Economía feminista y soberanía alimentaria: Avances y desafíos.

avances e desafíos
ECONOMÍA
FEMINISTA Y
SOBERANÍA
ALIMENTARIA

130
Miriam Nobre Pacheco Nobre
Maysa Mourão Miguel
Renata Moreno
Tais Viudes de Freitas
Bárbara Lopes
Monica Corona
Analuce Freitas
Nucleo-i
ECONOMÍA FEMINISTA Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA
avances e desafíos
AUTORAS
edición
COORDinación
DESIGN
FOTO da capa Gilvan Barreto/Oxfam

5
PRESENTACIÓN
FOTO Gilvan Barreto/Oxfam

7
Oxfam fue una organización creada en 1942
en respuesta a una crisis alimentaria. Setenta años
después, el mundo enfrenta otra crisis; esta vez, una
crisis que nos amenaza a todos. La emergencia de
1942 la causó la Segunda Guerra Mundial. La crisis
actual, por otro lado, es producto de una injusticia
mundial grotesca: aproximadamente mil millones
de personas enfrentan el hambre todos los días, al
tiempo que los modelos no sostenibles de consumo
y producción, de los cuales dichas personas están
excluidas, nos han llevado a colisionar con los límites
ecológicos del planeta.
La campaña “Cresça”, [“CRECE”], de
Oxfam, tiene un mensaje simple: otro futuro es
posible, y podemos construirlo juntos. A lo largo de los
próximos años, una acción decisiva en todo el mundo
puede hacer que cientos de millones de personas
alimenten a sus familias y eviten que un catastrófico
cambio climático destruya su futuro (y el nuestro). Sin
embargo, esto solamente será posible si nosotros,
colectivamente, interrumpimos nuestro caminar
sonámbulo en dirección al desastre ecológico. Esta
campaña es un grito de alerta de Oxfam*.
La campaña “Cresça” ha definido una importante visión
de género al afirmar que las mujeres son actrices
fundamentales en el proceso agrícola, especialmente
en la agricultura familiar. Este importante papel, no
obstante, es invisible, poco reconocido o valorado, tal
y como demuestran los datos presentados en varios
estudios y ratificados por Oxfam en esta publicación.
* http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cr-growing-better-future-170611-summ-pt.pdf
En Brasil, las mujeres tienen un papel estratégico en
la producción de alimentos en la agricultura familiar,
que atiende al 70% del consumo de alimentos de
los brasileños. En este sentido, tampoco hay datos
de producción separados por género: el trabajo
cotidiano de la mujer está considerado como ayuda,
a veces inclusive por parte de ellas mismas. El dinero
resultante de la venta de sus productos no se ve como
fundamental y ni siquiera se contabiliza en la renta
familiar. Su producción para alimentar a la familia,
pese a estar en la mesa todos los días, no entra en la
contabilidad ni como renta de la propiedad ni tampoco
como renta de la familia.
La campaña “Cresça” en Brasil da atención preferente
a las mujeres; destaca su papel en la producción y el
consumo de alimentos, tanto en el medio rural como
en el urbano, con el fin de apoderarlas para cambiar
el contexto y las relaciones de poder que hacen que
su trabajo no sea visible y que les impiden realizarse
como mujeres y como “individuas”.
Con vistas a alcanzar este objetivo, se realizó este
estudio, en colaboración con la organización SOF
(Sempreviva Organização Feminista, por sus siglas
en portugués), el cual esperamos que contribuya
a cuestionar, replantear y, finalmente, cambiar los
desequilibrios en las relaciones de poder que impiden
que las mujeres se realicen como seres humanos, en
especial aquellas relaciones que se manifiestan en
torno a la producción y al acceso a los alimentos.

9
ECONOMíA
FEMINISTA
y JUSTIciA E
SOBERANíA
ALIMENTARia
1

11
La economía feminista, que forma parte del
pensamiento feminista, es una corriente de
pensamiento que desde los años 1990 se consolida
en el campo de la teoría económica a partir de la
crítica de que la economía excluye a las mujeres,
su trabajo y su acción económica. Para oponer
resistencia a la sociedad de mercado, la economía
feminista fue incorporada por organizaciones del
movimiento de mujeres en Latinoamérica como una
herramienta de análisis sobre la realidad económica
de las mujeres, así como para proponer alternativas
al modelo dominante.
Dar visibilidad a la producción del vivir y al trabajo
realizado mayormente por las mujeres para garantizar
dicho modelo productivo ha permitido conectar las
reflexiones y luchas de las mujeres urbanas con las
rurales por la transformación del modelo actual de
(re)producción y consumo.
Uno de los procesos identificados por la teoría
feminista en el pensamiento patriarcal es la creación
de falsas dicotomías en todo el campo social: entre
cultura y naturaleza, público y privado, trabajo
productivo y reproductivo. Además de la separación
entre estos elementos, existe una jerarquía y una
atribución de papeles a hombres y mujeres. Así, el
espacio de la cultura, del mundo público y del trabajo
productivo está más valorizado y se considera
masculino. A las mujeres, por el contrario, les
corresponde el espacio privado, de la naturaleza y del
trabajo reproductivo, menos valorado socialmente.
El concepto feminista de “división sexual del
trabajo” puede explicar la relación y la jerarquía que
la sociedad ha establecido para las actividades de
hombres y mujeres. Esta división sexual del trabajo
es una creación ideológica y cultural que permite
la subordinación y desvalorización del trabajo que
históricamente y culturalmente se les ha atribuido
a las mujeres (trabajo doméstico y de cuidados del
día a día relacionado con el mundo “privado” o la vida
familiar).
En este proceso, se dio una profundización de
elaboraciones feministas sobre la economía, tanto
con relación a las experiencias de las mujeres en su
trabajo cotidiano, como en la acción política para
transformar las estructuras de desigualdad.
El feminismo cuestiona esa división; expone la
relación entre producción y reproducción y critica
la visión que reduce la economía a la economía
mercantil.
El espacio privado y nuestras relaciones personales
también son políticas, y el trabajo doméstico y de
cuidados del día a día es también economía. Lo
mismo ocurre en la agricultura: el trabajo de las
mujeres en los huertos, terrenos y en la cría de
animales no se reconoce.
El modelo de familia en el capitalismo es una
idealización y un mito. Parte del principio de que
los hombres son los proveedores y las mujeres, las
reproductoras. Es un mito porque el capitalismo
no puede prescindir del trabajo productivo de las
mujeres. Incluso en las familias que no cuentan con
salario de mujeres, se producen bienes y servicios
para suplir las necesidades. Esto se ve con énfasis
en momentos de crisis: si hay desempleo, la casa
vuelve a producir bienes (como productos de
alimentación, vestuario) y servicios (cuidado de
los niños, de ancianos y enfermos). Por ejemplo,
a medida que un país se industrializa, las mujeres
también se incorporan en la industria y en los
servicios. Al recibir un salario, pasan a utilizar
más bienes en el mercado; bienes que, antes, se
producían en casa.
que és
la economía
feminista
El trabajo humano pasó, históricamente, por un proceso de
división (el trabajo productivo, que produce bienes o servicios
con valor en el mercado, es realizado por los hombres; y el trabajo
reproductivo, de manutención de las condiciones de vida, del
ambiente doméstico y de los hijos, por las mujeres) y de jerarquización
(el trabajo masculino es más valorizado que El femenino). Ese proceso
es visto como natural, a partir de una visión de la mujer como madre,
que cuida de la casa y de la familia por amor.
“
“

13
Así, el trabajo ha ocupado un lugar destacado en
los estudios feministas, en un esfuerzo permanente
por desvelar los mecanismos de reproducción de
la desigualdad en las relaciones sociales entre
hombres y mujeres. Al mismo tiempo, diversas
autoras empezaron a señalar que la teoría económica
hace que las mujeres y su contribución económica
no sean visibles. También percibieron la necesidad
de elaborar nuevos tipos de indicadores, capaces de
superar el referente masculino para medir la calidad
de vida de la sociedad.
El abanico de temas analizados por la economía
feminista es amplio y abarca diferentes aspectos
de la participación de las mujeres en el mercado
de trabajo, las problemáticas sobre las políticas
económicas y sus efectos en la vida de las mujeres,
la propia definición de trabajo y economía, la relación
entre presupuestos públicos y el mantenimiento
de los estereotipos y desigualdades de género, la
elaboración de políticas públicas orientadas hacia
la igualdad, nuevos enfoques y metodologías para la
producción de estadísticas, etc.
Para ello, se propone una crítica global al paradigma
dominante del pensamiento económico, con énfasis
En la economía feminista se verifica
un esfuerzo por construir otro paradigma
que incluya nuevas variables explicativas,
metodologías e indicadores que no estén
basados únicamente en el mundo masculino,
y que una el mundo público al mundo privado,
la producción a la reproducción social.
En la medida en que las estadísticas
convencionales ocultan el ámbito del
trabajo no remunerado facilitan que
las políticas públicas se elaboren e
implementen de forma que se ignoren sus
efectos negativos sobre la provisión de
cuidados, por ejemplo.
en la necesidad de superación de las estructuras
dicotómicas que restringen la economía a las
fronteras del mercado. La economía feminista lleva
al debate teórico la comprensión de que, para
cuestionar de hecho la desigualdad, es necesario
transformar las estructuras que la organizan.
Si en los orígenes de la teoría feminista la crítica
era que las mujeres eran consideradas sujetos no
políticos por estar relegadas al mundo privado, en
la sociedad de mercado la crítica feminista se
dirige a la consideración de las mujeres como no
agentes económicos.
Para la economista feminista Amaia Pérez Orozco,
las mujeres pasan de sujetos no políticos a sujetos
no económicos. En la medida en que se conquistan
derechos, la esfera de la política se desvaloriza,
y más desigualdades se consolidan en el terreno
económico. La demanda política de derecho al voto
y a tener derechos, por ejemplo, ha propiciado que
haya derechos formales, aunque no necesariamente
en igualdad real. Lo mismo ha ocurrido con otros
grupos desiguales frente a los hombres blancos, en
el sentido de que “todo privilegio o derecho que se
universaliza es un derecho que, automáticamente,
se desvaloriza”2
.
La organización social del cuidado, ya sea
entre hombres y mujeres, o entre el Estado, la
familia y el mercado, explica gran parte de las
desigualdades existentes —de género y de
clase—, objeto de análisis y denuncia de una
parte considerable de las investigadoras que se
dedican a construir la economía feminista.
El hecho de que los empleadores y los
formuladores de las políticas económicas
consideren el trabajo doméstico y de cuidados
como externalidades del modelo económico
implica, concretamente, que los costes
relacionados con la producción del vivir recaigan
sobre las mujeres, ya que no son incorporados ni
por quien emplea, ni por el Estado, ni tampoco por
los hombres en el entorno doméstico.
Además, al no tener indicadores capaces de
dar visibilidad y medir este espacio marcado por
la desigualdad, la construcción de igualdad no
figurará entre los objetivos de la política pública.
La economía feminista, en ese sentido, viene
intentando contribuir a la construcción de
políticas públicas que acaben con la división
sexual del trabajo y con la desigualdad entre
mujeres y hombres.
Dar visibilidad al trabajo
doméstico y de cuidados
en el análisis económico
es una cuestión central
para la economía feminista,
puesto que es ese trabajo el
que garantiza que la fuerza
de trabajo se reproduzca.
Al ignorar eso, el análisis
económico presenta un
diagnóstico incompleto del
funcionamiento del sistema
económico y no es capaz de
evaluar la repercusión real
de las políticas económicas.
“
“
“
“
“
2 PÉREZ, Amaia (2005). Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados. Tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid.

