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1 agenda legislativa pan 2003

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A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA:

Acción Nacional revalida su permanente compromiso con la justicia en La democracia en el
ámbito de la libertad.

Al inicio de labores de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, decimos con claridad, cual
es el rumbo de país que propone el Partido Acción Nacional y cuál será el espíritu que anime
las acciones legislativas concretas que proponemos para realizar nuestras aspiraciones de
justicia y realización del bien común, en el marco del Poder Legislativo.

En la pasada campaña pedimos el voto a la ciudadanía para producir las leyes que la sociedad
necesita, y para consolidar los cambios institucionales que den mayor eficacia a la democracia
que las y los mexicanos construimos. ¡No pedimos el voto para obstaculizar la mejoría social!
Pedimos el voto, para hacer eficaz nuestra democracia y para avanzar a la conquista de una
sociedad más justa.


DEMOCRACIA EFICAZ

Esa democracia, organización racional de libertades con base en la ley, distribución equitativa
del saber, del tener y del poder, institucionalización del diálogo, confianza en la palabra
razonable y veraz, voluntad de convivencia con quienes piensan de manera diferente; debe
atender con puntualidad la situación específica de cada persona, de cada familia y de cada
grupo social que conformamos los mexicanos.

La democracia eficaz, que se ha propuesto edificar Acción Nacional, Pasa indiscutiblemente
por impulsar el crecimiento económico del país para generar empleos de calidad y bien
remunerados para los mexicanos. Desde que se fundó Acción Nacional, advirtió que la
democracia, más que una forma de gobierno, es condición de dignidad humana y exigencia de
decoro cívico.

Porque la acción eficaz del aparato del Estado es parte de la Definición misma de democracia,
porque la gobernabilidad no es ausencia de descontentos, sino ambiente propicio para que
florezca la responsabilidad social, por eso, la más alta prioridad de la Agenda Legislativa del
PAN, para la LIX Legislatura que comienza, es la estimulación de una economía fuerte, con
crecimiento sostenido, que genere los empleos que el país está reclamando. Sin empleo, no
hay dignidad humana.

Es necesario asegurar las condiciones de seguridad e infraestructura que propicien la inversión
productiva para generar más y mejores empleos.

La política económica del país debe tener claro el objetivo de acelerar el crecimiento y la
generación de empleos de calidad, pero en la construcción de esa política económica, Acción
Nacional siempre se opondrá a reavivar las tentaciones populistas que buscan excesos en el
déficit para financiar el desarrollo. Una de las causas de la pobreza en México, ha sido, sin
ningún asomo de duda, el manejo irresponsable y fraudulento de las finanzas nacionales, que
el Gobierno de la República que encabeza Vicente Fox, está cuidando con prudencia, equilibrio
y sensatez.

REFORMA HACENDARIA RESPONSABLE

Los nuevos Diputados y los Senadores de la República de Acción Nacional, van por una
Reforma Hacendaria que fortalezca la Participación responsable de los Estados y Municipios,
en la recaudación, en el gasto, y la rendición de cuentas. El Federalismo que busca el PAN, no
es una convocatoria a la desvertebración egoísta del Estado nacional, sino una oportunidad de
solidaridad entre las distintas regiones del país, y una ocasión propicia para aclarar en un
catálogo constitucional las competencias de la Federación y las exclusivas de las Entidades
Federativas. Ese Federalismo que busca el PAN, también es el escenario ideal para entregar a
los ciudadanos el control de sus autoridades municipales. También el nuevo Federalismo debe
tocar la gestión metropolitana, en donde se obligue desde la Constitución a los municipios, a
concurrir a los esfuerzos de coordinación en la prestación de los servicios públicos. En todo
caso, en cualquier Reforma Federalista y Hacendaria, el Congreso de la Unión, tendrá la
centralidad que le otorga la Constitución.

ENERGÍA

Los Diputados y Senadores del PAN, van a ir al Congreso a buscar una Reforma energética,
que sin privatizar los bienes de la Nación, permita la inversión privada, aliente el empleo y
otorgue al país el dinamismo en su planta productiva. La ausencia de reforma en esta materia,
está haciendo vulnerable país frente a las presiones extranjeras. La riqueza del petróleo, del
gas o de la electricidad, que goza México, debe ser para impulsar nuestro crecimiento y para
abatir nuestra pobreza. La riqueza de todos, no debe ser el botín de pocos. Acción Nacional no
cree en los discursos que exhiben el interés parcial, detrás del falso nacionalismo.

REFORMA LABORAL

En Acción Nacional estamos convencidos que el progreso humano y, por tanto, el progreso de
la Nación, depende de la capacidad que las y los mexicanos tengamos para edificar un Estado
de libertad en el que nuestras acciones estén motivadas por la responsabilidad social y se
dirijan al bien común. En ese sentido, el PAN pugnará en el Congreso por una Reforma laboral
que coloque al trabajador en el eje de su articulación.

No habrá consolidación de nuestra vida democrática, ni rutina de una vida justa, sin una
Reforma laboral que evite la discriminación de la mujer, garantice la justicia laboral con jueces
de plena jurisdicción y promueva la democracia sindical.

El crecimiento del país y el pleno empleo podrán ser una realidad, sí se asume la tarea
pendiente de modernizar el viejo marco normativo laboral, que ni responde al trabajador, ni
alienta la inversión. No podemos seguir, como país, condenando a miles de mexicanos a
buscar horizontes prometedores de vida y esperanza fuera de nuestras fronteras.

La Legislatura LIX del Congreso de la Unión se medirá en la historia por su capacidad de
animar y llevar a buen puerto la Reforma laboral del país, que no lesione los derechos laborales
presente, pero que garantice los derechos laborales de los mexicanos del futuro.

CAMPO PRODUCTIVO

En Acción Nacional creemos que el campo reclama una reforma profunda. Proponemos
modificar el artículo 27 Constitucional para hacer realidad un federalismo en el campo. El
federalismo responsable, pasa por separar perfectamente la competencia federal y estatal de la
materia agraria. Transferiremos a los estados de la República y a la SAGARPA las atribuciones
que actualmente tiene la Secretaría de la Reforma Agraria y del Registro Agrario Nacional.

Insistimos en que el conflicto del campo debe resolverse, únicamente con apego a la ley. Por
eso los Tribunales Agrarios deben formar parte integrante del Poder Judicial de la Federación.

Acción Nacional honrará en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, los compromisos
plasmados en el Acuerdo Nacional para el Campo, y fomentará la libre asociación y
organización de los habitantes y productores del campo; estará atento a los requerimientos de
crédito, transporte y, estimulará, en todo momento, el cuidado al medio ambiente propugnando
por ese desarrollo sustentable al que aspiramos los mexicanos.

SEGURIDAD NACIONAL

Otro importante desafío de la Legislatura que está por comenzar, está en ampliar la cobertura
de la Seguridad Social a todos los mexicanos. Lograr la sustentabilidad de las instituciones de
la seguridad social, son un reto insoslayable. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el
ISSSTE deben tener viabilidad financiera y operación eficiente.

FAMILIA
Para el PAN el desarrollo social tiene un cimiento en la familia. Nuestros Diputados y
Senadores fomentarán el cuidado de la familia en cada una de sus acciones. La familia es el
espacio natural de la responsabilidad social y no es una institución de carácter privado. El
Estado debe proteger a la familia e impulsar políticas públicas que animen el cuidado de la vida
familiar.

COMBATE A LA POBREZA

La pobreza de millones de mexicanos es un dolor que se puede evitar, no es una fatalidad sin
alivio. En esta Legislatura 2003-2006, Acción Nacional pondrá un énfasis especial para
combatir la penuria de muchos mexicanos. Para eso proponemos mejorar la coordinación de
las instancias gubernamentales encargadas de combatir la pobreza, estimular el acceso a los
servicios financieros con la banca social, contar con un padrón único de beneficiarios de los
programas de atención social, entregar por medio de los bancos las transferencias de apoyo
social, fomentar a los pequeños emprendedores que generar riquezas familiares y contribuyen
a la grandeza del país.

GOBIERNO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

La responsabilidad social es, fundamentalmente, otorgar el protagonismo de la tarea pública al
ciudadano.

Acción Nacional no busca robustecer al Estado porque atrofia las potencialidades de las
personas. Porque Acción Nacional cree en las capacidades de los mexicanos y en los
principios de libertad y responsabilidad social, por eso pugnará en esta nueva Legislatura, por
reducir el número de Diputados y Senadores, por otorgar al ciudadano el control y la
fiscalización de sus representantes, al permitir la reelección inmediata de legisladores y
alcaldes y por establecer las figuras de democracia participativa del plebiscito, el referéndum y
la iniciativa ciudadana.

Nada hay más grave para nuestra vida política, que el abstencionismo electoral, se convierta
en abstencionismo social, por eso el PAN insistirá en la participación ciudadana como columna
vertebral de nuestra consolidación democrática.

En ese sentido, sin titubeos y con toda claridad, nuestro Diputados y Senadores impulsaran
toda iniciativa que reduzca el financiamiento público para los partidos políticos, elimine la
simulación de los partidos y promueva el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora de
nuestro Instituto Federal Electoral.

El contenido económico de nuestra democracia debe ser controlado por el Estado. Sólo debe
gobernar el genuino sentido de las urnas y, por eso, proponemos con claridad que el Instituto
Federal Electoral tenga el monopolio en la contratación de los espacios de radio y televisión. La
consolidación de la democracia, exige que todos los partidos políticos se pronuncien por estos
temas. Acción Nacional invita a sus adversarios a definirse con claridad en estos temas
electorales e impedir cualquier retroceso en el acceso al poder justo y equitativo que hemos
conquistado todos los mexicanos.

La consolidación del cambio que propone Acción Nacional debe orientarse a facilitar el tránsito
de un modelo constitucional que producía gobernabilidad sólo bajo condiciones de una fuerte
concentración de la representación política, hacia un modelo constitucionalque permita un
gobierno efectivo en condiciones de pluralidad.

Es necesario reforzar los elementos de corresponsabilidad política de nuestro diseño
institucional.

Lo que Acción Nacional propone, fundamentalmente, es un rediseño institucional mediante el
cual los órganos de poder puedan colaborar en el equilibrio, a fin de gozar de gobiernos
eficaces y oposiciones constructivas y socialmente útiles. La división de poderes no excluye la
cooperación entre poderes.
Pretendemos un Poder Judicial fuerte, garantía de la vigencia del arreglo constitucional, y de
una defensa efectiva de la Constitución capaz de ajustar la labor del Estado en última y
definitiva instancia al texto de lo que acuerda el Poder Constituyente de la Nación. Buscamos
un Poder Legislativo respetado y con decoro, capaz de discutir y confrontar las parcialidades
ideológicas en un ambiente de razón y templanza, para erigir un proyecto de Nación común
indisputado. Al mismo tiempo, estamos consolidando un Poder Ejecutivo responsable.
Responsable ante los otros poderes y ante las y los ciudadanos, dispuesto a rendir cuentas
permanentemente y ajustado en su labor al marco de nuestras leyes. Desterrar para siempre el
presidencialismo abusivo heredado de ayer es una tarea que está en marcha, encabezada por
Vicente Fox Quesada y apoyada por Acción Nacional.

