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Word de delitos de propiedad industrial

delitos de propiedad

Word de delitos de propiedad industrial

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UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO
FACULTAD DE DERECHO Y EDUCACION
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
ALUMNOS:
 KAREN HERNANDEZ CALLE
 DARWIN HUAMAN RIOJAS
 ROXANA LÓPEZ DÍAZ
 LESLY PEREZ CRISTANTO
 KEREN QUISPE MUÑOZ.
DOCENTE:
FRANCISCO CASTAÑEDA RAMOS.
CURSO:
DERECHO PENAL ECONOMICO
CICLO:
XI
AÑO:
2021
INTRODUCCIÓN
La propiedad industrial, en la actual sociedad del conocimiento, se constituye como
elemento fundamental para el desarrollo económico-social al impulsar la creatividad
y el ingenio de los creadores mediante un sistema internacional y estatal, que los
protege y les da las herramientas necesarias para luchar contra la mediocridad y la
imitación desleal. Este sistema internacional y estatal busca que las personas y las
instituciones vuelquen su saber, talento y habilidades, en invenciones, en nuevos
productos o procesos, que podrían mantener oculto, al servicio de la sociedad. Las
organizaciones productivas y de servicios encuentran protección y amparo para el
desarrollo de sus actividades comerciales en las normas de propiedad industrial,
pues éstas les confieren los derechos básicos y la estructura jurídica adecuada para
que alcancen sus fines de desarrollo tecnológico y competitividad en un ambiente
de sana competencia. Sobre esta base, las organizaciones crean empleos
sostenibles y duraderos para los trabajadores.
Asimismo, las mencionadas normas de propiedad industrial proveen las
herramientas jurídicas para evitar que la piratería u otras prácticas de competencia
desleal y fraude comercial impidan, limiten o distorsionen el desarrollo de
actividades comerciales dentro de la ley y las prácticas comerciales habituales. En
la sociedad actual, la propiedad industrial proporciona a los comerciantes e
inversionistas, seguridad jurídica para el desarrollo de actividades de comercio e
inversión; es decir, los empresarios tienen el amparo de la ley para iniciar y
desarrollar sus actividades industriales y comerciales, con la seguridad que el
esfuerzo que realicen no va a ser “aprovechado por terceros de modo indebido”. En
toda sociedad, la actividad económica – comercial se desarrolla dentro de la buena
fe comercial, la seguridad jurídica y la transparencia en las reglas. Difícilmente
alguna sociedad podría desarrollarse en un mercado inseguro, donde cualquiera se
apropie de lo ajeno; donde los titulares de derechos de propiedad industrial se
encuentren bajo la sospecha que su esfuerzo podría ser explotado sin su
autorización por un tercero.
Todo pueblo o nación que ha fomentado y promovido la industria, el comercio y la
inversión se ha desarrollado y enriquecido por haber eliminado las barreras u
obstáculos al comercio nacional e internacional. Actualmente el mundo se
caracteriza por la vigencia de tratados multilaterales como los que rigen la
Organización Mundial del Comercio – OMC, que comprenden numerosos países
del mundo. La puesta en marcha de procesos de integración regional y sub-regional
de los Estados facilitan la movilidad de los recursos económicos y humanos entre
los países que los integran, eliminando requisitos y trámites para el traslado de las
personas y mercancías de un país a otro por motivos turísticos, de educación o de
mercado de trabajo. También se van eliminado los obstáculos y trabas para la
inversión extranjera y la instalación de empresas de capital extranjero en el territorio
de terceros países.
El aspecto jurídico de la propiedad industrial más importante, para el consumidor,
es que constituye una garantía de los productos o servicios en el mercado (nuevos
productos o servicios con tecnología nueva) e informan que corresponden con el
origen empresarial y la calidad deseada. Para los inventores, empresarios y titulares
de los derechos de propiedad industrial, constituye un estímulo a su esfuerzo, a la
investigación y a la creación; asimismo, fomenta que la producción industrial, que el
comercio y la distribución de productos y servicios se realice conforme a la ley, con
los símbolos que identifican y diferencian los productos o servicios, evitando
confusiones y engaños en el mercado.
El grado de desarrollo no es obstáculo para poner en marcha una política de
fomento de las inversiones y el comercio exterior. Los países en desarrollo pueden
lograr acuerdos bilaterales o multilaterales, que contengan normas en materia de
propiedad industrial y acuerdos para su incorporación a tratados multilaterales sobre
la materia, con la finalidad de robustecer la legislación, crear condiciones para
promover la transferencia de tecnología y lograr el enriquecimiento de su capital
humano mediante la educación. Estas condiciones para ser aprovechadas
requieren que los ciudadanos, las instituciones, los gobiernos, los empresarios y los
trabajadores tengan claridad en las ventajas que se obtienen, los puntos sensibles,
la forma de participar activamente para lograr los beneficios alcanzables, etc.
El presente artículo está referido a exponer el marco jurídico de propiedad industrial,
señalando las normas vigentes en el Perú, que regulan un conjunto de derechos
que permiten a un individuo o grupo de individuos, asociaciones e instituciones, el
ejercicio de los derechos sobre los elementos de propiedad industrial creados contra
las usurpaciones y los usos ilícitos de terceros. Estos derechos tienen una
estructura peculiar porque recaen sobre bienes inmateriales por lo que forman parte,
junto con los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual. Los
derechos de autor, así como los de propiedad industrial tutelan creaciones
intelectuales y confieren a sus titulares un derecho de exclusiva por un tiempo
limitado. Por tanto, las normas de propiedad industrial que constituyen el objeto del
presente estudio son las que recaen sobre los siguientes dominios: Las creaciones
de la invención técnica como patentes y modelos de utilidad; Creaciones puramente
formales de aplicación industrial como los dibujos y modelos industriales; Signos
distintivos de carácter mercantil, que sirven para identificar y diferenciar productos
o servicios y actividades empresariales, tales como las marcas, nombres
comerciales, lemas comerciales, así como indicaciones geográficas. El ámbito del
trabajo abarca las normas en materia de propiedad industrial de la legislación
nacional, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN y de los convenios bilaterales
y multilaterales suscritos por el Perú.
