Donostia-San Sebastián, 1. 01010 Vitoria-GasteizTef. 945 01 90 12 – Fax 945 01 90 29HERRI ADMINISTRAZIO ETAJUSTIZIA SAILAD...
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7es verdad -entre nosotros hay médicos, juristas, ingenieras, arquitectas yhasta químicas- y de distintos niveles administ...
8convertir a los empleados públicos en la caricatura sobre la que Forgesdibuja sus viñetas más corrosivas. Una caricatura ...
9al parecer, acredita el sector privado. Se trata de un asunto muy delicado,cuyo cabal desarrollo requeriría varios desayu...
10derechos de la ciudadanía y, en especial, de los colectivos másdesfavorecidos y vulnerables.Pero sería una presunción po...
11penitenciarias sino a una cuestión de eficacia y eficiencia en la organizaciónde los recursos públicos que repercute sin...
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Intervencion de Josu Erkorena en Forum Euroa 17 05-2013

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Intervencion de Josu Erkorena en Forum Euroa 17 05-2013

  1. 1. Donostia-San Sebastián, 1. 01010 Vitoria-GasteizTef. 945 01 90 12 – Fax 945 01 90 29HERRI ADMINISTRAZIO ETAJUSTIZIA SAILADEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓNPÚBLICA Y JUSTICIADokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarriabesterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango dabaliozkoa.Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionalesde los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el oradoraunque estuviere aquí escrito.Bilbao, 17-05-2013JOSU ERKOREKAConsejero de Administración Pública y Justicia.Portavoz del Gobierno VascoDicen los biógrafos de Abraham Lincoln que cuando su hijo mayor lepropuso alistarse en el Ejército, no supo si dar prevalencia a su condición depadre, tal y como le pedía su esposa, o a su condición de comandante enjefe de las fuerzas armadas federales, tal y como le exigía el deber.Salvando las distancias, el miembro de un Gobierno que al mismo tiempo essu portavoz, como es mi caso, se enfrenta, con frecuencia, a un dilemasemejante. Que no sabe si dar prioridad a su condición de consejero o a sucondición de portavoz. Porque quienes le piden decisiones le tratan comoconsejero y los que le piden declaraciones le tratan como portavoz.Los organizadores del acto me han presentado con ambas credenciales: lade consejero y la de portavoz. Y como sospecho que en el coloquio posteriorse me requerirá, sobre todo, para que actúe como portavoz, he optadoporque en la alocución inicial prevalezca el consejero. Mi intervenciónaludirá, por tanto, a los tres ámbitos materiales sobre los que se proyectami responsabilidad pública en el Gobierno vasco: el autogobierno, laadministración pública y la justicia.EL AUTOGOBIERNOEl Estatuto de Gernika fue aprobado el 18 de diciembre de 1979. Desdeentonces han transcurrido ya 33 años. Durante este dilatado lapsotemporal, la inmensa mayoría de los estatutos de autonomía que seaprobaron en la etapa inicial del Estado Autonómico, han sido objeto de unao más reformas. Algunos de ellos han sido modificados, dos, tres y hastacuatro veces. Sin embargo, el Estatuto vasco no ha conocido aún reformaalguna. Ni una sola. Un rasgo excepcional que comparte con el gallego.No es a mí, evidentemente, a quien corresponde hablar de la reformaEstatuto de Galicia. Pero por lo que se refiere al vasco, he de reseñar que siel texto de 1979 se encuentra todavía intacto, no es porque el Parlamento
