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INTRODUCCIÓNLos casos relacionados con el conflicto armado interno no han sido iniciados de oficio porel Ministerio Públic...
violencia criminal y social.El presente trabajo es el estudio del comportamiento de los órganos estatales deGuatemala en l...
ANTECEDENTESEl jueves 2 diciembre de 1999, Rigoberta Menchú Tum presentó una denuncia ante elJuzgado Central de Instrucció...
La denuncia está fundamentada en los informes del REMHI3 y de la Comisión para elEsclarecimiento Histórico. Aún cuando se ...
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Quiché, masacre en Sacsihuan, Chajul, Quiché, masacre en Estrella Polar, Chajul, Quiché,masacre en Chelchajul, Chajul, Qui...
SECCIÓN 1.EL RÉGIMEN DE    LEGALIDAD Y LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE DAR TRÁMITE A LOS PEDIDOS DE LA   AUDIENCIANACIONAL...
capturar. Cada orden de captura pasa por un cuidadoso análisis por la Secretaría Generalde INTERPOL, para que califique si...
jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional y queactúa como Tribunal colegiado co...
haya lesionado un derecho constitucionalmente protegido; y otro reparador, ya queprocede para "restaurar el imperio de los...
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Política de la República y demás leyes en esta materia.Queda así, pues, delineadas las atribuciones funcionales de los órg...
SECCIÓN 2EL   TRÁMITE DE LAS ACCIONES REALCIONADAS CON LAS SOLICITUDES DE      ESPAÑAComo se detalló en la sección anterio...
cuyo conocimiento exhaustivo y pormenorizado no siempre está al alcance de lostribunales internos, o al menos no al mismo ...
Pretenden luego aplicarle el procedimiento que contiene el Código Procesal Penalguatemalteco para las pruebas anticipadas...
que se evalúen debidamente los requisitos de admisibilidad de los recursos, en toda   diligencia se respeten los plazos es...
legislación del Estado requerido como en el Estado requirente.El procedimiento de extradición ha sido calificado por la Co...
Guevara y Ríos, aún previamente a ser giradas órdenes de captura en su contra por laautoridad tramitadora de las órdenes e...
por el señor Ríos Montt los había declarado el Tribunal sin lugar. Es curioso, sin embargo,que todo lo relacionado con est...
plantear una inconstitucionalidad en caso concreto, que el interponente seaparte en el proceso, careciendo de dicha condic...
instancia denegó el amparo provisional que perseguía la libertad del detenido ÁngelAníbal Guevara. En apelación, la Corte ...
quiso acumular su acción a la de Arredondo y Guevara.Sin embargo a ambos los enviaron al Hospital Militar donde guardaron ...
SECCIÓN 3.GUATEMALA,     INCUMPLIMIENTO A COMPROMISOS INTERNACIONALES, POLITIZACIÓN DE DECISIONES JURÍDICAS Y LOSMECANISMO...
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, el Estado viola sus obligacionesinternacionales y compromete su respo...
lesa humanidad es contraria a los objetivos y principios de la Carta de lasNaciones Unidas, y a las normas de derecho inte...
extradición por parte de los tribunales españoles e ingleses.Por ejemplo el Caso Pinochet en la Cámara de los Lores, el di...
Amparo ante la Sala Primera de Apelaciones, al cual le fue asignado el número deexpediente 87-2006 y en el mismo solicitab...
Gladys Chacón, Juan Francisco Flores y Roberto Molina Barreto. Resolvieron el día 8 demarzo, quedó firme el 27 de marzo, e...
razones motivaron a la Corte para esta extraña extralimitación? No las conocemos, peroalgún día habrán de salir a la luz.-...
el interés de todos, puede capturar y castigar." 18 Desde entonces es una regla practicadapor la generalidad de naciones c...
Constitucionalidad.   Y no solo se trata de genocidio, sino de desapariciones forzadas,torturas, violaciones masivas, ejec...
extraña al concepto de soberanía nacional, la cual constituye la base histórica para lajurisdicción penal nacional. La jur...
- La Corte amplia su estudio a elementos factuales de naturaleza política ehistóricaSeparándose         aún     más     de...
REFLEXIÓN   O CONCLUSIÓN FINALPara cualquier guatemalteco no es extraño el conocer que en los procesos judiciales hayalter...
capacidad de respuesta de las ya deterioradas instituciones 20.20  Citando a Briscoe, “... la lucha contra la criminalidad...