Aspectos generales
La propiedad industrial comprende las patentes de invención, certificados de
protección, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, secretos
industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas de productos y
de servicios, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales
lemas comerciales, y denominaciones de origen, tal como se desprende del artículo
3° del Decreto Legislativo 1075. Sin embargo, solo son objeto de amparo penal las
patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y las marcas
registradas, se deja de lado los nombres comerciales, los lemas comerciales, y las
denominaciones de origen, no se sabe en realidad porque su indebida utilización o
fabricación no son susceptibles de tutela punitiva, cuando su efectiva
materialización puede también provocar perjuicios significativos a los titulares de
dichos derechos.
Primeramente, se debe acaecer que es una “violación a las normas y derechos de
propiedad industrial” por ello es que se califica a estos tipos penales como “normas
penales en blanco”. La calidad de “patente” de una invención por parte de la
autoridad administrativa, por ejemplo, otorga a su titular una serie de derechos,
entre estos, impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención
patentada, constituye entonces una premisa fundamental, de que el autor haya
vulnerado la normatividad sobre propiedad industrial.
Segundo punto a saber es que la “gravedad del delito” y “el valor de los perjuicios
ocasionado”, como se desprende del tenor literal del primer párrafo del artículo 222°
del CP. Importan criterios a tomar en cuenta por el juzgador, al momento de la
determinación judicial de la pena, por lo que nada tiene que ver con los elementos
de tipicidad penal. En consecuencia, la relevancia “jurídico penal” de la conducta
requiere la causación efectiva de un perjuicio económico en la persona del sujeto
pasivo, que a su vez puede dar lugar a un enriquecimiento de la persona del sujeto
activo, en tanto se apunta a una valoración del perjuicio ocasionado. Dicha
determinación en la materialidad del injusto, permite delimitar la zona de
intersección con las infracciones administrativas.
Ahora bien, los verbos nucleares que, de verse en todos los tipos delictivos,
constituyen el almacenamiento, la fabricación, la utilización con fines comerciales,
la oferta, la distribución, la importación o exportación, en todo o en parte de todos
aquellos productos que el legislador ha descrito en los incisos “a al f” del artículo
222°.
SISTEMAS DE DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL
1. Naturaleza del bien jurídico protegido
La propiedad industrial constituye una de las grandes ramas en que se divide
el Derecho de Propiedad intelectual. Esta rama tiene como objeto la
protección de los derechos que derivan de la titularidad de las invenciones,
marcas (en sus diversas clasificaciones), dibujos o modelos industriales,
nombres comerciales, denominaciones de origen y las indicaciones de
procedencia. Se ocupa también de la represión de la competencia desleal.
El artículo 2.8 de la Constitución Política, prevé como derecho de la persona,
el derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica,
así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. En igual
sentido el artículo 2 del D. Leg. 1075 (Régimen Común Sobre Propiedad
Industrial), asegura al titular del derecho, a acceder a los beneficios que la
ley confiere al derecho industrial registrado, sea que estén domiciliados en el
Perú o en el extranjero. Se protege el desarrollo del intelecto humano
aplicado a la industria. Con respecto a la doctrina en general, estos delitos
corresponden a la naturaleza de delitos socioeconómicos. En efecto, la
propiedad industrial concede a su titular un derecho exclusivo de
aprovechamiento de lo registrado. Con esto el aspecto individual se ve de
alguna manera corroborado. Pero no se trata solamente de un interés
individual ni meramente económico, más bien se trata de algo distinto, algo
que tiene elementos de la propiedad y otros derivados del marco específico
en el cual se ejerce el derecho sobre esta propiedad (un marco de
competencia). Se protege un bien jurídico sui generis de carácter económico
pero con fuerte contenido individual: La propiedad industrial (derecho de
explotación exclusiva del producto del derecho intelectual debidamente
inscrito).
2. PROTECCIÓN JURÍDICA Y CONTENIDO DEL DERECHO A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
El marco normativo orientado a proteger el contenido del derecho a la
propiedad industrial, está conformado por el D. Leg. 1075 (Régimen Común
Sobre Propiedad Industrial) (27 junio 2008) que derogó la Ley de propiedad
industrial; D. Leg. No 823 (24 abril 1996). Es requisito el previo registro ante
INDECOPI. La protección reconocida por la ley, recae, entre otros, sobre los
elementos constitutivos de la propiedad industrial que se detallan en la
norma: Patentes de invención. Certificados de protección. Patentes de
modelos de utilidad. Diseños industriales. Secretos empresariales.
Esquemas de trazado de circuitos integrados. Marcas de productos y de
servicios. Marcas colectivas. Marcas de certificación. Nombres comerciales.
Lemas comerciales. Denominaciones de origen.