  2. 2. 2vasco no se haya planteado su modificación, sino porque la propuesta dereforma estatutaria que la cámara aprobó el 30 de diciembre de 2004, fuerechazada a limine por el Congreso de los Diputados.Casi una década después de aquel episodio, nos encontramos de nuevoante un momento que puede ser propicio para que el Parlamento retome eldebate sobre el autogobierno vasco.• En un momento en el que diferentes naciones europeas sin Estado,como Escocia, Catalunya o Flandes, exploran cauces para asumirpoderes que les permitan decidir con más plenitud sobre su propiofuturo.• En un momento en el que proliferan por doquier las iniciativas quehablan de revisar el modelo autonómico vigente en el Estado español,bien sea para devolver competencias a los poderes centrales, biensea para hacerle evolucionar hacia un horizonte federal de perfilestodavía inciertos.• En un momento en el que la crisis económica está siendo utilizadacomo coartada por el Gobierno del Estado para llevar a cabo unaauténtica mutación del bloque de la constitucionalidad, que erosionasin contemplaciones los poderes autonómicos,Euskadi debería abordar su propia reflexión sobre el status político quedesea, y promover, en su caso, las iniciativas políticas que fuerannecesarias para avanzar hacia él.Personalmente, no encuentro motivos para demorar por más tiempo estacuestión. No parece lógico, y sería, desde luego, algo llamativo, que en unmomento en el que el debate sobre el futuro de las comunidades políticasautogobernadas se encuentra en plena ebullición, Euskadi permaneciese ensilencio y fuese la única que nada tiene que decir al respecto. El momentoes, pues, el idóneo. Y el lugar apropiado para afrontar el debate al que merefiero debería ser el Parlamento; la cámara vasca, que tras los últimoscomicios, refleja fielmente -ahora sí- la complejidad sociopolítica vasca, sinlas alteraciones que en el pasado reciente ha experimentado sucomposición, como consecuencia de la violencia terrorista o del impulsoilegalizador auspiciado desde los grandes partidos políticos del Estado.Sin embargo, mientras el Parlamento no afronte este desafío o su trabajono fructifique en una efectiva reforma estatutaria, el Gobierno tiene queemplearse a fondo en la defensa y el desarrollo del marco de autogobiernovigente que, hoy por hoy, es el previsto en el Estatuto de Gernika.A este propósito, viene desarrollando dos líneas de actuación.a) Por un lado, trabaja denodadamente para completar el desarrolloestatutario, reclamando a los poderes centrales del Estado lostraspasos de medios, bienes y servicios que todavía, tres décadasdespués de aprobado el Estatuto, se encuentran pendientes derealización.
  3. 3. 3b) Por otro lado, hace un seguimiento pormenorizado de la actuaciónnormativa y material del Estado que pueda afectar al ámbito ydesenvolvimiento de las competencias de Euskadi, con el fin deevitar su vulneración o menoscabo.Por lo que se refiere a la reclamación de las transferencias que todavía seencuentran pendientes de materialización, quisiera reseñar, consciente deque lo hago por enésima vez -porque todo lo que se puede decir apropósitode esta cuestión se ha dicho y repetido hasta la saciedad-, que se trata deun objetivo irrenunciable e imprescriptible, para cuya consecución, esteGobierno trabajará sin tasa ni desmayo.Tampoco quisiera dejar de recordar que los traspasos pendientes derealización, no constituyen meras rúbricas de la ley estatutaria llamadas adesempeñar una función ornamental, sino competencias reales, poderesefectivos, que revisten una importancia de primer orden de cara aincrementar el autogobierno vasco y el bienestar de los ciudadanos;materias de carácter social, de naturaleza económica, infraestructuras einstituciones.Y llegados a este punto, estoy seguro de que más de uno de ustedes seestará preguntando ya: ¿cuándo se referirá el conferenciante a las dostransferencias más emblemáticas de entre las que figuran en la -ya secular-carpeta de asuntos pendientes? ¿Cuándo reivindicará la transferencia latransferencia de prisiones y la relativa a la gestión del régimen económicode la seguridad social? La respuesta es clara: ahora mismo. En esto, nofallaré al ritual. Pero si me lo permiten, quisiera hacer una referenciaespecífica a la primera -la de prisiones- que pertenece a mi ámbito deresponsabilidad como consejero de Justicia.Hace unas semanas -yo ya no estaba allí- el PSOE y el PP volvieron anegarnos esta transferencia en el Congreso de los Diputados. Con lo quesuman ya unas cuantas. Pasa el tiempo y las cosas cambian, pero en estepunto todo permanece inmutable. Siempre somos los mismos los