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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
RESOLUCIÓN 61/2018
Medida cautelar N° 972-18
Semma Julissa Villanueva Barahona y otras respecto de Honduras
12 de agosto de 2018
I. INTRODUCCIÓN
1. El 3 de agosto de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo “la
Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares
presentada por la señora Semma Julissa Villanueva Barahona, instando a que requiera al Estado de
Honduras (en adelante “Honduras” o “el Estado”) la adopción de las medidas necesarias para garantizar
su vida e integridad personal y la de las señoras Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana Noreyda
Ferrufino y Karla Vanessa Beltrán Cruz (en adelante, “las propuestas beneficiarias”). De acuerdo con la
solicitud, las propuestas beneficiarias, quienes serían parte del equipo de la Dirección de Medicina
Forense del Ministerio Público de Honduras, estarían siendo objeto de hostigamientos y amenazas con
motivo de un dictamen emitido con base en sus labores.
2. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por el solicitante, la Comisión
considera que la información presentada demuestra prima facie que Semma Julissa Villanueva
Barahona, Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana Noreyda Ferrufino y Karla Vanessa Beltrán Cruz
se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, por motivo de la gravedad de los hostigamientos
de los que estarían siendo objeto. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la
CIDH, la Comisión solicita a Honduras que: a) adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e
integridad personal de Semma Julissa Villanueva Barahona, Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana
Noreyda Ferrufino y Karla Vanessa Beltrán Cruz; b) adopte las medidas necesarias para que las
beneficiarias puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u
otros hechos de violencia; y c) informen sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos
hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.
II. RESUMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADO POR LA SOLICITANTE
3. De acuerdo con la solicitud, la señora Semma Julissa Villanueva Barahona sería Directora de
Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras, la señora Gregoria América Gomez Ramírez sería
Coordinadora Regional de Medicina Forense de San Pedro Sula, la señora Dicciana Noreyda Ferrufino
sería Jefa del Departamento de Patología Forense de la Coordinación Regional de Medicina Forense de
San Pedro Sula y la señora Karla Vanessa Beltrán Cruz sería Asistente Técnico de la Coordinación
Regional de Medicina Forense de San Pedro Sula.
4. De acuerdo con la solicitud, el 11 de junio habría sido encontrado el cuerpo de Sherill Yubissa
Hernández Mancia, quien habría sido Agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). En
dicho caso, la solicitante y su equipo habrían determinado en el marco de sus labores que “desde el
punto de vista médico legal” se trataba de un homicidio y habría denunciado presuntas irregularidades
en el manejo de la escena de crimen ante diversas autoridades. En este sentido, señaló que se
encontraron evidencias de que la escena del crimen fue “alterada y contaminada”, la cual habría sido
manejada por agentes de la ATIC, indicando que ellos debían de haberse recusado.
- 2 -
5. De acuerdo con la solicitante, agentes de la ATIC estarían involucrados con el homicidio, así
como un Jefe Regional de la ATIC que sería líder de una “banda de exterminio existente en el interior de
la ATIC”. La solicitante mencionó que era conocido por parte de miembros de la ATIC que “el homicidio
de la agente había sido provocado en el interior de la misma Agencia de Investigación” y que la agente
tenía una relación sentimental con su jefe inmediato.
6. La solicitante denunció que ha sido objeto de amenazas de manera “indirecta” entre el 12 y el 18
de junio de 2018, a través de colegas que le habrían informado que a ella y a sus compañeras de trabajo
las “iban a matar por sostener que el caso de la muerte de la joven Sherill Yubissa Hernández Mancia se
trataba de una muerte homicida desde el punto de vista médico legal y por denunciar que existían
irregularidades en el manejo de la escena del crimen”. Posteriormente, le habrían informado que el
referido Jefe Regional de la ATIC habría manifestado “cómo le callamos el pico a esa vieja”, así como
diversos comentarios no especificados con motivo de su dictamen forense.
