1.
• PRIMERA UNIDAD: TEORÍA Y FUNDAMENTOS EN TORNO A LA DEFENSA DE LA
CONSTITUCION.
• PRIMERA SEMANA: ESTADO DE DERECHO Y ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO.
1. La Constitución como Carta política.
• La Constitución por una parte configura y ordena los poderes del Estado y asimismo
establece los límites del poder y por otra parte precisa el ámbito de las libertades y
derechos de las personas, así como las prestaciones que el Estado debe cumplir en
beneficio de la comunidad. En todos esos contenidos la Constitución se presenta como un
sistema preceptivo que emana del pueblo como titular de la soberanía. La Constitución
tiene dos partes:
• 1. Parte dogmática: Conformada por los derechos fundamentales de las personas,
constituye la parte invariable de la Constitución.
• 2. Parte orgánica: Conformada por la estructura del Estado, es la parte variable de la
Constitución respecto de las siguientes áreas: Forma de Estado, forma de gobierno y
facultad y atribuciones de los órganos del poder, relaciones, controles, etc.

2.
• La Constitución al determinar el modo y forma de como se organiza el poder político, se
constituye en la ley fundamental del ordenamiento jurídico.
• El orden jurídico y político del Estado esta estructurado sobre la base del imperio de la
Constitución, que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados.
• En el orden político la Constitución se constituye en la fuente de legitimación del poder
político, pues lleva implícita toda una filosofía que sirve de orientación no solo a los
gobernantes sino también a los gobernados.

3.
2. Principio de SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.
Dentro del orden jurídico la Constitución ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente
y fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que toda otra ley, decreto o resolución debe
subordinarse a ella y no puede contrariarla. En ese sentido la Constitución vendría a ser la
norma fundamentadora de todo el orden jurídico, por lo que todas las disposiciones legales
ordinarias, al derivarse de ella no pueden contradecirla, ni desconocer los valores, principios,
derechos y garantías que ella consagra.
Cualquier norma de menor jerarquía que sea contraria a la norma constitucional es nula, y
debe ser retirada del ordenamiento jurídico.

4.
• 3. Principio de JERARQUIA NORMATIVA.
• Consiste en que la estructura jurídica del Estado se encuentra integrada por normas, que
se hallan organizadas en diferentes niveles jerárquicos que se establecen en función de sus
órganos emisores, su importancia y el sentido funcional.
• El orden jurídico no es un sistema de normas coordinadas entre sí, una al lado de la otra en
un mismo nivel, sino que se trata de una verdadera pirámide de normas, organizadas
jerárquicamente en diferentes niveles de normas (Piramide jurídica).
• La Constitución representa el nivel más alto dentro del derecho nacional, así lo precisa el
artículo 51 de la Constitución.

5.
• 4. Defensa de los Derechos Fundamentales.
• El art. 2 de la Constitución desarrolla los derechos fundamentales de la persona
(individuales) y los resume en 24 incisos, derechos que en un hipotético caso pueden ser
violentados o transgredidos por acción de un tercero.
• Dentro de este contexto no es suficiente que se encuentren descritos en la Constitución
como derechos fundamentales. Lo que resulta importante precisar o establecer es quien
garantiza a la persona el ejercicio regular de tales derechos si resultan violentados o
transgredidos por acción de un tercero.

6.
El art. 200 de la Constitución desarrolla en los incs. 1, 2 y 3 las Garantías Constitucionales
que vienen a ser: la Acción de Hábeas Corpus, la Acción de Amparo y la Acción de Hábeas
Data, que se constituyen en las herramientas procesales que permiten garantizar la defensa
de los derechos de la persona y que garantizan a su vez el ejercicio regular de los derechos
de la persona. Todas estas acciones se interponen ante el juez ordinario especializado en lo
penal o civil, que por ficción de la ley se constituyen en jueces constitucionales.
Esto extremo constituye una verdadera debilidad en el ordenamiento jurídico constitucional
porque se trata de una jurisdicción constitucional autónoma y distinta de la ordinaria, pero
al parecer limitaciones presupuestales impiden superar esta realidad, de que el juez
ordinario resulte ser a la vez juez constitucional.

7.
Estos institutos se desarrollan también en los arts. 25, 37 y 61 del Código Procesal
Constitucional, aprobado por la Ley N° 28237 del 31 de mayo del 2004, pero denominados
como Proceso de Hábeas Corpus, Proceso de Amparo y Proceso de Hábeas Data, y de trámite
como se ha señalado ante los jueces ordinarios quienes por ficción de la Ley se constituyen
en jueces constitucionales quienes aplican las normas del proceso constitucional y no el
ordinario.
Por otro lado es importante precisar que estos procesos constituyen el fundamento de la
Jurisdicción Constitucional de la Libertad.

8.
PRIMERA UNIDAD: TEORIAS Y FUNDAMENTOS EN TORNO A
LA DEFENSA DE LA CONSTITUCION.
2da. Semana: Estado de Derecho Y Estado Constitucional de
Derecho.
INTRODUCCIÓN
Entre individuos iguales y libres solo cabe una forma de
relación: el acuerdo de voluntades, el pacto, el contrato por
esto se comprende por si mismo que fuera la teoría del
contrato social el instrumento para explicar el proceso de
constitución del Estado. La formalización jurídica de dicho
contrato social es la Constitución Política del Estado.

