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1. MONOGRAFIA
DEUDA EXTERNA
Profesor/a: BARBA, Alicia
Integrantes: PERROTTA,
Florencia; GONZALEZ, Camila;
CIAMPINI, Florencia
Curso: 6° “A”
Fecha de entrega: 3 de
Noviembre
2014

2. INDICE
Introducción 3
Origen de la deuda externa 4
Crisis mundial 5
Segunda Guerra Mundial 6
Argentina y el Club de París 7
Argentina y el FMI 7
A partir de 1996 9
Fondo Monetario Internacional y Deuda Externa 10
Plan Brady 11
Estabilización Económica 11
La convertibilidad 13
El Blindaje 15
Mega canje 16
El Corralito 18
Crisis Institucional 19
Default y devaluación 21
El primer canje 22
Los nuevos bonos 23
Reestructuración de la deuda 23
Fondo del bicentenario y Crisis del Banco Central 25
La reapertura del canje 2010 25
2011 26
2012 26
Juicio Joulots 27
2013 28
2014 29
Conclusiones 31
Bibliografía 32
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3. INTRODUCCION
La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Se
compone de deuda pública (la contraída por el Estado) y deuda privada (la contraída por
particulares).
La deuda externa con respecto a otros países en la mayoría de veces se da con frecuencia a
través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Cuando un
país deudor tiene problemas para pagar su deuda (esto es, para devolverla junto con los
intereses acordados) sufre repercusiones en su desarrollo económico e incluso en su
autónoma.
El principal argumento para que un país contraiga una deuda es que teóricamente permite
conservar los recursos propios y recibir recursos ajenos para explotar, procesar o producir
nuevos bienes y servicios. Sin embargo, se vuelve un problema cuando dicho dinero no se
utiliza en aquello para lo que fue solicitado, cuando se usa de manera ineficiente o cuando las
condiciones de devolución se endurecen (principalmente a causa de anteriores
incumplimientos del deudor).
Nos parece indispensable responder, ¿Qué es una deuda?
• Una deuda es el compromiso de saldar en su totalidad un préstamo realizado ya sea en
especie o en dinero.
Esta deuda puede ser contraída en muy diversas formas, condiciones y términos, y es
en este caso cuando se puede considerar que se constituye un crédito.
Según el diccionario de eumed.net se denomina deuda al “Vínculo en virtud del cual una
persona, denominada deudor, se compromete a pagar a otra, denominada acreedor, una
suma determinada de dinero o ciertos bienes y servicios específicos.”
Essimpleentenderlosconceptosplanteados;Argentinaledebedineroaalguien,enestecasoapaíses,personas
o entidades financieras que no pertenecen al país y el monto de la deuda debe ser pagado en moneda
extranjera.
Creemos que en cuestión económica, cuando un país se empieza a endeudar con otro o con
otros, es por la razón de que el presupuesto que tiene o el dinero que tiene para solventar
ciertos gastos le son insuficientes y tiene que recurrir a ciertos "prestamos" para poder salir
del paso. Así que en realidad no es para que se endeude un país.
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4. ORIGEN DE LA DEUDA EXTERNA
A través de la historia Argentina, la deuda externa tiene un doble rol: como herramienta de
saqueo, provocando un permanente drenaje de la riqueza del país, y como instrumento de
dominación, impone "modelos económicos. "La revolución de 1810 fue una revolución política
separatista-anticolonial, que solo consumó una tarea democrática burguesa: laindependencia
político formal. La Argentina pronto cayó en una nueva forma de dependencia europea; en
lugar de profundizar los cambios radicales para alcanzar una real liberación nacional. La clase
dominante criolla (ganaderos y burguesía comercial) prefirieron perpetuar la función de
productores-exportadores de materias primas e importadores de manufactura extranjera. Sin
embargo, la Argentina no se convirtió en semi colonia inglesa sino hasta fines del siglo XIX. De
1810 a 1880, aproximadamente fue un país dependiente del mercado mundial, pero pudo
conservar sus riquezas básicas. Un inconveniente principal fue el claro antagonismo entre
Buenos Aires, por un lado interesada en exportar los productos de su ganadería y en importar
las mercancías extranjeras-, y el interior por el otro, carente de productos exportables .Los
primeros empréstitos no fueron firmados por la Nación Argentina sino por las autoridades de
Buenos Aires que había establecido relaciones de dependencia con los capitalistas ingleses, ya
sea por la exportación de sus productos ganaderos o por la importación de artículos
manufacturados que frustraron la oportunidad (entonces factible) de crear una industria
nacional. Las provincias terminaron pagando esta deuda
El 17 de diciembre de 1824 el Gobierno de Buenos Aires aprobó el empréstito de £1.000.000
gestionado inicialmente por el ministro Martín Rodríguez bajo el gobierno de Bernardino
Rivadavia. El interés anual de la deuda era más o menos de £65.000, o sea más o menos el 13%
de los ingresos de la provincia de Buenos Aires en el año1824. Las suposiciones eran: que se
reduciría el presupuesto del departamento de guerra, que se aumentaría o por lo menos se
mantendría el volumen existente del tráfico comercial.
Los objetivos perseguidos con la contratación del empréstito de Baring eran dotar de un
puerto moderno y aguas corrientes a Buenos Aires, además de fundar pueblos en la frontera
con los indios. Pero en definitiva gran parte del dinero fue empleado en la fundación de un
banco y en los gastos dela guerra contra el Brasil. Colocado en Londres al 70% de su valor
escrito. El préstamo se redujo a 700.00 libras, y como el prestamista comenzó retenido el
servicio correspondiente a dos anualidades, de aquellas quedaron solo 70.000. Pero Baring
Brothers no mandó oro, sino órdenes de pago contra comerciantes ingleses de Buenos Aires,
donde no había oro. Según los cálculos más favorables en oro sólo se recibieron, por todo,
£85.000.Como era previsible, a los dos años los servicios del empréstito dejaron de abonarse.
El gobernador Manuel Dorrego no cumplió con las obligaciones y Rosas, más tarde se
lamentaba pero tampoco pagaba. Ante la presión de Baring, Rosas encomendó al diplomático
Manuel Moreno para que tantease la posibilidad de canjear la deuda por las Islas Malvinas.
Después de Caseros, el grupo Mitrista se preocupa por arreglarlas cuentas con el imperio:
envía a Norberto de la Riesta a Londres para la renegociación. De la Riesta reconoce en 1824
una deuda en concepto de capital por £977.000 e intereses, más intereses de intereses, que
alcanzan a£1.641.000.Cuando el Mitrismo necesita financiación para la Guerra de La Triple
Alianza, envía a de la Riesta a Londres. Este obtiene allí un nuevo empréstito por £2.500.000
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5. cuyos títulos se colocan, en su mayor parte, a72,5% y que restado sus gastos y comisiones deja
un remanente de£1.735.703, con una evaporación de £800.000, originada en el "riesgo país".
CRISIS MUNDIAL
Después de la Crisis de 1929, un nuevo
modelo de crecimiento económico
surgió, aunque diferente al de otros
países de la región. Por un lado sectores
exportadores de productos ganaderos y
cerealeros representados por grandes
latifundistas, junto con empresas
frigoríficas y ferroviarias británicas,
intentaron retornar al modelo
agroexportador. El Pacto Roca-
Runciman de 1933 entre Argentina y Reino Unido daba cuenta de dicho objetivo. Durante el
período (1930-1975) el sector agroexportador permaneció sin cambios de fondo (no se realizó
ninguna reforma agraria para redistribuir la propiedad concentrada de la tierra) y se superpuso
a un nuevo modelo de industrialización orientado al mercado doméstico. El sector
agroexportador estaba orientado al comercio internacional, sobre las pautas de la economía
liberal clásica, con una presencia preponderante del latifundio y un bajo empleo
de tecnología y mano de obra, sujeta a relaciones laborales paternalistas.
Industrialización por sustitución de importaciones
Durante el período 1930-1943 comenzó a acelerarse el proceso de industrialización por
sustitución de importaciones, con eje en empresas estatales con fuerte influencia militar
(YPF, Fabricaciones Militares, Altos Hornos Zapla), filiales de grandes empresas
estadounidenses y sobre todo una gran cantidad de fábricas pequeñas y medianas de capital
nacional, especialmente en el sector textil.
Para 1935 en Argentina existían 40 606 establecimientos industriales, los cuales albergan a
590 000 trabajadores. Ese año, por primera vez en la historia del país, la producción industrial
fue mayor a la agrícola-ganadera.
El sector industrial se desarrolló orientado al mercado interno, con una presencia
preponderante del Estado, sobre las pautas de economía keynesiana que irrumpía en Estados
Unidos con el New Deal, y una gran demanda de mano de obra asalariada sujeta a relaciones
laborales colectivas entre el trabajo y el capital.
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6. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
La Segunda Guerra Mundial estaba haciendo que Argentina se relacione con todo el mundo. La
guerra hizo que la economía crezca. Entre 1943 y 1946, Perón fue uno de los más destacados
de la historia argentina. Cuando triunfó en las elecciones de 1946 el gobierno empezó un
período de transformación en país.
Para un gobierno de rasgos nacionalistas y populares como el que Juan D. Perón inaugura en
1946, la recuperación de la deuda externa argentina representa una singular y simbólica
demostración de poder e independencia en la toma de decisiones. Este logro serviría para dar
consistencia a su discurso, constituyéndose en un acontecimiento de alta significación
doctrinaria para los sectores populares.
El tema acompaña cada alocución presidencial desde 1946 y es uno de los puntos centrales del
"Acta de Independencia Económica" consagrada en Tucumán el 9 de julio de 1947. El rescate
total de la deuda externa argentina se logra en 1952. El Estado peronista destaca entonces que
el país deudor de m$n 12.500 millones se convertía en acreedor por más de m$n 5.000
millones.
El período 1947-51 indica una
tendencia a la baja en las tasas de
interés en consonancia con la
estabilidad económica, y una
marcada disminución de la deuda
externa que se salda
completamente en 1952, con el
pago de m$n 12.649.471
perteneciente a las 2 últimas cuotas
semestrales del empréstito
argentino-británico contenido en
el Convenio Roca-Runciman (1933).
Se gesta entonces una situación
inédita en la historia argentina
desde el préstamo Baring Brothers
de 1824.
La gran existencia de divisas en el país al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el
supéravit de la balanza comercial entre 1946-48 se aplican a la repatriación de la deuda
externa. Así mismo la deuda interna disminuirá un 17.8% entre los años 1945-1952.
En 1949, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el crecimiento cada vez más
acelerado del mercado interno nacional, aparece el efecto inflacionario, que había sido casi
inexistente durante la primera mitad del siglo XX.
En este contexto, el gobierno peronista ensaya un tibio acercamiento con Estados Unidos, a
través del Eximbank, que en 1950 acuerda con la Argentina un préstamo por 125 millones
de dólares destinados a saldar las deudas con los comerciantes norteamericanos. La ley de
inversiones extranjeras de 1953 como los acuerdos firmados con la California Standard Oil da
cuenta de un viraje del gobierno argentino con respecto a la utilidad de los capitales
internacionales.
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7. ARGENTINA Y EL CLUB DE PARIS
Tras el derrocamiento de Perón en 1955, el nuevo gobierno dirigido por el General Pedro
Eugenio Aramburu, intenta reactivar el flujo de comercio, para lo cual adquiere un nuevo
préstamo externo destinado a financiar importaciones desde Europa. Así se contrata con
varios bancos europeos un crédito de 700 millones de dólares, que se suponía podría ser
amortizado en el transcurso de un año.
Pronto resultó evidente que era imposible para el gobierno cancelar en un plazo tan corto el
préstamo. Ante esa situación, el ministro de Finanzas francés invitó a los 11 países acreedores
de la Argentina a reunirse en París para analizar la refinanciación de la deuda externa. Dicha
reunión se realizó entre el 14 y el 16 de mayo de 1956.
De esta reunión surgió lo que sería conocido como el Club de París, un foro informal de
acreedores oficiales y países deudores. Su función primordial sería la de coordinar formas de
pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. Desde su
creación en 1956, hasta 2009, el Club de París efectuó 408 acuerdos con 86 países deudores.
ARGENTINA Y EL FMI
La idea de crear un Fondo Monetario Internacional (FMI) fue planteada el 22 de julio de 1944
durante la convención en Bretton Woods (Estados Unidos), poco antes de que terminara la
Segunda Guerra Mundial. La creación de este organismo recién se produce en 1945, con el
objetivo primordial de promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional,
facilitar el comercio entre los países y reducir la pobreza a nivel mundial.
La Argentina recién se incorpora al FMI y al Banco Mundial en 1956, tras la llamada
"Revolución Libertadora". En 1958 se convoca a elecciones que son ganadas por el radical
intransigente, Arturo Frondizi, con el fuerte apoyo del peronismo. Según el diagnóstico
presidencial, la condición económica era dramática, siendo el principal problema el exceso de
gastos sobre la producción nacional, lo que había conducido tanto a déficits comerciales como
a un bajo nivel de inversión. Así, mientras que a fines de la Segunda Guerra Mundial, las
reservas de oro y divisas acumuladas en el Banco Central superaban en 1.300 millones de
dólares a la deuda externa, a fines de abril de 1958 era la deuda externa la que superaba en
1.100 millones de dólares a las reservas de oro y divisas.
Al poco tiempo de asumir, Frondizi pide al Fondo que envíe una misión para elaborar un
diagnóstico de la situación económica y preparar, junto a funcionarios argentinos, un
programa de emergencia que el FMI contribuiría a financiar. Esta labor conjunta fue tan difícil
como implementar las medidas de apertura económica en materia petrolera y de inversiones
extranjeras, ya que cualquier programa ortodoxo de reordenamiento económico acarrearía un
elevado costo político y social. En el partido, dentro del gobierno y en la opinión pública, había
resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a los ideales "desarrollistas" y a las
promesas de la campaña electoral. Ciertas medidas inesperadas, como el lanzamiento de "La
Batalla del Petróleo", habían desatado una airada protesta obrera y social en la cual se
entrelazaban cuestionamientos ideológicos y de procedimiento que debilitaban la posición del
gobierno frente a los inversores y las Fuerzas Armadas.
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8. Dos misiones del FMI estuvieron en la Argentina en agosto y noviembre de 1958. Entre medio,
el país debió acelerar la resolución de los litigios que tenía pendientes con las empresas
extranjeras de electricidad que venían de la época peronista. Las primeras evaluaciones del
Fondo sobre la situación económica y las perspectivas de que el país aplicara un genuino
programa de estabilización fueron muy pesimistas debido a dos razones: por un lado, el
gobierno de Frondizi era políticamente débil y su Partido (la UCRI) era ideológicamente
opuesto a adoptar las decisiones que el Fondo consideraba necesarias para la estabilización
económica. Por otra parte, para los observadores del FMI, en la sociedad argentina no había
un consenso favorable a las profundas reformas que debían realizarse tanto en materia de
ajuste del gasto como de apertura económica. Aún así, a mediados de diciembre los
lineamientos del plan y la habitual "Carta de Intención" solicitando oficialmente ayuda al FMI,
ya estaban listos.
Para acceder a la asistencia solicitada, la Argentina debió modificar su política económica y
obtener la convertibilidad a dólares de sus saldos comerciales favorables con los países
acreedores europeos nucleados en el "Club de París".
A mediados de diciembre, una misión enviada para explicar a los acreedores europeos el
inminente plan de estabilización y su incidencia sobre las relaciones económico-financieras de
la Argentina con Europa Occidental obtuvo la conformidad de un cónclave extraordinario de
representantes del "Club de París" para que la convertibilidad de los saldos comerciales ya
mencionados se aplicara a remesas destinadas a pagos comerciales y de la deuda en el área
del dólar. También se logró que los europeos siguieran dando al país el mismo tratamiento
cambiario que hasta entonces. Para ello, esta misión reafirmó la intención argentina de seguir
cumpliendo con los pagos de su deuda externa en los mismos términos que se habían pactado
en 1957 y asegurando que el nuevo régimen cambiario y comercial argentino (adoptado a