El desafío histórico de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión es hacer que el régimen
democrático al que la transición ha conducido pueda ser gobernado de manera eficiente. Ello
implica cambios constitucionales y legales, que terminen de recuperar para la Nación el
espacio público y consoliden nuestra democracia. Al sufragio efectivo, lo debemos hacer
corresponder con un gobierno efectivo.

Agenda jurídico-política


I. FORTALECIMIENTO PODER LEGISLATIVO

1) Reelección consecutiva de diputados y senadores.

Como un mecanismo de rendición de cuentas, de control, de supervisión y calificación
ciudadana respecto a la actuación de sus representantes, como incentivo de responsabilidad
de los legisladores, para motivar la gestión legislativa, se creará una relación más directa entre
los representantes y los electores, se profesionalizará a los legisladores mediante el
aprovechamiento de la experiencia, con la reelección consecutiva de diputados y senadores.

2) Ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

La realidad legislativa ha evidenciado que es insuficiente el tiempo de los periodos ordinarios
de sesiones para cumplir con las funciones otorgadas al Congreso, ya que los periodos
legislativos actuales no alcanzan para analizar con detalle las diversas iniciativas presentadas
al Congreso y atender además sus otras obligaciones relacionadas con la fiscalización del
gasto público, la aprobación del presupuesto y la atención de los incontables asuntos políticos
que son motivo de las deliberaciones y debates parlamentarios.

3) Ampliar el periodo de deliberación del “paquete económico”, mediante la anticipación de la
presentación de la Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se fortalece la función de fiscalización, mediante el examen responsable y minucioso que
realiza el propio Congreso. Eficientiza y vigoriza una de las responsabilidades fundamentales
del Poder Legislativo, y le permite analizar y evaluar de mejor manera los ingresos y el gasto.
Permite prever con mayor objetividad el cumplimiento de la función pública y social del
gobierno (presentarse el 15 de octubre y el 15 de noviembre cuando inicie su encargo el
Presidente).

4) Ampliar el plazo para la revisión de la Cuenta Pública, mediante su presentación anticipada
al Congreso.

Se fortalece la función de fiscalización y vigilancia del Poder Legislativo Federal, mediante un
examen minucioso y detallado de la Cuenta Pública. Permite conocer los resultados de la
gestión financiera y contar con más tiempo para comprobar, si el Poder Ejecutivo se ajustó a
los criterios señalados en el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas.

5) Fortalecimiento de las Comisiones del Congreso, con particular referencia a las de
investigación.
Las Comisiones cumplen un papel fundamental dentro de las funciones parlamentarias, ya que
son instrumento para la distribución del trabajo, especialización de los temas, de tareas de
dictamen (las ordinarias), de información y de control evaluatorio del Gobierno, por lo que hay
que dotarlas de los instrumentos necesarios para que cumplan cabalmente su misión.
Respecto a las de investigación, deberán constituirse no solo para fiscalizar la actuación de
organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, sino para
cualquier asunto de interés nacional; asimismo la de determinar la obligación de las
autoridades de prestar el apoyo y todo tipo de información necesaria para la tarea legislativa.

6) Reducción del número de legisladores.

Modificar la Constitución para que la Cámara de Diputados esté compuesta por 400
legisladores. Por otra parte, reducir a 92 el número de senadores de la República, eliminando el
sistema de lista nacional, sin alterar una integración plural y proporcional en ambas Cámaras.

Este adelgazamiento permitirá mejorar la organización y el desarrollo en la toma de decisiones
por parte del Congreso, y la concentración de apoyos legislativos para eficientizar la labor, bajo
la base de alcanzar un Congreso capaz y profesional y que sea un auténtico factor de pesos y
contrapesos, un medio eficaz de control del poder. Además no puede soslayarse el ahorro que
sobre el gasto público generará esta reforma.

7) Establecer un régimen de incompatibilidad de actividades privadas que pudieran generar
conflictos de interés con la función parlamentaria.

Es importante reconocer que la función parlamentaria, en su acepción de representación
nacional, debe de ser de tiempo completo, por lo que es necesario establecer una serie de
normas jurídicas que, de manera respetuosa y objetiva, limiten, definan, prohíban y, en su
caso, sancionen el desempeño o ejercicio por parte de los legisladores, de cualquier profesión,
oficio o actividad privada que por su naturaleza o consecuencias pudiera generar conflictos de
interés con la función parlamentaria.

8) Elaborar por parte de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión su propio
reglamento interior.

A la luz de las nuevas realidades de pluralidad que imperan en el Poder Legislativo, así como
en consideración de que el actual Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso data
desde 1934, es necesario contar con un nuevo reglamento interior por cada una de las
Cámaras Legislativas, los cuales pueden poner al día las normas jurídicas que rigen la vida
interna de la Cámara de Diputados y la de Senadores.

9) Regular la actividad de cabildeo.

Es indispensable regular el cabildeo, el cual es una actividad que indudablemente ha adquirido,
tanto por su cotidianidad, como por su injerencia, una gran presencia en la vida política del
país. Es necesario distinguir el cabildeo ante el Poder Legislativo, del que se realiza ante la
administración pública y reglamentarlo de acuerdo a sus características.




II. RELACIÓN EQUILIBRADA CON EL EJECUTIVO

1) Certidumbre en el ejercicio constitucional del veto presidencial.

Modificar la Constitución con el fin de aclarar el ejercicio del veto presidencial a un proyecto de
ley. El Presidente de la Cámara tendrá la obligación de ordenar la publicación de los proyectos
de ley que no merezcan observaciones del Ejecutivo Federal en el plazo constitucional.

2) Adelantar la toma de posesión del presidente de la República.
Con la finalidad de adecuar las fechas de formulación y presentación del Presupuesto de
Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos al Presidente de la República entrante, es
preciso adelantar el inicio de su gestión.

3) Eliminar la necesidad de que el Congreso de la Unión otorgue permiso al Presidente de la
República para ausentarse del territorio nacional, cuando dichas ausencias no sean mayores
de siete días naturales.

Que el Presidente de la República pueda ausentarse de territorio nacional por un máximo de
siete días, sin necesidad de pedir permiso al Congreso de la Unión o a la Comisión
Permanente, en todo caso el Presidente tendrá la obligación de dar aviso de su salida al
Congreso de la Unión, así como de mandar un breve informe de los logros alcanzados y de las
metas obtenidas en su viaje.

4) Certidumbre en el proceso presupuestal.

Modificar la Constitución para dar seguridad jurídica y agilidad a las normas de egresos e
ingresos. Eliminar la incertidumbre sobre la eventual falta de aprobación de las iniciativas de
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, con las siguientes medidas enunciativas:


Precisar que corresponde al Ejecutivo Federal elaborar las iniciativas;
Dejar claro que la Cámara de Diputados sí cuenta con la atribución de modificar el Decreto de
Egresos;
En casos de modificaciones a la Ley de Ingresos, deberá motivar en su resolución los costos y
beneficios que se deriven de las adecuaciones que se realicen, y para el caso de Egresos
señalar la fuente de recursos adicionales para cubrirlos, o las reducciones necesarias en los
gastos de los programas correspondientes;
Eliminar cualquier partida de gasto cuyo ejercicio no pueda ser fiscalizado;
Precisar la facultad del Ejecutivo para presentar observaciones (facultad de veto) sobre los
proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos aprobados por el Legislativo;
Incorporar principios de responsabilidad fiscal que sean compatibles con el desarrollo del país,
y
Que la Cámara de Diputados pueda autorizar programas y proyectos de inversión multianuales,
cuya realización abarque uno o varios ejercicios fiscales y se garantice las asignaciones
fiscales para dichas acciones.

5) Otorgar al Ejecutivo la facultad para presentar iniciativas de ley o decreto de carácter
urgente.



Modificar la Constitución con la finalidad de alentar la discusión parlamentaria y motivar la
generación de acuerdos en el Congreso de la Unión, al proponer la figura del “Trámite
Legislativo Preferente”, que en casos urgentes determinados por la propia Constitución,
otorgue la potestad al Poder Ejecutivo de la Unión de promulgar y publicar un proyecto de ley
que no haya sido aceptado o rechazado, en un plazo razonablemente breve, por las Cámaras
de Congreso de la Unión.




III. FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL

1) Tomar en cuenta la opinión de la Suprema Corte de Justicia cuando se discuta una iniciativa
sobre su Ley Orgánica.

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1 agenda legislativa pan 2003

