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UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICERECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICA
ESCUELA DE DERECHO
INTEGRANTE:
FRANNY ATENCIA
C.I: 27.290.213
PROFESOR:
EMILY RAMIREZ
SAIA A
CURSO:
DERECHO ADMINISTRATIVO I
YOUTUBE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qBM7PF8LJyo
https://www.youtube.com/watch?v=qBM7PF8LJyo
BARQUISIMETO, ABRIL 2020
INTRODUCCION
En el presente trabajo trata sobre la Organización del Estado Venezolano,
por el cual Estado se define como la Estado es la organización política, dotada de
atribuciones soberanas e independiente, que integra la población de un país; En
síntesis es la institucionalización jurídico-política de la sociedad civil y dado que
esta institucionalización jurídico-política se expresa y se concreta en la existencia
de una autoridad, de un poder público, es que en el lenguaje común y corriente y
también en el marxista, se llega a identificar casi exclusivamente al Estado con el
Poder Político; Esto nos parece una simplificación pues si bien la existencia de un
poder público jurídica y políticamente establecido es necesario para que nazca el
Estado, también es cierto que es necesaria la existencia de una población (de una
sociedad humana) sobre la cual se ejerza ese poder y un espacio geográfico (un
territorio), sobre el cual haya una jurisdicción de ese poder; Por lo cual Los
tratadistas suelen distinguir dos elementos esenciales del Estado: los materiales
(territorio y población) y los formales (los órganos oficiales) que lo representan y
cumplen sus funciones, y la autoridad legal de la que se hallan.
Para comenzar, al Estado generalmente se le define como la sociedad civil
jurídica y políticamente organizada en eso consiste el Estado: En la
institucionalización jurídica y política de la sociedad; De esta manera, el estado
nacional no se construyó de un día para el otro, sino a través de un proceso
gradual de centralización de las decisiones políticas y de incremento de la fuerza y
de la legitimidad de las autoridades nacionales para aplicar esas decisiones en
todo el territorial; Asi pues el Derecho Administrativo, como Derecho que rige la
organización y funcionamiento de la administración Pública, está condicionado por
la concreta organización constitucional del Estado, pues de ella deriva que exista
una Administración Pública, o múltiples Administraciones Pública, personificadas o
no. En el caso concreto en Venezuela el principio que condiciona al derecho
administrativo en la Constitución de 1999, es el principio de la distribución
territorial del Poder Público, que deriva de la forma federal del Estado, y que
encuentra su expresión formal en el artículo 4 de la Constitución que precisa que
la República Bolivariana de Venezuela es un Estado constitucional en la Nueva
Constitución federal descentralizado en los términos consagrados por esta
Constitución; fórmula más o menos similar a la del artículo 2 de la Constitución de
1961 que decía que “La República de Venezuela es un Estado federal, en los
términos consagrados por esta Constitución”; A tal efecto, el artículo 136 de la
Constitución de 1999, organiza al Estado con forma federal mediante un sistema
de división vertical del Poder Público en tres niveles: Nacional, Estadal y
Municipal, atribuyendo su ejercicio a diversos órganos y asignando competencias
exclusivas en los tres niveles, además de las competencias concurrentes entre
ellos. En todo caso, los términos consagrados por la Constitución art. 4, relativos a
la forma de Estado federal descentralizado, son la clave para determinar
efectivamente el grado de descentralización del Estado y, por tanto, de la
Federación. En la Constitución de 1999, en todo caso, y salvo en el nominalismo,
no se avanzó mayormente en relación con lo que existía en el texto de 196111,
habiéndose sólo constitucionalizado, en realidad, aspectos que ya se habían
establecido en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia
de Competencias del Poder Público de 1989, los cuales, además, ya tenía rango
de ley constitucional en lo que se refería a la transferencia a los Estados de
competencias del Poder Nacional. La distribución territorial o vertical del poder, en
todo caso, implica autonomía territorial, y sobre ello, la Constitución de 1999,
dispone que los Estados son entidades políticas autónomas en lo político art. 159;
y que los Municipios gozan de autonomía dentro de los límites de esta
Constitución y de la ley art. 168. A tal efecto, la Constitución establece los
principios generales de la organización del Poder Público Estadal, conforme al
principio de separación orgánica en dos Poderes: el Poder Legislativo, a cargo de
los Consejos Legislativos Estadales cuyos miembros son electos por votación
popular directa y secreta; y el Poder Ejecutivo, a cargo de los Gobernadores, cuya
elección se estableció a partir de 1989 Arts. 160; 162; Además en la Constitución
se prevé un órgano del Poder Público estadal con autonomía funcional, que es la
Contraloría del Estado, la cual puede ser configurada como Poder Contralor, Art.