7. Posteriormente, el 28 de junio de 2018 se habrían acercado a una persona del equipo de trabajo
de la solicitante de manera directa dentro de las instalaciones de la morgue, sosteniéndole del brazo e
indicándole:
¿Usted es Karla Beltran?... mire hay hombres armados, uno tipo militar y otro tipo Dr. al
interior de un carro que esta allá, mire sin que se den cuenta, cuídese mamá porque las
quieren matar, las están vigilando ya días, si usted quiere llame al 911 y dígale a su jefa
que ella está en grave peligro, no vayan a salir y mañana pidan resguardo militar a todo
medicina Forense
8. La solicitante agregó que por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) le habrían
informado el mismo 28 de junio que las amenazas eran “verdaderas y de gravedad”, ya que personal de
la DIPOL habría confirmado que “personas peligrosas y sospechosas habían estado en varios
automóviles en las afueras de la morgue”, recomendándole acudir a entes de protección y hacer una
denuncia pública. Por motivo de lo anterior, se habría comunicado a la Dirección Policial de
Investigaciones (DPI), brindándoles resguardo a su personal para que pudieran salir de la morgue y
trasladándoles a Tegucigalpa para presentar una denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos
Humanos de Honduras (CONADEH).
9. Asimismo, la solicitante se habría presentado ante medios de comunicación el 1 y 2 de julio de
2018, señalando la necesidad de investigar los hechos, el no permitir el acceso a la ATIC a la
investigación, que agencias con mayor objetividad llevaran la investigación y habría denunciado las
presuntas amenazas. Asimismo, el 16 de julio de 2018 la propuesta beneficiaria habría denunciado que
se estaría desacreditando su prueba científica sobre el caso.
10. De acuerdo con el anexo correspondiente al análisis de riesgo que le habrían realizado a la
propuesta beneficiaria, la Secretaría de Seguridad de la DIPOL habría determinado que la solicitante
tendría un nivel de riesgo “extraordinario” y que se le asignen un vehículo blindado nivel 5 y un
esquema de seguridad conformado por 4 funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y Servicios
Especiales y 2 de la DIPOL.
11. Finalmente, la solicitante señaló que tras interponerse denuncias ante la DIPOL estaría
“brindándole protección personal”. La solicitante señaló que “las medidas de protección deberán
extenderse a los miembros del equipo de trabajo de la Sede Regional de Medicina Forense identificados.
- 3 -
III. ANÁLISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, URGENCIA E IRREPARABILIDAD
12. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la Comisión de supervisar el
cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de la
Organización de Estados Americanos. Estas funciones generales de supervisión están establecidas en el
artículo 41 (b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recogido también en el artículo
18 (b) del Estatuto de la CIDH. El mecanismo de medidas cautelares es descrito en el artículo 25 del
Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, la Comisión otorga medidas cautelares en
situaciones que son graves y urgentes, y en cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño
irreparable a las personas.
13. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Corte Interamericana” o “Corte IDH”) han establecido de manera reiterada que las medidas cautelares y
provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las
medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. Con
respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación
jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. El carácter cautelar tiene por objeto y fin
preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo
conocimiento en el Sistema Interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la
efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados,
situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión final. En tal
sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la
decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas. Para los efectos de tomar una
decisión, y de acuerdo con el artículo 25.2 de su Reglamento, la Comisión considera que:
a. la “gravedad de la situación” implica el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho
protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del
Sistema Interamericano;
b. la “urgencia de la situación” se determina por medio de la información aportada, indicando el riesgo o la
amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o
tutelar; y
c. el “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles
de reparación, restauración o adecuada indemnización.
14. En el análisis de tales requisitos, la Comisión reitera que por su propio mandato no está llamada
a establecer responsabilidades penales individuales por los hechos alegados. Asimismo, no le
corresponde en esta oportunidad determinar si se han producido violaciones a los derechos humanos. El
análisis que la Comisión efectúa a continuación se relaciona exclusivamente con los elementos de
gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable establecidos en el artículo 25 de su Reglamento, los
cuales pueden resolverse sin entrar en determinaciones de fondo.