15
Cómo promover
la sostenibilidad
de la vida humana
Transformar la economía, para las feministas,
pasa por desplazar el foco del funcionamiento de
la economía y de los análisis del mercado hacia la
producción de la vida. Tal perspectiva permite ir más
allá de la inclusión de las mujeres en un paradigma
marcado por los intereses del mercado y presenta
una propuesta analítica y política distinta para
la economía.
Además, destaca el hecho de que las mujeres
siempre han realizado actividades que van más allá
del trabajo doméstico y de cuidados, ya sea por
medio del trabajo conjunto con otros integrantes de
la familia, como en la cosecha, o bien asumiendo
largas jornadas de trabajo en las fábricas o en
la agricultura.
Entretanto, como señala Carrasco3
, el trabajo
realizado por las mujeres tanto en el hogar como
fuera de este ha permanecido invisible a lo largo
del pensamiento económico dominante. Aunque
se reconociera el trabajo femenino realizado en
el ámbito doméstico, este se consideraba como
algo natural, como parte de las atribuciones de las
mujeres en nombre del amor y de la familia.
Sin embargo, es importante destacar que el
reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados
como económico no significa incorporarlo a la lógica
mercantil. La economía feminista reconoce que este
tiene características propias, y está profundamente
marcado por una dimensión subjetiva y de provisión
de parte de las necesidades humanas4
. Por tanto,
la propuesta feminista es la de romper con la lógica
dominante de valorar tan solo lo que era considerado
productivo; es decir, lo que tiene valor monetario.
La economía feminista,
en su elaboración, procura
recuperar la importante
contribución económica de las
mujeres a lo largo de toda la
historia. La denuncia consiste
en señalar que el trabajo
doméstico y de cuidados
realizado primordialmente por
las mujeres es una actividad
fundamental para el desarrollo
capitalista, puesto que
garantiza la reproducción
humana y, de esa forma, la
reproducción de la fuerza de
trabajo, sin contar con que
se trata de un trabajo que
históricamente las mujeres
siempre han hecho de
forma gratuita.
La individualidad está relacionada con el hecho
de que cada persona es única y tiene vivencias
específicas. Sin embargo, como destaca la autora,
es una individualidad relacional, puesto que cada
uno y cada una, con sus especificidades, se
relacionan e interactúan en sociedad. Ninguna
persona es totalmente independiente de otra ni
prescinde de otra, ya que hay una interrelación
necesaria entre los seres.
El bienestar no se alcanza por medio de la posesión
de bienes o riquezas, sino por medio de capacidades
reales que las personas tienen para “desarrollar
estados positivos de vida”, según palabras de
Carrasco, como estar bien alimentada, tener buena
salud, participar en la vida en comunidad,
entre otras.
La perspectiva feminista destaca que el bienestar
no incluye tan solo recursos materiales, sino
también las relaciones de cuidado y de afecto, que
son necesidades que se satisfacen principalmente
en el ámbito doméstico. Esta perspectiva pone en
evidencia el trabajo de cuidados realizado por las
mujeres en casa y lo señala como fundamental para
el desarrollo humano. Por tanto, no se trata de una
cuestión privada, sino que tiene una importante
El concepto de sustentabilidad
de La vida humana –o de bien-estar
humano- como apunta Carrasco,
se refiere a La calidad de vida de las
personas, incluyendo hombres y mujeres,
considerándolas de modo individual pero
no de modo individualista.
dimensión política y social, por ser un elemento
esencial en garantizar la calidad de vida. De este
modo, lo que está en juego es la propuesta de un
nuevo paradigma orientador para la sociedad, que
no se centre en las ganancias y beneficios privados
y la economía de mercado, sino que ponga en el
centro de la mesa la preocupación por la vida de las
personas y el bienestar humano.
Es en este sentido en el que la economía feminista
aparece en contraposición a los pensamientos
económicos dominantes, que ocultaron a las mujeres
y las relaciones de género.
La economía dominante tan solo considera las
relaciones en las que el dinero circula, como el
comercio, el gobierno y el mercado. En contraste,
en el ámbito de la economía feminista se introducen
otros temas, como el acceso y la distribución, entre
hombres y mujeres, de la renta, de la tierra y de los
recursos, además de que se piensan y proponen
políticas públicas que conduzcan a la eliminación
de las desigualdades de género. De esta forma, la
economía feminista viene colaborando con la crítica
al modelo dominante en la producción agrícola y con
la construcción de nuevos paradigmas, como los de
la justicia y la soberanía alimentaria.
“
“
“
“3 CARRASCO, Cristina (2006). La economía feminista: una apuesta por otra economía. En Maria Jesús Vara (coord.) Estudios sobre Género y economía. Madrid: Ed. Akal.
4 FARIA, Nalu. Economia feminista e agenda de lutas das mulheres no meio rural. En BUTTO, Andrea (org.). Estatísticas rurais e a economia feminista: um olhar sobre o
trabalho das mulheres. Brasília: MDA, 2009, p.11-29.

17
Desde la perspectiva feminista, el punto de partida
para entender la desigualdad en el acceso a
alimentos de calidad es mirar hacia el proceso
conocido como “Revolución Verde”, que viene
alterando la forma de producción en el campo.
Los países del hemisferio sur exportan sus productos
a los países del norte a bajo coste y recurren al uso
intensivo de trabajo y de los recursos naturales de
su territorio. La producción agrícola orientada a la
exportación contribuye a que los países productores
de alimentos sean justamente aquellos aislados por
la miseria y el hambre, al tiempo que enriquecen
a los grandes propietarios y empresas de los países
más ricos.
La modernización y mecanización de la agricultura,
principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial,
contribuyó a que se generase un tipo de desarrollo
orientado principalmente al mercado; un período
conocido como “Revolución Verde”. Además de
la maquinaria, también se pasó a hacer uso de
productos químicos, como fertilizantes y agrotóxicos.
Esta modernización era señalada por los Gobiernos
como forma de contribuir a la reducción de la miseria
de la población.
En Brasil, el período de 1960 a 1980 estuvo marcado
por la modernización de la agricultura, por medio
de un intenso proceso de industrialización. Aunque
la Revolución Verde se consideró un modelo para
disminuir el hambre y la pobreza de la población, ya
que posibilitaría una mayor producción de alimentos,
sus consecuencias fueron otras.
¿Cuál es la lógica
del mercado en
la agricultura?
A lo largo de décadas, la agricultura se ha orientado a la obtención de
una productividad creciente, con vistas a mayores beneficios. Tanto en Brasil
como a nivel mundial, el modelo agrícola llamado de “Revolución Verde” agravó
el hambre al dificultar el acceso a tierras, agua y alimentos, y contribuyó a
aumentar la desigualdad entre las naciones.
Dada la gran inversión de capital en la modernización
de la agricultura, tan solo grandes empresas y
grandes propietarios de tierra —además del mercado
financiero— se vieron favorecidos. Los pequeños
agricultores y sus familias no consiguieron competir
con las grandes empresas. Se consideraron
“atrasados” el conocimiento y la práctica tradicional
de dichos trabajadores, y las grandes empresas
descartaron o incluso se apropiaron de su sabiduría
sin que ellos pudieran reivindicarla como suya.
A partir de la década de 1980, esa política se
acentuó con la propagación del agronegocio.
Como señalan Campos y Campos 5
, las actividades
agropecuarias pasaron a estar, cada vez más,
controladas por conglomerados económicos que
dominan toda la producción y comercialización
de alimentos. Ese proceso reforzó la apropiación
de las riquezas naturales y de la tierra por parte
de estos grandes grupos y su uso como fuente de
acumulación de capital. Así, la decisión sobre qué
alimentos producir y cuáles comercializar quedó aún
más restringida al dominio de pocos.
Actualmente, un pequeño grupo de grandes
empresas controlan desde la producción de semillas
hasta la comercialización de los productos. En el
año 2006, las diez mayores empresas de semillas del
mundo controlaban el 57% del mercado comercial de
semillas. Según un estudio realizado en 2007 por el
Grupo ETC, Monsanto —la mayor de ellas— dominaba
el 20% de este mercado.
5 CAMPOS, Christiane S. Soares; Campos, Rosana Soares (2007). Soberania alimentar como alternativa ao agronegócio no Brasil. Revista Electrónica de Geografía y
Ciencias Sociales, Vol XI.
“
“

19
Además, este mismo pequeño grupo de empresas
que domina la tecnología de producción de semillas
es el que controla la producción de herbicidas.
Así, una empresa que produce una determinada
semilla resistente a un determinado herbicida obliga
a los agricultores que van a usar dicha semilla a
utilizar también el herbicida que esta produce, lo
que le permite controlar, por tanto, los precios y la
producción de toda esta cadena.
El control de las semillas por parte de las empresas
ha contribuido a la reducción de la diversidad
biológica del planeta. Según Febles6
, se estima que,
en el siglo XX, hubo una pérdida de tres cuartas
partes de las especies cultivadas por la humanidad.
Actualmente, tan solo 150 especies garantizan
la alimentación de la mayor parte de la población
mundial, cuando anteriormente se utilizaban 10.000
especies. La pérdida de la biodiversidad también
contribuye al empobrecimiento en la alimentación de
la humanidad.
En la otra punta de la cadena de alimentos está su
distribución y comercialización, también dominadas
por un grupo pequeño de grandes empresas
transnacionales, que acaban por imponer los tipos
de alimentos que se deben producir y consumir, así
como su calidad y su precio.
Actualmente, los diez mayores supermercados
controlan el 24% del mercado mundial. El primero
de ellos es la empresa Walmart (de los EE. UU.), la
cual, en 2006, controlaba el 8% de este mercado.
Los supermercados determinan a los productores
el tamaño, el color, la forma y la uniformidad que
los productos deben tener. Aquellos que no se
ajustan a ese modelo son rechazados por parte de
los supermercados, por lo que se descartan, de esa
forma, gran parte de los alimentos producidos.
El dominio de la cadena de alimentos por parte
de las grandes empresas hace que los pequeños
productores rurales encuentren muchas dificultades
para producir y comercializar sus productos ante
la competición desigual en el mercado. Muchos se
encuentran al límite de la pobreza y se ven obligados
a abandonar su producción y la tierra.
Haciendo frente a
la crisis ambiental
Además de profundizar las desigualdades sociales,
el modelo de desarrollo basado en la expansión
del crecimiento y de la mercantilización de los
procesos sociales y vitales provoca fuertes
daños al medioambiente, lo que, a su vez, lleva
al recrudecimiento de la pobreza alimentaria. El
impulso desenfrenado hacia la máxima productividad
degrada y destruye la naturaleza, lo que reduce la
biodiversidad de la flora y de la fauna.
Uno de sus efectos ha sido la contribución al
aumento acentuado de la temperatura de la Tierra,
principalmente a través de la emisión de gases
de efecto invernadero. Son diversos los modos de
liberación de estos gases en la atmósfera a lo largo
de la cadena de alimentos.
Uno de ellos proviene del uso constante de fuentes
de energía en el sector agropecuario, principalmente
en su maquinaria, como petróleo, carbón mineral
y gas natural, que perjudican al medioambiente y
liberan gases contaminantes.
Del mismo modo, el uso frecuente de agrotóxicos y
de fertilizantes no solo provoca la contaminación
del suelo y del agua, sino que perjudica a diversas
especies de flora y fauna, pudiendo incluso
eliminarlas. La desforestación de los bosques
también contribuye a la liberación de dióxido
de carbono y, de esa forma, a la elevación de la
temperatura del planeta.
Asimismo, cabe destacar que el modelo vigente
de distribución y comercialización de productos y
alimentos también lleva al aumento de la emisión
de gases contaminantes. El modo como dicho
modelo está organizado actualmente obliga a que
los productos recorran largas distancias hasta
llegar a los grandes centros de distribución, lo que
conlleva el uso de un gran número de vehículos que
emiten gases contaminantes. De la misma forma,
los consumidores también acaban recorriendo
largas distancias para tener acceso a los productos
y alimentos, y adquirirlos. O sea, es una lógica que
enriquece tanto a los grandes empresarios como
lleva a la degradación ambiental.
Así, el desarrollo de una agricultura orientada
al mercado y el control de toda la cadena de
alimentos concentrado en manos de una minoría
han contribuido a agravar las condiciones de
vida de los pequeños productores, campesinos
e indígenas; aumentar la dependencia de los
agricultores con relación a los insumos externos en
las producciones; reducir la biodiversidad; causar
daños al medioambiente, y perjudicar la soberanía
y el derecho de la población sobre los alimentos.
La problemática del hambre no se ha resuelto; al
contrario, las desigualdades que la rodean se
han intensificado.
En ese sentido, el debate sobre la cuestión
alimentaria en un futuro próximo está a la orden
del día y aparece como un desafío a nivel mundial.
Según Chonchol7
, el debate actual se polariza en
dos tesis principales. Por un lado, están aquellos
que piensan que el crecimiento de la producción
no conseguirá responder a las necesidades
establecidas por el modo como las sociedades
vienen desarrollándose. Así, para estos, el aumento
demográfico, el mayor patrón de consumo debido
al enriquecimiento poblacional, la degradación
ambiental (como las pérdidas de recursos en aguas
y tierras, la desertificación, la desforestación, etc.)
y la expansión urbana, entre otros factores, dejan al
sistema productivo en jaque.
Por el otro lado del debate, están aquellos que
piensan que los progresos tecnológicos —como las
biotecnologías, el uso de organismos genéticamente
modificados y las técnicas de valorización y
recuperación de los recursos naturales— y el
progreso en los sistemas de producción, orientados
a la sostenibilidad de los recursos, permitirán
que el crecimiento de la producción se adapte al
crecimiento de las necesidades.
El hecho es que el patrón de consumo sostenido
por algunos países desarrollados hace insostenible
cualquier modelo de producción de alimentos, ya
que, si la población mundial consumiera lo mismo
que un ciudadano de los Estados Unidos, se
necesitarían cinco planetas Tierra para satisfacer
a todo el mundo.
6 FEBLES,Nelson Alvarez (2006). Las semillas en la tierra germinan y se multiplican. En Ya es tiempo de Soberanía Alimentaria. Biodiversidad, sustento y culturas (compendio).
7 CHONCHOL, Jacques (2005). A soberania alimentar. Revista Estudos Avançados, 19 (55): 33-48.