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Un incorrecto funcionamiento de la administración de justicia significa, en gran medida, la falta de vigencia de los derechos humanos

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  1. 1. Un incorrecto funcionamiento de la administración de justicia significa, en gran medida, la falta de vigencia de los derechos humanos: Cuando la legalidad se convierte en impunidad 1
  2. 2. Este documento ha sido realizado en el marco del proyecto “Apoyo a la lucha contra elracismo y la discriminación en Guatemala para el ejercicio pleno de los derechos de losPueblos Indígenas y la construcción de un Estado multicultural” del Mecanismo de Apoyoa los Pueblos Indígenas, OXLAJUJ TZIKIN, y la FUNDACIÓN RIGOBERTA MENCHÚ TUM, con elfinanciamiento de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo -ASDI-.Consultoría realizada por:Renata Ávila PintoGuatemala de la Asunción, marzo de 2008Fotografía portada, Fundación Rigoberta Menchú TumGuatemala de la Asunción, torre de tribunales, 15 de octubre de 2007 2
  3. 3. ÍNDICETítulo PáginaIntroducciónAntecedentes: La causa en España 4Sección 1.El régimen de legalidad y las instituciones 9encargadas de dar trámite a los pedidos de laAudiencia Nacional de EspañaSección 2.El trámite de las acciones relacionadas con las 15solicitudes de España.Sección 3.Guatemala, incumplimiento a compromisos 25internacionales, politización de decisiones jurídicasy los mecanismos de impunidad.Sección 4. La sentencia del 12 de diciembre de 302007 y su mayor efecto: Impunidad legalizada porla Corte de Constitucionalidad.Conclusiones 37Bibliografía y abreviaturas utilizadas 38 3
  4. 4. INTRODUCCIÓNLos casos relacionados con el conflicto armado interno no han sido iniciados de oficio porel Ministerio Público de Guatemala. Tampoco por ninguna de las partes beligerantes sinopor las víctimas, o por asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) surgidasdurante la transición. Independientemente de los obstáculos represivos a las partesprocesales en los casos, hay una barrera infranqueable que se interpone entre el derechoa la verdad y a la justicia y que separa a las víctimas de su objetivo: el sistema judicialmismo, aplicado en la práctica. Señalaba ya Simon durante el año 2001 1 que “el Estadoguatemalteco todavía no ha ni siquiera empezado a cumplir con su obligacióninternacional conforme el Artículo 6 CCG de investigar y — conforme al resultado de estainvestigación — sancionar a una de las personas señaladas por la Comisión deEsclarecimiento Histórico (CEH) como principal responsable para los hechos que éstaComisión identificó como constitutivos de genocidio”. Siete años después de dichoseñalamiento las circunstancias se mantienen inalteradas. Durante el conflicto armado, elEstado guatemalteco no investigó, enjuició ni sancionó las miles de violaciones a losderechos humanos que ocurrieron en ese tiempo. El Poder Judicial se abstuvo de atenderlos recursos procesales básicos que controlan el ejercicio del poder público, como elhabeas corpus o recurso de exhibición personal. Durante años, la población guatemaltecavivió en un estado de indefensión jurídica y desprotección frente a las atrocidades que secometían, tiempo durante el cual el Organismo Judicial negó a las víctimas el derecho dedefensa y en cambio protegió a los que violaban los derechos humanos1. Es así como seacudió a instancias internacionales en búsqueda de esa justicia que no parecía factibleobtener en territorio guatemalteco, pero, como el presente caso muestra, ni aún en esosforos ha sido posible estar libre de los efectos adversos del sistema de justicia enGuatemala.La impunidad en Guatemala es estructural y propia del sistema. El Estado no niega lapersistencia de ésta. No se trata de casos de delitos individuales que quedaron sincastigo, sino de deficiencias correlacionadas en la administración de justicia que hansostenido un sistema de impunidad que afecta incluso a aquellos no vulneradosdirectamente en sus derechos. Este alto nivel de impunidad es, en sí mismo, una de lasmás serias violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Guatemala.La impunidad de los responsables de violaciones de los derechos humanos es uno de losfactores más importantes que contribuye a la persistencia de tales violaciones y de la1 Simon, Jean Michel. *Justicia Universal y el Genocidio en Guatemala: Perspectivas Europeas*. Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional: Friburgo de Brisgovia, 27 de febrero de 2001, con ocasión al I Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y el Principio de Justicia Universal 1, 2 y 3 de marzo de 2001 en Madrid/España 4