9.
ESTADO DE DERECHO:
El Estado de Derecho es la plasmación jurídica del Estado
Liberal y que la primera manifestación, justamente del Estado
de Derecho es el Estado legal de Derecho que tuvo como
principio político base a la supremacía parlamentaria o
soberanía del Parlamento, que considera a la Ley como
máxima norma jurídica.

10.
El Estado de Derecho tiene las siguientes características:
1.-La existencia de un poder limitado.-
Viene a ser la supremacía del Derecho sobre el poder del
Estado, implica someter el accionar de los actores políticos y
de cualquier pretensión ordenadora del Estado, a las normas
jurídicas que expresan la convivencia digna de los seres
humanos.

11.
2.-Separación de poderes.-
Lo mas correcto es denominarlo como separación de
funciones que de poderes, porque el poder es uno solo e
indivisible, no obstante esto se prefiere denominarlo
separación de poderes.
Tiene los significados siguientes:
a.- Diferencia entre las funciones legislativa, ejecutiva
y judicial (Poder legislativo, ejecutivo y judicial).
b.- La independencia de un órgano estatal frente a las
acciones o la interferencia de los otros órganos del Estado.
c.- La fiscalización o el equilibrio de un órgano del
estado mediante los actos del otro.

12.
La separación de poderes constituye, en efecto, el resultado
histórico de la lucha contra el absolutismo de los reyes.
El sentido histórico e ideológico de este principio es evitar la
concentración del poder en un solo operador o agente político,
sobre todo, del titular del ejecutivo, persigue lograr de esa
forma el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos
que representados democráticamente, constituyen ahora el
poder legislativo.

13.
3.- El reconocimiento de la responsabilidad del Estado.-
Las autoridades no están al margen de la Ley y deben de
responder personalmente por las consecuencias de los actos
gubernamentales que realizan.
4.- Declaración de derechos y libertades del ciudadano.-
Destaca el carácter individual de los mismos, ya que no se
incluyen los derechos de índole social y económico.

14.
5.- Sometimiento de los ciudadanos y de los poderes del
Estado al Derecho.-
Que se concreta en el imperio de la Ley, como expresión de la
voluntad nacional. En el Estado de Derecho rige no el
gobierno de los hombres sino el gobierno de las leyes.
6.-Principio de legalidad de la administración pública.-
Se trata del sometimiento de la administración publica a la
Ley. La administración es una creación del derecho positivo.

15.
ESTADO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO.
Transitar del Estado legal de Derecho al Estado Constitucional
de Derecho, entre otras cosas, implica el hecho de que la
Constitución Política no solo seguiría siendo considerada como
una norma política carente de contenido jurídico vinculante,
sino que se la consideraría, además, como una norma jurídica
con un contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder y
a la sociedad en su conjunto.
Las constituciones de 1946, 1947, 1949 de Francia, Italia,
Alemania así lo precisan.

16.
El Estado Constitucional de Derecho tiene las siguientes
características;
1.-Sujeción de los gobernantes y gobernados al Imperio de la
Constitución.-
Ello implica la supremacía de la Constitución, las leyes y
demás normas jurídicas sobre la mera voluntad de los
gobernantes y gobernados.
El art. 51 de la Constitución desarrolla sobre el punto el
principio de primacía de la Constitución.

17.
2.- Distribución de funciones y asignación de
responsabilidades entre los titulares de los órganos de poder.-
Ello implica la existencia plural, diferenciada, equilibrada,
repartida y limitada de las funciones del poder, de los órganos
y operadores que conforman la actividad gubernamental; lo
que contribuye a evitar la personalización y concentración del
poder en un solo operador o agente político, también a
mejorar la eficiencia y eficacia de la actividad gubernamental,
así como cautelar la moral estatal.
La Constitución establece límites y sanciona la transgresión de
dichos límites por ejm. el art. 117 acusación presidencial, el
art. 128 responsabilidad de los ministros, el art. 99 acusación
constitucional a altos funcionarios del Estado, el art. 100 el
juicio político, etc.

18.
Asi también la existencia de mecanismos de control político
ejm. el art. 131 sobre la interpelación a los ministros, el art.
132 voto de censura a los ministros, el art. 133 rechazo a la
cuestión de confianza, el art. 134 disolución del Congreso etc.
No obstante, hoy en el siglo XXI observamos que se
confunden funciones porque legisla el Poder Legislativo, como
también el Poder Ejecutivo cuando el Congreso le delega
facultades legislativas (art. 104 de la C) y legislan también los
gobiernos regionales (art. 190) y gobiernos municipales (art.
194).

19.
3.- Existencia de un conjunto básico de derechos ciudadanos
de carácter civil, político, social, económico y cultural, y de
garantías jurídicas para el pleno goce o restablecimiento de su
disfrute por parte de los gobernados, así como la asignación
de deberes, responsabilidades y cargas ciudadanas.
Así tenemos por ejm. el art. 2 de los derechos fundamentales
(individuales), los arts. 4 y 7 derechos sociales, art. 30
derechos políticos entre otros, y el art. 200 que trata sobre
las garantías constitucionales.
Y en el plano supranacional tenemos la jurisdicción
internacional (art. 205 de la C), entre ellos el tratado la
Convención Americana de Derechos Humanos.