3. Protección penal
 Fabricación o uso no autorizado de patente………………Artículo 222
 Clonación o adulteración de terminales de telefonía
celular…..Artículo 222-A
 Uso o venta no autorizado de diseño o modelo industria
Artículo 223
 Intervención e incautan...… Artículo 224
 Tipicidad agravada……....… Artículo 225
4. Fabricación o uso no autorizado de patente
El bien jurídico protegido es la propiedad industrial. En esta modalidad el
sujeto activo es genérico. El sujeto pasivo lo será el titular del derecho de
propiedad intelectual: El mismo inventor, las personas a las que cede el
derecho e incluso a sus causa-habientes. Esta modalidad delictiva implica
una acción de comisión, cuyo desvalor se centra en la trasgresión de los
derechos de explotación que se generan a partir de la expedición del
respectivo título. Resulta típica así, la conducta de quien en violación de las
normas y derechos de propiedad industrial, y teniéndose en consideración la
gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, almacene,
fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o
exporte, en todo o en parte:
a. Un producto amparado por una patente de invención o un producto
fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una
patente de invención obtenidos en el país. Se entiende por patente el
título por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación al
titular de una invención dentro del territorio nacional. Se otorgaran
patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en
todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial (cuando su objeto
puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria,
entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva).
El registro de patentes se encuentra a cargo de INDECOPI. No serán
patentables: a) La invenciones contrarias al orden público, a la moral o a
las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente
contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la
preservación de los vegetales; o, a las preservación del medio ambiente,
c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente
biológicos para su obtención; d) Las invenciones relativas a productos
farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la
OMS.
b. Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país.
Conforme a la norma que rige la Propiedad Industrial, se concederá
patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o
disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un

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Word de delitos de propiedad industrial

  • 1. UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO FACULTAD DE DERECHO Y EDUCACION "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" ALUMNOS:  KAREN HERNANDEZ CALLE  DARWIN HUAMAN RIOJAS  ROXANA LÓPEZ DÍAZ  LESLY PEREZ CRISTANTO  KEREN QUISPE MUÑOZ. DOCENTE: FRANCISCO CASTAÑEDA RAMOS. CURSO: DERECHO PENAL ECONOMICO CICLO: XI AÑO: 2021 INTRODUCCIÓN
  • 2. La propiedad industrial, en la actual sociedad del conocimiento, se constituye como elemento fundamental para el desarrollo económico-social al impulsar la creatividad y el ingenio de los creadores mediante un sistema internacional y estatal, que los protege y les da las herramientas necesarias para luchar contra la mediocridad y la imitación desleal. Este sistema internacional y estatal busca que las personas y las instituciones vuelquen su saber, talento y habilidades, en invenciones, en nuevos productos o procesos, que podrían mantener oculto, al servicio de la sociedad. Las organizaciones productivas y de servicios encuentran protección y amparo para el desarrollo de sus actividades comerciales en las normas de propiedad industrial, pues éstas les confieren los derechos básicos y la estructura jurídica adecuada para que alcancen sus fines de desarrollo tecnológico y competitividad en un ambiente de sana competencia. Sobre esta base, las organizaciones crean empleos sostenibles y duraderos para los trabajadores. Asimismo, las mencionadas normas de propiedad industrial proveen las herramientas jurídicas para evitar que la piratería u otras prácticas de competencia desleal y fraude comercial impidan, limiten o distorsionen el desarrollo de actividades comerciales dentro de la ley y las prácticas comerciales habituales. En la sociedad actual, la propiedad industrial proporciona a los comerciantes e inversionistas, seguridad jurídica para el desarrollo de actividades de comercio e inversión; es decir, los empresarios tienen el amparo de la ley para iniciar y desarrollar sus actividades industriales y comerciales, con la seguridad que el esfuerzo que realicen no va a ser “aprovechado por terceros de modo indebido”. En toda sociedad, la actividad económica – comercial se desarrolla dentro de la buena fe comercial, la seguridad jurídica y la transparencia en las reglas. Difícilmente alguna sociedad podría desarrollarse en un mercado inseguro, donde cualquiera se apropie de lo ajeno; donde los titulares de derechos de propiedad industrial se encuentren bajo la sospecha que su esfuerzo podría ser explotado sin su autorización por un tercero. Todo pueblo o nación que ha fomentado y promovido la industria, el comercio y la inversión se ha desarrollado y enriquecido por haber eliminado las barreras u obstáculos al comercio nacional e internacional. Actualmente el mundo se caracteriza por la vigencia de tratados multilaterales como los que rigen la Organización Mundial del Comercio – OMC, que comprenden numerosos países del mundo. La puesta en marcha de procesos de integración regional y sub-regional de los Estados facilitan la movilidad de los recursos económicos y humanos entre los países que los integran, eliminando requisitos y trámites para el traslado de las personas y mercancías de un país a otro por motivos turísticos, de educación o de mercado de trabajo. También se van eliminado los obstáculos y trabas para la inversión extranjera y la instalación de empresas de capital extranjero en el territorio de terceros países.