quereclamamos esta transferencia -aquí y en las Cortes Generales- y siempreson los mismos los que nos la niegan; aquí y en las Cortes Generales. Perola seguiremos reclamando, que nadie lo dude. Y no lo haremos tan sóloporque seamos nacionalistas vascos, que también. Lo haremos, además,porque así está previsto en el Estatuto de Gernika; una razón no menordesde el punto de vista jurídico. Y en fin, lo haremos, asimismo, porque loexigen sólidas razones de eficacia, eficiencia y buen gobierno. Y me explico.La rotunda negativa del Estado a transferir a Euskadi las institucionespenitenciarias, no ha sido obstáculo para que el Gobierno vasco vengatrabajando desde hace tiempo en la configuración de un modelopenitenciario propio, mediante una labor coordinada con las direcciones yequipos de tratamiento de las prisiones y con las entidades y asociacionesde Euskadi que trabajan con personas presas, con el fin de establecerrecursos de inclusión que contribuyan a preparar su reinserción social.El Gobierno vasco podía haberse desentendido de este ámbito de actuación,negándose a desarrollar un solo programa social de reinserción hasta que
  4. 4. 4no se produjese el -tantas veces reclamado como injustamente negado-traspaso a Euskadi de las prisiones situadas en su ámbito territorial. A unconsejero nacionalista le hubiese resultado francamente fácil defender suinhibición en este campo hasta que no se cumpla el Estatuto. Y todo elmundo lo hubiese comprendido. Máxime ahora que la crisis económicaparece haber convertido el ahorro en la única fuente de Derecho reconocidaen el ámbito de la administración de Justicia.Pero además de nacionalistas, somos humanistas. Nuestro discurso ynuestra acción política, siempre se han centrado en el ser humano; en sudignidad, en sus derechos y en el libre desarrollo de su personalidad.Creemos sinceramente en las políticas sociales y en el objetivoresocializador de las penas. Y preconizamos un sistema penitenciariodiferente; menos punitivo y más centrado en la reinserción social. Y desdeestos presupuestos conceptuales, venimos trabajando en proyectos derégimen abierto, promoviendo actividades extrapenitenciarias e itinerariosde inclusión sociolaboral para personas presas, que incluyen salidasprogramadas, campos de trabajo, recursos de deshabituación para personasdrogodependientes, centros de formación y capacitación, centros deorientación y acompañamiento para el empleo, etc.Pese a la crisis, este año vamos a incrementar las dotaciones destinadas afinanciar este tipo de actuaciones. Porque sea cual sea su origen geográfico,cuando estas personas cumplan su pena, recuperarán la libertad en tierravasca. Y es aquí, entre nosotros, donde habrán de reinsertarse. Lo queaconseja ir preparando su itinerario de reinserción. La experiencia estásiendo positiva. Pero sobre todo, social. Y profundamente humana. Sólotiene un problema. A veces ocurre que, pese al dinero y al esfuerzoinvertidos por el Gobierno vasco en desarrollar el itinerario de inserciónsociolaboral diseñado para una persona privada de libertad, la DirecciónGeneral de Instituciones Penitenciarias decide trasladarla a una prisiónradicada en Andalucía. Con lo que todo el trabajo llevado a cabo queda enagua de borrajas.También por eso es necesaria la transferencia de las prisiones. No sólo porrazones políticas y jurídicas. También por razones sociales, humanitarias yde buen gobierno.Pero además de seguir avanzando en la culminación del todavía incompletodesarrollo estatutario, reclamando, entre otras, la transferencia deprisiones, el Gobierno se volcará también en la defensa del autogobierno,controlando escrupulosamente las disposiciones y actos estatales quepuedan afectar al ámbito y desenvolvimiento de nuestras competencias yreaccionando contra las que pudieran implicar vulneración o menoscabo delas mismas.Lamento constatar a este respecto que, en este empeño, no tenemosmuchos compañeros de viaje. Unos no arriman el hombro porque no lesinteresa lo más mínimo empeñarse en la defensa de un marco deautogobierno, que rechazaron desde un principio. Cuanto peor le vaya alEstatuto de Gernika -piensan- mejor para ellos. Aunque, eso sí, ahora ya no