  • 1. A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA: Acción Nacional revalida su permanente compromiso con la justicia en La democracia en el ámbito de la libertad. Al inicio de labores de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, decimos con claridad, cual es el rumbo de país que propone el Partido Acción Nacional y cuál será el espíritu que anime las acciones legislativas concretas que proponemos para realizar nuestras aspiraciones de justicia y realización del bien común, en el marco del Poder Legislativo. En la pasada campaña pedimos el voto a la ciudadanía para producir las leyes que la sociedad necesita, y para consolidar los cambios institucionales que den mayor eficacia a la democracia que las y los mexicanos construimos. ¡No pedimos el voto para obstaculizar la mejoría social! Pedimos el voto, para hacer eficaz nuestra democracia y para avanzar a la conquista de una sociedad más justa. DEMOCRACIA EFICAZ Esa democracia, organización racional de libertades con base en la ley, distribución equitativa del saber, del tener y del poder, institucionalización del diálogo, confianza en la palabra razonable y veraz, voluntad de convivencia con quienes piensan de manera diferente; debe atender con puntualidad la situación específica de cada persona, de cada familia y de cada grupo social que conformamos los mexicanos. La democracia eficaz, que se ha propuesto edificar Acción Nacional, Pasa indiscutiblemente por impulsar el crecimiento económico del país para generar empleos de calidad y bien remunerados para los mexicanos. Desde que se fundó Acción Nacional, advirtió que la democracia, más que una forma de gobierno, es condición de dignidad humana y exigencia de decoro cívico. Porque la acción eficaz del aparato del Estado es parte de la Definición misma de democracia, porque la gobernabilidad no es ausencia de descontentos, sino ambiente propicio para que florezca la responsabilidad social, por eso, la más alta prioridad de la Agenda Legislativa del PAN, para la LIX Legislatura que comienza, es la estimulación de una economía fuerte, con crecimiento sostenido, que genere los empleos que el país está reclamando. Sin empleo, no hay dignidad humana. Es necesario asegurar las condiciones de seguridad e infraestructura que propicien la inversión productiva para generar más y mejores empleos. La política económica del país debe tener claro el objetivo de acelerar el crecimiento y la generación de empleos de calidad, pero en la construcción de esa política económica, Acción Nacional siempre se opondrá a reavivar las tentaciones populistas que buscan excesos en el déficit para financiar el desarrollo. Una de las causas de la pobreza en México, ha sido, sin ningún asomo de duda, el manejo irresponsable y fraudulento de las finanzas nacionales, que el Gobierno de la República que encabeza Vicente Fox, está cuidando con prudencia, equilibrio y sensatez. REFORMA HACENDARIA RESPONSABLE Los nuevos Diputados y los Senadores de la República de Acción Nacional, van por una Reforma Hacendaria que fortalezca la Participación responsable de los Estados y Municipios, en la recaudación, en el gasto, y la rendición de cuentas. El Federalismo que busca el PAN, no es una convocatoria a la desvertebración egoísta del Estado nacional, sino una oportunidad de solidaridad entre las distintas regiones del país, y una ocasión propicia para aclarar en un catálogo constitucional las competencias de la Federación y las exclusivas de las Entidades Federativas. Ese Federalismo que busca el PAN, también es el escenario ideal para entregar a los ciudadanos el control de sus autoridades municipales. También el nuevo Federalismo debe tocar la gestión metropolitana, en donde se obligue desde la Constitución a los municipios, a
  • 2. concurrir a los esfuerzos de coordinación en la prestación de los servicios públicos. En todo caso, en cualquier Reforma Federalista y Hacendaria, el Congreso de la Unión, tendrá la centralidad que le otorga la Constitución. ENERGÍA Los Diputados y Senadores del PAN, van a ir al Congreso a buscar una Reforma energética, que sin privatizar los bienes de la Nación, permita la inversión privada, aliente el empleo y otorgue al país el dinamismo en su planta productiva. La ausencia de reforma en esta materia, está haciendo vulnerable país frente a las presiones extranjeras. La riqueza del petróleo, del gas o de la electricidad, que goza México, debe ser para impulsar nuestro crecimiento y para abatir nuestra pobreza. La riqueza de todos, no debe ser el botín de pocos. Acción Nacional no cree en los discursos que exhiben el interés parcial, detrás del falso nacionalismo. REFORMA LABORAL En Acción Nacional estamos convencidos que el progreso humano y, por tanto, el progreso de la Nación, depende de la capacidad que las y los mexicanos tengamos para edificar un Estado de libertad en el que nuestras acciones estén motivadas por la responsabilidad social y se dirijan al bien común. En ese sentido, el PAN pugnará en el Congreso por una Reforma laboral que coloque al trabajador en el eje de su articulación. No habrá consolidación de nuestra vida democrática, ni rutina de una vida justa, sin una Reforma laboral que evite la discriminación de la mujer, garantice la justicia laboral con jueces de plena jurisdicción y promueva la democracia sindical. El crecimiento del país y el pleno empleo podrán ser una realidad, sí se asume la tarea pendiente de modernizar el viejo marco normativo laboral, que ni responde al trabajador, ni alienta la inversión. No podemos seguir, como país, condenando a miles de mexicanos a buscar horizontes prometedores de vida y esperanza fuera de nuestras fronteras. La Legislatura LIX del Congreso de la Unión se medirá en la historia por su capacidad de animar y llevar a buen puerto la Reforma laboral del país, que no lesione los derechos laborales presente, pero que garantice los derechos laborales de los mexicanos del futuro. CAMPO PRODUCTIVO En Acción Nacional creemos que el campo reclama una reforma profunda. Proponemos modificar el artículo 27 Constitucional para hacer realidad un federalismo en el campo. El federalismo responsable, pasa por separar perfectamente la competencia federal y estatal de la materia agraria. Transferiremos a los estados de la República y a la SAGARPA las atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de la Reforma Agraria y del Registro Agrario Nacional. Insistimos en que el conflicto del campo debe resolverse, únicamente con apego a la ley. Por eso los Tribunales Agrarios deben formar parte integrante del Poder Judicial de la Federación. Acción Nacional honrará en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, los compromisos plasmados en el Acuerdo Nacional para el Campo, y fomentará la libre asociación y organización de los habitantes y productores del campo; estará atento a los requerimientos de crédito, transporte y, estimulará, en todo momento, el cuidado al medio ambiente propugnando por ese desarrollo sustentable al que aspiramos los mexicanos. SEGURIDAD NACIONAL Otro importante desafío de la Legislatura que está por comenzar, está en ampliar la cobertura de la Seguridad Social a todos los mexicanos. Lograr la sustentabilidad de las instituciones de la seguridad social, son un reto insoslayable. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE deben tener viabilidad financiera y operación eficiente. FAMILIA
  • 3. Para el PAN el desarrollo social tiene un cimiento en la familia. Nuestros Diputados y Senadores fomentarán el cuidado de la familia en cada una de sus acciones. La familia es el espacio natural de la responsabilidad social y no es una institución de carácter privado. El Estado debe proteger a la familia e impulsar políticas públicas que animen el cuidado de la vida familiar. COMBATE A LA POBREZA La pobreza de millones de mexicanos es un dolor que se puede evitar, no es una fatalidad sin alivio. En esta Legislatura 2003-2006, Acción Nacional pondrá un énfasis especial para combatir la penuria de muchos mexicanos. Para eso proponemos mejorar la coordinación de las instancias gubernamentales encargadas de combatir la pobreza, estimular el acceso a los servicios financieros con la banca social, contar con un padrón único de beneficiarios de los programas de atención social, entregar por medio de los bancos las transferencias de apoyo social, fomentar a los pequeños emprendedores que generar riquezas familiares y contribuyen a la grandeza del país. GOBIERNO AL SERVICIO DEL CIUDADANO La responsabilidad social es, fundamentalmente, otorgar el protagonismo de la tarea pública al ciudadano. Acción Nacional no busca robustecer al Estado porque atrofia las potencialidades de las personas. Porque Acción Nacional cree en las capacidades de los mexicanos y en los principios de libertad y responsabilidad social, por eso pugnará en esta nueva Legislatura, por reducir el número de Diputados y Senadores, por otorgar al ciudadano el control y la fiscalización de sus representantes, al permitir la reelección inmediata de legisladores y alcaldes y por establecer las figuras de democracia participativa del plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana. Nada hay más grave para nuestra vida política, que el abstencionismo electoral, se convierta en abstencionismo social, por eso el PAN insistirá en la participación ciudadana como columna vertebral de nuestra consolidación democrática. En ese sentido, sin titubeos y con toda claridad, nuestro Diputados y Senadores impulsaran toda iniciativa que reduzca el financiamiento público para los partidos políticos, elimine la simulación de los partidos y promueva el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora de nuestro Instituto Federal Electoral. El contenido económico de nuestra democracia debe ser controlado por el Estado. Sólo debe gobernar el genuino sentido de las urnas y, por eso, proponemos con claridad que el Instituto Federal Electoral tenga el monopolio en la contratación de los espacios de radio y televisión. La consolidación de la democracia, exige que todos los partidos políticos se pronuncien por estos temas. Acción Nacional invita a sus adversarios a definirse con claridad en estos temas electorales e impedir cualquier retroceso en el acceso al poder justo y equitativo que hemos conquistado todos los mexicanos. La consolidación del cambio que propone Acción Nacional debe orientarse a facilitar el tránsito de un modelo constitucional que producía gobernabilidad sólo bajo condiciones de una fuerte concentración de la representación política, hacia un modelo constitucionalque permita un gobierno efectivo en condiciones de pluralidad. Es necesario reforzar los elementos de corresponsabilidad política de nuestro diseño institucional. Lo que Acción Nacional propone, fundamentalmente, es un rediseño institucional mediante el cual los órganos de poder puedan colaborar en el equilibrio, a fin de gozar de gobiernos eficaces y oposiciones constructivas y socialmente útiles. La división de poderes no excluye la cooperación entre poderes.
  • 4. Pretendemos un Poder Judicial fuerte, garantía de la vigencia del arreglo constitucional, y de una defensa efectiva de la Constitución capaz de ajustar la labor del Estado en última y definitiva instancia al texto de lo que acuerda el Poder Constituyente de la Nación. Buscamos un Poder Legislativo respetado y con decoro, capaz de discutir y confrontar las parcialidades ideológicas en un ambiente de razón y templanza, para erigir un proyecto de Nación común indisputado. Al mismo tiempo, estamos consolidando un Poder Ejecutivo responsable. Responsable ante los otros poderes y ante las y los ciudadanos, dispuesto a rendir cuentas permanentemente y ajustado en su labor al marco de nuestras leyes. Desterrar para siempre el presidencialismo abusivo heredado de ayer es una tarea que está en marcha, encabezada por Vicente Fox Quesada y apoyada por Acción Nacional. El desafío histórico de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión es hacer que el régimen democrático al que la transición ha conducido pueda ser gobernado de manera eficiente. Ello implica cambios constitucionales y legales, que terminen de recuperar para la Nación el espacio público y consoliden nuestra democracia. Al sufragio efectivo, lo debemos hacer corresponder con un gobierno efectivo. Agenda jurídico-política I. FORTALECIMIENTO PODER LEGISLATIVO 1) Reelección consecutiva de diputados y senadores. Como un mecanismo de rendición de cuentas, de control, de supervisión y calificación ciudadana respecto a la actuación de sus representantes, como incentivo de responsabilidad de los legisladores, para motivar la gestión legislativa, se creará una relación más directa entre los representantes y los electores, se profesionalizará a los legisladores mediante el aprovechamiento de la experiencia, con la reelección consecutiva de diputados y senadores. 2) Ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. La realidad legislativa ha evidenciado que es insuficiente el tiempo de los periodos ordinarios de sesiones para cumplir con las funciones otorgadas al Congreso, ya que los periodos legislativos actuales no alcanzan para analizar con detalle las diversas iniciativas presentadas al Congreso y atender además sus otras obligaciones relacionadas con la fiscalización del gasto público, la aprobación del presupuesto y la atención de los incontables asuntos políticos que son motivo de las deliberaciones y debates parlamentarios. 3) Ampliar el periodo de deliberación del “paquete económico”, mediante la anticipación de la presentación de la Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se fortalece la función de fiscalización, mediante el examen responsable y minucioso que realiza el propio Congreso. Eficientiza y vigoriza una de las responsabilidades fundamentales del Poder Legislativo, y le permite analizar y evaluar de mejor manera los ingresos y el gasto. Permite prever con mayor objetividad el cumplimiento de la función pública y social del gobierno (presentarse el 15 de octubre y el 15 de noviembre cuando inicie su encargo el Presidente). 4) Ampliar el plazo para la revisión de la Cuenta Pública, mediante su presentación anticipada al Congreso. Se fortalece la función de fiscalización y vigilancia del Poder Legislativo Federal, mediante un examen minucioso y detallado de la Cuenta Pública. Permite conocer los resultados de la gestión financiera y contar con más tiempo para comprobar, si el Poder Ejecutivo se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 5) Fortalecimiento de las Comisiones del Congreso, con particular referencia a las de investigación.