instancias del FMI y del gobierno de Estados Unidos) no discriminaría a los países europeos.
Con este acuerdo y tras la aprobación del programa económico por parte del FMI, los
organismos financieros internacionales, un consorcio de bancos privados norteamericanos y el
gobierno de Estados Unidos otorgaron ayuda por 329 millones de dólares para apuntalar el
"Plan de Estabilización Económica" con el cual se inició una nueva etapa en la política
económica del gobierno de Frondizi. Dicho crédito permitió la unificación y liberalización total
del mercado cambiario argentino, cuya demanda venía siendo reprimida ante la falta de
divisas.
El nuevo programa económico comprometía al gobierno argentino a sanear la economía
nacional y a sentar las bases de su genuino desarrollo mediante severas e inéditas medidas en
materia cambiaria, arancelaria, comercial, tributaria, de déficit fiscal y de financiamiento del
gasto público. En líneas generales, todas ellas tendían a restaurar una economía de
mercado en un país donde ya se había afianzado una fuerte tradición de intervención estatal
en la economía, que se remontaba a los años ´30.
Las turbulencias macroeconómicas fueron cediendo paulatinamente, así, el dólar, que había
tenido un pico de casi 100 pesos moneda nacional en mayo de 1959, retrocedió hasta 83 en
agosto. Para evitar una mayor apreciación de la divisa, el Banco Central estableció una paridad
fija en ese nuevo nivel. La inflación también descendió al compás del tipo de cambio.
La entrada de capitales extranjeros, tanto en la forma de inversión directa como de préstamos
públicos y privados, permitió alejar por un tiempo el fantasma de una crisis de balanza de
pagos. La economía de mercado, propugnada por el entonces Ministro de Economía Álvaro
Alsogaray, se basaba en la aplicación rigurosa de los mecanismos de mercado como principio
ordenador de la sociedad libre. El Estado sólo debía asegurar la competencia, resolver los
casos críticos, y compensar determinados objetivos sociales. Alsogaray insistió en la necesidad
de llevar el proceso de liberación hasta las últimas consecuencias, para preservar la estabilidad
y restaurar la capacidad productiva de la economía.
Sin embargo, la conflictividad social se volvió insostenible desatándose numerosas y
prolongadas huelgas organizadas por los sindicatos obreros. En este contexto Alsogaray debió
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9. renunciar en 1961 y Frondizi decidió patear el tablero anunciando el levantamiento de la
"ilegalización" que regía sobre el Partido Peronista desde 1955. Así, en las elecciones de 1962
el peronismo ganó la gobernación de diez de las catorce provincias, incluida Buenos Aires.
Ese mismo año, diversos vencimientos de deuda y una fuga de capitales ocasionaron una
reducción de las reservas que tuvo un importante impacto sobre el crédito del país. Para paliar
la situación, el gobierno tuvo que recurrir a un préstamo del Banco Central excediendo el
límite convenido con el FMI para poder financiar sus gastos corrientes. Por esto, el Fondo
declaró a la Argentina en violación de los acuerdos firmados.
A PARTIR DE 1996
En el período militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse (1966-1972) la
deuda externa argentina se incrementó desde los 3.276 millones de dólares a 4.800 millones,
un 46%. Entre los gobiernos de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela
Martínez de Perón (1973-1976) la deuda ascendió de 4.870 millones de dólares a 7.800
millones, un 62%, dando el equivalente de 320 dólares de deuda por cada argentino (per
capita).
Durante la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización
Nacional (1976-1983) la deuda trepó hasta los 45.000 millones de dólares, un 364%, con lo
cual se pasó a tener una deuda per capita de 1.500 dólares. Los años ´70 (sobre todo la
segunda mitad de la década) se caracterizaron por sus elevados índices de liquidez y sus bajas
tasas de interés para préstamos internacionales, lo que propició la llegada de importantes
corrientes de capitales a toda América Latina.
A partir de 1976, la nueva dirección económica del país se caracteriza por reducir los niveles de
proteccionismo industrial, mientras que, de manera paralela, se encara un proceso de apertura
para la llegada de los capitales extranjeros. Entre estas medidas se destacan dos en particular:
una de ellas fue la "reforma financiera", concretada en 1977, que liberalizó la actividad del
sector bancario. La otra medida trascendente fue "la tablita", un instrumento donde se fijaba
la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el peso y el dólar para
cada día en los siguientes ocho meses. En síntesis el Gobierno ofrecía una información
anticipada que permitiría saber, en ese lapso, cual sería el porcentaje de devaluación de la
moneda Argentina. Se suponía que con esta medida se eliminaba el "factor psicológico" que
durante años había provocado un aumento constante en los precios, sin embargo, la inflación
aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso se mantuvo
sobrevaluado hasta el final de la década.
Este cóctel de medidas permitió el surgimiento de la popularmente conocida "bicicleta
financiera", que consistía esencialmente, en aprovechar el diferencial que existía entre las
tasas de interés locales e internacionales, factor generado por el retraso de la paridad
cambiaria. De este modo, el negocio se basaba en solicitar créditos al exterior, cambiar las
divisas ingresadas al tipo de cambio vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el mercado
financiero local (plazos fijos a altas tasas de interés) y finalmente recorvertir esos pesos
nuevamente en divisas, lo cual arrojaba cuantiosas ganancias. A diferencia de otros países de
la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus procesos de
industrialización, en la Argentina el crédito internacional se utilizó principalmente con fines
especulativos.
Para 1980 el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz ya era evidente, a lo cual se
sumó un alza en las tasas de interés internacionales. La crisis bancaria estalló en el mes de
marzo cuando el Gobierno decidió cerrar el Banco de Intercambio Regional, que por aquel
entonces era el mayor de los bancos privados locales. A los pocos días, se dispuso el cierre de
otros grandes bancos y la política de liquidación continuó durante todo el año. Esto provocó un
pánico generalizado entre los inversores, que se tradujo en un retiro de depósitos bancarios y
en una demanda especulativa de divisas. En 1981 finalmente la moneda tuvo que ser
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10. devaluada en forma significativa, lo que ponía al borde de la quiebra a los grupos económicos
locales y a las empresas trasnacionales que estaban fuertemente endeudadas en dólares.
Ante esta situación, el entonces Presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, resolvió la
implementación de un seguro de cambio para permitir a los deudores privados locales el
repago de sus deudas con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la
realidad fue que la inflación y las posteriores devaluaciones terminaron licuando esas deudas,
lo que en los hechos, se traducía en una estatización de la deuda externa privada.
Este hecho le sumó al Estado compromisos por más de 5.000 millones de dólares. Algunas de
las empresas beneficiadas fueron -en orden empezando por la que adicionó más deudas-:
Celulosa, COGASCO, Autopistas Urbanas, Pérez Companc, Acindar, Banco de Italia
y Alpargatas entre otras.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se llegó a los 58.700 millones de dólares,
subiendo un 44%. En la década del gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) se elevó un
123%, con 146.219 millones de dólares. Y en el período de breve mandato de Fernando de la
Rúa (1999-2001) llegó a unos 147.667 millones de dólares, subiendo un 9%.
En lo que va desde la caída de de la Rúa hasta el 2012, la deuda bajó a 141.803 millones de
dólares.
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y DEUDA EXTERNA
Durante la dictadura militar de 1976 a 1983 se dio desde el Fondo Monetario
Internacional (FMI) un claro apoyo a la dictadura en su inicio al desembolsar un crédito con
facilidades extendidas para países con problemas de pago debido a la suba del petróleo, el
monto era de 110 millones de dólares y había sido acordado por el gobierno previo pero sólo
se efectivizó durante la dictadura. Un nuevo crédito aparecería en agosto de 1976, esta vez por
300 millones de dólares que se apliaría en septiembre de 1977 con otro de 185 millones de
dólares.
El ministro de economía designado en el gobierno de Jorge Rafael Videla, José Alfredo
Martínez de Hoz, enfatizó las privatizaciones de las empresas del estado más productivas. La
deuda externa se multiplicó por seis en seis años, de 7.000 millones de dólares en 1976
a 42.000 millones de dólares en 1982. Vale aclarar
que nunca se esclareció a dónde se destinó esa deuda,
varios analistas aseguran que unos 30.000 millones de
dólares tuvieron un carácter fraudulento, que se
fugó del país y apareció en cuentas en el exterior a
nombre de argentinos.
Durante una causa federal caratulada bajo el
nombre de Olmos Alejandro que recayó en el juez
Jorge Ballesteros se determinó la existencia de al
menos 467 ilícitos vinculados al endeudamiento
externo en la época militar.
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11. El FMI había solicitado entre 1976 y 1977 una serie de medidas entre las que figuraban que la
nación sólo se podría endeudar con el aval del presidente del Banco Central, Adolfo Diz ex
director del FMI, y del ministro de economía Martínez de Hoz. Se solicitó además la
eliminación de aranceles de importación, reorganización del sistema financiero, unificación de
la moneda y liberación del control de movimiento de capitales. Con la excusa de acumular
divisas, Diz y Martínez de Hoz produjeron un descontrolado endeudamiento y en 1978 se
declaró la inflación. El dólar barato junto con la baja de aranceles produjo una estampida de
importaciones que destruyó la industria nacional y el crack bancario de la década de 1980 fue
resultado del mismo dólar barato, con el libre sistema financiero y una garantía estatal de los
depósitos, que desataron especulaciones y diversos fraudes financieros.
PLAN BRADY
Entre 1989 y principios de los años de 1990, el llamado Plan Brady, que llevaba el nombre del
entonces secretario del tesoro de los Estados Unidos Nicholas Brady se implementó en varios
países latinoamericanos como México, Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina que se
encontraban fuertemente endeudados con el tesoro norteamericano.
"El plan Brady supuestamente significaría un alivio para la deuda soberana entre 1992 y 1993.
Pero no fue así. Cuando Argentina entró al plan su deuda era de US$63.000 millones, y se
refinanció US$33.000 millones. Pero para el año 2000 la deuda, después de costosísimos
pagos, era de US$150.000 millones"
Fue una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los balances que los
bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan claúsulas como que los Estados renunciaban a la
soberanía de los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excepción
de las reservas internacionales y los bienes públicos.
En diciembre de 1992, se concluyó con las negociaciones del Acuerdo Brady, se canjearon los
viejos préstamos por nuevos "bonos Brady" a 30 años, otorgándose quitas en el capital y bajas
tasas de interés. Se canjeó deudas por un total de 21.000 millones de dólares y se adicionó un
poco más de 8.300 millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:
Discount Bond (Bono con descuento): con una quita del 35% y tasa flotante LIBOR de 0,8125%.
Unos 4.300 millones de dólares fueron canjeados por esta opción, con la quita sería un
equivalente a 2.300 millones de dólares.
Par Bond (Bono a la par): no tenía descuento pero pagaba una tasa de interés fija y más baja
que crecía en el tiempo a unos 4% a 6% anual. Fue la predilecta de los acreedores, 12.700
millones de dólares se canjearon por este tipo de bono.
Float Rate Bond (Bono a tasa flotante): a doce años con tres más de gracia y con una tasa
LIBOR de 0,8125%. Su emisión canjeó unos 8.652 millones de dólares.
ESTABILIZACION ECONOMICA
En 1989 se desató la hiperinflación. Desde comienzos del siglo XX hasta el final de la Segunda
Guerra Mundial, la Argentina había logrado mantener una economía estable, tanto en
aumento de precios como en el tipo de cambio. A partir de 1945 y hasta 1971 la tasa de
inflación promedió el 25% anual, con un pico menor de 3,8% en 1954, durante el peronismo, y
uno mayor, excepcional, del 113% en 1959, durante el gobierno de Frondizi. Sin embargo, a
partir de 1971 y hasta 1973 la inflación se acelera, pasando al 60% anual. Para los años ´70 el
país contaba con pleno empleo y con la distribución de la riqueza más equitativa de toda la
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12. región, sin embargo, la elevada inflación afectaba fuertemente la competitividad de la
economía, que era cada vez más desorganizada e improductiva.
Durante 1989 el gasto público representó el 35,6% del PBI y el déficit fiscal ascendió al 7,6%
del PBI. De diciembre a diciembre la inflación alcanzó el 3.079%.
Para lograr la estabilidad el gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un replanteo
integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio
exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica y la privatización de
empresas públicas, la reducción del aparato burocrático del Estado, la reorganización del
sistema tributario y la creación de un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación
alcanzó el 2.314% en 1990.
El gasto público bajó de 35,6% del PBI en 1989 a 29,8% en 1990, para continuar reduciéndose
en forma gradual hasta el 27% del PBI en 1995. El déficit fiscal también bajó del 7,6% del PBI
en 1989 al 2,3% en 1990, y desde 1991 hasta 1995 se mantuvo cercano al 0%.
Los precios de los bienes y servicios comenzaron a determinarse libremente en mercados
abiertos y competitivos, y a partir de abril de 1991 los argentinos pudieron elegir libremente la
moneda para sus transacciones comerciales y financieras, contando entre las alternativas, con
el peso convertible. Este último fue creado a partir de la transformación del Banco Central en
una virtual Caja de Conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación con un
monto equivalente de oro o divisas, de manera de poder canjear en cualquier momento cada
peso por un dólar estadounidense.
El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2.314% en 1990 a 84% en
1991, 17,5% en 1992, 7,4% en 1993, 3,9% en 1994, 1,6% en 1995 y 0% en 1996. A su vez, el
nuevo sistema monetario dio lugar a un fuerte aumento de las reservas externas que
respaldaron los pasivos monetarios del Banco Central. Las reservas pasaron de 3.808 millones
de dólares a fines de 1989 a 17.930 millones a fines de 1994. Entre 1991 y 1994 el producto
bruto interno creció al 7,7% anual.
Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido relativamente
poco. Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una recuperación significativa de la
productividad media del trabajo, ya que hasta la década del ´80 existían numerosos empleos
de baja productividad o llanamente improductivos que se habían creado artificialmente
durante el período del Estado de Bienestar. Las modificaciones estructurales de comienzos de
los ´90 habían permitido un rápido crecimiento de la economía, aunque éste no era suficiente
como para ocupar plenamente a toda la fuerza laboral.
Con respecto a la deuda pública, la profunda recesión que atravesó el país durante los años ´80
prácticamente inhibió cualquier posibilidad de hacer frente a los pagos. Así fue que en 1988 se
resolvió suspender todo tipo de reintegro, lo que provocó que se acumularan atrasos por unos
6.000 millones de dólares.
En abril de 1990 se restablecieron los pagos de la deuda, aunque de manera parcial, a razón de
40 millones de dólares mensuales, cifra que se incrementó levemente a partir de 1991. Cuando
Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía en enero de ese año, la deuda era ya de
61.400 millones de dólares. El restablecimiento pleno de los pagos se concretó recién en 1993,
tras la puesta en marcha del ya mencionado Plan Brady, como solución definitiva al problema
de la deuda.
Sin embargo, al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de 87.091 millones y
para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la
misma ya se había elevado a 90.471,80 millones.
Ni los 23.948 millones de dólares (11.440,8 millones en efectivo y 12.507,8 millones en rescate
de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante aquellos años a través de las
privatizaciones habían logrado revertir el crecimiento de la deuda.
12

