que es uno de los países más exigentes hacia los que México exporta volúmenes importantes de frutas y hortalizas. Diseño de programas para manejar riesgos sanitarios y fitosanitarios Se pueden distinguir al menos dos tipos de motivaciones para operar programas que reduzcan los riesgos sanitarios y fitosanitarios. El más frecuentemente observado es el de acceder a mercados, a través de cumplir con regulaciones sanitarias. El otro está motivado por la posibilidad de dar mayor valor agregado a los productos que ya tienen acceso por parte de las autoridades sanitarias, pero que ofrecen garantías adicionales para los consumidores exigentes sobre aspectos que afectan a su salud, ambiente, o convicciones morales (los productos orgánicos son un eemplo de esto). 5
  • 6. Los programas de manejo de riesgo pueden expresarse de formas distintas, desde normas privadas de grupos de productores o de comerciantes que se ejercen como programas de control sanitario o de calidad, habiendo siendo motivadas por principios de ética o de estrategia comercial. Se identifican también las normas que pueden adquirir obligatoriedad sobre aspectos sanitarios que establece la autoridad oficial. Las normas privadas pueden ser la forma inicial de las oficiales. El tercer tipo, son las normas sanitarias y fitosanitarias internacionales, que en el contexto mundial son auspiciadas por FAO o por Codex Alimentarius, y en el caso norteamericano, por la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (conocida como NAPPO), y por el Grupo de Trabajo de Plaguicidas, del TLC de Norteamérica. La tesis de este ensayo es que la aplicación de normas voluntarias que satisfacen las condiciones sanitarias y fitosanitarias que puede exigir la parte compradora, presenta mayores beneficios que la aplicación de planes de trabajo bilaterales, que se imponen como requisitos obligatorios. El cumplimiento de un programa voluntario de manejo de riesgo, permite satisfacer las regulaciones del país importador a través de una forma que es asequible para las empresas exportadoras (utilizando el principio de equivalencia que establece el acuerdo MSF) y se opera con los recursos que considera que son suficientes. En tanto que la operación de programas impuestos por el país importador como condición de acceso, tiende a incorporar más procedimientos de protección de los necesarios, y su operación es establecida a costos relativamente altos, debido a que se operan por equipos de técnicos cuyos salarios son notablemente superiores a los niveles salariales promedio de las regiones en las que operan. 1.1
  • 7. El trabajo de los ingenieros agrónomos todavía está poco identificado como factor de desarrollo de empresas agrícolas mexicanas, después de un largo período de tiempo, durante el cual el ejercicio profesional estuvo ligado casi exclusivamente al sector oficial. A continuación se discute sobre el papel que podrán desempeñar los ingenieros agrónomos, para cumplir con las normas que pueden restringir el desarrollo de la agricultura mexicana. El diseño de programas, evaluados científicamente, para asegurar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, fitosanitarios y ambientales que debe cumplir un producto agrícola, o sus procesos de producción, es una de las actividades que exige la participación conjunta de ingenieros agrónomos con diversas especialidades. Otras actividades que también requieren su participación, son por un lado, la operación de esos programas, y por el otro su certificación, en el entendido que cada componente del programa deberá ser auditable. El Acuerdo MSF establece que los países importadores no pueden negar el acceso de productos agrícolas que cumplan con su nivel adecuado de protección, expresado en regulaciones específicas, y en consecuencia se crea la posibilidad para que cualquier país que pretenda exportar, ofrezca la aplicación de programas que permitan manejar el riesgo que haya identificado el país importador. De tal forma que la capacidad para superar restricciones sanitarias y fitosanitarias, dependerá de la ingeniería que se aplique en el diseño de programas de manejo de riesgo. El desarrollo de programas probados de control sanitario, puede ser la estrategia más efectiva para abrir mercados que permanecen cerrados por causa de medidas sanitarias y fitosanitarias. Una vez que el sector privado haya aplicado medidas que permitan cumplir con las regulaciones del país importador, el sector oficial podrá tener los elementos necesarios para gestionar la eliminación de barreras sanitarias legítimas, sin necesidad de 7
  • 8. incurrir en planes de trabajo, que están sustentados en la desconfianza de los controles sanitarios que pueda aplicar la parte exportadora. Un programa sanitario puede cumplirse a través del manejo de plagas en campo, con toda la complejidad que implica; y puede incluir métodos de selección durante la cosecha o el empaque. También puede expresarse como la aplicación de algún tratamiento cuarentenario, como pueden ser la exposición de los productos a temperaturas bajas o altas, en condiciones confinadas, o bien su exposición a alguna sustancia química previamente a su embarque. Existen casos exitosos que permiten ilustrar el éxito de programas voluntarios y la contribución que han hecho para acreditar a una región productora, o a un producto para su comercialización internacional. Para ejemplificar, se presenta el caso de los productores de hortalizas de Sinaloa, que están asociados a la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa (CAADES), los cuales han operado un programa privado de vigilancia sobre el uso de plaguicidas, que asegura que las concentraciones de residuos de plaguicidas que permanecen en los productos cosechados, como consecuencia del manejo agrícola, sean iguales o menores a las tolerancias que establece la agencia ambiental estadounidense Enviromental Protection Agency (EPA). Este sistema consiste en analizar muestras de los productos agrícolas que se pretenden exportar a Estados Unidos directamente en el campo, previamente a la cosecha. A través de análisis de residuos de plaguicidas, se determina si éstos cumplen con los niveles máximos de residuos establecidos por EPA. Cuando se encuentra que estos residuos exceden las tolerancias, se amplía el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, con el propósito de permitir que éstos se metabolicen o disipen, logrando así que se cumplan las tolerancias. Cuando se detecta mediante análisis de laboratorio, la presencia de algún plaguicida cuyo uso no está H.
