SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
Descargar para leer sin conexión
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
SUSPENSION DE LA EJCUCIÓN 
EXCMA: 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: 
RICHARD BATTAGION en su calidad de 
Presidente del Partido Demócrata de Mendoza, a V.S.. se presenta y 
dice: 
I-DOMICILIO LEGAL 
Que constituyen domicilio legal en calle San 
Lorenzo Nº 712 de la ciudad de Mendoza. 
II-LEGITIMACIÓN DEL PARTIDO DE-MOCRATA 
El Partido Demócrata de Mendoza es una 
asociación política regida por la Ley 23298, instrumento necesario 
para la formulación y realización de la política nacional, con persone-ría 
jurídico-política definitiva. 
Sus autoridades constituidas tienen el uso del 
nombre partidario, el ejercicio de las funciones de gobierno y adminis-tración 
del partido y, en general, el desempeño de todas las actividades 
inherentes al mismo, de conformidad con la ley orgánica. 
Puede actuar ante la administración, ante la 
justicia, pues su legitimidad procesal, está conferida por la Ley de los 
Partidos Políticos y acredita la representación de este acto mediante 
copia autenticada del acta de elección o designación de las autoridades. 
III-SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN: 
La Ley procesal administrativa, art. 22 y la 
Ley de procedimiento Administrativo de Mendoza tiene establecido en 
el art. 83, la posibilidad de suspender judicialmente la ejecución del 
acto administrativo a requerimiento de parte, mediante resolución fun-dada 
en los siguientes casos: 
1
2 
a-Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible reparación 
o un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspen-sión 
acarrearía a la entidad estatal. 
b-Cuando se alegare fundadamente un vicio grave en el acto impugna-do. 
c-Por razones de interés público. 
El decreto Nº 2705 causa un daño de difícil o 
imposible resolución, al suspender los efectos de la Ley 8619, que 
obligaba al Estado Provincial, conforme lo determinado por el art. 38 
de la Constitución Nacional que obliga a solventar las compañas elec-torales 
y los gastos institucionales. 
El decreto es nulo, inexistente en los términos 
de la Ley 3909 que establece que el acto administrativo viciado grose-ramente 
no se considera regular, carece de presunción de legitimidad, 
no hay obligación de cumplirlo, los agentes tienen el derecho y el de-ber 
de no cumplirlo, su extinción produce efectos retroactivos y la ac-ción 
es imprescriptible. 
Establece además la Ley 3918 que puede pe-dirse 
la suspensión cuando produzca un grave daño al interés público. 
Mi parte invoca razones de interés público 
entendido no como el interés propio de la administración sino el inte-rés 
de la comunidad, porque no puede el Gobierno alzarse contra una 
cláusula constitucional, dejar de solventar los gastos eleccionarios, 
aduciendo la falta de partida presupuestaria. En realidad como dice Ca-ssagne 
el concepto de interés público debe interpretarse como la satis-facción 
de un interés privado (ver Correa, José Luis, “Suspensión de la 
ejecución del acto administrativo”, pág. 197 en el libro “Protección del 
administrado”, Ed. Ciudad Argentina, Junio de 1996). 
Aplicar lisa y llanamente los alcances del de-creto 
implica afectar el derecho humano básico, elegir y ser elegido, 
con vigencia institucional de los partidos, altera el orden republicano 
que tiene protección constitucional y en los tratados constitucionaliza-dos. 
Creemos que el decreto afecta derechos hu-manos 
básicos y que nada impide que sea suspendida hasta tanto se 
obtenga decisión definitiva.
3 
IV-ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALI-DAD 
Que de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 144 inc 3, 48 de la Constitución Provincial y 223 del C.P.C., veni-mos 
por este acto a interponer ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALI-DAD, 
en contra del Decreto 2075, publicado en el Boletín Oficial del 
día 17 de noviembre de 2014, por el cual el Poder Ejecutivo ha sus-pendido 
los efectos de la Ley 8619 y con ello la obligación de finan-ciación 
de las elecciones provinciales y/o municipales del año 2.015, a 
cargo del Estado Provincial, quien se obligaba a financiar las campa-ñas 
de publicidad electoral. Se ha suspendido también, la prohibición a 
las Agrupaciones Políticas de contratar en forma privada, por sí o por 
terceros, la publicidad electoral en emisoras de radiodifusión televisiva 
o sonora abierta o por suscripción, en la vía pública, en medios gráfi-cos 
y/o cualquier otro medio.”, todo lo cual constituye una lesión a de-rechos 
constitucionales protegidos por la Constitución, por los Trata-dos 
Internacionales y por la ley. 
La presente acción deberá ser NOTIFICA-DA 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, con domicilio en Cuar-to 
Piso, Palacio de Gobierno, ala Central y al FISCAL DE ESTADO 
de acuerdo a lo dispuesto por el art. 177 y 178 del C.P.C. con domici-lio 
en Cuerpo Central, Primer Piso, Casa de Gobierno; conforme el C.- 
P.C. De acuerdo al inc. IV del art. 223 debe necesariamente intervenir 
el PROCURADOR DE LA CORTE. 
V-ADMISIÓN FORMAL 
PLAZO LEGAL 
De acuerdo al art. 223 inc. I la acción deberá 
promoverse dentro del plazo de un mes desde la fecha de publicación 
en el Boletín Oficial 17 de noviembre de 2014. 
El C.P.C. art. 223inc. II dispone: - la acción 
de inconstitucionalidad que pueden deducir los particulares conforme 
al inciso 1º del artículo 170 de la Constitución, deberá ser promovida 
dentro del plazo de un mes a contar desde el día en el cual la forma
4 
afecte el interés del accionante. Se sustanciara con el Fiscal de Estado, 
sin perjuicio de lo que dispone el artículo 162 de la Constitución. 
III - en todo caso, la demanda mencionara en forma expresa y concre-ta, 
la clausula constitucional violada y la norma en contra de la cual se 
acciona. Si se tratara de particulares, se expresara si existe lesión ac-tual 
y en qué consiste y en caso contrario en qué consiste el interés le-gítimo 
que se invoca para demandar. 
VI-ADMISIÓN SUSTANCIAL 
a-CONSTITUCIÓN NACIONAL 
La Carta Magna dispone en el art .38 
que establece que los partidos políticos son instituciones fundamenta-les 
del sistema democrático y el Estado contribuye al sostenimiento 
económico de sus actividades y la capacitación de sus dirigentes. 
Esta cláusula había sido receptada por 
la provincia en la ley 8619 que ahora, inconstitucionalmente, ha pre-tendido 
ser suspendida por el Poder Ejecutivo ejerciendo competencias 
impropias que lo hacen ser responsable de acuerdo al art. 2 de la ley 
3909 y art. 48 de la Constitución por los daños que cause y responsa-ble 
civil, administrativa y políticamente por ejercicio irregular de com-petencias. 
b-CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 
La Constitución de la Provincia de 
Mendoza establece en el art. 48 que toda ley .....contraria a las pres-cripciones 
de esta Constitución o que imponga al ejercicio de las liber-tades 
y derechos reconocidas en ella, otras restricciones que la que los 
mismos artículos permiten, o priven a los habitantes de las garantías 
que aseguran, serán inconstitucionales. 
Las personas que sufran sus efectos, 
además de la acción de nulidad, tendrán derecho a reclamar las indem-nizaciones 
por los perjuicios que tal violación o menoscabo les causa, 
contra el empleado o funcionario que los haya autorizado o ejecutado. 
La ley 3909 de la Competencia en Ge-neral 
art. 2° dispone que la competencia administrativa es irrenuncia-ble 
e improrrogable, debiendo ser ejercida directa y exclusivamente 
por quien la tiene atribuida como propia... la demora o negligencia en
el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando el mismo co-rrespondiere, 
constituye falta disciplinaria reprimible, según su grave-dad, 
con las sanciones previstas en el estatuto del empleado público, 
sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y política en que, en 
su caso, incurriere el agente. 
En forma expresa y concreta, la obli-gación 
del Estado de mantener los Partidos políticos, solventar y ayu-darlos 
en las campañas políticas, violando la cláusula constitucional 
art .38 de la C.N. que establece que los partidos políticos son institu-ciones 
fundamentales del sistema democrático y el Estado contribuye 
al sostenimiento económico de sus actividades y la capacitación de sus 
dirigentes. 
c. TRATADOS INTERNACIONA-LES 
La suspensión de la financiación de 
las elecciones afecta también el derecho de participar en el gobierno 
mediante el voto, el acceso a la función pública y la expresión de la 
voluntad del pueblo mediante elecciones los Tratados Internacionales 
celebrados por el país –obligatorios para las provincias, o los incorpo-rados 
al art. 75 inc 22 o de la Const. Nac. Pues ante la imposibilidad 
de hacer frente a los gastos de propaganda, a los gastos eleccionarios, 
se verá resentido la representación política y la participación en el go-bierno. 
1-DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(1948) 
Artículo 21 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán 
de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del 
voto. 
2-DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBE-RES 
DEL HOMBRE (1948) 
5
6 
Artículo 20 Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de 
tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus 
representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán 
de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. 
Artículo 32Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones po-pulares 
del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacita-da 
para ello. 
Artículo 34 Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elec-ción 
popular que le correspondan en el Estado de que sea nacional. 
3-CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
PACTO SAN JOSE DE COSTA RICA (1969). 
Artículo 23 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes de-rechos 
y oportunidades: 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos; 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realiza-das 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electores, y 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funcio-nes 
públicas de su país. 
4-PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTI-COS 
(1966) 
Artículo 25Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distincio-nes 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades: 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos; 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores; 
5-CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL (1965) 
Artículo 5: En conformidad con las obligaciones …se comprometen a 
prohibir y eliminar la discriminación racial particularmente en el goce 
de los derechos siguientes:
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, 
elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de par-ticipar 
en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cual-quier 
nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas; 
6- CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER (1979) 
Artículo 7Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política ..ga-rantizando 
el derecho a: 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles 
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas; 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funcio-nes 
públicas en todos los planos gubernamentales; 
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales 
que se ocupen de la vida pública y política del país. 
7-CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS POLITICOS DE LA 
MUJER (1952) 
Artículo 1Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones 
en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación algu-na. 
Artículo 2: Las mujeres serán elegibles para todos los organismos pú-blicos 
electivos establecidos por la legislación nacional, en condicio-nes 
de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. 
Artículo 3Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a 
ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación na-cional, 
en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación 
alguna. 
8-CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (2007) 
Artículo 29: Los Estados Partes garantizarán a las personas con disca-pacidad 
los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en 
igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: 
7
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena 
y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condicio-nes 
con las demás, directamente o a través de representantes libremen-te 
elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con 
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante: 
II) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir 
su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimida-ción, 
y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, 
ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los ni-veles 
de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnolo-gías 
de apoyo cuando proceda; 
III) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con 
discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a peti-ción 
de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asis-tencia 
para votar; 
b) Promover activamente un entorno en el que las personas con disca-pacidad 
puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los 
asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con 
las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre 