13. En 1996 se realizó un estudio especial para desentrañar que era lo que había ocurrido con la
deuda pública durante el período 1989-1995. Dicho trabajo fue realizado por la consultora
M&S y dirigido por Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo. Allí se determinó que el
incremento contable de la deuda ocurrido entre aquellos años, no era tal y ésto se debía a
diversos factores. Por un lado, se explica que el registro contable de poco más de U$S 60.000
millones de deuda pública a fines de 1989 era ficticio, ya que al sumar todas deudas no
registradas que el Estado había tenido que reconocer a jubilados, agentes públicos,
contratistas, proveedores, etc se arribaba a un monto real de deuda de U$S 96.472 millones en
1989. Según dicho estudio, entre 1989 y 1995 hubo una caída de U$S 3.765 millones,
considerando que para el estudio la deuda real de 1995 era de U$S 92.707 millones. El trabajo
también aclaraba que, si se tomaba en cuenta la propia depreciación que sufría el dólar (o sea
su poder de compra equivalente), la deuda de U$S 96.472 millones de 1989, equivaldría a U$S
104.461 millones de dólares de 1995, es decir, que la rebaja del endeudamiento real del país
habría sido de U$S 11.754 millones.
LA CONVERTIBILIDAD
Para 1994 la Ley de Convertibilidad y la Ley de Reforma del Estado, parecían exitosas: habían
logrado erradicar la inflación que había azotado a la economía durante más de cuatro décadas,
habían logrado recuperar niveles de inversión y de crecimiento que sólo se habían visto a
comienzos del siglo XX. La primera gran prueba de la Convertibilidad se produce con el Efecto
Tequila (crisis de la economía mexicana), que generó una fuerte salida de capitales y un
aumento en el desempleo. La desconfianza creada por la devaluación del peso mejicano, dio
lugar a una fuerte caída en el nivel de reservas que habían pasado de 17.930 millones a fines
de 1994 a 12.496 millones de dólares para marzo de 1995. A su vez, el déficit fiscal reapareció
en el segundo semestre de 1994.
La recesión en la Argentina duró un año y en el segundo trimestre de 1996 la economía ya
mostraba signos de reactivación a un ritmo del 3% anual. Las medidas adoptadas por el
Gobierno para enfrentar la crisis lograron restablecer la confianza y hacia fines de junio de
1996, las reservas ya superaban los 20.000 millones de dólares.
Sin embargo, esta crisis generó un punto de inflexión en el desarrollo de la economía y dejó al
descubierto cual era el talón de Aquiles del régimen. La cuestión de la cuenta corriente era de
vital importancia para sostener a la convertibilidad, ya que mientras hubiese superávit o al
menos un equilibrio en las cuentas, el sistema se autosustentaría. La fuerte demanda de
divisas para importaciones provocada por el atraso cambiario y la apertura de la economía se
había compensado inicialmente gracias a una fuerte repatriación de capitales y al proceso de
privatizaciones. Sin embargo, a mediados de la década se inició una nueva fuga de depósitos
locales hacia el exterior y tras varios años de fuertes inversiones los conglomerados
internacionales comenzaron a girar utilidades y dividendos hacia sus casas matrices. Además,
muchas empresas habían aprovechado el contexto internacional favorable para endeudarse,
ya fuera emitiendo de obligaciones negociables (ON) con el exterior o a través de préstamos
bancarios directos, todos estos factores provocaron una mayor presión sobre la balanza de
13