21
La intrincada
realidad de la
alimentación
El paradigma de producción provisto por la Revolución Verde tuvo impactos en
el acceso de la población a alimentos y recursos naturales. En Brasil, parte de la
población vive una fuerte limitación en cuanto al acceso a alimentos, agua y tierra,
ya sea en el campo como en la ciudad. La producción es capaz de alimentar a toda
la población, pero el sistema productivo está compuesto por pocos grupos que
dominan y controlan la producción y distribución de alimentos, lo que hace que gran
parte de la población, aunque sea productora de alimentos (como los pequeños
productores agrícolas), tenga un acceso limitado o reducido a ellos.
Según datos del Gobierno federal de Brasil, 16,27
millones de personas se encuentran en situación de
extrema pobreza en el país, lo que representa el 8,5%
del total de la población brasileña. La población rural
representa el 15,6% de la población brasileña; sin
embargo, esta cifra representa casi la mitad de los
que se encuentran en extrema pobreza, que son el
46,7%. Por otra parte, la población urbana representa
el 84,4% de la población total y el 53,3% de aquellos
en situación de pobreza extrema8
.
La pobreza puede entenderse no solo con relación
a la renta, sino también como la privación de
los fines o necesidades básicas y de los medios
necesarios para resolver tales necesidades. Según
Naila Kabeer9
, el combate a la pobreza implica no
sólo garantizar el acceso al mercado de trabajo,
sino también la garantía de derechos. Entre tales
derechos se encuentran el acceso al agua, al suelo,
a los servicios de salud, a los espacios sociales y
culturales, como forma de garantía de una vida digna.
Así, para entender la desigualdad en el acceso
a alimentos de calidad es necesario analizar la
forma como diferentes segmentos de la población
acceden a los recursos. Como se ha visto, el acceso
a recursos económicos está relacionado con la
satisfacción alimentaria y es uno de los campos en
los que se mantiene la desigualdad entre hombres y
mujeres. Incluso con mayor escolaridad, las mujeres
tienen una renta inferior a la de los hombres. Los
datos de la Encuesta Nacional por Muestra de
Domicilios (PNAD, por sus siglas en portugués) de
2009 muestran que las mujeres ocupadas recibían,
aproximadamente, lo equivalente al 70,7% de la renta
masculina, siendo esta diferencia aún mayor entre
aquellos insertados en el mercado informal
(el 63,2%).
La división sexual del trabajo parece que se acentúa
aún más en el medio rural. De acuerdo con Melo y Di
Sabbato, la participación femenina en la producción
se da como miembro de la familia, o sea, su actividad
está considerada complementaria a la del marido.
Las mujeres realizan sobre todo las actividades
relacionadas con el trabajo doméstico, orientadas al
autoconsumo y sin remuneración. Además, cuando
estas reciben un salario, su trabajo en el medio rural
presenta una mayor estacionalidad e inestabilidad
—es decir, está más sometido a las fluctuaciones
de demanda por producción— y una menor
remuneración. Es de destacar que las mujeres rurales
reciben alrededor de la mitad de la renta media
obtenida por las mujeres en el medio urbano.
El uso del tiempo también evidencia la condición
desfavorecida de las mujeres. Según datos de la
PNAD, en 2009, las mujeres gastaban, de media, 26,6
horas semanales en los quehaceres domésticos,
mientras que los hombres dedicaban tan solo 10,5
horas a esta actividad (IBGE, 2010). Los números
del Instituto de Investigación Económica Aplicada
(IPEA, por sus siglas en portugués) muestran
que en familias mayores y domicilios rurales, la
desproporción en la división del trabajo doméstico
aumenta. En familias con ningún hijo, el 94% de
las mujeres y el 54,6% de los hombres se dedican
a quehaceres domésticos. Con cinco o más hijos,
el cuidado es responsabilidad del 95,7% de las
mujeres y del 38,8% de los hombres. En áreas
rurales, ese número cae al 34,3% de los hombres.
O sea, el trabajo doméstico continúa siendo una
responsabilidad primordialmente femenina10
.
El acceso limitado a recursos
8 Perfil de la extrema pobreza en Brasil elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social con base en los datos preliminares del censo 2010,
elaborado por el IBGE. Disponible en <http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias-1/2011/maio/11.05.02_Nota_Tecnica_Perfil_A.doc/
at_download/file. / 9 KABEER, , Naila (1998). “Tácticas y compromisos: nexo entre género y pobreza”. En Arriagada, Irma; Torres, Carmen
(editoras): Género y pobreza: nuevas dimensiones. Ediciones de las mujeres. / 10 IPEA (2011). Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça,
4.ª edición. Consulta: 10/06/2013. Disponible en <http://www.ipea.gov.br/retrato/>.

23
Los datos recogidos por la PNAD, realizada por el IBGE en 200911
, contribuyen a que identifiquemos la
desigualdad con relación al acceso y a la calidad de los alimentos consumidos. Esta encuesta intentó
identificar la condición de seguridad alimentaria de los brasileños:
En esta encuesta, la PNAD registró un total de 58,6
millones de domicilios particulares en Brasil en 2009,
de los cuales el 69,8%, o 40,9 millones, estaban en
situación de seguridad alimentaria (SA). En estos
domicilios vivían 126,2 millones de personas, lo que
Situación de seguridad alimentaria Descripción
Seguridad alimentaria Los residentes de los domicilios tienen acceso regular
y permanente a alimentos de calidad, en cantidad
suficiente, sin comprometer el acceso a otras
necesidades esenciales.
Seguridad alimentaria leve Preocupación o incertidumbre con relación a los
alimentos en el futuro; calidad inadecuada de los
alimentos provocada por estrategias que pretenden no
comprometer la cantidad de alimentos.
Seguridad alimentaria moderada Reducción cuantitativa de alimentos entre los adultos o
ruptura en los patrones de alimentación provocadas por
la falta de alimentos entre los adultos.
Seguridad alimentaria grave Reducción cuantitativa de alimentos entre los niños o
ruptura en los patrones de alimentación provocadas por
la falta de alimentos entre los niños; hambre (cuando
alguien se queda el día entero sin comer por falta de
dinero para comprar alimentos).
Límites del acceso a alimentos
equivale al 65,8% de los residentes en domicilios
particulares de Brasil. Los 17,7 millones de domicilios
particulares restantes (el 30,2%) se encontraban en
algún grado de inseguridad alimentaria (IA); en ellos
vivían cerca de 65,6 millones de personas.
11 Disponible en <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/seguranca_alimentar_2004_2009/pnadalimentar.pdf>.
La prevalencia de domicilios con personas en
situación de IA leve se estimó en un 18,7%, o, en
valores absolutos, en 11 millones de domicilios, en
los que vivían 40,1 millones de personas (el 20,9% de
la población residente en domicilios particulares). La
proporción de domicilios particulares con residentes
que vivían en situación de IA moderada fue de un
6,5% (equivalente a 3,8 millones). En estos hogares,
había 14,3 millones de personas (el 7,4% de los
residentes) conviviendo con limitación de acceso
cuantitativo a los alimentos. Del total de domicilios,
un 5% de ellos (2,9 millones) se clasificaron como IA
grave, restricción alimentaria en la cual por lo menos
una persona había registrado alguna experiencia
de hambre en el período analizado. Esta situación
afectaba a 11,2 millones de personas (el 5,8% de los
residentes de domicilios particulares).
El área rural fue la que presentó las mayores tasas
de inseguridad alimentaria. Con relación a la IA
moderada y grave, el 6,2% y el 4,6% de los domicilios
del área urbana, respectivamente, se encontraban
en tales situaciones, mientras que los porcentajes
fueron del 8,6% y el 7% en el área rural.
También se constató la desigualdad referente al
acceso a alimentos con relación a las grandes
regiones brasileñas. Las regiones norte y nordeste
registraron, respectivamente, un total del 40,3% y el
46,1% de los domicilios en inseguridad alimentaria.
Por otro lado, en las regiones sudeste y sur, el 23,3%
y el 18,7% se encontraban en esta situación.
Según los datos de la PNAD, la prevalencia de
IA moderada o grave fue mayor en domicilios que
tenían una mujer como persona de referencia.
Entre los domicilios cuya persona de referencia
era del sexo masculino, el 10,2% se encontraban
en dicha situación, mientras que ese porcentaje
fue del 14,2% si la persona de referencia era del
sexo femenino. Si la composición domiciliaria
incluía a menores de 18 años, la prevalencia de IA
moderada o grave fue del 11,5%, si la persona de
referencia era del sexo masculino, y del 17,5%, si
era del sexo femenino.
“
“