163.
En igual sentido, respecto de los Municipios también se establecen los
principios generales de la organización del Poder Público Municipal, conforme al
principio de separación orgánica en dos Poderes: el Poder Legislativo, a cargo de
los Consejos Municipales cuyos miembros son electos por votación popular directa
y secreta; y el Poder Ejecutivo, a cargo de los Alcaldes art. 174, cuya elección se
estableció a partir de 1989. Además en la Constitución se prevé un órgano del
Poder Público municipal con autonomía funcional, que es la Contraloría municipal
art. 176. La consecuencia de lo anterior, es que en el ordenamiento constitucional
venezolano, el principio de la distribución vertical del Poder Público conduce a la
existencia de tres niveles autónomos de Administración Pública: la Administración
Pública Nacional, la Administración Pública Estadal (Gobernaciones) y la
Administración Pública Municipal (Alcaldías), cada una integrada en una persona
jurídica estatal distinta: la República, los Estados y los Municipios,
respectivamente. En efecto, la consecuencia del principio de la distribución vertical
del poder público es que el Estado está conformado por diversas entidades
político-territoriales que actualizan la personalidad jurídica del Estado. El Estado,
por tanto, en el ámbito interno no es una persona jurídica, sino que está
conformado por un conjunto de personas jurídicas que son las personas jurídicas
estatales. En consecuencia, en Venezuela, tratándose de un Estado con forma
federal, conforme al cual el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el
Poder Estatal y el Poder Nacional Art. 136 de la Constitución, el Estado está
básicamente conformado por un conjunto de personas jurídicas que conforman la
organización política en el territorio como son la República, los estados y los
municipios, y por otras personas jurídicas estatales producto de la
descentralización política y funcional. El Estado, por tanto, se insiste, no es una
persona jurídica en el ámbito interno; lo que existen son muchas personas
jurídicas que actualizan su voluntad y que son las personas jurídicas estatales las
cuales en definitiva, conforman el Estado. Estas personas jurídicas estatales,
como sujetos de derecho cuyos órganos conforman la Administración Pública, son
las que constituyen objeto de regulación por parte del derecho administrativo
porque en definitiva, son las que establecen las relaciones jurídico-administrativas
con los otros sujetos de derecho y los administrados. Las personas jurídicas
estatales, sin embargo, no tienen una sola forma jurídica, sino que pueden tener la
forma jurídica de derecho público o la forma jurídica de derecho privado, según se
constituyan mediante mecanismos de derecho público regulados en la propia
Constitución o en las leyes o mediante los mecanismos regulados en el derecho
privado, particularmente en el Código Civil. En el derecho público venezolano, por
tanto, hay dos clasificaciones de las personas jurídicas: las personas estatales y
no estatales, según su integración o no a la organización general del Estado o
sector público; y las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado,
según la forma jurídica adoptada para su creación; clasificaciones que han sido
acogidas por la Constitución de 1999; En efecto, el artículo 145 de la Constitución,
al establecer la inhabilitación de los funcionarios públicos para celebrar contratos
con entes que conforman el sector público, se refiere a los municipios, los estados,
la República “y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado
estatales”. De esta norma, lo que a los efectos de este principio interesa destacar
en relación con los funcionarios de las personas jurídicas estatales y la
celebración de contratos públicos, es la doble distinción señalada que en ella se
establece respecto de las personas jurídicas: por una parte, entre las personas
jurídicas de derecho público y las personas jurídicas de derecho privado; y por la
otra, entre las personas jurídicas estatales y las personas jurídicas no estatales.