  5. 5. 5tengan reparo alguno en acogerse a sus beneficios participando en lasinstituciones de autogobierno nacidas de su seno.Pero frente a ellos, se encuentran aquellos a los que la defensa delautogobierno vasco sólo les interesa en la medida en que convenga a laestrategia -de gobierno o de oposición- que las sedes centrales de susrespectivos partidos desarrollan en las instituciones centrales del Estado.Últimamente, el Partido Socialista se ha hecho notar como un alumnoaventajado en la defensa de esta utilización del autogobierno vasco comoherramienta estratégica para la lucha que mantiene con el PP en Madrid.Permítanme aportar algunos datos para ilustrar esto que digoPatxi López y Zapatero coincidieron como gobernantes -aquél en AjuriaEnea y éste en La Moncloa-, entre mayo de 2009 y diciembre de 2011. Dosaños y medio, largos. Pues bien, durante ese período, el Gobierno vasco nointerpuso un solo recurso contra las normas y actos promovidos por elEjecutivo de Zapatero. Ni uno solo. Alguna mente cándida podrá pensar quefue así porque Zapatero jamás vulneró competencia autonómica alguna.Nada, sin embargo, más lejos de la realidad. Dejemos la candidez para lapoesía, que la política se expresa en la más pura de las prosas. Como decíaJosep Pla, es nada menos que “la astucia puesta al servicio de la realidad”.Basta contrastar la llamativa inhibición que López exhibió en este períodode tiempo -cero impugnaciones- con la diligencia que otros presidentesautonómicos, también socialistas, pusieron en la defensa de sus respectivosestatutos, para comprender lo que ocurrió.Josep Montilla, por ejemplo, que encabezó la Generalitat de Catalunya hastadiciembre de 2010, interpuso, durante el lapso temporal en el que coincidiócon López y Zapatero al frente de sus respectivas instituciones, nueverecursos. Sí, han escuchado bien: he dicho nueve. Nueve recursos en año ymedio. Cero Euskadi, nueve Catalunya. Algunos de ellos, por cierto, enrelación con normas tan importantes como el Real Decreto-Ley 9/2009, de26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursospropios de las entidades de crédito que, dicho sea de paso, fue impugnado,también, por la comunidad autónoma de Extremadura, que en esemomento estaba presidida por otro militante del PSOE.Creo que estos datos no requieren de más explicaciones.Ahora bien, una vez dicho esto, quisiera disipar de inmediato la ingenuacreencia de que la manera más eficaz de defender una competenciaautonómica pasa por la inmediata impugnación ante el TC -ante este TC,me interesa mucho precisarlo- de las normas y actos del Estado queeventualmente la hubiesen vulnerado. Se trata de una idea falsa, que elGobierno anterior quiso inocular en la opinión pública vasca en la últimaparte de su mandato.Tengo serias dudas de que, desde el punto de vista de la defensa delautogobierno, sea preferible exhibir como mérito un extenso listado derecursos interpuestos ante el TC, que un listado de acuerdos totales oparciales alcanzados en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperaciónconstituido entre el Estado y el País Vasco, con el fin de evitar que los
  6. 6. 6debates competenciales sobre los asuntos más relevantes lleguen a manosde este -vuelvo a subrayar lo de este- TC. Un TC que, hace todavía muypocas semanas, se retrataba sin pudor cuando se permitía calificar de“extravagante” la sola idea de que los empleados del sector público vascopuedan disfrutar de un tratamiento singular en el ámbito de las pagasextraordinarias. Como si Euskadi no dispusiese de herramientas específicasde autogobierno suficientes como para justificar esa singularidad.Para nadie es una novedad la suspicacia con la que el PNV ha miradosiempre a este TC, cuyos miembros son elegidos con arreglo a undescarnado sistema de cuotas partidarias, a cuyo reparto sólo son invitadaslas dos grandes formaciones políticas del Estado. El extendido hábito deanticipar