25
Prevalencia de seguridad alimentaria y de inseguridad alimentaria moderada o grave en domicilios
particulares y domicilios particulares con por lo menos un residente de 18 años o más de edad, según el
sexo de la persona de referencia del domicilio. Brasil, 2009.
Además de la dificultad de acceso a los alimentos,
hay fuertes desigualdades en lo que se refiere a los
gastos y a la calidad de los alimentos consumidos
entre la población brasileña.
Entre los gastos de consumo en Brasil, los mayores
gastos corresponden a la vivienda, seguidos por los
referidos a alimentos y transporte. La población rural
destina el 27,6% de sus gastos a la alimentación,
mientras que la población urbana presenta un gasto
menor (el 19%). Otra diferencia está en el tipo de
alimento consumido según el área. En los domicilios
rurales, la media per cápita/día de consumo fue
mucho mayor para alimentos como arroz, alubias,
boniato, mandioca, harina de mandioca, mango,
mandarina, pescados frescos, pescados salados
y carnes saladas. Por otro lado, en los domicilios
urbanos prevaleció el consumo de productos
terminados (comida rápida) o procesados, como
pan de sal, galletas rellenas, yogures, batidos,
bocadillos, aperitivos fritos y asados, pizzas,
refrescos, zumos y cervezas (IBGE, 2011).
Cuestionadas sobre la suficiencia con relación a
los alimentos, el 64,5% de las familias brasileñas
respondieron positivamente, frente al 35,5% de
las que afirmaron que la cantidad de alimentos
consumidos era insuficiente o eventualmente
insuficiente. Cabe resaltar que hubo una mejora
significativa en este sentido en comparación con la
encuesta anterior de 2002/2003, en la que ese último
porcentaje fue del 53%.
No obstante, la insatisfacción por la cantidad de
alimentos consumida es mayor en las áreas rurales.
En ellas, el 45,6% de las familias mencionaron algún
grado de insuficiencia de la cantidad de alimentos
consumidos , mientras que en las áreas urbanas ese
porcentaje fue del 34%, aproximadamente.
%
Hombres Hombres
Domicilios particulares Domicilios particulares con por lo menos
un residente de 18 años de edad o más
MUjeRES
Seguridad alimentaria Inseguridad alimentaria moderada o grave
Fuente: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009.
MUjeRES
71,9
10,2
65,6
14,2
65,9
11,5
17,5
55,9

27
Las mujeres enfrentan una profunda desigualdad
en el acceso a la tierra. Los datos del Censo
Agropecuario de 2006 del IBGE muestran que
la proporción de establecimientos en los que
las responsables son mujeres en condición de
propietarias, del 75,9%, es ligeramente inferior a la
de los hombres, del 76,3%, y prácticamente igual
en el caso de los asentados sin titulación definitiva
(del 3,6% y el 3,7%, respectivamente). Sin embargo,
las mujeres son más precarias entre los precarios.
En condición de arrendatarios, la proporción de
establecimientos en los que las responsables son
mujeres es del 2,4%; la mitad de la de los hombres,
Área media de los establecimientos según la condición del productor y el sexo del
responsable del establecimiento
Condición del productor Mujer (ha) Hombre (ha)
Proprietario 33,17 84,19
Asentado sin titulación definitiva 24,33 31,26
Arrendatario 13,89 41,03
Aparcero 8,02 14,43
Ocupante 7,98 16,53
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.
La tabla de arriba revela una de las formas de
desigualdad en el acceso de las mujeres a la
tierra, que es el hecho de ser responsables de
unidades menores. El área media de las propietarias
representaba menos del 40% de la de los
propietarios, y el área media de las arrendatarias
representaba el 34% de la de los arrendatarios.
A esto hay que sumar las evidencias de estudios
empíricos que indican que las mujeres están en
áreas con menores condiciones de producción y
acceso a la comercialización12
.
Desde los años 1980, una serie de alteraciones
en la legislación y en las políticas públicas
vienen intentando disminuir esa discrepancia. La
Constitución de 1988 ya preveía una titulación
conjunta para hombres y mujeres de las tierras
destinadas a la reforma agraria. Sin embargo, la
ausencia de la titularidad conjunta y obligatoria
generaba prácticas culturales en las que las mujeres
estaban subordinadas al padre, al marido o al
hermano. Una orden de 2003 del Instituto Nacional
de Colonización y Reforma Agraria (Incra13
, por
su acrónimo en portugués) vuelve obligatoria la
titulación conjunta en caso de casamiento o unión
de hecho. Aun así, una diferencia significativa
persiste, si se consideran las diferentes iniciativas
llevadas a cabo en los últimos años para eliminar
las barreras al acceso de las mujeres a la tierra en
los procesos de selección de beneficiarios y en las
La lucha constante
por el acceso
a la tierra
que es del 4,7%. La situación se invierte en la
condición de productores sin área: un 8,1% para las
mujeres frente a un 4,5% para los hombres.
El acceso desigual de las mujeres a la tierra es
aún más evidente si observamos el área media por
condición del productor. Los establecimientos en
los que las mujeres son las responsables tienen
áreas medias inferiores a la mitad del área media
de los establecimientos en los que los hombres son
los responsables en condición de propietarios y
arrendatarios, y próximas a la mitad en los casos en
los que son aparceros y ocupantes.
políticas de apoyo a los asentamientos de reforma
agraria. En la condición de asentados la diferencia
es menor; el área media de los establecimientos
en los que la mujer es responsable equivale al 78%
del área media de los administrados por hombres.
Si se considera que los lotes en los proyectos de
asentamiento tienen áreas iguales, esta diferencia
de área debe indicar una menor presencia de las
mujeres en las regiones de mayor módulo fiscal,
como las regiones norte y centrooeste.
La desigualdad en el acceso a la tierra también se
explica por factores culturales. Un estudio realizado
por Maria José Carneiro señala que, a pesar de
la igualdad establecida por el Código Civil, sigue
habiendo códigos de costumbre que ponen los
intereses de la familia por encima de los individuales.
Al estudiar la herencia de tierras entre agricultores
de origen italiano en Rio Grande do Sul, la autora
constató que las hijas normalmente no heredan
la tierra en caso de que el padre muera. Tanto la
viuda como las hijas se ven obligadas a ceder su
parte en favor de los hombres, para garantizar el
mantenimiento de la unidad del patrimonio. “Su parte
[la de las mujeres] en la herencia se reduce al ajuar
y a algunos bienes para la casa, si se casan con un
agricultor, o se destina a su mantenimiento en la
ciudad mientras estudia y se prepara para entrar en
el mercado de trabajo urbano”, afirma
la investigadora.
12 CARNEIRO, 2001, p. 49; DOSS; GROWN; DEERE, [s.d.], p. 6
13 Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, responsável federal pela gestão territorial rural.

29
Dada la falta de sostenibilidad del modelo
hegemónico de producción y de consumo,
nuevas corrientes surgen para oponerse a este
y proponer nuevos caminos. Los movimientos
sociales reforzaron su unión en el enfrentamiento
al agronegocio y en la defensa de la soberanía
alimentaria. Dentro de esta lucha común se reúnen
movimientos de trabajadores rurales, indígenas,
campesinos, movimientos sociales urbanos y
movimientos de mujeres, entre otros.
Este principio comprende el derecho de la población
a alimentos saludables y culturalmente adecuados,
producidos con métodos sostenibles, y la autonomía
de la población para definir sus propios sistemas
agrícolas y alimentarios; es decir: qué, cuánto y
cómo producir y consumir. La soberanía alimentaria
defiende que las necesidades y formas de vida de
Promoviendo la
soberanía alimentaria
Carneiro añade que en el caso de las mujeres
solteras puede hacerse una excepción. Como
se entiende que esas mujeres renunciaron al
casamiento para atender a las demandas familiares,
las solteras reciben una pequeña parcela de tierra
para garantizar su subsistencia. Sin embargo,
dicha parcela es menor en tamaño y calidad que la
destinada a los hombres14
.
Incluso con la posesión conjunta, la decisión sobre
el uso de la tierra también se ve influenciada por las
relaciones de género. A partir de tabulaciones del
Censo Agropecuario 2006, hechas por Nobre15
, se
puede verificar que, en el caso de varios productos,
los establecimientos en los que la mayor parte
de la fuerza de trabajo es femenina registran una
comercialización menor de la de aquellos en que la
fuerza de trabajo mayoritaria es masculina.
Varias agricultoras declaran que reciben presión de
sus maridos para utilizar la mayor parte del área (si
no toda) para la siembra comercial, mientras que
14 CARNEIRO, Maria José. “Acesso à terra e condições sociais de gênero: reflexões a partir da realidade brasileira”. Quito, 2006. / 15 NOBRE, Miriam: Censo Agropecuário 2006 –
Brasil: uma análise de gênero. In Butto, Andréa, Dantas, Isolda, Hora, Karla.: As Mulheres nas estatísticas agropecuárias: experiências em países do sul. MDA, Brasília, 2012.
16 O Seminário Nacional Mulheres e Agroecologia aconteceu entre 28 a 30 de abril de 2006 em Belém com a participação de cerca de 150 mulheres e foi preparatório ao II Encontro
Nacional de Agroecologia ocorrido em Recife em junho do mesmo ano.
ellas presionan por mantener el terreno productivo.
Hay que considerar el impacto de la prevalencia
del autoconsumo para la autonomía económica de
las mujeres. Incluso autoras, como Carrasco, que
valorizan la contribución económica de las mujeres
mediante su trabajo y disponibilidad permanente
para el cuidado reconocen que los ingresos
monetarios son absolutamente necesarios en
nuestra sociedad para acceder a los recursos vitales.
Participantes del Seminario Nacional de Mujeres y
Agroecología16
afirmaron que este dilema también
está presente en las familias de agricultores
agroecológicos. En su relación con el mercado,
las mujeres informaron de situaciones en que las
agricultoras vendían miel para comprar azúcar
refinado o vendían pollo de corral para comprar pollo
congelado. Así, no podían disfrutar de los alimentos
de buena calidad que producían. Se temía que el
incentivo a la comercialización contribuyera a un
empeoramiento de la seguridad alimentaria de
las familias.
La soberanía alimentaria es un
concepto construido, y presentado en
1996, por Vía Campesina, un movimiento
internacional que reúne a millones
de campesinos(as), pequeños(as)
productores(as), comunidades
sin tierra, indígenas, emigrantes y
trabajadores(as) agrícolas.
aquellos que producen, distribuyen y consumen
alimentos estén en el centro de esos sistemas, y
no a expensas de los intereses del mercado y de las
grandes empresas.
La soberanía alimentaria insiste en la necesidad de
cambiar el punto de vista político para alcanzar la
seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación.
También afirma el cambio en las relaciones de poder
y sitúa a aquellos que sufren injusticias en el acceso
a los alimentos en el centro de las políticas.
Cabe resaltar que los conceptos de soberanía
alimentaria y de seguridad alimentaria no son
sinónimos. El término “seguridad alimentaria” —
concepto utilizado, sobre todo, por instituciones
gubernamentales— surgió después de la 1.ª Guerra
Mundial, vinculando principalmente la cuestión
“