La prohibición de contratar que se impone a los funcionarios públicos, por
supuesto, es con las personas jurídicas estatales, cualquiera que sea la forma
jurídica que tengan, de derecho público o de derecho privado. Estas dos
clasificaciones o distinciones respecto de las personas jurídicas se recogen,
además, en otras normas constitucionales: En cuanto a las personas jurídicas de
derecho público y de derecho privado, en el artículo 322 de la Constitución,
cuando al señalar que la seguridad de la Nación es competencia esencial y
responsabilidad del Estado, indica que aquélla se fundamenta en el desarrollo
integral de la Nación y que su defensa es responsabilidad de los venezolanos y de
las “personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho
privado” que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Por otra parte, en
los artículos 159 y 168, en los cuales se determina expresamente la personalidad
jurídica respecto de los estados y municipios como personas jurídicas de derecho
público territoriales; en los artículos 142 y 189,1, en los cuales se regula a los
institutos autónomos como personas jurídicas de derecho público institucionales; y
el artículo 318, el cual califica expresamente al Banco Central de Venezuela como
persona jurídica de derecho público. En cuanto a la integración de las personas
jurídicas a la organización general del Estado o al sector público, es decir, a las
personas jurídicas estatales, el artículo 190, al regular las incompatibilidades de
los diputados a la Asamblea Nacional, precisa, entre otros aspectos, dispone los
mismos no pueden ser propietarios, administradores o directores de empresas que
contraten con personas jurídicas estatales. Por otra parte, en el artículo 180, al
regular la inmunidad tributaria de los entes o personas jurídicas político-
territoriales (República, estados y municipios) entre sí, se señala que la inmunidad
frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes
político territoriales se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por
ellos; Además, el artículo 289, al regular las atribuciones de la Contraloría General
de la República, precisa la competencia de este órgano para realizar inspecciones
y fiscalizaciones respecto de las personas jurídicas del sector público. De toda
esta normativa constitucional deriva, por tanto, como ya hemos señalado, que la
expresión genérica de Estado comprende a todas las personas jurídicas que en el
orden interno y en la organización política del Estado federal se consideran como
parte del mismo conforme a los tres niveles de distribución territorial del Poder
Público: nacional, estatal y municipal.
CONCLUCION
Para concluir se establecen así, en la Constitución, como se ha indicado en el
presente trabajo, dos clasificaciones respecto de las personas jurídicas. La
primera, que distingue entre las personas jurídicas estadales, que forman parte de
la organización general del Estado en sus tres niveles territoriales o, si se quiere,
del sector público; y las personas jurídicas no estatales, que no forman parte del
Estado o del sector público; y la segunda, que distingue según la forma jurídica
que adoptan las personas jurídicas, entre personas jurídicas de derecho público,
como los institutos autónomos, y personas jurídicas de derecho privado, como las
sociedades anónimas del Estado (empresas del Estado, o empresas públicas
conforme las denominan los artículos 189,1 y 184,4, respectivamente, de la
Constitución).

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Organizacion del estado

  • 1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICERECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICA ESCUELA DE DERECHO INTEGRANTE: FRANNY ATENCIA C.I: 27.290.213 PROFESOR: EMILY RAMIREZ SAIA A CURSO: DERECHO ADMINISTRATIVO I YOUTUBE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qBM7PF8LJyo https://www.youtube.com/watch?v=qBM7PF8LJyo
  • 2. BARQUISIMETO, ABRIL 2020 INTRODUCCION En el presente trabajo trata sobre la Organización del Estado Venezolano, por el cual Estado se define como la Estado es la organización política, dotada de atribuciones soberanas e independiente, que integra la población de un país; En síntesis es la institucionalización jurídico-política de la sociedad civil y dado que esta institucionalización jurídico-política se expresa y se concreta en la existencia de una autoridad, de un poder público, es que en el lenguaje común y corriente y también en el marxista, se llega a identificar casi exclusivamente al Estado con el Poder Político; Esto nos parece una simplificación pues si bien la existencia de un poder público jurídica y políticamente establecido es necesario para que nazca el Estado, también es cierto que es necesaria la existencia de una población (de una sociedad humana) sobre la cual se ejerza ese poder y un espacio geográfico (un territorio), sobre el cual haya una jurisdicción de ese poder; Por lo cual Los tratadistas suelen distinguir dos elementos esenciales del Estado: los materiales (territorio y población) y los formales (los órganos oficiales) que lo representan y cumplen sus funciones, y la autoridad legal de la que se hallan.
