Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

La Noche de Iguala: El Encubrimiento -Proceso 1990

5.979 visualizaciones

Publicado el

20 de diciembre 2014
Semanario de análisis político en México.
La Noche de Iguala: El Encubrimiento -Proceso 1990

Publicado en: Noticias y política

La Noche de Iguala: El Encubrimiento -Proceso 1990

  1. 1. Índice CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Felipe Cobián; Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Co- lumba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062 semanario de información y análisis No. 1990 • 21 de diciembre de 2014 CORRUPCIÓN 28 Exoneraciones bajo sospecha /Jenaro Villamil 33 Hipólito Gerard, el otro empresario consentido /Arturo Rodríguez García EDUCACIÓN 36 Emilio Chuayffet: El secretario fantasma /Santiago Igartúa ANÁLISIS 40 El Evangelio y lo inadmisible /Javier Sicilia 41 Borrón y cuenta nueva /Naranjo 42 El control que ya no existe /Ernesto Villanueva 43 Solveig y Revueltas /Marta Lamas 44 Fin a la cleptocracia /Héctor Tajonar 46 La crisis electoral no es nueva /Jesús Cantú CASO AYOTZINAPA 8 La investigación de la PGR encubre al Ejército y a la Policía Federal /Anabel Hernández y Steve Fisher 14 Las huellas de los militares /Marcela Turati 17 San Fernando-Ayotzinapa: las similitudes /Marcela Turati NARCOTRÁFICO 20 El “virrey” Castillo fracasó y se “corrompió” /José Gil Olmos 24 Nestora Salgado, presa por consigna /Jesusa Cervantes 26 La calma en Juárez, producto de un narcopacto /J. Jesús Esquivel Foto portada: Octavio Gómez 28 20
  2. 2. VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina Valle, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Barbara López, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Rosa Morales. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz OFICINASGENERALES:Redacción:Fresas13;Administración:Fresas7,Col.delValle,03100México,DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000 FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción. AÑO 38, No. 1990, 21 DE DICIEMBRE DE 2014 IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, México, DF EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Sara Pantoja, Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006 EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017 EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010 RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106 Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-102. Número ISSN: 1665-9309 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 105 / 23 Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey, Puebla y Xalapa: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00. Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autoriza- ción expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos. agencia proceso de información agencia de fotografía Siguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaproceso INTERNACIONAL 48 CUBA-ESTADOS UNIDOS: La maniobra salvadora de Obama /Homero Campa y J. Jesús Esquivel 53 Los últimos espías de la Guerra Fría /Mathieu Tourliere y Homero Campa CULTURA 58 El Estado monopoliza el terror: Carlo Ginzburg /Judith Amador Tello 63 Estro Armónico /Samuel Máynez Champion Páginas de crítica ARTE: En esto ver aquello... /Blanca González Rosas TEATRO: El trabajo de David Antón /Estela Leñero Franco CINE: Rosewater /Javier Betancourt TELEVISIÓN: Retroceso de la TV pública /Florence Toussaint ESPECTÁCULOS 68 América Latina pinta la ira /Columba Vértiz de la Fuente DEPORTES 72 CICLISMO: Dopaje sobre ruedas /Beatriz Pereyra 75 ADMINISTRACIÓN: Facturas chuecas en el deporte mexiquense /Raúl Ochoa 77 Palabra de Lector 82 Mono Sapiens /Calendario de fotos famosas para un país lleno de fosas /Helguera y Hernández 72 58 4836
  3. 3. L a estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a in- vestigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa re- cuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares eje- cutaron de manera extrajudicial a 21 pre- suntos delincuentes en esa localidad del Estado de México. Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o ne- garon una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de En- rique Peña Nieto a emprender una inda- gatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento. Como en el caso Tlatlaya, el de Ayotzinapa revela una estrategia ya ensayada por el gobierno de Enrique Peña Nieto: el encubrimiento de agentes del Estado, señalada- mente el Ejército y la Policía Federal. Como entonces, hoy laProcuraduríaGeneraldelaRepúblicadescalifica,mien- te, oculta, exonera por adelantado y sin investigación de por medio a otros posibles responsables. A continuación se exponen de manera pormenorizada los elementos fác- ticos y documentales que sirvieron de base al reportaje publicado en la edición 1989 de Proceso y que sustentan la tesis periodística de los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher, junto con nuevas y sólidas evidencias que apuntan al entorpecimiento de la búsqueda de los jóve- nes en instalaciones militares y de la PF. ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empe- cinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo de- ja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables. La investigación publicada en el nú- mero 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF par- ticipó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzi- napa la noche del pasado 26 de septiem- bre y madrugada del 27, con la complici- dad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimien- to de los hechos en tiempo real por con- ducto de los funcionarios federales adscri- tos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procu- raduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el al- calde de Iguala, José Luis Abarca, y la poli- cía de ese municipio, fueron torturados an- tes de rendir sus declaraciones. El martes 16, tras la publicación del re- portaje y en entrevista con Carmen Aris- tegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo si- guiente sobre el papel de la PF el 26 de sep- tiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presen- cia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la case- ta, sí, claro. Eso todo está en la averigua- ción; pero eso no implica que hayan parti- cipado de ninguna manera”. En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bor- do de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos enAyo- tzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde toma- encubreal Ejército y a la Policía Federal La investigación de la PGR 8 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014
  4. 4. ron otros dos camiones de otra empresa. “El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, se- gún declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Igua- la, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informa- do, que los policías municipales de Igua- la privaron de la vida a tres normalistas.” En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que des- de las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco in- formó que éstos eran vigilados por los go- biernos estatal y federal desde las 17:59 ho- ras, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las po- licías Federal, Estatal, Municipal de Chil- pancingo y del Ejército. El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Fede- ral que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actua- ción de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación. Del indicio periodístico al indicio oficial La PGR envió a Proceso una breve nota aclaratoria: “La investigación que lleva a cabo la Procuraduría se ha basado en tes- timonios, revisión de documentos, video- grabaciones, fotografías, peritajes, inspec- ciones ministeriales, análisis técnicos y forenses, entre otros. “Ninguno de estos elementos arroja indicios de que miembros de la Policía Fe- deral o del Ejército Mexicano hayan parti- cipado en los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.” Pese a las declaraciones públicas de Murillo Karam en entrevista con la perio- dista Carmen Aristegui, donde pide que se le muestren las evidencias de la investi- gación periodística sobre la participación de la PF y el Ejército, tal solicitud no ha si- do dirigida a Proceso ni al Programa de Pe- riodismo de Investigación de la Universi- dad de Berkeley. El jueves 18 se envió una carta solici- tando al procurador general acceso a la in- vestigación y a las pruebas que deslindan a la PF y al Ejército. Aún se está en espera de la respuesta.Y cabe señalar que no hu- bo ninguna carta aclaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación, responsable de la PF y de la coordinación de los C4 en Guerrero. BenjamínFlores CASO AYOTZINAPA 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 9 Murillo Karam. Crecen las dudas
  5. 5. Tampoco la hay de parte de la Policía Federal. La investigación perio- dística publicada se basó en la revisión de miles de hojas de averiguaciones previas, testimonios, videos, infor- mes y tarjetas informativas del gobierno de Guerrero. Se hizo un recorrido por los luga- res donde ocurrieron los he- chos del 26 y 27 de septiem- bre y se verificó la información contenida en las averiguacio- nes previas y causas penales. Se tomaron videos y fotografías. Durante todas las indagatorias oficia- les fue patente la ausencia de la PGR. Para entender lo ocurrido esa noche, no inte- rrogó a testigos imprescindibles, quienes contradicen la versión oficial del ataque y desaparición de los estudiantes. No pro- tegieron las pruebas ni hicieron los aná- lisis periciales con oportunidad. En todos sus informes sobre el caso, la PGR omi- tió las primeras declaraciones ministeria- les rendidas por los estudiantes atacados, quienes imputaron, además de a la Policía Municipal, a la Federal y denunciaron el hostigamiento del Ejército. Ocultó la exis- tencia de videos grabados por los estu- diantes esa noche –mostrados por Proce- so– y nunca dio una versión del actuar de la PF y el Ejército ese día. Sin hacer una investigación completa y transparente de las diferentes líneas de investigación que se desprendían de las declaraciones ministeriales y elementos de prueba, la PGR adelantó conclusiones y dio el caso por resuelto el pasado 7 de noviembre. Sustento documental A continuación se enumeran algunas de las pruebas documentales con las que cuen- tan la reportera y el reportero, las cuales sustentan la tesis periodística acerca de la participación de la PF y el Ejército en el ata- que, las graves deficiencias y omisiones de la PGR en la investigación, el ocultamien- to de información y declaraciones ministe- riales rendidas bajo violencia previa ante la Subprocuraduría Especializada en Investi- gación de Delincuencia Organizada. Cualquier persona interesada en con- sultar directamente los documentos pue- de contactar a la reportera y al reportero en el Investigative Reporting Program, UC Berkeley, 2481 Hearst Avenue, Berkeley, CA 94709 y en Proceso. 1. Declaración ministerial del estu- diante Luis Pérez Martínez rendida el 27 de septiembre ante la Procuraduría Gene- ral de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG) que obra en la causa penal 172/2014-I.Afir- mó que en el ataque contra sus compañe- ros en la calle Juan N. Álvarez, policías mu- nicipales les cerraron el paso, pero la PF fue la que disparó contra ellos. 