  • 3. El aspecto jurídico de la propiedad industrial más importante, para el consumidor, es que constituye una garantía de los productos o servicios en el mercado (nuevos productos o servicios con tecnología nueva) e informan que corresponden con el origen empresarial y la calidad deseada. Para los inventores, empresarios y titulares de los derechos de propiedad industrial, constituye un estímulo a su esfuerzo, a la investigación y a la creación; asimismo, fomenta que la producción industrial, que el comercio y la distribución de productos y servicios se realice conforme a la ley, con los símbolos que identifican y diferencian los productos o servicios, evitando confusiones y engaños en el mercado. El grado de desarrollo no es obstáculo para poner en marcha una política de fomento de las inversiones y el comercio exterior. Los países en desarrollo pueden lograr acuerdos bilaterales o multilaterales, que contengan normas en materia de propiedad industrial y acuerdos para su incorporación a tratados multilaterales sobre la materia, con la finalidad de robustecer la legislación, crear condiciones para promover la transferencia de tecnología y lograr el enriquecimiento de su capital humano mediante la educación. Estas condiciones para ser aprovechadas requieren que los ciudadanos, las instituciones, los gobiernos, los empresarios y los trabajadores tengan claridad en las ventajas que se obtienen, los puntos sensibles, la forma de participar activamente para lograr los beneficios alcanzables, etc. El presente artículo está referido a exponer el marco jurídico de propiedad industrial, señalando las normas vigentes en el Perú, que regulan un conjunto de derechos que permiten a un individuo o grupo de individuos, asociaciones e instituciones, el ejercicio de los derechos sobre los elementos de propiedad industrial creados contra las usurpaciones y los usos ilícitos de terceros. Estos derechos tienen una estructura peculiar porque recaen sobre bienes inmateriales por lo que forman parte, junto con los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de autor, así como los de propiedad industrial tutelan creaciones intelectuales y confieren a sus titulares un derecho de exclusiva por un tiempo limitado. Por tanto, las normas de propiedad industrial que constituyen el objeto del presente estudio son las que recaen sobre los siguientes dominios: Las creaciones de la invención técnica como patentes y modelos de utilidad; Creaciones puramente formales de aplicación industrial como los dibujos y modelos industriales; Signos distintivos de carácter mercantil, que sirven para identificar y diferenciar productos o servicios y actividades empresariales, tales como las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, así como indicaciones geográficas. El ámbito del trabajo abarca las normas en materia de propiedad industrial de la legislación nacional, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN y de los convenios bilaterales y multilaterales suscritos por el Perú. Aspectos generales
  • 4. La propiedad industrial comprende las patentes de invención, certificados de protección, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas de productos y de servicios, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales lemas comerciales, y denominaciones de origen, tal como se desprende del artículo 3° del Decreto Legislativo 1075. Sin embargo, solo son objeto de amparo penal las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y las marcas registradas, se deja de lado los nombres comerciales, los lemas comerciales, y las denominaciones de origen, no se sabe en realidad porque su indebida utilización o fabricación no son susceptibles de tutela punitiva, cuando su efectiva materialización puede también provocar perjuicios significativos a los titulares de dichos derechos. Primeramente, se debe acaecer que es una “violación a las normas y derechos de propiedad industrial” por ello es que se califica a estos tipos penales como “normas penales en blanco”. La calidad de “patente” de una invención por parte de la autoridad administrativa, por ejemplo, otorga a su titular una serie de derechos, entre estos, impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada, constituye entonces una premisa fundamental, de que el autor haya vulnerado la normatividad sobre propiedad industrial. Segundo punto a saber es que la “gravedad del delito” y “el valor de los perjuicios ocasionado”, como se desprende del tenor literal del primer párrafo del artículo 222° del CP. Importan criterios a tomar en cuenta por el juzgador, al momento de la determinación judicial de la pena, por lo que nada tiene que ver con los elementos de tipicidad penal. En consecuencia, la relevancia “jurídico penal” de la conducta requiere la causación efectiva de un perjuicio económico en la persona del sujeto pasivo, que a su vez puede dar lugar a un enriquecimiento de la persona del sujeto activo, en tanto se apunta a una valoración del perjuicio ocasionado. Dicha determinación en la materialidad del injusto, permite delimitar la zona de intersección con las infracciones administrativas. Ahora bien, los verbos nucleares que, de verse en todos los tipos delictivos, constituyen el almacenamiento, la fabricación, la utilización con fines comerciales, la oferta, la distribución, la importación o exportación, en todo o en parte de todos aquellos productos que el legislador ha descrito en los incisos “a al f” del artículo 222°. SISTEMAS DE DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL
  • 5. 1. Naturaleza del bien jurídico protegido La propiedad industrial constituye una de las grandes ramas en que se divide el Derecho de Propiedad intelectual. Esta rama tiene como objeto la protección de los derechos que derivan de la titularidad de las invenciones, marcas (en sus diversas clasificaciones), dibujos o modelos industriales, nombres comerciales, denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Se ocupa también de la represión de la competencia desleal. El artículo 2.8 de la Constitución Política, prevé como derecho de la persona, el derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. En igual sentido el artículo 2 del D. Leg. 1075 (Régimen Común Sobre Propiedad Industrial), asegura al titular del derecho, a acceder a los beneficios que la ley confiere al derecho industrial registrado, sea que estén domiciliados en el Perú o en el extranjero. Se protege el desarrollo del intelecto humano aplicado a la industria. Con respecto a la doctrina en general, estos delitos corresponden a la naturaleza de delitos socioeconómicos. En efecto, la propiedad industrial concede a su titular un derecho exclusivo de aprovechamiento de lo registrado. Con esto el aspecto individual se ve de alguna manera corroborado. Pero no se trata solamente de un interés individual ni meramente económico, más bien se trata de algo distinto, algo que tiene elementos de la propiedad y otros derivados del marco específico en el cual se ejerce el derecho sobre esta propiedad (un marco de competencia). Se protege un bien jurídico sui generis de carácter económico pero con fuerte contenido individual: La propiedad industrial (derecho de explotación exclusiva del producto del derecho intelectual debidamente inscrito). 2. PROTECCIÓN JURÍDICA Y CONTENIDO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL El marco normativo orientado a proteger el contenido del derecho a la propiedad industrial, está conformado por el D. Leg. 1075 (Régimen Común Sobre Propiedad Industrial) (27 junio 2008) que derogó la Ley de propiedad industrial; D. Leg. No 823 (24 abril 1996). Es requisito el previo registro ante INDECOPI. La protección reconocida por la ley, recae, entre otros, sobre los elementos constitutivos de la propiedad industrial que se detallan en la norma: Patentes de invención. Certificados de protección. Patentes de modelos de utilidad. Diseños industriales. Secretos empresariales. Esquemas de trazado de circuitos integrados. Marcas de productos y de servicios. Marcas colectivas. Marcas de certificación. Nombres comerciales. Lemas comerciales. Denominaciones de origen. 3. Protección penal