  5. 5. violencia criminal y social.El presente trabajo es el estudio del comportamiento de los órganos estatales deGuatemala en la recepción de las solicitudes de la Audiencia Nacional de España en elcaso denunciado en el año 1999 por Rigoberta Menchú Tum, y en él se analiza cómo lajusticia transicional funciona en Guatemala, y las redes y bloqueos que protegen a unapersona en detrimento incluso de sus compañeros en el ejercicio del poder. 5
  6. 6. ANTECEDENTESEl jueves 2 diciembre de 1999, Rigoberta Menchú Tum presentó una denuncia ante elJuzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional 2, dónde se identificó elexpediente con “Diligencias previas 331/99.10”.Los delitos denunciados fueron “genocidio”, “terrorismo de Estado” y “tortura”, y en ellaacusa a ocho altos funcionarios guatemaltecos de haberlos cometido. Los acusados eranen ese momento:a. General Efraín Ríos Montt, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 23 de marzo de1982 al 8 de agosto de 1983, por la comisión de los hechos presuntamente cometidospor el Ejército y fuerzas de seguridad civiles a su cargo durante dicho período, quienactualmente funge como diputado electo por listado nacional en el Congreso de laRepública de Guatemala.b. General Oscar Humberto Mejía Víctores, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 8 deagosto de 1983 al 14 de enero de 1986, por la comisión de los hechos presuntamentecometidos por el Ejército y fuerzas de seguridad civiles a su cargo durante dicho período.c. General Fernando Romeo Lucas García, Presidente de la República de Guatemala de1978 a marzo de 1982 (quien falleció en Venezuela)d. General Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Ministro de Defensa de Guatemala durante elGobierno de Lucas García, por la comisión de los hechos presuntamente cometidos por elEjército durante dicho período.e. Donaldo Álvarez Ruiz, Ministro de Gobernación de Guatemala durante el Gobierno deLucas García, por la comisión de los hechos presuntamente cometidos por fuerzas deseguridad civiles a su cargo durante dicho período, quien se encuentra prófugo de lajusticia.f. Coronel Germán Chupina Barahona, Director de la Policía Nacional durante el Gobiernode Lucas García, por la comisión de los hechos presuntamente cometidos por fuerzas deseguridad civiles a su cargo durante dicho período, quien falleció por muerte naturalrecientemente y fue enterrado con honores militares a pesar de haber un pedido deextradición y órdenes de captura internacionales giradas en su contra.g. Pedro García Arredondo, Jefe del Comando Seis de la Policía Nacional durante elGobierno del General Lucas García.h. General Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el Gobiernode su hermano Lucas García.2 La Audiencia Nacional es un órgano judicial que conoce y decide causas de especial trascendencia criminal, política o social; está compuesta por las Salas de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso- Administrativo y de lo Social. 6
  7. 7. La denuncia está fundamentada en los informes del REMHI3 y de la Comisión para elEsclarecimiento Histórico. Aún cuando se formula la misma por las 200000 víctimas delconflicto armado en Guatemala, hay especial detalle en cuanto al asesinato del padre, dela madre, y de dos hermanos de Rigoberta Menchú, la masacre de la embajada deEspaña del día 31 de enero de 1980, las ejecuciones extrajudiciales o detención ilegal ydesaparición de los sacerdotes españoles: Faustino Villanueva, José María Gran Cirera,Juan Alonso Fernández, y Carlos Pérez Alonso. Las primeras acusaciones particularesfueron formuladas por Rigoberta Menchú Tum, Lorenzo Villanueva Villanueva, JulianaVillanueva Villanueva, y Lorenzo Jesús Villanueva Inizcoz; Julio Alfonso Solórzano Foppa,Santiago Solórzano Ureta, Silvia Solórzano Foppa, Silvia Julieta Solórzano Foppa; AnaMaría Gran Cirera, Montserrat Gibert Gran, Ana María Gibert Gran, Concepción GranCirera, José Narciso Picas Vila, la señora Aura Elena Farfán y la señora Ana LucreciaMolina Theissen.La denuncia es respaldada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras,Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) en