20.
PRIMERA UNIDAD: TEORÍAS Y FUNDAMENTOS EN TORNO A LA DEFENSA DE LA
CONSTITUCION.
3ra. Semana: DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, PRINCIPIOS.
1.- DEFINICIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.
Samuel Abad Yupanqui define al Derecho Procesal Constitucional como: “Una
joven disciplina que estudia los procesos constitucionales y los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional encargados de
resolver los conflictos constitucionales”.

21.
2. PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.
En el Derecho Procesal Constitucional Peruano rigen los principios contenidos en
el art. III del Título Preliminar del C.P.C. (principios de dirección judicial del
proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, inmediación, y
socialización procesales), a los cuales se agregan 03 principios más: El principio
de impulso procesal de oficio, el principio de duda razonable y el principio de
condena de costos y costas.
Definiremos cada uno de estos principios:

22.
A.- El principio de Dirección Judicial del Proceso.
El autor García Toma, refiere que esta opción radica en la convicción de que los
conflictos de naturaleza constitucional no pueden quedar sujetos a la mera
disposición de las partes, sino que, como bien anota Gerardo Eto Cruz, debe
estar bajo la responsabilidad del propio juez, el cual tiene el deber funcional de
investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance.

23.
B.- El principio de gratuidad en la actuación del demandante.
Este principio regulado en el art. 139. Inc. 16 de la Constitución, hace referencia
al principio de gratuidad en la administración de justicia, es decir del beneficio a
litigar sin desembolso económico.
El Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que este
principio se traduce en asegurar a las personas de escasos recursos económicos,
el acceso a la justicia y la obtención de un fallo judicial que resuelva sus
diferencias dentro de un proceso judicial gratuito.
Este principio cuenta con algunas restricciones dispuestas en el CPC, castigando
en la mayoría de los casos haber incurrido en manifiesta temeridad al momento
de presentar la demanda de manera innecesaria (costos y costas).

24.
C.- El principio de economía procesal.
García Toma, habla de una economía de gastos y economía de esfuerzos. La
primera debe ser entendida como la capacidad de evitar “actuaciones
innecesarias” que “generen costos económicos”; mientras que la segunda
economía, entiende que el juez debe evitar la realización de actos procesales
inconsecuentes o redundantes, teniendo como fin culminar el proceso en el
menor tiempo posible.

25.
D.-El principio de inmediación.
Busca el acercamiento del juez a las partes. Para alcanzar un conocimiento más
amplio e idóneo de los intereses en conflicto.
En este principio la actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez
encargado de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta manera se garantiza
que exista un contacto directo entre el juzgador y los medios de prueba
aportados al proceso, que permitirá a este ponderarlos en forma debida.

26.
E.- El principio de socialización.
El autor Abad Yupanqui, define este principio como la facultad concedida al juez
de intervenir en el proceso, evitando que las desigualdades naturales que se
presentan en las partes procesales determinen el resultado del proceso.
La aplicación de este principio tiene relevancia en nuestro país por las “notorias”
desigualdades económicas y sociales, además de prácticas discriminatorias en
temas de raza o genero que muchas veces se presentan en un proceso.

27.
F.-Principio de impulso procesal de oficio.
Los procesos constitucionales, si bien para su inicio requieren de iniciativa de
parte, no lo requieren para el seguimiento del proceso. El juez y el Tribunal
Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos.
G.-Principio de duda razonable.
Cuando en un proceso constitucional se presenta una duda razonable respecto de
si debe admitirse a trámite la demanda o declararse concluido el proceso, el juez
constitucional declarará su admisión o continuación, según corresponda.
Ejemplo: Art. 45 del CPC: “El amparo sólo procede cuando se hayan agotado las
vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá
dar trámite a la demanda de amparo”.

28.
H.- Principio de condena de costas y costos.
La regla general es que el proceso constitucional es gratuito, pero, de modo
excepcional queda a criterio del juez imponer condena en costas y costos (Arts.
410 y 411 del CPC.
Tales limitaciones se encuentran en los artículos 16 del CPC (pago de costas y
costos de la medida cautelar en los procesos de amparo, hábeas data y
cumplimiento), 51 del CPC (multa no menor de 3 URP ni mayor a 10 URP por
temeridad en la elección del juez), 56 del CPC (pago de costas y costos en el
proceso de amparo) y 97 del CPC (pago de costos en el proceso de acción
popular).

29.
3.-CONTENIDO DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.
Néstor Sagués, precisa que el Derecho Procesal Constitucional tiene dos
contenidos básicos: la magistratura constitucional y los procesos
constitucionales.
. Magistratura Constitucional.
Está conformado por los siguientes órganos:
- Poder Judicial
- Tribunal Constitucional.

