1.
Crónica de España
56 - 57
El Gobierno hace
frente a la gestión de
Euskadi y Cataluña
El Gobierno central se enfrenta a dos procesos soberanistas en Euskadi y Cataluña. En un proceso
de paz bloqueado tras dos años del cese definitivo de ETA, abordando la memoria, las consecuencias de la violencia y la gestión de los presos, las expectativas del derecho a decidir en Euskadi se
alejan. Mientras, Cataluña presiona con convocar una consulta, cuya fecha aún no está determinada, pero que genera controversia, en caso de que se produzca, por el rechazo de parte de su población, su posición futura en la Unión Europea y el impacto que podría tener en su economía. Ante
los intentos soberanistas de la Generalitat se plantea desde los ámbitos conservadores la posibilidad
de abordar una tercera vía que paralice la secesión de España.
por Josune Murgoitio
@josmurgui
EL PROCESO DE EUSKADI
“La clave es esperar a la sentencia de
Estrasburgo para saber qué dicta sobre la doctrina Parot y a que ETA responda a las recomendaciones del Foro
Social con pasos en el desarme para
ver si el proceso avanza”, explicaba
una fuente conocedora de los entresijos del conflicto vasco.
El último Informe del Observatorio
Social, elaborado y hecho público el pasado septiembre por Lokarri –Red Ciudadana para el Acuerdo, la Consulta y
la Reconciliación-, mostró un “descenso
de la percepción positiva del proceso de
paz” en los ciudadanos, que valoraron,
a través de un cuestionario, la actual situación política y social dotándola de un
5,05 de puntuación en comparación con
un 7,7 sobre 10 puntos que los ciudadanos dieron a la Conferencia de Paz de
Aiete, que reunió a interventores internacionales que invitaron a ETA a anunciar
el cese definitivo de la actividad armada
en el año 2011.
Dos años después de que la organización terrorista respondiera a aquella
invitación anunciando dicho cese definitivo y apostando por vías exclusivamente pacíficas, la quietud del proceso
de paz es innegable y muchos encuestados alertaron de que “no es una prioridad política” o consideraron que “no
hay voluntad de afrontarlo”.
El coordinador de Lokarri, Paul
Ríos, ha explicado a Orden y Ley que
la solución al actual bloqueo del proceso de paz sería que “ETA y el Gobierno
[central] tomasen decisiones unilaterales por considerarlas positivas para el
proceso de paz. Es difícil que ocurra,
especialmente, por parte del Gobierno
que parece ha tomado la decisión de no
contribuir”, lamentaba Paul Ríos, “tendría que haber un acuerdo amplio entre

2.
ORDEN Y LEY
los partidos políticos con participación
ciudadana que establezca las bases
para solucionar los principales problemas. No se me ocurre otra manera para
tener la legitimación suficiente para
que Gobierno [central] y ETA hagan
algo nuevo”, explicaba Ríos.
En este mismo sentido, fuentes consultadas insistieron en que el Gobierno
central no piensa mover ficha y dado el
impacto de la crisis económica en Euskadi el proceso no tiene expectativas de
que vaya a desarrollarse con rapidez.
“El pacto del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular se ha centrado en sacar los
presupuestos e intentar resolver la cuestión del desempleo”, añadía la fuente
consultada que alertaba de que tras las
últimas detenciones de los 18 dirigentes
de Herrira “la izquierda abertzale está
parada, a la espera de que se produzca
el fallo de Estrasburgo y ver si ETA
mueve ficha”.
PENDIENTES DE ESTRASBURGO
“Estrasburgo apoya tumbar la `Parot´ y liberar a 64 etarras y 6 violadores”, titulaba el diario La Razón,
a mediados de octubre, y subtitulaba
la noticia con “preocupación del Gobierno”. El diario ABC hacía lo propio y titulaba una publicación como
“Estrasburgo, dividido, se decanta por
liquidar la `doctrina Parot´” y reiteraba la preocupación del Ejecutivo de
Mariano Rajoy de que la inminente
sentencia del Tribunal de Derechos
GUARDIA CIVIL
Humanos de Estrasburgo derogara la
doctrina Parot -regulación legislativa
que alarga la condena a presos por terrorismo al no aplicar beneficios penitenciarios sobre el cómputo máximo
de la pena establecida, sino al hacerlo sobre la pena máxima establecida
para cada uno de los delitos que constituyen la condena- .