otras cosas: 
i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamenta-les 
relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las ac-tividades 
y la administración de los partidos políticos; 
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que 
representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y 
local, y su incorporación a dichas organizaciones. Instrumentos jurídi-cos 
del sistema interamericano vigentes en Argentina 
9- CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE LA CONCESION 
DE LOS DERECHOS POLITICOS A LA MUJER (1948). 
Artículo 1: Las Altas Partes Contratantes convienen en que el derecho 
al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o res-tringirse 
por razones de sexo. 
d) OTROS INSTRUMENTOS JURÍDI-COS 
RELEVANTES. 
10-CARTA DE LA O.E.A (1948) 
Artículo 2: b. Promover y consolidar la democracia representativa den-tro 
del respeto al principio de no intervención; 
8
11-CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA (2001) 
Artículo 1: Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y 
sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. 
Artículo 2: El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la 
base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Es-tados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La de-mocracia 
representativa se refuerza y profundiza con la participación 
permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de lega-lidad 
conforme al respectivo orden constitucional. 
Artículo 3: Son elementos esenciales de la democracia representativa, 
entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades funda-mentales; 
el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de 
derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basa-das 
en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía 
del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y 
la separación e independencia de los poderes públicos. 
Artículo 5: El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones 
políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención 
especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas 
electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transpa-rente 
de financiación de sus actividades. 
Artículo 6: La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas 
a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también 
una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la demo-cracia. 
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece 
la democracia. 
e-LEGISLACIÓNNACIONAL Y PRO-VINCIAL 
1.Ley 26.571. Ley de Democratización de 
la Representación Política, la Transparencia y la Equidad electo-raly 
Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298. 
Dispone el art.19. — Todas las agrupaciones 
políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos 
a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Merco-sur 
mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el te-rritorio 
nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto y obligato-rio, 
aun en aquellos casos en que se presentare una sola lista. 
9
La financiación de la elección está prevista 
10 
en el art. 32que dispones que La Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional debe prever para el año en que se realicen las 
elecciones primarias un monto a distribuir entre las agrupaciones polí-ticas 
que presenten candidaturas equivalentes al cincuenta por ciento 
(50%) del que les corresponderá, por aporte de campaña para las elec-ciones 
generales.La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior otorgará a cada agrupación política los recursos que le permi-tan 
imprimir el equivalente a una (1) boleta por elector. Ambos aportes 
serán distribuidos a las agrupaciones partidarias de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. 
El límite a la contratación privada está pre-visto 
en el art.34.— Las agrupaciones políticas y sus listas internas no 
pueden contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodi-fusión 
televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones 
primarias. Si una agrupación política contratara publicidad en emisoras 
de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción, será san-cionada 
con la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios 
y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno 
(1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las 
campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en 
la elección general correspondiente. 
Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, 
contratara o emitiera publicidad electoral, en violación al presente artí-culo, 
será considerado falta grave, siendo pasibles de las sanciones 
previstas por el artículo 106 de la Ley 26.522, notificándose a sus efec-tos 
a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
2. Ley de Financiamiento de los Partidos 
Políticos Nº 26.215 
a-Financiamiento de las campañas electo-rales 
Prevé el art. 5 Financiamiento público.El Es-tado 
contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos re-conocidos 
en las condiciones establecidas en esta ley.Con tales aportes 
los partidos políticos podrán realizar las siguientes actividades:a) Des-
envolvimiento institucional;b) Capacitación y formación política;c) 
Campañas electorales primarias y generales. 
Se entiende por desenvolvimiento institucio-nal 
todas las actividades políticas, institucionales y administrativas de-rivadas 
del cumplimiento de la Ley 23.298, la presente ley y la carta 
orgánica partidaria, así como la actualización, sistematización y divul-gación 
doctrinaria a nivel nacional o internacional. 
Debe crearse un Fondo Partidario Permanen-te. 
El Fondo Partidario Permanente será administrado por el Ministerio 
del Interior y estará constituido por:el aporte que destine anualmente la 
ley de Presupuesto General de la Nación; art. 6 y lo fondos de las Fon-dos 
de campaña. Los fondos destinados a financiar la campaña electo-ral 
y el aporte para impresión de boleta deberán depositarse en la cuen-ta 
única establecida en los artículos 20 ó 32 de la presente ley, según 
corresponda. Art. 28, constituyendo un fondo fijo para gastos en efecti-vo 
( art. 29) 
b. Financiamiento público 
Deben contar con financiamiento las 
campañas electorales, cuyo monto debe preverse en la ley de pre-supuesto, 
para la impresión de boletas etc., siendo distribuido los 
aportes en los partidos que haya oficializado sus listas . 
3. Ley 8619 Elecciones Primarias 
Abiertas simultaneas obligatorias lemas paso Código Electo-ral 
partidos políticos 
El Estado Provincial, por Ley de Presu-puesto, 
deberá prever una partida específica destinada a financiar 
la contratación de espacios de publicidad electoral en medios grá-ficos 
y vía pública. En caso que la Dirección Nacional Electoral 
del Ministerio del Interior no asignara los cupos previstos en el 
párrafo anterior, el Estado Provincial deberá contratar espacios de 
publicidad también en los medios audiovisuales de la Provincia. 
Asimismo se deberá asignar espacios en la señal oficial de la Pro-vincia 
y se podrá celebrar convenio con la Universidad Nacional 
de Cuyo así como con otros titulares de señales audiovisuales al 
mismo fin. 
11
Los Partidos políticos provinciales son 
aquellos que se encuentran habilitados para postular candidatos a 
Concejales, Senadores y Diputados Provinciales, Convencionales 
Constituyentes, Intendentes y Gobernador y Vicegobernador; y 
se constituyen de acuerdo a lo establecido en la presente. 
a-Espacios publicitarios. Distribu-ción: 
Los espacios de publicidad electoral en 
medios audiovisuales asignados por la Dirección Nacional Elec-toral 
del Ministerio del Interior de conformidad con lo dispuesto 
en el régimen del Capítulo III Bis del Título III de la Ley Nacio-nal 
26.215 y al Artículo 35 de laLey Nacional 26.571 y sus res-pectivas 
modificatorias y complementarias a los que se adhiere 
por la presente, serán distribuidos entre las agrupaciones de con-formidad 
a los criterios establecidos en dicha normativa tanto 
para las elecciones primarias como generales. A su vez serán dis-tribuidos 
por cada agrupación entre las listas oficializadas por 
sorteo público y en partes iguales. Todos los espacios de publici-dad 
contratados por el Poder Ejecutivo se distribuirán entre las 
agrupaciones, tanto para las elecciones primarias como para las 
generales, el cincuenta por ciento (50%) en forma igualitaria en-tre 
las agrupaciones y el resto en proporción a los votos obtenidos 
en la última elección para Senadores Provinciales. 
Para el caso de los partidos que hubie-ran 
concurrido a la última elección conformando una alianza o 
confederación, la última suma correspondiente al mismo se distri-buirá 
entre los partidos miembros en la forma que determine el 
acuerdo suscripto entre los referidos partidos al momento de soli-citar 
el reconocimiento de la alianza. Al menos el veinte por 
ciento (20%) de los espacios de publicidad que reciban los parti-dos 
políticos deberá destinarse a la difusión de las precandidatu-ras 
y candidaturas a cargos municipales. 
VII FUNDAMENTOS DE LA IN-CONSTITUCIONALIDAD 
DEL DECRETO Nº 2.075 
12
El Decreto 2075, estableció la suspen-sión" 
para las elecciones provinciales y/o municipales que se rea-licen 
durante el año 2015, de la obligación establecida en la Ley 
8619 a cargo del Estado Provincial de financiar lascampañas de 
publicidad electoral de las agrupaciones políticas en emisoras de 
radiodifusión televisiva o sonora abierta y/o por suscripción, y/o 
en la vía pública y/o en medios gráficos y/o por cualquier otro 
medio". 
Varios son los vicios del decreto, el pri-mero 
de ello es que el Poder Ejecutivo pueda suspender la aplica-ción 
de una ley; el segundo es que entienda que no existe partida 
presupuestaria pues la ley 8701 facultó al Poder Ejecutivo a 
reestructurar partidas y se modificó la ley de Contabilidad 3799, 
Previendo la reconducción del Presupuesto, tal como establece la 
Constitución de Mendoza en el artículo 99º permitiendo la reutili-zación 
de partidas y de “todos los recursos o gastos habituales y 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Estado. 
La lesión actual es provocada por la sus-pensión 
de la financiación lo que impedirá que no pueda hacerse 
frente a las elecciones locales, impidiendo el ejercicio institucio-nal 
del partido y el derecho de participar en la vida democrática, 
en la elección de autoridades etc. 
Dispone el Decreto Nº 2.075 publicado 
en el Boletín Oficial del día 17 de noviembre de 2014 el que en 
su Artículo 1º expresa: “Artículo 1º - Suspéndase, para las elec-ciones 
provinciales y/o municipales que se realicen durante el 
año 2.015, la obligación establecida en la Ley 8619 a cargo del 
Estado Provincial de financiar las campañas de publicidad elec-toral 
de las agrupaciones políticas en emisoras de radiodifusión 
televisiva o sonora abierta y/o por suscripción, y/o en la vía pú-blica 
y/o en medios gráficos y/o por cualquier otro medio. En 
función de lo expuesto precedentemente, suspéndase, también 
para las elecciones provinciales y/o municipales que se realicen 
durante el año 2.015, la prohibición dispuesta por la Ley 8619 a 
las Agrupaciones Políticas de contratar en forma privada, por sí 
o por terceros, la publicidad electoral en emisoras de radiodifu-sión 
televisiva o sonora abierta o por suscripción, en la vía pú-blica, 
en medios gráficos y/o cualquier otro medio.” 
13
Viola flagrantemente lo estipulado en la 
14 
Ley Nº 8.619 que en el Capítulo V. Campaña electoral establece: 
“Artículo 18: Espacios Publicitarios. Distribución: Los espacios 
de publicidad electoral en medios audiovisuales asignados por la 
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de con-formidad 
con lo dispuesto en el régimen del Capítulo III Bis del 
Título III de la Ley Nacional 26.215 y al Artículo 35 de la Ley 
Nacional 26.571 y sus respectivas modificatorias y complemen-tarias 
a los que se adhiere por la presente, serán distribuidos en-tre 
las agrupaciones de conformidad a los criterios establecidos 
en dicha normativa tanto para las elecciones primarias como ge-nerales. 
A su vez serán distribuidos por cada agrupación entre 
las listas oficializadas por sorteo público y en partes iguales.” 
Lo más significativo de este artículo 1º 
es cuando establece que “El Estado Provincial, por Ley de Pre-supuesto, 
deberá prever una partida específica destinada a fi-nanciar 
la contratación de espacios de publicidad electoral en 
medios gráficos y vía pública. En caso que la Dirección Nacio-nal 
Electoral del Ministerio del Interior no asignara los cupos 
previstos en el párrafo anterior, el Estado Provincial deberá 
contratar espacios de publicidad también en los medios audiovi-suales 
de la Provincia. Asimismo se deberá asignar espacios en 
la señal oficial de la Provincia y se podrá celebrar convenio con 
la Universidad Nacional de Cuyo así como con otros titulares de 
señales audiovisuales al mismo fin.” 
Claramente pretende modificar lo que 
está perfectamente reglado por ley de la Legislatura Provincial, 
sancionada por amplio consenso del todo el arco político el 19 
noviembre de 2013, eliminando el financiamiento estatal de las 
compañas. 
Efectivamente fue la ley 8.619 la que 
modificó substancialmente el Sistema Electoral Provincial a fin 
que los partidos elijan sus candidatos, no en elecciones internas 
cerradas sino en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. 
Una medida semejante, que importa una excepcional moderniza-ción 
del sistema de representación no se podría establecer sin el 