los pronunciamientos del alto tribunal distinguiendo entremagistrados progresistas y conservadores y dando por supuesto que unos yotros actuarán en bloque a la hora de emitir el veredicto final, pone demanifiesto hasta qué punto la sociedad ha interiorizado la perversión de unsistema de designación que compromete seriamente la objetividad eimparcialidad del órgano. El problema es que las diferencias entreprogresistas y conservadores, que se harán patentes, no lo dudo, cuando eltribunal afronta materias en las que el PSOE y el PP defienden posicionesencontradas, prácticamente desaparecen cuando se trata de optar entre elinterés del Estado y el interés de las CCAA. El TC es un tribunal de Estado,que rara vez siente reparo alguno en activar el principio in dubio pro EstatoSometer las controversias importantes al dictamen de un árbitro así, puedeconstituir una operación de alto riesgo que conviene ponderar caso porcaso, porque, en última instancia, siempre será preferible soportartemporalmente una vulneración competencial recogida en una norma, queexponerse a que el TC eleve esa vulneración a la categoría dejurisprudencia consolidada. Ese fue el razonamiento que, hace ya varioslustros, llevó al Gobierno vasco a rehuir el recurso al TC de cara a ladefensa de sus competencias. La negociación bilateral con el Estado -se dijoentonces- puede rendir más y mejores frutos que la menguada garantía queofrece un tribunal escrupulosamente programado para hacer prevalecer elinterés del Estado frente al autonómico.En lo esencial, la reflexión sigue siendo válida. Este Gobierno no descarta,por principio, defender sus competencias ante el TC, pero procura apurar almáximo las posibilidades que le ofrece la Comisión Bilateral de Cooperaciónpara alcanzar acuerdos que permitan eludir, en la medida de lo posible, lalitigiosidad ante el alto tribunal. Durante los cinco meses de legislatura, laComisión Bilateral ha alcanzado cinco acuerdos -tres totales y dos parciales-y en otros cinco casos, el trámite de conciliación previo ha resultadoinfructuoso, por lo que se ha impuesto el recurso ante el TribunalConstitucional.LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAQuisiera comenzar esta parte de mi intervención, dando a conocer un datoque, pese a su elocuencia, creo que nadie ha puesto de manifiesto hasta lafecha: todos los consejeros que integramos el gabinete del lehendakariUrkullu somos empleados públicos. De muy diferente formación académica,
  7. 7. 7es verdad -entre nosotros hay médicos, juristas, ingenieras, arquitectas yhasta químicas- y de distintos niveles administrativos, también esto esverdad -los funcionarios autonómicos compartimos consejo con efectivosdependientes de la Administración local, foral y universitaria-, peroempleados públicos al fin y al cabo.El dato me parece muy significativo de cara a situar la posición de esteGobierno en relación con el servicio público. Todos sus miembrospertenecemos a la función pública y hemos crecido profesionalmente en elámbito del servicio público. El servicio público constituye nuestro humusvital y vocacional. De manera que cuando nuestro periplo por la políticatoque a su fin, regresaremos orgullosos a nuestros respectivos puestos detrabajo a retomar las funciones que están expresadas en las monografíascorrespondientes: a enseñar, a curar enfermos, a tramitar expedientes o aelaborar informes jurídicos.Creo que con esta base de partida, queda irremisiblemente abocado alfracaso todo intento de atribuir al Ejecutivo de Urkullu una suerte deanimosidad connatural con respecto al servicio público, que le llevaría aprocurar su destrucción. Resulta sencillamente absurdo predicar algo así deun gabinete integrado por profesionales de la función pública.Este Gobierno cree en la función pública. En una función pública puesta alservicio del ciudadano, que sintonice con la sociedad y genere valor. En unafunción pública útil y comprometida con la idea del servicio, que no seapercibida como una rémora, sino como un bien colectivo que aporta a losciudadanos