31
En este sentido, el concepto de “soberanía
alimentaria” surge como una estrategia para
transformar el modelo actual, ya que defiende el
derecho de la población y la autonomía local con
relación a los sistemas alimentarios, y también
cuestiona los modelos hegemónicos de producción,
distribución y consumo de alimentos. Por lo tanto,
esta es una propuesta de carácter amplio, que
abarca la defensa de una reforma agraria justa,
el control territorial, los mercados locales, la
biodiversidad, la autonomía, la salud y la calidad
de vida. Uno de sus principios fundamentales es el
fortalecimiento de la producción y del consumo local
de alimentos. Existe la preocupación de garantizar el
uso de la tierra, de las aguas, de las semillas y de la
biodiversidad a los pequeños productores, lo que se
hace posible quitando el poder a los conglomerados
económicos.
alimentaria a la capacidad de producción de cada
país. En su definición, la seguridad alimentaria
y nutricional se comprende como la garantía del
derecho de todos al acceso a alimentos básicos,
en cantidad suficiente, sin que eso impida la
satisfacción de otras necesidades esenciales,
basada en prácticas alimentarias saludables para
contribuir, de esa forma, a una existencia digna en
un contexto de desarrollo integral de la persona
humana. Tal concepto aborda la cuestión alimentaria
a partir de la posibilidad económica y social de
obtener alimentos y de la calidad de los alimentos
consumidos, principalmente con relación a la calidad
nutricional. Sin embargo, puede ser que esto no
cuestione el tipo de sistema de producción, lo que
favorece al agronegocio y el uso de transgénicos y
agrotóxicos, en algunos casos.
Al defender la autonomía local, la soberanía
alimentaria contribuye también aportando
propuestas de nuevas formas de circulación y de
distribución de alimentos por medio de circuitos
que acerquen a productores y consumidores para,
de esa forma, reducir las intermediaciones entre
ellos y reforzar sus alianzas. Además, destaca la
importancia de consumir productos de temporada o
que se hayan cultivado o criado en lugares próximos
y en armonía con el medioambiente.
De la misma forma, la soberanía alimentaria propone
cambios, no solo en los modelos de producción
de alimentos, sino también en los de consumo.
El consumo debe dejar de basarse en productos
industrializados y comidas rápidas (fast-foods) —
valorizados en la sociedad actual porque se destina
mucho tiempo al ámbito productivo—, y empezar a
centrarse en una alimentación de calidad. Para ello,
se vuelve también necesario que se establezcan
políticas públicas orientadas a la calidad alimentaria
y que atiendan colectivamente a la población, como
los restaurantes populares.
La soberanía alimentaria se destaca como una de
las respuestas más promisorias y eficaces a la crisis
alimentaria, climática y social en la que el mundo
está inmerso actualmente. Además de afirmar el
derecho de todos los pueblos a la alimentación,
propone el desarrollo regional y mundial de un
modelo sostenible, el cual pasa necesariamente
por la búsqueda de igualdad en sus múltiples
dimensiones: social, económica, étnica/racial, de
género, etc.

35
El papel del Estado es crucial en el enfrentamiento
y combate a las desigualdades sociales, tan fuertes
y visibles en Brasil. En un país donde el hambre y la
pobreza aún forman parte de la realidad de millones de
brasileños, se hacen urgentes acciones que promuevan
una ruptura en las condiciones de miseria en las que
vive parte de la población. Muchas de esas acciones
surgen a partir de la iniciativa de la sociedad civil y de
movimientos sociales, que buscan alternativas para
disolver la lógica de contrastes sociales, como las que
se realizan en el campo de la soberanía alimentaria.
Sin embargo, la actuación del Estado es fundamental,
tanto para fortalecer esas iniciativas como para hacer
realidad y garantizar que las transformaciones ocurran
en una sociedad más justa e igualitaria.
La heterogeneidad que marca la realidad brasileña
presenta desafíos especiales a las políticas públicas
que buscan combatir las desigualdades. Las acciones
emprendidas por el Estado pueden tener diferentes
diseños y, por consiguiente, diferentes impactos en
función de su alcance, objetivo, tiempo de duración y
capacidad de transformación, entre otros.
Así, analizaremos las acciones emprendidas por el
Estado en el enfrentamiento al hambre y a la pobreza,
intentando comprender sus límites, avances y desafíos,
y de qué modo promueven cambios en la condición
de vida de las personas, una transformación en la
sociedad y un camino hacia la igualdad.
El hambre no se limita tan solo a la falta de acceso a alimentos,
sino que también implica (re)pensar su sistema de producción y distribución,
así como romper con la lógica que reproduce, en nuestra sociedad, las
desigualdades socioeconómicas, el machismo, el racismo, entre otros.
“
“

37
Las políticas públicas de combate a la pobreza
encuentran tres desafíos principales. El primero
es impedir que las personas mueran de hambre. El
segundo es garantizar a las personas oportunidades
para que salgan de la situación de pobreza, lo que
puede llevarse a cabo a través de programas de
generación de renta, microcrédito y promoción del
desarrollo sostenible local, como hace la agricultura
familiar. El tercero es impedir que las personas
vuelvan a estar en situación de pobreza, lo que es
posible a partir de políticas sociales como el seguro
de desempleo y la seguridad social, entre otras.
Desde el año 2003, el Gobierno federal viene
poniendo en práctica una serie de medidas para
enfrentar el problema del hambre y de la miseria en
Brasil, tanto en área rurales como urbanas, como los
programas Bolsa Família [Subsidio para la familia],
Fome Zero [Hambre cero] y Brasil Sem Miséria [Brasil
sin miseria]. Desde su implementación, crece el
debate y el número de estudios que aúnan esfuerzos
para analizar sus alcances y limitaciones.
El efecto de tales medidas, así como de la actuación
de movimientos sociales que presionan por esas
acciones, se viene reflejando en encuestas o
estudios nacionales. Los datos recogidos por la
Encuesta de Presupuestos Familiares (POF, por
sus siglas en portugués), realizada por el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2010b),
muestran una sensación de mejora de las familias
con relación a la alimentación consumida. Según
esta encuesta, en 2008/09, el 64,5% de las familias
declararon tener la cantidad de alimentos suficiente
para llegar a fin de mes, mientras que, en 2002/03,
ese número era del 53%. En lo que se refiere a
investigar si las familias consumían (siempre, a veces
o casi nunca) su alimento preferido, la encuesta
también muestra una mejora: mientras que en
2002/03 el 73,2% declararon alguna insatisfacción,
ese porcentaje fue del 65% en 2008/09. Entretanto,
a pesar de que las familias sienten una mejora
con relación a los años anteriores, el problema del
hambre aún es una realidad de gran parte de las
familias brasileñas. Según datos del propio Gobierno
federal, actualmente aún son 16 millones los
brasileños que viven en situación de
extrema pobreza.
Algunos programas abarcan la totalidad del territorio
nacional (aunque haya directrices específicas para
el campo y la ciudad), como es el caso del Plan
Brasil Sem Miséria, del Programa Bolsa Família y
del Programa Fome Zero. Otros programas están
orientados directamente al medio rural. Entre ellos,
se destacan las iniciativas dedicadas al fomento
de la agricultura familiar, que incluyen preceptos
de agroecología, soberanía alimentaria y economía
solidaria. El Programa Nacional de Agricultura Familiar
(Pronaf) y el Programa de Adquisición de Alimentos
(PAA), entre otros, tienen un importante papel.
Del mismo modo, algunos programas incorporan
un enfoque hacia las relaciones de género en sus
directrices, con vistas a promover cambios en
la vida de las mujeres. Otros programas, aunque
no están directamente orientados a las mujeres,
acaban teniéndolas como objetivos principales. Así,
intentaremos introducir en nuestro análisis cómo las
relaciones de género se incorporan en esas políticas
y cuáles son los desafíos que aún tienen que
enfrentar en lo que respecta a la igualdad
entre los sexos.
Políticas de
enfrentamiento al
hambre y a la pobreza

39
El Plan Brasil Sem Miséria está dirigido a los 16
millones de brasileños (indicados por el Censo
2010 del IBGE) que viven en situación de extrema
pobreza en el país; es decir, aquellos que viven
en hogares con una renta de hasta 70 reales por
persona. Según datos del propio Gobierno federal, las
acciones del plan, que incluyen algunas orientadas
específicamente a las áreas rurales y otras, a las
áreas urbanas, se realizan en conjunto y se suman
a otros programas existentes, como el Programa de
Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa
Bolsa Família.
En las áreas rurales, el 47% de la población se
beneficia del plan. Para esta parte de la población,
las estrategias están orientadas al aumento de la
producción del agricultor y de la comercialización
de sus productos, lo que se lleva a cabo a través
de la oferta de asistencia técnica, el fomento para
la adquisición de insumos y semillas, la garantía
de acceso al agua mediante la construcción
de cisternas y otros sistemas, y la garantía de
comercialización de los productos (a través del
PAA y del incentivo de compra por parte de otras
instituciones, como universidades y hospitales).
Por otro lado, las estrategias dirigidas a la población
en extrema pobreza en las áreas urbanas, según
el propio Gobierno federal, son el acceso a una
ocupación y la generación de renta. Así, el plan
ofrece cursos de formación profesional para
capacitar a esta población; realiza la intermediación
entre la población y las empresas con el fin de
garantizar la inserción en el mercado de trabajo;
busca la ampliación de la política de microcrédito y
el fomento y fortalecimiento de la economía popular
y solidaria.
En 2012, el Gobierno federal lanzó el Programa
Brasil Carinhoso [Brasil Cariñoso], que se suma al
conjunto de acciones del Plan Brasil Sem Miséria,
orientado a las familias que tengan hijos de hasta
6 años de edad y que vivan en extrema pobreza en
el país. Su propuesta tiene el objetivo de garantizar
que todas las familias con por lo menos un hijo en
esa franja etaria supere el valor de 70 reales por
persona, además de pretender ampliar su acceso
a guarderías y a educación, y promover una mejora
en los cuidados de salud (garantía de vitaminas
alimenticias, acceso a medicamentos, etc.).
Experiencias de políticas
públicas, programas y
acciones en Brasil
para combatir la miseria
FOME ZERO
Plan Brasil Sem Miséria
Programa Bolsa Família
El programa Fome Zero es una estrategia del
Gobierno federal que busca el enfrentamiento directo
del problema del hambre en el país. Sus acciones
pretenden garantizar el derecho a una alimentación
adecuada de toda la población, afianzadas en los
preceptos de seguridad alimentaria y nutricional.
Las acciones del programa Fome Zero se realizan
en conjunto con programas y acciones impulsados
por los Gobiernos federal, estatales y municipales,
e incluyen la garantía de acceso a alimentos,
el fortalecimiento de la agricultura familiar, la
generación de renta y estrategias de movilización y
de articulación social.
En términos de género, se puede identificar, entre
las acciones de carácter de emergencia priorizadas
por el programa, una acción centrada plenamente
en las mujeres: el combate a la desnutrición materno
infantil. Para hacer efectiva esta acción, el proyecto
de Fome Zero tiene como principales propuestas:
i) el suministro de productos alimenticios, como
la leche, y de nutrientes básicos, como hierro y
vitaminas, para los niños inscritos en la red de
salud y asistencia social, con vistas a universalizar
los programas ya existentes; ii) el diagnóstico
precoz y el tratamiento de la desnutrición,
acompañados de orientaciones nutricionales y del
seguimiento por parte de los equipos de salud de las
evoluciones tanto del niño como de su familia; iii) el
fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Nutricional
(Sisvan) como instrumento para identificar, registrar,
visitar y orientar a las familias con relación a su
salud y alimentación; y iv) programas de incentivo
y orientación para el amamantamiento materno
(Instituto Cidadania, 2001).
A pesar de la reconocida importancia de la medida,
no se puede afirmar que sea una iniciativa de género,
puesto que el empoderamiento y la autonomía de las
mujeres no son los propósitos de esa acción; se trata
de solucionar un problema que involucra a la mujer
como agente fundamental de la reproducción social.
El aspecto de género solo parece estar presente
en el Programa Cartão Alimentação [Tarjeta de
alimentación] (PCA), una modalidad de transferencia
de renta presente entre las acciones específicas del
programa Fome Zero. El PCA ha seguido la tradición
iniciada por otros programas de esa naturaleza al
dar preferencia a la mujer para recibir este recurso.
Además de consolidar esa orientación, el PCA la
amplió, ya que no vincula la priorización de la mujer a
su condición de madre17
.
17 PRATES, Ceres A.; NOGUEIRA, M. Beatriz. Os programas de combate à pobreza no Brasil e a perspectiva de gênero no período 2000-2003: avanços e possibilidades. 2005.
Disponível em http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/22229/lcl2309p.pdf
Un programa considerado relevante en la política del
actual Gobierno de Brasil, y que se vincula al plan de
erradicación de la miseria en el país, es el Programa
Bolsa Família. Este programa es parte de las políticas
de transferencia de renta, que tienen como objetivo
mejorar la condición de vida de las personas más
pobres o extremadamente pobres. Sin embargo, se
considera que esta mejora no debe llegar solo con la
transferencia de renta, sino que a ella se debe sumar
el desarrollo y la ampliación de servicios
sociales básicos.
Con relación a la transferencia de renta, hay cinco
tipos de beneficios que involucran a las familias
pobres o extremadamente pobres, a causa de que
los valores varían de acuerdo con la situación y la
composición familiar (dependiendo, por ejemplo, del
número y la edad de los hijos).
Un informe reciente divulgado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) señala que, desde 2003
a 2009, hubo una reducción del 36,5% de la pobreza
en Brasil, o sea, en ese período, 27,9 millones
de personas salieron de esa condición. Según el

41
“ Según definición del Gobierno federal
brasileño, el Programa Bolsa Família contienen
tres ejes principales: la transferencia de renta,
como medida inmediata para aliviar el problema
de la pobreza; las eventualidades, ya que
se trata de garantizar el acceso a derechos
básicos como educación, salud y asistencia
social, y los programas complementarios.
informe, la valorización del salario mínimo en el país y
el Programa Bolsa Família han contribuido a la mejora
de esos indicadores.
Algunos estudios señalan que el Programa Bolsa
Família contribuye a mitigar la situación de pobreza
de las familias, pero aisladamente no consigue
causar la ruptura del problema. El trabajo de Maria
Ozanira Silva18
sobre el Bolsa Família indica que los
programas que transfieren mensualmente el valor
de un salario mínimo, como es el caso del Beneficio
de Prestación Continuada y del Seguro Social Rural,
son los que más han contribuido para reducir la
desigualdad y la pobreza en Brasil. Según la OIT, las
rentas provenientes de la recepción de asistencia
social y del beneficio de prestación continuada (BPC)
fueron responsables de alejar de la pobreza a 23,1
millones de personas en Brasil en 2009.
El beneficio de prestación continuada (BPC) integra
la política de asistencia social y está destinado a las
personas de 65 años de edad o más y a las personas
portadoras de deficiencias que vivan con familias
cuya renta familiar per cápita sea inferior a un cuarto
de un salario mínimo. El beneficio consiste en un
salario mínimo para cada beneficiario, y puede haber
uno o más por familia. O sea, es una transferencia
de ingresos destinada a aquellas personas que
comprueben que no tienen medios para cubrir su
propia subsistencia o ser mantenida por su familia.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS), en 2012, 3,6 millones de personas fueron
beneficiadas por el BPC en Brasil; de estos, 1,7
millones eran ancianos y 1,9 millones eran personas
con deficiencia.
Un análisis más específico sobre el Programa Bolsa
Família permite observar elementos en cuanto a su
proceder frente a la pobreza en Brasil, considerando
el modo como ha modificado las condiciones de las
familias brasileñas, incluso las de las mujeres.
18 SILVA, Maria Ozanira da S. O Bolsa Família: problematizando questões centrais na política de transferência de renda no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 12(6):1429-1439, 2007.
“
Aunque el Programa Bolsa Família no
esté dirigido específicamente a las mujeres,
en la práctica, ellas han sido las principales
beneficiarias, ya que se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad social,
además de ser las principales cuidadoras
de las familias. Ellas también se han
convertido en el objetivo del programa
porque se considera que suelen destinar
mejor que los hombres los recursos en pro
del hogar y la familia.
“

43
“
“El acceso a la renta, posibilitado por medio del
programa, ha contribuido no solo a la mejora de la
situación social de las familias, sino que también
ha elevado el poder de compra de las mujeres y,
consecuentemente, de las familias en lo que se
refiere a la cantidad y calidad de bienes y productos.
Para algunas familias, esa es la primera experiencia
de acceso a una renta mensual.
Según la encuesta sobre el programa realizado
por la organización Agende – Ações em Gênero,
Cidadania e Desenvolvimento [Acciones en Género,
Ciudadanía y Desarrollo] y por el Nucleo de Estudios
e Investigaciones sobre la Mujer de la Universidad de
Brasilia, al exigir la documentación para el registro de
los beneficiarios, el Programa contribuyó a promover
la ciudadanía de una parte de la población que
anteriormente, en muchos casos, no era poseedora
de al menos un documento oficial que la identificase.
De la misma forma, el estudio señala que el aumento
del consumo también representa un beneficio para
el municipio en su conjunto, en la medida en que
estimula el desarrollo de la economía local19
.
Las políticas públicas
dirigidas a las
mujeres rurales
Al final de los años 1980 y en los años 1990, la
búsqueda por la autonomía económica y social de
las mujeres rurales ganó fuerza, por intermedio de
los movimientos de mujeres del campo y de las auto
organizaciones de mujeres rurales. Esos movimientos
y organizaciones comenzaron a reivindicar el
reconocimiento de las mujeres como agricultoras,
el acceso igualitario a la tierra en la reforma agraria
y derechos sociales, centrándose en el acceso a
la previsión social. Tras el reconocimiento como
agricultoras por el Gobierno de Brasil, las mujeres
pasaron a reivindicar su inclusión en el denominado
“bloc de notas de los productores rurales”20
y el
derecho de afiliarse a los sindicatos locales, para
buscar de manera igualitaria los derechos a las
políticas públicas y la tierra.
Con la realización de la Marcha das Margaridas21
, de
las manifestaciones de Vía Campesina y en los “8 de
marzo”, las reivindicaciones de las mujeres rurales
pasaron a tener mayor visibilidad, pues son eventos
de gran movilización nacional, estableciendo así
un diálogo promisorio y continuo con los gestores
públicos hacia la implementación de políticas
públicas para las agricultoras familiares.
Con el reconocimiento de la existencia de las
desigualdades de género en el campo, el gobierno
federal brasileño instituyó políticas públicas
de acceso igualitario a la tierra, programa para
la emisión de la documentación básica de las
mujeres rurales y apoyo a la producción y su
comercialización. Se instituyó también la Secretaría
de Políticas para Mujeres (SPM), con jerarquía
Aunque exista esa mejora, el programa
no proporciona una mayor participación
de las mujeres en actividades sociales y
económicas y en los espacios públicos.
Gran parte de las beneficiarias siguen
realizando las actividades restringidas a la
esfera doméstica —como la casa, el jardín
o el barrio—, sin que haya un incentivo para
que puedan participar en otros espacios
públicos, políticos y sociales.
19 AGENDE – Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento e Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade de Brasília. O programa bolsa família e o
enfrentamento das desigualdades de gênero. (S/d) Disponível em <http://www.ipc- undp.org/doc_africa_brazil/Webpage/missao/Pesquisas/PESQUISA_MULHER.pdf>. Acesso
em 22/10/2010.
20 É um documento fiscal de produtor rural, autorizado pela Sefa (Secretaria Estadual da Fazenda). O Bloco de Notas Fiscais dos Produtores Rurais é o documento
necessário para que o produtor rural pessoa física possa comercializar seus produtos (aqueles oriundos de seu trabalho em sua propriedade. Ex.: milho, soja,
feijão, pinus, eucalipto, frangos, bovinos, etc.). / 21 A Marcha das Margaridas teve quatro edições, a primeira em 2000 e as outras em 2003, 2007 e 2011.
Esta misma investigación indicó que las mujeres
advierten que han ampliado su autoridad en el
seno de la familia gracias a su mayor poder de
compra, lo que permite que negocien posiciones
en el espacio doméstico. Ellas sienten ampliar su
autonomía económica al no depender del dinero de
sus maridos o compañeros, lo que los lleva a valorizar
su contribución a la economía doméstica. De esta
forma, aunque no sea su objetivo, el programa lleva
al aumento de la autoestima y al aumento de poder
de las mujeres, lo que posteriormente tiende a
contribuir a que cambien las relaciones de género en
el seno de la familia y en la sociedad.
Por lo tanto, el acceso a la renta debe ser protegido
en conjunto con el acceso a otros derechos y
servicios sociales (como a la educación, guarderías,
restaurantes colectivos, entre otros), que posibiliten
a las personas —y, señalamos, a las mujeres— , no
solo romper con la situación de pobreza y miseria
en la que se encuentran, sino también romper
con la lógica de las relaciones de género, que
responsabilizan exclusivamente a las mujeres por
el trabajo doméstico y de cuidados.

45
La creación del Programa Organización Productiva de Mujeres
Rurales fue una iniciativa muy importante para que las mujeres pudiesen
alcanzar su autonomía económica y social. El programa facilita el acceso
de las mujeres a las políticas de comercialización y de organización
productivas por medio de la difusión de los principios de la economía
feminista y solidaria, con el objetivo de fortalecer a las organizaciones
productivas de trabajadoras rurales, incentivando el intercambio de
informaciones, conocimientos técnicos, culturales, organizacionales, de
gestión y de comercialización y valorizando los principios de la economía
solidaria y feminista, para posibilitar el acceso de las mujeres a las
políticas públicas de apoyo a la producción y comercialización.
“
“
de ministerio, y la Asesoría Especial de Género,
Raza y Etnia (Aegre), que hoy se ha transformado
en la Dirección de Políticas para Mujeres Rurales
y “Quilombolas” [habitantes de los refugios de
esclavos negros] (DPMRQ), parte del Ministerio de
Desarrollo Agrario (MDA).
Para garantizar la ampliación e inclusión de las
mujeres rurales en las políticas públicas, el Gobierno
federal brasileño estableció una estrategia firmando
la integración de algunos planes y programas del
MDA, como el II Plan Nacional de la reforma Agraria
(PNRA), el Programa Nacional de Fortalecimiento
de la Agricultura (Pronaf), el Programa Nacional
de Desarrollo Sostenible de Territorios Rurales, el
Programa Brasil Quilombola y el Programa Nacional
de Asistencia Técnica y Extensión Rural. Se distingue
la ampliación del presupuesto para las políticas
públicas destinadas a las mujeres en los Planes
Plurianuales (PAA) de 2004-2008 y de 2008-2011.
El gobierno federal brasileño estableció, en 2003, la
obligatoriedad, independientemente del estado civil
de la pareja, de la titulación conjunta de la tierra en
los lotes de los asentamientos de la reforma agraria.
Otra medida, en 2007, dio preferencia a las mujeres
jefes de familia en la Sistemática de Clasificación
de las Familias Beneficiarias de la Reforma Agraria
y determina que, en caso de separación, el lote se
quede con las mujeres, siempre que permanezcan
con la custodia de los hijos.
El Programa Nacional de Documentación de la
Trabajadora Rural (PNDTR)22
garantiza la emisión de
la documentación civil y laboral gratuitamente para
las mujeres rurales. Tales documentos se emiten en
reuniones colectivas de ayuda mutua para ese fin,
que también orientan e informan a las mujeres sobre
sus derechos y políticas públicas de la agricultura
familiar y de la reforma agraria.
La Política Nacional de Asistencia Técnica (PNATER),
en 2004, incorporó en su contenido cuestiones
de relaciones de género. Pasaron a ser tenidas
en cuenta las necesidades de las mujeres en la
selección de financiamiento de proyectos y, también,
en las orientaciones metodológicas. Esa política se
propone reconocer y estimular la participación de las
mujeres en la elaboración de proyectos, derribando
la noción de trabajo de las mujeres como ayuda, y
valorizar y perfeccionar los conocimientos existentes
en las prácticas de las mujeres.
En 2003, después de las reivindicaciones de los
movimientos de mujeres para generar una línea
específica de financiamiento que impulsase su
autonomía económica, el acceso de ellas al Pronaf
fue ampliado, con la obligación de la titularidad
conjunta como criterio para el crédito, y se creó una
línea especial de crédito: el Pronaf Mujer.
22 O PNDTR é uma ação fundamental para a inclusão social das trabalhadoras rurais, seja na reforma agrária, seja na agricultura familiar,
uma vez que possibilita a emissão gratuita de documentos civis, trabalhistas e de acesso aos direitos previdenciários, por meio de mutirões
itinerantes de documentação. O programa também realiza ações educativas para esclarecer as beneficiárias sobre o uso de documentos,
apresentar políticas públicas e orientar quanto ao seu acesso.