2. Declaración ministerial del estu- diante Francisco Chalma, rendida el mis- mo día –obra en la averiguación previa (AP) HID/SC/02/0993/2014– sobre la actua- ción del Ejército en el hospital Cristina e identifica la presencia de policías con pa- samontañas, pecheras y rodilleras, equi- po del cual carece la Policía Municipal de Iguala. Cabe señalar que Chalma fue gol- peado la madrugada del 14 de diciembre en Chilpancingo por policías federales aparentemente ebrios. 3. Declaración ministerial del estudian- te Ángel Mundo Francisco, en la averigua- ción previa HID/SC/02/0993/2014. También reconoce a policías con guantes negros y equipo antimotines, que no usa la policía de Iguala. 4. Declaración ministerial del estu- diante José de Jesús Vázquez –en la AP HID/SC/02/0993/2014–, quien señala la existencia de videos grabados por los es- tudiantes con celulares y afirma que en- tregó uno a la PGJG. 5. Videos grabados con teléfonos celu- lares por los estudiantes la noche del 26 de septiembre. En uno de ellos claramente un normalista identifica la presencia de la PF.“Ya se están yendo los policías… se van a quedar los federales y nos van a querer fastidiar”. 6. Entrevista con el licenciado Vidul- fo Rosales, abogado de los estudiantes y de los padres de los desaparecidos, quien afirmó que desde sus primeras declaracio- nes ministeriales los normalistas señala- Carta de Anabel Hernández y Steve Fisher en respuesta a la PGR Señor director: Le solicitamos publicar la siguiente car- ta, que dirigimos al titular de la PGR en respuesta al comunicado que nos envió esta dependencia en torno a nuestra in- vestigación periodística intitulada La his- toria no oficial, publicada en la edición 1989 de Proceso. Señor procurador general de la Repú- blica Jesús Murillo Karam: Hemos recibido con atención la breve nota aclaratoria que envió su oficina de Comunicación Social en la que señala: “La investigación que lleva a cabo la Procuraduría, se ha basado en testimo- nios, revisión de documentos, videogra- baciones, fotografías, peritajes, inspec- ciones ministeriales, análisis técnicos y forenses, entre otros. “Ninguno de estos elementos arroja indicios de que miembros de la Policía Fe- deral o del Ejército Mexicano hayan par- ticipado en los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.” Por medio de la presente le solicita- mos tener acceso a la indagatoria rea- lizada y las pruebas que deslindan a la PF y el Ejército de su participación en los ataques ocurridos la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 con- tra los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, en los cuales resultaron muertos tres estudiantes y 43 fueron desaparecidos. Agradecemos la atención que se sir- va prestar a la presente. Atentamente Anabel Hernández Steve Fisher OctavioGómez 10 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 Padres de normalistas. Protesta ante militares
  6. 6. P ese a sus expresiones públicas de duelo por el ataque a los normalis- tas de Ayotzinapa la noche del pa- sado 26 de septiembre y la madru- gada del día siguiente –con saldo de tres estudiantes asesinados, nueve heridos y 43 desaparecidos–, el gobierno federal no per- mitió que se buscara a los jóvenes dentro de las instalaciones de las bases militares en Iguala ni en las de la Procuraduría Ge- neral de la República (PGR) o el Centro de Operaciones Estratégicas (COE). El mismo 27 de septiembre el gobierno federal anunció que se sumaba a la bús- queda de los 43 estudiantes desaparecidos en apoyo al gobierno de Guerrero. Sin embargo impidió que esa búsque- da se hiciera en la base que comparten la PGR y el COE del gobierno federal en Iguala y apenas permitió una revisión par- cial en las instalaciones de los batallones de Infantería 27 y 41, según el informe de 81 hojas elaborado por el agente auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común Elmer Rosas Asunción y fechado el pasado 2 de octubre. El 28 de septiembre a las 11:00 horas, la agente del Ministerio Público espe- cializada en búsqueda de personas no localizadas, Elizabeth López Peña, ordenó una inspección completa en el 27 Batallón Búsqueda entorpecidaANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER de Infantería, la base del COE/PGR, la ba- se de la PF en Iguala, así como las sedes de las policías Estatal y Municipal en esa ciudad guerrerense. La instrucción de López Peña fue “veri- ficar si en dichas instalaciones existen o no personas recluidas en las áreas asignadas como de seguridad o áreas carcelarias”. También recabar “bitácoras o libros de go- bierno y/o relación de las personas que son ingresadas en calidad de detenidas”. La inspección debía ser en las áreas de separos y en el “resto de las instalacio- nes destinadas a oficinas, habitaciones, bodegas, y verifiquen la existencia de cámaras de video; de ser necesario solicitar los videos de las fechas 26, 27 y 28 de septiembre del año en curso”. Por experiencias previas, los norma- listas sobrevivientes y los padres de los desaparecidos temieron que éstos se ha- llaran en instalaciones del gobierno federal: El 12 de diciembre de 2012, durante una protesta en la autopista México-Acapulco, efectivos de la Policía Federal (PF) dispa- raron contra los estudiantes y se llevaron detenidos a 17 de ellos al Cuartel Regional Federal, en Chilpancingo, donde los gol- pearon, como se desprende de la recomen- dación VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Permisos a medias Rosas Asunción se presentó con dos testigos a las sedes de los batallones de Infantería 27 y 41 en Iguala, ambos ubicados en el mismo lugar, cerca de la plaza Tamarindos. Ahí fueron recibidos por el coronel de Infantería José Rodríguez Pérez, quien señaló, según la relatoría de Rosas, que “en las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de seguridad de detenidos, ya que al momento que llegan a detener a individuos, éstos son canalizados direc- tamente a las diferentes dependencias a donde correspondan”. Rodríguez Pérez dijo que por motivos de “seguridad nacional” no podía mostrar todas las instalaciones y pese a la urgencia, debía tramitarse una petición a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, “para que autoricen una inspección general”. El coronel dijo al agente auxiliar del MP que dentro del batallón hay un “área de sanitario habilitado como área de se- guridad con puerta de celda”, dentro de la sala de guardia y prevención, y que según su dicho esa área, cerrada con candado y con etiquetas de papel, era usada para “depósito de enervantes”. “Campo Militar No. 35-C Iguala Gro a 24 de septiembre 2014 prohibido el paso. Zona restringida sólo personal autorizado P O del Cor de Inf Cmte Btn el Myr de Inf jefe de la S110 Luis Alberto Rodríguez Chávez B-9445759”, decían las etiquetas. De acuerdo con Rosas sólo se les per- mitió “observar y tomar imágenes fotográfi- cas del lugar referido”. Pudieron asomarse por la reja y vieron muebles de estantería, una caja de cartón cerrada y una cubeta. No se les permitió revisar el resto de las instalaciones. En el reporte no se menciona si había cámaras de seguridad dentro del batallón ni si se obtuvo una bitácora de detenidos. La siguiente visita del día fue al cuartel de la Policía Estatal, en la carretera Iguala- Tuxpan, donde el comandante José Antonio López Ruiz permitió una amplia inspección. No se reportó ninguna novedad. La tercera se hizo en la base de la PF en Iguala, donde Rosas fue atendido por el ofi- cial Mario Mayorga Duarte. Se informa que no había un área de seguridad o carcelaria y se permitió una amplia inspección. No hubo novedad, reportó el agente auxiliar del MP. La cuarta tuvo lugar en la base de la Policía Municipal de Iguala, donde se pudo hacer una revisión completa y sin novedad. Una quinta fue a las instalaciones de la PGR y el COE, en la calle Nicolás Bravo sin número, en el centro de Iguala. Ahí los enviados de López Peña fueron atendidos por el oficial de guardia Fidel Jiménez Morales, quien aceptó que habia un “área de seguridad (…) pero para tener acceso a todas las instalaciones, así como a la toma de fotografías se comunicaría vía telefónica con el agente titular del Ministerio Público federal; al cabo de unos minutos informó que no era posible acceder por motivos de seguridad”. A partir del 4 de octubre la PGR anunció que atraería el caso de los normalistas de Ayotzinapa, pero ninguna investigación se hizo en torno a la participación de la PF y el Ejército. Y según la información pública, tampoco ha habido una inspección profun- da en las bases militares de Iguala ni en la de la propia PGR. En el informe elaborado por el gobierno de Guerrero sobre el caso se señala que la Fiscalía General del Estado “recibió reportes anónimos en el sentido de que algunos de los normalistas desaparecidos se encontra- ban en la comandancia de la Policía Munici- pal de Iguala, otros más en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y otros en el cuartel de la Policía Estatal”. El Ministerio Público fue a dichos lugares “sin que se obtuvieran resultados positivos”. CASO AYOTZINAPA 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 11
  7. 7. ron la participación de la PF y el Ejército, y que a finales de noviembre ampliaron sus declaraciones al respecto ante la PGR, la cual no quiso darles copia de las mismas. 7. Declaración ministerial de Osval- do Arturo Vázquez, escolta del exalcalde Abarca, quien declaró que éste y su espo- sa se retiraron de la explanada del centro de Iguala a las 20:45 horas, al terminar el informe de la gestión de ella al frente del DIF municipal, y luego fueron a cenar a una taquería en la colonia Río Balsas. 8. Entrevista con la señora Lili, dueña de la mencionada taquería, quien confir- mó que el exalcalde y su familia fueron a cenar esa noche y se retiraron a las 22:20 horas. Se le preguntó si la PGR la había ci- tado a declarar o si había ido a su local. Respondió que no. 9. Informe del gobierno de Guerrero que consta de más de 900 hojas en las que se desglosan las acciones realizadas du- rante el 26 de septiembre hasta el 4 de oc- tubre, cuando la PGR atrajo el caso. 10. Tarjeta informativa (TI) número 02370, de dos hojas, firmada por el coordi- nador operativo de la región norte de la Se- cretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista. 11. Se obtuvo información en los C4 de Chilpancingo e Iguala acerca de que en sus instalaciones hay representantes de las policías Federal, Estatal y Municipal, así como del Ejército. Todos ellos reciben dos camiones monitoreados por la Policía Estatal y la PF se movieron de la caseta 3 hacia la central de autobuses. 13. Declaración ministerial de Feli- pe Flores Velázquez rendida el 27 de sep- tiembre –AP HID/SC/0993/2014– en la cual asegura que a las 21:24 horas informó al jefe de la base de la PF en Iguala, Luis An- simultáneamente los reportes del 066. 