14. pagos, que se volvió deficitaria. Para cubrir esta brecha la única opción del sector público era
endeudarse en moneda extranjera, por lo tanto, el desequilibrio externo del sector privado
debió ser compensado por el propio Estado, lo que a su vez condujo a un crecimiento en la
carga de intereses dentro del gasto público.
Domingo Cavallo justificó entonces que el resurgimiento del déficit fiscal se había generado
por aumentos automáticos del gasto en materia de seguridad social, por la crisis internacional,
así como también había influido la eliminación o reducción de impuestos "distorsivos",
particularmente aquellos que se aplicaban sobre la nómina salarial, con el objetivo de alentar
la productividad y el empleo. Sin embargo, al observar las estadísticas, se deduce que el gasto
destinado al funcionamiento del Estado siempre se mantuvo relativamente estable (entre
1993 y 2001 pasó del 6,2% al 6,4% del PBI), mientras que el gasto público social creció muy
levemente, del 20,3% en 1993 al 21,8% en el 2001. En contrapartida, los intereses que el
Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido significativamente del 1,8% al 5,3% del PBI
entre 1993 y 2001. Por lo tanto, el origen del déficit estaba en la carga de intereses de la deuda
que se había elevado considerablemente, aunque el ministro Cavallo prefirió realizar ajustes
por el lado de los gastos de funcionamiento del Estado y los servicios sociales.
Desde principios de 1995, y frente a los riesgos de desfinanciamiento, el gobierno le puso un
límite a los gastos de seguridad social y en julio de 1996, acentuó estas medidas restrictivas,
limitando las asignaciones familiares y los gastos del sistema de salud de los jubilados.
Parte de este importante y constante déficit se explica por la reforma previsional de 1994, que
produjo la privatización de dicho sistema. Hasta ese momento, el régimen previsional había
sido una fuente gratuita de ingresos para el Estado, que se perdió repentinamente tras la
aparición de las nuevas AFJPs. Ante esta merma en los ingresos públicos, el Estado debió
endeudarse recurriendo, entre otros, a las propias AFJPs, aunque a cambio de estos créditos
debía pagar tasas de interés.
La fuga de depósitos también afectó seriamente a los bancos provinciales desde principios
de 1995. A contramano de las limitaciones impuestas por la Ley de Convertibilidad al Banco
Central y al Tesoro Nacional, las instituciones provinciales habían seguido proveyendo
financiamiento a sus respectivos gobiernos durante la primera mitad de la década del ´90.
Obligadas por el desfinanciamiento, las provincias debieron aceptar el ofrecimiento hecho por
el gobierno federal, que las obligaba a privatizar sus bancos y empresas públicas, y a reformar
el régimen de seguridad social de sus empleados.
La situación se mantuvo estable hasta mediados de 1997 cuando se desata una nueva crisis en
el sudeste asiático, que por efecto de la globalización pronto se extiende a otras regiones del
mundo: en agosto de 1998 la crisis estalla en Rusia, con una fuerte devaluación del Rublo, lo
que provoca el colapso de la deuda rusa. Poco después la crisis se extiende a Brasil, que en
enero de 1999 se ve obligado a devaluar su moneda.
Estos factores repercutieron de manera muy negativa en la economía argentina a partir de
1998. La retracción en los flujos de capitales internacionales generó una restricción crediticia a
nivel local, que afectó tanto al sector público como al privado. Por un lado, las provincias
debieron soportar un aumento en la tasa de sus préstamos, mientras que la falta de crédito
para pequeñas y medianas empresas provocó una reducción en los niveles de inversión y de
empleo. De ahí en más la recesión económica se profundizó y la desocupación no paro de
crecer.
Por otra parte la depreciación del Real brasileño y de otras monedas a partir de 1995,
determinó una clara sobrevaluación del Peso por estar fijado al Dólar. La imposibilidad de
competir con las importaciones procedentes de Brasil (libres de aranceles tras la creación del
MERCOSUR), golpeó mucho a las empresas agropecuarias y manufactureras.
Para fines de 1999, cuando asumió el gobierno Fernando De la Rúa, estaba claro que la
situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo. El problema más grave del
país era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia del
14

15. elevado déficit fiscal que se arrastraban desde 1995. Los tres caminos posibles eran los
siguientes:
Provocar una "dolarización" forzosa de la economía, para eliminar la incertidumbre sobre
el sistema de cambio fijo entre el Peso y el Dólar. Esta opción fue lanzada por el gobierno de
Menem en enero de 1999, aunque el proyecto finalmente no prosperó.
Defender la Convertibilidad a rajatabla, reduciendo el gasto público, reestructurando la
deuda y aplicando medidas que favorecieran la competitividad de las empresas argentinas, ya
fuera restringiendo las importaciones o eliminando impuestos y cargas sociales. También se
podría mejorar la competitividad referenciando el valor del Peso a otras monedas además del
dólar (como el Euro o el Real) lo que brindaría un mayor margen de maniobra.
Devaluar el Peso para poder financiar el déficit fiscal con emisión monetaria e impulsar
políticas keynesianas que favorecieran una rápida recuperación de la economía. Si bien esta
medida parecía a simple vista la más efectiva, era la más traumática de todas, ya que requería
derogar total o parcialmente la Ley de Convertibilidad (lo que afectaría la credibilidad del país),
declarar en default casi toda la deuda pública y privada, "pesificar" forzosamente la economía
y arriesgarse a provocar una fuerte depreciación de la moneda con un resurgimiento de la
inflación.
Fernando De la Rúa optó por el segundo camino. El Gobierno Nacional y los gobiernos
provinciales decidieron impulsar una fuerte reducción del gasto público primario y aplicaron
diversas medidas para favorecer las exportaciones y proteger a la industria nacional. El nuevo
ministro de Economía, José Luis Machinea, decidió encarar inmediatamente un programa de
ajuste fiscal avalado por el FMI, el cual incluyó reducciones del gasto público y un incremento
en las alícuotas del impuesto a las ganancias. Pocos meses después el programa reveló
resultados insuficientes, puesto que incluyó la disminución de salarios lo que agudizó aún más
el cuadro recesivo. El año 2000 no fue sencillo para el nuevo gobierno, ya que el estallido de
la burbuja "punto com" en marzo de ese año repercutió en un incremento de las tasas de
financiación (que llegaban al 14% anual en dólares) y agravó aún más la recesión de la
economía local, lo que se tradujo en una menor recaudación de impuestos y en un incremento
del déficit fiscal. El círculo vicioso hacía que los mercados comenzaran a desconfiar de la
capacidad de la Argentina para pagar sus deudas y por eso cada vez que el Gobierno salía a
pedir préstamos, le aplicaban una tasa más elevada. Además, a medida que el riesgo de una
crisis en la deuda Argentina comenzaba a discutirse en los mercados y algunos políticos
argentinos empezaban a proponer una formal cesación de pagos, los ahorristas contestaban
retirando sus depósitos del sistema bancario por el temor a que el deterioro de los bancos les
hiciera perder sus ahorros.
EL BLINDAJE
En octubre de 2000, se produce la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, disconforme con
hechos de corrupción que estaba llevando adelante el propio Gobierno. Esta crisis institucional
provocó una primera salida de depósitos del sistema bancario que ascendió a 789 millones de
pesos en octubre y a 1.038 millones en noviembre.
A comienzos del mes de noviembre, el país negoció con el FMI un multimillonario blindaje
financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor
extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos privados que operaba en el país. El
"Blindaje" finalmente se aprobó en el mes de diciembre y alcanzó una suma cercana a los 40
mil millones de dólares, sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones:
el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la
reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad
jubilatoria de las mujeres.
15

16. El desembolso de los fondos se realizaría en forma escalonada, durante dos años, con el
monitoreo del FMI sobre la marcha de las cuentas públicas. El único destino de ese dinero
sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar
el costo del financiamiento para el Gobierno y el sector privado.
El “blindaje” solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta marzo de 2001. A principios de
ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas
de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros
desembolsos. Los rumores de Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo
del mes de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5.543 millones de pesos/dólares, la
mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina. En ese contexto se produce la
renuncia del Ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López
Murphy. Cuando el nuevo ministro anuncia su programa de ajuste fiscal para el resto del año
por 2.000 millones de pesos, incluyendo recortes de fondos para áreas como salud o
educación, se produce una fuerte reacción popular y la renuncia de varios miembros del
Gabinete Nacional, lo cual acentúa los pronósticos negativos. El propio ministro López Murphy
se ve obligado a abandonar el Gobierno tan solo 15 días después de haber asumido en su
puesto. En ese contexto, Fernando De la Rúa ofrece el cargo de Ministro de Economía a
Domingo Cavallo, considerando que era el único capaz de conducir al país hacia la reactivación
económica. Como primera medida Cavallo consiguió firmar, en el mes de mayo, un acuerdo
con el FMI, a pesar de no haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal
planteadas para el primer trimestre de 2001. El organismo por su parte elogió los esfuerzos de
las autoridades argentinas para que los acreedores ingresaran en una operación de canje
voluntario de deuda orientada a reducir los requerimientos financieros del gobierno durante
los próximos tres o cuatro años, lo cual permitiría avanzar hacia una situación de
financiamiento sustentable en el mediano plazo. Sin embargo, para el mes de julio ya era
evidente que las provincias no conseguirían nuevo financiamiento de los bancos y que el
gobierno nacional había perdido el acceso al mercado de bonos.
MEGACANJE
La deuda más onerosa y la que generaba más problemas era la de las provincias, contraída en
su mayoría con bancos argentinos. La deuda pública provincial ascendía a 16 mil millones de
dólares y durante el año 2001 había significado pago de intereses por 3.500 millones de
dólares.
Por pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó una delegación de facultades,
aunque con una limitación importante: no autorizó a afectar la recaudación impositiva como
garantía de la deuda pública, a pesar de que sí aprobó la creación del Fondo de Crédito Público
16

