Si se quiere aumentar cobertura y calidad, eso cuesta . josé f. isaza (ascun)

1. "Si se quiere aumentar cobertura y calidad, eso cuesta": José F. Isaza
REFORMA LEY 30El presidente ASCUN y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
explica por qué no aprueban la creación de instituciones con ánimo de lucro y habla de la
propuesta que busca que la educación superior en Colombia sea un derecho fundamental.
Martes 28 Junio 2011
Semana.com entrevistó a José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y
actual presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), sobre los puntos
más importantes de la reforma a la educación superior y de la contrapropuesta que ellos hacen.
Los rectores de las universidades públicas y privadas ya hicieron oficial su posición ante la
reforma a la Ley 30 de Educación Superior que el Ministerio de Educación busca el Congreso
de la República apruebe en la próxima legislatura. Aunque los académicos no discuten sobre la
necesidad de hacer cambios en el sector, en algunos temas asumen posiciones que no serán
fáciles de negociar con el Gobierno.
Rechazan la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y temen que
particulares o empresas compren universidades ya existentes. Asimismo, creen que el modelo
de financiamiento de las instituciones públicas debe ser más ambicioso y contrario a lo que
piensa el Gobierno, para los rectores, la propuesta que presentó el presidente Juan Manuel
Santos no financia el aumento de cobertura y calidad.
Semana.com: Durante los tres meses de discusión del proyecto de la reforma a la Ley
30 el Gobierno acogió propuestas que ponen control las instituciones de educación
superior con ánimo de lucro. ¿No los convence? ¿Cuáles son esas razones de fondo
que tienen para negarse a que existan?
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2. "Si se quiere aumentar cobertura y calidad, eso cuesta": José F. Isaza
José Fernando Isaza: Ese es el punto de mayor separación. Hay varios aspectos para
negarnos. El más importante: la experiencia de las universidades con ánimo de lucro en
algunos países, particularmente en Estados Unidos, ha sido desastrosa. La universidad
colombiana, la que está constituida como sin ánimo de lucro, tiene una estructura de costo por
investigación, por carreras básicas, por bienestar universitario, en la cual mucha parte de los
beneficios son públicos. Si entra una universidad cuyo objetivo fundamental sea el lucro,
realmente crea una distorsión sobre un sistema cuyos mayores productos son un bien público
como lo es la investigación y la formación de profesionales altamente capacitados. El objetivo
de la educación como bien público no es el ánimo de lucro. Ese es el punto de mayor
desacuerdo.
Semana.com: ¿Cuáles son los riesgos de tener instituciones con ánimo de lucro?
J. F. I.: Las universidades de hoy tienen un portafolio de carrera, algunas tienen subsidios
cruzados. Aquí (con las instituciones con ánimo de lucro) muy posiblemente no habría
subsidios cruzados, entonces todo lo que es la investigación básica, las carreras de ciencias
que son una rentabilidad pública y no privada, no sería del interés de las universidades con
ánimo de lucro. Hay otro tema que es muy complicado. Comprarían universidades ya
existentes que tienen un patrimonio que no siempre figura en los libros (de contabilidad). Hay
intangibles, por ejemplo los registros calificados y las acreditaciones, que no figuran en los
balances, pero pueden significar un valor que supera con creces el costo que se cree. Es un
poco injusto que, además, se lleguen a beneficiar de exenciones de impuestos que le han
hecho en el pasado a las universidades sin ánimo de lucro y que es acumulativa.
Semana.com: ¿Cuáles son las diferencias que tienen con el Gobierno sobre el
financiamiento de las universidades?
J. F. I.: El Gobierno propone mantener en términos constantes su aporte (según el Índice de
Precios del Consumidor, IPC) más un porcentaje del crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB), pero no igual a todo el porcentaje del PIB. Eso implica que la participación financiera del
Estado en las universidades públicas disminuye como porcentaje del PIB. Quiere decir que
lejos de aumentar, disminuye. En los próximos años el aumento de la calidad implica aumento
de costos unitarios, porque aquí no hay economía de escala. Si le sumamos el aumento de la
cobertura, el aporte del Estado a la universidad pública no puede ser simplemente mantenerlo
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3. "Si se quiere aumentar cobertura y calidad, eso cuesta": José F. Isaza
en términos constantes y un porcentaje del PIB. Si se quiere aumentar cobertura y calidad, eso
cuesta, tiene costos y hay que reconocerlos. Si se quiere que todo el aumento de cobertura
vaya únicamente con las universidades con ánimo de lucro, se pone en gran riesgo el concepto
de calidad.
Semana.com: ¿Cuál es el modelo que proponen?