El pasado 10 de julio de 2012, el
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por haber
aplicado de manera retroactiva la doctrina 197/2006 a Inés del Río, etarra
encarcelada que tenía que haber sido
liberada el pasado 3 de julio de 2008
pero que al aplicarle la denominada
doctrina ‘Parot’ continuó encarcelada.
El Estado español recurrió y la causa
tuvo lugar el pasado 20 de marzo.
Ante las informaciones que los diarios publicaron, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, manifestó
que “es vinculante” pero que hay violaciones de derechos en el mundo que
“merecen más atención”. El director
general de la Guardia Civil, Arsenio
Fernández de Mesa, recomendó que
antes de tomar una decisión se pensase
en los muertos ocasionados por ETA y
en los familiares que tienen a sus seres
queridos “bajo tierra”.
La Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), liderada por Ángeles Pedraza, y que aglutina a 4.000
víctimas aproximadamente, aconsejó
que “a la espera de lo que diga Estrasburgo, España tiene que mantenerse
firme y no permitir que decenas de te-
Paul Ríos, de Lokarri. (Foto: EP).
Independencia y socialismo es una reivindicación que se plasma en una de las paredes de la localidad guipuzcoana de Mondragón.
(Foto: J.Murgoitio).

3.
Crónica de España
58 - 59
rroristas queden en libertad de un día
para otro sin cumplir lo que en su día
dictaminó un tribunal”.
El pasado 12 de septiembre se
cumplió un año de la excarcelación
del preso Bolinaga que se produjo por
su cáncer terminal. La AVT denunció
que “los doce meses solo han servido
para comprobar la humillación diaria que su libertad ha supuesto para
las víctimas del terrorismo”. En este
sentido, la asociación destacó que ha
sido “un año en el que hemos visto
cómo por primera vez un preso era
liberado pese al criterio de la forense
de la Audiencia [Nacional], cómo era
aclamado por proetarras a su llegada,
cómo paseaba sin problemas tomando vinos por los bares de Mondragón
y cómo decía en una grabación que
no estaba en absoluto arrepentido ni
pedía perdón a sus víctimas”.
Desde la Asociación se alertaba
de que “para derrotar a ETA hace falta más que nunca que exista firmeza
institucional” es necesario que “los
terroristas cumplan íntegramente sus
condenas” y para ello un “instrumento
fundamental es la `doctrina Parot`”.
DETENCIONES DE HERRIRA
La operación policial que el Gobierno central llevó a cabo contra los 18
dirigentes de Herrira, el pasado 30 de
septiembre, por pertenecer a la “cúpula dirigente” de ETA, según el Ministerio del Interior, causó sorpresa y
rechazo en gran parte de la sociedad
vasca. En la nota de prensa hecha pública por el Ministerio, se afirmaba
que Herrira ocupaba “el vacío organizativo dejado por las ilegalizadas
Gestoras pro Amnistía y Askatasuna
para continuar manteniendo el control y la cohesión de los presos” y,
según el Gobierno, Herrira decidía “a
qué presos se les realiza un acto de
homenaje a su salida de la cárcel y a
quienes no, dependiendo de su pertenencia o no al colectivo de presos de
ETA (EPPK)”. El Juez Eloy Velasco,
instructor del caso, precintó las cuatro sedes de Herrira y ordenó cerrar
38 páginas web, 32 perfiles de Twitter
Dirigentes de Herrira detenidos por la Guardia Civil el 30 de septiembre. (Foto: Ministerio del Interior).
y 125 en Facebook, según los datos
hechos públicos en la nota de prensa
del Ministerio del Interior.
“Suena a viejo y rancio, algo que
pensábamos que no iba a ocurrir nunca
más”, admitía Paul Ríos al preguntarle
su opinión sobre una operación policial cuyas características no se habían
apreciado en el transcurso del proceso de paz. “Herrira trabajaba con la
izquierda abertzale, lo han entendido
como un ataque y los pasos de ETA se
han detenido”, interpretaba la fuente
consultada. “Es una operación disparatada. Se les detiene por organizar homenajes, si organizar un homenaje es
un delito, entonces detén a las personas que lo han organizado, resulta además que el Tribunal Supremo ha dicho
en varias ocasiones que un homenaje
en el que no se grite `Gora ETA´ no es
un delito”, explicaba Ríos.
La operación policial se justificó
también en el “control” que supuestamente Herrira realizaba “en las cárceles para que los presos adopten soluciones individuales cuando resulta

4.