17. a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras. La limitación al uso
de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera
a la deuda pública provincial, porque ésta ya estaba garantizada por los impuestos de la
Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiera canjeado por bonos
nacionales no garantizados. Tampoco se podía apuntar a reducir la tasa de interés, porque la
ausencia de garantías especiales obligaba a ofrecer tasas de mercado como para que los
tenedores de bonos nacionales accedieran voluntariamente al canje. Por consiguiente, el
denominado "Megacanje" tuvo que diseñarse excluyendo a la deuda pública provincial y como
operación a tasas de mercado.
Domingo Cavallo logró convencer a varios gobernadores justicialistas para que avalaran la
iniciativa, muchos de los cuales expresaron su apoyo ante el Presidente De La Rúa. Sin
embargo, para aquel entonces el Presidente no contaba con el aval de la Alianza en el
Congreso ya que este proyecto era visto como una resignación de soberanía.
El lanzamiento del Plan de Competitividad y el Megacanje de deuda, tuvieron éxito en revertir
la salida de depósitos bancarios e incluso permitieron una significativa recuperación fiscal
durante los meses de abril, mayo y junio. A la fuerte salida de depósitos de marzo siguieron
aumentos de depósitos de 184 millones en abril, 828 millones en mayo y 562 millones en
junio. El déficit fiscal del sector público, que había sido de 3.018 millones en el primer
trimestre del año, descendió a 2.192 millones en el segundo trimestre.
Durante la primera semana de julio, la provincia de Buenos Aires y otras provincias
fuertemente endeudadas, declararon que para el segundo semestre tenían una necesidad
financiera conjunta no inferior a los 3.000 millones de dólares y requirieron apoyo del
gobierno nacional para conseguir 300 millones durante esa semana. A pesar del apoyo
brindado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, no fue posible conseguir esa
cifra y el Banco de la Nación terminó haciendo un préstamo para el que no tenía recursos
genuinos. A la semana siguiente, la licitación de Letras del Tesoro Nacional determinó una tasa
de corte del 16% anual para plazos de 180 días.
Cavallo lanzó el programa de “déficit cero”, según el cual la recaudación efectiva de cada mes
se aplicaría en primer lugar al pago de los intereses de la deuda y el saldo se utilizaría para el
resto de los gastos del sector público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción
de salarios y jubilaciones del 13% que trajo aparejada una nueva profundización de la crisis
socio-económica que vivía el país. A pesar de estos anuncios, volvieron a aparecer las dudas
sobre la capacidad de la Argentina para afrontar las amortizaciones de capital de la deuda
provincial, así como de la parte aún no diferida de la deuda nacional. Estas dudas provocaron
una nueva salida de depósitos bancarios que ascendió a 5.268 millones de pesos durante julio
y a 2.091 millones de pesos durante agosto.
La nueva crisis de confianza desatada en julio requirió una nueva negociación con el FMI para
movilizar apoyos externos que permitieran frenar la salida de reservas del Banco Central y del
sistema financiero. Esta negociación debía incluir no sólo la Ley de Déficit Cero sino también
una reestructuración completa de la deuda nacional y provincial que permitiese bajar la carga
de intereses que estaba pagando el país en el 2001: se debía bajar de l4.000 millones de
dólares (11.000 la Nación y 3.000 las provincias) a no más de 7.000 millones de dólares (5.500
la Nación y 1.500 las provincias). Estas negociaciones fueron complejas y concluyeron con la
aprobación de un nuevo préstamo de 8.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones
fueron desembolsados el 10 de septiembre para reforzar la liquidez del Banco Central y del
Sistema Financiero, y 3.000 millones quedaron para ser desembolsados entre noviembre de
2001 y marzo de 2002 como apoyo a la reestructuración de la deuda. Además continuaban en
vigencia los desembolsos pendientes del “Blindaje”.
El nuevo acuerdo con el FMI consiguió frenar la salida de depósitos durante septiembre y
octubre, pero el lanzamiento de la reestructuración de la deuda debió demorarse hasta el 1º
de noviembre debido a las numerosas voces que proponían el Default durante la campaña
electoral que culminó el 14 de octubre. Para avanzar con la reestructuración de la deuda era
17

18. necesario contar con la autorización para
utilizar los impuestos, en particular el Fondo de
Crédito Público, como garantía de pago. Luego
de la elección de octubre, el Presidente
Fernando De La Rúa consideró que se daban las
condiciones de necesidad y urgencia para
legislar sobre el programa de reestructuración
de Deuda Pública Nacional y Provincial
utilizando los mecanismos que en esa
circunstancia la Constitución Nacional otorga al Ejecutivo. Así, el 1º de noviembre fue firmado
el Decreto de Necesidad y Urgencia 1387, que permitió llevar delante de inmediato el canje de
la deuda pública nacional y provincial por préstamos garantizados por impuestos federales.
La Fase 1 de la reestructuración integral de la deuda se llevó a cabo entre el 1º de noviembre y
el 15 de diciembre y quedó concluida ese día por un monto de 55.000 millones de dólares, a
una tasa de interés no superior al 7% anual y con plazos 3 años más largos que los
originalmente pactados. Esta exitosa operación significó para la Nación y las provincias en su
conjunto una reducción de más de 4.000 millones de dólares de intereses anuales (2 mil
millones la Nación y 2 mil millones las provincias) y un corrimiento de todas las cuotas de
amortización para después del año 2005.
Hacia mediados de diciembre, los acreedores de las provincias, fundamentalmente los bancos
comerciales locales, habían aceptado canjear voluntariamente sus acreencias por el préstamo
consolidado.
La deuda pública nacional, que ascendía a 118 mil millones de dólares, constaba de tres
componentes: a) la deuda con organismos multilaterales y gobiernos del exterior por 30 mil
millones de dólares, cuyos términos contractuales no incluían una prima de riesgo elevada, y
podía ser refinanciada en forma normal; b) La deuda con acreedores no oficiales que había
sido transformada en un préstamo garantizado, a tasa de interés no superiores al 7 % anual y a
plazos 3 años mas largos que los originalmente planeados. Se habían presentado
voluntariamente a este canje acreedores por 39 mil millones de dólares, entre los cuales
estaban los bancos locales, los fondos de pensiones y tenedores de bonos, residentes en
Argentina y en el exterior, que decidieron aceptar la ley argentina y la garantía ofrecida por el
gobierno Argentino; c) Los bonos en manos de tenedores, preponderantemente del exterior,
que no habían participado en el canje por el préstamo garantizado, que ascendían a 40 mil
millones de dólares. Estos bonos devengaban una tasa de interés promedio del 10 % anual.
La transformación de 39 mil millones de bonos y préstamos anteriores al préstamo garantizado
suponía una economía de intereses, esta vez para el presupuesto nacional, de otros 2 mil
millones de dólares, es decir una reducción absoluta, muy parecida a la que obtenían las
provincias por su deuda.
Ese mismo año el Congreso aprobó la Ley de "Déficit Cero", que preveía reducciones de gastos
primarios por parte de las provincias y la Nación, equivalente a 6 mil millones de dólares
anuales. Sin embargo existían dudas sobre el éxito del plan, derivadas de la caída de la
recaudación impositiva que se había producido durante el cuarto trimestre de 2001. Como
financiamiento puente para un eventual déficit transitorio de las provincias durante los
primeros meses de 2002, se había previsto la emisión de letras de consolidación de deudas
provinciales (LECOPs), las que por algún tiempo servirían como monedas no convertibles, que
serían rescatadas con superávits fiscales, una vez superada la crisis financiera y normalizada la
recaudación impositiva.
EL CORRALITO
18

19. Cuando se lanzó la fase 1 de la reestructuración de la deuda, los bancos locales comenzaron a
señalar que la falta de liquidez de los préstamos garantizados podría crearles problemas de
caja. La prensa comenzó a señalar a los bancos que más habían prestado a las provincias como
los que podrían encontrar dificultades y esto provocó una nueva salida de depósitos del
Sistema Bancario. Mientras que en septiembre y octubre el nivel de depósitos se había
mantenido estable, durante el mes de noviembre se produjo una salida de 2.917 millones de
dólares, concentrada básicamente en la última semana del mes, que es cuando arreciaron los
rumores y los bancos debían resolver si se presentaban o no a la fase 1 del canje.
Para frenar esta nueva salida de depósitos Domingo Cavallo inició una nueva negociación con
el FMI para lograr los desembolsos pendientes del “Blindaje” y los 3.000 millones de dólares
que habían sido aprobados en agosto, precisamente para apoyar la reestructuración de la
deuda. La única exigencia del FMI era la presentación ante el Senado de la Nación de un
proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos a discutir durante el año 2002, y la
aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional para el año siguiente. En una reunión de
gobernadores convocada por el Senador Ramón Puerta, se había logrado un acuerdo sobre el
proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos al que se daría estado parlamentario
antes de fin de año.
La situación cada vez empeoraba más y en los últimos días del mes de noviembre se produce
un agotamiento de la liquidez del sistema financiero, por lo que el 1º de diciembre de 2001 se
decide establecer controles de cambios y restricciones al retiro de dinero en efectivo de los
bancos. La medida fue oficialmente denominada como la "Bancarización" de la economía (ya
que pronto generó un boom en las transferencias bancarias y en la utilización de tarjetas de
débito), aunque popularmente se la conoció como el "Corralito" ante la imposibilidad de poder
retirar dinero en efectivo de manera normal. Según el compromiso del ministro Cavallo, las
restricciones se iban a levantar el 1º de marzo de 2002, fecha para la que se esperaba tener
cerrada la segunda etapa de la reestructuración de la deuda y conseguida la reducción anual
de intereses de 6 mil millones de dólares.
Los bancos que luego de levantarse las restricciones tuvieran dificultades para atender el retiro
de depósitos por falta de liquidez, deberían reestructurar sus obligaciones según el
procedimiento contemplado en el artículo 35 bis de la Ley de entidades financieras.
En el proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo para el año 2002, se había incluido
una partida de 5.500 millones de dólares para intereses (exactamente la mitad de lo
presupuestado para el 2001) en total acuerdo con los resultados que se esperaban obtener del
programa integral de reestructuración de deuda. Con la implementación de la Fase 2 y el canje
de los 40.000 millones de dólares en bonos que no habían entrado en la Fase 1, esa sería la
cifra de intereses.
El 19 de diciembre debía constituirse la nueva Comisión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados de la Nación para iniciar la discusión en presencia del Secretario de Hacienda, Dr.
Jorge Baldrich el día 20. Si se lograba aprobar el presupuesto durante la segunda semana de
enero, el FMI y los otros organismos internacionales de crédito darían su apoyo para la Fase 2
de la reestructuración que tenía fecha de lanzamiento para el 15 de enero de 2002 e iba a ser
completada antes del 15 de febrero del mismo año.
Según el propio Ministro Domingo Cavallo, el país estaba a dos meses de reasegurar el
establecimiento completo del equilibrio fiscal y la restauración de la confianza financiera
mediante una operación que iba a reducir a la mitad la carga de la Deuda Pública Nacional y
Provincial y limpiaría de vencimientos de capital los próximos 3 años.
19