15. Por otra parte, la Comisión recuerda que los hechos que motivan una solicitud de medidas de
cautelares no requieren estar plenamente comprobados, sino que la información proporcionada debe
- 4 -
ser apreciada desde una perspectiva prima facie que permita identificar una situación de gravedad y
urgencia1.
16. Al momento de valorar el requisito de gravedad, la Comisión observa que tuvo la oportunidad de
entrevistar directamente a la propuesta beneficiaria durante su visita a Honduras realizada entre el 30
de julio al 3 de agosto de 2018. En sus observaciones preliminares, la Comisión resaltó “la importancia
de la labor de la Dirección General de Medicina Forense de Honduras [presidida por la propuesta
beneficiaria]” y señaló la importancia de “que se garantice su actuación expedita con los recursos
necesarios debido a la labor crucial que desempeña para que las Fiscalías cuentan con la información
necesaria para realizar una investigación efectiva”2.
17. De acuerdo con la información aportada en la solicitud, la señora Semma Julissa Villanueva
Barahona en su calidad de Directora de Medicina Forense del Ministerio Público habría sido informada
en varias oportunidades de la posibilidad de ser objeto de un atentado para asesinarle, cuestión que
habría sido confirmada por la DIPOL. Tal situación presuntamente estaría relacionada con su labor en la
investigación forense de un caso relacionado con la muerte de una Agente de la Agencia Técnica de
Investigación Criminal en el cual podrían estar vinculados agentes de dicha agencia. Tales amenazas
habrían sido asimismo conformadas por la Dirección de Inteligencia Policial quien habría indicado que
las mismas eran de gravedad.
18. En vista de lo anterior, teniendo en cuenta las características específicas del presente asunto, y a
la luz del criterio de apreciación prima facie del mecanismo de medidas cautelares, la Comisión
considera que los derechos a la vida e integridad personal de la señora Semma Julissa Villanueva
Barahona se encuentra en una situación de grave riesgo. Asimismo, en vista de las amenazas y
hostigamientos que tendrían un nexo causal con sus labores, la Comisión considera que dicha situación
de riesgo se extiende a los miembros identificados del equipo forense, así como a su núcleo familiar.
19. Respecto al requisito de urgencia, la Comisión nota que la propuesta beneficiaria habría recibido
medidas de protección por parte de la DIPOL, quien determinó que tendría un nivel de riesgo
“extraordinario”, asignando un vehículo blindado y hombres para su protección. Según lo alegado por la
solicitante, tales medidas de protección no resultarían idóneas para la situación en vista de que se
encuentran en la misma situación de riesgo los integrantes identificados del equipo de trabajo de
medicina forense.
20. Al respecto, dado el tenor de las amenazas y el origen que tendrían, la Comisión considera ante
la falta de información sobre el alcance de tal protección al núcleo familiar de la señora Villanueva, así
como de su equipo de trabajo, el riesgo alegado, susceptible de exacerbarse con el paso de tiempo,
pudiera resultar en una afectación a la vida e integridad de las propuestas beneficiarias, resultando
cumplido el requisito de urgencia, ante la necesidad de adopción de medidas inmediatas de protección.
1
Al respecto, por ejemplo, refiriéndose a las medidas provisionales, la Corte Interamericana ha indicado que se requiere un mínimo de detalle e
información que permitan apreciar prima facie una situación de extrema gravedad y urgencia. Corte IDH, Asunto de los niños y adolescentes
privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de la Fundação CASA. Solicitud de ampliación de medidas provisionales. Medidas Provisionales
respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006. Considerando 23.
2
CIDH, Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a Honduras, 3 de agosto de 2018, disponible en
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/ObsPrelHnd.pdf
- 5 -
21. En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, en la
medida que la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima
situación de irreparabilidad.