  • 9. autorizado para el cultivo en que se encontró, se aplican sanciones previamente aceptadas entre los asociados, tales como la destrucción del cultivo. El resultado de la operación de este sistema de control durante aproximadamente 10 años, ha permitido acreditar ante la agencia norteamericana Food and Drug Administration (conocida como FDA y que vigila en frontera el cumplimiento de las tolerancias establecidas por EPA) que el origen sinaloense de las hortalizas, garantiza regularmente el cumplimiento de los LMR de ese país, facilitando así el flujo de las exportaciones. El programa de vigilancia de CAADES ya ha mostrado beneficios suficientemente claros como para estimular el interés de otros grupos de productores del país para establecer programas similares, una vez que se haya identificado un mercado potencial, al cual no puede accederse, por causa de un riesgo sanitario o fitosanitario. Otros dos casos que ilustran las posibilidades de aprovechar la iniciativa de los productores, para generar programas de manejo de riesgo, son el reconocimiento de dos áreas libres de plagas: el área libre de moscas de la fruta de Sonora y el área libre de carbón parcial del trigo de los Valles de Mexicali y San Luis Río Colorado. En ambos casos los agricultores tomaron la iniciativa de documentar la ausencia de la plaga. Sus resultados fueron reconocidos por la autoridad agrícola de México, procediendo entonces a gestionar el reconocimiento por parte de posibles países importadores de los productos procedentes de esas áreas. En el caso de Sonora, la exportación de sus frutas hospederas de moscas de la fruta, se ha realizado exitosamente desde hace más de 10 años. En el de Mexicali; el reconocimiento del gobierno mexicano fue hecho en diciembre de 1997, y se ha iniciado la gestión para que esa condición sea también reconocida por otros países. Estos dos casos muestran los beneficios que se pueden generar a través de programas voluntarios, aclarando que en el caso de Sonora existe un Plan de Trabajo Bilateral con Estados Unidos que tiene un costo
  • 10. aproximado anual de 60,000 dólares norteamericanos para cubrir costos de supervisión, aunque la mayor parte del costo del programa es cubierta directamente por sus beneficiarios. Estos casos de áreas libres también sirven para ilustrar la evolución de las normas, que habiendo iniciado como normas privadas, han evolucionado a ser normas NAPPO (establecida como tal en abril de 1994) y posteriormente, ha sido adoptada (previas modificaciones) como norma internacional de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, durante 1996. La utilidad de esta norma FAO permitirá facilitar a otros grupos de productores la creación y reconocimiento de nuevas áreas libres que les faciliten la aceptación de sus frutas y hortalizas en países que tienen restricciones sanitarias contra plagas de referencia. Para ejemplificar el tipo de programas que se diseñan y operan como resultado de acuerdos bilaterales, en los que prevalecen condiciones impuestas por el país importador, la figura 1 muestra tres programas de exportación agrícola que se operan en México para acceder al mercado estadounidense, los cuales son supervisados por equipos de técnicos al servicio de la autoridad fitosanitaria de ese país. Aunque los beneficios de la operación de esos programas se expresan claramente, también es clara la posibilidad de que en otros casos se puedan ofrecer resultados sanitarios similares, bajo la operación voluntaria de programas fitosanitarios operados solamente por la parte mexicana. k. 10
  • 11. Figura 1. Tres programas de trabajo que operan conjuntamente las organizaciones fitosanitarias de México y Estados Unidos, para la exportación de productos agrícolas hacia Estados Unidos. 1997. Plan de trabajo para la exportacion de aguacate Hass 225,000.00 Plan de trabajo para el tratamiento de inspección y 300,000.00 certificación de cítricos Plan de trabajo para el tratamiento y certificación de mangos 1'200,000.00 Los beneficios que se obtienen de los programas voluntarios como el de Sinaloa, son análogos a los que se obtienen de los seguros. Un caso que muestra las consecuencias que puede tener la falta de documentación de los procedimientos de producción y manejo, es el de la destrucción súbita del mercado de las fresas producidas durante 1996-1 997 en el Valle de San Quintín, B.C. Durante los primeros meses de 1997 se observó en Estados Unidos la ocurrencia de un brote de Hepatitis A, que se asoció sin prueba alguna, con fresas producidas en ese Valle de Baja California. El supuesto prevaleció, debido a que no existía documentación sobre las características del agua y del procedimiento