y a las empresas las prestaciones públicas que unos y otrasdemandan para poder ejercer en plenitud sus derechos y libertades. En unafunción pública que, lejos de encastillarse en una torre de marfil, viva el díaa día en estrecha sintonía con la sociedad. En una función públicaprofesional, moderna, transparente, productiva e íntegra, que sea modélicadesde el punto de vista ético.Este modelo de función pública, que mira más a los espejos situados en elnorte que a los reflejos que proceden del sur, tiene dos enemigos. Uno deellos es el tradicional, que siempre ha combatido lo público con el propósitode suplantarlo, suprimir los controles y convertir las prestaciones socialesen un nicho para el negocio privado. Es un enemigo que siempre se hacenotar en tiempos de crisis como los que vivimos. No es preciso esforzarsemucho para encontrar declaraciones públicas que apuntan en esta dirección.Recuerdo, sin esforzarme demasiado, unas palabras poco afortunadas delpresidente de la CEOE, Joan Rosell, en las que se hacía un comentariolacerante sobre los empleados públicos que, a su juicio, estarían mejor ensu casa, y otras, más recientes, pronunciadas por Esperanza Aguirre, en lasque la ex presidenta de Madrid postulaba abiertamente y sin tapujos,“reducir, privatizar y [hasta] suprimir el sector público”.Pero el modelo de función pública al que he hecho referencia tiene tambiénun segundo enemigo. Un enemigo más sutil, pero no por ello menospernicioso. Un enemigo que, bajo la apariencia formal de defender lafunción pública contribuye, con frecuencia, a socavar su credibilidad yconsideración social. Me refiero al frente de los que se empeñan en
  8. 8. 8convertir a los empleados públicos en la caricatura sobre la que Forgesdibuja sus viñetas más corrosivas. Una caricatura esperpéntica, tejida deabulia, apatía, y negligencia. Una caricatura en la que sobresalen laprebenda, la canonjía y el trato privilegiado. La nefasta caricatura que seplasma en el lema: “Vuelva usted mañana”.Por lo demás, la Administración vasca, no es, ni mucho menos, la estructuraelefantiásica y desmesurada que algunos discursos se empeñan en hacernosver. Bastarán cuatro datos para comprobarlo. Si el Estado español se sitúaentre los cinco países de la UE-15 que menor número de empleadospúblicos tienen por cada mil habitantes, con una media de 57,6, Euskadi,pese a los cuatro niveles institucionales que a algunos tanto alarman -elEstado, la CA, los TTHH y los entes locales- ocupa el duodécimo lugar deentre las diecisiete CCAA, en este mismo indicador. Se sitúa, pues, en laparte baja de la tabla, con 51,5 empleados públicos por cada 1000habitantes. Seis puntos por debajo de la media española y muy por debajode comunidades como Extremadura, con 86,8; o Andalucía, con 60. Encualquier caso, nada desproporcionado, sobre todo si se tiene en cuentaque es una de las pocas CCAA que cuentan con un cuerpo policialautonómico, dotado con efectivos propios.Tampoco es la institución esencialmente corrupta que a veces se refleja enalgunas publicaciones. Según un estudio recientemente elaborado por elCGPJ sobre el número de causas relacionadas con tipos penalesmayoritariamente relacionados con las AAPP, en Euskadi sólo se registran 7causas de este tipo, frente a comunidades como Andalucía con 541 casos,Valencia con 200, Madrid, con 153, Canarias con 149 o Cataluña con 128.Se me dirá que 7 siguen siendo muchas; que lo que se impone en esteámbito es la tolerancia cero. Y estoy de acuerdo con ello. Pero considero tanjusto como necesario hacer notar la diferencia. Por debajo de Euskadi, enesta lista, sólo se encuentra La Rioja, con cuatro causas registradas.Se ha hablado mucho, aunque no siempre con el necesario rigor, de laexcesiva complejidad del sistema institucional vasco y de las duplicidades,solapamientos e ineficiencias que ello genera. ¿He dicho mucho? ¿Sí? Puescorrijo. Quería decir muchísimo. Se ha hablado muchísimo. Tanto, quealgunos lo han convertido en un auténtico mantra. Pero el tratamiento quese le está dando a este tema, induce