  • 6.  Fabricación o uso no autorizado de patente………………Artículo 222  Clonación o adulteración de terminales de telefonía celular…..Artículo 222-A  Uso o venta no autorizado de diseño o modelo industria Artículo 223  Intervención e incautan...… Artículo 224  Tipicidad agravada……....… Artículo 225 4. Fabricación o uso no autorizado de patente El bien jurídico protegido es la propiedad industrial. En esta modalidad el sujeto activo es genérico. El sujeto pasivo lo será el titular del derecho de propiedad intelectual: El mismo inventor, las personas a las que cede el derecho e incluso a sus causa-habientes. Esta modalidad delictiva implica una acción de comisión, cuyo desvalor se centra en la trasgresión de los derechos de explotación que se generan a partir de la expedición del respectivo título. Resulta típica así, la conducta de quien en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, y teniéndose en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte: a. Un producto amparado por una patente de invención o un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención obtenidos en el país. Se entiende por patente el título por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación al titular de una invención dentro del territorio nacional. Se otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial (cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva). El registro de patentes se encuentra a cargo de INDECOPI. No serán patentables: a) La invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a las preservación del medio ambiente, c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. b. Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país. Conforme a la norma que rige la Propiedad Industrial, se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un
  • 7. mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que no tenía. No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, gravado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético. c. Un producto amparado por un diseño industrial registrado en el país. A tenor de la norma de Propiedad Industrial, se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. d. Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción, propagación o multiplicación. e. Un esquema de trazado (tipografía) registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore tal circuito semiconductor. f. Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país. Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Desde la perspectiva de su tipicidad subjetiva, se trata de un tipo doloso de comisión. 5. Clonación o adulteración de terminales de telefonía celular.
  • 8. (Artículo 222-A). Conforme a lo especificado en el tipo, se reclama un sujeto activo genérico. El tipo no reclama condición especial. El sujeto pasivo lo será el titular del derecho o el usuario del servicio de telefonía móvil. Esta modalidad representa una acción de comisión dolosa. A los fines de la Ley, serán considerados “terminal celular” los siguientes equipos: radios y teléfonos celulares inalámbricos, y cualquier otro instrumento, fijos o móviles, aptos para ser utilizados en: i) servicio radioeléctrico de concentración de enlaces; (ii) servicio de telefonía fija local inalámbrica; (iii) servicio de radiocomunicación móvil celular; (iv) servicio de telefonía móvil; (v) servicio de comunicaciones personales; (vi) servicio de tercera generación; y (vii) cualquier otro servicio prestado o a prestarse, que conlleve para el cliente, la utilización de un terminal celular. Asimismo, y por “tarjeta de telefonía”, se entenderá todo crédito emanado por un licenciatario de telecomunicaciones mediante el cual el usuario o adquirente pueda solventar el costo de las comunicaciones que establezca. La tarjeta de telefonía podrá ser pre o post- paga, virtual o física. Los verbos rectores que representan la acción: alterar, reemplazar, duplicar o modificar un número de línea, o de serie electrónico, o de serie mecánico de un terminal celular, de modo tal que pueda ocasionar perjuicio al titular o usuario del mismo así como a terceros. Por otra parte, la alteración o reemplazo de los números de serie (electrónicos o mecánicos) que identifican a cada terminal celular, son acciones que fomentan el tráfico clandestino de estos equipos, perjudicando a los propietarios de los mismos. De igual modo, a través de la utilización ilegítima de terminales celulares se afecta al tesoro público, que deja de percibir el correspondiente impuesto, y fundamentalmente, la confianza de los usuarios que esperan tener un servicio de telecomunicaciones al que tienen derecho y que satisfaga sus necesidades. El tipo de manifiesta eminentemente doloso. De acuerdo a su ubicación delictiva, el objeto de protección jurídico penal lo será la propiedad industrial. Pero, por lo dicho, el tipo aparece pluriofensivo, donde incluso no aparece claro que la tipificación pertinente sea en este capítulo donde se protege el derecho a la propiedad industrial. En este sentido, dando un repaso de los antecedentes fácticos que rodean al fenómeno de la “clonación de teléfonos” y la “adulteración de tarjetas de telefonía”, se advierte que las maniobras de esta naturaleza ponen en peligro y lesionan principalmente la seguridad y privacidad que necesariamente debe rodear al servicio de comunicación a través de terminales celulares y tarjetas de telefonía. Siendo en realidad que se afecta al servicio de telecomunicaciones. Así, el BienJurídico que subyace a maniobras que impliquen la alteración, reemplazo o duplicación de un número de línea y/o de serie de una terminal celular, está constituido fundamentalmente por la “seguridad y correcto funcionamiento del servicio de telefonía móvil celular”. En igual sentido, como ya quedó expresado, la duplicación de números de línea lleva ínsita también la posibilidad de que el
  • 9. autor de tal acción esté en condiciones de interceptar clandestinamente el contenido de las comunicaciones telefónicas entabladas por el titular y usuario del terminal celular afectado. Tal circunstancia supone un serio riesgo para la “privacidad” de las comunicaciones telefónicas mantenidas vía celular, que pondría en grave riesgo la solvencia de este medio de comunicación. Otro tanto ocurre con la conducta de quien alterare, reemplazare o duplicare cualquier componente de una tarjeta de telefonía, y/o acceda a los códigos informáticos de habilitación de créditos con el objeto de utilizar el crédito emanado por un licenciatario de telecomunicaciones, puesto que tal conducta afecta no sólo al usuario (que adquirió la tarjeta), sino también pone en riesgo el funcionamiento de este medio de pago alternativo, que hoy en día se encuentra en pleno auge dada la situación económica del país. En este último caso, nos encontraríamos ante conductas lesivas de la seguridad de las comunicaciones establecidas por medio del uso de “tarjetas de telefonía”, así como también del patrimonio del usuario que adquirió tal soporte magnético como medio para realizar comunicaciones telefónicas a menor costo.