22. La Comisión desea recordar que de acuerdo con el artículo 25.5 de su Reglamento “antes de
tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado
involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora”.
En el presente asunto, la Comisión no considera necesario solicitar información adicional, teniendo en
cuenta las constataciones directamente realizadas durante su visita in loco a Honduras, el tenor de las
amenazas en contra de la señora Villanueva, así como que el riesgo alegado estaría posiblemente
relacionado con agentes del Estado y que las amenazas y riesgo habrían sido a su vez confirmadas por
una agencia de inteligencia policial.
IV. BENEFICIARIAS
23. La CIDH considera como beneficiarios de la presente medida a las señoras Semma Julissa
Villanueva Barahona, Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana Noreyda Ferrufino y Karla Vanessa
Beltrán Cruz y sus núcleos familiares, quienes se encuentran debidamente identificados en el marco de
este procedimiento.
V. DECISIÓN
24. En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne prima
facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su
Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita a Honduras que:
a) Adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Semma Julissa
Villanueva Barahona, Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana Noreyda Ferrufino y Karla
Vanessa Beltrán Cruz;
b) Adopte las medidas necesarias para que las beneficiarias puedan desarrollar sus actividades sin
ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia; y
c) Informen sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar
a la adopción de la presente medida cautelar.
25. La Comisión también solicita a Honduras tenga a bien informar a la Comisión dentro del plazo
de 15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la adopción de las medidas
cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.
26. La Comisión resalta que, de conformidad con el artículo 25(8) del Reglamento de la Comisión, el
otorgamiento de medidas cautelares y su adopción por el Estado no constituye prejuzgamiento sobre la
posible violación de los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos
aplicables.
27. La Comisión de conformidad con el artículo 25.5 del Reglamento revisará la pertinencia de
mantener vigente la presente medida cautelar, o bien proceder a su levantamiento, en su próximo
- 6 -
período de sesiones. Para ello, la Comisión tendrá en cuenta la información que sea aportada por el
Estado de Honduras.
28. La Comisión requiere a la Secretaría de la Comisión Interamericana que notifique la presente
Resolución al Estado de Honduras y al solicitante.
29. Aprobado el 12 de agosto de 2018 por: Margarette May Macaulay; Presidenta; Esmeralda
Arosemena de Troitiño; Primera Vicepresidenta; Luis Ernesto Vargas Silva, Segundo Vicepresidente;
Francisco José Eguiguren Praeli; Joel Hernández García; Antonia Urrejola; y Flávia Piovesan, miembros
de la CIDH.
María Claudia Pulido
Secretaria Ejecutiva Adjunta

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Medidas cautelares de CIDH a Julissa Villanueva.