pertinente financiamiento a cargo del estado que el Decreto 2.075 
pretende eliminar.
Para los partidos que no están en el go-bierno 
como el Partido Demócrata, dirimir una elección interna 
utilizando el padrón de toda la provincia resulta absolutamente 
imposible con recursos propios. Vale decir que el financiamien-to 
es la piedra angular de las elecciones PASO, sin él todo el sis-tema 
cae porque en lugar de diversificar la oferta política ha de 
concentrarla en los partidos mayoritarios gobernantes y en sus 
máximos dirigentes que como funcionarios que son en su mayo-ría, 
van a tener acceso a recursos y nivel de conocimiento en la 
opinión pública, recursos estos que no tienen los ciudadanos in-dependientes 
que la Ley PASO pretende incorporar a la política 
para oxigenar las instituciones de la república. 
El Poder Ejecutivo ha actuado en repre-salia 
contra los Decretos nº 1.543 y 1.544 del Departamento Eje-cutivo 
de la Municipalidad de Mendoza en la que se convoca a 
elecciones municipales PASO anticipadas para el próximo 22 de 
febrero. La medida municipal puede o no ser oportuna y conve-niente 
pero corresponde a la órbita de la autonomía que pertenece 
al municipio y que fuera reconocida por la Constitución Nacio-nal. 
El tema de especulaciones o conveniencias políticas debe 
quedar limitado al ámbito de los partidos y dirimirse en el propio 
desarrollo de la compaña electoral, pero nunca la Ley o la Consti-tución 
pueden ser prenda de disputa o pirotecnia política. 
El Gobernador ha cometido un imper-donable 
error, que lo ha puesto al límite del Juicio Político, 
porque no es democrático legislar por decreto en materia electo-ral. 
Resulta inadmisible que los ciudadanos queden a merced de 
decretos “express” que cambian las reglas a la medida de mezqui-nas 
especulaciones. 
Es preciso que la justicia dicte con 
presteza y contundencia una medida ejemplar que de certidum-bre 
y previsibilidad al proceso electoral y que ponga al Poder 
Ejecutivo en su lugar, su deber es aplicar la ley y no modificarla 
a su antojo. 
En orden a todo lo expuesto solicitamos 
la Inconstitucionalidad del Decreto Nº 2.075 de 2014 a fin de sos-tener 
el sistémicamente el plexo normativo de la Ley 8.610 de 
elecciones PASO como fue sancionado por la Legislatura. 
15
Prohibición constitucional. Lesión a 
la Seguridad jurídica 
La Constitución de Mendoza impide al 
Poder Ejecutivo hacer uso de los decretos de necesidad y urgen-cia 
e impide la alteración de los derechos adquiridos. 
No podrá tampoco el Poder Legislativo 
dictar leyes que priven de derechos adquiridos art. 29 C.Prov.ni 
podrá el legislador alterar la seguridad jurídica. 
La remisión del decreto al Poder Legis-lativo 
para su saneamiento es inconstitucional pues el acto admi-nistrativo 
con vicios en la competencia material es inconstitucio-nal. 
La Ley 8619 es de orden público y no puede ser suspendida 
por decreto. 
Son leyes de orden Público: 
Desde el Punto de vista clásico : se entiende que las leyes de orden 
público son aquellas en las que están interesadas de una manera muy 
inmediata y directa, la paz y la seguridad sociales, las buenas costum-bres, 
un sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en otras pala-bras, 
las leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el 
que está estructurada la organización social. Esta postura entiende que: 
a) estas leyes no pueden ser dejadas sin efecto por acuerdo de las par-tes 
en sus contratos. 
b) el principio de que las leyes no tienen carácter retroactivo no juega 
en materia de estas leyes de orden público. 
La seguridad jurídica es el resultado del aca-tamiento 
de las normas que imperan en el Estado de Derecho las que 
deben ser respetadas por los poderes públicos con el fin de procurar su 
vigencia real y no solamente formal. El acatamiento a las reglas prees-tablecidas 
genera así un clima de seguridad en el cual los agentes del 
Estado conocen de antemano a qué reglas se sujetará la actuación de 
los gobernantes, de manera que la conducta de éstos sea previsible y, 
en caso contrario, que haya quien, con potestad suficiente, pueda co-rregir 
el error y responsabilizar eficazmente al trasgresor. 
16
En el fallo San Luis1, ha ratificado los con-ceptos 
expresado: “Que es pertinente recordar que esta Corte ha dicho 
cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los 
actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en 
ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que 
hay derecho adquirido, porque la situación creada por esa ley se trans-forma 
en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del su-jeto 
que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley 
posterior sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art. 
17 de la Constitución Nacional (Fallos: 296:723; 298:472; 317:1462). 
Y en análogo orden de ideas ha señalado que "el legislador podrá hacer 
que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple fa-cultad 
o un derecho en expectativa ya existente; los jueces, investigan-do 
la intención de aquél podrán, a su vez, atribuir a la ley ese mismo 
efecto. Pero ni el legislador ni el juez pueden en virtud de una ley nue-va 
o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial ad-quirido 
al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio 
de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confun-dirse 
con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propie-dad" 
(Fallos: 152:268; 167:5 y 172:21). 
Vicio en el Motivación del decreto 2705 
La motivación es una exigencia de la forma 
del acto administrativo. 
En el caso particular, el decreto acto adminis-trativo, 
presenta un vicio de tipo subjetivo en la voluntad, 2se encuen-tra 
ilógicamente motivado, con falacias no formales. Son argumentos 
incorrectos que aparenta ser correctos. Tiene también falacias de con-clusión 
inatinentes, como señalar que no existe partida presupuestaria 
que hay argumentos ad hominem, pues el gobierno razona falazmente 
argumentando que no tiene modo de determinar correctamente los gas-tos 
que insumiría y por último falacias no formales recurriendo al 
asentimiento popular, típico del propagandista, del demagogo, del que 
pasa aviso, cuando pone en contrapunto los gastos eleccionados con la 
1C.S.J.N. Provincia de San Luis c. Estado Nacional, 05/03/2003, Sup.E.Emerg.E-conómica 
y Rec.Extraordinario 2003 (diciembre),178, LA LEY 2003-E , 472Co-lección 
de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Administrativo - Julio Ro-dolfo 
Comadira,206, AR/JUR/109/2003. 
2 GORDILLO, Agustín “Tratado de Derecho Administrativo, T3, El Acto Admi-nistrativo, 
IX Edición, prólogo Sáenz, 2007, IX-43 y ss. 
17
18 
salud, educación, etc. Sin democracia, sin república, no hay educación, 
etc. 
Ha dicho que según la Ley 8619, se encuen-tra 
obligado a pagar las compañas en los medios de educación audiovi-sual, 
y los gastos de campaña que si bien son objetivos loables presen-tan 
dificultades en la instrumentación, para ello contrapone la distribu-ción 
de servicios entre la Nación y la Provincia donde los espacios pu-blicitarios 
pueden ser realizados pero no en forma gratuita, sino que se 
necesita hacer convenios con los mismos. Esta es la primera falacia en 
el juicio lógico, de carácter subjetiva pues no hay ninguna dificultad, 
no hay contraposición, no hay dificultades simplemente razona falsa-mente. 
El segundo vicio se encuentra en la posibili-dad 
de conflicto de competencias entre la Provincia los Municipios, 
puesto que regular la publicidad en la vía pública es competencia Mu-nicipal, 
siendo además reglamentada por ordenanzas de sus respectivos 
Concejos Deliberantes, esto hace que sea necesaria la suscripción de 
convenios entre los distintos ámbitos institucionales para la instrumen-tación 
de la norma. 
Otro razonamiento incorrecto es la invoca-ción 
a la imposibilidad de estimar los gastos es un vicio de tipo subje-tivo, 
una desviación de poder; No es cierto que no se puedan calcular 
los gastos correspondientes a boletas, escuelas, efectores sanitarios, se-guridad, 
etc., el estado por aplicación de experiencias electorales ante-riores 
puede realizar estimaciones de gastos con cierto grado de certe-za 
Igual razonamiento corresponde respecto a los costos de campaña 
electoral, para los cuales el Estado no cuenta con experiencias electo-rales 
en las que haya debido asumir dicho costo, razón por la cual es de 
muy difícil estimación. Esa afirmación es incorrecta. La Ley de Conta-bilidad 
y la Ley de Presupuesto autorizan a estimar prudentemente los 
gastos. 
La otra arbitrariedad falacia no formal ha in-vocado 
un argumento para el pueblo que se llama “ ad populum”, en-frentando 
la política con la salud, y la ausencia de pautas presupuesta-rias, 
y disponibilidad financiera. 
El gobierno de la provincia tiene autorizado 
por presupuesto, por Ley de Contabilidad, la reutilización de partidas y
19 
cuenta con un margen de disponibilidad sin afectar otras partidas. La 
complicación del normal desenvolvimiento del Estado Provincial; no 
se propio de los partidos políticos sino del gobierno de la provincia. 
Tampoco es cierto que el decreto de convoca-toria 
sea intempestivo sin aviso previo al Estado Provincial lo que ha 
impedido la posibilidad de adoptar las medidas legales y administrati-vas 
necesarias para una previsión adecuada. Es normal, es común, que 
las municipalidades en virtud de las autonomías desdoblen sus eleccio-nes. 
Aducir que hay errónea fundamentación 
cuando se imputa a la política los servicios esenciales, como la salud, 
la educación, o que el cronograma coloque a la provincia en estado de 
necesidad y urgencia. 
Esta invocación tiene como único fin, ante la 
imposibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia, que Legisla-tura 
avale un proceder ilegítimo. 
Las falacias incurridas son argumentos inco-rrectos, 
que aparenta ser correctos, y las falacias no formales toman el 
anquilosado paradigma de la prevalencia del interés público, bien co-mún, 
etc. sobre el interés de los partidos. Estas son las falacias funda-mentales 
de los autores y los operadores del derecho administrativo es 
recurrir a un argumento que se pretende dispensado de explicación o 
justificación, mucho menos sustento fáctico: Es como si fuera una ad-vocación 
religiosa, mágica, exenta de contralor humano y por supuesto 
jurisdiccional, en que la única fuente es el voluntarismo del operador. 
Ya hemos recordado la falacia que significa 
la frecuente invocación desnuda al interés público o al bien común 
como superiores al interés individual o el derecho individual, sin más 
argumento, razonamiento o explicación de naturaleza alguna. 
VIII-LESION CONSTITUCIONAL CON-CRETA 
1- Lesiones constitucionales específicas: 
a. Al suspender la financiación de las elecciones, argumentando 
que no existe partida presupuestaria, provocará una lesión a la
garantía constitucional de participar en la elección de autorida-des 
por intermedio de partidos políticos, de elegir y ser elegidos. 
b. Se altera el sistema republicano de gobierno y el art. 5 de la 
Constitución Nacional. 
c. Se suspende por decreto la vigencia de una ley, circunstancia 
ilegítima y no permitida. 
d. Se invoca la necesidad de urgencia, categoría prohibida en el de-recho 
público provincial. 
e. Se desconoce la pirámide jurídica y la primacía de la Constitu-ción. 
f. En definitiva, se está obrando en forma arbitraria, injustificada 
con actos ilógicamente motivados y desviados de poder. 
2-Primacía de la Constitución Nacional 
De acuerdo al art. 31 de la Const. Nac., la superiori-dad 
de la misma sobre la Const. Provincial es elocuente. Artículo 
Nº 38 de la Constitución Nacional Los partidos políticos son insti-tuciones 
fundamentales del sistema democrático. su creación y el 
ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta 
Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento 
democráticos, la representación de las minorías, la competencia 
para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el ac-ceso 
a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado 
contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la 
capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar 
publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. 
3. La inconstitucionalidad en el caso concreto se 
ha dado porque: 
a- Se ha desconocido el art .38 de la Constitución Nacional que 
obliga a financiar los partidos políticos 
b- ..Se ha desconocido Ley 26.571. Ley de democratización de 
la representación política, la transparencia y la equidad elec-toral 
y ley orgánica de los partidos políticos nº 23.298 Ley de 
Financiamiento de los Partidos Políticos Nº 26.215 que obli-gan 
a financiar las elecciones, mediante el presupuesto nacio-nal 
c- Se ha querido suspender los efectos de la Ley de Orden Pu-blico 
20
IX-PRUEBAS 
a- INSTRUMENTAL: mi parte acompaña Decreto Nº 2075 pu-blicado 
en el Boletín Oficial. 
X-RESERVA RECURSO EXTRAOR-DI-NARIO 
FEDERAL 
Para el caso que se rechazara la acción de inconstituciona-lidad 
mi parte hace RESERVA de interponer el RECURSO EXTRA-ORDINARIO 
FEDERAL por lesión a las garantías republicanas de di-visión 
de poderes. 
XI-PETITORIO 
Por lo expuesto a V.S. pedimos: 
1) Nos tenga por presentados, parte y domiciliados en el carácter invo-cado. 
2) Se corra traslado de la demanda de conformidad con lo peticionado 
en el punto del presente escrito. 
3) Oportunamente, haga lugar a la acción, declarando la inconstitucio-nalidad 
del Decreto Nº 2075. 
4) Mientras tramita la presente acción se suspenda la ejecución del de-creto. 
Proveer de conformidad, ES JUSTICIA 
21