ORDEN Y LEY
GUARDIA CIVIL
El Gobierno exige a la banda terrorista ETA que entregue las armas y anuncie su disolución. (Foto: Getty).
que Herrira es uno de los grupos que
ha apoyado las recomendaciones del
Foro Social para llegar a una solución
integral con pasos individuales”, añadía el coordinador de Lokarri. “Puede
ser muy discutible lo que Herrira hace,
pero yo los he visto comprometidos
con el proceso de paz y las decisiones
que ha habido en la izquierda abertzale
para avanzar en vías exclusivamente
pacíficas. A mí me resulta, todavía más
grave que el Gobierno haya tomado
una decisión así”, concluía.
CONSENSOS BÁSICOS
Desde el entorno de la izquierda
abertzale, y tras las últimas declaraciones de Arnaldo Otegi, líder encarcelado por el caso Bateragune, cuya
condena es rechazada por una amplia
mayoría en Euskadi, se interioriza la
idea de construir una vía política en
Euskadi para avanzar en el desbloqueo del proceso de paz: crear consensos básicos para forzar a cada una
de las partes a que aporten. “ETA
tardó mucho tiempo en poner fin a
la violencia y siempre la justificaba
en que el Gobierno [central] era un
opresor”, relataba el coordinador de
Lokarri, “ETA siempre olvidaba que
no puede defender a una sociedad utilizando unos medios que esa sociedad
no quiere que se usen”.
Por parte del Gobierno central, Paul
Ríos adelantaba que “tendría que haber
cambiado la política penitenciaria porque
se lo había pedido el Parlamento Vasco, el
Gobierno Vasco y la mayoría de los partidos, pero ha hecho caso omiso”.
“No demandamos que el resto de
fuerzas políticas compartan nuestro
punto de vista pero, al mismo tiempo,
no aceptamos que tengamos que renegar de nuestra trayectoria de lucha
y asumir el relato de los opresores”,
señalaba el último comunicado de la
organización terrorista ETA, hecho
público a través del diario Gara el pasado 28 de septiembre con motivo de
la celebración del Gudari Eguna.
ETA calificó de “justa y legítima”
su lucha porque “ha ayudado a la supervivencia de Euskal Herria y a mantener abierta la puerta de la libertad”.
“ETA tiene un problema de exceso a
la hora de hablar porque tiene partes
que son muy interesantes en clave de
reconciliación, pero en cuanto añade
ese punto de `no nos arrepentiremos
nunca del pasado´ crea más confusión
y motivos para que haya gente molesta
y enfadada”, interpretaba el coordinador de Lokarri.
Renegar de su trayectoria de “lucha”
y no querer asumir el relato “de los opresores” creó malestar en la mayoría de
los partidos políticos que reaccionaron
insistiendo en la disolución de la organización terrorista, a excepción de Bildu
que lo interpretó como una tentativa de
“tender la mano a la paz”.
ETA se mostró dispuesta a abordar
un proceso en el que se reconozca “la
verdad, el sufrimiento y las responsabilidades de cada cual”, y animaba, dada
la actitud de los estados español y francés de imponer en “todos los terrenos”
y negarse a “abordar vías dialogadas de
solución al conflicto vasco”, crear vías
pacíficas en Euskadi: “un proceso popu-
lar que haga frente a todos estos ataques
y nos libere de una vez por todas de las
cadenas que nos sujetan”.
“El comunicado decía que ETA
quería que la sociedad empujara el
proceso pero no reniega de su daño”,
interpretaba una fuente. “Es un comunicado muy de consumo interno.
Desde el Foro Social hemos pedido
a los presos que reconozcan el daño
causado”, explicaba Paul Ríos que
admitía que en el último comunicado
se encuentra implícito el mensaje de
“reconocer el daño causado” pero no
queriendo arrepentirse “por si algún
miembro de ETA que está en la cárcel
o fuera dice que va a haber un arrepentimiento o que se va a promover
desde la dirección que haya un arrepentimiento”.
DERECHO A DECIDIR
En el contexto de bloqueo del proceso de paz, a la espera de que el fallo
del Tribunal de Estrasburgo aliente
a la organización terrorista a dar pasos para avanzar en el desarme, improbable por la actitud del Gobierno
central que cree “no hay conflicto”,
opinaba Paul Ríos que añadía “no ven
que haya ningún beneficio electoral
y consideran que pueden gestionar la
actual situación sin más”, las expectativas de la izquierda abertzale de situar el derecho a decidir en el epicentro de la actual situación se complica,
a diferencia de Cataluña que insiste
en celebrar un referéndum y presiona
al Ejecutivo de Mariano Rajoy en su
posible secesión.

5.