J. F. I.: Si creciera la participación del Estado a la universidad pública, se debería mantener
contante el IPC (como se recibe en la actualidad) y darle todo el crecimiento del PIB: si crece
cinco puntos, darle cinco puntos. Debe haber un aumento real de la participación del Estado
en la educación y que tenga en cuenta el aumento de la cobertura y la calidad. La propuesta
del Gobierno tiene en cuenta estos objetivos, pero no los financia.
Semana.com: ¿Pero con las regalías no se cubrirían las necesidades del sector
educativo?
J. F. I.: Lo que logró el Ministerio de Educación en la Ley de Regalías, de que un porcentaje
se dedique a la investigación e innovación es muy positivo y merecido el reconocimiento.
Ahora nos queda una duda, que no es responsabilidad del Ministerio. Las regalías tal como
están fijadas hoy no tienen en cuenta el aumento del precio de los productos básicos. Si mira,
las regalías del oro son del cuatro por ciento, una tercera parte de la sal, que se paga al 12 por
ciento. Entonces, hay algo que le dice a uno que el porcentaje de esas regalías se fijó cuando
el precio era de 200 o 300 dólares y ahora el precio está en 1.500 dólares. Debería haber un
ajuste. Las mismas regalías del carbón se fijaron cuando la expectativa de precios era de 40
dólares, y hoy están en 80 dólares. Ese es otro punto que hay que discutir y no demerita lo que
hizo el Gobierno de destinar parte de esos recursos a la investigación.
Semana.com: ¿Harían un llamado al Congreso para que modifique estos porcentajes con
una ley?
J. F. I.: Ese es un punto importante. Ya ha habido estudios de algunos economistas. Si el país
es minero, por lo menos que las regalías, que ya no genera empleo y que es un hecho, sí
genere suficientes recursos tributarios para resolver los problemas básicos.
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Semana.com: ¿Los rectores le pedirán prórroga al Ministerio de Educación para darle
más debate a la reforma a la Ley 30?
J. F. I.: Esto requiere más discusión. Hay que decirle al Gobierno que espere un poquito, que
ajustemos más, que lo miremos más para ver en qué puntos podemos llegar a acuerdos. Hay
plazos que para esta discusión no pueden ser los de un trámite legislativo.
Semana.com: Ustedes le presentaron al Gobierno una propuesta de ley estatutaria que
reglamenta la autonomía universitaria y que esperan el Congreso la estudie. Si se
aprueba, ¿qué ganarían las universidades?
J. F. I.: Gana la sociedad en el sentido de que se legisla sobre el derecho a la educación. Hay
una discusión sobre si la educación superior es un derecho fundamental o no. Este proyecto
dice que es un derecho fundamental para que las personas de muy buenas calidades que no
puedan acceder por falta de financiación, accedan y que el Estado busque la forma.
Semana.com: ¿Al considerar la educación como un derecho fundamental, obligará al
Estado a facilitarle el acceso a la persona de cualquier modo?
J. F. I.: Pero para quienes tengan la capacidad y el interés. En ningún país del mundo se
piensa que la cobertura es del 100 por ciento, porque hay personas que no les interesa y eso
hay que respetarlo. Pero si una persona tiene las calidades para hacer una carrera profesional,
la idea es que la limitación económica no sea la que se lo impida. En el proyecto de reforma
estatutaria se reglamenta este derecho. El proyecto del Gobierno reglamenta el servicio.
Semana.com: ¿Qué piensa sobre el plazo de ocho años que tendrán las universidades
para cumplir los requisitos de calidad que exige el proyecto para seguir siendo
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5. "Si se quiere aumentar cobertura y calidad, eso cuesta": José F. Isaza
universidades?
J.F.I.: En el proyecto inicial estaba de cinco años y ahora se habla de ocho. Sobre esto
también hay una discusión con el Gobierno, porque la acreditación (requisitos) debe seguir
siendo voluntaria.
Semana.com: Desde que conocieron el proyecto del Gobierno ustedes criticaron que el
sistema de inspección y vigilancia que propone el Ministerio lesiona su autonomía
universitaria. ¿Ha habido cambios en este punto?
J.F.I.: El proyecto de ley estatutaria regula la autonomía y le pone límites a la inspección y
vigilancia. El primer proyecto del Gobierno era bastante complicado, era policivo. En nuestra
propuesta planteamos el principio del debido proceso y doble instancia, del juicio justo. No se
puede manejar una universidad con criterio de inspector de policía.
Semana.com: ¿No es mejor crear una Superintendencia de Educación?
J.F.I.: Eso se ha hablado. Esa idea, personalmente, me parece buena. Habría más
posibilidades de una independencia en una superintendencia que en un organismo del
Ejecutivo. Y no ocurre ahora, eso lo ha demostrado la historia. Podría ser un debate en el
Congreso.
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