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Iniciativa lgmde, cfap,
Iniciativa lgmde, cfap, Iniciativa lgmde, cfap,
Iniciativa lgmde, cfap,
lxiilegislatura
 
Ley_449-06 Licitacion.PDF
Ley_449-06 Licitacion.PDFLey_449-06 Licitacion.PDF
Ley_449-06 Licitacion.PDF
sabrina collado
 
Ley General en Materia de Delitos Electorales_CAP_6_junio
Ley General en Materia de Delitos Electorales_CAP_6_junioLey General en Materia de Delitos Electorales_CAP_6_junio
Ley General en Materia de Delitos Electorales_CAP_6_junio
UNAM
 
Instrucciones Contraloría con motivo de las elecciones municipales
Instrucciones Contraloría con motivo de las elecciones municipalesInstrucciones Contraloría con motivo de las elecciones municipales
Instrucciones Contraloría con motivo de las elecciones municipales
votaprovidencia
 

La actualidad más candente (19)

Chubut ley paso_extracto
Chubut ley paso_extractoChubut ley paso_extracto
Chubut ley paso_extracto
 
Tribunal Constitucional, Rol 12080-21, Sentencia de Control de constitucional...
Tribunal Constitucional, Rol 12080-21, Sentencia de Control de constitucional...Tribunal Constitucional, Rol 12080-21, Sentencia de Control de constitucional...
Tribunal Constitucional, Rol 12080-21, Sentencia de Control de constitucional...
 
Decreto reglamentario paso_caba
Decreto reglamentario paso_cabaDecreto reglamentario paso_caba
Decreto reglamentario paso_caba
 
Iniciativa lgmde, cfap,
Iniciativa lgmde, cfap, Iniciativa lgmde, cfap,
Iniciativa lgmde, cfap,
 
Ley de responsabilidad del estado de Guerrero.
Ley de responsabilidad del estado de Guerrero.Ley de responsabilidad del estado de Guerrero.
Ley de responsabilidad del estado de Guerrero.
 
Proyecto fibertel
Proyecto fibertelProyecto fibertel
Proyecto fibertel
 
Ley_449-06 Licitacion.PDF
Ley_449-06 Licitacion.PDFLey_449-06 Licitacion.PDF
Ley_449-06 Licitacion.PDF
 
Ley General en Materia de Delitos Electorales_CAP_6_junio
Ley General en Materia de Delitos Electorales_CAP_6_junioLey General en Materia de Delitos Electorales_CAP_6_junio
Ley General en Materia de Delitos Electorales_CAP_6_junio
 
Decreto n° 441_caba
Decreto n° 441_cabaDecreto n° 441_caba
Decreto n° 441_caba
 
Ley N° 39-2020 (Oficio N° 8-2021)
Ley N° 39-2020 (Oficio N° 8-2021)Ley N° 39-2020 (Oficio N° 8-2021)
Ley N° 39-2020 (Oficio N° 8-2021)
 
La pampa decretos 106 y 107
La pampa decretos 106 y 107 La pampa decretos 106 y 107
La pampa decretos 106 y 107
 
Iniciativa de decreto para que los ayuntamientos aprueben en 60 dias las refo...
Iniciativa de decreto para que los ayuntamientos aprueben en 60 dias las refo...Iniciativa de decreto para que los ayuntamientos aprueben en 60 dias las refo...
Iniciativa de decreto para que los ayuntamientos aprueben en 60 dias las refo...
 
Instrucciones Contraloría con motivo de las elecciones municipales
Instrucciones Contraloría con motivo de las elecciones municipalesInstrucciones Contraloría con motivo de las elecciones municipales
Instrucciones Contraloría con motivo de las elecciones municipales
 
Ley1474 2011
Ley1474 2011Ley1474 2011
Ley1474 2011
 
Interponen acción declarativa de certeza
Interponen acción declarativa de certezaInterponen acción declarativa de certeza
Interponen acción declarativa de certeza
 
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓNLEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN
 
Constitución de la Provincia de Corrientes www.iestudiospenales.com.ar
Constitución de la Provincia de Corrientes www.iestudiospenales.com.arConstitución de la Provincia de Corrientes www.iestudiospenales.com.ar
Constitución de la Provincia de Corrientes www.iestudiospenales.com.ar
 
Reglamento Encuestadoras CNE
Reglamento Encuestadoras CNE Reglamento Encuestadoras CNE
Reglamento Encuestadoras CNE
 
Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas l...
Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas  l...Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas  l...
Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas l...
 