Crónica de España
60 - 61
“Iñigo Urkullu se ha dado de plazo
en el 2020 para el derecho a decidir y la
izquierda abertzale está muy ocupada
con los presos y los juicios”, explicaba
una fuente conocedora de los entresijos del conflicto vasco que interpreta
que la situación de Euskadi y Cataluña
es muy diferente. “En Euskadi primero
tenemos que solucionar la cuestión de
la violencia y los presos”, adelantaba
la misma fuente.
En la presentación del libro Cuando la maldad golpea, el pasado 14 de
octubre en San Sebastián, el ex presidente del Gobierno José María Aznar
pidió públicamente “poner fin al desfalco de soberanía nacional” que están
llevando a cabo los nacionalismos. Sin
citar expresamente al País Vasco y a
Cataluña, Aznar aludió a que se pide
“lo imposible” y se provoca “el desguace de la nación y el Estado”.
El proceso soberanista anunciado
por el presidente de la Generalitat, Artur
Mas, presiona al Ejecutivo de Rajoy para
que acepte la celebración de una consulta o referéndum sobre el derecho a decidir, mientras el Gobierno central intenta
presionar a los empresarios en Cataluña
para que tomen distancia de Mas. La
población en Cataluña cuenta con adeptos al proceso soberanista, pero también
existen quienes rechazan una posible secesión de España.
CATALUÑA EN LA CALLE
“La alternativa de Rajoy es la ruptura.
Ruptura es que no haya consulta en
Cataluña. El camino que hemos emprendido es un camino sin retorno,
cuyo final, si el Gobierno central no lo
remedia, son unas elecciones plebiscitarias y una declaración unilateral
de independencia. Queremos que el
Estado tome conciencia de cuál es la
situación en Cataluña”, aseguraba una
fuente de la cúpula de Convergència
de Catalunya (CDC) tras la Diada Nacional que tuvo lugar el pasado 11 de
septiembre, una cadena humana que,
según el Gobierno catalán, congregó a
1,6 millones de catalanes, en estimaciones diferentes al Gobierno central
que la cifraba en 400.000.
A pesar de la expresión masiva en
pos del derecho a decidir, el liderazgo
de Artur Mas ha quedado seriamente
dañado después de perder 12 diputados en el Parlament y con ello la mayoría absoluta que requería “blindar”
el proceso soberanista. A pesar de ello,
la suma de Convergència i Unió (CiU),
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ICV-EUiA y Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) alcanza los 86
diputados en un Parlament que cuenta
con 135 escaños. En este sentido, lo
que para muchos supuso un fracaso de
CiU en las elecciones para otros no debería servir de excusa para paralizar el
proceso soberanista, pues la suma de
los 86 diputados muestra una mayoría
social a favor del derecho a decidir.
En contraposición con la masiva
concentración que se produjo en la Diada Nacional en apoyo al proceso soberanista que el Govern pretende llevar a
cabo, un menor número de personas se
concentró en la Plaza de Cataluña el día
12 de octubre, día de la Fiesta Nacional,
para responder a la pulsión soberanista
de la Generalitat. La concentración se
produjo a tres meses de que el Parlament
fijara fecha y pregunta para la consulta
por la secesión de Catalunya, aunque Artur Mas asegura en cada uno de sus actos
públicos que la consulta o el referéndum
de una posible secesión tendrá lugar el
próximo año.
El Ayuntamiento de Barcelona
cifró en 30.000 el número de personas que asistieron a la concentración,
mientras que la delegación del Gobierno lo elevó a 105.000 y la organización, bajo la plataforma `Som Catalunya. Somos España´, en cambio,
a 160.000 personas. Durante el acto
masivo también se extendió una bandera mixta de 100 metros y emblemas
europeos para enfatizar la voluntad de
que Cataluña siga formando parte de
la Organización Internacional. El portavoz de los convocantes, José Domingo, declaró que se había “demostrado
la obviedad de que muchos catalanes
nos sentimos españoles y no queremos
que esto cambie”.
“La mayoría silenciosa ha roto su silencio. La cadena humana independentista no es la única imagen de Cataluña”,
declaraba la presidenta de los populares
catalanes, Alicia Sánchez-Camacho.
“Estamos orgullosos de ser catalanes
pero que nadie nos lleve a romper la
convivencia. La `senyera`y la bandera
española están en el corazón de todos y
es más lo que nos une que lo que nos separaba”, añadía Camacho.
Mientras CiU y su socio de Gobierno Esquerra Republicana insistían en
la celebración de un referéndum que
permita a la ciudadanía decidir, Felip Puig, diputado en el Parlament y
El 12 de octubre, más de 100.000 personas se concentraron en la Plaza de Cataluña de
Barcelona bajo el lema ‘Som catalans, somos España’. (Foto: M.A.Moya).

6.
ORDEN Y LEY
El día de la Diada, miles de catalanes salieron a las calles de Barcelona para reivindicar la
independencia de Cataluña.
miembro de Convergència Democràtica de Catalunya, aseguró que prefería
una consulta pactada en 2015 antes de
forzar la máquina y adelantarla al año
2014, aunque el pacto CiU-ERC así lo
disponga. La presión de la Unión Europea se aceleró también al recordar
que cualquier secesión de una parte
del territorio de un estado miembro
implica su expulsión inmediata de la
Organización Internacional.
Las declaraciones de Puig sobre
retrasar la consulta expresaban las dudas que otros dirigentes nacionalistas
tienen porque consideran imposible o
muy difícil que la consulta pueda celebrarse si el Gobierno central recurre
ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de llevarla a cabo. Sin
embargo, desde ERC no se aceptó la
posibilidad de abrir una tercera vía y
declaró que “no tenemos que especular sobre ningún escenario alternativo
porque debilitamos la principal herramienta que tenemos, la consulta”.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, intentó aliviar, en el Comité
Ejecutivo del Partido Popular, el pasado 14 de octubre (dos días después
de la concentración en Barcelona del
día 12 de octubre) la inquietud de los
barones del PP, que reclamaban una
reforma del sistema de financiación
autonómico ante el temor de que Catalunya pudiera recibir una trato de
favor a cambio de que se intentara
frenar los planes soberanistas de Artur Mas. El presidente del Gobierno
aseguró que la revisión del sistema
“hay que hacerlo para todos, con todos”, y no “para favorecer a nadie”.
El Ejecutivo de Rajoy, presionado
por la supuesta contabilidad B del Partido Popular y centrado en lavar su imagen de los supuestos casos de corrupción que le salpican, así como rescatar
la confianza de ciudadanos golpeados
por el impacto de la crisis económica,
intentó por todos los medios tranquilizar a los presidentes populares autonómicos, después de que la líder del
PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho,
planteara limitar la solidaridad entre
los territorios, un principio esencial en
la Constitución española como una tercera vía a la situación de expectativa de
quiebra de Cataluña con España.
La presidenta de los populares
catalanes reclamó a su partido “liderazgo para dar alternativa, respuesta
GUARDIA CIVIL
y solución al problema de Catalunya,
porque las cosas no se pueden quedar como están y no podemos estar
sin hacer nada”. Por ello, Alicia Sánchez-Camacho propuso a su partido
como una tercera vía al problema
soberanista una “revisión profunda”
del modelo de financiación autonómica y una “nueva transición” para
detener la construcción del proceso
soberanista.
Sin embargo, la propuesta de
Sánchez-Camacho no contempla ni
un sistema como el concierto económico vasco ni la salida de Catalunya
del régimen común de la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades
Autónomas (LOFCA), sino que la propuesta de “revisión profunda” se basa
en limitar el principio de solidaridad
de Catalunya con el resto del Estado.
“No se pueden aportar grandes recursos a otras comunidades para pagar
subvenciones y, mientras estas bajan
impuestos, en Catalunya la presión fiscal es muy alta”, señalaba la presienta
de los populares.
“El PP siempre ha estado en contra del actual modelo de financiación,
pero la prudencia aconseja que se
cambie cuando sea posible hacerlo,
no en medio de una crisis sino en una
situación de crecimiento”, explicaba
la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en
su comparecencia ante los medios una
vez concluyó el Comité Ejecutivo.
Por su parte, el presidente del
Gobierno se comprometió a publicar las balanzas fiscales antes del
final del año, pero adelantó que la
reforma de financiación autonómica no podía hacerse en los próximos tres meses. “La financiación
ahora no toca”, aseguró el ministro
de Hacienda Cristóbal Montoro en
un intento de zanjar el debate. El
presidente de la Comunidad de Madrid, ante la expectativa frustrada
de hacerse con los Juegos Olímpicos 2020 y aliviar así la deuda
pública de la comunidad autónoma
que preside, defendió “una reforma
que acabe con las injusticias y las
incoherencias del modelo actual”
y lograr así un modelo “donde los
que más aportan no sean maltratados por el sistema de financiación y
se vean representados los intereses
de sus ciudadanos”.