30.
Procesos Constitucionales.
- Procesos destinados a la tutela de los derechos fundamentales: Hábeas Corpus,
Amparo y Hábeas Data.
- Procesos de control normativo, ya sean de tipo preventivo o reparador, tal como
sucede con el Proceso de Inconstitucionalidad y de Acción Popular.
- Procesos que permiten la solución de un conflicto de competencias- ya sea positivo o
negativo- entre dos o más órganos constitucionales o entidades descentralizadas
respecto a sus atribuciones que se encuentran previstas en la Constitución: Proceso
Competencial.

31.
4.- EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD.
Son los procedimientos tanto políticos como jurisdiccionales destinados a
defender la constitucionalidad (plena vigencia de la Constitución y respeto a las
normas constitucionales), como la forma más adecuada de defender un Estado
Constitucional de Derecho.
Las principales formas de control constitucional son:

32.
A.- CONTROL CONSTITUCIONAL POLÍTICO O PARLAMENTARIO.
La clásica y usual forma de control político se aplica por delitos o infracciones
constitucionales cometidos por los altos funcionarios del Estado (Presidente de la
República, Congresistas, Ministros de Estado, Vocales de la Corte Suprema,
Magistrados del Tribunal Constitucional, Fiscal de la Nación) durante el ejercicio
de sus cargos. Así lo precisan los arts. 99 y 100 de la Constitución.
Otras formas de control político la Interpelación a los Ministros art. 131, voto de
censura art. 132, la cuestión de confianza art. 133, disolución del Congreso art.
134, art. 117 acusación contra el Presidente de la República.

33.
B.-CONTROL CONSTITUCIONAL JURISDICCIONAL.
Es el que realizan los órganos jurisdiccionales como el Poder Judicial o el
Tribunal Constitucional, distinguiéndose dos tipos de control: Control
constitucional de las leyes y Control Constitucional de las normas
administrativas.
Control Constitucional de las leyes.- Objeto de control son las leyes o normas
con rango de Ley.
Control Constitucional de normas administrativas.- Este control se ejerce sobre
las normas administrativas (por ejm. Dec. Supremo).
En el desarrollo del constitucionalismo existen dos grandes modelos de control
de la Constitucionalidad de las leyes, llamados modelos originarios o clásicos: El
modelo americano o de control difuso y el modelo europeo o concentrado.

34.
C.-CONTROL CONSTITUCIONAL ESPECIAL.
Existe una tercera forma de control de la constitucionalidad, que a su vez puede
ser:
. Control ejecutivo.- Es el que realiza el Presidente de la República haciendo uso
del derecho de veto relativo o del derecho de observación de las leyes.
. Control Electoral.- Se produce cuando una ley recientemente aprobada y antes
de su promulgación, se somete a referéndum.
. Control Social.- Es el que realiza la opinión pública a través de los medios de
comunicación (la prensa), los profesionales a través de los colegios profesionales,
entre otros.

35.
PRIMERA UNIDAD: TEORÍAS Y FUNDAMENTOS EN TORNO A LA DEFENSA DE LA
CONSTITUCIÓN.
4TA. SEMANA: JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.
1.- LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.
La jurisdicción constitucional es aquella ejercida por organismos jurisdiccionales
como el Tribunal Constitucional o por el propio Poder Judicial, cuando
administran justicia en materia constitucional, empleando para ello también
procedimientos constitucionales.
Así lo establece el Código Procesal Constitucional en su Título Preliminar Art. IV.
Lo particular de esta jurisdicción, es la de controlar la constitucionalidad y velar
por el respeto a la Constitución.

36.
2.- LOS MODELOS DE JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.
La jurisdicción como emanación de la soberanía del Estado es una sola. Pero
siendo una se distribuye entre los distintos órganos o tribunales que la
Constitución y la ley establecen.
En esta perspectiva, los modelos originarios que se observan en el Derecho
Comparado son el llamado americano o control difuso y el europeo o control
concentrado.

37.
a.- SISTEMA AMERICANO O DE CONTROL DIFUSO.
El autor Fix Zamudio señala que: “El sistema americano consiste en la facultad
otorgada a los jueces ordinarios, sin importar su jerarquía, para resolver las
cuestiones de constitucionalidad de las disposiciones legislativas, siempre que
sean planteadas por las partes y aún de oficio por el juez que conozca del
asunto, es una controversia concreta”.
Pero el control difuso no es un derecho, es una garantía que la ejerce el juez, es
el poder- deber de la jurisdicción.

38.
Sus principales características son:
. Es difuso.- La facultad de control jurisdiccional de las leyes se reparte entre
todos los jueces, que en casos concretos de inconstitucionalidad pueden
pronunciarse, sobre la adecuación o nó de una Ley a la Constitución,
independientemente de su grado o jerarquía funcional.
. Es incidental.- No se plantea como acción, sino en el desarrollo de un proceso
concreto en el que aparece una norma que se ha de aplicar pero que resulta
incompatible con la Constitución.

39.
. Es especial o de eficacia interpartes.- Es decir, que la inaplicación de la ley no
tiene efectos generales, sólo alcanza a quienes han sido parte en la cuestión
prejudicial.
. No tiene efectos derogatorios.- Los órganos jurisdiccionales se pronuncian
únicamente sobre la inaplicabilidad de la ley inconstitucional.
. Es declarativo.- Su aplicación en el tiempo tiene eficacia retroactiva. La norma
se entiende nula, como si no hubiese existido en el caso concreto.

40.
b.- SISTEMA EUROPEO O DE CONTROL CONCENTRADO.
En este sistema se atribuye la función de control constitucional a un órgano
específico, al que se suele denominar “Tribunal Constitucional”, el mismo que
ejerce su función sin dependencia ni vinculación estructural con el clásico Poder
Judicial.
Los jueces ordinarios no pueden conocer los asuntos que son propios de la
Jurisdicción constitucional, que sólo se encuentra reservada para este órgano
especializado.

41.
Sus principales características son:
. Es concentrado.- Por la existencia de un órgano especializado encargado de
realizar el control: El Tribunal Constitucional.
. Es principal.- Ejercido en vía de acción y no como cuestión incidental.
Desarrollado en el proceso de inconstitucionalidad que se plantea para “derogar”
una ley, cuando la norma es incompatible con la Constitución.

42.
. Es general o de eficacia erga omnes.- Los efectos de la sentencia son de
carácter general. Lo que quiere decir que las consecuencias de la declaratoria de
inconstitucionalidad alcanzan a todos los integrantes del ordenamiento jurídico,
tanto así, que la norma jurídica declarada inconstitucional deja de surtir efectos
legales.
. Tiene efectos derogatorios.- Las sentencias se pronuncian declarando la
inconstitucionalidad de las leyes, lo que implica la consiguiente “derogatoria” de
las mismas, afectando al Estado y a todos los ciudadanos adscritos a él.
. Es constitutivo.- Tiene por finalidad el aniquilamiento de una norma. La
sentencia de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos.

43.
3.- CONTENIDO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.
Sostiene que se basa en una concepción tripartita que se desarrolla a partir de
la jurisdicción constitucional. Tenemos a:
a.-Jurisdicción constitucional de la libertad.
Por jurisdicción constitucional de la libertad se entiende al conjunto de los
instrumentos procesales o a las llamadas “garantías”, destinadas a proteger al
individuo de las posibles violaciones de sus derechos fundamentales
consagrados en la Constitución.
Y porque su violación trasciende la esfera individual, su salvaguarda requiere de
mecanismos de protección adecuada.

44.
Estos son:
. Proceso de Hábeas Corpus.
. Proceso de Amparo.
. Proceso de Hábeas Data.
. Proceso de Cumplimiento.
El proceso de cumplimiento es un “proceso constitucionalizado”, en esencia no
tiene por objeto la protección de un derecho o de un principio constitucional, sino
la protección de derechos legales y de orden administrativo, mediante el control
de la inacción administrativa.

45.
b.- La Jurisdicción constitucional orgánica.
. Control de la constitucionalidad de las leyes y de todo el ordenamiento jurídico.
Art. 200 inc. 4 y 5 de la Constitución. Estos son: Proceso de Inconstitucionalidad
y Proceso de Acción Popular.
. Resolución de conflictos de competencia entre los órganos del Estado (Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial), entre el gobierno central y las regiones o de las
regiones entre sí. Art. 202 inc. 3 de la Constitución. Refiriéndose con ello al:
Proceso Competencial.

46.
c.-La Jurisdicción constitucional comunitaria e internacional.
También llamada jurisdicción constitucional supranacional, en ella se encuentran
contenidos los diversos instrumentos procesales de carácter internacional de los
que pueden valerse las personas de un determinado Estado, a fin de hacer valer
sus derechos fundamentales en la esfera internacional ante tribunales con
competencia regional o universal si es que, agotada la esfera interna, el afectado
considera que sus derechos fundamentales quebrantados no han merecido la
protección que les correspondía. Art. 205 de la Constitución.

47.
2da. UNIDAD: CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
5ta. SEMANA: CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Ley N° 28237.
• INTRODUCCIÓN.
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
• Tan importante como conocer los derechos, es todavía más importante saber exigir el
cumplimiento de los mismos. Los procesos constitucionales que, en número de cuatro, desarrolla
el Código Procesal Constitucional, debidamente ejercitados, se constituyen en eficaz herramienta
para la defensa irrestricta de los derechos constitucionales. Así tenemos el Habeas Corpus, para
proteger la libertad constitucional, el Amparo para la tutela de los demás derechos
constitucionales, el Habeas Data para proteger el derecho a la intimidad personal y familiar, el
proceso de cumplimiento para obligar a una autoridad renuente a acatar un acto administrativo o
una norma legal.

48.
SI SE TRATA DE CONFLICTO DE NORMAS O VIGENCIA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES SE TIENE:
• Los procesos de Inconstitucionalidad que se interponen contra las leyes o normas con rango de
ley que contradicen la Constitución. Complementado con el proceso de acción popular que
elimina los reglamentos inconstitucionales o ilegales. Y finalmente el proceso competencial para
resolver las controversias sobre atribuciones entre los poderes del Estado, los órganos
constitucionales autónomos y los gobiernos regionales y locales, constituyen los procesos
constitucionales orgánicos.

49.
ALFARO PINILLOS, EN SU OBRA INTRODUCCION A LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES DICE:
• La dispersión de la frondosa legislación en el Perú sobre garantías constitucionales en el Perú y la
dinámica de la vida misma creo problemáticas no previstas por la normatividad constitucional
vigente en esa época, que hizo necesario un replanteo total de las garantías o procesos
constitucionales que se reflejasen en la unificación de un nuevo y único texto normativo al que se
denominó “Código Procesal Constitucional”.
• Este Código ha sido producto de un gran trabajo elaborado por una “Comisión redactora” (por
iniciativa y a título personal “autoconvocada” sin nombramiento oficial) integrada por los juristas
Dres. Samuel Abad Yupanqui, Jorge Danos Ordoñez, Francisco Eguiguren Praeli, Domingo García
Belaunde, Juan Monroy Galvez y Arsenio Ore Guardia.

50.
ESTRUCTURA DEL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.
• El proyecto de ley fue aprobado con la Ley N° 28237 publicada el 31. 05. 2004 y vigente por
vacatio legis para su debida difusión y conocimiento 6 meses después desde el 01. 12. 2004.
• El Código Procesal Constitucional consta de 121 artículos, tiene un título preliminar y 13 títulos:
Título I Disposiciones generales de los procesos de H. Corpus, Amparo, H. Data y Cumplimiento.
Título II Proceso de H. Corpus, Título III Proceso de Amparo, Título IV Proceso de H. Data, Título V
Proceso de Cumplimiento, Título VI Disposiciones generales de los Procesos de Acción Popular e
Inconstitucionalidad, Título VII Proceso de Acción Popular, Título VIII Proceso de
Inconstitucionalidad, Título IX Proceso Competencial, Título X Jurisdicción Internacional, Título XI
Disposiciones generales aplicables a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional, Título XII
Disposiciones Finales y Título XIII Disposiciones transitorias y derogatorias.

51.
2da UNIDAD: EL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONALY LA
INTERPRETACION CONSTITUCIONAL
SEXTA SEMANA : MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL. EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL
En materia constitucional, el Estado Peruano encarga la función
jurisdiccional tanto al órgano jurisdiccional ordinario (poder judicial),
como a un órgano especializado (Tribunal Constitucional). Así lo precisa
el Código Procesal Constitucional en su Título preliminar Art. IV.

52.
La jurisdicción constitucional es aquella ejercida por organismos
jurisdiccionales de tipo especial o por el propio poder judicial, cuando
administran justicia en materia constitucional, empleando para ello
procedimientos constitucionales que precisa el Código Procesal
Constitucional. Lo particular de la jurisdicción, es la de controlar la
constitucionalidad de la Ley y normas con rango de ley y velar asimismo
por la vigencia y defensa de los derechos fundamentales de la persona,
el respeto a la Constitución, que corre a cargo preferentemente de los
llamados tribunales constitucionales.

53.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
El Tribunal constitucional es aquel órgano independiente y autónomo
estipulado en la Carta Política que, a través de sus competencias
constitucionales, tiene como finalidades preservar la vigencia de los
derechos fundamentales de la persona y defender la supremacía de la
Constitución como norma fundamental.
El art. 201 de la Const. Señala que el T. C. es el órgano de control de la
Constitución, es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros
elegidos por 5 años. Son elegidos por el Congreso de la República con
el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros.
Javier Alva Orlandini afirma que, que es el órgano de control, pero de la
“constitucionalidad”.

54.
La función de control directo que la constitución le ha asignado al
Tribunal Constitucional se halla definida en 3 facultades (art. 202 C):
a.- La determinación en instancia única de que la Ley o normas con
rango de ley (decretos legislativos, tratados legales, ordenanzas
municipales, etc.) sean “derogadas” erga omnes por contravenir la
Constitución en la forma y en el fondo.
b.- La resolución en última y definitiva instancia de las resoluciones
denegatorias provenientes del Poder Judicial en procesos de Habeas
Corpus, Amparo, Habeas Data y Cumplimiento.
c.- La dirimencia de conflictos de competencias, llamado en el Código
Procesal Constitucional como “Procesos Competenciales”.

55.
Prerrogativas, impedimentos, prohibiciones y derechos de los
magistrados del T. C. (Art. 12 al 15 de la L. o. del T. C. Ley N° 28301 del
22. 07. 2004).
Los magistrados del T. C. no están sujetos a mandato imperativo. Gozan
de inviolabilidad por lo tanto no responden por los votos u opiniones
emitidas en el ejercicio de su cargo. Gozan asimismo de inmunidad, no
pueden por lo tanto ser detenidos ni procesados sin la autorización del
T. C. Gozan de los mismos derechos que los congresistas. Art. 201 de la
Constitución. No hay reelección inmediata.

56.
COMPETENCIA DEL TRIB. CONSTITUCIONAL
. Competencia jurisdiccional del T. C.
a. Resuelve el proceso de inconstitucionalidad.
b. Conoce en última y definitiva instancia de las resoluciones
denegatorias de los procesos constitucionales de Habeas Corpus,
Amparo, Habeas Data y Cumplimiento.
c. Resuelve los conflictos de competencia.
d. Resuelve el Recurso de Queja por denegatoria del Recurso de
agravio constitucional. (Art. 19 del C. P. C.).

57.
Competencia reglamentaria del T. C.
. El T. C. puede dictar reglamentos para su propio funcionamiento, así como
para el régimen de trabajo de su personal y servidores dentro del ámbito de
su Ley orgánica.
Competencia disciplinaria del T. C.
. Se aplica cuando los magistrados del T. C. incurren en causales de vacancia
que pueden ser: por incapacidad moral o física permanente que los inhabilite
para el ejercicio de la función; así como por incurrir en culpa inexcusable en el
cumplimiento de los deberes propios del cargo o por violar la reserva de la
función.
Los magistrados pueden ser suspendidos por el T. C. como medida previa,
cuando incurren en delito flagrante. La suspensión requiere cuando menos de
cuatro votos conformes (Art. 18 de la L. O. del T. C.).

58.
Competencia presupuestaria del T. C.
. El T. C. tiene competencia para elaborar su presupuesto anual, el cual debe
ser presentado ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo que establece la Ley
del presupuesto.
El Presidente del T. C. tiene la facultad de sustentar su presupuesto ante el
pleno del Congreso (3era. Disposición final de la L. O. del T. C.).

59.
SEGUNDA UNIDAD: CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y LA
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL .
Setima semana: LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL.
Aníbal Quiroga señala que la interpretación constitucional supone un ejercicio
intelectual muy diferente al de la interpretación jurídica ordinaria de las
normas (hermenéutica), debido fundamentalmente a la diferente naturaleza
normativa de las normas constitucionales, su carácter político.
Las normas constitucionales al ser políticas, son continente de valores,
principios y postulados fundamentales para la organización política, social y
económica del Estado.

60.
Interpretación Hermenéutica.
La interpretación gramatical, se basa en la redacción literal del texto de la
norma. La interpretación sistemática, acude a la conexión del texto de la
norma con la regulación del derecho en que esta inserta. La interpretación
teleológica, atiende a la finalidad perseguida por la norma. La interpretación
histórica, toma en consideración los antecedentes y origen de la norma.

61.
El autor Juan Jiménez Mayor propone los siguientes 09 principios:
a.- UNIDAD DE LA CONSTITUCION:
La carta fundamental es un cuerpo normativo unitario del Estado, en el que no
se admite la idea de analizar cada una de sus cláusulas en forma aislada,
debiéndose entender cada cláusula en función de un todo orgánico.
Esto implica que la Constitución no admite separaciones ni contradicciones,
que sus partes se encuentran conexas.

62.
b.- CONCORDANCIA PRÁCTICA:
Según este principio, los bienes constitucionalmente protegidos deben ser
coordinados y ponderados de modo que se alcance una efectividad práctica. El
conflicto entre valores constitucionales puede significar contraposición de
soluciones igualmente validas, no obstante ello la solución debe ser armónica
que no haga evidente la oposición interna, sino que otorgue una solución
practica y que reafirme estos valores.
Arturo Hoyos cita un interesante ejemplo:

63.
Se trata de una sentencia aplicada por la Corte Suprema de Panamá, en un
caso donde se planteo el conflicto de normas constitucionales y la solución que
debió ofrecerse. Una mujer casada con un indígena de la comunidad Kuna,
existente en Panamá, convivio según los principios de la religión católica y ella
y sus hijos reclamaron el cadáver de esposo para darle cristiana sepultura, del
otro lado, los miembros de la comunidad Kuna la familia en este caso (madre y
hermanos), también reclamaban el cadáver sobre la base de normas
constitucionales que protegen las tradiciones indígenas.
La Corte tuvo que hacer una ponderación de los derechos constitucionalmente
protegidos y llego a la conclusión de que “ el interés de la familia nuclear era
mas fuerte que el de la libertad de religión y se dispuso que el cadáver se le
entregara a los hijos y a la esposa”.

64.
c.- CORRECCION FUNCIONAL.
Mediante este principio se establece que es fundamento o esencia de la
interpretación, no desvirtuar las atribuciones y competencias de las
instituciones políticas del Estado diseñadas en la Constitución.
d.- EFICACIA INTEGRADORA
El interprete debe hacer primar el principio de estabilidad y continuidad de la
unidad política del Estado y de todos sus componentes, de la Constitución
sobre todo. STEIN señala que la interpretación no debe tener en cuenta
circunstancias coyunturales sino que debe respetar la estabilidad del Estado.
En esta perspectiva, el precedente vinculante juega un papel fundamental,
pues precisamente buscará ese efecto integrador dando continuidad al texto
constitucional. “El cambio permanente de la interpretación de la Constitución
convierte a ésta en una norma cualquiera”.

65.
e.- INTERPRETACION CONFORME A LA CONSTITUCION: Esta interpretación
comporta tres aspectos, a decir de García de Enterría:
1. La confianza otorgada al legislador para la correcta interpretación de la
Constitución.
2. Solo debe declararse la inconstitucionalidad si es que existe una duda
razonable sobre su contradicción a la Constitución.
3. Si una ley esta redactada en términos amplios, se debe tomar en cuenta
siempre la interpretación que este acorde con la Constitución.

66.
f.- INMEDIATEZ DE LA CONSTITUCIÓN:
Esto implica que la Constitución vigente es una norma directamente aplicable.
Cualquier norma que le este subordinada depende en su validez de su
conformidad con el contenido, no solo formal sino también material de la
Constitución.
g.- PREVISIÓN DE CONSECUENCIAS:
El juez debe ser consciente que el fallo constitucional traerá consecuencias en
el aspecto político y social.
El juez es independiente y autónomo, por ello mismo no siempre actuara en
función a tales consecuencias, puede apartarse de ellas.

67.
h.- RESPETO A LOS VALORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES:
Es preciso señalar que la Constitución no es un simple catalogo de decisiones
políticas, incorpora en su texto un sistema de valores esenciales que integran
la convivencia política y social, integra asimismo principios que fundamentan el
ordenamiento vigente. Algunos de ellos son:
. Principio de dignidad de la persona humana: Plantea como uno de los
principios fundamentales el reconocimiento del valor de la persona dentro del
Estado. En el caso de la Constitución Peruana de 1933, este principio esta
prescrito en el art.1º.

68.
• Principio de supremacía de la Constitución:
Establece la gradación normativa de la Constitución y la observancia que
orienta a todo el sistema jurídico. Así lo precisan los arts. 51 y 138 de la
Constitución.
• Principio democrático:
Referido a la titularidad del poder político, planteado en el art. 45 de la
Constitución que precisa que el poder del Estado emana del pueblo. Quienes
lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución
y las leyes establecen.

69.
i.- PRO LIBERTATIS:
La interpretación de la norma debe realizarse del modo más favorable para la
persona.
Si es que el precepto en cuestión permite dos o más interpretaciones, habrá
que optar por la más protectora de la persona, y desechar aquellas que
resulten restrictivas.
Es lo que Sagues denomina una directriz de preferencia de interpretaciones.

70.
CRITERIOS DE INTERPRETACION APLICADOS POR EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.
El Tribunal Constitucional Peruano, según Marcial Rubio Correa ha desarrollado
06 criterios de interpretación fundamental de los derechos constitucionales
que son los siguientes:
1.- INTERPRETACION SISTEMATICA (De uso general en Derecho).
El Tribunal Constitucional ha afirmado que “… la aplicación e interpretación de
las normas constitucionales no debe realizarse aisladamente sino debe
efectuarse de manera sistemática”.

71.
2.- INTERPRETACION INSTITUCIONAL (De uso exclusivo en Derecho.
Constitucional).
El Tribunal Constitucional establece que “en efecto, las normas
constitucionales no pueden ser comprendidas como átomos desprovistos de
interrelación pues ello importaría obtener conclusiones incongruentes.
Por el contrario, su sistemática interna obliga a apreciar a la Norma
Fundamental como un todo unitario, como una suma de instituciones
poseedores de una lógica integradora uniforme”.

72.
3.- INTERPRETACION SOCIAL
”… a los clásicos criterios de interpretación, deben sumarse aquellos que
permitan concretar de la mejor manera los principios que inspiran los
postulados políticos- sociales y políticos económicos de la Carta.
Por ello la pertinencia en proceder, por una parte, a una interpretación
institucional de sus clausulas y , por otra, a una social “.
4.- INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA
(De uso general en Derecho).
El Tribunal Constitucional ha dicho sobre este tipo de interpretación que “…la
aplicación e interpretación de las normas constitucionales no debe realizarse
aisladamente sino debe efectuarse de manera teleológica” .
La teleología se define como la teoría de las causas finales, de los fines últimos.

73.
5.- TEORIA DE LOS DERECHOS INNOMINADOS ( O DERECHOS CONEXOS).
( De uso exclusivo en Derecho Constitucional).
El Tribunal Constitucional ha establecido que en la Constitución hay derechos
innominados y que conocerlos es importante para la interpretación en su
conjunto. Todo parte del art. 3º de la Constitución que establece :
“… el articulo 3º de la Constitución prevé la individualización de “nuevos”
derechos, en función de la aplicación de la teoría de los derechos innominados
allí expuesta y sustentada”.

74.
6.- TEORIA DE LOS DERECHOS Y DE LOS PRINCIPIOS IMPLÍCITOS.
El Tribunal Constitucional ha establecido que, en muchos derechos
desarrollados en términos generales por la Constitución, se hallan implícitos
otros que son especies de aquellos y que, por tanto, deben merecer
reconocimiento constitucional. Marcial Rubio dice: según nuestro criterio no
hay una diferenciación clara y tajante entre estos derechos y los “derechos
innominados”. Hace referencia además a una relación de derechos y principios
considerados “implícitos”: 1. Derecho a la verdad. 2. La prohibición de la
reformatio in peius (como resultado de un recurso de apelación, la instancia
superior no puede sancionar con pena mayor a la impuesta por la instancia
inferior. 2002). 3. Acceso a la justicia. 4. Principio non bis in idem (derecho a no
ser sancionado dos veces por un mismo hecho o derecho a no ser procesado
dos veces. 2003). 5. Titularidad de derechos constitucionales por las personas
jurídicas en los que le fueran posibles, entre otros.