  • 10. 6. Uso o venta no autorizada de diseño o modelo industrial Tipo contenido en el artículo 223: Serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de las normas y derechos de propiedad industrial: a. Fabriquen, comercialicen, distribuyan o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas; b. Retiren o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas originales para utilizarlos en productos de distinto origen; y c. Envasen y/o comercialicen productos empleando envases identificados con marcas cuya titularidad corresponde a terceros.” El bien jurídico protegido es la propiedad industrial. Conforme a su característica típica, el sujeto activo es genérico. El sujeto pasivo es el titular del derecho de propiedad intelectual: El mismo inventor, las personas a las que cede el derecho e incluso a sus causa-habientes. Conforme a su característica, la acción típica se representa como una de acción de comisión, cuyo desvalor se centra en la trasgresión de los derechos de explotación que se generan a partir de la expedición del respectivo título. Resulta típica así, la conducta de quien en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, y teniéndose en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados: a. Fabriquen, comercialicen, distribuyan o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas; b. Retiren o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas originales para utilizarlos en productos de distinto origen; y c. Envasen y/o comercialicen productos empleando envases identificados con marcas cuya titularidad corresponde a terceros. Se trata de un tipo doloso de comisión. 7. Intervención e incautación
  • 11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 224; En los delitos previstos en este capítulo se procederá a la incautación preventiva de los ejemplares y materiales, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito y, de ser el caso, de los activos y cualquier evidencia documental, relacionados al ilícito penal. De ser necesario, el Fiscal pedirá autorización al Juez para leer la documentación que se halle en el lugar de la intervención, en ejecución de cuya autorización se incautará la documentación vinculada con el hecho materia de investigación. Para la incautación no se requerirá identificar individualmente la totalidad de los materiales, siempre que se tomen las medidas necesarias para que durante el proceso judicial se identifiquen la totalidad de los mismos. En este acto participará el representante del Ministerio Público. Asimismo, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, ordenará el allanamiento o descerraje del local donde se estuviere cometiendo el ilícito penal. En caso de emitirse sentencia condenatoria, los ejemplares, materiales ilícitos, aparatos y medios utilizados para la comisión del ilícito serán comisados y destruidos, salvo casos excepcionales debidamente calificados por la autoridad judicial. En ningún caso procederá la devolución de los ejemplares ilícitos al encausado. 8. Tipicidad agravada Conforme a lo establecido por el artículo 225, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con noventa a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 4): a. Si el agente que comete el delito integra una organización criminal destinada a perpetrar los ilícitos previstos en el presente capítulo. b. Si el agente que comete cualquiera de los delitos previstos en el presente capítulo, posee la calidad de funcionario o servidor público.
  • 12. ACTOS DE URSUPACION Formas agravadas: Usurpación de derechos autorales y conexos (contenidas en el artículo 220 del Código penal) El artículo 220 del Código penal, modificado por la tercera disposición final del Decreto Legislativo N° 822, LDA (publicado el 24 de abril de 1996) recoge la usurpación de derechos autorales y conexos: 2.1. Atribuir falsamente la calidad de titular, originario o derivado, de cualquiera de los derechos protegidos en la legislación del derecho de autor y derechos conexos y, con esa indebida atribución, obtenga que la autoridad competente suspenda el acto de comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación, producción, emisión o de cualquier otro de los bienes intelectuales protegidos Solo al titular de un derecho de autor o conexo le corresponde el derecho de realizar, autorizar o prohibir actos de comunicación, reproducción o distribución de una obra, interpretación, producción, emisiónu otro bien susceptible de protección por la LDA. En el presente caso tenemos que el autor no sólo comete el supuesto descrito en el artículo 219 del Código penal sino que logra además que la autoridad competente suspenda el acto de comunicación, lo que da una imagen, como precisa Abanto Vásquez, de “fraude procesal”. 2.2. Realizar actividades propias de una entidad de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos, sin contar con la autorización debida de la autoridad administrativa competente Cuando se tiene en cuenta que una obra puede ser comunicada públicamente en lugares tan diversos (restaurantes pubs, discotecas, radio, televisión, hoteles, vuelos aéreos, etc.) tanto a nivel nacional como internacional, es fácil ver la gran dificultad que supondría controlar el uso de la obra y recaudar los derechos correspondientes. Justamente para salvar estas dificultades han sido creadas las sociedades de gestión colectiva. Según el inciso 42 del artículo 2 de la LDA, se trata de “asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas para dedicarse en