  • 5. Las Comisiones cumplen un papel fundamental dentro de las funciones parlamentarias, ya que son instrumento para la distribución del trabajo, especialización de los temas, de tareas de dictamen (las ordinarias), de información y de control evaluatorio del Gobierno, por lo que hay que dotarlas de los instrumentos necesarios para que cumplan cabalmente su misión. Respecto a las de investigación, deberán constituirse no solo para fiscalizar la actuación de organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, sino para cualquier asunto de interés nacional; asimismo la de determinar la obligación de las autoridades de prestar el apoyo y todo tipo de información necesaria para la tarea legislativa. 6) Reducción del número de legisladores. Modificar la Constitución para que la Cámara de Diputados esté compuesta por 400 legisladores. Por otra parte, reducir a 92 el número de senadores de la República, eliminando el sistema de lista nacional, sin alterar una integración plural y proporcional en ambas Cámaras. Este adelgazamiento permitirá mejorar la organización y el desarrollo en la toma de decisiones por parte del Congreso, y la concentración de apoyos legislativos para eficientizar la labor, bajo la base de alcanzar un Congreso capaz y profesional y que sea un auténtico factor de pesos y contrapesos, un medio eficaz de control del poder. Además no puede soslayarse el ahorro que sobre el gasto público generará esta reforma. 7) Establecer un régimen de incompatibilidad de actividades privadas que pudieran generar conflictos de interés con la función parlamentaria. Es importante reconocer que la función parlamentaria, en su acepción de representación nacional, debe de ser de tiempo completo, por lo que es necesario establecer una serie de normas jurídicas que, de manera respetuosa y objetiva, limiten, definan, prohíban y, en su caso, sancionen el desempeño o ejercicio por parte de los legisladores, de cualquier profesión, oficio o actividad privada que por su naturaleza o consecuencias pudiera generar conflictos de interés con la función parlamentaria. 8) Elaborar por parte de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión su propio reglamento interior. A la luz de las nuevas realidades de pluralidad que imperan en el Poder Legislativo, así como en consideración de que el actual Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso data desde 1934, es necesario contar con un nuevo reglamento interior por cada una de las Cámaras Legislativas, los cuales pueden poner al día las normas jurídicas que rigen la vida interna de la Cámara de Diputados y la de Senadores. 9) Regular la actividad de cabildeo. Es indispensable regular el cabildeo, el cual es una actividad que indudablemente ha adquirido, tanto por su cotidianidad, como por su injerencia, una gran presencia en la vida política del país. Es necesario distinguir el cabildeo ante el Poder Legislativo, del que se realiza ante la administración pública y reglamentarlo de acuerdo a sus características. II. RELACIÓN EQUILIBRADA CON EL EJECUTIVO 1) Certidumbre en el ejercicio constitucional del veto presidencial. Modificar la Constitución con el fin de aclarar el ejercicio del veto presidencial a un proyecto de ley. El Presidente de la Cámara tendrá la obligación de ordenar la publicación de los proyectos de ley que no merezcan observaciones del Ejecutivo Federal en el plazo constitucional. 2) Adelantar la toma de posesión del presidente de la República.
  • 6. Con la finalidad de adecuar las fechas de formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos al Presidente de la República entrante, es preciso adelantar el inicio de su gestión. 3) Eliminar la necesidad de que el Congreso de la Unión otorgue permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional, cuando dichas ausencias no sean mayores de siete días naturales. Que el Presidente de la República pueda ausentarse de territorio nacional por un máximo de siete días, sin necesidad de pedir permiso al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, en todo caso el Presidente tendrá la obligación de dar aviso de su salida al Congreso de la Unión, así como de mandar un breve informe de los logros alcanzados y de las metas obtenidas en su viaje. 4) Certidumbre en el proceso presupuestal. Modificar la Constitución para dar seguridad jurídica y agilidad a las normas de egresos e ingresos. Eliminar la incertidumbre sobre la eventual falta de aprobación de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, con las siguientes medidas enunciativas: Precisar que corresponde al Ejecutivo Federal elaborar las iniciativas; Dejar claro que la Cámara de Diputados sí cuenta con la atribución de modificar el Decreto de Egresos; En casos de modificaciones a la Ley de Ingresos, deberá motivar en su resolución los costos y beneficios que se deriven de las adecuaciones que se realicen, y para el caso de Egresos señalar la fuente de recursos adicionales para cubrirlos, o las reducciones necesarias en los gastos de los programas correspondientes; Eliminar cualquier partida de gasto cuyo ejercicio no pueda ser fiscalizado; Precisar la facultad del Ejecutivo para presentar observaciones (facultad de veto) sobre los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos aprobados por el Legislativo; Incorporar principios de responsabilidad fiscal que sean compatibles con el desarrollo del país, y Que la Cámara de Diputados pueda autorizar programas y proyectos de inversión multianuales, cuya realización abarque uno o varios ejercicios fiscales y se garantice las asignaciones fiscales para dichas acciones. 5) Otorgar al Ejecutivo la facultad para presentar iniciativas de ley o decreto de carácter urgente. Modificar la Constitución con la finalidad de alentar la discusión parlamentaria y motivar la generación de acuerdos en el Congreso de la Unión, al proponer la figura del “Trámite Legislativo Preferente”, que en casos urgentes determinados por la propia Constitución, otorgue la potestad al Poder Ejecutivo de la Unión de promulgar y publicar un proyecto de ley que no haya sido aceptado o rechazado, en un plazo razonablemente breve, por las Cámaras de Congreso de la Unión. III. FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL 1) Tomar en cuenta la opinión de la Suprema Corte de Justicia cuando se discuta una iniciativa sobre su Ley Orgánica.
  • 7. Establecer la obligación de las Comisiones del Congreso que cuando dictaminen iniciativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación deban tomar en cuenta la opinión que sobre dichas iniciativas formule la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2) Otorgar efectos generales al juicio de amparo. Los efectos generales del amparo se traducirían en una declaratoria general de inconstitucionalidad, que haga el Pleno de la Suprema Corte, siempre que la misma hubiere establecido jurisprudencia por reiteración de amparos, y no mediante una sola sentencia, con el fin de garantizar que no hay duda respecto a la inconstitucionalidad en la norma impugnada y que sí justifica su corrección, para que no afecte a los ciudadanos en general. Esta propuesta tendría varias ventajas a saber: 1º) elimina la desigualdad que provoca el principio de relatividad, pues la norma declarada inconstitucional ya no se aplicaría a nadie; 2°) se fortalece el principio de economía procesal, será innecesario promover un sin número de juicios de amparo contra leyes que han sido declaradas inconstitucionales y 3º) se privilegia el principio de supremacía constitucional, toda vez que ya no quedaría condicionada la superioridad de la ley fundamental al hecho de promover y ganar un amparo. 3) Establecer la unicidad jurisdiccional: incorporación de los tribunales en materia agraria, contencioso- administrativo y laboral al Poder Judicial de la Federación. Fortalecer los principios de independencia, unidad y exclusividad de jurisdicción del Poder Judicial reclama centralizar en ese Poder los asuntos agrarios, contencioso-administrativos y laborales, para que los conflictos que de ellos se deriven, se resuelvan conforme a derecho. 4) Fortalecer al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Fortalecer al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, a fin de que las decisiones del Consejo sean definitivas e inatacables, y no que puedan ser revocadas por la Suprema Corte, para robustecer la transparencia, vigilancia y disciplina del Poder Judicial y del servicio de carrera judicial. 5) Fortalecimiento de la autonomía de los poderes judiciales locales. Incrementar la autonomía de los poderes judiciales locales, a través del nombramiento o designación de sus magistrados y la profesionalización de los funcionarios judiciales. Es necesario implementar un esquema de nombramiento de los magistrados donde participe el Congreso Local y el establecimiento de los Consejos de la Judicatura Local como órgano responsable de la vigilancia y disciplina del poder judicial, así como del servicio de carrera. 6) Que el Tribunal Electoral pueda aplicar medidas de apremio y sanciones en caso de incumplimiento de sus resoluciones. El Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial, es un tribunal jurisdiccional de pleno derecho y por tanto debe contar con las medidas que le permitan cumplir cabalmente con sus funciones. IV. REFORMA ELECTORAL Por una reforma electoral que genere mecanismos de financiamiento racionalizados, así como rendición de cuentas y fiscalización plenas e integrales al financiamiento público otorgado a los partidos políticos. Además establecer competencias electorales cortas, equitativas y, sobretodo austeras. Entre las propuestas para ello están las siguientes: 1) Reducir el monto del financiamiento público a los partidos políticos.
  • 8. Reducir en un 50% el financiamiento electoral intermedio, es decir, cuando sean para renovar únicamente Cámara de Diputados. Y reducir, por lo menos, el 25% del financiamiento electoral, cuando se celebre campaña presidencial. 2) Disminuir el financiamiento público a las agrupaciones políticas. Reducir el financiamiento público de dichas agrupaciones del 2% al 1%, con el objeto de garantizar recursos públicos importantes para que acrediten su presencia y respaldo ciudadano. 3)Reducción de la duración de las campañas electorales. Reducir sustancialmente el tiempo de las campañas electorales, con el fin de hacerlas más austeras, atractivas, fáciles de fiscalizar y, finalmente, atractivas para el ciudadano. 4) Facultad exclusiva del IFE para contratación de espacios en radio y televisión para las campañas electorales de los partidos políticos. Establecer, para el Instituto Federal Electoral, el monopolio en la contratación de los tiempos y espacios en radio y televisión. Con esa medida, favoreceríamos la austeridad de las campañas electorales y permitiríamos una más adecuada fiscalización sobre el financiamiento público a los partidos políticos, al tiempo que se alcanzaría una mayor equidad en la competencia electoral. 5) Auténtica representatividad y verificación más adecuada en el otorgamiento y conservación del registro como partido político, con: Aumentar el porcentaje mínimo de 2% a 5% para obtener el registro como partido político, así como para acceder a cargos de representación proporcional, de los nuevos institutos políticos. Acreditación actualizada de los miembros por parte de las agrupaciones políticas de manera periódica ante el Consejo General del IFE. La no acreditación de este requisito conllevaría a la perdida de registro, y consecuentemente a que no goce del financiamiento público y demás prerrogativas. Comprobación de la fuerza electoral de los partidos coaligados, y la obligación de concurrir a las urnas de manera individual, por lo menos una vez, cada seis años. 6) Transparencia, rendición de cuentas y fiscalización plena e integral en el uso del financiamiento público de los partidos políticos a través de: La obligación de reintegrar al Estado los bienes adquiridos con financiamiento publico, cuando un partido político pierda el registro. Obligación de contestar requerimientos de la autoridad electoral, tanto de personas físicas como morales respecto de las operaciones mercantiles que hayan realizado con los partidos políticos. Obligación de las autoridades hacendarias y bancarias de proporcionar al Instituto Federal Electoral toda la información relativa a los partidos políticos. Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades electorales federal y local, para que en el ámbito de sus competencias realicen adecuadamente la fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos. Regular en la legislación lo relativo a los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos, así como lo relativo a la duración, financiamiento, topes, rendición de cuentas y fiscalización de las precampañas. 7) Distribución más equitativa del financiamiento público.