a sospechar que se trata más de unlema de combate contra este Gobierno y el partido que lo sustenta, que unplanteamiento serio. El pasado 24 de enero, el Parlamento vasco acordóconstituir una ponencia para abordar esta cuestión. De esto hace ya cuatromeses, pero hasta ahora nadie se ha remangado para poner en marcha laponencia. Eso sí, hay grupos parlamentarios que semana tras semanaacusan al Gobierno de no querer afrontar este asunto, como si fuera elculpable de que la ponencia no se haya constituido aún. Está claro que sesienten más cómodos zahiriendo al Gobierno, que resolviendo, en laponencia, dónde están exactamente las duplicidades que denuncian y cuálesson, en consecuencia, las unidades administrativas y los servicios que sehan de suprimir.En fin, otro tópico del debate público nos sitúa ante la escasa productividadque se atribuye a las administraciones públicas, en comparación con la que,
  9. 9. 9al parecer, acredita el sector privado. Se trata de un asunto muy delicado,cuyo cabal desarrollo requeriría varios desayunos como este. Soy partidario-lo digo sin ambages- de aplicar en las AAPP vascas las técnicas deevaluación de normas, de políticas públicas y de desempeño del trabajo quese han ensayado con éxito en otros ámbitos. Pero creo que, ni siempre esposible medir la actividad del sector público en términos de productividad -piénsese en la diplomacia o en los servicios de extinción de incendios- niresulta factible comparar la productividad de organizaciones que desarrollanactividades esencialmente distintas, como son las públicas y las privadas.En cualquier caso, creo necesario hacer notar que la eficacia y eficiencia delas AAPP vascas está fuertemente condicionada por la legislación básica delEstado, que encorseta férreamente su organización, su funcionamiento y elrégimen de su personal. No es fácil mejorar el rendimiento de unainstitución, cuyas bases organizativas, cuyo personal y cuyosprocedimientos han de sujetarse a lo establecido en una norma dictada porun tercero.Como empleados públicos que somos, los miembros de este Gobiernosabemos que el argumento más convincente radica en el ejemplo. Obrasson amores y no buenas razones. De ahí que el gabinete presidido por ellehendakari Urkullu arrancase, hace dos meses, con un patente gesto deausteridad. Se constituyó sobre la estructura más reducida de cuantas haconocido el Gobierno vasco desde su refundación en 1980: un lehendakari yocho consejeros. Esta apuesta por la sobriedad se ha proyectadoigualmente sobre el resto de las estructuras políticas del Ejecutivo, dondese ha operado una reducción del 20% de los altos cargos y el personal deconfianza. Todavía hay gente que no se lo cree. Los grupos de la oposicióncreen que ocultamos alguna carta y no paran de hacer preguntas y desolicitar información, convencidos de que antes o después descubrirán lafarsa. Pero no hay tal. En la reducción de altos cargos no hay trampa nicartón. Tenemos que hacer lo mismo que el Gobierno anterior con un 20%menos de altos cargos y personal de confianza.Pero no solo vamos a menguar de una manera considerable la estructurapolítica del Gobierno. Nos hemos comprometido, también, a reducir en unporcentaje similar el conjunto del entramado institucional, fundacional yempresarial, vinculado, dependiente o adscrito a la Administración matrizvasca. Para el verano tendremos elaborado un plan de redimensionamientoque remitiremos al Parlamento.Y siguiendo con el ejemplo, el próximo día 28 aprobaremos un nuevoCódigo Ético y de Conducta que fijará, desde parámetros más ambiciososque el actualmente vigente, las pautas de comportamiento que habrán derespetar los altos cargos y el personal de confianza del Gobierno.JUSTICIALa Justicia constituye una pieza esencial de todo Estado democrático. Nohay democracia sin una administración de justicia que garantice una tutelajudicial efectiva, accesible y rápida y asegure una defensa eficaz de los