de cosecha y empaque. Esto significó la pérdida de aproximadamente 100 millones de pesos, debido a que los consumidores norteamericanos que recibieron la información a través de medios de comunicación, dejaron de comprar ese producto, a pesar de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos, no establecieron regulación contra las fresas mexicanas. Se hace notar que un programa sanitario que documente las condiciones de higiene durante la producción y el manejo, se podría operar con un costo menor al 5% de lo que significó esa pérdida. Otro caso ilustrativo del impacto que puede tener la ausencia de documentación sobre la presencia de enfermedades presentes en productos agropecuarios, que podrían tener impacto sobre la salud humana, es el de las 'vacas locas" de Inglaterra, que significó la pérdida total de sus mercados y el sacrificio del hato. 11
  • 12. Certificación de programas sanitarios y fitosanitarios. La aplicación de programas sanitarios puede adquirir validez, o en su caso, mayor reconocimiento, a través de la aplicación de programas de certificación. Aun en situaciones que intuitivamente son demostrables, como la ausencia de moscas de la fruta en una región desértica como el área libre de moscas de la fruta en Sonora, es necesario establecer programas que demuestren continuamente que esa región permanece como área libre de la plaga. En este caso, se demuestra anualmente que más de seis millones de hectáreas permanecen libres de la plaga, a cambio de tener acceso al mercado de Estados Unidos y de otros países para frutas que no han sido sometidas a tratamiento cuarentenario, y que consecuentemente no han sufrido demérito de su calidad. Algunos países que cuentan con recursos amplios, hacen uso de su estructura oficial para certificar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y fitosanitarias. Otro grupo de países, entre los que se encuentra México, han incorporado al sector privado en esta actividad, a través del proceso de acreditamiento. Las dependencias federales de México tienen la facultad de ejercer algunas de sus atribuciones a través del sector privado, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), publicada el 10 de julio de 1992 y modificada el 24 de diciembre de 1996 y 20 de mayo de 1997. La participación del sector privado mexicano en actividades de certificación, tiene una historia corta, pero ya se aprecia que puede constituirse en una estrategia fundamental en la ruta de colocar a México en una posición comercial muy competitiva. La ventaja que presenta la operación de un sistema privado de certificación, sobre uno oficial, es que un organismo de certificación puede crecer, a costo del beneficiario, tanto como lo justifiquen los beneficios 12
  • 13. que se obtienen de él, y además puede asignar remuneraciones profesionales tan altas como lo exija la garantía de integridad de cada programa de certificación. Una vez que esta actividad haya sido realizada por el sector privado, el sector oficial puede estar en mejores condiciones de dar credibilidad al sistema de certificación, a través del ejercicio de la inspección y de la aplicación de las acciones coercitivas que sean necesarias. Por otro lado, el Gobierno Federal podría asegurar más fácilmente la disponibilidad de su personal para realizar la expedición de certificados internacionales (según han acordado los países signatarios de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria), que pueden estar sustentados por la documentación que surge de los programas de certificación, ejercidos a través de acreditamiento. Aunque el área de actividad que se ha discutido hasta ahora, es la certificación de procedimientos que dan cumplimiento a normas oficiales mexicanas o a requisitos fitosanitarios de otros países, se resalta la conveniencia que representa para un organismo de certificación fitosanitaria, aprovechar adicionalmente el uso de su estructura en actividades de certificación de normas de inocuidad de alimentos, de normas ambientales y de calidad. Los servicios que puede ofrecer la ingeniería agronómica tanto en actividades de diseño de programas sanitarios y fitosanitarios, de su operación y de su certificación, podría ocupar espacios de promoción sanitaria y comercial en tantos productos y regiones agrícolas, como casos identificados de productores organizados que enfrentan restricciones comerciales, por causa de regulaciones sanitarias y fitosanitarias, o por exigencias de calidad. Aunque las oportunidades comerciales más atractivas se encuentran más frecuentemente en el comercio internacional, es conveniente señalar que algunos casos que puedan ser atendidos mediante 13