  • 9. Con el fin de que el financiamiento público anual para las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales, se distribuya en un 20% entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 80% de acuerdo a su fuerza electoral. 8) Establecimiento de una misma fecha en las elecciones locales y concurrencia con las federales. Evitar una carga económica al erario público, el fastidio o cansancio del elector con campañas constantes y el desgaste político con procesos recurrentes, así como la falta de acuerdos por estar sujetos a los resultados de las elecciones. 9) Establecimiento de nuevos delitos electorales. Las reglas electorales para garantizar que las elecciones se apeguen a los principios de legalidad, equidad, certeza, objetividad, profesionalismo y transparencia, son imperfectas sino se acompaña con efectivas normas que disuadan y en su caso castiguen las conductas que perturban los bienes jurídicos tutelados bajo esos principios. 10) Voto de los mexicanos en el extranjero. Promover las reformas legales que permitan sentar las bases mínimas para instrumentar la posibilidad del voto de los mexicanos en el extranjero, en particular para permitir la elección de Presidente de la República en el año 2006. 11) Homologación de bases de la legislación electoral local. Se considera que, sin detrimento de nuestro sistema federal, es viable sentar bases y lineamientos mínimos que permitan la homologación de las legislaciones electorales estatales respecto a la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y agrupaciones políticas, los tiempos de duración de campañas electorales, así como de los procesos de selección interna de candidatos y regulación y financiamiento de precampañas. V. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 1) Establecer las figuras del referéndum, plebiscito e iniciativa ciudadana. Establecer en la Constitución las figuras del referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana, para fortalecer el protagonismo social, en las tareas del Estado. VI. DERECHOS HUMANOS 1) Corte Penal Internacional. Reformar la Constitución a fin de que nuestro país, apruebe y haga valer el Estatuto de Roma, que contempla la creación de la Corte Penal Internacional. 2) Inclusión de la protección constitucional de los derechos humanos en la Constitución. Incorporar al texto constitucional la tendencia humanista y garantista internacional que sostiene la inviolabilidad de los derechos inherentes a la persona. 3) Que los tribunales federales conozcan y resuelvan sobre leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Incorporar a la Constitución la obligatoriedad de los Tribunales nacionales, de resolver sus asuntos apegados al texto de los Tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República.
  • 10. 4) Derogación de la pena de muerte. Derogar de nuestra Constitución la pena capital como castigo. 5) Dotar a la CNDH y a sus similares en los estados de la facultad para promover la acción de inconstitucionalidad. Facultar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a sus similares en los Estados a efecto de promover la acción de inconstitucionalidad, en contra de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos. 6) Incluir la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos como principios de la Política Exterior de México. Impulsar y promover principios humanistas en la política exterior de México, incentivando la promoción y protección de la democracia y los derechos humanos en las relaciones internacionales de México, como principios normativos que observará el Ejecutivo Federal en la conducción de dicha política. VII. SEGURIDAD PÚBLICA 1) Revisión integral de las normas. Realizar una profunda revisión del marco normativo que regula la seguridad pública en nuestro país, a efecto de adecuarlo a las necesidades reales que demanda la sociedad, con miras a lograr una mayor eficiencia en la prevención y lucha contra la delincuencia en todos los ámbitos. 2) Mejor coordinación de las policías y más autonomía al Ministerio Público. Establecer una mejor coordinación y mecanismos legales que propicien una articulación más eficaz entre las autoridades federales, estatales y municipales, en materia de seguridad pública, con especial atención en materia de prevención del delito. Asimismo robustecer la autonomía del Ministerio Público para la adecuada persecución del delito. 3) Prevención de delito. La prevención del delito es una tarea esencial y responsabilidad primordial de las instancias encargadas de la seguridad pública en nuestro país, así como contar con un marco legal que fomente en la ciudadanía una verdadera cultura de prevención del delito y que norme con mayor sistematización, las atribuciones, funciones y responsabilidades de las diversas instancias públicas en materia preventiva del delito. 4) Participación ciudadana, procesos ágiles y justicia alternativa. Reformar la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de establecer como una obligación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la creación e implementación de mecanismos que promuevan y hagan efectiva la participación ciudadana dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el aspecto preventivo. Asimismo reformar las normas necesarias a fin de que los procesos penales sean ágiles y sencillos, contemplando la posibilidad de incluir instrumentos y procedimientos de justicia alternativa. 5) Profesionalización de los cuerpos policíacos. Establecer las normas jurídicas correspondientes que refuercen al sistema de carrera policial previsto en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
  • 11. Seguridad Pública, a efecto de lograr una adecuada y efectiva profesionalización y especialización de los cuerpos seguridad existentes en los distintos niveles de gobierno, y se erradique la improvisación de las instancias de seguridad pública. 6) Respeto a la víctima de delito. Impulsar un marco legal que efectivamente permita actualizar el respeto de los derechos de la victima del delito reconocidos en la Constitución Política. VIII. DERECHO A LA INFORMACIÓN 1) Establecer al INEGI como Órgano Constitucional Autónomo. Para un desarrollo de una actividad estadística veraz, transparente, puntual y completa, resulta necesaria reconocer la autonomía constitucional de INEGI, con ello contribuiríamos a la correcta toma de decisiones y ejecución de los actos de gobierno y las políticas públicas en beneficio de la sociedad. IX. FEDERALISMO Y MUNICIPIO 1) Nueva distribución de potestades entre Federación y Estados. Es primordial delimitar a nivel constitucional la esfera de facultades tanto de los poderes federales como de los locales, particularmente para que las entidades federativas, se vean protegidas y salvaguardadas en las facultades que les corresponde por su naturaleza jurídica, y que le permitan atender las necesidades locales que le reclama su comunidad. Es necesario adoptar un sistema de distribución de facultades que no elimine las federales- implícitas y tampoco las estatales-derivadas, pero sí establezca, con claridad, las potestades de ambos ámbitos de competencia federal y local, en un catálogo de atribuciones o competencias que correspondan a los estados de tanto de manera exclusiva, como las que son concurrentes con la federación, con ello se evitaría la interpretación e invasión de esferas de competencia en perjuicio de los estados y de los ciudadanos. 2) El municipio como orden de gobierno. Definir en la organización del municipio sus tres funciones de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su libertad debe expresarse en el ejercicio de sus derechos de autoadministración, autodesarrollo, autogobierno, autoimposición y autoseguridad; todo ello por decisión y a nombre de los integrantes que conforman la municipalidad. 3) Reelección de los funcionarios municipales. Reformar la Constitución para que los funcionarios municipales queden sujetos al control ciudadano en las urnas. 4) Suspensión o disolución de los ayuntamientos. Establecer con claridad, los mecanismos de suspensión o disolución de los ayuntamientos; evitando la confusión que se genera con el término constitucional de “desaparición de municipios”. 5) Atribución del municipio para solicitar información tributaria. Reforzar la atribución del municipio para solicitar la información que considere necesaria a la federación, sobre fórmulas y montos de sus asignaciones presupuestales, así como para tener certidumbre de los recursos que va a recibir.
  • 12. 6) Fortalecer la fiscalización de recursos municipales. Es indispensable establecer la obligación del municipio de transparentar el manejo y destino de los recursos municipales como mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad. En tal sentido, se propone disponer que las legislaturas de los Estados en el ámbito de sus respectivas competencias creen Entidades de Fiscalización con autonomía técnica y de gestión, en los términos que disponga su Constitución y sus leyes. 7) Planes de Desarrollo, con enfoque municipal. Determinar los mecanismos para que las opiniones y consideraciones del municipio sean tomadas como punto medular para la elaboración de los planes de desarrollo estatales, regionales y nacionales. 8) Gestión Metropolitana. Reformar la Constitución para crear entidades que unifiquen criterios y acciones en la gestión de las zonas metropolitanas del país. Es necesario otorgar mejores servicios públicos a los habitantes de dichas zonas metropolitanas, para lograrlo es indispensable establecer la posibilidad de que los municipios conjunten los esfuerzos necesarios a efecto de conservar el equilibrio político, económico y social de una región. Los espacios de autonomía y la idea de límites o fronteras políticas no deben ser un obstáculo a la colaboración y búsqueda de soluciones. 9) Mecanismos de Participación Ciudadana. Establecer mecanismos de participación ciudadana como instrumentos de fiscalización sobre la gestión municipal, principalmente a través de la consulta popular. 10) Concesiones de servicios públicos. Precisar con claridad la facultad para concesionar a los particulares la prestación de algunos de los servicios públicos, dejando al municipio la facultad de supervisión de la prestación de los mismos. 11) Remuneración de los Servidores Públicos. Modificar los artículos de la Constitución necesarios para otorgarle la facultad al Congreso de la Unión para regular los sueldos y salarios de los servidores públicos en los tres niveles de poder y, en su caso, revisar la posibilidad de darles a las legislaturas de los estados la facultad para regular los sueldos y salarios de los servidores públicos municipales. 12) Distrito Federal responsable. Perfeccionar la reforma política del Distrito Federal, para establecer un gobierno eficaz y responsable, preservando su calidad de sede de los Poderes Federales de la Unión. Agenda Económica I. REFORMA HACENDARIA Busca convertir nuestro sistema tributario en uno más eficiente, con una distribución más uniforme de la carga fiscal, promotor de la inversión y la generación de empleos, especialmente en las micro y pequeñas empresas, y menos costoso; al tiempo que amplíe la base de contribuyentes y cierre brechas de evasión y elusión fiscal, mejorando también la fiscalización por parte de las autoridades e incrementando substancialmente tanto la simplificación administrativa como la recaudación. Esto permitirá contar con finanzas públicas sanas, con menor dependencia de los ingresos petroleros y que el Estado esté en posibilidad de allegarse