Destacado (9)

Acción de-inconstitucionalidad---final---2013-05-27
Acción de-inconstitucionalidad---final---2013-05-27Acción de-inconstitucionalidad---final---2013-05-27
Acción de-inconstitucionalidad---final---2013-05-27
 
Acción de inconstitucionalidad contra la reforma fiscal 2014 presentada ante ...
Acción de inconstitucionalidad contra la reforma fiscal 2014 presentada ante ...Acción de inconstitucionalidad contra la reforma fiscal 2014 presentada ante ...
Acción de inconstitucionalidad contra la reforma fiscal 2014 presentada ante ...
 
Acción de inconstitucionalidad sobre la ley que modifica la ley de composició...
Acción de inconstitucionalidad sobre la ley que modifica la ley de composició...Acción de inconstitucionalidad sobre la ley que modifica la ley de composició...
Acción de inconstitucionalidad sobre la ley que modifica la ley de composició...
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: una alternativa para proteger la salud sexual...
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: una alternativa para proteger la salud sexual...ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: una alternativa para proteger la salud sexual...
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: una alternativa para proteger la salud sexual...
 
Las garantías constitucionales
Las garantías constitucionalesLas garantías constitucionales
Las garantías constitucionales
 
Garantias Constitucionales
Garantias ConstitucionalesGarantias Constitucionales
Garantias Constitucionales
 
DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (Mayo Octubre 2011)
DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (Mayo Octubre 2011)DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (Mayo Octubre 2011)
DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (Mayo Octubre 2011)
 
Garantias Constitucionales
Garantias ConstitucionalesGarantias Constitucionales
Garantias Constitucionales
 
Garantías Constitucionales
Garantías ConstitucionalesGarantías Constitucionales
Garantías Constitucionales
 

Similar a Acción de inconstitucionalidad_pd_-_dec._2075_(1)

Derecho de petición
Derecho de peticiónDerecho de petición
Derecho de petición
M Carmen HA
 

Similar a Acción de inconstitucionalidad_pd_-_dec._2075_(1) (20)

Cadena Nacional Cautelar
Cadena Nacional CautelarCadena Nacional Cautelar
Cadena Nacional Cautelar
 
Silencio Administrativo
Silencio AdministrativoSilencio Administrativo
Silencio Administrativo
 
Concepto del Ministerio del Interior en la demanda de inconstitucionalidad co...
Concepto del Ministerio del Interior en la demanda de inconstitucionalidad co...Concepto del Ministerio del Interior en la demanda de inconstitucionalidad co...
Concepto del Ministerio del Interior en la demanda de inconstitucionalidad co...
 
Equipo 4. presentanción. tarea 2.
Equipo 4. presentanción. tarea 2.Equipo 4. presentanción. tarea 2.
Equipo 4. presentanción. tarea 2.
 
Concepto de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
Concepto de la Academia Colombiana de JurisprudenciaConcepto de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
Concepto de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
 
Directiva 016 - PGN - Contratación en estado de emergencia
Directiva 016 - PGN - Contratación en estado de emergenciaDirectiva 016 - PGN - Contratación en estado de emergencia
Directiva 016 - PGN - Contratación en estado de emergencia
 
Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 130 de 1994
Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 130 de 1994Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 130 de 1994
Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 130 de 1994
 
Presentación
PresentaciónPresentación
Presentación
 
Derecho de petición
Derecho de peticiónDerecho de petición
Derecho de petición
 
Perdida de investidura
Perdida de investiduraPerdida de investidura
Perdida de investidura
 
Tribunal Constitucional TC Presentación Jueces de Policìa Local 14.04.2016
Tribunal Constitucional TC Presentación Jueces de Policìa Local 14.04.2016Tribunal Constitucional TC Presentación Jueces de Policìa Local 14.04.2016
Tribunal Constitucional TC Presentación Jueces de Policìa Local 14.04.2016
 
CONCEPTO VACANCIA CNE.pdf
CONCEPTO VACANCIA CNE.pdfCONCEPTO VACANCIA CNE.pdf
CONCEPTO VACANCIA CNE.pdf
 
Tutelatón por la democracia en bogotá
Tutelatón por la democracia en bogotáTutelatón por la democracia en bogotá
Tutelatón por la democracia en bogotá
 
Denuncia Vicentin
Denuncia VicentinDenuncia Vicentin
Denuncia Vicentin
 
Tutelatón por la democracia en bogotá
Tutelatón por la democracia en bogotáTutelatón por la democracia en bogotá
Tutelatón por la democracia en bogotá
 
Proyecto de ordenanza: Creación Figura Defensor del Pueblo- Partido de La Costa
Proyecto de ordenanza: Creación Figura Defensor del Pueblo- Partido de La CostaProyecto de ordenanza: Creación Figura Defensor del Pueblo- Partido de La Costa
Proyecto de ordenanza: Creación Figura Defensor del Pueblo- Partido de La Costa
 
Cuestionario 3.docx
Cuestionario 3.docxCuestionario 3.docx
Cuestionario 3.docx
 
Boletin 9859
Boletin 9859Boletin 9859
Boletin 9859
 
Ley 850 de 2003
Ley 850 de 2003Ley 850 de 2003
Ley 850 de 2003
 
Defensor publico ro
Defensor publico roDefensor publico ro
Defensor publico ro
 

Más de MarianoManuelBustos (7)

Electoral2015
Electoral2015Electoral2015
Electoral2015
 
Fiscalia de Estado
Fiscalia de EstadoFiscalia de Estado
Fiscalia de Estado
 
Carta a abraham
Carta a abrahamCarta a abraham
Carta a abraham
 
Presentación situacíon tuberculosis
Presentación situacíon tuberculosisPresentación situacíon tuberculosis
Presentación situacíon tuberculosis
 
Faltas graves y gravísimas
Faltas graves y gravísimasFaltas graves y gravísimas
Faltas graves y gravísimas
 
Fallo 16285
Fallo 16285Fallo 16285
Fallo 16285
 
Proyecto de Ley de Educación
Proyecto de Ley de EducaciónProyecto de Ley de Educación
Proyecto de Ley de Educación
 

Último

Último (14)

Entra en vigencia sanciones contra padres que incumplen manutención
Entra en vigencia sanciones contra padres que incumplen manutenciónEntra en vigencia sanciones contra padres que incumplen manutención
Entra en vigencia sanciones contra padres que incumplen manutención
 
Estados Financieros - Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas
Estados Financieros - Programa Federal Plurianual de Construcción de ViviendasEstados Financieros - Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas
Estados Financieros - Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas
 
Conversación traducida de amenazas contra la periodista.pdf
Conversación traducida de amenazas contra la periodista.pdfConversación traducida de amenazas contra la periodista.pdf
Conversación traducida de amenazas contra la periodista.pdf
 
Imágenes de documento con firma de Juan Guaidó.pdf
Imágenes de documento con firma de Juan Guaidó.pdfImágenes de documento con firma de Juan Guaidó.pdf
Imágenes de documento con firma de Juan Guaidó.pdf
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_19_AL_25_DE_MAYO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_19_AL_25_DE_MAYO_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_19_AL_25_DE_MAYO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_19_AL_25_DE_MAYO_DE_2024.pdf
 
Imágenes de amenazas traducidas - Williams.pdf
Imágenes de amenazas traducidas - Williams.pdfImágenes de amenazas traducidas - Williams.pdf
Imágenes de amenazas traducidas - Williams.pdf
 
Imágenes de documentos originales de HSH.pdf
Imágenes de documentos originales de HSH.pdfImágenes de documentos originales de HSH.pdf
Imágenes de documentos originales de HSH.pdf
 
Denuncia realizada por la periodistas.pdf
Denuncia realizada por la periodistas.pdfDenuncia realizada por la periodistas.pdf
Denuncia realizada por la periodistas.pdf
 
Escenario asimetrico 2024 actualizado 1.pptx v pdf.pdf
Escenario asimetrico 2024 actualizado 1.pptx v pdf.pdfEscenario asimetrico 2024 actualizado 1.pptx v pdf.pdf
Escenario asimetrico 2024 actualizado 1.pptx v pdf.pdf
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1081
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1081LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1081
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1081
 
CAMARA OLIVICOLA RIOJANA ( COR) Y OTRO c/ SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION ...
CAMARA OLIVICOLA RIOJANA ( COR) Y OTRO c/ SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION ...CAMARA OLIVICOLA RIOJANA ( COR) Y OTRO c/ SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION ...
CAMARA OLIVICOLA RIOJANA ( COR) Y OTRO c/ SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION ...
 
Listado de viviendas turísticas con licencia Madrid 2024
Listado de viviendas turísticas con licencia Madrid 2024Listado de viviendas turísticas con licencia Madrid 2024
Listado de viviendas turísticas con licencia Madrid 2024
 
Boletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdf
Boletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdfBoletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdf
Boletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdf
 
atentado de las torres gemelas 11 de septiembre del 2001
atentado de las torres gemelas 11 de septiembre del 2001atentado de las torres gemelas 11 de septiembre del 2001
atentado de las torres gemelas 11 de septiembre del 2001
 

Acción de inconstitucionalidad_pd_-_dec._2075_(1)