  • 14. la aplicación de programas voluntarios, deberán ensayarse previamente a través de éxitos en el mercado nacional. Aunque la ingeniería mexicana ya está respondiendo a las necesidades de mejorar la competitividad comercial, se aprecia la necesidad de actualizar los programas académicos que actualmente hacen énfasis sobre especialidades, y consecuentemente aíslan entre sí a las diversas disciplinas agronómicas. Algunas instituciones de educación agrícola superior ya han establecido programas que integran diversas áreas, omitiendo barreras disciplinarias y ofreciendo a los estudiantes un enfoque amplio que les permite considerar simultáneamente la diversidad de factores que intervienen en el éxito comercial de la agricultura mexicana. Recientemente se han creado (al menos tres) programas de educación agroecológica: uno en la Universidad Autónoma Chapingo, otro en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el tercero en el Colegio de Postgraduados, que enfatizan el equilibrio entre los criterios de productividad, los sanitarios y los de conservación ambiental. Este enfoque representa un reto para la agronomía, debido a que la oferta tecnológica por hacer, es la de eliminar todas las restricciones comerciales para los productos que no cumplan con regulaciones sanitarias, fitosanitarias, ambientales o con exigencias de calidad. Conclusiones La globalización ha reducido progresivamente los aranceles y será solamente un asunto de tiempo, para que todos los productos, desde prácticamente todos los orígenes y hasta todos los destinos, estén liberados de impuestos de importación. Sin embargo, las regulaciones fitosanitarias, de inocuidad de alimentos y de protección ambiental, permanecerán como restricciones legítimas al comercio. Consecuentemente, la competitividad de México en los mercados internacionales podría aumentar proporcionalmente a la eficiencia que muestren 14
  • 15. sus programas voluntarios de seguridad sanitaria y fitosanitaria, así como los de protección ambiental y de calidad. Las ventajas que pueden derivar de estos programas deberían capturarse a través del establecimiento de programas voluntarios, como el de vigilancia de uso de plaguicidas que opera CAADES y el de mantenimiento del área libre de moscas de Sonora. Si las disciplinas que exigen las operaciones de programas de seguridad sanitaria y fitosanitaria se generalizaran en el campo mexicano, el sector oficial podría disponer de elementos sólidos para continuar la gestión de apertura de nuevos mercados, así como defender a las exportaciones mexicanas contra acusaciones sanitarias que pueden presentar deslealmente sus competidores comerciales. Una estrategia de certificación que puede ofrecer eficiencia para la operación de los programas sanitarios y fitosanitarios, es la de aprovechar la participación del sector privado, a través de unidades de verificación y organismos de certificación acreditados. Un beneficio adicional que se puede generar de la operación de esas estructuras, es la de adicionar a su agenda fitosanitaria, aspectos de inocuidad de alimentos, de protección ambiental y de calidad. La capacidad de ofrecer condiciones sanitarias aceptables para el país importador, es la clave para acceder a los mercados, según se ha observado en casos como aguacate, mango y cítricos mexicanos que se exportan a Estados Unidos. Esas condiciones pueden ser consecuencia de situaciones naturales que solamente requieren ser documentadas, como son los casos de áreas libres de moscas de la fruta, localizadas en áreas desérticas o semidesérticas, pero también pueden ser el resultado de la aplicación de la ingeniería que sustente el diseño de los programas sanitarios y fitosanitarios, que se ofrecen como garantía de cumplimiento de regulaciones. 15
  • 16. La competitividad agrícola del país, depende en gran medida de su habilidad para satisfacer todas las exigencias de los países compradores y a su vez, este potencial dependerá de la habilidad de la ingeniería agronómica para aportar la tecnología necesaria. No contar con programas sanitarios, fitosanitarios, de calidad y de conservación ambiental puede ser extremadamente costoso para México, cuyas principales ventajas comparativas en el sector agrícola se localizan en los productos hortofrutícolas frescos. Corresponderá entonces al sector privado, invertir en el desarrollo de sus oportunidades de éxito recientemente creadas, por los acuerdos MSF, de OMC y de TLCAN. Si esta actitud se generaliza, se promoverá una cultura sanitaria que permitirá convertir a los atributos sanitarios de la agricultura mexicana, en un activo importante, para su desarrollo comercial, tanto nacional, como internacional. 16