  • 1. - 1 - COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 61/2018 Medida cautelar N° 972-18 Semma Julissa Villanueva Barahona y otras respecto de Honduras 12 de agosto de 2018 I. INTRODUCCIÓN 1. El 3 de agosto de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la señora Semma Julissa Villanueva Barahona, instando a que requiera al Estado de Honduras (en adelante “Honduras” o “el Estado”) la adopción de las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal y la de las señoras Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana Noreyda Ferrufino y Karla Vanessa Beltrán Cruz (en adelante, “las propuestas beneficiarias”). De acuerdo con la solicitud, las propuestas beneficiarias, quienes serían parte del equipo de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras, estarían siendo objeto de hostigamientos y amenazas con motivo de un dictamen emitido con base en sus labores. 2. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por el solicitante, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que Semma Julissa Villanueva Barahona, Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana Noreyda Ferrufino y Karla Vanessa Beltrán Cruz se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, por motivo de la gravedad de los hostigamientos de los que estarían siendo objeto. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a Honduras que: a) adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Semma Julissa Villanueva Barahona, Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana Noreyda Ferrufino y Karla Vanessa Beltrán Cruz; b) adopte las medidas necesarias para que las beneficiarias puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia; y c) informen sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. II. RESUMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADO POR LA SOLICITANTE 3. De acuerdo con la solicitud, la señora Semma Julissa Villanueva Barahona sería Directora de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras, la señora Gregoria América Gomez Ramírez sería Coordinadora Regional de Medicina Forense de San Pedro Sula, la señora Dicciana Noreyda Ferrufino sería Jefa del Departamento de Patología Forense de la Coordinación Regional de Medicina Forense de San Pedro Sula y la señora Karla Vanessa Beltrán Cruz sería Asistente Técnico de la Coordinación Regional de Medicina Forense de San Pedro Sula. 4. De acuerdo con la solicitud, el 11 de junio habría sido encontrado el cuerpo de Sherill Yubissa Hernández Mancia, quien habría sido Agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). En dicho caso, la solicitante y su equipo habrían determinado en el marco de sus labores que “desde el punto de vista médico legal” se trataba de un homicidio y habría denunciado presuntas irregularidades en el manejo de la escena de crimen ante diversas autoridades. En este sentido, señaló que se encontraron evidencias de que la escena del crimen fue “alterada y contaminada”, la cual habría sido manejada por agentes de la ATIC, indicando que ellos debían de haberse recusado.
  • 2. - 2 - 5. De acuerdo con la solicitante, agentes de la ATIC estarían involucrados con el homicidio, así como un Jefe Regional de la ATIC que sería líder de una “banda de exterminio existente en el interior de la ATIC”. La solicitante mencionó que era conocido por parte de miembros de la ATIC que “el homicidio de la agente había sido provocado en el interior de la misma Agencia de Investigación” y que la agente tenía una relación sentimental con su jefe inmediato. 6. La solicitante denunció que ha sido objeto de amenazas de manera “indirecta” entre el 12 y el 18 de junio de 2018, a través de colegas que le habrían informado que a ella y a sus compañeras de trabajo las “iban a matar por sostener que el caso de la muerte de la joven Sherill Yubissa Hernández Mancia se trataba de una muerte homicida desde el punto de vista médico legal y por denunciar que existían irregularidades en el manejo de la escena del crimen”. Posteriormente, le habrían informado que el referido Jefe Regional de la ATIC habría manifestado “cómo le callamos el pico a esa vieja”, así como diversos comentarios no especificados con motivo de su dictamen forense. 7. Posteriormente, el 28 de junio de 2018 se habrían acercado a una persona del equipo de trabajo de la solicitante de manera directa dentro de las instalaciones de la morgue, sosteniéndole del brazo e indicándole: ¿Usted es Karla Beltran?... mire hay hombres armados, uno tipo militar y otro tipo Dr. al interior de un carro que esta allá, mire sin que se den cuenta, cuídese mamá porque las quieren matar, las están vigilando ya días, si usted quiere llame al 911 y dígale a su jefa que ella está en grave peligro, no vayan a salir y mañana pidan resguardo militar a todo medicina Forense 8. La solicitante agregó que por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) le habrían informado el mismo 28 de junio que las amenazas eran “verdaderas y de gravedad”, ya que personal de la DIPOL habría confirmado que “personas peligrosas y sospechosas habían estado en varios automóviles en las afueras de la morgue”, recomendándole acudir a entes de protección y hacer una denuncia pública. Por motivo de lo anterior, se habría comunicado a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), brindándoles resguardo a su personal para que pudieran salir de la morgue y trasladándoles a Tegucigalpa para presentar una denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). 9. Asimismo, la solicitante se habría presentado ante medios de comunicación el 1 y 2 de julio de 2018, señalando la necesidad de investigar los hechos, el no permitir el acceso a la ATIC a la investigación, que agencias con mayor objetividad llevaran la investigación y habría denunciado las presuntas amenazas. Asimismo, el 16 de julio de 2018 la propuesta beneficiaria habría denunciado que se estaría desacreditando su prueba científica sobre el caso. 10. De acuerdo con el anexo correspondiente al análisis de riesgo que le habrían realizado a la propuesta beneficiaria, la Secretaría de Seguridad de la DIPOL habría determinado que la solicitante tendría un nivel de riesgo “extraordinario” y que se le asignen un vehículo blindado nivel 5 y un esquema de seguridad conformado por 4 funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales y 2 de la DIPOL. 11. Finalmente, la solicitante señaló que tras interponerse denuncias ante la DIPOL estaría “brindándole protección personal”. La solicitante señaló que “las medidas de protección deberán extenderse a los miembros del equipo de trabajo de la Sede Regional de Medicina Forense identificados.