  • 13. recursos fiscales suficientes tanto para garantizar el cabal cumplimiento de sus obligaciones, como para realizar una justa reorientación del gasto público. De igual forma, deberá modernizarse el ejercicio presupuestario para hacerlo eficaz y transparente, mediante la instrumentación de mecanismos que brinden certidumbre económica y eviten la paralización de las actividades estatales en caso de no aprobarse en tiempo y forma el paquete económico. Es también imperativo promover la rendición de cuentas, eficientar el uso de los recursos públicos y establecer reglas mínimas en la conducción de las finanzas públicas, en donde el apego al principio de responsabilidad fiscal predomine y toda modificación que implique incrementos o creación de nuevos gastos proceda únicamente cuando se señale la fuente de recursos adicionales para cubrirlo. II. REFORMA ENERGÉTICA La propuesta de reforma energética de Acción Nacional, no implica privatizar ningún bien de la Nación. Busca garantizar el abasto de energía en el país, con calidad, suficiencia y a precios competitivos, tanto a los hogares como al sector productivo. Debe tratarse de una reforma integral que brinde seguridad jurídica, combine la inversión pública con la privada y mejore la regulación del sector. 1) Reforma eléctrica. Eliminar la incertidumbre jurídica en el sector, facilitar la complementariedad de inversión pública y privada, y eficientar la administración de las empresas paraestatales para ofrecer servicios a precios competitivos, al otorgarles autonomía de gestión. Con ello se generarían reservas suficientes de energía para evitar la interrupción de los procesos productivos. Además, se busca liberar recursos del sector público para que sean asignados a otros rubros como educación y salud. La reforma eléctrica también incluye mayor transparencia en el establecimiento de tarifas, dándole un papel más relevante a la Comisión Reguladora de Energía. Esta reforma implicaría cambios constitucionales a los artículos 27 y 28, así como a leyes secundarias, entre las que se encuentran la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. En materia de tarifas eléctricas, es pertinente proteger la salud cuando el clima pone en riesgo a los habitantes de zonas con clima extremoso. Sin embargo, se debe ser cuidadoso, tomando siempre en cuenta el costo de la energía eléctrica y transparentando los subsidios del ramo. 2) Gas natural. El gas natural es un insumo muy importante tanto para la generación de electricidad como para procesos industriales, además de que su uso doméstico ha ido en aumento en los últimos años. Es un insumo que importamos en grandes cantidades de un mercado que es caro y deficitario. Es necesario buscar mecanismos para que aumente la inversión en exploración, explotación, distribución y transporte de gas natural. Se debe dar plena certidumbre jurídica a los contratos de servicios múltiples diseñados por Pemex. Esto podría llevarse a cabo mediante reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 3) PEMEX. Petróleos Mexicanos, manteniéndose bajo el control del Estado, necesita convertirse en una empresa con mayor margen de maniobra para poder administrarse e invertir de una forma más eficiente. Es necesario impulsar el desarrollo del sector para garantizar la producción de petróleo y sus derivados, y recuperar el nivel de reservas. Se le debe dotar de un grado mayor de autonomía de gestión, sin descuidar la transparencia y la rendición de cuentas. Se necesita diseñar nuevos esquemas de participación del sector privado, que beneficiarían al mismo PEMEX, y que permita dar un mayo valor agregado a nuestro petróleo crudo con el fin de no exportar petróleo crudo para luego importarlo refinado.
  • 14. Además, es fundamental revisar el régimen fiscal al que está sujeto para que pueda reinvertir sus ganancias. Sin embargo, esta revisión debe estar inscrita en el marco de la Reforma Fiscal, ya que actualmente los ingresos del Gobierno Federal dependen en gran medida de esta paraestatal. III. REFORMA A LAS TELECOMUNICACIONES Esta reforma busca adecuar el marco jurídico al cambio tecnológico y mejorar la regulación para incentivar la inversión y proteger la competencia. El Estado podría funcionar como promotor de las telecomunicaciones para generalizar el acceso a los servicios a toda la población. El desarrollo de este sector tiene impacto en la productividad de la economía en general, impulsa la inversión y eficienta los mercados al mejorar la información. IV. REFORMA AL AUTOTRANSPORTE Un movimiento eficiente de las mercancías es vital para el dinamismo de la economía. El comercio requiere de un sistema de transporte rápido y seguro. Esto es producto tanto de una adecuada infraestructura, como de los medios de transporte y de la regulación. Para lograr esto, se necesita una reforma con el fin de aclarar y actualizar la legislación existente. 1) Ley de Autotransporte Federal, sus Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes. Es necesario actualizar la Ley y terminar con lagunas jurídicas existentes para dar seguridad a la inversión y poder aplicar la norma sin invadir competencias. Un proyecto de Ley fue dictaminado en la LVIII Legislatura, pero se requiere incorporar las observaciones del PAN y del Ejecutivo a dicho proyecto. En el cuerpo de esta nueva Ley se introducen definiciones, se aclaran procedimientos, se regulan las sanciones administrativas a través de la expedición de un reglamento y se clarifica la jurisdicción y competencia federal, entre otros. 2) TLCAN. La Cámara de Diputados debe vigilar la exacta observancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, subrayando el tema que afecta al autotransporte nacional. V. PAQUETE ECONÓMICO Busca establecer los criterios generales de política económica que estarán vigentes durante los próximos ejercicios fiscales, así como dotar al Estado, mediante la discusión, análisis y aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, de los recursos necesarios para realizar sus funciones de gobierno durante 2004, 2005 y 2006. Por otro lado, contempla la posibilidad de realizar adecuaciones a distintos ordenamientos fiscales. El paquete debe estar enfocado a consolidar la estabilidad y a promover el crecimiento económico y el empleo. VI. FEDERALISMO Debe avanzarse hacia el establecimiento de un Federalismo que permita a los distintos órdenes de gobierno ser más eficientes en la atención de las necesidades de la población. Asimismo, y con pleno respeto de las autonomías estatales y municipales, debe realizarse una adecuada distribución no sólo de recursos sino también de potestades tributarias y responsabilidades de gasto entre Federación, estados y municipios, en la que el manejo responsable de las finanzas públicas, la transparencia en el ejercicio del gasto y la rendición de cuentas sean privilegiados. VII. IPAB 1) Cambios a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
  • 15. Se pretende reducir el costo fiscal del rescate bancario, agilizar la operación del IPAB dándole mayor autonomía, facilitar la coordinación y el intercambio de información entre las diversas autoridades que actúan en el sistema financiero nacional, dar claridad y agilidad a los procesos de venta de activos y otorgar total certidumbre al refinanciamiento del IPAB. 2) Cumplimiento del Artículo Quinto Transitorio. El Congreso de la Unión debe estar atento al cabal cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley y a que se pueda reducir el costo fiscal. VIII. REFORMAS A LEYES FINANCIERAS Adecuar el marco jurídico del sistema financiero, con el fin de proporcionarle una mayor equidad y justicia a los usuarios del mismo a través de prohibir a los bancos el cobro de comisiones por el uso de internet para el pago de impuestos; acotar la discrecionalidad que tienen los bancos para cobrar comisiones por cheques devueltos y poner límites a la capitalización de intereses por créditos. IX. REMESAS Debe formalizarse el intercambio de información entre las empresas dedicadas al envío de remesas y las autoridades financieras con el propósito de dar seguimiento a las operaciones de este sector y proteger a los usuarios de este servicio. También se considera adecuado hacer pública la información relativa a servicio, tipo de cambio y comisiones, lo cual permitirá a los usuarios contar con mayores elementos para elegir la opción más conveniente y resultará en un mercado de mayor competencia con la consecuente disminución de las comisiones. X. COMBATE AL LAVADO DE DINERO Deben intensificarse los esfuerzos para combatir el lavado de dinero mediante el fortalecimiento de la regulación aplicable a los entes transmisores de dinero. Adicionalmente, México, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), debe incorporar a su legislación distintas medidas que en el ámbito internacional se han adoptado para este fin. Con lo anterior se lograría no sólo reducir la ocurrencia de este ilícito, sino también enviar un mensaje claro al exterior sobre la postura de nuestro país respecto a este tema. XI. DEUDA DEL DISTRITO FEDERAL Reformar el marco jurídico con la finalidad de otorgar independencia al Gobierno del Distrito Federal en la contratación de deuda pública y a la Asamblea Legislativa para normar la materia y establecer el monto del mismo. Estas reformas apoyarán el proceso de autonomía del Distrito Federal al otorgarle la libertad para la contratación de deuda necesaria para la consecución de sus proyectos y programas y, al mismo tiempo, delegarle completamente la responsabilidad para el pago del mismo. Así, el Gobierno Federal dejará de ser el garante de la deuda del Gobierno del Distrito Federal y disminuirá la presión sobre las finanzas públicas. XII. REEMBOLSO DEL IVA POR COMPRAS DE TURISTAS EXTRANJEROS Con la finalidad de incentivar la llegada de turistas extranjeros a nuestro país, se pretende reformar el marco jurídico para rembolsar a los extranjeros el impuesto al valor agregado pagado al comprar mercancía de origen nacional durante su estadía en la República Mexicana y en establecimientos registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • 16. XIII. CUENTA PÚBLICA Debe revisarse y sancionarse el adecuado ejercicio del gasto público por parte de la Administración Pública Federal y los organismos públicos a fin de concretar la adecuada rendición de cuentas entre los Poderes de la Unión. Sobre este tema podría explorarse la posibilidad de modificar los plazos de entrega, revisión y dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. XIV. MEDIO AMBIENTE Con relación al tema del medio ambiente, es oportuno retomar las iniciativas presentadas en la LVIII legislatura y que están pendientes de dictaminar. Lo anterior contribuirá a implementar acciones privadas y políticas públicas compatibles con el desarrollo sustentable. En especial, se deberá supervisar el avance en la recuperación de los recursos forestales, la conservación de los recursos hidráulicos, la reducción de la contaminación del aire y el tratamiento adecuado de los residuos. XV. DESAPARICIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA Y DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL MEDIANTE REFORMAS AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL Modificar el Artículo 27 Constitucional para separar perfectamente la competencia federal y estatal en la materia. Por lo tanto, es necesario examinar la posibilidad de transferir a los estados de la República y a la SAGARPA las atribuciones que actualmente son competencia de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Registro Agrario Nacional. XVI. ASOCIACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS El objetivo primordial de estas iniciativas consiste en fomentar la libre asociación y organización de los habitantes del campo a fin de evitar que tanto las asociaciones agrícolas como ganaderas apoyen a partido político alguno, o reciban dinero de los mismos. En el mismo sentido, también se evita que se den apoyos a candidatos a puestos de elección popular. XVII. LEY AGRARIA Se requiere revisar y evaluar el marco jurídico agrario con el objeto de actualizarlo en función de una nueva política de Estado para el Campo. Las modificaciones al marco jurídico agrario deben encaminarse a proteger la tierra para lograr asentamientos humanos apropiados y regular el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas. 1) Artículo 27 Constitucional. Suprimir el requisito de la aprobación de la Asamblea Ejidal en la adopción del dominio pleno sobre tierras parcelarias. El beneficio de esta Iniciativa es otorgar mayor libertad a los ejidatarios en la adopción de dominio pleno sobre sus parcelas. 2) Ley Agraria. Establecer que la Asamblea Ejidal pueda cambiar el régimen de las tierras de uso común a tierras parceladas, para que el ejidatario pueda tener posesión de las mismas y, posteriormente, adquirir su dominio pleno. Con ello se posibilitaría su explotación o su garantía para el desarrollo de un proyecto productivo. Eliminar la condición de la Manifiesta Utilidad para que las tierras de uso común sean aportadas a sociedades de producción rural. Con esto se evita que el concepto, no definido en esta Ley, sea interpretado de manera discrecional, ignorando incentivos para la aportación de las tierras de uso común a sociedades de producción rural.