  • 1. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SUSPENSION DE LA EJCUCIÓN EXCMA: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: RICHARD BATTAGION en su calidad de Presidente del Partido Demócrata de Mendoza, a V.S.. se presenta y dice: I-DOMICILIO LEGAL Que constituyen domicilio legal en calle San Lorenzo Nº 712 de la ciudad de Mendoza. II-LEGITIMACIÓN DEL PARTIDO DE-MOCRATA El Partido Demócrata de Mendoza es una asociación política regida por la Ley 23298, instrumento necesario para la formulación y realización de la política nacional, con persone-ría jurídico-política definitiva. Sus autoridades constituidas tienen el uso del nombre partidario, el ejercicio de las funciones de gobierno y adminis-tración del partido y, en general, el desempeño de todas las actividades inherentes al mismo, de conformidad con la ley orgánica. Puede actuar ante la administración, ante la justicia, pues su legitimidad procesal, está conferida por la Ley de los Partidos Políticos y acredita la representación de este acto mediante copia autenticada del acta de elección o designación de las autoridades. III-SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN: La Ley procesal administrativa, art. 22 y la Ley de procedimiento Administrativo de Mendoza tiene establecido en el art. 83, la posibilidad de suspender judicialmente la ejecución del acto administrativo a requerimiento de parte, mediante resolución fun-dada en los siguientes casos: 1
  • 2. 2 a-Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible reparación o un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspen-sión acarrearía a la entidad estatal. b-Cuando se alegare fundadamente un vicio grave en el acto impugna-do. c-Por razones de interés público. El decreto Nº 2705 causa un daño de difícil o imposible resolución, al suspender los efectos de la Ley 8619, que obligaba al Estado Provincial, conforme lo determinado por el art. 38 de la Constitución Nacional que obliga a solventar las compañas elec-torales y los gastos institucionales. El decreto es nulo, inexistente en los términos de la Ley 3909 que establece que el acto administrativo viciado grose-ramente no se considera regular, carece de presunción de legitimidad, no hay obligación de cumplirlo, los agentes tienen el derecho y el de-ber de no cumplirlo, su extinción produce efectos retroactivos y la ac-ción es imprescriptible. Establece además la Ley 3918 que puede pe-dirse la suspensión cuando produzca un grave daño al interés público. Mi parte invoca razones de interés público entendido no como el interés propio de la administración sino el inte-rés de la comunidad, porque no puede el Gobierno alzarse contra una cláusula constitucional, dejar de solventar los gastos eleccionarios, aduciendo la falta de partida presupuestaria. En realidad como dice Ca-ssagne el concepto de interés público debe interpretarse como la satis-facción de un interés privado (ver Correa, José Luis, “Suspensión de la ejecución del acto administrativo”, pág. 197 en el libro “Protección del administrado”, Ed. Ciudad Argentina, Junio de 1996). Aplicar lisa y llanamente los alcances del de-creto implica afectar el derecho humano básico, elegir y ser elegido, con vigencia institucional de los partidos, altera el orden republicano que tiene protección constitucional y en los tratados constitucionaliza-dos. Creemos que el decreto afecta derechos hu-manos básicos y que nada impide que sea suspendida hasta tanto se obtenga decisión definitiva.
  • 3. 3 IV-ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALI-DAD Que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 144 inc 3, 48 de la Constitución Provincial y 223 del C.P.C., veni-mos por este acto a interponer ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALI-DAD, en contra del Decreto 2075, publicado en el Boletín Oficial del día 17 de noviembre de 2014, por el cual el Poder Ejecutivo ha sus-pendido los efectos de la Ley 8619 y con ello la obligación de finan-ciación de las elecciones provinciales y/o municipales del año 2.015, a cargo del Estado Provincial, quien se obligaba a financiar las campa-ñas de publicidad electoral. Se ha suspendido también, la prohibición a las Agrupaciones Políticas de contratar en forma privada, por sí o por terceros, la publicidad electoral en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción, en la vía pública, en medios gráfi-cos y/o cualquier otro medio.”, todo lo cual constituye una lesión a de-rechos constitucionales protegidos por la Constitución, por los Trata-dos Internacionales y por la ley. La presente acción deberá ser NOTIFICA-DA GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, con domicilio en Cuar-to Piso, Palacio de Gobierno, ala Central y al FISCAL DE ESTADO de acuerdo a lo dispuesto por el art. 177 y 178 del C.P.C. con domici-lio en Cuerpo Central, Primer Piso, Casa de Gobierno; conforme el C.- P.C. De acuerdo al inc. IV del art. 223 debe necesariamente intervenir el PROCURADOR DE LA CORTE. V-ADMISIÓN FORMAL PLAZO LEGAL De acuerdo al art. 223 inc. I la acción deberá promoverse dentro del plazo de un mes desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial 17 de noviembre de 2014. El C.P.C. art. 223inc. II dispone: - la acción de inconstitucionalidad que pueden deducir los particulares conforme al inciso 1º del artículo 170 de la Constitución, deberá ser promovida dentro del plazo de un mes a contar desde el día en el cual la forma
  • 4. 4 afecte el interés del accionante. Se sustanciara con el Fiscal de Estado, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 162 de la Constitución. III - en todo caso, la demanda mencionara en forma expresa y concre-ta, la clausula constitucional violada y la norma en contra de la cual se acciona. Si se tratara de particulares, se expresara si existe lesión ac-tual y en qué consiste y en caso contrario en qué consiste el interés le-gítimo que se invoca para demandar. VI-ADMISIÓN SUSTANCIAL a-CONSTITUCIÓN NACIONAL La Carta Magna dispone en el art .38 que establece que los partidos políticos son instituciones fundamenta-les del sistema democrático y el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y la capacitación de sus dirigentes. Esta cláusula había sido receptada por la provincia en la ley 8619 que ahora, inconstitucionalmente, ha pre-tendido ser suspendida por el Poder Ejecutivo ejerciendo competencias impropias que lo hacen ser responsable de acuerdo al art. 2 de la ley 3909 y art. 48 de la Constitución por los daños que cause y responsa-ble civil, administrativa y políticamente por ejercicio irregular de com-petencias. b-CONSTITUCIÓN PROVINCIAL La Constitución de la Provincia de Mendoza establece en el art. 48 que toda ley .....contraria a las pres-cripciones de esta Constitución o que imponga al ejercicio de las liber-tades y derechos reconocidas en ella, otras restricciones que la que los mismos artículos permiten, o priven a los habitantes de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales. Las personas que sufran sus efectos, además de la acción de nulidad, tendrán derecho a reclamar las indem-nizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les causa, contra el empleado o funcionario que los haya autorizado o ejecutado. La ley 3909 de la Competencia en Ge-neral art. 2° dispone que la competencia administrativa es irrenuncia-ble e improrrogable, debiendo ser ejercida directa y exclusivamente por quien la tiene atribuida como propia... la demora o negligencia en
  • 5. el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando el mismo co-rrespondiere, constituye falta disciplinaria reprimible, según su grave-dad, con las sanciones previstas en el estatuto del empleado público, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y política en que, en su caso, incurriere el agente. En forma expresa y concreta, la obli-gación del Estado de mantener los Partidos políticos, solventar y ayu-darlos en las campañas políticas, violando la cláusula constitucional art .38 de la C.N. que establece que los partidos políticos son institu-ciones fundamentales del sistema democrático y el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y la capacitación de sus dirigentes. c. TRATADOS INTERNACIONA-LES La suspensión de la financiación de las elecciones afecta también el derecho de participar en el gobierno mediante el voto, el acceso a la función pública y la expresión de la voluntad del pueblo mediante elecciones los Tratados Internacionales celebrados por el país –obligatorios para las provincias, o los incorpo-rados al art. 75 inc 22 o de la Const. Nac. Pues ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos de propaganda, a los gastos eleccionarios, se verá resentido la representación política y la participación en el go-bierno. 1-DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948) Artículo 21 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 2-DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBE-RES DEL HOMBRE (1948) 5
  • 6. 6 Artículo 20 Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Artículo 32Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones po-pulares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacita-da para ello. Artículo 34 Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elec-ción popular que le correspondan en el Estado de que sea nacional. 3-CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PACTO SAN JOSE DE COSTA RICA (1969). Artículo 23 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes de-rechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realiza-das por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funcio-nes públicas de su país. 4-PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTI-COS (1966) Artículo 25Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distincio-nes mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 5-CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL (1965) Artículo 5: En conformidad con las obligaciones …se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial particularmente en el goce de los derechos siguientes:
  • 7. c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de par-ticipar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cual-quier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; 6- CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (1979) Artículo 7Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política ..ga-rantizando el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funcio-nes públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. 7-CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER (1952) Artículo 1Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación algu-na. Artículo 2: Las mujeres serán elegibles para todos los organismos pú-blicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condicio-nes de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo 3Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación na-cional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 8-CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2007) Artículo 29: Los Estados Partes garantizarán a las personas con disca-pacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: 7
  • 8. a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condicio-nes con las demás, directamente o a través de representantes libremen-te elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante: II) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimida-ción, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los ni-veles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnolo-gías de apoyo cuando proceda; III) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a peti-ción de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asis-tencia para votar; b) Promover activamente un entorno en el que las personas con disca-pacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamenta-les relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las ac-tividades y la administración de los partidos políticos; ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones. Instrumentos jurídi-cos del sistema interamericano vigentes en Argentina 9- CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE LA CONCESION DE LOS DERECHOS POLITICOS A LA MUJER (1948). Artículo 1: Las Altas Partes Contratantes convienen en que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o res-tringirse por razones de sexo. d) OTROS INSTRUMENTOS JURÍDI-COS RELEVANTES. 10-CARTA DE LA O.E.A (1948) Artículo 2: b. Promover y consolidar la democracia representativa den-tro del respeto al principio de no intervención; 8