  • 3. Para comenzar, al Estado generalmente se le define como la sociedad civil jurídica y políticamente organizada en eso consiste el Estado: En la institucionalización jurídica y política de la sociedad; De esta manera, el estado nacional no se construyó de un día para el otro, sino a través de un proceso gradual de centralización de las decisiones políticas y de incremento de la fuerza y de la legitimidad de las autoridades nacionales para aplicar esas decisiones en todo el territorial; Asi pues el Derecho Administrativo, como Derecho que rige la organización y funcionamiento de la administración Pública, está condicionado por la concreta organización constitucional del Estado, pues de ella deriva que exista una Administración Pública, o múltiples Administraciones Pública, personificadas o no. En el caso concreto en Venezuela el principio que condiciona al derecho administrativo en la Constitución de 1999, es el principio de la distribución territorial del Poder Público, que deriva de la forma federal del Estado, y que encuentra su expresión formal en el artículo 4 de la Constitución que precisa que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado constitucional en la Nueva Constitución federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución; fórmula más o menos similar a la del artículo 2 de la Constitución de 1961 que decía que “La República de Venezuela es un Estado federal, en los términos consagrados por esta Constitución”; A tal efecto, el artículo 136 de la Constitución de 1999, organiza al Estado con forma federal mediante un sistema de división vertical del Poder Público en tres niveles: Nacional, Estadal y Municipal, atribuyendo su ejercicio a diversos órganos y asignando competencias exclusivas en los tres niveles, además de las competencias concurrentes entre ellos. En todo caso, los términos consagrados por la Constitución art. 4, relativos a la forma de Estado federal descentralizado, son la clave para determinar efectivamente el grado de descentralización del Estado y, por tanto, de la Federación. En la Constitución de 1999, en todo caso, y salvo en el nominalismo, no se avanzó mayormente en relación con lo que existía en el texto de 196111, habiéndose sólo constitucionalizado, en realidad, aspectos que ya se habían establecido en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, los cuales, además, ya tenía rango de ley constitucional en lo que se refería a la transferencia a los Estados de competencias del Poder Nacional. La distribución territorial o vertical del poder, en todo caso, implica autonomía territorial, y sobre ello, la Constitución de 1999, dispone que los Estados son entidades políticas autónomas en lo político art. 159; y que los Municipios gozan de autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley art. 168. A tal efecto, la Constitución establece los principios generales de la organización del Poder Público Estadal, conforme al principio de separación orgánica en dos Poderes: el Poder Legislativo, a cargo de
  • 4. los Consejos Legislativos Estadales cuyos miembros son electos por votación popular directa y secreta; y el Poder Ejecutivo, a cargo de los Gobernadores, cuya elección se estableció a partir de 1989 Arts. 160; 162; Además en la Constitución se prevé un órgano del Poder Público estadal con autonomía funcional, que es la Contraloría del Estado, la cual puede ser configurada como Poder Contralor, Art. 163. En igual sentido, respecto de los Municipios también se establecen los principios generales de la organización del Poder Público Municipal, conforme al principio de separación orgánica en dos Poderes: el Poder Legislativo, a cargo de los Consejos Municipales cuyos miembros son electos por votación popular directa y secreta; y el Poder Ejecutivo, a cargo de los Alcaldes art. 174, cuya elección se estableció a partir de 1989. Además en la Constitución se prevé un órgano del Poder Público municipal con autonomía funcional, que es la Contraloría municipal art. 176. La consecuencia de lo anterior, es que en el ordenamiento constitucional venezolano, el principio de la distribución vertical del Poder Público conduce a la existencia de tres niveles autónomos de Administración Pública: la Administración Pública Nacional, la Administración Pública Estadal (Gobernaciones) y la Administración Pública Municipal (Alcaldías), cada una integrada en una persona jurídica estatal distinta: la República, los Estados y los Municipios, respectivamente. En efecto, la consecuencia del principio de la distribución vertical del poder público es que el Estado está conformado por diversas entidades político-territoriales que actualizan la personalidad jurídica del Estado. El Estado, por tanto, en el ámbito interno no es una persona jurídica, sino que está conformado por un conjunto de personas jurídicas que son las personas jurídicas estatales. En consecuencia, en Venezuela, tratándose de un Estado con forma federal, conforme al cual el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el Poder Nacional Art. 136 de la Constitución, el Estado está básicamente conformado por un conjunto de personas jurídicas que conforman la organización política en el territorio como son la República, los estados y los municipios, y por otras personas jurídicas estatales producto de la descentralización política y funcional. El Estado, por tanto, se insiste, no es una persona jurídica en el ámbito interno; lo que existen son muchas personas jurídicas que actualizan su voluntad y que son las personas jurídicas estatales las cuales en definitiva, conforman el Estado. Estas personas jurídicas estatales, como sujetos de derecho cuyos órganos conforman la Administración Pública, son las que constituyen objeto de regulación por parte del derecho administrativo porque en definitiva, son las que establecen las relaciones jurídico-administrativas con los otros sujetos de derecho y los administrados. Las personas jurídicas estatales, sin embargo, no tienen una sola forma jurídica, sino que pueden tener la forma jurídica de derecho público o la forma jurídica de derecho privado, según se