12. Entrevista con Omar García, líder del Comité de Orientación Política e Ideo- lógica de la Normal Rural de Ayotzinapa, quien afirma que 10 alumnos quedaron encerrados en un autobús que llegó a la terminal de Iguala, que éstos llamaron pa- ra pedir ayuda a sus compañeros y que los La pira que no se vio ni desde el aireANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER U na bitácora de vuelo contribuye a derribar la versión difundida el pa- sado 7 de noviembre por el pro- curador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 norma- listas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre fueron incinerados el 27 de septiembre en un basurero de Cocula. Un experimentado piloto militar que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pú- blica y Protección Civil de Guerrero y quien durante 10 años laboró para la PGR, voló ese día sobre Iguala y sus alrededores para buscar a los estudiantes desaparecidos. De acuerdo con su bitácora, el vuelo tuvo lugar justo en las horas en las cuales, según el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habría una inmensa hoguera donde eran calcinados los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, a menos de 30 kilómetros de Iguala. Pero el piloto reportó “sin novedad”. Según la conferencia de prensa de Murillo Karam el pasado 7 de noviembre, Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje, supuestos miembros de Guerreros Unidos, confesaron que mataron y quemaron a los 43 estudiantes desapa- recidos. Con llantas, madera, gasolina y diésel hicieron una inmensa pira que ardió entre la medianoche del 26 de septiembre hasta las 15:00 horas del día siguiente. No fue sino hasta las 17:30 horas del 27 de septiembre cuando supuestamente pudieron manipular los restos, ponerlos en ocho bolsas negras de basura y tirarlos al río San Juan, donde después habrían sido encontradas por la Policía Federal. Pero ese mismo 27 de septiembre, en- tre las 12:00 y las 13:06 horas el helicóptero UH-1H matrícula XC-LLC de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, como parte del operativo de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, voló a 350 pies –altura considerada baja en la aeronáutica civil– sobre la cabecera municipal de Iguala y sus alrededores. Pero luego de una hora de vuelo el reporte fue: “Sin novedad”. De acuerdo con la bitácora, el piloto fue Andrés Pascual Chombo López. Información de la Secretaría de la Función Pública asienta que éste es piloto aviador militar. De 1993 a 1999 fue coman- dante de nave en el área de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana. De 2002 a 2012 trabajó en la PGR; en 2002 era piloto de servicio aéreo en el área de Asistencia Técnica. En 2009 fue ascendido a capitán con tareas de vigilancia, adscrito a la Dirección General de Servicios Aéreos; luego pasó a la Unidad de Intercepción Aérea, y en agosto de 2012 se dio de baja de la PGR. No fue aquél el único vuelo de Chombo López ese día. A las 11:00 horas salió en el helicóptero de Chilpancingo rumbo a Iguala. OctavioGómez 12 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 Indignación. Hermetismo del Ejército
  8. 8. Luego del primer vuelo de inspección volvió a despegar a las 18:00 horas desde la cancha de futbol a un costado del cuartel de la Po- licía Estatal y aterrizó a las 18:06 horas en el aeródromo de Iguala, para partir de ahí a las 18:16 horas rumbo a Chilpancingo con fun- cionarios del gobierno guerrerense a bordo. En ninguno de los vuelos del 27 de septiembre notó nada inusual. Aún más: El 28 de septiembre se rea- lizaron “diversos vuelos a baja altura” con un helicóptero Enstrom 480 B, matrícula XC-LKP, “con la finalidad de rastrear o ubicar desde el aire algunos lugares, baldíos, terre- nos y vados donde pudiera haber pertenen- cias o indicios del paradero de los jóvenes, sin que se hubiese obtenido información que llevara a su localización”, según un informe elaborado por el gobierno de Guerrero, fechado el 2 de octubre. Científicamente imposible El jueves 11, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuestionaron la veracidad de esta versión. Afirmaron que para quemar 43 cuerpos se hubieran necesitado 33 toneladas de troncos. “Si los cuerpos se hubieran quemado para reducirlos a los restos mostrados por la PGR, se hubieran necesitado 995 llan- tas. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, dijo a la prensa Jorge Monte- mayor, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM. Agregó que si los cuerpos se hubieran quemado con las 995 llantas, forzosamente hubieran quedado como residuos 2.5 tone- ladas de alambre de acero... que nadie vio. Además se necesitarían temperaturas de más de mil 500 grados, lo que hubiera provocado una columna de fuego y humo visible a varios kilómetros a la redonda. “Es imposible que hayan sido quema- dos en Cocula y la autoridad está en un serio problema porque, si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde?”, apuntó. tonio Dorantes, que los estudiantes esta- ban secuestrando camiones y aquél res- pondió que estaría pendiente. 14. Constancia de actuaciones en la AP HID/SC/0993/2014 sobre nuevas diligen- cias. En el análisis de los hechos dentro de la averiguación previa y “para la debida in- tegración y perfeccionamiento”, la agen- te del Ministerio Público del fuero común Maribel Morales García solicitó con carác- ter de urgente las imágenes grabadas por las cámaras del C4 instaladas en la calle Juan N. Álvarez, de Iguala. 15. Oficio 7314. El 28 de septiembre Mo- rales García pidió al titular de la PF en Igua- la que informara urgentemente “si los ele- mentos a su mando participaron de manera activa en los hechos que se registraron el 26 de septiembre”.Y en caso afirmativo,“seña- lar cuántos elementos se movilizaron en es- tas acciones”. La PF no respondió. 16. Oficio 7324. En la misma fecha Mo- rales García pidió de manera urgente a la PF de Iguala copias certificadas de la bitá- cora de registro de entrada y salida del per- sonal que laboró los días 26 y 27 de sep- tiembre. La Policía Federal no respondió. 17. Oficio 7331. En la misma fecha Mo- rales García pidió a la PF de Iguala un in- forme con el número de patrullas, su fecha de adquisición y asignación y copia de la licencia colectiva de resguardo del arma- mento en uso dentro de la corporación, “con el fin de resolver conforme a derecho la averiguación previa que se inició por los hechos violentos registrados el día 26 de septiembre”.La Policía Federal no contestó. 18. Seis hojas de la “Orden de los Servi- cios Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos que con es- ta fecha desempeñara el personal adscri- to a esta corporación”.“Servicio de las 8:00 horas del día 26 de septiembre a las 8:00 horas del día 27 de septiembre del 2014”. Ninguno de los 165 efectivos de la SSP mu- nicipal tiene el nombre de David Hernán- dez Cruz, quien según Murillo Karam se- ñaló a Abarca como el que dio la orden de “contener” a los estudiantes. 19. Se visitó la base de la Policía Mu- nicipal de Iguala en Rayón 109. Se toma- ron videos del exterior y del interior del inmueble que muestran lo modesto de las instalaciones, y que las casas y vecin- dades que la rodean tienen vista al patio central, donde supuestamente fueron lle- vados los estudiantes. Se cuenta con vi- deos que demuestran que las patrullas con roll bar, como las usadas por la Policía Municipal y por la Federal –la cual ahora está encargada de esa base–, no caben por la puerta principal. Aunque aún no termi- na la investigación, las instalaciones es- tán en remodelación. 20. Testimonios de personas ajenas al incidente, que vieron el ataque y señala- ron la presencia de policías con uniformes distintos a los de los municipales. 21. Visita al corralón de Grúas Mejía Meta II, en Periférico Sur sin número, en Iguala, donde desde el 27 de septiembre hay cuatro autos particulares, una moto- cicleta, patrullas municipales y los tres camiones atacados en la calle Juan N. Ál- varez. No fueron protegidos para preser- var huellas y pruebas. Se constató directa- mente que apenas entre los pasados 12 y 14 de noviembre, peritos de la PGR acudie- ron al lugar a practicar pruebas periciales de los vehículos, una semana después de que el procurador general había anuncia- do en conferencia de prensa las conclu- siones del caso. 22. Dictamen de integridad física nú- mero de folio 78336 realizado por la PGR a Néstor Napoléon Martínez Morales, a quien le atribuyeron el apodo de El Napo, detenido en Iguala y acusado de ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). En el do- cumento se enumeran los daños físicos que presentaba. 23. Declaración ministerial de Martínez Morales donde afirma que las lesiones le fueron causadas con motivo de su deten- ción y que fue golpeado por varios de los policías federales que lo aprehendieron. 24. Declaración ministerial de Raúl Núñez Salgado, alias El Camperra, dete- nido por la Marina en Acapulco y acusa- do por la PGR de ser operador financie- ro de Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/ GermánCanseco CASO AYOTZINAPA 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 13 Cocula. Sin huellas de la hoguera
  9. 9. UEIDMS/816/2014). Y “fe de integridad física” donde se enumeran todas las le- siones que presentaba. Su abogado pi- dió hacer un estudio de mecánica de lesiones. 25. Declaración ministerial de Si- dronio Casarrubias Salgado rendi- da el 17 de octubre de 2014, causa pe- nal 100/2014. Declaró que fue detenido en un restaurante y no en la carrete- ra México-Toluca. Afirmó que apenas había salido de la cárcel hacía cinco meses y que no es líder de Guerreros Unidos. Fue quien declaró que supues- tamente en los camiones donde viaja- ban los estudiantes iban integrantes del grupo delictivo Los Rojos y que por eso Guerreros Unidos, en complicidad con la Policía Municipal de Iguala, los atacó. Afirmó que los estudiantes fue- ron “asesinados”,“quemados” y arroja- das las cenizas al “río”.Y que supuesta- mente el procurador del estado, Iñaki Blanco, y el titular de la SSP de Guerre- ro, Leonardo Octavio Vázquez, estaban involucrados. La PGR en sus conclusiones descar- tó que en los camiones hubieran via- jado integrantes de Los Rojos y no ha presentado hasta ahora ninguna acu- sación contra Vázquez ni Blanco. Este último renunció al cargo a mediados de noviembre. 26. Declaración ministerial de Car- los Canto Salgado, alias El Pato, deteni- do en Iguala por marinos (PGR/SEIDO/ UEID MS/816/2014). Dio una lista de su- puestos integrantes de Guerreros Uni- dos,implicó a los comandantes de la Po- licía Municipal de Iguala, a Raúl Núñez Salgado, a José Luis Abarca, a El Napo y una decena más de personas identifica- das por apodos. 27. Declaración preparatoria de Canto Salgado donde revela que efec- tivos de la Marina y funcionarios del gobierno federal lo torturaron some- tiéndolo a asfixia, toques eléctricos, golpes y amenazas contra su familia. Que los marinos tenían una lista de nombres de personas contra las que debía declarar. 28. Dictamen de integridad física número de folio 78130 realizado por la PGR a Eury Flores López y Francis- co Javier Lozano Cuevas, detenidos en Cuernavaca por la Marina (PGR/SEIDO/ UEIDMS/816/2014). Se enumeran las múltiples lesiones con las que fueron presentados ante el MP. 29.Declaración ministerial de Loza- no Cuevas, quien testificó que fue tor- turado por los marinos que lo detuvie- ron. El defensor público dejó asentado que pedía se le aplicara el Protocolo de Estambul, el procedente cuando hay tortura. El gobierno federal dice que hará todo por dar con el pa- radero de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Pero en los hechos atranca el lugar en que las familias de las víctimas exigen buscar: el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala. Además, la actual administración no aclara las contradicciones que han surgido en la investi- gación del caso y responde con desdén a las preguntas al respecto –cuando lo hace. Así, las dudas sobre la partici- pación del Ejército se acrecientan. Las huellasde los militares 14 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014
  10. 10. E n un arranque de enojo, impo- tencia y desesperación, padres y madres de los 42 estudian- tes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desapareci- dos acudieron el jueves 18 a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para exigir a los mili- tares que les entreguen vivos a sus hijos y los acusaron de su desaparición forzada. Dos días antes, en una conferencia de prensa, las familias ya habían exigido a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una línea de investigación so- bre la participación de las fuerzas federa- les –Ejército y Policía Federal– en el ataque y posterior desaparición de los estudian- tes, así como en torno a la obstrucción de las labores de búsqueda. Estas demandas se basan en las nue- vas pistas publicadas por Proceso 1989 en el sentido de que, el 26 de septiembre –a través del guerrerense Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo al que tienen acceso fuerzas estatales y fe- derales, o C4–, tanto militares de ese ba- tallón como policías federales estuvieron enterados de la ruta que seguían los es- tudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y de la persecución y cacería MARCELA TURATI que sufrieron en Iguala, donde fueron em- boscados y 43 de ellos desaparecidos –ac- tualmente son 42, pues el sábado 6 fueron identificados mediante el análisis de ADN los restos del estudiante Alexander Mora Venancio. Desde que la PGR tomó la investiga- ción del caso, el procurador Jesús Muri- llo Karam ha defendido a los militares del 27 Batallón de Infantería –ubicado a ki- lómetro y medio del periférico de Igua- la, donde se realizó el ataque–, a pesar de las evidencias de que los soldados no sólo permitieron que, durante más de tres ho- ras, policías municipales y sicarios agre- dieran a los estudiantes, sino que cuando los militares salieron del cuartel y encon- traron a un grupo de alumnos que se es- condía con un herido, los regañaron, ame- nazaron y ficharon. Desde el reportaje titulado Inacción mili- tar que olió a complicidad (Proceso 1984) del 8 de noviembre se planteaba que el personal del 27 Batallón no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de septiembre y negó atención a los he- ridos; también se le acusaba de haber obs- taculizado la búsqueda de los estudiantes. En ese entonces ya había evidencias de que dicho batallón no atendió las denun- cias recibidas antes de la tragedia sobre el comportamiento criminal de las policías de Iguala y Cocula, y de que tenía una ex- celente relación con el presidente munici- pal de Iguala, José Luis Abarca –quien dio la orden del ataque, según la PGR. De he- cho, el batallón le cedió un terreno a Abar- ca para su plaza comercial, y la noche de los hechos el alcalde era acompañado por un enviado del 27. En los medios de comunicación se han manejado varios nombres distintos so- bre el militar que acompañaba a Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, al atardecer del 26 de septiembre, cuan- do los estudiantes se encontraban camino a Iguala y ya eran monitoreados por fuer- zas federales y estatales. En ese momento Pineda daba un informe como presiden- ta del DIF, que fue seguido por un baile. La mayoría de los medios men- ciona que el militar que asistió en primera fila al acto de los Abarca fue el coronel Juan Antonio Aranda Flores, comandante desde 2012 del 27 Batallón, oficial formado en fuer- zas especiales, inteligencia y con- trainteligencia, quien se presumía cercano a Abarca, ya que encabezó cerca de cinco actos públicos con él. Sin embargo, al cotejar fotografías, no existe parecido entre el coronel Aranda y el militar que aparece en las fotos del informe. El diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía, por su parte, señaló que el militar presente es el capitán del Ejército Mexicano y oficial de adiestramiento Paul Escobar López. De él no se tienen referencias fotográficas que permitan cotejarlo. El general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cien- fuegos, informó a los diputados que el asis- tente a la fiesta de Abarca era el coronel Jo- sé Rodríguez Pérez –quien relevó este año a Aranda en la comandancia de dicho bata- llón. Empero, su rostro tampoco guarda pa- recido con el militar fotografiado. El superior inmediato de Rodríguez Pé- rez es el comandante de la 35 Zona Militar, el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, quien el día del lanzamiento del Operativo Tierra Caliente sostuvo una charla con los integrantes del 27 Batallón, en la que dijo a los soldados que estuvie- ran seguros y tranquilos porque habían actuado bien. En este semanario se señaló que el mili- tar fotografiado podría ser el coronel de ca- ballería diplomado mayor de la 27 Zona Mi- litar con sede en Atoyac, Juvenal Mariano García, quien es parecido al militar retrata- do, aunque su base está lejos de Iguala. La incógnita, por lo tanto, sigue sin respuesta. Otros señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desaparicio- nes de los normalistas los hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares. Posteriormente, una supuesta narcoman- ta, firmada por El Cabo Gil –lugartenien- te del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos–, involucró con el narcotráfico a un “capitán Barbosa” y a un “teniente Crespo” del 27 Batallón. En la página de internet del municipio de Iguala existen dos actos en los que un capitán segundo de infantería del 27 Ba- tallón, el inspector militar José Martínez Crespo, acompaña a Abarca. El primero es una ponencia sobre sismos, el segundo fue el sorteo del servicio militar. OctavioGómez gobiernolegitimobj.blogspot. CASO AYOTZINAPA 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 15 Abarca. Soporte verde olivo
  11. 11. E l primer documento oficial so- bre las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, que la Procuraduría General de la República (PGR) fue forzada a desclasificar, pone de manifiesto la historia repetida en Igua- la: policías municipales al servicio de gru- pos del narcotráfico, en este caso Los Ze- tas, participaron en las desapariciones de personas cuyos cadáveres fueron encon- trados en fosas clandestinas. La nota informativa desclasificada, cu- ya copia obtuvo Proceso, contiene las de- claraciones de nueve presuntos integran- tes de ese grupo –los primeros en ser capturados– ante la Subprocuraduría Es- pecializada en Investigación de Delincuen- cia Organizada (SEIDO). Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, El Junior, expuso: Sé que los policías y tránsitos (sic) de San Fernando ayudan a la organización de Los Ze- tas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono,es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar. Y aunque la PGR reservó la informa- ción por 12 años, la organización estadu- nidense National Security Archive (NSA, Archivo Nacional de Seguridad, basada en la Universidad George Washington), que ha dado seguimiento sistemático a viola- ciones de derechos humanos en México, se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Tras evaluar el caso, el insti- tuto ordenó a la procuraduría hacer públi- cos los documentos. El miércoles 10 la dependencia entre- gó una tarjeta informativa elaborada en la entonces SIEDO (hoy llamada SEIDO) que carece de fecha. Contiene un resumen de las primeras declaraciones de los deteni- dos. Algunos fragmentos están tachados, sobre todo los números de averiguaciones previas y las identificaciones de las agen- cias de los ministerios públicos en las que recayó la investigación de las fosas con 196 cadáveres cuyos hallazgos derivaron en las detenciones. En uno de los extractos, siete de los de- tenidos admiten la participación de ele- mentos de la Policía Municipal de San Fer- nando que iba “desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omi- sión en su deber en la observancia de deli- tos cometidos por miembros de Los Zetas, citando además que recibían pago por par- te de esa organización criminal”. Para Jesse Franzblau, investigador del capítulo México del NSA, la liberación de un documento del expediente PGR en San MARCELA TURATIAunque el apellido coincide, no pa- sa lo mismo con el cargo, y no es posi- ble deducir si la narcomanta se refería a ese militar. En la respuesta a una solicitud de in- formación hecha a la Sedena en torno al historial de José Martínez Crespo, se seña- la que en 1987 comenzó su carrera militar como cadete, luego fue subteniente de in- fantería y, a la postre, capitán segundo de dicha arma. Estuvo asignado a un Estado Mayor de la Defensa Nacional en el agru- pamiento de servicios generales,y en 2007 ingresó “a un batallón de infantería”. Con respuestas del tipo “(permane- ció) en un plantel militar” o en “un ba- tallón”, la Sedena evita identificar los lugares concretos en los que estuvo destacado. En el portal del municipio de Iguala se exhiben siete actos públicos de Abarca junto a militares. Quienes aparecen son: el coronel Juan Antonio Aranda Flores, el coronel comandante José Rodríguez Pé- rez, el teniente de Infantería Éder García, el segundo comandante del 27 Batallón y teniente coronel Rogelio Carrera y el ca- pitán segundo de Infantería José Martí- nez Crespo. Cabos sueltos Las dudas sobre la participación del Ejérci- to en Iguala, cuando los normalistas esta- ban siendo atacados y detenidos por poli- cías y pistoleros,no han surgido sólo entre las familias de las víctimas, sino tam- bién en la Comisión Bicameral de Segu- ridad Nacional del Congreso, la organiza- ción internacional Human Rights Watch y Tlachinollan –que en un inicio exigió in- vestigar la falta de prevención de los he- chos por parte del Ejército y la ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala, pero la semana pasada pidió indagar si tu- vo participación directa en los hechos. El 7 de noviembre, la primera vez que fue cuestionado sobre la inacción del Ejército para defender a los estudiantes, Murillo respondió: “El Ejército se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apo- yado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”. El miércoles 3, este semanario le co- mentó la exigencia de los padres para indagar al 27 Batallón. El fiscal informó que el gobierno no buscaría en bases mi- litares a los normalistas desaparecidos: –Las familias (de los estudiantes desa- parecidos) exigen que sean revisadas también las bases militares, ¿ahí ya bus- caron? –se le preguntó tras el lanzamien- to en Iguala del OperativoTierra Caliente. –Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar, sabemos que ahí no –respondió. –¿No van a buscar en las instalacio- nes de la Sedena, en el 27 Batallón? –La Sedena es la más preocupada buscándolos, así que sería un absurdo que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente. –Entonces no serán buscados ahí… –No tenemos que buscar lo que sa- bemos que no está. Es absurdo –insistió. El 13 de noviembre, el secretario Cien- fuegos explicó a legisladores que lo cita- ron para hablar del tema que los integran- tes del 27 Batallón no intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “si- guieron un protocolo”,que indica que sólo pueden actuar a petición de la autoridad local,y cuando los militares preguntaron a las policías municipales y estatales si pa- saba algo en Iguala, éstas mintieron y ase- guraron que “no sucedía nada”. El miércoles 3, al ser cuestionado so- bre la exigencia de revisar las bases mi- litares, Cienfuegos dijo: “Eso depende del gabinete, no de mí”. Guardó silencio y después de unos segundos agregó: “Si quieren revisar que revisen, no tenemos ningún problema”. El general no ha declarado nada sobre el informe inédito del gobierno de Gue- rrero obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, en el que queda asentado que, desde su sali- da de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes eran monito- reados por agentes de las administracio- nes estatal y federal a través del C4. Aunque se pidió a la Sedena infor- mación sobre el papel que jugó en el ca- so Ayotzinapa, vía la Ley de Información Pública yTrasparencia, ha solicitado pró- rrogas para responder a esta pregunta. Según el reportaje firmado por Ana- bel Hernández y Steve Fisher, publicado en esta revista con el apoyo del Progra- ma de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, en el ataque hubo participación de la Policía Federal, con la aquiescencia o colaboración del Ejército. Tras estos señalamientos, el comi- sionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, negó en entrevista te- levisiva que la noche del 26 de septiem- bre elementos de su corporación parti- ciparan activamente en el ataque, pero admitió que las fuerzas federales sí es- tuvieron monitoreando el grupo de nor- malistas desde antes que llegaran a Iguala, y se enteraron de que fueron agredidos a balazos: “Sí sabíamos de (las actividades) ese día, porque (los estudiantes) venían en autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal (…) Ahí acudieron los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación.” 16 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 CASO AYOTZINAPA
  12. 12. las similitudesDespués de cuatro años, el capítulo México de la orga- nización estadunidense National Security Archive logró que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidiera a la Procuraduría General de la República desclasificar los documentos sobre la matanza de 72 migrantes centroamericanos ocurrida en agosto de 2010 en San Fernando, Tamau- lipas. Los documentos desclasificados revelan, entre otras cosas, un modus operandi similar al del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, contra los nor- malistas de Ayotzinapa. En uno y otro caso los policías actuaron en colusión con grupos delincuenciales. Fernando “sienta un precedente intere- sante con respecto a la desclasificación de información sobre derechos humanos en México, en particular la aplicación de esa pieza de la ley”. Al revisarlo, su colega Michael Evans manifestó su paralelismo con el caso de Ayotzinapa: “Si todo esto suena inquietan- temente familiar –dice– es porque lo he- mos visto todo antes. Asesinatos como és- tos son preocupantemente comunes en México, y las fuerzas detrás del caos –gene- ralmente cárteles de la droga contando con la colaboración de,como mínimo,la policía local– han sido notablemente consistentes en el tiempo”. Imposturas Michael Evans manifestó su inquietud por- que, al referirse al caso de Ayotzinapa, el secretario de Relaciones Exteriores, José ElUniversal San Fernando-Ayotzinapa: 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 17
  13. 13. Antonio Meade, alude siempre la palabra “transparencia”, la cual nunca ha sido real en casos similares de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en la últi- ma década en México, como las masacres de migrantes –incluidas la de los 72, ocurri- da en San Fernando en agosto de 2010, las fosas con 196 cadáveres en ese mismo mu- nicipio localizadas en 2011 y la de otros 49 en Cadereyta, Nuevo León, en 2012. “Citando preocupaciones sobre la se- guridad de la investigación en curso, la PGR siempre se ha negado a dar cualquier información a partir de tres masacres ho- rripilantes en 2010, 2011 y 2012, alegando la protección en virtud de una exención de la Ley de Transparencia de México, y ha luchado todo el camino hasta llegar a la Corte Suprema para proteger esos archi- vos”, expresó Evans. La Fundación para la Justicia y el Es- tado Democrático de Derecho –represen- tante de algunas de las víctimas– y la or- ganización de defensa a la libre expresión Artículo 19 interpusieron demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la negativa de la PGR de hacer pú- blicas las averiguaciones previas sobre las matanzas de San Fernando. La tarjeta informativa incluye los nom- bres de los policías municipales detenidos: Óscar Jaramillo Sosa, Álvaro Alba Terrazas, Lázaro Flores Peña, Martín García Badillo, Eleodoro Sánchez Robles, Rogelio de la Por- tilla Heredia, María Guadalupe Galván Her- nández, Remigio Carrillo Mireles, Guada- lupe Hernández Ibarra, Manuel Ávila Lugo, Elpidio Reyes Sáenz, José Luis Aguilar Vé- lez, Julio Guadalupe Jaramillo Vela, Mario Alberto Romero Hernández, Santos Maldo- nado Reyes, Gilberto Rivera Hernández, Je- sús Ramos López y Joel Reséndiz Moreno. Ninguno aceptó su culpabilidad. A Franzblau y Evans les llama la aten- ción un par de inconsistencias: que si bien Alba Terrazas y Jaramillo Sosa aparecen en el documento como policías municipa- les, en las notas de prensa se les presenta como zetas; y que aun cuando los medios mencionaron a 16 detenidos, el reporte establece que fueron 17. “Esta versión también deja muchas preguntas sin respuesta: ¿Qué pasó con los funcionarios de la policía?, ¿dónde están ahora?, ¿por qué la PGR no encontró todos los documentos más sensibles? y ¿cómo se explica el hecho de que dos de los 17 de- tenidos posteriormente figuran en los in- formes de los medios de comunicación co- mo miembros de Los Zetas?”, indicó Evans. Los hechos La NSA es una institución independiente no gubernamental de investigación ubica- da en Washington, DC, que recopila y pu- blica documentos desclasificados obteni- dos a través de leyes de transparencia de Estados Unidos y México; centra su aten- ción en asuntos migratorios y violaciones a los derechos humanos. En noviembre este semanario publi- có, con base en informes obtenidos por la NSA, documentos que revelan la colusión de funcionarios municipales, estatales y federales mexicanos con los criminales (la sospecha incluye a los exgobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma,Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernán- dez Flores); la presencia de kaibiles en la zona, y la petición de ayuda a Washington por parte de la cancillería mexicana pa- ra salvar la popularidad de Felipe Calde- rón, desplomada por aplicar una estrategia de combate contra las drogas (cofinancia- da por Estados Unidos) que los mexicanos y los propios funcionarios estadunidenses consideraban como generadora de violen- cia (Proceso 1931). Evans, quien dirige el capítulo México del NSA, considera que el material descla- sificado en ambos países pone de mani- fiesto que las policías municipales de Ta- maulipas y Nuevo León estaban bajo las órdenes de Los Zetas. Fue tan difundido el fenómeno, que la gente los llamaba “Los Polizetas”. “Los documentos (gubernamentales) desclasificados y los de Wikileaks de Esta- dos Unidos, incluyendo los cables del go- bierno americano y de su consulado en Monterrey, proporcionan una mirada in- trigante de cómo Los Zetas establecieron el control sobre la policía de Nuevo León y sobre muchos otros funcionarios, y có- mo esos policías corruptos eran a menu- do los objetivos de los cárteles rivales”, se- gún el experto. Los documentos obtenidos por Evans y Franzblau que comparten con Proceso, dejan en evidencia que en 2005 el FBI dijo que Los Zetas eran una “amenaza emer- gente para Estados Unidos”. En junio de ese año, según el reporte del buró federal de investigación, ese grupo criminal con- trolaba efectivamente la fuerza policial de Reynosa. Con base en los cables emitidos por el consulado estadunidense en Monterrey –“un asiento de primera fila para ver la forma en que Los Zetas establecieron su control”–, en 2010 Nuevo Laredo, pero so- bre todo la capital regiomontana, eran de- nominados “territorios zeta”, según un ca- ble publicado por Wikileaks. La ciudad nuevoleonesa era un “refu- gio seguro, fuente de ingresos (principal- mente de la extorsión) y centro de abas- tecimiento para ese grupo criminal. La información conecta a sus integrantes con las corporaciones municipales, esta- tales y con funcionarios, incluido Héctor Santos Sauceda, entonces director gene- ral de Investigación de Nuevo León, quien actualmente es funcionario en Coahuila. En marzo de 2010, el consulado desta- có que el gobernador de Nuevo León, Ro- drigo Medina de la Cruz, suspendió a 81 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por sus presuntos víncu- los con Los Zetas TCO (Transnational Cri- minal Organization, Organización Crimi- nal Trasnacional), quienes además tenían cooptados a otros funcionarios y contro- laban la carretera que rodeaba la capital del estado. En otro documento,la Sección deAsun- tos Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos criticó a las autoridades mexicanas porque no controlaban a las organizacio- nes de narcotraficantes que “han funcio- nado bastante abiertamente y con libertad de movimientos y operaciones... En mu- chos casos –decía– operan con impunidad casi total en la cara de las fuerzas de segu- ridad locales”. Otro de los cables manifiesta que al consulado le preocupaban los altos ni- veles de corrupción oficial en Monterrey, donde 165 de los aproximadamente mil policías estatales han sido despedidos en los últimos meses por presuntos vínculos con el narco. El consulado citó varios casos en los que la policía de Monterrey y otros municipios participaron en secuestros y asesinatos. Los investigadores de la NSA también anexaron a la información desclasifica- da sobre San Fernando cables de mayo de 2011 en los que el consulado menciona que el Ejército mexicano incautó armas a policías en 43 municipios de Tamaulipas. En uno se lee que aunque hasta ese momento el gobierno mexicano no ha- bía hecho comentarios sobre ese asunto. Los informes iniciales esa acción se efec- tuó para determinar si las armas se ha- bían utilizado en los crímenes de indocu- mentados y si tenían relación con los 196 cuerpos descubiertos en fosas comunes de San Fernando. Otro, fechado el 16 de mayo y emiti- do por la Sección de Asuntos Narcóticos, menciona el descubrimiento de los hasta entonces 183 cuerpos en fosas comunes en San Fernando y la detención de 17 de los 25 policías municipales, entre ellos su jefe, en relación con esos hechos. Una más, el del 13 de junio de ese mis- mo año, emitido por la misma sección, alude al despido de siete altos funciona- rios del Instituto Nacional de Migración “en medio de acusaciones de que algunos agentes habían participado en el secues- tro de migrantes”, quienes fueron acusa- dos por centroamericanos de bajarlos de autobuses y entregarlos a las bandas de narcotraficantes en Tamaulipas. CASO AYOTZINAPA 18 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014