relación a lasatrocidades cometidas en la aldea de San Andrés Sajcabajá durante la estancia de undestacamento militar, (cabe señalar que la señora Rosalina Tuyuc Velásquez esactualmente la representante de dicha organización de viudas), Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) por la masacre de Las Dos Erres, ocurrida en1982, la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos, la Asociación contra la Tortura, laAssociació d’Amistat amb el Poble de Guatemala, Asociación Centro de Documentación ySolidaridad con América Latina y África, el Comité de Solidaridad Internacionalista deZaragoza y la Asociación Libre de Abogados.El 9 de diciembre de 1999, hace más de ocho años, el Juzgado de Instrucción N°1 de laAudiencia Nacional da por iniciadas las diligencias previas penales para practicar laspruebas esenciales con el objetivo de determinar la naturaleza y circunstancias de loshechos denunciados, así como sobre la personas que en ellos han intervenido. LaAudiencia Nacional aceptó el trámite la denuncia, y a la misma se han incorporado máscasos. Actualmente los hechos denunciados abarcan diversidad de casos tipificando losdelitos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada y tortura, dentro de los que sepueden mencionar:  Ejecuciones ExtrajudicialesEjecutados durante la Quema de la Embajada de España los señores: Adolfo Molina3 Proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica. 7
  8. 8. Orantes; Gavina Morán Chupe; Edgar Rodolfo Negreros Straube; Eduardo CáceresLenhoff; Felipe Antonio García Rac; Francisco Chen Teca; Francisco Tun Castro; Gaspar ViVi; José Angel Xoná Gómez; Juan José Yos González; Juan Chic Hernández; Juan López Yac;Juan Tomás Lux; Juan Us Chic; Leopoldo Pineda; Luis Antonio Ramírez Paz; María CristinaMelgar; María Lucrecia Rivas de Anleu; ; María Pinula Lux; María Ramírez Anay.; MaríaWilken de Barillas; Mateo López de Calvo; Mateo Sic Chen; Mateo Sis; Miriam JudithRodríguez Urrutia; Nora Adela Mildred Mena Aceituno; Regina Pol Cuy; Reyno Chiq;Salomón Tavico Zapeta.; Sonia Magaly Welchez Valdés; Trinidad Gómez Hernández;Vicente Menchú Pérez; Victoriano Gómez Zacarías; Gregorio Yuja; Gustavo AdolfoFernández Gonzales; Jesús Alberto España Valle; Liliana Negreros; así también fallecieronlos señores de nacionalidad española D. Jaime Ruiz del Árbol (Secretario de la Embajada),D. Luis Felipe Sanz Martínez y María Teresa Vázquez de Villa. Derivado de este hecho sedenunció también la ejecución extrajudicial de los sacerdotes Faustino VillanuevaVillanueva, D. José María Gran Cirera, D. Juan Alonzo Fernández, D. Carlos Pérez Alonzo,Padre Hermógenes López Coarchita, Padre Walter Voordeckers, Santos Jiménez Martínez,Carlos Gálvez Galindo, Luis Abdulio Navarro y Tulio Marcelo Maruzzo, Ángel MartínezRodrigo y Raúl Legar, Francis Stanley Rothers, John David Troyer, Carlos Morales, JamesArnold Miller. A eso, se le sumó los asesinatos de Pedro Pu Castro, D Pedro Pu Gomez y DRosario Perez Cac, Alaide Foppa, Alberto Fuentes Mohr.  Desaparición forzadaSe denunció por la desaparición de Patrocinio Menchú Tum Juana Tum Cotoja, SergioBerten,Conrado de la Cruz, D. Ruben Amilcar Farfan , Marco Antonio Molina Theissen, elcaso de la familia de Adriana Portillo, de Víctor Menchú Tum , de la religiosa Victoria de laRoca, y de Andrés Ignacio Lanz Ardueta.  Masacres contra comunidades indígenasMasacre en Panacal, Rabinal, Baja Verapaz, masacre en Pichec, Rabinal, Baja Verapaz,masacre en Chichupac, Rabinal, Baja Verapaz, masacre en Pacoj, San Martín Jilotepeque,Chimaltenango, masacre Xococ, Rabinal, Baja Verapaz, masacre en Santa María Tzeja,Ixcán, Quiché, masacre Xix Chajul, Quiché, masacre en Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz,masacre en Cuarto Pueblo Ixcán, Quiché, masacre en Ilom, Chajul, Quiché, masacre yrepresión contínua en San Andrés Sajcabaja, Quiché, masacre en Parramos, Nebaj,Quiché, masacre en Secas, Nebaj,Quiché, masacre en Santa Maria, Nebaj, Quiché,masacre en Cobob, Nebaj, Quiché, masacre en Tuchabuc, Nebaj, Quiché, masacre enXeucabitz, Nebaj, Quiché, masacre en Chulutzé, Chajul, Quiché, masacre en Covadonga,Chajul, Quiché, masacre en Asich, Cotzal, Quiché, masacre en San Francisco, Cotzal, 8
  9. 9. Quiché, masacre en Sacsihuan, Chajul, Quiché, masacre en Estrella Polar, Chajul, Quiché,masacre en Chelchajul, Chajul, Quiché, masacre en Amachel, Chajul, Quiché, masacre enPulay, Nebaj, