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SUMINSTRO: N°1941425
ESCRITO : 02-2019
SUMILLA : APELACION
SEÑOR (A) JEFE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ENEL
DISTRIBUCION S.A.A DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.
FELIX ALBERTO QUISPE TRUJILLO, Identificado con DNI
N°80574465 señalando domicilio real y procesal legal en el Jr.
Mariano de los Santos N°283 (Mz. S-8 lote 19) de la Urb. Mariscal
Cáceres del distrito de San Juan de Lurigancho Provincia y
Departamento de Lima, ante Ud, con el debido respeto digo:
Haciendouso de mi derecho de contradicción previsto en la Ley 27444.
Formulo el recurso impugnatorio en atención a los siguientes
fundamentos:
I. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.
El Artículo 209 de la Ley 27444 establece que “El recurso de apelación se
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de
cuestiones de puro derecho, debiendo de dirigirse a la misma
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo
actuado al superior jerárquico”
Siendo que la resolución que se impugna ha sido emitida por el Gerente
de Servicio de Atención Comercial, la cual tiene superior jerárquico
(OSINERGMIN), procede interponer el presente recurso de apelación, en
atención a los siguientes fundamentos:
II.- EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO.
Interpongo recurso de apelación en contra de la Resolución N°76351178-
1-2020 ENEL – DISTRIBUCION PERU SAA/CCNP, de fecha 27 de febrero
del 2020 y notificada a esta parte el día 02 de marzo del 2020, (15 días
hábiles para presentar recurso) a fin de que se declare su nulidad por no
estar sustentado en normas jurídicas y contener una motivación
insuficiente, que contraviene la Constitución y la ley, y como
consecuencia:
a. Solicitose declare NULA y deje sin efecto alguno la Resolución
materia del presente recurso impugnativo.
b. Solicito que mantenga el saldo en disputa por la suma de
S/ 818.42 Soles, adicionalmente a ello una indemnización
por daños y perjuicios hasta por la suma de S/ 12,000.00
Soles, esta ultimo se solicitará de llegar el caso por ante el
órgano jurisdiccional.
III.- FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS DEL PRESENTE
RECURSO.
Que, la resolución impugnada incurre en nulidad por falta de motivación
de un acto administrativo, causales previstas en los numerales 1 y 4 del
artículo 10 de la Ley 27444.
Que, por las razones expresadas en los párrafos precedentes solicito que
todos los actuados desde el inicio del procedimiento administrativo sean
elevados al superior jerárquico OSINERGMIN, a fin que con mejor criterio
de la cuestión controvertida resuelva favorablemente al usuario.
Que, un acto administrativo dictado al amparo de una potestad
discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa
la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o
cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o
expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De
modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no sólo significa
expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto
administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el
sustento jurídico que justifican la decisión tomada, lo cual no se advierte
en el presente caso, razón por la cual el superior jerárquico OSIGNERMIN,
debe de resolver la cuestión controvertida, con arreglo a derecho.
Que, en ese orden de ideas, debemos dejar claramente establecido que la
motivación constituye una garantía constitucional del administrado que
busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos
administrativos.
En ese sentido, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en el artículo IV, inciso 1.2, del Título Preliminar, ha dispuesto que
el debido procedimiento es uno de los principios del procedimiento
administrativo, el cual reconoce que “Los administrados gozan de todos
los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada
en derecho”; dispositivo legal que se complementa con el artículo 3,
inciso 4, y el artículo 6, incisos 1, 2 y 3, que establecen la motivación como
requisito de validez del acto administrativo
En esta misma dirección y ya en el plano legal, el artículo 6º, inciso 3º
de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
dispone que: “(...) no son admisibles como motivación, la exposición de
fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o
aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o
insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la
motivación del acto”. De otro lado, el numeral 1.2) del artículo IV del
Título Preliminar de la citada Ley establece que forma parte del
debido procedimiento administrativo el derecho del administrado a
obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Dicha
motivación debe efectuarse en proporción al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico, en concordancia con el numeral 4) del artículo
3.º de la citada ley.
A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la
actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible
que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía
de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En
esa medida, se debe enfatizar que la falta de motivación o su
insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en tanto
constituye una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de
fundamentoracional suficiente de una actuación administrativa es, por
sí sola, contraria a las garantías del debido procedimiento
administrativo, por consiguiente la resolución administrativa materia
del presente recursoimpugnativo contiene vicios insubsanables, razón
por la cual el superior en el grado con mayor análisis de la cuestión
controvertida pueda resolver, declarando la NULIDAD de dicha
Resolución.
Que, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición
ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una
estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y
satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las
convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su
decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por
fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo
extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una
decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas.
Ahora bien; En lo referente a la fundamentación que debe realizarse, en
la Resolución, es una respuesta a la petición interpuesta por el
administrado, por el cual éste hace una subsunción de los hechos a la
norma, resolviendotodos los puntos litigiosos puestos a consideración,
sin salirse de esos marcos por cuanto puede que otorgue menos o más
de lo pedido, lo cual implicaría una vulneración al debido proceso en
su ámbito de presupuesto de una resolución debidamente
fundamentada, entonces no es menos cierto que el Ejecutivo (a) ENEL,
en el recurso de reconsideración, debieron inexcusablemente resolver
todos los puntos apelados o puestos en consideración, así como todas
y cada una de las irregularidades advertidas, pues solo así las partes
conocerán los motivos o razones que llevaron al mismo a tomar esa
decisión, lo contrario, también significaría una violación al debido
proceso en su componente de la fundamentación jurídica.
Siguiendo la línea secuencial, como medio de prueba aportada por la
parte cuestionada (técnicos ENEL), respecto a la medición con pinza
amperimetrica en el suministro eléctrico N°1941425, no constituye
prueba contundente, por una sencilla razón, las PINZAS
AMPERIMETRICAS, cualquiera fuera su marca y/o diseño, están
programados para congelar una medición, lo cual se podría presumir
que esto lo efectuaron en otra intervención con mayor consumo
INDUSTRIAL, y la aplicaron en mi suministro eléctrico para la vista
fotográfica, todo ello con el propósito de justificar su trabajo en campo
por el personal de la concesionaria que brinda servicio a ENEL.
Que, bajo los contexto enunciados en el párrafo precedente debemos
dejar claramente establecido que, conforme es de verse, mis consumos
de energía anteriores y posteriores a la intervención técnica realizadael
4 de octubre del 2019, siguen siendo los mismos (véase recibo adjunto)
lo cual significa que nunca existió un manipulación en el equipo de
medición instalada en mi suministro, aunado a ello, pretender efectuar
un cobro por recupero de energía no registrada, a toda luz es ilegal y
arbitraria, por cuanto para dicho recupero, no se toma en cuenta mis
consumos históricos KWH facturados y cancelados
V.- DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO
Que, al respecto es pertinente traer a colación lo establecido por el
máximo intérprete de nuestra constricción, recaídaen la STC N.° 3741-
2004-AA/TC declara que: “(...) El derecho de defensa en el ámbito
del procedimiento administrativo de sanción se estatuye como una
garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados
con el ejercicio de las potestades sancionatorias de la
administración. Sus elementos esenciales prevén la posibilidad de
recurrir la decisión, ya sea al interior del propio procedimiento
administrativoo a través de las vías judiciales pertinentes; la posibilidad
de presentar pruebas de descargo; la obligación de parte del órgano
administrativo de no imponer mayores obstrucciones para presentar
los alegatos de descargoo contradicción y, desde luego, la garantía de
que los alegatos expuestos o presentados sean debidamente
valorados, atendidos o rebatidos al momento de decidir la situación del
administrado (...).
Negrita y subrayado es nuestro.
Que, en efecto, la norma constitucional precitada establece que toda
persona tiene derecho a formular peticiones individual o
colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la cual está
obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro
del plazo legal bajo responsabilidad.
Que, asimismo cabe advertir que si bien por un lado es obligación del
Estado dar pronta resolución a las reclamaciones y/o recursos
impugnatorios que se formulen a las autoridades correspondientes,
por otro lado se debe de observar el debido procedimiento
administrativo.
Que, bajo los contexto enunciados en los párrafos precedentes, me
obliga a continuar con mi reclamo, en caso de negarme mi legitima
petición que formuloen el presente recurso, me reservo expresamente
el ejercicio de las acciones extrajudiciales y/o judiciales que me
corresponde, bien individualmente bien a través de las acciones
colectivas que en su caso se ejerciten, y conllevaran además de la
solicitud de y una indemnización por daños y perjuicios económicos
conforme a mi pretensión accesoria que vengo solicitando en sede
administrativa.
En tal sentido, se evidencia que la resolución cuestionada resulta
manifiestamente arbitraria, dado que ENEL omite precisar cuáles son y
en qué consisten las irregularidades o actos que se habrían cometido
en el Suministro Eléctrico, y cuáles los medios probatorios que
acreditarían dichas irregularidades, para que a priori se pretenda
efectuar un cobro excesivo de S/ 818.42 Soles, suma exorbitante
para un usuario que domicilia en un Pueblo Joven de San Juan de
Lurigancho, en una área focalizada de extrema pobreza. (Vease
bonofamiliaruniversal).
Que, mi derecho fundamental a la defensa y debido proceso, se ha
visto reflejado por el accionar ambiguo, sesgado y de mala fe, de los
técnicos de la concesionaria a favor de ENEL, al pretender sorprender a
la empresa, que en mi suministro se había detectado consumo sin
registrar, lo cual no se ha podido corroborar con medio probatorio
idóneo.
Que, es materialmente es imposible que una Carta de ENEL de fecha 10
de enero del 2020, se haya diligenciado en la misma fecha, máxime se
tiene en cuenta que las resoluciones que se expide ENEL, se efectúa en
San Miguel, y la Notaria sito en Santiago Surco, y el Predio en San Juan
de Lurigancho Limite con Jicamarca.
Que, la carta notarial supuestamente diligenciado, es una astucia de
ENEL, por consiguiente existe una incongruencia respecto al
diligenciamiento de la Carta Notarial, con la notificación adherida a la
resolución materia del presente, que bajo los contextos enunciados en
los párrafos precedentes, independientemente del presente proceso
administrativo, se puede advertir que existe irregularidades que en su
oportunidadde ser el caso se estaría denunciando a la referida Notaria,
por ante el Colegio de Notarios del Perú.
VI.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Fundamento mi recurso en:
1.-Artículo 208º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General “El recurso de reconsideración se interpondrá
ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
2.-Resolución Del Consejo Directivo Organismo Supervisor De La
Inversión En Energía Y Minería Osinergmin Nº 671-2007-OS-CD, que
aprueba El Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios
de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural.
POR TANTO:
A Ud; Sr. (a) Gerente Ejecutiva Atención al Cliente, sírvase elevar el
presente recurso impugnativo al superior en el grado, en donde con
mejor análisis de la cuestión controvertida, espero alcanzar su
revocatoria.
PRIMER OTROSI DIGO: Reitero mi domicilio procesal, referido en el
exordio del presente escrito en donde a partir de la fecha se me hará
llegar las resoluciones, notificaciones ulteriores emanadas de su
despacho.
SEGUNDO OTROSI DIGO: A fin que los plazos establecidos para
presentar el presente recurso impugnativo, no se alterado, se debe
tener en cuenta la emergencia sanitaria (CUARENTENA) anunciada por
el gobierno, a partir del 16 de marzo del 2020, por consiguiente la NO
ATENCION en las entidades púbicas y privadas.
TERCER OTROSI DIGO: Cabe mencionar desde el levandatimiento de
la referida cuarentena ENEL viene atendiendo parcialmente previa cita
con Ticket; ahora bien, en mi particular caso solicito tener en cuenta mi
estado de salud COVID 19 (POSITIVO) razón por la cual la presentación
del el presente recurso queda autorizada mi hija Geraldine Elizabeth
Quispe López DNI Nº45136600.
Lima, 01 de julio del 2020.
………………………………………..
FELIX ALBERTO QUISPE TRUJILLO
DNI N°80574465

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Apelacion enel 1 de julio del 2020

  • 1. SUMINSTRO: N°1941425 ESCRITO : 02-2019 SUMILLA : APELACION SEÑOR (A) JEFE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ENEL DISTRIBUCION S.A.A DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. FELIX ALBERTO QUISPE TRUJILLO, Identificado con DNI N°80574465 señalando domicilio real y procesal legal en el Jr. Mariano de los Santos N°283 (Mz. S-8 lote 19) de la Urb. Mariscal Cáceres del distrito de San Juan de Lurigancho Provincia y Departamento de Lima, ante Ud, con el debido respeto digo: Haciendouso de mi derecho de contradicción previsto en la Ley 27444. Formulo el recurso impugnatorio en atención a los siguientes fundamentos: I. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN. El Artículo 209 de la Ley 27444 establece que “El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo de dirigirse a la misma
  • 2. autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico” Siendo que la resolución que se impugna ha sido emitida por el Gerente de Servicio de Atención Comercial, la cual tiene superior jerárquico (OSINERGMIN), procede interponer el presente recurso de apelación, en atención a los siguientes fundamentos: II.- EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO. Interpongo recurso de apelación en contra de la Resolución N°76351178- 1-2020 ENEL – DISTRIBUCION PERU SAA/CCNP, de fecha 27 de febrero del 2020 y notificada a esta parte el día 02 de marzo del 2020, (15 días hábiles para presentar recurso) a fin de que se declare su nulidad por no estar sustentado en normas jurídicas y contener una motivación insuficiente, que contraviene la Constitución y la ley, y como consecuencia: a. Solicitose declare NULA y deje sin efecto alguno la Resolución materia del presente recurso impugnativo. b. Solicito que mantenga el saldo en disputa por la suma de S/ 818.42 Soles, adicionalmente a ello una indemnización por daños y perjuicios hasta por la suma de S/ 12,000.00
  • 3. Soles, esta ultimo se solicitará de llegar el caso por ante el órgano jurisdiccional. III.- FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS DEL PRESENTE RECURSO. Que, la resolución impugnada incurre en nulidad por falta de motivación de un acto administrativo, causales previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 10 de la Ley 27444. Que, por las razones expresadas en los párrafos precedentes solicito que todos los actuados desde el inicio del procedimiento administrativo sean elevados al superior jerárquico OSINERGMIN, a fin que con mejor criterio de la cuestión controvertida resuelva favorablemente al usuario. Que, un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada, lo cual no se advierte
  • 4. en el presente caso, razón por la cual el superior jerárquico OSIGNERMIN, debe de resolver la cuestión controvertida, con arreglo a derecho. Que, en ese orden de ideas, debemos dejar claramente establecido que la motivación constituye una garantía constitucional del administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el artículo IV, inciso 1.2, del Título Preliminar, ha dispuesto que el debido procedimiento es uno de los principios del procedimiento administrativo, el cual reconoce que “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho”; dispositivo legal que se complementa con el artículo 3, inciso 4, y el artículo 6, incisos 1, 2 y 3, que establecen la motivación como requisito de validez del acto administrativo En esta misma dirección y ya en el plano legal, el artículo 6º, inciso 3º de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que: “(...) no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o
  • 5. aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto”. De otro lado, el numeral 1.2) del artículo IV del Título Preliminar de la citada Ley establece que forma parte del debido procedimiento administrativo el derecho del administrado a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Dicha motivación debe efectuarse en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, en concordancia con el numeral 4) del artículo 3.º de la citada ley. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, se debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en tanto constituye una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamentoracional suficiente de una actuación administrativa es, por sí sola, contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo, por consiguiente la resolución administrativa materia del presente recursoimpugnativo contiene vicios insubsanables, razón por la cual el superior en el grado con mayor análisis de la cuestión
  • 6. controvertida pueda resolver, declarando la NULIDAD de dicha Resolución. Que, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas. Ahora bien; En lo referente a la fundamentación que debe realizarse, en la Resolución, es una respuesta a la petición interpuesta por el administrado, por el cual éste hace una subsunción de los hechos a la norma, resolviendotodos los puntos litigiosos puestos a consideración, sin salirse de esos marcos por cuanto puede que otorgue menos o más de lo pedido, lo cual implicaría una vulneración al debido proceso en su ámbito de presupuesto de una resolución debidamente fundamentada, entonces no es menos cierto que el Ejecutivo (a) ENEL, en el recurso de reconsideración, debieron inexcusablemente resolver todos los puntos apelados o puestos en consideración, así como todas
  • 7. y cada una de las irregularidades advertidas, pues solo así las partes conocerán los motivos o razones que llevaron al mismo a tomar esa decisión, lo contrario, también significaría una violación al debido proceso en su componente de la fundamentación jurídica. Siguiendo la línea secuencial, como medio de prueba aportada por la parte cuestionada (técnicos ENEL), respecto a la medición con pinza amperimetrica en el suministro eléctrico N°1941425, no constituye prueba contundente, por una sencilla razón, las PINZAS AMPERIMETRICAS, cualquiera fuera su marca y/o diseño, están programados para congelar una medición, lo cual se podría presumir que esto lo efectuaron en otra intervención con mayor consumo INDUSTRIAL, y la aplicaron en mi suministro eléctrico para la vista fotográfica, todo ello con el propósito de justificar su trabajo en campo por el personal de la concesionaria que brinda servicio a ENEL. Que, bajo los contexto enunciados en el párrafo precedente debemos dejar claramente establecido que, conforme es de verse, mis consumos de energía anteriores y posteriores a la intervención técnica realizadael 4 de octubre del 2019, siguen siendo los mismos (véase recibo adjunto) lo cual significa que nunca existió un manipulación en el equipo de medición instalada en mi suministro, aunado a ello, pretender efectuar un cobro por recupero de energía no registrada, a toda luz es ilegal y
  • 8. arbitraria, por cuanto para dicho recupero, no se toma en cuenta mis consumos históricos KWH facturados y cancelados V.- DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO Que, al respecto es pertinente traer a colación lo establecido por el máximo intérprete de nuestra constricción, recaídaen la STC N.° 3741- 2004-AA/TC declara que: “(...) El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de sanción se estatuye como una garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades sancionatorias de la administración. Sus elementos esenciales prevén la posibilidad de recurrir la decisión, ya sea al interior del propio procedimiento administrativoo a través de las vías judiciales pertinentes; la posibilidad de presentar pruebas de descargo; la obligación de parte del órgano administrativo de no imponer mayores obstrucciones para presentar los alegatos de descargoo contradicción y, desde luego, la garantía de que los alegatos expuestos o presentados sean debidamente valorados, atendidos o rebatidos al momento de decidir la situación del administrado (...). Negrita y subrayado es nuestro. Que, en efecto, la norma constitucional precitada establece que toda persona tiene derecho a formular peticiones individual o
  • 9. colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la cual está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Que, asimismo cabe advertir que si bien por un lado es obligación del Estado dar pronta resolución a las reclamaciones y/o recursos impugnatorios que se formulen a las autoridades correspondientes, por otro lado se debe de observar el debido procedimiento administrativo. Que, bajo los contexto enunciados en los párrafos precedentes, me obliga a continuar con mi reclamo, en caso de negarme mi legitima petición que formuloen el presente recurso, me reservo expresamente el ejercicio de las acciones extrajudiciales y/o judiciales que me corresponde, bien individualmente bien a través de las acciones colectivas que en su caso se ejerciten, y conllevaran además de la solicitud de y una indemnización por daños y perjuicios económicos conforme a mi pretensión accesoria que vengo solicitando en sede administrativa. En tal sentido, se evidencia que la resolución cuestionada resulta manifiestamente arbitraria, dado que ENEL omite precisar cuáles son y en qué consisten las irregularidades o actos que se habrían cometido
  • 10. en el Suministro Eléctrico, y cuáles los medios probatorios que acreditarían dichas irregularidades, para que a priori se pretenda efectuar un cobro excesivo de S/ 818.42 Soles, suma exorbitante para un usuario que domicilia en un Pueblo Joven de San Juan de Lurigancho, en una área focalizada de extrema pobreza. (Vease bonofamiliaruniversal). Que, mi derecho fundamental a la defensa y debido proceso, se ha visto reflejado por el accionar ambiguo, sesgado y de mala fe, de los técnicos de la concesionaria a favor de ENEL, al pretender sorprender a la empresa, que en mi suministro se había detectado consumo sin registrar, lo cual no se ha podido corroborar con medio probatorio idóneo. Que, es materialmente es imposible que una Carta de ENEL de fecha 10 de enero del 2020, se haya diligenciado en la misma fecha, máxime se tiene en cuenta que las resoluciones que se expide ENEL, se efectúa en San Miguel, y la Notaria sito en Santiago Surco, y el Predio en San Juan de Lurigancho Limite con Jicamarca. Que, la carta notarial supuestamente diligenciado, es una astucia de ENEL, por consiguiente existe una incongruencia respecto al diligenciamiento de la Carta Notarial, con la notificación adherida a la resolución materia del presente, que bajo los contextos enunciados en
  • 11. los párrafos precedentes, independientemente del presente proceso administrativo, se puede advertir que existe irregularidades que en su oportunidadde ser el caso se estaría denunciando a la referida Notaria, por ante el Colegio de Notarios del Perú. VI.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: Fundamento mi recurso en: 1.-Artículo 208º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General “El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 2.-Resolución Del Consejo Directivo Organismo Supervisor De La Inversión En Energía Y Minería Osinergmin Nº 671-2007-OS-CD, que aprueba El Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural. POR TANTO: A Ud; Sr. (a) Gerente Ejecutiva Atención al Cliente, sírvase elevar el presente recurso impugnativo al superior en el grado, en donde con
  • 12. mejor análisis de la cuestión controvertida, espero alcanzar su revocatoria. PRIMER OTROSI DIGO: Reitero mi domicilio procesal, referido en el exordio del presente escrito en donde a partir de la fecha se me hará llegar las resoluciones, notificaciones ulteriores emanadas de su despacho. SEGUNDO OTROSI DIGO: A fin que los plazos establecidos para presentar el presente recurso impugnativo, no se alterado, se debe tener en cuenta la emergencia sanitaria (CUARENTENA) anunciada por el gobierno, a partir del 16 de marzo del 2020, por consiguiente la NO ATENCION en las entidades púbicas y privadas. TERCER OTROSI DIGO: Cabe mencionar desde el levandatimiento de la referida cuarentena ENEL viene atendiendo parcialmente previa cita con Ticket; ahora bien, en mi particular caso solicito tener en cuenta mi estado de salud COVID 19 (POSITIVO) razón por la cual la presentación del el presente recurso queda autorizada mi hija Geraldine Elizabeth Quispe López DNI Nº45136600. Lima, 01 de julio del 2020. ………………………………………..
  • 13. FELIX ALBERTO QUISPE TRUJILLO DNI N°80574465