  14. 14. El “virrey” Castillo fracasóy se “corrompió” JOSÉ GIL OLMOS E l martes 16 por la tarde, duran- te dos horas, dos grupos pro- vistos con armas de alto po- der se disputaron a balazos el control de La Ruana, en Tierra Caliente, Michoacán, una lo- calidad clave en la producción de drogas sintéticas y paso obligado de cargamen- tos de cocaína, mariguana y goma de opio hacia Estados Unidos, de acuerdo con do- cumentos oficiales. Ese día, los seguidores de Hipólito Mo- ra y de Luis Antonio Torres, El Americano, intercambiaron disparos de metralletas calibre 50, rifles de asalto y pistolas de al- to calibre, y se lanzaron granadas de frag- mentación. El saldo: 11 muertos. Y mientras eso ocurría en territorio mi- choacano, el comisionado del gobierno fe- deral, Alfredo Castillo, se encontraba en la Ciudad de México. Estaba comiendo en un restaurante de Polanco y luego hizo com- pras en una relojería de lujo de esa zona, según afirmaron los senadores panistas Luisa María Calderón y Javier Lozano. Cuando se enteró de la refriega,Castillo sólo atinó a decir que se debía a diferencias personales entre Mora y El Americano. Sin embargo, pobladores de La Ruana, munici- pio de BuenavistaTomatlán, sostienen que en el fondo se trata de una pelea por el do- minio de esta zona importante en la pro- ducción de drogas sintéticas, y paso estra- tégico para el trasiego de otros enervantes. Al principio, dicen a condición de que se omitan sus nombres, la región estu- vo controlada por Jesús El Chango Mén- dez, fundador de La Familia Michoacana y oriundo de ese municipio. Los habitantes de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto –conocida como La Ruana en honor a una yegua blanca con manchas de gris y bayo– comentan al re- portero que tanto La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios han uti- lizado desde hace tiempo ese lugar pa- Octavio Gómez 20 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014
  15. 15. En Michoacán, los acontecimientos violentos de las últimas semanas, así como varios michoacanos entrevistados por Proceso, indican que el “vi- rrey” Alfredo Castillo fracasó rotundamente en su encomienda “pacifica- dora”. Hay quienes afirman que, lejos de apaciguar la entidad, el comisio- nado del gobierno federal pactó con uno de los grupos delincuenciales más poderosos en la región de Tierra Caliente –Los Viagras–, lo que multiplicó los problemas.El padre Gregorio Goyo López,vicario de la catedral de Apat- zingán, va más lejos en los señalamientos: afirma que, según versiones lo- cales, Castillo recibió 7 millones de dólares para que dejara delinquir a Los Viagras, sus consentidos que están ahora fuera de control. ra instalar laboratorios de producción de droga sintética. Según ellos, el pasado 20 de septiem- bre elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Fede- ral (PF) incautaron un laboratorio en el po- blado Dieciocho de Marzo. A su vez, la Co- misión Nacional de Seguridad emitió un comunicado en el que expuso que se lo- calizaron tambos “en la maleza”, así como “mecheros improvisados” y contenedores de plástico con precursores químicos para la fabricación de metanfetaminas. EnTierra Caliente se siguen producien- do drogas sintéticas como efedrina, crys- tal y crack; esta última, según documentos oficiales consultados por Proceso, fue in- ventada en Apatzingán por Los Caballeros Templarios. En Aguililla, Coalcomán, Aquila, Chi- nicuila, Coahuayana, Tepalcatepec y Sie- rra de Tumbiscatío se produce amapola, de donde se extrae la goma de opio, base de la morfina y la más poderosa de las drogas: la heroína. Viejas disputas De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de las zonas milita- res XXI y XLIII han detectado y destruido decenas de narcolaboratorios en la región calentana donde se encuentra La Ruana, lo que ubica a la entidad en primer lugar en este rubro, arriba de Jalisco y Sinaloa. En 2012, la PGR desmanteló 938 labora- torios clandestinos, 83 de los cuales eran utilizados para la elaboración de metanfe- taminas en Tierra Caliente (Proceso 1917). La Marina informó que la creación de estas “fábricas de enervantes” aumentó hasta mil 200% en Michoacán y desplazó al cultivo y siembra de mariguana y amapo- la. Otro documento acreditado a inteligen- cia militar y al que tuvo acceso el reporte- ro asienta que a raíz de la aparición de las autodefensas en febrero de 2013, dos gru- pos aprovecharon la debilidad de Los Tem- plarios para apoderarse de Tierra Caliente. Uno de ellos, Los Gallegos, es liderado por el empresario limonero y hotelero Mi- guel Gallegos Godoy, El Micheladas o El Mi- gueladas; el otro es La Tercera Hermandad o H3, asociado con Los Viagras y encabe- zado por El Americano, quien aun cuando nació en Estados Unidos tiene la naciona- lidad mexicana. El Micheladas, exjefe templario, ha he- cho acuerdos con Nemesio Oceguera Cer- vantes,El Mencho,del Cártel de Jalisco Nue- va Generación desde 2011, pues es uno de los principales productores de droga sin- tética en Michoacán. Ambos, según el do- cumento citado, se apoyan en supuestos autodefensas en Tierra Caliente y utilizan las rutas de Tepalcatepec, La Ruana y Bue- navista, limítrofes con Jalisco. “Se habla de que sus operadores para tal objetivo son los denominados H3, que encabeza Luis Antonio Torres, conocido como Simón o El Americano, quien es el lí- der de las autodefensas de Buenavista To- matlán y que encabeza un grupo armado de aproximadamente mil 200 personas, que también se denominan autodefensa operativa” (Proceso 1955). Uno de los operadores de la organiza- ción es José Alvarado Robledo, El Burrillo o El Burro, a quien se identifica como patro- cinador de las autodefensas de Buenavis- ta Tomatlán. También se menciona a José y Antonio MéndezVargas, hermanos del Chango Mén- dez; a Gerardo Serafín, El G1, exintegrante de Los Caballeros Templarios; los herma- nos Rodolfo y Mariano Serra Santana, Los Viagras, el grupo criminal más fuerte de Tierra Caliente que hoy ocupa el lugar que dejaron Los CaballerosTemplarios. FranciscoCastellanos Huellas de la balacera NARCOTRÁFICO 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 21
  16. 16. En el informe confidencial menciona- do se lee que El Americano y El Burrillo han querido apoderarse de unas huertas del Chango Méndez, quien fue detenido en 2011. Presuntamente Mora, compadre del Chango, las tenía y utilizaba las ganancias para mantener a las autodefensas y a las viudas del municipio. De esta manera, más allá de sus dife- rencias personales, los enfrentamientos entre Mora y El Americano por el control de La Ruana son cada vez más violentos. Después del 8 de marzo último, con el apoyo del comisionado Castillo, El Ameri- cano se apoderó de Buenavista Tomatlán y presionó para que Mora fuera encarcela- do cinco días después, el 13, acusado de la muerte de Rafael Sánchez Moreno, El Pollo, y José LuisTorres Castañeda, señalados en la comunidad como miembros de Los Ca- balleros Templarios. Mora estuvo preso durante 65 días en el Centro de Readaptación Social David Fran- co Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, hasta que fue puesto en libertad el 16 de mayo porque las pruebas aportadas en su contra resultaron insuficientes. Para entonces El Americano y el gru- po de Los Viagras –convertidos en fuer- zas rurales y apoyados por el comisionado Castillo– ya controlaban una de las prin- cipales rutas de transporte de drogas sin- téticas en Michoacán. El padrino de Los Viagras Alfredo Castillo, extitular de la Procuradu- ría Federal del Consumidor y exprocura- dor del Estado de México, fue nombrado Comisionado para la Seguridad y el De- sarrollo Integral de Michoacán por decre- to presidencial el 15 de enero de este año. Su encomienda: tranquilizar la entidad y desarmar a las autodefensas que se ha- bían organizado para enfrentar a Los Ca- balleros Templarios. Durante seis meses se convirtió en el “virrey”de Michoacán,mote con el que fue popularizado porque se dedicó a imponer toda la estructura policiaca y de justicia, negoció con los líderes de las autodefen- sas –a quienes convirtió en fuerzas rurales a partir del 10 de mayo– y, según el vica- rio de la catedral de Apatzingán, Gregorio López, pactó con Los Viagras, permitien- do el ingreso a las fuerzas rurales de mu- chos templarios arrepentidos o perdona- dos por el gobierno. A partir de entonces, el presidente En- rique Peña Nieto regresó a Michoacán y aseguró que la paz y la tranquilidad se ha- bían recuperado con Castillo. No obstante, los datos duros del Siste- ma Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que en Michoacán la violencia au- mentó este 2014 con respecto al año pa- sado. Según las cifras del SNSP, la entidad sigue entre los primeros cinco lugares en homicidios dolosos, secuestro y extorsión. El comisionado, el responsable, coinciden Hipólito Mora y “El Americano” el culpable de todo es el comisionado y aclara que el enfrentamiento no se debió a enconos personales entre él y El Americano. Cuando el corresponsal le pregunta sobre las fallas en la estrategia del gobierno federal, Mora responde: “Yo no quiero venganza, sino justicia; quiero saber qué pasó y dónde queda el acuerdo (para pacificar la región). Siempre he pedido al gobierno seguridad en la localidad. Si hay un pueblo con alto riesgo de enfrentamiento, ese es La Ruana”. –Ya le tomaron su declaración. ¿Qué les dijo? –Ya les explique cómo pasaron los he- chos. Les dije a los dos que me la tomaron: “Chingo a mi madre si va una mentira”. –¿Le preguntaron si disparó? –Sí. –¿Qué les contesto? –La verdad: sí disparé. Lo hice para defenderme. Estoy seguro que no le pegué a nadie… Siempre he aceptado las cosas como son. No me gustan las mentiras. L A RUANA, MICH.- Hipólito Mora, funda- dor de las autodefensas de esta de- marcación, y Luis Antonio Torres, El Americano, comandante de las fuer- zas rurales de Buena Vista Tomatlán, seña- lan al comisionado Alfredo Castillo Cervan- tes como el principal responsable del en- frentamiento del martes 16. No es la primera vez, dicen, que se exacerban los ánimos. Ya el 29 de julio pa- sado hubo un diferendo en el cual hubo por lo menos 14 muertos y Castillo no actuó, pese a que fue advertido con antelación, comenta Mora. –¿Usted lo alertó? –se le pregunta. –Desde hace muchos meses. Incluso tengo como testigos a muchos periodistas. Le supliqué que pusiera atención sobre todo al Americano. Mora afirma que la Gendarmería ya había abandonado la comunidad cuando su gente fue atacada por los seguidores de aquél. Luego de la confrontación del martes 16 en la que murió su hijo Manolo Mora Moreno, El Americano dijo que todo se inició cuando la Gendarmería abrió fuego contra su grupo. Y no obstante que hay una grabación donde se escucha cuando ordena el ata- que, reitera que él sólo respondió al fuego de los aliados de Mora. “No sabemos qué pasó, qué arreglo tenían los de la Gendar- mería con el grupo de Hipólito”, comenta. Relata que cuando él y su grupo fueron atacados transitaban por la avenida princi- pal de la comunidad, e incluso muestra los impactos de bala que recibió la camioneta en la que viajaba: “Una persona de Hipólito o de las mías no puede dejar impactos de una M60. Tenemos audios y ahí se escucha cómo detonan sus carrilleras. Esas son armas de la Gendarmería”. El Americano dio su testimonio ante el subprocurador de Apatzingán, Victorino Porcayo, y el subprocurador de Lázaro Cár- denas, José Juan Monroy, horas después que Mora, quien asegura en entrevista que FRANCISCO CASTELLANOS J. GermánCanseco Torres. Disputa por La Ruana 22 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014
  17. 17. Entre febrero y octubre de 2013, por ejemplo, se contabilizaron 663 asesina- tos; en el periodo correspondiente a este 2014 aumentaron a 732; en 2013 hubo 12 mil 674 robos, este año van 13 mil 28; los secuestros pasaron de 134 a 140. El padre Gregorio Goyo López, vica- rio de la catedral de Apatzingán, sostiene que Castillo ha fracasado en su misión de recuperar la paz y la tranquilidad en Mi- choacán porque pactó y protegió al gru- po criminal Los Viagras y los convirtió en fuerzas rurales, lo que les dio más poder. En entrevista, López explica que el ata- que del Americano al grupo de Mora es una muestra de fuerza y poder de Los Viagras, que un par de días antes bloquearon ca- rreteras y quemaron playeras de fuerzas rurales porque Castillo lanzó el ultimá- tum para que entregaran las armas. “Hay una guerra interna entre los gru- pos. El asunto es que Los Viagras se mo- lestaron con Castillo porque les puso co- mo plazo dos meses –que ya se cumplió–, de ahí los bloqueos y la quema de las pla- yeras. Ellos quieren dar el mensaje de que son los buenos; quieren echarle la bolita a otros y ponerse como las víctimas, como los mártires. “El comisionado Castillo se reunió con ellos y les dijo que no quiere gente ar- mada de Los Viagras, que los va a desti- tuir. Pero hoy fue todo lo contrario: ataca- ron a Mora, quien ha estado contra ellos. La situación se le ha salido de control al gobierno porque uniformó a criminales y ahora no sabe cómo deshacerse de ellos”, sostiene López. Con Castillo,agrega,se quiso manipular mediáticamente la situación en Michoacán al afirmarse que todo estaba bajo control, pero eso es falso. Propone que se tome en cuenta a la ciudadanía mediante un con- sejo integrado por distintos sectores de la sociedad para elegir a las fuerzas rurales y encontrar mecanismos de pacificación dis- tintos a la militarización del estado. –¿Qué puede decir de la situación ac- tual en Michoacán? –se le pregunta. –En este momento está fuera de con- trol y Castillo tiene que pagar su error. Qui- zá lo mejor es que salga del estado, porque tiene tiempo apadrinando a ese grupo de Los Viagras. Ha sido cómplice porque se habla de que le dieron 7 millones de dóla- res para que los dejara delinquir. Hay gen- te que dice eso. “Si Castillo recibió dinero y se corrom- pió, lo más sano es que se meta a la cárcel a los que enlistó y (el gobierno federal) se quite de problemas. Sean buenos o malos, es necesario que los pongan en su lugar.” Entrevistado al respecto, el empresario de Aguililla JorgeVázquez, quien hoy es au- todefensa, manifiesta que Castillo ha crea- do un problema peor del que se tenía. Antes había un solo grupo del crimen organizado –Los Caballeros Templarios–, pero hoy son varios los que tienen so- metida a la población. “La situación está bastante confusa, ya no se sabe quién es quién. Es como un polvorín a punto de es- tallar”, advierte Vázquez. El fundador del grupo de autodefensa de Aguililla acusa a Castillo no sólo de “apa- drinar” a Los Viagras, sino de hacer nego- cios ilícitos en Michoacán. Él asegura que el comisionado, en contubernio con fun- cionarios de la Procuraduría Federal de Pro- tección al Ambiente, se apropió de 5 mil to- neladas de hierro de una mina de Aguililla. Los perdonados –los extemplarios–, que hoy son miembros de la Fuerza Ru- ral, dice, se han convertido en el principal grupo criminal y se han apropiado de te- rrenos, huertas de aguacate y limón, así como de negocios que antes tenían Los Caballeros Templarios. “Esta gente que (Castillo) puso como comandantes de las fuerzas rurales ya eran delincuentes. Eran miembros de La Familia Michoacana o de Los Caballeros Templarios”, asegura Vázquez. “Siempre voy a decir la verdad” Le preocupa, dice Hipólito Mora, que le vayan a inventar delitos e intenten encarce- larlo de nueva cuenta. –¿Quiénes? –Alfredo Castillo. –¿Le tiene miedo por su familia? –No, no. Ahí está mi familia. Me mata- ron a mi hijo. Pese a ello, confirma que seguirá parti- cipando sin dejar las armas. “Ni uniforme ni una gorra van a cambiar mi forma de pen- sar. Yo voy a seguir siendo Hipólito Mora; esté donde esté, siempre con los mismos pensamientos”. –¿Ha tenido más amenazas del otro grupo? –No. Ya consiguieron lo que querían: matar a mi hijo. Con la voz entrecortada relata que solían decirle a sus seguidores: “Prepáren- se porque está cerca su final”. Yo les decía a los muchachos que no les contestaran. Pensaba que el gobierno se encargaría de detener a los agresores, pero fue inútil. –El comisionado Castillo insiste en que el del martes 16 no fue un pleito entre auto- defensas y fuerzas rurales, sino entre usted y El Americano... –Yo nunca he discutido con El Ameri- cano; nunca le he dicho una mala palabra ni él a mí, a pesar que es la persona que más odio en la tierra. Él también me agarró mucho coraje desde que descubrí que es- taba dejando entrar a su grupo a personas cercanas al Chayo, a La Tuta. Él mismo lo ha declarado: hay muchos “arrepentidos” por aquí. –¿Ha crecido la delincuencia desde que llegó Castillo? –Ustedes lo están viendo. Todos lo estamos viendo, no sólo quienes vivimos en Michoacán. Todos los días hay decapitados, secuestrados, asesinados. Ahí está el caso de la joven enfermera de Uruapan, quien fue degollada; también las extorsiones, los secuestros, el ocultamiento de la verdad. “La situación ha empeorado, pésele a quien le pese. Yo siempre voy a decir la verdad, por eso me pasó lo que me pasó. Castillo faltó en su deber de pacificador.” –¿Cree que él intente fabricarle alguna responsabilidad por el enfrentamiento del martes 16? –Ojalá no lo haga. Ya estuve dos meses, 65 días en la cárcel injustamente. En esta ocasión lo único que hice fue defenderme. –¿Identifica por nombre o apodo a quienes iniciaron el ataque? –No. Era mucha gente, unos 400. No voy a dar ningún nombre para que lo metan a la cárcel. No lo voy a hacer. Hay mucha gente a la que no conozco. –¿Qué tipo de armamento traía la gente del Americano? –Lanzagranadas, armas de calibre 50, cuernos de chivo, R-15; AR-15. Hay evidencias. Vinieron los peritos y vieron los impactos. –¿Fue la Gendarmería la que inició el tiroteo, como dice El Americano? –No, es mentira. Estos muchachos están haciendo bien su trabajo. –¿La falta de interés del comisionado ocasionó eso? –Es posible. Quisiera que no pasara otra vez. Quisiera que el dolor que estoy sintien- do ahorita no lo tuvieran los padres, hijos y amigos de los otros 10 muchachos. FranciscoCastellanos Mora. “Quiero justicia” NARCOTRÁFICO 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 23
  18. 18. Nestora Salgado, presapor consigna Detenida arbitrariamente y enviada a un penal de alta seguridad, Nestora Salgado, jefa de la Policía Comunita- ria de Olinalá, obtuvo ya la libertad... pero sólo en papel. Un juez ordenó su liberación inmediata, pero la guerre- rense sigue en prisión. La tónica del gobierno federal es esa, advierte el diputado Roberto López Suárez,“encar- celar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado” JESUSA CERVANTES S in mostrarle ninguna orden de aprehensión y acusándola de “delincuencia organizada” en su modalidad de secuestro, autoridades guerrerenses con apoyo de la Marina y el Ejér- cito detuvieron el 21 de agosto de 2013 a Nestora Salgado, coordinadora de la Poli- cía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Hace nueve meses un tribunal federal ordenó su inmediata liberación, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto la mantiene en una cárcel para reos de “alta peligrosidad”. El pasado 31 de marzo el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcánta- ra, consideró que no puede acusarse a Nes- tora Salgado de “secuestro” o de “delin- cuencia organizada”, pues actuó conforme a las facultades de la Policía Comunitaria reconocidas por la propia ley de Guerrero. Con ese argumento el magistrado fede- ral revocó el auto de formal prisión y dictó la libertad de la líder de la Policía Comuni- taria de Olinalá. Sin embargo, el gobierno federal se resiste a que Salgado abandone el penal federal de alta seguridad de Te- pic, Nayarit, donde ha estado recluida des- de el 21 de agosto de 2013,explica a Proceso el diputado perredista Roberto López Suá- rez, quien forma parte de la comisión de legisladores que busca su liberación. Quienes la demandaron (autoridades guerrerenses) recurrieron la decisión del magistrado Arroyo Alcántara y pidieron la suspensión provisional, es decir que no se liberara a Nestora, pero se les negó, agre- ga López Suárez. El legislador considera que el gobier- no federal está en desacato a una orden judicial, pero también que la política de la actual administración es “encarcelar diri- gentes comunitarios alzados contra el cri- men organizado”. Como un ejemplo más recuerda la detención del líder de las au- todefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles, el pasado 14 de ju- nio, a quien recluyeron en el penal federal de alta seguridad de Tepic. Captura del síndico Nestora Salgado García, nacida en 1971, es la sexta de siete hijos de una familia hu- milde. En 1992 emigró a Estados Unidos donde tiempo después obtuvo la ciudada- nía. Líder nata, la defensora de los dere- chos de su comunidad repartía su tiem- po entre el vecino país y su tierra, lugar al cual viajaba cuatro veces al año. “Pero en 2013 se enroló en la Policía Co- munitaria para enfrentar el crimen orga- nizado que desde 2012 intensificó su pre- sencia secuestrando mujeres para la trata y explotación laboral mientras que a los hombres los usan para el trasiego de droga o como sicarios”, indica el reporte elabora- do por la comisión legislativa el pasado 28 de mayo durante su visita al penal nayarita. López Suárez, parte de dicha comisión, relata que en su última visita a Olinalá, en mayo de 2013, Salgado decidió quedarse más tiempo pues su comunidad la nom- bró coordinadora de la Policía Comunita- ria del municipio. “En agosto se dio una emboscada en la carretera a Olinalá. Resultaron muer- tos los ganaderos Nemesio Guevara y Car- men Guevara Rodríguez, mientras Eduardo Guevara desapareció; los familiares pidie- ron ayuda al síndico procurador del ayun- tamiento, Armando Patrón Jiménez, pero como no les hizo caso acudieron con la di- rigente de la Coordinadora Regional de Au- toridades Comunitarias, Policía Comunita- ria (CRAC-PC), Nestora Salgado”, cuenta el legislador. La propia líder comunitaria informó el 15 de agosto de ese año que a las 15:00 ho- ras detuvo al síndico procurador porque lo encontró “en la escena del crimen borran- do evidencias. Nosotros íbamos a rescatar los cuerpos de dos ganaderos asesinados”. En entrevista con el diario La Jornada, Salgado narró que el síndico fue traslada- do a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres para que fuera juzga- do conforme a la ley o, en caso contrario, JoséLuisdelaCruz 24 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014