  • 3. - 3 - III. ANÁLISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, URGENCIA E IRREPARABILIDAD 12. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la Comisión de supervisar el cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Estas funciones generales de supervisión están establecidas en el artículo 41 (b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recogido también en el artículo 18 (b) del Estatuto de la CIDH. El mecanismo de medidas cautelares es descrito en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas. 13. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “Corte IDH”) han establecido de manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. El carácter cautelar tiene por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el Sistema Interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión final. En tal sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas. Para los efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el artículo 25.2 de su Reglamento, la Comisión considera que: a. la “gravedad de la situación” implica el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; b. la “urgencia de la situación” se determina por medio de la información aportada, indicando el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y c. el “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. 14. En el análisis de tales requisitos, la Comisión reitera que por su propio mandato no está llamada a establecer responsabilidades penales individuales por los hechos alegados. Asimismo, no le corresponde en esta oportunidad determinar si se han producido violaciones a los derechos humanos. El análisis que la Comisión efectúa a continuación se relaciona exclusivamente con los elementos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable establecidos en el artículo 25 de su Reglamento, los cuales pueden resolverse sin entrar en determinaciones de fondo. 15. Por otra parte, la Comisión recuerda que los hechos que motivan una solicitud de medidas de cautelares no requieren estar plenamente comprobados, sino que la información proporcionada debe
  • 4. - 4 - ser apreciada desde una perspectiva prima facie que permita identificar una situación de gravedad y urgencia1. 16. Al momento de valorar el requisito de gravedad, la Comisión observa que tuvo la oportunidad de entrevistar directamente a la propuesta beneficiaria durante su visita a Honduras realizada entre el 30 de julio al 3 de agosto de 2018. En sus observaciones preliminares, la Comisión resaltó “la importancia de la labor de la Dirección General de Medicina Forense de Honduras [presidida por la propuesta beneficiaria]” y señaló la importancia de “que se garantice su actuación expedita con los recursos necesarios debido a la labor crucial que desempeña para que las Fiscalías cuentan con la información necesaria para realizar una investigación efectiva”2. 17. De acuerdo con la información aportada en la solicitud, la señora Semma Julissa Villanueva Barahona en su calidad de Directora de Medicina Forense del Ministerio Público habría sido informada en varias oportunidades de la posibilidad de ser objeto de un atentado para asesinarle, cuestión que habría sido confirmada por la DIPOL. Tal situación presuntamente estaría relacionada con su labor en la investigación forense de un caso relacionado con la muerte de una Agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en el cual podrían estar vinculados agentes de dicha agencia. Tales amenazas habrían sido asimismo conformadas por la Dirección de Inteligencia Policial quien habría indicado que las mismas eran de gravedad. 18. En vista de lo anterior, teniendo en cuenta las características específicas del presente asunto, y a la luz del criterio de apreciación prima facie del mecanismo de medidas cautelares, la Comisión considera que los derechos a la vida e integridad personal de la señora Semma Julissa Villanueva Barahona se encuentra en una situación de grave riesgo. Asimismo, en vista de las amenazas y hostigamientos que tendrían un nexo causal con sus labores, la Comisión considera que dicha situación de riesgo se extiende a los miembros identificados del equipo forense, así como a su núcleo familiar. 