  • 5. constituyan mediante mecanismos de derecho público regulados en la propia Constitución o en las leyes o mediante los mecanismos regulados en el derecho privado, particularmente en el Código Civil. En el derecho público venezolano, por tanto, hay dos clasificaciones de las personas jurídicas: las personas estatales y no estatales, según su integración o no a la organización general del Estado o sector público; y las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado, según la forma jurídica adoptada para su creación; clasificaciones que han sido acogidas por la Constitución de 1999; En efecto, el artículo 145 de la Constitución, al establecer la inhabilitación de los funcionarios públicos para celebrar contratos con entes que conforman el sector público, se refiere a los municipios, los estados, la República “y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales”. De esta norma, lo que a los efectos de este principio interesa destacar en relación con los funcionarios de las personas jurídicas estatales y la celebración de contratos públicos, es la doble distinción señalada que en ella se establece respecto de las personas jurídicas: por una parte, entre las personas jurídicas de derecho público y las personas jurídicas de derecho privado; y por la otra, entre las personas jurídicas estatales y las personas jurídicas no estatales. La prohibición de contratar que se impone a los funcionarios públicos, por supuesto, es con las personas jurídicas estatales, cualquiera que sea la forma jurídica que tengan, de derecho público o de derecho privado. Estas dos clasificaciones o distinciones respecto de las personas jurídicas se recogen, además, en otras normas constitucionales: En cuanto a las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado, en el artículo 322 de la Constitución, cuando al señalar que la seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, indica que aquélla se fundamenta en el desarrollo integral de la Nación y que su defensa es responsabilidad de los venezolanos y de las “personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado” que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Por otra parte, en los artículos 159 y 168, en los cuales se determina expresamente la personalidad jurídica respecto de los estados y municipios como personas jurídicas de derecho público territoriales; en los artículos 142 y 189,1, en los cuales se regula a los institutos autónomos como personas jurídicas de derecho público institucionales; y el artículo 318, el cual califica expresamente al Banco Central de Venezuela como persona jurídica de derecho público. En cuanto a la integración de las personas jurídicas a la organización general del Estado o al sector público, es decir, a las personas jurídicas estatales, el artículo 190, al regular las incompatibilidades de los diputados a la Asamblea Nacional, precisa, entre otros aspectos, dispone los mismos no pueden ser propietarios, administradores o directores de empresas que contraten con personas jurídicas estatales. Por otra parte, en el artículo 180, al regular la inmunidad tributaria de los entes o personas jurídicas político- territoriales (República, estados y municipios) entre sí, se señala que la inmunidad
  • 6. frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes político territoriales se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos; Además, el artículo 289, al regular las atribuciones de la Contraloría General de la República, precisa la competencia de este órgano para realizar inspecciones y fiscalizaciones respecto de las personas jurídicas del sector público. De toda esta normativa constitucional deriva, por tanto, como ya hemos señalado, que la expresión genérica de Estado comprende a todas las personas jurídicas que en el orden interno y en la organización política del Estado federal se consideran como parte del mismo conforme a los tres niveles de distribución territorial del Poder Público: nacional, estatal y municipal.
  • 7. CONCLUCION Para concluir se establecen así, en la Constitución, como se ha indicado en el presente trabajo, dos clasificaciones respecto de las personas jurídicas. La primera, que distingue entre las personas jurídicas estadales, que forman parte de la organización general del Estado en sus tres niveles territoriales o, si se quiere, del sector público; y las personas jurídicas no estatales, que no forman parte del Estado o del sector público; y la segunda, que distingue según la forma jurídica que adoptan las personas jurídicas, entre personas jurídicas de derecho público, como los institutos autónomos, y personas jurídicas de derecho privado, como las sociedades anónimas del Estado (empresas del Estado, o empresas públicas conforme las denominan los artículos 189,1 y 184,4, respectivamente, de la Constitución).