47
En los últimos años ha crecido el número de mujeres
rurales atendidas por la Asistencia Técnica, pero las
mujeres todavía enfrentan una serie de dificultades
para tener acceso a esos servicios. Los datos del
Diagnóstico sobre la Implementación de las Políticas
Públicas para la Igualdad de Género del Ministerio de
Desarrollo Agrario (MDA) señalan que las principales
dificultades enfrentadas por grupos productivos
de mujeres son la falta de información sobre cómo
proceder y adónde ir, la falta de continuidad en
la oferta del servicio y la dificultad de que no se
consideren la realidad y el conocimiento de las
mujeres en la elaboración de proyectos productivos.
Por medio del análisis hecho por Miriam Nobre23
, se
observa que en los establecimientos conducidos
por hombres reciben más atención de la Asistencia
Técnica. Mientras los hombres reciben alrededor
del 22 %, las mujeres suman solamente el 11%
de la atención recibida. “Para que estuviesen en
el mismo nivel de los establecimientos en que
los responsables son hombres, más de 66.000
establecimientos conducidos por mujeres deberían
ser contemplados”, afirma Nobre.
La ausencia de asistencia técnica y la falta de
preparación de los equipos técnicos para realizar
proyectos con las mujeres rurales implica que ellas
no accedan a otras políticas públicas, como crédito y
participación en programas de compra de alimentos.
Del mismo modo, se hace necesaria una calificación
de los equipos técnicos de las prestadoras de Ater
(Asistencia Técnica y Extensión Rural) sobre las
relaciones desiguales de género, división sexual
del trabajo y organización productiva de grupos
de mujeres rurales, para que esos equipos puedan
modificar su visión sobre la familia, la estructura de
la unidad de producción y las relaciones de poder
y jerarquía de los hombres sobre las mujeres. Esas
cuestiones deben ser tenidas en cuenta a la hora
de elaborar un proyecto para la gestión de las áreas
productivas de la unidad familiar. Es evidente que,
si hay un trabajo de formación y articulación con las
mujeres rurales, con equipos técnicos y gestores(as)
públicos(as), habrá también mayor acceso de las
mujeres a las políticas de Ater.
La Dirección de Políticas para Mujeres Rurales
del MDA ha elaborado un proceso de diálogo
con las mujeres rurales y los gestores de la
política de Ater para el estudio de demandas.
Las principales demandas están relacionadas a
la gestión de los emprendimientos, organización
interna, normalización de los grupos y adecuación
a las normas de vigilancia sanitaria para la
comercialización de los productos. Los grupos
también presentaron demandas de formación de
liderazgos y sobre género y políticas públicas como
un medio para la construcción de la autonomía
social, política y económica de las mujeres rurales.
Desde la existencia de la ley de Ater en 2010, se
vuelve obligatoria la realización, cada cuatro años,
de una conferencia nacional. Asimismo, la política
de Asistencia Técnica pasa a tener mayor control
social, y las conferencias territoriales, regionales,
provinciales y nacionales pasan a ser espacios
potenciales para que las mujeres presenten sus
demandas y propuestas, y que sean garantizados los
servicios de asistencia técnica y extensión rural.
Los desafíos enfrentados
por las mujeres rurales
en el acceso a las
políticas públicas del MDA Asistencia Técnica y Extensión Rural (Ater)
23 NOBRE, Miriam: ibidem

49
Estas cuestiones están interrelacionadas. De tal
forma, las medidas para superarlas deben ser
tomadas de manera conjunta, para promocionar
la real inclusión de las trabajadores rurales a las
políticas de crédito.
Más allá de esto, la falta de información sobre las
posibilidades de acceso hace que las mujeres no
participen en los procesos decisivos y económicos
de la familia, predominando así el dominio masculino
en los procesos productivos.
Otro aspecto que afecta el acceso de las mujeres
al crédito es la insolvencia de la unidad familiar,
impidiendo así el acceso a otras líneas de crédito
Pronaf. En algunos casos las mujeres no tienen
conocimiento de endeudamientos, porque sus
maridos hacen uso de los recursos del Pronaf
conforme a sus deseos sin tener en cuenta la opinión
de las mujeres.
Otra de las dificultades del acceso de las mujeres
a los financiamientos es el temor de no conseguir
pagar el financiamiento y quedar endeudadas. En el
diagnóstico sobre la implementación de las políticas
públicas para la igualdad de género del MDA, el
temor de no conseguir pagar la deuda fue citado
por el 18,4% de los grupos productivos de mujeres
Desde la implementación del Pronaf, el número
de mujeres con acceso a ese tipo de crédito va
en aumento. En el período de 2004 a 2006, el
rendimiento femenino creció un 31,5 %. No obstante,
aún hay algunos desafíos para ser enfrentados, pues
se ha constatado que son pocas las mujeres que
alcanzaron líneas de financiamiento en Brasil. Eso
ocurre por diversos motivos, entre ellos, la falta de
información de las mujeres sobre el crédito y sus
accesos, la desigualdad en las relaciones de género,
la falta de asistencia técnica, la dificultad para
localizar técnicos que las asistan en la elaboración
de proyectos y en el control de su ejecución, la poca
información de los agentes financieros locales y de
la Asistencia Técnica, y la dificultad con la emisión
de la Declaración de Aptitud al Pronaf (DAP)24
.
La falta de información sobre las líneas de
crédito existentes y de cómo acceder a ellas es
uno de los grandes obstáculos localizados por las
mujeres. En distintas oportunidades, ellas no saben
que el crédito concedido a su marido es para la
unidad familiar y que debe ser discutida en familia
la mejor forma de utilizarlo, pues es muy común
oír que el Pronaf para unidad familiar es el “crédito
del hombre”. Algunas veces, aun siendo la mujer la
titular del crédito, es el hombre quien decide cómo
será utilizado. También hay casos en que la mujer
accede al crédito porque el marido está endeudado
y no puede contraer otra obligación; aun así, son los
hombres los que deciden el uso de ese recurso
y sus rendimientos.
Programa de Fortalecimiento
de la Agricultura Familiar (Pronaf)
24 Criada pela Secretaria da Agricultura Familiar (SAF)/MDA, a DAP é utilizada como instrumento de identificação do agricultor familiar para acessar políticas públicas, como o
Pronaf. Para obtê-la, o agricultor familiar deve dirigir-se a um órgão ou entidade credenciado pelo MDA, de posse do CPF e de dados acerca de seu estabelecimento de produção
(área, número de pessoas residentes, composição da força de trabalho e da renda, endereço completo).
A > Dificultad para la obtención de documentación de la propiedad con el Incra;
B > Ausencia de equipos técnicos para la emisión de la Declaración de Aptitud al Pronaf;
C > Altas tasas de insolvencia de los municipios, lo que hace que los bancos
suspendan la realización de nuevos contratos de crédito en esos municipios;
D > Demora en la liberación de los recursos de los proyectos aprobados, que muchas
veces no coincide con el calendario agrícola de la región;
E > Falta de recursos, según los bancos, para el Pronaf Mujer;
F > Bancos sin funcionarios suficientes para analizar los proyectos;
G > Demasiada burocracia para acceder al financiamiento, que entorpece todas las
etapas para la obtención del crédito.
rurales entrevistados como una de las barreras para
acceder al Pronaf.
Otro aspecto relacionado con la falta de información
es el poco conocimiento del crédito Pronaf Mujer por
parte de los agentes financieros de los municipios y
de la Asistencia Técnica local, que, muchas veces,
no saben lo que puede ser financiado por esa línea.
Algunos técnicos de la Asistencia Técnica orientan
a las mujeres sobre el acceso al crédito Pronaf Mujer
con información del año de su creación, cuando el
crédito estaba unido a las actividades productivas
del lugar, reforzando así que el crédito de la unidad
familiar sea del hombre, a pesar de que esa línea
especial sea de la mujer.
Otra dificultad encontrada es el número insuficiente
de técnicos de campo para realizar la tarea de
atención a las mujeres, tanto para la elaboración
de los proyectos como en el seguimiento de la
producción.
Las principales cuestiones de la matriz operacional,
que dificulta el acceso al Pronaf, son aspectos
orientados hacia la dificultad en obtener la
documentación necesaria para la efectividad de
los contratos, las reglas, la burocracia y la falta de
personal en las agencias bancarias, como se detalla
a continuación.
“
“
Otra cuestión importante para resaltar es que,
incluso entre las mujeres que poseen conocimientos
de los procedimientos para acceder al crédito,
muchas señalan las dificultades en desplazarse
de sus casas hasta el órgano responsable de la
asistencia técnica o al banco.

51
El Programa Nacional de Alimentación Escolar,
realizado por el Ministerio de Educación, es
otro mecanismo para contribuir al desarrollo de
la agricultura familiar y la mejora nutricional y
alimentaria. Este programa existe desde 1955 y
garantiza recursos financieros para la adquisición
de alimentos a los alumnos de la red de educación
básica matriculados en escuelas públicas o
filantrópicas de Brasil.
La Ley nº 11.947, del 16 de junio de 2009, determina
que un mínimo del 30% del total verificado por el
Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE)
para la alimentación escolar sea usado directamente
en la adquisición de la agricultura familiar y del
emprendedor familiar rural o de sus organizaciones.
La producción de los alimentos debe respetar la
cultura, las tradiciones y los hábitos alimentarios
saludables, sea contribuyendo al crecimiento
y desarrollo de los alumnos, o mejorando sus
condiciones de aprendizaje, y “el apoyo al desarrollo
sustentable, con incentivos para la adquisición de
diversidad de géneros alimenticios, producidos en
el ámbito local y preferentemente por la agricultura
familiar y por los emprendedores familiares rurales,
priorizando las comunidades indígenas tradicionales
y sobrevivientes de “quilombos” (aldeas formadas por
descendientes de esclavos negros)”25
.
El Programa de Adquisición de Alimentos de la
Agricultura Familiar (PAA) parte de dos puntos
importantes: el reconocimiento de la producción
alimentaria por la agricultura familiar y el derecho
del ciudadano a tener una alimentación adecuada
y de calidad. La agricultura familiar es responsable
de una gran parte de la producción de alimentos del
Brasil y responde por el 87% de la producción de
mandioca, el 70% del frijol y el 46% del maíz.
Las familias que producen para el PAA y también
consumen esos alimentos obtuvieron mejoras en la
calidad de la alimentación, principalmente aquellas
que se encuentran en situación de pobreza y de
inseguridad alimentaria. El programa garantiza
inversiones para insumos y la comercialización de
los productos; por lo tanto, la capacidad productiva
de los agricultores aumenta, y su renta, también. El
aumento de la producción y de la comercialización
crea una nueva dinámica social, intensificando la
relación entre el campo y la ciudad y generando
mayor movimiento de dinero en el mercado local.
A pesar de los grandes avances, existen
algunos desafíos que el programa debe superar,
principalmente en lo que respecta a las mujeres
rurales. El PAA tiende a observar la unidad familiar
y no la composición familiar y la situación de sus
miembros. Esa lógica acaba encubriendo el trabajo
productivo de las mujeres. Los movimientos de
mujeres están provocando cambios en relación con
la importancia de las agricultoras en la familia y en la
sociedad, posibilitando que aparezcan cada vez más
beneficiadas del programa.
El Gobierno federal brasileño, en 2011, alteró los
procedimientos de acceso al PAA para ampliar la
participación de las mujeres. La intervención de
mujeres pasa a ser considerada criterio de primacía
en la selección y ejecución de propuestas, en todas
las modalidades y por todos los operadores del PAA.
Fue definido que al menos un 5% de la asignación
presupuestaria anual del PAA debe ser destinada
a las organizaciones compuestas por un 100% de
mujeres u organizaciones mixtas con participación
mínima de un 70% de mujeres en la composición
total. En relación con las modalidades de Compra
Directa Local con Donación Simultánea y de Incentivo
a la Producción y al Consumo de Leche, será exigida
la participación de, al menos, un 40% y un 30%
de mujeres, respectivamente, del total de
productores abastecedores.
Programa Nacional de
Alimentación Escolar (Pnae)
25 Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, publicada no Diário Oficial da União, nº. 113, quarta-feira, 17 de junho de 2009. Disponível em <http://www.fnde.
gov.br/component/k2/item/3341-resolução-cd-fnde-nº-38-de-16-de-julho-de-2009?highlight=YToxOntpOjA7czo0OiJwbmFlIjt9>. Acesso em 24/07/2013.
Programa de Adquisición de Alimentos
de la Agricultura Familiar