  • 17. Se propone que los ejidatarios que representen al menos 5% de los integrantes del ejido puedan pedir por escrito la Convocatoria de una Asamblea Ejidal, para tratar asuntos vinculados con el reconocimiento del parcelamiento y la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común. Asimismo, se contempla la posibilidad de que si el comisariado ejidal se rehusara a hacer la Convocatoria, ésta se haga por la Procuraduría Agraria. XVIII. ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO El Acuerdo Nacional para el Campo es el resultado de una amplia participación de la sociedad rural e interesados en el tema, para solucionar los principales problemas y carencias que vive el sector agropecuario nacional. En éste se establecen las líneas de acción, programas y compromisos de una Política de Estado para el Campo, por lo que es de suma importancia darle seguimiento, ya que seguramente tendrá repercusiones en la agenda agropecuaria de la próxima Legislatura (se incluyen temas como la metrología y normalización; aguas nacionales; bioseguridad y organismos genéticamente modificados; materia presupuestaria; almacenamiento; Cooperativas e Integradoras; pesca y minería; planeación agropecuaria; soberanía y seguridad alimentaria). Agenda Social I. REFORMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL La superación de las condiciones de pobreza y desigualdad que imperan en nuestro país, demandan una política social integral e incluyente que atienda las necesidades básicas, la formación de capacidades y de patrimonio para elevar la calidad de vida de la población, acorde con el ingreso del Estado y manteniendo un sano equilibrio de las finanzas públicas. Con el fin de seguir avanzando en el acceso de igualdad de oportunidades por parte de las mujeres, toda acción legislativa tendrá la prioridad de considerar el enfoque de equidad género en la legislación, en las políticas públicas y en el gasto social. 1) Dictaminar la Ley General de Desarrollo Social. Expedir una Ley de Desarrollo Social que regule, de manera eficiente y eficaz, la promoción del desarrollo social; permita establecer las bases de una política social de Estado que dé continuidad y permanencia a las acciones y programas sociales sin clientelismos o sesgos partidistas coyunturales; articule de manera coherente e integral las políticas públicas en la materia, en las que participen corresponsablemente los tres niveles de gobierno y los sectores social y privado. 2) Combate a la pobreza y fortalecimiento de las condiciones de bienestar. Para potenciar las capacidades de las personas se buscará fortalecer los programas de salud y provisión alimenticia mínima; reformar las leyes fiscales para premiar el desempeño eficiente de los tres órdenes de gobierno en la aplicación de los recursos y programas de desarrollo social, así como establecer mecanismos para la rendición de cuentas sobre los mismos. El marco jurídico actual no propicia la coordinación entre dependencias y entidades públicas, ni acerca suficientemente las políticas sociales con las de desarrollo económico, aún cuando la accesibilidad para esta población a oportunidades productivas y de ocupación es fundamental para remontar la situación crónica de ingresos demasiado bajos en que vive esta población. El marco jurídico deberá perfeccionarse y, al mismo tiempo, incentivar que las actividades económicas de esta población concurran paulatinamente con la economía formal, donde los pobres pueden obtener mayores ingresos y mayor seguridad o protección contra riesgos que atentan contra su bienestar. 3) Garantizar el acceso a la vivienda.
  • 18. Generar las condiciones que permitan enfrentar el déficit y demanda futura de vivienda a través de una nueva Ley General de Vivienda, en la cual se establezca la concurrencia entre federación, estados y municipios para definir una política nacional que regule y organice la producción de vivienda; genere esquemas de financiamiento accesibles para su adquisición; mecanismos de oferta suficiente de suelo; insumos de calidad para la construcción; y fortalezca la seguridad jurídica de la propiedad, entre otras; así como vincular esta política con las de desarrollo urbano, asentamientos humanos y protección al ambiente. 4) Banca Social. La población de bajos ingresos padece de grandes dificultades para acceder a los servicios financieros de la banca comercial y como consecuencia participa con demasiada frecuencia en instituciones informales de ahorro y crédito que aplican tasas de interés desventajosas y no ofrecen la indispensable seguridad a los particulares. Si bien la Ley de Ahorro y Crédito Popular ha iniciado con buen éxito la construcción de una banca social para atender las necesidades financieras de esta población, es preciso avanzar aún más. El marco jurídico deberá conducir a un crecimiento de la red de intermediarios financieros que atienden al sector popular a las familias de escasos recursos económicos y consolide un sistema de financiamiento con enfoque social, eficiente y confiable, que fortalezca la cultura de pago, premie el ahorro y ofrezca créditos en condiciones competitivas. 5) Cubrir las necesidades del gasto social manteniendo el equilibrio de las finanzas públicas. Elevar la calidad de vida de la población a través de todas las acciones legislativas necesarias con responsabilidad, donde toda obligación presupuestal esté plenamente respaldada por su ingreso correspondiente en el marco de una conducción prudente y disciplinada de las finanzas públicas. 6) Padrón único de beneficiarios. Prácticamente cada programa social cuenta con su propio padrón de beneficiarios, en el que se registran los nombres y ubicación de todas aquéllas personas que reciben transferencias de ingreso o subsidio del gobierno como apoyos para su desarrollo social, en asuntos como alimentación, salud, becas educativas, microcrédito, financiamiento para proyectos, apoyos a la reconversión y comercialización agropecuarias, etc. No obstante, los diferentes padrones se han integrado con criterios e información distintos unos de otros, por lo que es imposible conocer y evaluar los montos de apoyo total que recibe cada persona a través del conjunto de diferentes programas. Esto dificulta perfeccionar la equidad de las transferencias para que las reciban preferentemente los más necesitados, a la vez que resta transparencia al destino de los recursos públicos y favorece el clientelismo entre las instituciones sociales. Por ello es conveniente crear un Padrón Único de Beneficiarios, con base en criterios comunes de registro, identificación y contabilidad, para transparentar la medida en que se beneficia a cada persona, evitar abusos y conducir al paso de tiempo a un uso más equitativo de las transferencias para desarrollo social, resaltando su espíritu redistributivo. 7) Bancarización. La entrega de transferencias monetarias a los beneficiarios de numerosos programas de desarrollo económico y social se hace todavía en la actualidad de manera ineficiente y riesgosa, mediante pagos en efectivo. Sin embargo, ya se han logrado avances muy importantes en algunos programas al realizar el pago de transferencias a través de instituciones financieras como el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) y la red de cajas de ahorro asociadas a dicha institución en cientos de localidades en las que la banca comercial no tiene presencia. Es importante impulsar mediante disposiciones jurídicas adecuadas esta tendencia, para que las transferencias se entreguen a los beneficiarios de los programas sociales, cada vez más, a través de instituciones de la banca social, de manera que se hagan a menor costo, con mayor rapidez y oportunidad, sin posibilidad de abusos de ninguna índole y con seguridad para los beneficiarios.
  • 19. II. REFORMA EDUCATIVA Busca elevar la calidad del Sistema Educativo Nacional a fin de lograr una educación integral que sea un verdadero motor de desarrollo personal y social, permita igualar las oportunidades y forme ciudadanos responsables en los diversos ámbitos de la sociedad mexicana, a través de las siguientes acciones legislativas: 1) Fomentar una educación en valores. Incluir en todos los niveles, tipos y modalidades del Sistema Educativo Nacional la formación en valores éticos y civiles, el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural del país, mayor información sobre el riesgo de las adicciones y el fomento al deporte. 2) Consolidar la descentralización educativa. Mejorar la calidad y asegurar la equidad educativa a través de la responsabilidad compartida de las autoridades locales y federales, de otorgarle facultades al Consejo Nacional de Autoridades Educativas para la elaboración de políticas, planes, programas y contenidos educativos y, de establecer criterios de equidad y calidad en la asignación de recursos para la educación distribuidos por la federación, teniendo como base un sistema eficaz y confiable de rendición de cuentas. 3) Fortalecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con el objeto de contar con información pública, oportuna, confiable y desagregada para la mejor planeación de las políticas, programas y acciones a instrumentarse se buscará fortalecer el sistema de indicadores y de evaluación a cargo del Instituto. 4) Abrir espacios a la participación social en la educación. A fin de contribuir en la mejora de la calidad y la cobertura educativa se buscará fortalecer y especificar las atribuciones de los Consejos de Participación Social en materia de planeación y evaluación de los servicios. 5) Vincular la oferta educativa de calidad con el sector social y productivo. Para lograr la correspondencia entre oferta de servicios educativos y demanda laboral se reformará: la Ley General de Educación para consolidar el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo hacia un modelo de educación permanente; la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, para facilitar la acreditación y fortalecer a los colegios de profesionistas; se impulsará la propuesta de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional que origine la propia comunidad de la institución; y, se creará una nueva Ley de Educación Superior que norme para todas las instituciones las actividades de planeación, coordinación, evaluación y acreditación y promueva la calidad y la rendición de cuentas. 6) Fomentar la innovación científica y la colaboración entre programas. Reformar la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de responder a las necesidades sociales que demanda el país, a través de fomentar la innovación, impulsar la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en los programas y estimular la inversión privada. Asimismo, reformar las leyes de patentes y derechos de autor a fin de garantizar y apoyar el trabajo de los investigadores en provecho de la sociedad y evitar su uso arbitrario. 7) Emprendedores. Los cambios en la economía mundial y nacional hacen cada vez más frecuente que pequeños negocios puedan ser altamente productivos y generen ingresos atractivos para sus propietarios. Las pequeñas economías familiares en nuestro país deben apoyarse mediante
  • 20. esquemas integrales que ofrezcan crédito, asistencia técnica, asesoría jurídica, capacitación y otros apoyos para los emprendedores independientes. Esta opción de generación de riqueza amplia el panorama de la ocupación laboral para la población mexicana, sobre todo ofreciendo oportunidades muy valiosas para las mujeres que enfrentan dificultades para emplearse en términos de una jornada continua en una empresa tradicional, así como para los jóvenes que a la vez que trabajan siguen estudiando y para los adultos que por su edad son contratados con menor frecuencia entre las empresas tradicionales. El autoempleo debe apoyarse con un marco jurídico apropiado, que incentive la formalidad con equidad, conduzca a una mayor capitalización y productividad de las pequeñas economías familiares, propicie su integración progresiva a los mercados más amplios y apuntale la acumulación de patrimonio familiar. III. REFORMAS EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL Para dar cumplimiento al derecho constitucional a la protección de la salud, tanto los afiliados de las instituciones de seguridad social como la denominada población abierta deben tener certidumbre de que existen los medios y las instituciones a las que pueden acceder para recibir servicios de salud en condiciones de suficiencia, calidad y trato digno. Es necesario seguir impulsando el Seguro Popular, para que la cobertura en materia de salud y seguridad social sea una realidad para todos los mexicanos. Por lo que resulta clave lograr la solvencia financiera y operativa de las instituciones. 1) Garantizar el acceso a los servicios de salud. Establecer mecanismos legales, de costeo y financiamiento claros y equitativos para que toda la población acceda a los servicios médicos de las instituciones del Sistema Nacional de Salud sin importar su condición económica, situación laboral o lugar de residencia. 2) Mejorar la calidad de la salud. Impulsar las iniciativas pendientes de dictaminación en la Cámara de Diputados en materia de clonación y genoma humano, teniendo en cuenta los beneficios potenciales que para la salud significa el impulso de estas áreas, al amparo de una regulación sustentada en la dignidad de la persona. Asimismo, establecer criterios de equidad y calidad en la asignación de recursos para la salud distribuidos por la federación, teniendo como base un sistema eficaz y confiable de rendición de cuentas. 3) Lograr la sustentabilidad de las instituciones de seguridad social. Realizar reformas a la Ley del ISSSTE y continuar con las reformas a la Ley del Seguro Social, a efecto de garantizar su viabilidad financiera, en el corto, mediano y largo plazo, acompañadas de mecanismos que permitan la ampliación de la cobertura de la seguridad social con énfasis en el seguro de guarderías, mejorar la calidad de los servicios médicos, así como pensiones dignas en un marco de finanzas públicas sanas. 4) Sistema Nacional de Pensiones. Más allá de la indispensable sustentabilidad financiera del IMSS y del ISSSTE, es fundamental que el sistema de pensiones en el país tenga a los individuos como su razón de ser y asegure que cada uno podrá acumular a lo largo de su vida productiva los recursos necesarios para gozar de un ingreso decoroso a partir de su retiro o jubilación. Actualmente, las diferencias de estructura y normatividad entre los distintos sistemas de pensiones en el sector público y privado perjudican a los individuos pues no propician la aportabilidad de los recursos acumulados cuando cambian de trabajo entre uno y otro sector. Asimismo, el futuro de las pensiones de muchos trabajadores en la modalidad de fondos comunes o esquemas de beneficio definido, está en riesgo por la falta de certidumbre sobre las aportaciones de las generaciones subsecuentes de trabajadores, Por todo ello, es conveniente impulsar la constitución de un auténtico sistema nacional de pensiones en el que los trabajadores gocen de plena aportabilidad de sus recursos de ahorro para retiro con base en cuentas individuales, con la garantía por parte del Estado de que nadie recibirá al retirarse o jubilarse menos de una
  • 21. pensión por un monto mínimo determinado. En el sistema deberá promoverse la competencia entre las Administradoras de Fondos de Retiro, para que las comisiones que cobran se reduzcan gracias a la eficiencia operativa y administrativa, de manera que el rendimiento para los ahorradores se incremente y acelere la acumulación de los saldos en sus cuentas de ahorro para retiro. 5) Orientar sobre las adicciones y medidas preventivas contra enfermedades de transmisión sexual. Dotar de los instrumentos legales necesarios a las instituciones públicas encargadas de la prevención y atención de las adicciones. Asimismo, favorecer la educación y la suficiencia material en la prevención y alivio de las enfermedades de transmisión sexual. IV. REFORMAS PARA FORTALECER A LAS FAMILIAS Y DAR ATENCIÓN A LOS GRUPOS ESPECIALES DE POBLACIÓN Los efectos de la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad son más agudos en grupos especiales de población como los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños, los indígenas y las mujeres. Para esto se requiere de un enfoque transversal de éstos grupos en las políticas públicas a través de acciones específicas y diferenciadas tendientes a eliminar la desventaja y discriminación que estos grupos sufren, y garantizar su inclusión digna en el desarrollo nacional, siendo el papel de la familia fundamental para la concreción de estos objetivos. 1) Fortalecer a las familias mexicanas. Evaluar y proponer la creación de una Secretaría de la Familia para dar un marco de coherencia y de integralidad a la política de desarrollo social que fomente la solidaridad y convivencia entre generaciones a través del papel esencial de la familia, sin un gasto adicional al presupuesto federal e incorporando en ella al Instituto Mexicano de la Juventud, al Instituto Nacional de Adultos en Plenitud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Adecuar diversos ordenamientos legales a fin de hacer compatible la jornada laboral con el desarrollo de la vida familiar; promover el respeto a la integración familiar indígena; y, erradicar y penalizar severamente cualquier forma de violencia familiar. Asimismo, elaborar un código tipo en materia civil, penal y familiar que elimine las figuras discriminatorias de género; impulsar la homologación de las leyes de acuerdo con los instrumentos internacionales ratificados en la materia, y proponer la creación de una Ley de Normas Mínimas en la que se especifiquen los compromisos de México relacionados con la familia. 2) Garantizar los derechos de la niñez. Para dar pleno cumplimento a los derechos de la infancia, se buscará integrar en las leyes secundarias los derechos de las niñas y los niños; combatir y erradicar el trabajo infantil, garantizando que los adolescentes no trabajen en labores peligrosas e insalubres; buscar que la infancia participe desde los primeros años en las cuestiones públicas, y fomentar la paternidad responsable. 3) Trabajar por el presente de los jóvenes. Reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal para hacer compatible el estudio y el trabajo, estableciendo la figura de becario y la creación del contrato discontinuo y en capacitación. Asimismo, legislar para que las prácticas profesionales y el servicio social sean tomados como experiencia laboral y proteger el empleo de las madres jóvenes o de las madres solteras.
  • 22. Transformar el servicio militar en el servicio social comunitario, en tiempos de paz y cuando no esté en riesgo la Nación, a través de abrogar la Ley del Servicio Militar y promover una Ley de Servicio Social. 4) Avanzar en el enfoque de equidad de género. Reformar la Ley Federal del Trabajo respecto a la contratación, la eliminación de la discriminación, la retribución inferior, el hostigamiento sexual y la exclusión de la capacitación y el adiestramiento. Asimismo, reformar las leyes del Seguro Social y del ISSSTE para establecer que la licencia por paternidad sea optativa para la madre o el padre. Potenciar el enfoque de género en las instituciones públicas, programas y leyes, al tiempo de modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para sancionar las prácticas discriminatorias y trabajar para que los tratados e instrumentos internacionales sobre temas de género y de infancia sean aplicados por los jueces en sus resoluciones. 5) Respetar y reconocer a las personas adultas mayores. Lograr que el trato humano y el aprecio a las personas adultas mayores sean una responsabilidad compartida entre los sectores social, público y privado y la familia, a través de reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Asimismo, promover el empleo de los pensionados por cesantía en edad avanzada para que puedan ser contratados por empresas sin el correspondiente pago de su cuota al IMSS o ISSSTE. 6) Apoyar a las personas con capacidades diferentes. Respaldar a las personas con capacidades diferentes e infundir en la sociedad el valor de la ayuda mutua. Para ello, es necesario trabajar conjuntamente con la colegisladora para impulsar el dictamen de la ley reglamentaria del artículo 1° de la Constitución en materia de discapacidad. Asimismo, promover la aplicación de incentivos fiscales para las empresas que empleen a las personas que sufran alguna desventaja física o mental, y para las instituciones que asuman el compromiso de prepararlas y apoyarlas para una inserción laboral digna y justa. 7) Incluir dignamente a los pueblos indígenas en el proyecto nacional. Potenciar la diversidad cultural y el desarrollo de los indígenas a través de la contribución que haga cada nivel y estructura de gobierno. Por ello, será necesario reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las demás leyes para que cada instancia de gobierno asuma su responsabilidad en programas y acciones dirigidas al desarrollo de la población indígena, conforme al artículo 2do. de la Constitución. También se promoverá el respeto a la integración familiar indígena, atendiendo su desarrollo integral y cuidando las oportunidades de educación, empleo, vivienda, salud y alimentación. V. REFORMA LABORAL Impulsar una reforma laboral que contribuya a generar las condiciones necesarias para incentivar la creación de empleos formales y bien remunerados, que mejoren las condiciones de vida para los trabajadores y sus familias, garantizando siempre los derechos laborales de los trabajadores. 1) Modernizar las relaciones laborales. - Generación de empleo Promover la creación de empleo a través nuevas formas contractuales, como el contrato de prueba, de temporada y de capacitación inicial, que garanticen los derechos laborales y de seguridad social para los trabajadores y brinden seguridad jurídica a los inversionistas y
  • 23. empresarios. Al tiempo de establecer la multihabilidad con el derecho de los trabajadores a la capacitación y al ajuste salarial correspondiente. - No discriminación Las normas contractuales deben garantizar el acceso y permanencia en el empleo de las mujeres y madres trabajadoras y de otros grupos sociales excluidos como las personas con capacidades diferentes, con miras a la eliminación de todas las formas de discriminación en el mercado laboral. - Jornada de trabajo Establecer la posibilidad de disfrutar de más días de descanso acumulados y responder a las necesidades de la producción mediante un banco de horas, así como intercambiar los días obligatorios previo acuerdo entre empleador y trabajador. 2) Fortalecer la capacitación laboral. Se buscará una mayor vinculación de la oferta educativa y demanda laboral; establecer nuevos y más ágiles esquemas de capacitación para incrementar la productividad y elevar el salario de los trabajadores; así como lograr que la capacitación inicial sea un derecho de los trabajadores. Se incorporará al Sistema Educativo Nacional la capacitación y adiestramiento y se hará obligatoria para el empleador y los trabajadores. Se liberará a las empresas de menos de 21 trabajadores de la obligación de constituir comisiones mixtas de productividad y capacitación, sin menoscabo de los derechos de los trabajadores y de la obligación del empleador de capacitar. Se constituirán Comités Nacionales de Productividad y Capacitación por ramas industriales o actividades, dotándolos de facultades para establecer los mecanismos necesarios para elevar la productividad y competitividad. 3) Garantizar la justicia laboral. Generar una justicia laboral en la relación trabajador – empleador con seguridad jurídica, celeridad y responsabilidad de los funcionarios correspondientes, minimizando el burocratismo y erradicando la corrupción del mundo del trabajo, a través de reformas a las normas procesales. En juicios de titularidad, se requerirá, como elementos procesales: la constancia de registro del sindicato y de su representación legal, la copia certificada de sus estatutos, donde conste su objeto o radio de acción, y la certificación de la autoridad registradora que los representantes y trabajadores se encuentran en el padrón del sindicato. 4) Impulsar la democracia sindical. Impulsar los cambios legales que permitan la constitución de sindicatos democráticos, representativos, independientes, honestos y conscientes de su responsabilidad social en el mundo del trabajo, una mayor transparencia y responsabilidad en la defensa de los derechos de los trabajadores; eliminar prácticas viciadas en la contratación de trabajadores y esquemas corporativos, entre otros. - Libertad sindical Se establecerá la prohibición de injerencia de cualquier persona en el derecho que tienen los trabajadores a constituir sindicatos y la obligatoriedad del voto secreto para elegir directivas sindicales.
  • 24. Sólo podrán votar los trabajadores empadronados y que acudan al recuento, debiéndose identificar con documento idóneo. - Registro sindical Se promoverá que los solicitantes de registro de sindicatos hagan sus solicitudes bajo protesta de decir verdad, a fin de perseguir toda simulación. Se establecerá que los órganos jurisdiccionales correspondientes puedan resolver la cancelación del registro de un sindicato que no cumpla con sus obligaciones ante el Registro o ante sus agremiados, así como por dejar de solicitar la revisión integral de los contratos colectivos de trabajo durante dos ocasiones consecutivas, para acabar con los sindicatos de membrete. - Transparencia sindical Serán sancionados, de acuerdo con sus estatutos, los funcionarios sindicales por no cumplir la obligación de presentar cuentas sindicales y se establecerán reglas claras relativas al patrimonio sindical, con especial cuidado en los casos de disolución de los sindicatos.