  • 13. nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor o cotitulares de estos derechos, y que hayan obtenido de la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- la autorización de funcionamiento que se regula en la ley. La condición de sociedades de gestión se adquirirá en virtud de dicha autorización. Las funciones de una sociedad de gestión colectiva se pueden resumir en cuatro: a) conceder autorizaciones a los usuarios para la explotación de las obras; b) fijar la remuneración que debe pagar el usuario por el uso de las obras; c) recaudar la remuneración por la explotación de las obras; y d) distribuir entre los titulares de los derechos las remuneraciones recaudadas. La presente agravante, supone la realización de actividades propias de una entidad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos sin contar con la autorización de la respectiva autoridad administrativa. Si bien la labor de las entidades de gestión colectiva es, sin duda, importante, por ejemplo, en la recaudación de regalías, ello, no parece ser argumento suficiente como para afirmar e invocar la intervención penal en dicho ámbito. Asimismo, cabe objetar la incorrecta identificación del bien jurídico, Reyna Alfaro no ve afectación alguna a los derechos intelectuales, sino más bien a la función administrativa del Estado en la protección de éstos, de allí que esta figura puede convergir con los delitos de falsedad documental o estafa. En nuestro país contamos con las siguientes entidades de gestión colectiva: AsociaciónPeruana de Autores y Compositores (APDAYC), AsociaciónNacional de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (ANAIE), Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO), Asociación Peruana de Artistas Visuales (APSAV) y la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales del Perú (EGEDA). 2.3. El que presente declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos; asistencia de público; repertorio utilizado; identificación de los autores; autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares producidos, vendidos o distribuidos gratuitamente o toda otra adulteración de
  • 14. datos susceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares del derecho de autor o conexos Las cuestiones relacionadas a las certificaciones de ingresos, asistencia de público, etc., no parece que contengan un grado de desvalor suficiente como para invocar la intervención penal. En todo caso, las figuras penales de la falsedad documental y la estafa pueden permitir una punición efectiva. 2.4. Cometer el delito integrando una organización destinada a perpetrar plagio Esta agravante se fundamenta en la pertenencia a una organización destinada a cometer plagio; sin embargo, existe también la figura de la asociación ilícita para delinquir, prevista en el artículo 317 del Código penal, de allí que pueda darse un concurso de delitos. No importa, a efectos de aplicar la presente agravante, la función que en la organización cumpla el sujeto activo, dará lo mismo entonces que se trate del jefe de la organización o que sea un simple cooperador secundario. 2.5. Si el agente que comete plagio, posee la calidad de funcionario o servidor público Esta agravante se fundamenta en la condición del sujeto activo. La no vinculación “función pública-delito contra los derechos de autor” es un error que deberá ser corregido de lege ferenda. Sujeto activo El tipo penal no exige que el autor del delito goce de alguna condición o cualidad especial; por tanto, será sujeto activo del ilícito penal de plagio cualquier persona susceptible de atribuírsele conductas delictivas, o mejor, cualquiera que tenga capacidad para asumir responsabilidad penal. Es preciso indicar que el inciso e del artículo 220 del Código penal centra como circunstancia agravante del delito de plagio el hecho de que el agente del ilícito penal posea la calidad de funcionario o servidor público.
  • 15. Sujeto pasivo El sujeto pasivo de la conducta viene a ser el autor o titular de una obra protegida; puede darse el caso de una obra en coautoría. Una persona jurídica es susceptible también de convertirse en sujeto pasivo del delito de plagio, en el caso de que exista cesión de derechos de autor a una empresa editora, por ejemplo. También pueden ser considerados agraviados, los herederos, los causahabientes del autor que también tienen derecho patrimonial. TIPICIDAD SUBJETIVA De la estructura del tipo penal se evidencia con claridad meridiana que se trata de un delito de comisión dolosa. La conducta ha de ser intencionada, no siendo suficiente el dolo eventual. Ello significa que el agente debe tener conciencia y voluntad de que está difundiendo una obra como propia, en todo o en parte, reproduciendo o copiando textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena. No es posible que las conductas analizadas se materialicen en la realidad concreta por actos culposos. Tampoco aparece alguna modalidad del hecho punible de plagio cuando determinada persona la cometa por una casualidad o en forma circunstancial no preparada; es decir, no cabe la imprudencia o el caso fortuito. La creencia de que la obra es de dominio público excluye la responsabilidad criminal, al igual que si el sujeto entiende erróneamente que le asiste un derecho a la obra de que se trate. GRADOS DE DESARROLLO DEL DELITO: CONSUMACIÓN Y TENTATIVA El delito se consuma cuando el sujeto activo difunde la obra cuya titularidad se irroga o irroga a terceros; es decir, se consuma con el hecho que contraviene los intereses del autor; no es necesario aquí un perjuicio patrimonial, basta cualquier afectación a alguna de las facultades que la ley atribuye a aquel. Los momentos previos a la fase de difusión de la obra sólo serán castigados en grado de tentativa.