  19. 19. conforme a las leyes de usos y costumbres de la CRAC-PC. Cinco días después de ese hecho, rela- ta en entrevista López Suárez, marinos y soldados la detuvieron junto con otros 30 policías comunitarios. “Alrededor de las 18:00 horas la C. Sal- gado García se transportaba en una ca- mioneta Nissan junto con su sobrino Ar- mandoTorres Salgado; durante la revisión del vehículo (Ejército, Marina, policías Es- tatal y Municipal) se le informó que sería detenida y trasladada a la ciudad de Chil- pancingo, sin que se le explicara la razón, sin una orden judicial sin que se verifica- ran lo supuestos de flagrancia o caso ur- gente que contempla la Constitución”, se lee en el informe legislativo. La comisión sostiene que “la traslada- ron a un penal de máxima seguridad con el único propósito de aislarla, imposibili- tar su defensa legal y alejarla de su fami- lia, de su comunidad y de los juzgados que atienden su causa”, y también denuncia: “La Procuraduría General de la República la obligó a firmar un documento sin leer su contenido. Nestora presume que dicho texto es una confesión de los cargos que se le imputaron en ese momento, como el secuestro”. Nayarit López Suárez dice que luego de que Sal- gado detuviera al síndico de extracción priista, Iñaki Blanco, entonces procurador de Guerrero, pidió a un grupo de personas que la acusaran de secuestro. El 16 de agosto de 2013 Blanco consig- nó la averiguación previa DGCAP/136/2013 contra Salgado por el delito de secuestro agravado “en agravio de Pedro Gil Apreza Salmerón, Betzabé Rubí Baltazar sosa, Ye- senia Castillo Meza, Ramiro Santiago Mar- tínez y Dulce Rubí Burgos Pérez . El caso fue radicado en el Juzgado Segundo de Pri- mera Instancia del Ramo Penal en el dis- trito judicial de Chilpancingo, desde don- de se dio la orden de aprehensión. El caso de la dirigente comunitaria quedó radicado finalmente en el Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo Pe- nal en el Distrito de Tlapa. Sin embargo Salgado fue enviada des- de el 21 de agosto de 2013 al Centro Fede- ral de Readaptación Social Noroeste, co- nocido como El Rincón, en Tepic. La procuraduría guerrerense consig- nó una segunda acusación por el delito de secuestro y lesiones contra Eugenio Sán- chez González, Benito Rosendo Sánchez, Covieli Franco Reyes, Ricardo Ernesto Vi- llavicencio Guerrero y Juan Antonio Fran- co Mancilla. “Dicha averiguación (MOR/OLI/038 /2013) se radicó el 21 de agosto de 2013 en el Juzgado Primero de Primera Instan- cia en materia Penal del Distrito de Chil- pancingo bajo la causa penal 146/2013-II. El mismo juez libró orden de aprehensión en contra de Nestora y giró exhorto al Tri- bunal Superior de Justicia de Nayarit pa- ra que recabe la declaración preparatoria y se pronuncie.” Además de las dos averiguaciones que abrió Guerrero en su contra, el gobierno federal le abrió a Salgado otra causa pe- nal. El 13 de diciembre de 2013 la Procura- duría General de la República (PGR) con- signó la averiguación previa PGR/GRO/ CHI/V/1522/2013 ejercitando acción penal por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro. Salgado es considerada en Estados Uni- dos una defensora de los derechos huma- nos y de las comunidades, por ello la Uni- versidad de California, Berkeley decidió apoyarla y contrató al despacho de aboga- dos Gómez Mont para su defensa, detalla López Suárez. El encargado del caso es el abogado Emiliano Gómez Mont, quien apeló el au- to de formal prisión que bajo la causa de la PGR se le dictó el 14 de enero de 2014. El despachó ganó la apelación el pasado 31 de marzo, cuando el Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito revocó el auto de formal prisión decretando la inmedia- ta liberación de Nestora Salgado.Así quedó asentado en la causa penal 76/2013. En su alegato, Arroyo Alcántara deta- lló: “No puede estimarse que la conducta desplegada por la sujeto activo del delito (Nestora Salgado García) haya tenido co- mo propósito, al formar parte de la Policía Comunitaria, privar de la libertad ilegal- mente a personas para obtener un resca- te, en atención a que las detenciones se practicaron en el ejercicio de la función que desarrollaba como miembro de la Po- licía Comunitaria y no a título personal. “Tan es así que las víctimas estuvieron en cárceles donde estaban las Casas de Justicia de la Policía Comunitaria, además se aprecia que el dinero que se exigía pa- ra la liberación de las personas detenidas, podía entenderse como un tipo de fianza que se fijaba en atención a la conducta ilí- cita o falta cometida.” El juez consideró que “en la organiza- ción a la que pertenece (Policía Comunita- ria) efectivamente existen niveles, funcio- nes definidas y figuras jurídicas análogas a órganos judiciales (Casas de Justicia) y cárceles (Centros de Readaptación Social); sin embargo ésta tiene legitimación por el estado de Guerrero en términos de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultu- ra de los Pueblos y Comunidades Indíge- nas del estado de Guerrero y tiene como propósito, no delinquir sino colaborar en la seguridad de las poblaciones o comuni- dades donde decidieron conformar la Po- licía Comunitaria”. Sigue el documento: “No puede soste- nerse válidamente que se trata de un gru- po de delincuencia organizada pues esa organización forma parte del Sistema Es- tatal de Seguridad Pública (Policía Comu- nitaria), por lo que los actos que se impu- tan a Nestora Salgado García, como son diversas privaciones ilegales de la libertad a cambio de un pago, no podrían conce- birse como el propósito de una asociación delictiva, sino que se entienden como de- tenciones, y el pago de rescate válidamen- te considerado como una fianza que se fi- ja en atención a la gravedad del delito o falta cometido.” Negociaciones Aunque el tribunal revocó el auto de formal prisión dictado por el juez tercero de Distri- to de Nayarit el pasado 31 de marzo, la diri- gente comunitaria sigue encarcelada. Ante ello y luego de la visita al penal de alta seguridad que los legisladores hicie- ron a Salgado –verificaron su aislamiento, los alimentos de mala calidad que le dan, el agua contaminada, el rechazo a que par- ticipe en los talleres, el castigo para que no salga a caminar y la infección renal que padece– la comisión buscará una salida política. Para darle una mejor calidad de vida y al no configurarse el delito federal de “delincuencia organizada” en su modali- dad de secuestro, los diputados buscaron su traslado a un penal del Distrito Federal, acto al que accedió el entonces goberna- dor Ángel Aguirre Rivero; sin embargo una semana antes de que eso ocurriera tuvo lugar la agresión a los normalistas de Ayo- tzinapa, lo cual detuvo el traslado. La semana pasada, revela López Suá- rez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comunicó con los legisladores para decir que el gobierno es- taba dispuesto a retomar el caso de Salga- do y trasladarla al Distrito Federal. En paralelo, la comisión ha sostenido tres reuniones con el gobernador sustitu- to de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, para que su administración se “desis- ta” de las acusaciones o que las autorida- des judiciales locales resuelvan ya los re- cursos de impugnación y lo hagan en el mismo sentido que el magistrado federal, quien consideró inválida la acusación de secuestro. “Para los diputados lo que procede es la urgente liberación, el desistimiento de las acusaciones; si ello no ocurre, las ac- ciones se radicalizarán convocando a los miembros de la CRAC-PC y a la Red Nacio- nal de Defensoras de Derechos Humanos, quienes ya han dicho que se le violó el de- recho al debido proceso y se ha obstaculi- zado deliberadamente el trabajo de la de- fensa”, advierte López Suárez. NARCOTRÁFICO 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 25
  20. 20. E L PASO, TEXAS/CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- En el Cártel de Juárez la reorga- nización del mando se congeló y por ahora no hay un cabecilla, pues entre la vieja guardia y la nueva gente que llegó de Sina- loa no se ha podido llegar a un arreglo. Deducen lo anterior funcionarios de México y Estados Unidos, en tanto que un policía estadunidense habla con Proceso a condición del anonimato: “Hay un im- passe. Son básicamente dos bandos en un mismo cártel, pero sin estar peleados. La gente que llegó de Sinaloa sigue aquí, pe- ro algo ocurrió luego del arresto de (Vicen- te) Carrillo Fuentes”, El Viceroy. En las agencias de inteligencia de am- bos países la radiografía que se tiene del nuevo Cártel de Juárez es de desconcier- to, porque hasta antes de la captura de Ca- rrillo Fuentes, el pasado 9 de octubre en Torreón, Coahuila, la agrupación criminal estaba en reorganización. J. JESÚS ESQUIVEL Ese capo “tenía tiempo (por lo menos dos años) que no mandaba en el Cártel de Juárez, pero era una figura clave en la reor- ganización de mando; él aprobó la llega- da de la gente de Sinaloa para hacerse car- go del negocio”, dice a este semanario un agente federal estadunidense, quien como su colega mexicano aceptó la entrevista a condición de que no se revelara su nombre ni el de la dependencia a la cual representa. Desde principios de este año, según los informes de inteligencia de varias depen- dencias federales de Estados Unidos, “la plaza de Ciudad Juárez” estaba sometida a una “limpia” que llevaba a cabo la gente de Sinaloa que llegó para hacerse cargo del cártel tras “la jubilación” del Viceroy. El agente estadunidense apunta que “aunque siguen reportándose asesinatos en Ciudad Juárez”, la plaza vive una “paz rela- tiva” en términos estadísticos por cuanto a las ejecuciones que había casi a diario hace tres años debido al pleito entre varios gru- pos del narcotráfico por el control de esta zona de trasiego de drogas. Añade que el año pasado los miem- bros del Cártel de Sinaloa y los que dejó Carrillo Fuentes a cargo de la organización establecieron “un acuerdo para calmar la plaza”. Desde la celebración de ese presunto pacto, a Ciudad Juárez comenzaron a lle- gar gente de Sinaloa y sicarios profesiona- les de otros estados del norte de México empleados por la organización que aho- ra dirige Ismael El Mayo Zambada García. La mayoría de los ejecutados en Ciu- dad Juárez a raíz de ese acuerdo son su- puestos delincuentes que en el auge de la guerra militarizada desatada por Feli- pe Calderón contra el narcotráfico tenían aterrorizada a la población juarense con las matanzas indiscriminadas que perpe- traban a toda hora y en todos lados. “Los muertos de ahora son pandilleros de Los Aztecas, Los Mazatlecos, gente del Cártel del Golfo, algunos de La Línea y de Los Beltrán Leyva que se habían asentado aquí. El Cártel de Sinaloa ha ‘limpiado’ ca- si toda la plaza, pero aún no terminan el Ricardo Ruiz / Procesofoto La calma en Juárez, productode un narcopacto 26 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014

×