  • 9. 11-CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA (2001) Artículo 1: Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Artículo 2: El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Es-tados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La de-mocracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de lega-lidad conforme al respectivo orden constitucional. Artículo 3: Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades funda-mentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basa-das en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Artículo 5: El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transpa-rente de financiación de sus actividades. Artículo 6: La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la demo-cracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. e-LEGISLACIÓNNACIONAL Y PRO-VINCIAL 1.Ley 26.571. Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad electo-raly Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298. Dispone el art.19. — Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Merco-sur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el te-rritorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto y obligato-rio, aun en aquellos casos en que se presentare una sola lista. 9
  • 10. La financiación de la elección está prevista 10 en el art. 32que dispones que La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional debe prever para el año en que se realicen las elecciones primarias un monto a distribuir entre las agrupaciones polí-ticas que presenten candidaturas equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del que les corresponderá, por aporte de campaña para las elec-ciones generales.La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior otorgará a cada agrupación política los recursos que le permi-tan imprimir el equivalente a una (1) boleta por elector. Ambos aportes serán distribuidos a las agrupaciones partidarias de conformidad con lo establecido en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. El límite a la contratación privada está pre-visto en el art.34.— Las agrupaciones políticas y sus listas internas no pueden contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodi-fusión televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones primarias. Si una agrupación política contratara publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción, será san-cionada con la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general correspondiente. Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara o emitiera publicidad electoral, en violación al presente artí-culo, será considerado falta grave, siendo pasibles de las sanciones previstas por el artículo 106 de la Ley 26.522, notificándose a sus efec-tos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 2. Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos Nº 26.215 a-Financiamiento de las campañas electo-rales Prevé el art. 5 Financiamiento público.El Es-tado contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos re-conocidos en las condiciones establecidas en esta ley.Con tales aportes los partidos políticos podrán realizar las siguientes actividades:a) Des-
  • 11. envolvimiento institucional;b) Capacitación y formación política;c) Campañas electorales primarias y generales. Se entiende por desenvolvimiento institucio-nal todas las actividades políticas, institucionales y administrativas de-rivadas del cumplimiento de la Ley 23.298, la presente ley y la carta orgánica partidaria, así como la actualización, sistematización y divul-gación doctrinaria a nivel nacional o internacional. Debe crearse un Fondo Partidario Permanen-te. El Fondo Partidario Permanente será administrado por el Ministerio del Interior y estará constituido por:el aporte que destine anualmente la ley de Presupuesto General de la Nación; art. 6 y lo fondos de las Fon-dos de campaña. Los fondos destinados a financiar la campaña electo-ral y el aporte para impresión de boleta deberán depositarse en la cuen-ta única establecida en los artículos 20 ó 32 de la presente ley, según corresponda. Art. 28, constituyendo un fondo fijo para gastos en efecti-vo ( art. 29) b. Financiamiento público Deben contar con financiamiento las campañas electorales, cuyo monto debe preverse en la ley de pre-supuesto, para la impresión de boletas etc., siendo distribuido los aportes en los partidos que haya oficializado sus listas . 3. Ley 8619 Elecciones Primarias Abiertas simultaneas obligatorias lemas paso Código Electo-ral partidos políticos El Estado Provincial, por Ley de Presu-puesto, deberá prever una partida específica destinada a financiar la contratación de espacios de publicidad electoral en medios grá-ficos y vía pública. En caso que la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior no asignara los cupos previstos en el párrafo anterior, el Estado Provincial deberá contratar espacios de publicidad también en los medios audiovisuales de la Provincia. Asimismo se deberá asignar espacios en la señal oficial de la Pro-vincia y se podrá celebrar convenio con la Universidad Nacional de Cuyo así como con otros titulares de señales audiovisuales al mismo fin. 11
  • 12. Los Partidos políticos provinciales son aquellos que se encuentran habilitados para postular candidatos a Concejales, Senadores y Diputados Provinciales, Convencionales Constituyentes, Intendentes y Gobernador y Vicegobernador; y se constituyen de acuerdo a lo establecido en la presente. a-Espacios publicitarios. Distribu-ción: Los espacios de publicidad electoral en medios audiovisuales asignados por la Dirección Nacional Elec-toral del Ministerio del Interior de conformidad con lo dispuesto en el régimen del Capítulo III Bis del Título III de la Ley Nacio-nal 26.215 y al Artículo 35 de laLey Nacional 26.571 y sus res-pectivas modificatorias y complementarias a los que se adhiere por la presente, serán distribuidos entre las agrupaciones de con-formidad a los criterios establecidos en dicha normativa tanto para las elecciones primarias como generales. A su vez serán dis-tribuidos por cada agrupación entre las listas oficializadas por sorteo público y en partes iguales. Todos los espacios de publici-dad contratados por el Poder Ejecutivo se distribuirán entre las agrupaciones, tanto para las elecciones primarias como para las generales, el cincuenta por ciento (50%) en forma igualitaria en-tre las agrupaciones y el resto en proporción a los votos obtenidos en la última elección para Senadores Provinciales. Para el caso de los partidos que hubie-ran concurrido a la última elección conformando una alianza o confederación, la última suma correspondiente al mismo se distri-buirá entre los partidos miembros en la forma que determine el acuerdo suscripto entre los referidos partidos al momento de soli-citar el reconocimiento de la alianza. Al menos el veinte por ciento (20%) de los espacios de publicidad que reciban los parti-dos políticos deberá destinarse a la difusión de las precandidatu-ras y candidaturas a cargos municipales. VII FUNDAMENTOS DE LA IN-CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO Nº 2.075 12
  • 13. El Decreto 2075, estableció la suspen-sión" para las elecciones provinciales y/o municipales que se rea-licen durante el año 2015, de la obligación establecida en la Ley 8619 a cargo del Estado Provincial de financiar lascampañas de publicidad electoral de las agrupaciones políticas en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta y/o por suscripción, y/o en la vía pública y/o en medios gráficos y/o por cualquier otro medio". Varios son los vicios del decreto, el pri-mero de ello es que el Poder Ejecutivo pueda suspender la aplica-ción de una ley; el segundo es que entienda que no existe partida presupuestaria pues la ley 8701 facultó al Poder Ejecutivo a reestructurar partidas y se modificó la ley de Contabilidad 3799, Previendo la reconducción del Presupuesto, tal como establece la Constitución de Mendoza en el artículo 99º permitiendo la reutili-zación de partidas y de “todos los recursos o gastos habituales y necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Estado. La lesión actual es provocada por la sus-pensión de la financiación lo que impedirá que no pueda hacerse frente a las elecciones locales, impidiendo el ejercicio institucio-nal del partido y el derecho de participar en la vida democrática, en la elección de autoridades etc. Dispone el Decreto Nº 2.075 publicado en el Boletín Oficial del día 17 de noviembre de 2014 el que en su Artículo 1º expresa: “Artículo 1º - Suspéndase, para las elec-ciones provinciales y/o municipales que se realicen durante el año 2.015, la obligación establecida en la Ley 8619 a cargo del Estado Provincial de financiar las campañas de publicidad elec-toral de las agrupaciones políticas en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta y/o por suscripción, y/o en la vía pú-blica y/o en medios gráficos y/o por cualquier otro medio. En función de lo expuesto precedentemente, suspéndase, también para las elecciones provinciales y/o municipales que se realicen durante el año 2.015, la prohibición dispuesta por la Ley 8619 a las Agrupaciones Políticas de contratar en forma privada, por sí o por terceros, la publicidad electoral en emisoras de radiodifu-sión televisiva o sonora abierta o por suscripción, en la vía pú-blica, en medios gráficos y/o cualquier otro medio.” 13
  • 14. Viola flagrantemente lo estipulado en la 14 Ley Nº 8.619 que en el Capítulo V. Campaña electoral establece: “Artículo 18: Espacios Publicitarios. Distribución: Los espacios de publicidad electoral en medios audiovisuales asignados por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de con-formidad con lo dispuesto en el régimen del Capítulo III Bis del Título III de la Ley Nacional 26.215 y al Artículo 35 de la Ley Nacional 26.571 y sus respectivas modificatorias y complemen-tarias a los que se adhiere por la presente, serán distribuidos en-tre las agrupaciones de conformidad a los criterios establecidos en dicha normativa tanto para las elecciones primarias como ge-nerales. A su vez serán distribuidos por cada agrupación entre las listas oficializadas por sorteo público y en partes iguales.” Lo más significativo de este artículo 1º es cuando establece que “El Estado Provincial, por Ley de Pre-supuesto, deberá prever una partida específica destinada a fi-nanciar la contratación de espacios de publicidad electoral en medios gráficos y vía pública. En caso que la Dirección Nacio-nal Electoral del Ministerio del Interior no asignara los cupos previstos en el párrafo anterior, el Estado Provincial deberá contratar espacios de publicidad también en los medios audiovi-suales de la Provincia. Asimismo se deberá asignar espacios en la señal oficial de la Provincia y se podrá celebrar convenio con la Universidad Nacional de Cuyo así como con otros titulares de señales audiovisuales al mismo fin.” Claramente pretende modificar lo que está perfectamente reglado por ley de la Legislatura Provincial, sancionada por amplio consenso del todo el arco político el 19 noviembre de 2013, eliminando el financiamiento estatal de las compañas. Efectivamente fue la ley 8.619 la que modificó substancialmente el Sistema Electoral Provincial a fin que los partidos elijan sus candidatos, no en elecciones internas cerradas sino en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Una medida semejante, que importa una excepcional moderniza-ción del sistema de representación no se podría establecer sin el pertinente financiamiento a cargo del estado que el Decreto 2.075 pretende eliminar.