  • 16. Con frecuencia será difícil poder conocer cuando estamos ante un supuesto de plagio o simplemente se trata de una copia a un autor que, a su vez, no ha hecho sino refundir la obra de otros autores, por lo que tampoco es original. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los campos del saber están hoy tan avanzados que casi la totalidad de las obras que se presumen plagiadas no son más que una recopilación del saber de otros. Con demasiada frecuencia los trabajos que aparecen como de investigación no son sino de divulgación, normalmente a través de una ingente relación de autores y notas de lo que ya hicieron otros. El consentimiento del titular del derecho en cuestión excluye la tipicidad. Asimismo, el artículo 41 de la LDA enumera una serie de actos de comunicación –cuando dos o más personas tienen o pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares – que no requieren autorización del autor, ni están sujetos al pago de remuneración alguna: cuando se realicen en un ámbito exclusivamente doméstico; las efectuadas en el curso de actos oficiales o ceremonias religiosas; las verificadas con fines exclusivamente didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza. En estos tres casos, la comunicación no deberá perseguir o traducir un fin lucrativo o interés económico. Asimismo, están permitidos los actos de comunicación realizados dentro de los establecimientos comerciales que tengan un fin demostrativo de equipos de sonido o para la venta de soportes sonoros o audiovisuales. El artículo 43 de la LDA contiene diversos supuestos de reproducción lícita sin autorización del autor: la reproducción de artículos o breve extractos de obras que se realicen para la enseñanza o realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y se haga conforme a los usos honrados; la reproducción por fotocopias de breves fragmentos o de obras agotadas para uso exclusivamente personal; la reproducción de obras, con fines de conservación o sustitución, que tenga por fin preservar los ejemplares de bibliotecas o archivos públicos; la reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas; la reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en espacios abiertos (calles, plazas, fachada exterior de edificios) por medio de un arte diverso al empleado para la elaboración del original; los préstamos efectuados por
  • 17. bibliotecas o archivos; la reproducción de obras de ingenio para uso privado de invidentes efectuados en sistema Braille u otro procedimiento específico. Igualmente, el artículo 45 de la LDA establece como límites del derecho de explotación: la difusión con fines informativos de imágenes o sonidos de obras vistas u oídas en acontecimientos de actualidad (verbigracia, conciertos, exposición de obras de arte); la difusión de los discursos, disertaciones, alocuciones, sermones y obras similares que, a título informativo, sean difundidos por la prensa; la emisión por radiodifusión, por cable o cualquier otro medio de la imagen de una obra arquitectónica, plástica, de fotografía o de arte aplicado, que se encuentren situadas permanentemente en un lugar abierto al público. La LDA señala otras excepciones al derecho de autor, algunas de las cuales son: apuntes o grabaciones de lecciones impartidas por profesores de universidades, institutos superiores y colegios (artículo 42); citas de obras lícitamente divulgadas, con expresa indicación del nombre del autor y fuente, citas que serán realizadas según los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga (artículo 44); la copia de resguardo o seguridad de un programa de ordenador (artículo 74). Respecto a este tema, es importante resaltar la Ejecutoria Superior de la Sala Penal de Apelaciones Para Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 05 de junio de 1998, en el expediente N° 969-08: “El hecho de que existan similitudes en las concordancias de las normas legales no indica que éstas hayan sido plagiadas, en razón de que por la naturaleza de las normas, éstas no pueden ser variadas; siendo potestad del editor utilizar la diagramación, diseño, montaje y los demás aspectos para su mejor edición. En consecuencia el hecho de haber similitud con el Código penal cuyo autor es el agraviado, no acredita el plagio”. Debe notarse cierta yuxtaposición entre el ilícito penal y el ilícito administrativo, lo que parece difícil de evitar si se tiene en cuenta que estamos ante dos sistemas de protección, pero con un único objeto de tutela. Sin embargo, se debe tener en cuenta la mayor dañosidad que debe comportar un delito con relación a la mera infracción administrativa, esto es, el mayor grado de injusto. El Derecho Penal sólo
  • 18. debe proteger las conductas más graves, como aconseja el principio de intervención mínima. PENALIDAD El artículo 220 del Código penal reprime con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y noventa a trescientos sesenta y cinco días-multa, como formas agravadas del delito de plagio.
  • 19. CONCLUSIONES 1) La Propiedad Intelectual, es aquella que está relacionada con los derechos intangibles. Son denominados: “Derechos intelectuales”. Son una categoría especial de derechos subjetivos, de contenido complejo (patrimonial y moral a la vez), en cuya virtud los autores de obras artísticas, científicas y literarias y los inventores y descubridores se ven reconocidos en el goce de las consecuencias económicas que se derivan de su creación y en el señorío sobre las relaciones intangibles que lo vinculan a la misma. 2) La doctrina discute sobre la ubicación de los delitos contra los derechos de autor: ¿son o no son delitos económicos? Es innegable que el “derecho de autor”, como atributo de la personalidad es un interés individual. No obstante, en la vida moderna actual adquiere tal magnitud por su vinculación estrecha con el funcionamiento del sistema de economía de mercado, que su protección interesa no solamente al individuo, sino a toda la colectividad. 3) Los derechos morales reconocidos por la ley, son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles (a la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus herederos, mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposición legal en contrario (Art. 21). Conforme a la ley, son derechos morales: El derecho de divulgación; El derecho de paternidad; El derecho de integridad; El derecho de modificación o variación; El derecho de retiro de la obra del comercio; y, El derecho de acceso. 4) En nuestro sistema penal, el bien jurídico protegido es “el derecho de autor”, conceptualizado como el derecho que tiene toda persona a la protección de los intereses morales y económicos que surgen de su producción intelectual. No se trata de un interés particular propiamente, sino de la protección del interés general a la producción intelectual que posibilita el desarrollo social. 5) El autor es titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, de orden moral y patrimonial. Se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona natural que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. (Arts. 10 y 11 Ley de Derecho de Autor). Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo, el ejercicio de los derechos corresponderá a la persona natural o jurídica que la divulgue con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad y justifique su calidad de tal, caso en que quedarán a salvo los derechos ya adquiridos por terceros (Art. 12 Ley de Derecho de Autor).
  • 20. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  Abanto Vásquez, M. (2000) “Derecho Penal Económico. Parte Especial”. IDEMSA. Lima.  Álvarez Romero, C (1969). “Significado de la Publicación en el Derecho de la Propiedad Intelectual”. Centro de Estudios Hipotecarios. España.  Antequera Parrilli, R. y Ferreyros Castañeda, M. (1996) “El Nuevo Derecho de Autor en el Perú”. Lima, Perú.  Bajo Fernández, M. (1996) Derecho Penal Económico: Desarrollo Económico, Protección Penal y Cuestiones Político Criminales”, en: “Derecho Penal Económico y de la Empresa”. Edit. San Marcos. Lima.