30 POLITIKA Deia – Jueves, 13 de noviembre de 2014
Expertosevidencian
enelParlamentola
prácticadetorturas
Krakenberger, a la izquierda, en el Parlamento. Foto: Alex Larretxi
El PP estudiará el informe y el resto de grupos lo ven
comounpuntodepartidaparaprofundizarenestetema
Alberto Abaitua
GASTEIZ– Cuatro de los casi cua-
renta profesionales de la medici-
na, psiquiatría y psicología que,
a lo largo de cuatro años, han
completado un estudio sobre las
torturas comparecieron ayer en
el Parlamento Vasco para ratifi-
car la existencia de esta práctica
en el Estado español. El equipo
liderado por el portavoz de la aso-
ciación pro Derechos Humanos
Argituz, Andrés Krakenberger, y
en el que han tomado parte siete
entidades que van desde agentes
en favor de la prevención y la asis-
tencia hasta la UPV-EHU, recor-
dó en la Cámara los datos hechos
públicos por primera vez el pasa-
do septiembre.
Los mismos arrojaban un aná-
lisis detallado de 45 casos de per-
sonas que habían denunciado
haber sido sufrido torturas en vir-
tud de la legislación antiterroris-
ta entre los años 1982 y 2010. Los
expertos explicaron ante los gru-
pos parlamentarios que la apli-
cación del instrumento pericial
conocido como el Protocolo de
Estambul arrojó un resultado en
el que todos los entrevistados
obtenían un grado de credibili-
dad “consistente, muy consisten-
te o de máxima consistencia” en
sus denuncias.
Plasmada esta realidad sobre el
papel desde hace dos meses, y
refrescada ayer en la Comisión
de Derechos Humanos, tocaba
conocer la opinión de los parti-
dos. El PP se limitó a anunciar
por boca de su portavoz en este
foro, Cristina Ruiz, que estudia-
rán en profundidad el informe
facilitado. Más profusas resulta-
ron las valoraciones ofrecidas
desde el resto de bancadas, don-
de además de felicitar a los auto-
res del estudio, consideraron esta
herramienta como un punto de
partida para seguir profundizan-
do en todo lo que rodea a la prác-
tica de torturas.
INCOMUNICACIÓN El portavoz de
EH Bildu, Julen Arzuaga, opinó
que poner fin a la incomunica-
ción de los detenidos sería “la
mejor garantía” para que estos
casos no vuelvan a producirse en
el futuro. Además, planteó la
posibilidad de que el trabajo rea-
lizado por los expertos responsa-
bles del informe tenga continui-
dad a través de las instituciones
vascas, una tarea en la que podría
implicarse el futuro Instituto de
la Memoria.
Tanto Arzuaga como la repre-
sentante del PNV en la Comisión
de Derechos Humanos, Maribel
Vaquero, mostraron interés por
conocer qué papel podría jugar
el estudio en el devenir de un
posible juicio por torturas, una
hipótesis ante la que los compa-
recientes aseguraron que el infor-
me podría emplearse con “vali-
dez pericial”. Por parte del PSE,
Mikel Unzalu alabó el esfuerzo
llevado a cabo para “tratar de
combatir la lacra que supone la
tortura”, aunque diferenció la
situación que él mismo padeció
en este sentido durante el fran-
quismo con la actual. ●
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá. Foto:Efe
Javier Núñez
BILBAO– La Policía española no pro-
cederá a detener a la veintena de per-
sonas reclamadas por la jueza argen-
tina María Servini por crímenes
cometidos durante el franquismo, tal
y como había pedido Interpol de
Argentina. Se acoge para ello a una
resolución aprobada en 2010 que evi-
ta las extradiciones cuando afecten
a ciudadanos de un país miembro de
Interpol y este país “proteste” ante la
Secretaría General de Interpol con
sedeenLyon.Entrelaspersonasalas
que se reclamaba su detención se
encuentran los exministros Rodolfo
Martín Villa, Licinio de la Fuente y
FernandoSuárez,asícomoJoséUtre-
ra Molina, suegro del exministro de
Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
La sede general de Interpol ha
aceptado la petición de la oficina de
Interpol en el Estado español y no
ha aplicado a los reclamados el
conocido como distintivo rojo, que
implicaría que pasarían a ser perso-
nas buscadas internacionalmente
con una orden de arresto. En la
Asamblea de la Interpol de 2010 se
acordó seguir cooperando en solici-
tudes presentadas por países miem-
bros –como es el caso de Argentina–
“salvo en el caso de que la solicitud
se refiera a un ciudadano de otro
país miembro –en este caso España–
que proteste contra esta”. Este
supuesto es el que se ha aplicado con
la solicitud de arresto de estos acu-
sados por crímenes franquistas.
La orden de detención se emitió a
raíz de un escrito de la jueza María
Servini del pasado 4 de noviembre,
lo que llevó a la sección de Interpol
radicada en Argentina a cursar una
comunicación “muy urgente” a su
oficina de Interpol Madrid solicitan-
do la detención preventiva con fines
de extradición de las veinte perso-
nas investigadas por la magistrada
por crímenes cometidos durante el
franquismo.
Según consideraba ayer la Coordi-
nadora Estatal de Apoyo a la Quere-
lla Argentina (CEAQUA), personada
en la causa abierta en Buenos Aires,
una vez cursada y recibida la orden
de detención preventiva por parte
de las autoridades competentes, las
Fuerzas de Seguridad del Estado
español deberían proceder a la
detención de los reclamados para
ponerles a disposición del Juzgado
Central de Instrucción de la Audien-
cia Nacional que esté de guardia en
un plazo no superior a 24 horas.
De haberse procedido a la deten-
ción –que la Policía ya ha anuncia-
do que no llevará a cabo–, el Juzga-
do español debería después comu-
nicar su decisión al Juzgado Nacio-
nal en lo Criminal y Correccional
Federal número 1 de Buenos Aires,
que puede solicitar la extradición en
el plazo que determine. En caso de
ordenar una detención preventiva,
esta no puede prolongarse más allá
de cuarenta días si dentro de este
plazo no se presenta la solicitud de
extradición, según CEAQUA.
LEYDEAMNISTÍAAdemás de la deci-
sión de la Policía española de no
detener a las personas reclamadas
por la magistrada argentina, el
ministro español de Justicia, Rafael
Catalá, afirmó ayer en el Congreso
que, a su entender, la Audiencia
Nacional denegará una solicitud de
extradición de estas personas basán-
dose en la prescripción de los hechos
por los que son reclamados y en fun-
ción de la Ley de Amnistía promul-
gada en 1977.
Para negar la posibilidad de entre-
gar a la justicia argentina a las per-
sonas reclamadas por la jueza Ser-
vini, Catalá se refirió a la resolución
que emitió la Audiencia Nacional en
la que se rechazó la entrega a Argen-
tina del expolicía Juan Antonio Gon-
zález Pacheco Billy el Niño y el exca-
pitán de la Guardia Civil Jesús
Muñecas, de quienes la jueza Servi-
ni también reclamó su extradición
por crímenes del franquismo. “Hay
que estudiar la orden de Interpol,
pero por los antecedentes que tene-
mos de la Audiencia Nacional por
hechos similares, creo que la reso-
lución será equivalente a la que hubo
anteriormente, que es denegar la
entrega porque son delitos prescri-
tos en España y hay una Ley de
ElministrodeJusticiacreequenoseprocederáasuextradiciónaArgentina
Españaeludedeteneralos
acusadosporlajuezaServini
porcrímenesdelfranquismo