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PRESUPUESTOS 2019: MAS IMPUESTOS, CON CAMBIO DE CICLO.
Manfred Nolte
Hay que iniciar cualquier debate sobre los presupuestos generales del Estado,
recordando el hecho ampliamente omitido, de que tanto las comunidades
autónomas como las corporaciones locales gozan de plena autonomía financiera
para decidir y aprobar sus propios presupuestos. En España, además del
presupuesto del Estado existen los presupuestos de las administraciones
territoriales que no están en manos del gobierno central. Lo que ahora se somete
a trámite parlamentario en Madrid es la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado, esto es aquella parte de los presupuestos públicos referidos
exclusivamente a la Administración Central.
Para valorar el alcance de esta salvedad hay que comparar la cuantía del gasto
público consolidado en España con el que ahora se presenta a votación de sus
señorías. El gasto no financiero del Estado alcanzará los 325.000 millones de
euros en 2019, mientras que el presupuesto consolidado de las tres
administraciones se estima en 504.000 millones, una cifra superior en un 55% a
la que se debatirá en las Cortes el próximo mes de febrero.
Dicho lo cual podemos volver al encabezamiento de la columna. Los presupuestos
de Sánchez elevan un 5,3% el gasto, apoyado en un incremento del 7,9% en los
ingresos hasta los 316.000 millones, un nivel record nunca alcanzado en España,
y la mayor subida porcentual en siete años. Las nuevas medidas recaudatorias
prevén aumentar los ingresos en 5.600 millones de euros, aportando la evolución
cíclica 14.000 millones adicionales, hasta llegar a un incremento de la
recaudación total de 20.000 millones de euros. Y todo ello en un escenario
confirmado de desaceleración económica al triple nivel nacional, europeo y
mundial.
Comencemos por los gastos. Es evidente que cualquier insensato puede hacer
más cosas con más dinero. Las nuevas iniciativas presupuestarias no tienen por
qué ser las mejores, ni siquiera buenas o necesarias ni tampoco las que
contribuyan a solventar problemas urgentes o a aumentar la eficiencia del

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sistema. Existe un sentimiento generalizado de que las administraciones públicas
no son un dechado de gestión y se extiende la sospecha, a veces probada, de que
son sujeto de derroches y aun fraudes y perversiones. De ahí que, aunque sea poco
rentable desde el punto de vista político, el Estado debería realizar sin descanso
un esfuerzo veraz para reducir conceptos de gasto público ineficientes o
innecesarios. Vana recomendación.
Pero sigamos. Los políticos olvidan frecuentemente que existe a largo plazo un
principio de equilibrio presupuestario en virtud del cual ninguna economía puede
permitirse gastar de forma reiterada más de lo que ingresa. Gastos e ingresos
públicos están llamados a ser similares o registrar un ligero superávit, una hucha
con la que hacer frente a futuras adversidades. Si se incumple por un periodo
prolongado ese principio de equivalencia presupuestaria, el mayor gasto deberá
financiarse apelando a uno de los siguientes tres recursos: mayores y nuevos
impuestos con nuevas y mayores cuotas, mayores ingresos impositivos derivados
del aumento de bases imponibles, consecuencia de la evolución positiva en el
ejercicio de las bases (evolución cíclica) o mayor endeudamiento público.
Dado que el déficit fiscal planteado en el nuevo cuadro macroeconómico del
gobierno es del 1,3% % del PIB, las cuentas públicas nacen con el reconocimiento
explicito de una nueva y recurrente apelación al endeudamiento del Tesoro. Esta
cifra se acumulará a la pesada losa existente de la deuda total que representa
cerca del cien por cien de la producción final de toda la economía española. De
incumplirse el objetivo de déficit -extremo de alta probabilidad- el
endeudamiento se acrecentaría en el importe equivalente.
Centrándonos en el capítulo de los ingresos la crítica fundamental se centra en la
naturaleza procíclica que caracteriza en una coyuntura bajista a la decisión de
subir impuestos: alzas en el IRPF básicamente a las rentas más altas, Sociedades
y cotizaciones sociales, Incrementos del tipo de patrimonio y del diésel más las
nuevas figuras como la tasa google o la de transacciones financieras. Los
presupuestos deben cumplir con una función anticíclica paralela a la
redistributiva y social, según la cual en coyunturas adversas o simplemente
desaceleradas no es ortodoxo -más bien resulta claramente heterodoxo- elevar
impuestos.
Pero es que además todos los impuestos son tóxicos y distorsionantes, lo que
significa que los agentes económicos modifican sus conductas como consecuencia
de ellos, cambios que redundan en pérdidas de eficiencia y del nivel de bienestar
social. Rara vez, por no decir nunca, la política fiscal estudia minimizar dichas
distorsiones. Más aun, la progresividad fiscal puede perjudicar al crecimiento y
el empleo si el paso actual de la economía española se instala en el lado
equivocado de la curva de Laffer. Entonces, más impuestos serán menos ingresos
fiscales, menor crecimiento y más desempleo. La progresividad de un sistema
fiscal tiene también mucho que ver con el gasto, de tal manera que el sistema de
subvenciones sea estrictamente social, equitativo y eficiente.
Tres pinceladas más en relación con la nota de prensa del Gobierno durante la
presentación de las nuevas cuentas públicas.

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En ella se lee que “los presupuestos 2019 disparan el gasto hasta su mayor nivel
desde 2010 para intentar revertir los recortes de la crisis”. Dicho así, el propósito
descrito puede encubrir un error o una falsedad: durante la década de la crisis y
hasta nuestros días no se ha producido en España ni un euro de recorte en gasto
social.
Según la misma nota se trata de lograr “una mayor redistribución de la riqueza”
esto es de reducir las desigualdades económicas. A ello cabe responder que la
mayor y lacerante desigualdad instalada en España es la que separa a las personas
desempleadas de quienes gozan de un puesto de trabajo. No está claro, más bien
es al revés, que unos presupuestos procíclicos sean congruentes con el objetivo
propuesto.
Y finalmente, se aspira a unos presupuestos “que acerquen a España a la media
de la presión fiscal de la zona euro, de la que se encuentra siete puntos de PIB por
debajo (34,5%, frente a 41,4%, respectivamente)”. No es prudente ni objetiva la
mención citada. No puede compararse la presión fiscal de un país como España
con una tasa de paro del 15% a otros países que gozan de pleno empleo con tasas
de paro inferiores al 5%. La presión fiscal española es equivalente a la de varias
potencias económicas mundiales y supera la de países como Estados Unidos,
Irlanda o Suiza, modelos no precisamente despreciables.
Para terminar y como resumen, los presupuestos de Sánchez muy posiblemente
ralentizarán la creación de empleo y aumentarán el déficit y la deuda pública al
no alcanzarse los niveles de ingresos previstos. Tampoco encaran los grandes
retos estructurales del País como es el caso de las pensiones y muestran sesgos
notables en la asignación territorial de fondos, que solo pueden entenderse desde
un bastardo oportunismo político.