53
En los últimos años, hubo crecimiento de
emprendimientos económicos de grupos de mujeres
rurales en diversas regiones del país, representando
una alternativa de generación de ingresos delante de
las transformaciones en los procesos productivos. La
mayor parte de esos emprendimientos es informal,
con poco acceso a los procedimientos legales, lo
que dificulta su inserción en el mercado formal.
Otros problemas encontrados son operacionales y
estructurales, como la falta de capital de trabajo, la
dificultad de garantizar el desarrollo de los productos
y su divulgación, y la inexistencia de transporte y
rutas adecuadas para optimizar la distribución de la
producción. La falta de documentación necesaria
para comercializar, como la factura de venta y la
certificación de la vigilancia sanitaria, también es
un inconveniente.
La carencia de infraestructura, base y maquinarias
para producir también es una dificultad real.
Sin condiciones concretas para garantizar una
producción permanente y de calidad, los grupos
temen que al asumir más desembolsos en relación
con los impuestos generados por la formalización
pueda llevarlos al endeudamiento.
Otro gran escollo sin salida se refiere a la falta de
capacitación para la gestión del emprendimiento
y de procedimientos técnicos que puedan ser
incorporados, como, por ejemplo, un instrumento
eficaz de registro de las ventas y rendimientos
obtenidos.
Se ha observado que hay una tendencia de que
cuanto menor sea el tamaño de un emprendimiento,
mayor es la participación relativa de las mujeres.
Las mujeres predominan largamente en los
emprendimientos con menos de 10 socios (un
63%) y los hombres, en los emprendimientos con
más de 20 socios (un 60% en emprendimientos de
economía solidaria [EES] de 21 a 50 socios y un 66%
en EES con más de 50 socios). Los emprendimientos
representados por mujeres identificados por medio
del Sistema de Informaciones de la Economía
Solidaria (un 97,9 %) reciben hasta un salario mínimo
y la gran mayoría (un 83,7%), tan solo medio salario
mínimo. Solo el 11% accedieron al financiamiento
para la producción (Faria, 2011)26
.
Encuestas realizadas por la Dirección de Políticas
para Mujeres Rurales y “Quilombolas” (DPMRQ),
del MDA, entre 2005 y 2009, identificaron 920
grupos productivos de mujeres rurales en
prácticamente todos los estados de Brasil, parte
de ellos ya con acceso al PAA. Mientras tanto, una
investigación realizada recientemente por Siliprandi
y Cintrão (2011)27
constató un bajo porcentaje
de mujeres beneficiadas con los convenios, lo
que demuestra que el PAA todavía no ha logrado
captar formalmente más mujeres, en sus diversas
modalidades de operaciones. Una de las razones
de la baja participación de las mujeres en el PAA
tal vez sea la forma organizativa que prioriza el
programa; generalmente sindicatos, asociaciones y
cooperativas. Esas modalidades de organización
más formales procuran tener solo un asociado por
familia, en general el marido, “jefe de familia”,
como representante de los intereses de los
otros miembros.
Como los grupos de mujeres comprometidos
en actividades económicas suelen caer en la
informalidad, hay más dificultades para acceder a
políticas como el PAA y el Pnae, porque no consiguen
competir con organizaciones formales y más
estructuradas, con una llegada anticipada a
los mercados.
Para facilitar el acceso de las mujeres a las
políticas públicas de apoyo a la producción y a la
comercialización, y fortalecer sus organizaciones
productivas, fue creado en 2008 el Programa de
Organización Productiva de las Mujeres Rurales
(POPMR). Sin embargo, para que se cumpla el acceso
al programa es necesario garantizar una asistencia
técnica calificada, en condiciones de atender a cada
individuo en la unidad familiar con
sus especificidades.
En todas las regiones de Brasil, los grupos de
mujeres producen para el autoconsumo, al mismo
tiempo que buscan caminos para calificar su
capacidad de organización productiva, observando
su inserción en mercados locales y regionales,
especialmente en aquellos que valoran la producción
agroecológica realizada por las mujeres. En 2006,
las mujeres eran responsables del 16,4% de la
ocupación en la horticultura/fruticultura, mientras
los hombres representaban apenas el 8,1%. Estos
datos son importantes al manifestarse una mayor
participación de las mujeres en las actividades
de autoconsumo y en actividades agrícolas o no
agrícolas que no reciban remuneración, en
términos monetarios.
Programa Organización Productiva
de Mujeres Rurales
26 FARIA, Nalu. Mulheres rurais na economia solidária. In: Butto, Andréa; Dantas, Isolda: Autonomia e Cidadania: Políticas de Organização Produtiva para as
Mulheres no Meio Rural. MDA, 2011. / 27 Siliprandi, E. & Cintrão, R. As mulheres agricultoras e sua participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
In Butto, Andréa; Dantas, Isolda. Autonomia e Cidadania: Políticas de Organização Produtiva para as Mulheres no Meio Rural. MDA, 2011.

55
El surgimiento de algunas políticas como el Programa
de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional
de Alimentación Escolar (PNAE), constitutivos de una
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, han
personalizado alternativas importantes para la generación
de ingresos para grupos productivos de mujeres mediante la
estrategia de las compras gubernamentales.
El machismo y las relaciones de poder también
influye en las organizaciones productivas de
mujeres. Son comunes los relatos de mujeres que
declaran que al marido o compañero “le gusta llegar
y encontrarla en casa, que se siente más seguro
cuando sabe que ella se queda en casa, o que ´eso´
—refiriéndose al grupo— no va a aportar nada”. El
bajo incentivo de la familia también desalienta a las
mujeres para asumir una actividad productiva que
exija más tiempo, para administrar y producir, que el
tiempo usual dedicado a las actividades productivas
en armonía con las tareas del hogar.
Por último, la falta de políticas públicas y sociales,
como las de salud y de socialización de personas
ancianas y las guarderías, es un impedimento real
para que las mujeres no se dediquen más a las
actividades productivas.
“
“

57
Los obstáculos que
aún tenemos que superar
La búsqueda del incentivo y fortalecimiento de la
agricultura familiar intenta facilitar el acceso a los
alimentos y productos a la población tanto rural
como de la ciudad. Mientras, algunas amenazas
aún son encontradas. Una de ellas consiste,
de acuerdo con los productores rurales, en
las dificultades de competir con los grandes
productores agroindustriales, de comercializar sus
productos y de generar ingresos. Muchas de las
productoras reanudan el autoconsumo del grupo
familiar o fijan un espacio de venta mucho más
reducido y limitado. De esta manera, acentúan
la importancia de la capacitación y el resguardo
de la inversión, del incentivo a la compraventa de
productos agroecológicos y de los que provienen
de la agricultura familiar, la prioridad en la
adquisición de esos productos por organismos e
instituciones, y la constitución de redes y espacios
de comercialización.
La legislación específica de alimentos también es
una barrera para muchos pequeños productores,
que trabajan de modo tradicional o artesanal. Las
exigencias para la certificación sanitaria, que
incluyen la infraestructura que la producción familiar
no consigue atender, hacen que muchos productos
circulen en el mercado informal.
Un gran desafío es la elaboración de políticas y
alternativas para la población urbana y refuerzo de
la relación campo-ciudad. En los centros urbanos
predominan los grandes establecimientos de
distribución de productos y alimentos, en perjuicio
de los pequeños comercios de ventas. Cabe recordar
que esos grandes establecimientos dominan toda
la cadena de producción de alimentos, desde las
semillas hasta la distribución, y ponen imposiciones
sobre lo que se va a comer y lo que se va a producir a
todos los demás agricultores y a toda la población.
Del mismo modo, aún son escasas las iniciativas
dirigidas a la producción de alimentos en medio
urbano. Hay programas que buscan garantizar la
alimentación a la población que vive en las ciudades,
aproximando a los consumidores urbanos a los
productores del medio rural, pero la comercialización
todavía está restringida a la ferias, que muchas
veces son periódicas y no permanentes, y están
ubicadas en algunos barrios específicos, lo que hace
que tengan un público limitado. En ese sentido, un
camino necesario para hacer efectivas tales políticas
es la ampliación de esos espacios de intermediación
entre productores y consumidores.
El propósito es articular acciones y potencializarlas
como un desafío al sistema agroalimentario
controlado por las corporaciones.
Por otro lado, la existencia de políticas públicas
de apoyo a la producción y comercialización de la
agricultura familiar abre la posibilidad de profundizar
experiencias que combinen iniciativas públicas
gubernamentales y de movimientos sociales que
sean alternativas al mercado corporativo.
No obstante, el mayor desafío es la constitución
de políticas encaminadas hacia la ruptura de la
división sexual del trabajo y de la desigualdad entre
hombres y mujeres. El carácter contradictorio del
Programa Bolsa Família es un buen ejemplo de la
dificultad en atacar tanto la separación como la
jerarquización del trabajo productivo y reproductivo.
Al colocar a las mujeres como administradoras de
los recursos recibidos, el programa, por un lado,
promueve la autonomía de las mujeres en el uso del
dinero, creando un sentimiento de valorización entre
las beneficiadas. Por otro lado, refuerza el papel
tradicional de la mujer como responsable por los
cuidados de la familia.
“ La concurrencia de movimientos rurales
y urbanos puede democratizar el sistema
alimentario siempre que se desmantele el
monopolio de las corporaciones agroalimentarias
y se promuevan sistemas agroecológicos,
establecidos y socialmente justos (Holt-Giménez
e Shattuck, 2011, p.321).
“

Economía feminista y soberanía alimentaria: Avances y desafíos.

Economía feminista y soberanía alimentaria: Avances y desafíos.

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a Economía feminista y soberanía alimentaria: Avances y desafíos.

Similar a Economía feminista y soberanía alimentaria: Avances y desafíos. (20)

Más de Oxfam Brasil

Más de Oxfam Brasil (20)

Último

Último (20)

Economía feminista y soberanía alimentaria: Avances y desafíos.