  • 15. Para los partidos que no están en el go-bierno como el Partido Demócrata, dirimir una elección interna utilizando el padrón de toda la provincia resulta absolutamente imposible con recursos propios. Vale decir que el financiamien-to es la piedra angular de las elecciones PASO, sin él todo el sis-tema cae porque en lugar de diversificar la oferta política ha de concentrarla en los partidos mayoritarios gobernantes y en sus máximos dirigentes que como funcionarios que son en su mayo-ría, van a tener acceso a recursos y nivel de conocimiento en la opinión pública, recursos estos que no tienen los ciudadanos in-dependientes que la Ley PASO pretende incorporar a la política para oxigenar las instituciones de la república. El Poder Ejecutivo ha actuado en repre-salia contra los Decretos nº 1.543 y 1.544 del Departamento Eje-cutivo de la Municipalidad de Mendoza en la que se convoca a elecciones municipales PASO anticipadas para el próximo 22 de febrero. La medida municipal puede o no ser oportuna y conve-niente pero corresponde a la órbita de la autonomía que pertenece al municipio y que fuera reconocida por la Constitución Nacio-nal. El tema de especulaciones o conveniencias políticas debe quedar limitado al ámbito de los partidos y dirimirse en el propio desarrollo de la compaña electoral, pero nunca la Ley o la Consti-tución pueden ser prenda de disputa o pirotecnia política. El Gobernador ha cometido un imper-donable error, que lo ha puesto al límite del Juicio Político, porque no es democrático legislar por decreto en materia electo-ral. Resulta inadmisible que los ciudadanos queden a merced de decretos “express” que cambian las reglas a la medida de mezqui-nas especulaciones. Es preciso que la justicia dicte con presteza y contundencia una medida ejemplar que de certidum-bre y previsibilidad al proceso electoral y que ponga al Poder Ejecutivo en su lugar, su deber es aplicar la ley y no modificarla a su antojo. En orden a todo lo expuesto solicitamos la Inconstitucionalidad del Decreto Nº 2.075 de 2014 a fin de sos-tener el sistémicamente el plexo normativo de la Ley 8.610 de elecciones PASO como fue sancionado por la Legislatura. 15
  • 16. Prohibición constitucional. Lesión a la Seguridad jurídica La Constitución de Mendoza impide al Poder Ejecutivo hacer uso de los decretos de necesidad y urgen-cia e impide la alteración de los derechos adquiridos. No podrá tampoco el Poder Legislativo dictar leyes que priven de derechos adquiridos art. 29 C.Prov.ni podrá el legislador alterar la seguridad jurídica. La remisión del decreto al Poder Legis-lativo para su saneamiento es inconstitucional pues el acto admi-nistrativo con vicios en la competencia material es inconstitucio-nal. La Ley 8619 es de orden público y no puede ser suspendida por decreto. Son leyes de orden Público: Desde el Punto de vista clásico : se entiende que las leyes de orden público son aquellas en las que están interesadas de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad sociales, las buenas costum-bres, un sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en otras pala-bras, las leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización social. Esta postura entiende que: a) estas leyes no pueden ser dejadas sin efecto por acuerdo de las par-tes en sus contratos. b) el principio de que las leyes no tienen carácter retroactivo no juega en materia de estas leyes de orden público. La seguridad jurídica es el resultado del aca-tamiento de las normas que imperan en el Estado de Derecho las que deben ser respetadas por los poderes públicos con el fin de procurar su vigencia real y no solamente formal. El acatamiento a las reglas prees-tablecidas genera así un clima de seguridad en el cual los agentes del Estado conocen de antemano a qué reglas se sujetará la actuación de los gobernantes, de manera que la conducta de éstos sea previsible y, en caso contrario, que haya quien, con potestad suficiente, pueda co-rregir el error y responsabilizar eficazmente al trasgresor. 16
  • 17. En el fallo San Luis1, ha ratificado los con-ceptos expresado: “Que es pertinente recordar que esta Corte ha dicho cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, porque la situación creada por esa ley se trans-forma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del su-jeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 296:723; 298:472; 317:1462). Y en análogo orden de ideas ha señalado que "el legislador podrá hacer que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple fa-cultad o un derecho en expectativa ya existente; los jueces, investigan-do la intención de aquél podrán, a su vez, atribuir a la ley ese mismo efecto. Pero ni el legislador ni el juez pueden en virtud de una ley nue-va o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial ad-quirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confun-dirse con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propie-dad" (Fallos: 152:268; 167:5 y 172:21). Vicio en el Motivación del decreto 2705 La motivación es una exigencia de la forma del acto administrativo. En el caso particular, el decreto acto adminis-trativo, presenta un vicio de tipo subjetivo en la voluntad, 2se encuen-tra ilógicamente motivado, con falacias no formales. Son argumentos incorrectos que aparenta ser correctos. Tiene también falacias de con-clusión inatinentes, como señalar que no existe partida presupuestaria que hay argumentos ad hominem, pues el gobierno razona falazmente argumentando que no tiene modo de determinar correctamente los gas-tos que insumiría y por último falacias no formales recurriendo al asentimiento popular, típico del propagandista, del demagogo, del que pasa aviso, cuando pone en contrapunto los gastos eleccionados con la 1C.S.J.N. Provincia de San Luis c. Estado Nacional, 05/03/2003, Sup.E.Emerg.E-conómica y Rec.Extraordinario 2003 (diciembre),178, LA LEY 2003-E , 472Co-lección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Administrativo - Julio Ro-dolfo Comadira,206, AR/JUR/109/2003. 2 GORDILLO, Agustín “Tratado de Derecho Administrativo, T3, El Acto Admi-nistrativo, IX Edición, prólogo Sáenz, 2007, IX-43 y ss. 17
  • 18. 18 salud, educación, etc. Sin democracia, sin república, no hay educación, etc. Ha dicho que según la Ley 8619, se encuen-tra obligado a pagar las compañas en los medios de educación audiovi-sual, y los gastos de campaña que si bien son objetivos loables presen-tan dificultades en la instrumentación, para ello contrapone la distribu-ción de servicios entre la Nación y la Provincia donde los espacios pu-blicitarios pueden ser realizados pero no en forma gratuita, sino que se necesita hacer convenios con los mismos. Esta es la primera falacia en el juicio lógico, de carácter subjetiva pues no hay ninguna dificultad, no hay contraposición, no hay dificultades simplemente razona falsa-mente. El segundo vicio se encuentra en la posibili-dad de conflicto de competencias entre la Provincia los Municipios, puesto que regular la publicidad en la vía pública es competencia Mu-nicipal, siendo además reglamentada por ordenanzas de sus respectivos Concejos Deliberantes, esto hace que sea necesaria la suscripción de convenios entre los distintos ámbitos institucionales para la instrumen-tación de la norma. Otro razonamiento incorrecto es la invoca-ción a la imposibilidad de estimar los gastos es un vicio de tipo subje-tivo, una desviación de poder; No es cierto que no se puedan calcular los gastos correspondientes a boletas, escuelas, efectores sanitarios, se-guridad, etc., el estado por aplicación de experiencias electorales ante-riores puede realizar estimaciones de gastos con cierto grado de certe-za Igual razonamiento corresponde respecto a los costos de campaña electoral, para los cuales el Estado no cuenta con experiencias electo-rales en las que haya debido asumir dicho costo, razón por la cual es de muy difícil estimación. Esa afirmación es incorrecta. La Ley de Conta-bilidad y la Ley de Presupuesto autorizan a estimar prudentemente los gastos. La otra arbitrariedad falacia no formal ha in-vocado un argumento para el pueblo que se llama “ ad populum”, en-frentando la política con la salud, y la ausencia de pautas presupuesta-rias, y disponibilidad financiera. El gobierno de la provincia tiene autorizado por presupuesto, por Ley de Contabilidad, la reutilización de partidas y
  • 19. 19 cuenta con un margen de disponibilidad sin afectar otras partidas. La complicación del normal desenvolvimiento del Estado Provincial; no se propio de los partidos políticos sino del gobierno de la provincia. Tampoco es cierto que el decreto de convoca-toria sea intempestivo sin aviso previo al Estado Provincial lo que ha impedido la posibilidad de adoptar las medidas legales y administrati-vas necesarias para una previsión adecuada. Es normal, es común, que las municipalidades en virtud de las autonomías desdoblen sus eleccio-nes. Aducir que hay errónea fundamentación cuando se imputa a la política los servicios esenciales, como la salud, la educación, o que el cronograma coloque a la provincia en estado de necesidad y urgencia. Esta invocación tiene como único fin, ante la imposibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia, que Legisla-tura avale un proceder ilegítimo. Las falacias incurridas son argumentos inco-rrectos, que aparenta ser correctos, y las falacias no formales toman el anquilosado paradigma de la prevalencia del interés público, bien co-mún, etc. sobre el interés de los partidos. Estas son las falacias funda-mentales de los autores y los operadores del derecho administrativo es recurrir a un argumento que se pretende dispensado de explicación o justificación, mucho menos sustento fáctico: Es como si fuera una ad-vocación religiosa, mágica, exenta de contralor humano y por supuesto jurisdiccional, en que la única fuente es el voluntarismo del operador. Ya hemos recordado la falacia que significa la frecuente invocación desnuda al interés público o al bien común como superiores al interés individual o el derecho individual, sin más argumento, razonamiento o explicación de naturaleza alguna. VIII-LESION CONSTITUCIONAL CON-CRETA 1- Lesiones constitucionales específicas: a. Al suspender la financiación de las elecciones, argumentando que no existe partida presupuestaria, provocará una lesión a la
  • 20. garantía constitucional de participar en la elección de autorida-des por intermedio de partidos políticos, de elegir y ser elegidos. b. Se altera el sistema republicano de gobierno y el art. 5 de la Constitución Nacional. c. Se suspende por decreto la vigencia de una ley, circunstancia ilegítima y no permitida. d. Se invoca la necesidad de urgencia, categoría prohibida en el de-recho público provincial. e. Se desconoce la pirámide jurídica y la primacía de la Constitu-ción. f. En definitiva, se está obrando en forma arbitraria, injustificada con actos ilógicamente motivados y desviados de poder. 2-Primacía de la Constitución Nacional De acuerdo al art. 31 de la Const. Nac., la superiori-dad de la misma sobre la Const. Provincial es elocuente. Artículo Nº 38 de la Constitución Nacional Los partidos políticos son insti-tuciones fundamentales del sistema democrático. su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el ac-ceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. 3. La inconstitucionalidad en el caso concreto se ha dado porque: a- Se ha desconocido el art .38 de la Constitución Nacional que obliga a financiar los partidos políticos b- ..Se ha desconocido Ley 26.571. Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad elec-toral y ley orgánica de los partidos políticos nº 23.298 Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos Nº 26.215 que obli-gan a financiar las elecciones, mediante el presupuesto nacio-nal c- Se ha querido suspender los efectos de la Ley de Orden Pu-blico 20
  • 21. IX-PRUEBAS a- INSTRUMENTAL: mi parte acompaña Decreto Nº 2075 pu-blicado en el Boletín Oficial. X-RESERVA RECURSO EXTRAOR-DI-NARIO FEDERAL Para el caso que se rechazara la acción de inconstituciona-lidad mi parte hace RESERVA de interponer el RECURSO EXTRA-ORDINARIO FEDERAL por lesión a las garantías republicanas de di-visión de poderes. XI-PETITORIO Por lo expuesto a V.S. pedimos: 1) Nos tenga por presentados, parte y domiciliados en el carácter invo-cado. 2) Se corra traslado de la demanda de conformidad con lo peticionado en el punto del presente escrito. 3) Oportunamente, haga lugar a la acción, declarando la inconstitucio-nalidad del Decreto Nº 2075. 4) Mientras tramita la presente acción se suspenda la ejecución del de-creto. Proveer de conformidad, ES JUSTICIA 21