19. Respecto al requisito de urgencia, la Comisión nota que la propuesta beneficiaria habría recibido medidas de protección por parte de la DIPOL, quien determinó que tendría un nivel de riesgo “extraordinario”, asignando un vehículo blindado y hombres para su protección. Según lo alegado por la solicitante, tales medidas de protección no resultarían idóneas para la situación en vista de que se encuentran en la misma situación de riesgo los integrantes identificados del equipo de trabajo de medicina forense. 20. Al respecto, dado el tenor de las amenazas y el origen que tendrían, la Comisión considera ante la falta de información sobre el alcance de tal protección al núcleo familiar de la señora Villanueva, así como de su equipo de trabajo, el riesgo alegado, susceptible de exacerbarse con el paso de tiempo, pudiera resultar en una afectación a la vida e integridad de las propuestas beneficiarias, resultando cumplido el requisito de urgencia, ante la necesidad de adopción de medidas inmediatas de protección. 1 Al respecto, por ejemplo, refiriéndose a las medidas provisionales, la Corte Interamericana ha indicado que se requiere un mínimo de detalle e información que permitan apreciar prima facie una situación de extrema gravedad y urgencia. Corte IDH, Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de la Fundação CASA. Solicitud de ampliación de medidas provisionales. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006. Considerando 23. 2 CIDH, Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a Honduras, 3 de agosto de 2018, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/ObsPrelHnd.pdf
  • 5. - 5 - 21. En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, en la medida que la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad. 22. La Comisión desea recordar que de acuerdo con el artículo 25.5 de su Reglamento “antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora”. En el presente asunto, la Comisión no considera necesario solicitar información adicional, teniendo en cuenta las constataciones directamente realizadas durante su visita in loco a Honduras, el tenor de las amenazas en contra de la señora Villanueva, así como que el riesgo alegado estaría posiblemente relacionado con agentes del Estado y que las amenazas y riesgo habrían sido a su vez confirmadas por una agencia de inteligencia policial. IV. BENEFICIARIAS 23. La CIDH considera como beneficiarios de la presente medida a las señoras Semma Julissa Villanueva Barahona, Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana Noreyda Ferrufino y Karla Vanessa Beltrán Cruz y sus núcleos familiares, quienes se encuentran debidamente identificados en el marco de este procedimiento. V. DECISIÓN 24. En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita a Honduras que: a) Adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Semma Julissa Villanueva Barahona, Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana Noreyda Ferrufino y Karla Vanessa Beltrán Cruz; b) Adopte las medidas necesarias para que las beneficiarias puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia; y c) Informen sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. 25. La Comisión también solicita a Honduras tenga a bien informar a la Comisión dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica. 26. La Comisión resalta que, de conformidad con el artículo 25(8) del Reglamento de la Comisión, el otorgamiento de medidas cautelares y su adopción por el Estado no constituye prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables. 27. La Comisión de conformidad con el artículo 25.5 del Reglamento revisará la pertinencia de mantener vigente la presente medida cautelar, o bien proceder a su levantamiento, en su próximo
  • 6. - 6 - período de sesiones. Para ello, la Comisión tendrá en cuenta la información que sea aportada por el Estado de Honduras. 28. La Comisión requiere a la Secretaría de la Comisión Interamericana que notifique la presente Resolución al Estado de Honduras y al solicitante. 29. Aprobado el 12 de agosto de 2018 por: Margarette May Macaulay; Presidenta; Esmeralda Arosemena de Troitiño; Primera Vicepresidenta; Luis Ernesto Vargas Silva, Segundo Vicepresidente; Francisco José Eguiguren Praeli; Joel Hernández García; Antonia Urrejola; y Flávia Piovesan, miembros de la CIDH. María Claudia Pulido Secretaria Ejecutiva Adjunta