  10. 10. 10derechos de la ciudadanía y, en especial, de los colectivos másdesfavorecidos y vulnerables.Pero sería una presunción por mi parte, trasladar a la audiencia la impresiónque la Administración de Justicia en Euskadi está regulada, ordenada ygobernada por el Departamento que tengo el honor de dirigir. Nada máslejos de la realidad. La Administración de Justicia constituye unacompetencia exclusiva del Estado y el Poder Judicial, según establece laConstitución, es uno y único, a nivel estatal, correspondiendo su gobierno alConsejo General del Poder Judicial.¿Y qué es -se me preguntará- lo que entre tantos y tan relevantes actorespúblicos corresponde desarrollar al Gobierno vasco?Lo que el Tribunal Constitucional definió hace ya varios lustros como la“administración de la administración de justicia”. Una expresión singular enla que algunos vieron un eufemismo que aspiraba a dignificar una atribuciónirrelevante y otros vieron un sarcasmo que pretendía hacer escarnio,enfatizando el carácter residual de la competencia.Al amparo de dicha atribución, el Departamento que dirijo se ocupa dediseñar, organizar y dotar, en coordinación con los colectivos interesados,por supuesto, la oficina judicial, la oficina fiscal y el Instituto Vasco deMedicina Legal.La amplia parcelación de competencias que tiene lugar en el ámbito de laAdministración de Justicia hace imprescindible poner en marcha cuantoantes la Comisión Autonómica de Calidad, con el fin de fomentar, implantary cumplir, con los objetivos de calidad en cada uno de los partidosjudiciales, mediante la necesaria colaboración y coordinación entre losagentes implicados.Durante la presente legislatura, trabajaremos en la consolidación yestabilización de la nueva estructura organizativa en aquellos partidosjudiciales en los que ya se ha implantado la nueva oficina judicial, así comoposibilitar las implantaciones pendientes.Consideramos oportuno proponer al Gobierno español modificacioneslegislativas que posibiliten la participación directa del Gobierno Vasco en eldiseño de la planta judicial y las programaciones anuales y creación dejuzgados en Euskadi así como y otra encaminada a que nos permita realizaruna gestión integral del personal transferido.Sobre este último aspecto me gustaría destacar la necesidad de incorporara los Secretarios judiciales al personal trasferido toda vez que la NuevaOficina Judicial debe seguir una línea homogénea tanto en la planificacióncomo en la ejecución de las funciones que tiene atribuida la Administraciónde Justicia en la Comunidad Autónoma.El motivo no obedece exclusivamente a una cuestión identitaria o dereivindicación nacionalista como he tenido ocasión de referirme conanterioridad en relación a la transferencia en materia de instituciones
  11. 11. 11penitenciarias sino a una cuestión de eficacia y eficiencia en la organizaciónde los recursos públicos que repercute sin dudad en la calidad del servicioque se presta al usuario.La vertiente social del Departamento se seguirá haciendo patente en loscentros educativos situados en el ámbito de la Justicia Juvenil y en elcapítulo de la Justicia Gratuita, que garantiza el acceso a la Justicia a laspersonas que carezcan de recursos para litigar.Y en fin, no quisiera concluir mi intervención sin hacer una referencia anuestro compromiso con la mediación, como fórmula de autocomposición,alternativa a la judicial, para resolver los conflictos jurídicos. Se trata deuna fórmula idónea para ámbitos como el familiar, el civil o el mercantil,donde el coste afectivo de los pleitos puede quebrar relaciones que convienemantener. Será un reto sugestivo promover en la sociedad vasca eldesarrollo de una institución que apenas es conocida entre nosotros,aunque goza de gran predicamento en Europa, donde desempeña unrelevante papel social.Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarriabesterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango dabaliozkoa.Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionalesde los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el oradoraunque estuviere aquí escrito.

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