20. CRISIS INSTITUCIONAL
A medida que se agravaba la crisis, surgieron muchas voces promoviendo la cesación del pago
de la deuda y el abandono de la convertibilidad. Para las empresas y los gobiernos provinciales
fuertemente endeudados en dólares el problema del país sólo se resolvería con una "licuación"
de los pasivos a través de una pesificación de la economía y una devaluación de la moneda. La
ausencia de apoyo público del FMI al programa de reestructuración ordenada de la deuda
pública anunciada por el Gobierno el 1º de noviembre, sumado a comentarios informales
sobre que el programa de reestructuración de la deuda no conseguía una quita suficiente,
hacían suponer que el organismo ya especulaba con que el país terminaría declarando, tarde o
temprano, un default generalizado.
Para marzo de 2001, ya era evidente que el presidente De la Rúa no consentiría la cesación de
los pagos del país y la destrucción del régimen de convertibilidad monetaria. El Presidente
consideraba que se debía avanzar en la dirección del ajuste fiscal de la Nación y las provincias
como lo había propuesto Ricardo López Murphy y lo había intentado previamente José Luis
Machinea, aunque adoptando medidas arancelarias, tributarias y de ampliación de la
convertibilidad que permitieran recomponer la competitividad de la economía. Evitar la
cesación de los pagos y mantener el régimen de convertibilidad, eran las políticas que De la
Rúa había defendido en su campaña electoral, en contraposición con la postura que sobre esos
temas había tenido el Dr. Eduardo Duhalde.
En el mes de mayo de 2001, antes de lanzarse el megacanje, Cavallo había logrado convencer a
los gobernadores justicialistas sobre la conveniencia de aprobar una Ley de Crédito Público
que permitiera la afectación de impuestos como garantía de la deuda, con lo que el megacanje
podría haber incluido a todas las deudas provinciales. Sin embargo, cuando en presencia de
todos los gobernadores justicialistas, el Gobernador De La Sota (Provincia de Córdoba) llamó
por teléfono al Presidente De La Rúa para anunciarle que estaban dispuestos a apoyar la Ley
de Crédito Público, éste le dijo que el Poder Ejecutivo no respaldaría ese proyecto porque no
contaba con el apoyo del Partido Radical.
Poco después el Congreso Nacional aprobó la Ley de Déficit Cero, sin embargo, el número y
contenido de los discursos opositores creo tal imagen que el Director Gerente del FMI decidió
declarar que en oportunidad de un eventual desembolso de los 3.000 millones de dólares
pactados para la reestructuración de la deuda, el país debería dar muestras de suficiente
“unidad política”.
Las restricciones al retiro de depósitos bancarios impuestas el 1º de diciembre y que fueron
popularmente denominadas como el "corralito", afectaron a mucha gente, especialmente a los
sectores bajos y a aquéllos que operaban en la economía informal que siempre habían
utilizado dinero en efectivo. Los organizadores del Golpe institucional, observaron que ésta era
su oportunidad para actuar ya que el gobierno del presidente De La Rúa había perdido el
apoyo tanto del Partido Radical como del pueblo.
El día 14 de diciembre Cavallo canceló el vencimiento de Letras del Tesoro (Letes) por casi US$
770 millones. Para cancelar esta obligación el país realizó un aporte en efectivo por 409,7
millones, mientras que los restantes US$ 360 millones se financiaron a través de la emisión de
20

21. nuevos títulos, que fue absorbido, en forma compulsiva, por las propias AFJP. Para evitar, a
toda costa, el tan temido default, Cavallo seguía gestionando ante el FMI una postergación de
pago de otros US$ 900 millones adicionales que debía realizar el país en los próximos días. Sin
embargo, esta cancelación del 14 de diciembre fue el último pago de deuda que realizó la
Argentina.
El día 19 de diciembre debía conformarse la Comisión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados para el tratamiento del Presupuesto Nacional para el año 2002. Sin embargo, esa
fecha amaneció con saqueos y disturbios en todo el país, principalmente en el conurbano
bonaerense, donde la inacción policial fue evidente.
Por la tarde, dirigentes de la UCR, entre ellos el Senador y ex Presidente Raúl Alfonsín, se
reunieron con Fernando De La Rúa, para plantearle la inmediata necesidad de que renunciara
todo el Gabinete. Domingo Cavallo y todos los ministros del Gobierno debieron abandonar sus
cargos ese mismo día.
El 20 de diciembre, a los saqueos organizados por la oposición y desmanes se sumó un
cacerolazo y marchas de miles de personas que reclamaban la renuncia de De la Rúa. Las
centrales obreras, justicialistas, iniciaron una huelga por tiempo indeterminado.
De la Rúa intentó convocar al justicialismo, para crear un gobierno de unidad nacional. El
rechazo del PJ decidió al presidente a presentar su renuncia al parlamento a las 19.45 horas de
aquel 20 de diciembre de 2001. Fernando De la Rúa debió abandonar la Casa Rosada en
helicóptero.
DEFAULT Y DEVALUACION
La Asamblea legislativa convocada por el Senador Ramón Puerta (en ejercicio de la presidencia
nacional) eligió como Presidente de la Nación al entonces Gobernador de San Luis, Adolfo
Rodríguez Saá, para un período transitorio de 90 días, tras el cual se convocaría a elecciones
presidenciales.
Rodríguez Saá asumió la Presidencia el domingo 23 de diciembre. Al día siguiente la Argentina
debía afrontar dos vencimientos de deuda: uno de US$ 13 millones con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y otro por US$ 4,3 millones en Eurobonos.
Martín Redrado, por entonces economista de la Fundación Capital y que poco después llegaría
a ser Presidente del Banco Central (2004-2010), se mostró de acuerdo con la suspensión de
pagos de la deuda.
Más allá de los vencimientos del 24 de diciembre, el país debía afrontar el día 28 otro pago por
US$ 504,2 millones, en concepto de Letes. Además de compromisos que vencían en enero de
2002, por un total de US$ 553 millones, de los cuales US$ 136 correspondían a pagos de capital
y US$ 417 a intereses de la deuda.
La deuda pública ascendía entonces a US$ 132.143 millones y los títulos públicos
representaban el 72,2 por ciento del total. Al momento de declararse el default, los principales
acreedores del país eran argentinos tenedores de bonos, que los habían adquirido
principalmente a través de los fondos de jubilación y pensión que administraban las AFJP.
Estos papeles estaban repartidos por gran parte del mundo, en posesión de pequeños,
medianos y grandes ahorristas privados. La mayor parte de los títulos estaban emitidos en
dólares (72%) y euros (18%), aunque también había papeles en pesos argentinos, libras
esterlinas, francos suizos, yenes japoneses y en monedas más exóticas como las coronas
danesas y suecas, el dólar canadiense y el dinar kuwaití.
La segunda medida relevante en términos económicos realizada por Rodríguez Saá, y la que
determinó su pronta caída, fue la de anunciar que no se devaluaría el Peso, sino que entraría
en circulación una nueva moneda no convertible, llamada "Argentino", con la cual se
financiaría planes de vivienda, se otorgarían más de 100.000 subsidios y se utilizaría para
otorgar un aumento a jubilados y estatales. Con su discurso en favor del empleo y la expansión
21

22. económica, logró el respaldo de los jefes sindicales, lo cual permitió re-unificar a la CGT. Sin
embargo no logró convencer a la UIA (Unión Industrial Argentina), al Grupo Clarín, ni a un
importante sector político (conformado tanto por radicales como por justicialistas),
disconformes con la decisión del mandatario de no devaluar la moneda en forma inmediata,
sino de manera gradual.
La medida central del gobierno de Eduardo Duhalde sería la salida del plan de convertibilidad,
que regía desde 1991 y que había mantenido la paridad uno a uno entre el peso y el dólar.
El 6 de enero de 2002, se derogó los aspectos esenciales de la Ley de Convertibilidad N°
23.928 eliminando las operaciones de conversión monetaria 1 a 1 y la exigencia de contar con
reservas por el 100% de la base monetaria. También se suspendió la Ley N° 25.466 de
intangibilidad de los depósitos y se delegó en el Poder Ejecutivo el establecimiento de la
paridad del peso y la reglamentación de regímenes cambiarios.
Con respecto a la deuda pública, Eduardo Duhalde mantuvo la decisión de su predecesor
Adolfo Rodríguez Saá de suspender transitoriamente los pagos de intereses y capital. Solo se
pagarían 3.500 millones de intereses de la deuda en manos de acreedores locales, en línea con
lo que se había acordado en el último canje de bonos, que incluía un período de gracia de 2
años. En cambio, a los acreedores externos se les ofrecería una renegociación en condiciones
más favorables para la Argentina, con el compromiso de empezar a pagar más adelante, una
vez que la economía empezara a crecer. Poco después, por Decreto 471/2002 de necesidad y
urgencia del 13 de marzo de 2002 también se “pesificó” la deuda pública nacional, provincial y
municipal regida por ley argentina a $1,40 por cada U$S 1.
Mientras tanto, el nuevo Gobierno buscó infructuosamente llegar a un nuevo acuerdo con el
FMI para conseguir ayuda económica y respaldo político para renegociar la deuda externa.
Con la crisis de diciembre de 2001, la Argentina, desde el 23 de diciembre del mismo año,
entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa que ascendía a 144.000 millones
de dólares. Este default ha sido el más largo de la historia financiera moderna, e implica
fundamentalmente la cesación de pagos de capital e intereses de los títulos de deuda
pública emitidos por el Estado (deuda soberana). Durante 2003, Roberto Lavagna, ministro de
Economía primero con Eduardo Duhalde y luego con Néstor Kirchner llevó a cabo el mayor
anje de la deuda argentina con una quita del 75% a los acreedores y un plan de pagos que
permitió la recuperación del país negociando una reprogramación de las obligaciones con los
organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo y otros menores. A fines de 2004, la deuda externa total
alcanzaba los 178.000 millones de dólares y quedaban aún en default 81.800 millones de
dólares en títulos en manos de acreedores privados.
22

23. EL PRIMER CANJE
Con el siguiente cambio de gobierno, durante la presidencia de Cristina Fernandez de Kirchner,
la deuda externa argentina se incrementó en un 8,6% durante 2011 y trepó casi a los 140.000
millones de dólares.Para octubre de 2012 se habían pagado más de 270.000 millones de
dólares. En 2013 tenía entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de bonos en default. En
setiembre de 2013 la deuda ascendía a U$S200 mil millones, una cifra superior a la que tenía el
país cuando entró en default en el 2001 porque en 2001 se debían U$S150 mil millones.
El 22 de septiembre de 2003, el gobierno argentino propuso una quita promedio del 75% del
valor de la deuda con los tenedores de bonos argentinos, que ascendía a 94.302 millones de
dólares. Según la propuesta presentada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el
secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, los acreedores privados podrían escoger entre tres
bonos: un Discount -con una reducción del valor nominal-, bonos Par -con mayores plazos de
vencimiento y sin reducción o con una pequeña reducción de su valor de capital-, y bonos C
-que requerirían un aporte de fondos-. Los nuevos títulos se podrían consolidar en dólares,
euros, yenes o pesos indexados.
El plan de reestructuración no incluía a la deuda emitida después del default, entre ella los
distintos tipos de BODEN. Estos bonos habían sido entregados a jubilados, trabajadores
estatales y a ahorristas que habían aceptado esos bonos a cambio de los depósitos que
retenidos por el "corralito" bancario. Sin embargo, esta propuesta inicial fue rechazada por los
bonistas locales.
LOS NUEVOS BONOS
El 1 de junio de 2004 el gobierno anuncia la "propuesta de Buenos Aires" para reestructurar los
pagos de la deuda. En este nuevo plan, la quita original del 75% se reducía a promedios de
entre el 63 y el 45%.
El 14 de enero de 2005 se lanzó oficialmente la operación de canje de la deuda en default,
luego de las conversaciones con el (FMI) y de los recursos judiciales interpuestos por los
"fondos buitres". A cambio de los títulos en mora, el gobierno argentino ofrecía tres nuevos
bonos:
El bono Par, que no implicaba quita del capital original adeudado, pagaría un interés
inicial del 1,33% que subiría progresivamente hasta alcanzar el 5,25% a los 25 años de su
emisión, y tendría un plazo de 33 años (vencimiento año 2038).
El bono Cuasi Par —que incluía una reducción del 30,1% del capital— pagaría un interés
del 3,31% más un coeficiente ligado al índice de precios al consumidor y tendría un plazo de 30
años.
El bono Descuento —que implicaría una quita del 66,3%— pagaría el mayor interés,
8,28%, y tendría un plazo de 28 años (vencimiento año 2033).
Los bonos ofrecían además una compensación adicional, ligada al crecimiento del producto
interno bruto. El plazo para la recepción de las expresiones de interés finalizó el 25 de febrero
de 2005; el nivel de aceptación alcanzado permitió renegociar aproximadamente el 76,15% del
monto adeudado. Se reestructuraron deudas por un valor equivalente a 62.500 millones de
dólares de valor nominal, canjeadas por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a
35.300 mil millones de dólares (15 mil millones en títulos Par, 11,9 mil en títulos Discount, y
24,3 mil millones de pesos argentinos en títulos Cuasi Par); además, como consecuencia de la
reestructuración, el componente en pesos de la deuda pasó del 3 al 37%.
23

24. Los principales acreedores de los títulos en mora eran argentinos, con 38,4% del total. Después
se ubicaban los italianos con el 15,6%, los suizos con el 10,3% y los estadounidenses, con el
9,1%.
El 9 de febrero de 2005, el Congreso sancionó la ley 26.017 o "Ley cerrojo" prohibiendo al
Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje, lo que implicaba que la oferta no podía ser
modificada o mejorada y de efectuar cualquier transacción judicial, extrajudicial o privada
respecto de los bonos sujetos al canje.
REESTRUCTURACION DE LA DEUDA
El 3 de enero de 2006, la Argentina dejó de tener deudas con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares, un pasivo
contraído entre enero y septiembre de 2001, con vencimientos programados hasta el 2009.
Las reservas del BCRA se recuperaron en nueve meses y finalizaron ese año con un aumento
de 4.000 millones de dólares con respecto al nivel que había antes de la cancelación del pago.
Es decir, de u$s 28.078 millones las reservas del Banco Central descendieron a u$s 18.580
millones y finalizaron el año con u$s 32.037 millones.
Después del traumático año 2002, todos los índices eran favorables al Gobierno: estabilidad
cambiaria ($3 a U$S 1), crecimiento continuo en las reservas internacionales, baja en los
indicadores de desempleo y pobreza, etc. Sin embargo, la expansión económica y el aumento
paulatino de los salarios comenzaron a reflejarse en un aumento del índice inflacionario. Tras
el descalabro económico del 2002 y gracias a una política de subsidios a los servicios públicos,
este indicador había logrado mantenerse planchado durante casi toda la gestión de Néstor
Kirchner. Sin embargo, para el año 2006 comenzó a hacerse evidente que la inflación se estaba
convirtiendo en un problema. Ante esta situación, se produjo un cruce entre el Gobierno y
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el Poder Ejecutivo existían
irregularidades dentro del organismo, mientras que los funcionarios del INDEC acusaban al
Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de querer interferir en los datos y de
querer conocer la lista de los comercios que eran consultados para elaborar el Índice de
Precios al Consumidor (IPC), protegidos por secreto estadístico. En el año 2007 el Poder
Ejecutivo decretó la intervención del INDEC el IPC difundido por las encuestadoras privadas
mostró diferencias con respecto a lo estimado por el organismo.
En septiembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la decisión de
cancelar la deuda de 6.706 millones de dólares que mantenía el país con el Club de París. Sin
embargo esta medida no llegó a implementarse porque coincidió con la crisis financiera de
los Estados Unidos. En el mismo mes, en un encuentro en Nueva York con el Council of Foreign
Relations, Cristina Fernández anunció que en conjunto con tres bancos se estudiaba la
posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que no habían ingresado en el canje de
2005.
El 3 de agosto de 2009 el gobierno pagó el Boden 2012 por 2.251 millones de dólares y se
comprometió a trabajar en la normalización del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), en la deuda en default y emitir un bono con un plazo de diez años para eludir
los embargos contra el país, también como medida para frenar la fuga de capitales. El entonces
ministro de economía, Amado Boudou expresó "Con nuevas medidas que se irán tomando en
los próximos meses, la Argentina estaría en condiciones de volver a los mercados
internacionales de crédito hacia fin de año".
En octubre de 2009, el ministro Amado Boudou, anunció la reapertura del canje de 20.000
millones de dólares de deuda para los holdouts, que son aquellos que no aceptaron la
propuesta de reestructuración en 2005.
24

25. FONDO DEL BICENTENARIO Y CRISIS DEL BANCO CENTRAL
Para fines de diciembre de 2009, mediante el decreto de necesidad y urgencia 2010/09 la
Presidenta creó el "Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento" disponiendo del uso
de 6.569 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina para el pago de la
deuda en el año 2010. Este fondo tenía el fin de garantizar el pago de los intereses de la deuda
externa y reducir los intereses del financiamiento externo. Su ideólogo había sido el Ministro
de Economía, Amado Boudou, cuya figura venía en ascenso desde la estatización de los fondos
previsionales en el año 2008 siendo director de la ANSES, decisión que había determinado el
fin de las AFJP en el país.
Los partidos de la oposición intentaron frenar el decreto cuando se anunció la emisión de
títulos bajo esa cifra con vencimiento el 22 de diciembre de 2019 con una tasa LIBOR inferior a
un punto porcentual por año, mientras que la provincia de San Luis demandó al Estado ante la
Corte Suprema y pidió que se impugne el decreto.
Sin embargo, el entonces Presidente del Banco Central, Martín Redrado, se mostró reacio a
liberar los fondos, aduciendo el carácter de entidad independiente y autárquica del Gobierno
Nacional, Redrado hizo todo lo posible para demorar la aplicación del mencionado decreto. El
7 de enero de 2010, la presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto de
necesidad y urgencia (DNU) 18/2010, para destituir a Redrado como presidente del BCRA. El
Gobierno nombró a Mario Blejer en reemplazo de Martín Redrado.
El 8 de enero, Martin Redrado fue sucedido de manera interina por Miguel Ángel Pesce, hasta
entonces vicepresidente del BCRA. Pesce intentó constituir rapidamente el Fondo del
Bicentenario, a pesar de las quejas efectuadas por el personal de la entidad. Sin embargo, ese
mismo día, la Juez María José Sarmiento, por medio de una medida cautelar, suspendió, por
inconstitucional, el decreto presidencial en el que se destituía al entonces Presidente del
BCRA, por lo que Redrado fue restituido al frente de la entidad. A los pocos días de su retorno
al Banco Central la figura de Redrado había perdido peso tanto dentro de la entidad y el apoyo
del arco político opositor y el sector empresario. Pocos días después, el 21 de enero, Cristina
Kirchner decidió solicitar al vicepresidente, Julio Cobos, la convocatoria de una Comisión
Bicameral del Congreso de la Nación, a reunirse a partir del 26 de enero para definir la
situación de Redrado. Dicha comisión debería emitir un dictamen no vinculante para ser
25

26. evaluado por el Poder Ejecutivo antes de que éste pudiese expedirse sobre el futuro del titular
del Banco Central. Finalmente Redrado presentó la renuncia el 29 de enero.
En los primeros días de marzo de 2010 se daban a conocer los decretos de necesidad y
urgencia de la presidente Cristina Fernández de Kirchner 296, 297 y 298 derogando el Fondo
del Bicentenario reemplazándolo con el Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA),
además dispuso el uso de reservas de libre disponibilidad para el pago de la deuda externa.
Según explica el primer artículo del decreto 298, el Fondo se creó "con la finalidad de la
disminución del costo financiero por ahorro en el pago de intereses" y establece que el Banco
Central debería transferir 4.382 millones de dólares al Tesoro de sus reservas de libre
disponibilidad, que "recibirá como contraprestación un instrumento de deuda emitido por el
tesoro nacional consistente en una letra intransferible denominada en dólares
estadounidenses a 10 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, la que
devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco
Central por el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menor un punto
porcentual", mientras que "los intereses se cancelarán semestralmente". Dicho Fondo es
administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
LA REAPERTURA DEL CANJE 2010
El 15 de abril de 2010 el ministro de economía Amado Boudou lanzó el nuevo canje de la
deuda. Pese a la mención del ministro de una quita del 66,3% su alusión solo incluía los
inversores institucionales, para los restantes la quita rondaba el 50%. La oferta final indicaba
que Argentina terminaría pagando 10.500 millones de dólares en lugar de los 20.000 millones
de dólares que se adeudaban. La oferta se distribuyó del siguiente modo:
Inversores institucionales: recibieron un bono discount con una rebaja del 66,3% en la
deuda original y además, un bono Global, por los intereses a la fecha con una tasa de interés
del 8,75%. La totalidad de la suma sería pagada en 2017.
Inversores individuales: recibieron un bono par sin ninguna quita.
Para ambos tipos de inversores habría un cupón PBI, atado al crecimiento de la economía.
Desde el gobierno no se anunció nada con respecto a los intereses impagos que rondaban los
9.000 millones de dólares.
La presidenta se refirió al total de adhesión de los acreedores, dijo que un 66% habrían
aceptado canjear sus deudas con el gobierno, mientras anunciaba un plan de
desendeudamiento para las provincias de Tucumán, Buenos Aires y Chaco.
Según el Indec a fines de 2010 la deuda ascendía a 128.618 millones de dólares.
2011
El Ministerio de Economía informó en enero de 2011 que el monto adeudado con el Club de
París rondaba cercano a los 9.000 millones de dólares, casi un 50% más desde el default en
2001. Hernán Lorenzino, el secretario de Finanzas, encabezaba la comitiva que pretendía
negociar la deuda a un plazo de cinco o seis años, pese al decreto presidencial de diciembre de
2010 que seguía vigente y en el que se destacaba que se le pagaría al Club de París en un sólo
pago con reservas del Banco Central. Pero la propuesta del Estado argentino fue rechazada
por el Club, que pidió la liquidación de la deuda sin intereses en tres años y, los casi 3.300
millones restantes, que fuesen acordados con cada país acreedor en particular. Hasta el día de
hoy, esta deuda no ha sido saldada ni reestructurada. En el mismo mes, mediante resolución
1/2001, el Ministerio de Economía tomaba 7.504 millones de dólares del Banco Central de la
26

27. República Argentina para conformar el Fondo de Desendeudamiento anual de sus reservas de
libre disponibilidad, para ello emitió la letra "Lete" suscripta únicamente por el Banco Central.
En setiembre de 2011, desde el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos se anunció que
"se opondrán a los préstamos para la Argentina" en el Banco Mundial y en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID.
En diciembre, el presidente de Estados Unidos, Barak Obama señaló a la prensa argentina que
si el país cumplía con el pago a sus acreedores externos alentaría un mayor caudal de capitales
de inversión extranjeros. Además recordó que en la reunión del G-20 en Cannes instó a la
presidenta a cancelar sus obligaciones de deudas pendientes.
El 21 de diciembre de 2011 el Indec informó sobre un incremento de la deuda externa. En
comparación con el segundo trimestre del año el aumento fue de 1.335 millones, de los cuales
929 millones correspondían al sector público no financiero y Banco Central, 354 millones al
sector privado no financiero, y 52 millones al sector financiero sin BCRA. Según datos
del Indec, la deuda externa a setiembre de 2011 trepó a u$s 136.390 millones, lo que
representaba un aumento del 7%.
2012
Ese año la deuda estatal con acreedores del sector privado se ubicó en un 13,1 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB). Ese valor representa una baja de 0,7 punto porcentual con
respecto a su peso en 2011, lo que equivale a 1369 millones de dólares. Una porción más
pequeña, el 9,6 por ciento del PIB, representaron los pasivos que retiene el sector privado
nominados en dólares. En el mes de julio, en medio de la expectativa por la cancelación de los
BODEN 2012, la cotización de los Credit Default Swaps (CDS) argentinos alcanzó los 1214
puntos. Los CDS son una especie de seguro para proteger a los tenedores de bonos por un
posible incumplimiento de pago por parte de los Estados.
El día 3 de agosto de 2012, el Gobierno Nacional efectuó el pago de los 2197 millones de
dólares correspondientes a la amortización y a la última cuota de intereses del BODEN 2012
que había sido emitido en el año 2002 para compensar a los ahorristas por los depósitos
confiscados durante el corralito financiero. Con este pago, la deuda en moneda extranjera,
quedaba reducida al 8,4% de las obligaciones. Según datos del Indec la deuda llegaba a
139.715 millones de dólares por lo que se había incrementado en un 8,6% durante 2011.
Pese a la cancelación del BODEN 2012, el país rápidamente volvió a generar dudas sobre su
capacidad de pago, cuando en el mes de octubre, el Banco Central se negó a otorgar a
la Provincia del Chaco 263.000 dólares necesarios para la cancelación de sus obligaciones. El
dinero iba a ser utilizado para el pago de la cuota por renta y capital de los "Bonos de
Saneamiento Garantizado" con vencimiento en los años 2015 y 2023. Ante la negativa del
BCRA, la administración de Jorge Capitanich optó por entregar a la Caja de Valores S.A. la suma
de 1.244.436 pesos, o sea el equivalente en dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial
de 4,72 pesos por cada dólar, aunque la brecha entre el dólar informal y el oficial oscilaba
entre el 20% y el 35%. Desde el Banco Central justificaron la decisión argumentando que se
trataba de títulos para tenedores locales, emitidos bajo jurisdicción local, por lo que resultaba
innecesario entregar dólares estadounidenses. Sin embargo, este hecho sembró dudas sobre
el futuro de obligaciones similares que tenían otras provincias y empresas. La deuda pública
que está en manos de acreedores del sector privado y de organismos multilaterales de crédito
equivale al 18,8 por ciento del PIB. El resto es deuda intrasector público basando sus
argumentos en la estatización de YPF, luego adjudicada a Chevrón, las trabas a las
importaciones, la falta de credibilidad en las estadísticas del INDEC y el monto impago con
el Club de París. Esta perspectiva se agravó aún más tras el pago en pesos de la deuda del
Chaco: Moody´s calificó ésta deuda como en "default". Con una calificación de B3 con
perspectiva negativa (que implica un alto riesgo), el país se ubicaba en el puesto Nº 16 (de un
total de 21), siendo el más bajo de la región.
27

28. Según Ismael Bermúdez la deuda aumenta alrededor de 10000 millones de dólares anuales
porque el gobierno le pide el dinero al Banco Central para cancelar la deuda y en vez de deber
al FMI se debe al Banco Central.
JUICIO JOULDOTS
En 2007 comenzó un juicio de los fondos NML Capital Ltd. y el EM Ltd contra el país. El 11 de
enero de ese año, el juez federal de Nueva York Thomas Griesa decidió incautar US$ 1.834.000
de una cuenta que el Banco Central de Argentina opera en la Reserva Federal de esa ciudad. El
pedido de embargo había sido solicitado por dos fondos "buitre", el NML Capital Ltd. y el EM
Ltd., que no habían ingresado en el canje de 2005. El 15 de enero los abogados del país y los
representantes de los fondos buitres llegaron a un acuerdo, por lo que el Juez Griesa decidió
levantar el embargo que pesaba sobre la cuenta del BCRA en la FED de Nueva York.
El 23 de febrero de 2012, el juez norteamericano Thomas Griesa dictaminó que la Argentina no
podía discriminar a los tenedores de bonos que no habían aceptado ingresar en los canjes de
2005 y 2010. Dicho fallo favorecería tanto a los "fondos buitres" como a algunos bonistas
locales. La Argentina, por su parte, apeló el fallo de Griesa, argumentando que acatarlo podría
desencadenar una nueva crisis financiera en el país.
El 26 de octubre, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la decisión de Griesa y rechazó
la apelación, considerando que efectivamente la Argentina cometía una discriminación con
los fondos buitres y demás bonistas que habían decidido no participar de los canjes de deuda,
violando la provisión de "pari passu" ("tratamiento igualitario").
Al finalizar octubre dos calificadoras internacionales, Fitch y Standard & Poor's (S&P), habían
bajado la nota de deuda a la Argentina por el fallo producido en Nueva York.
La Cámara de Apelaciones dictaminó que el caso volviese al juzgado de Thomas Griesa, para
que éste dictaminara en qué proporción los desembolsos del Gobierno se distribuirán entre las
dos partes, demandantes y tenedores de bonos re-estructurados. Este fallo de la Cámara de
Apelaciones produjo una suba del riesgo país y una caída de los demás bonos (el bono Par bajó
un 4,03%). Además, los CDS argentinos, pasaron a ser más caros que los de Grecia, debido a
que éste fallo produjo temor entre los bonistas ya que la justicia podría embargar el pago de
otros bonos para resarcir a estos fondos. El 15 de noviembre, tras las audiencias previas de los
días 9 y 14 de ese mismo mes, la Argentina volvió a reiterar ante la justicia estadounidense que
no estaba dispuesta a pagarle a los "holdouts" (bonistas que no habían ingresado en los
canjes) en un escrito que contó con el apoyo de la Clearing House Association (la entidad de
pagos más antigua de Estados Unidos) y la Depositary Trust Company (el mayor custodio de
bonos de ese país). El mensaje era que ellos no podían individualizar los pagos que hacía la
Argentina desde Buenos Aires y que si se embargaban esos recursos se afectaría a inversores
privados y no al país al que pretendían castigar. A estos dos agentes, se sumaron las
presentaciones del Bank of New York y de una decena de fondos de inversión que ingresaron
en ambos canjes y que trataban de no quedar como "rehenes" de los holdouts.
El 23 de noviembre, el juez Griesa indicó que el país tenía la capacidad para pagar a los
"holdouts" (tenedores de bonos en cesación de pagos) y como se trataba de deudas ya caídas,
la Argentina debía abonar la totalidad del dinero reclamado con plazo hasta el 15 de diciembre
próximo, cuando debía ejecutarse el pago de los bonos reestructurados.
El gobierno argentino apeló el 26 de noviembre planteando por primera vez que si la fórmula
presentada por el magistrado de Nueva York hubiera respetado los parámetros del canje de
deuda del año 2010, se habría arribado a una propuesta consistente con la legislación
argentina que podría haber sido debatida en el Congreso. Los argumentos expuestos por los
representantes de la Argentina se basaban en la “inequidad manifiesta de la fórmula
propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de pari passu y que consiste en
pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre,
28

29. mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos
de pago que van hasta el año 2038”.
El 28 de noviembre la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, finalmente decidió
suspender la resolución del juez federal Griesa hasta el año siguiente, dando más tiempo al
gobierno argentino para argumentar su defensa.
2013
El 25 de enero de 2013 los fondos buitres presentaron ante la Cámara de Apelaciones de los
Estados Unidos los argumentos para sostener el fallo de primera instancia que ordenó a la
Argentina el pago de parte de los 1300 millones de dólares reclamados argumentando que
Griesa "actuó con su autoridad cuando emitió una orden de restricción de que la Argentina
siga adelante con los pagos a los titulares de la bonos reestructurados, a menos que también
pague a los tenedores de bonos de deuda en default".
El Gobierno argentino insistió por su parte en que no podría pagar a los fondos buitre, ya que
esto desataría una serie de reclamos por otras deudas con sus intereses cuyo cumplimiento
vaciaría las reservas del Banco Central. Por lo tanto, el alegato defensivo del Estado argentino
es que no contaría con suficientes fondos para saldar todas estas deudas. Además, insistió en
el punto de que el fallo de Thomas Griesa constituía un acto discriminatorio para los fondos
que sí habían aceptado el canje. Como resultado la Cámara de Apelaciones de Nueva York
convocó a una audiencia para escuchar a ambas partes el 27 de febrero del 2013, dándole 20
minutos a los abogados argentinos y 7 a los de los fondos NML Elliot y Aurelius para presentar
sus alegatos, a lo cual ambas partes reclamaron mayor tiempo para argumentar; además, dio
el visto bueno al gobierno de los Estados Unidos para argumentar que sean 13 los jueces de
ese cuerpo los que traten el caso y no los 3 que lo tienen asignado.
Hubo duros cruces durante la presentación realizada por ambas partes, el abogado que ofició
por la parte Argentina dejó en claro que si el fallo era adverso, el país "no aceptaría
voluntariamente el fallo" a lo que una de las juezas retrucó aclarándole "aquí no venimos a
hablar de emociones, sino de resoluciones" a lo que el licenciado respondió luego que la
Argentina estaría dispuesta a abrir un nuevo canje para negociar con los holdouts. De la otra
parte, el abogado de Eurnekian gritó en un momento de la audiencia que se debería declarar a
la Argentina como inviable para realizar negocios a raíz de los incumplimientos de deuda que
siguen vigentes. Haciendo caso a la propuesta del abogado defensor, la corte anunció que el
país debe presentar el nuevo plan de pagos antes del 29 de marzo; éste luego se discutiría con
la otra parte para saber si lo aceptaría o no. De la audiencia asistieron por el país el
vicepresidente de la nación Amado Boudou y el ministro de economía Hernán Lorenzino
quienes se encontraban entre los 200 asistentes a dicha audiencia.
Por su parte, la presidenta de la Nación aseguró en su discurso del 3 de marzo que "se les
pagará a los fondos buitre, pero no en mejores condiciones que a los bonistas"
El 29 de marzo de 2013 el gobierno argentino presentó ante la Corte de Apelaciones del
Segundo Circuito dos alternativas para pagarles a los demandantes. Según el documento la
oferta implicó unos términos equiparables a los de los tenedores de bonos que se adhirieron al
canje de 2010. Además ofreció pagos por intereses atrasados y cupón del PBI.
En junio de 2013, en un escrito denominado "Amicus Curiae", el gobierno de EEUU dijo que la
interpretación de Griesa de una cláusula del contrato "podría permitir a un solo acreedor
frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello
socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de
cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana".
La negativa de la Argentina al dictamen de la Cámara de Apelaciones de Nueva York y los
tiempos legales de Estados Unidos obligaron al país a enviar una apelación el 24 de junio de
2013, antes de conocerse el fallo definitivo que deberá determinar si avala o no la propuesta
completa del juez Thomas Griesa.
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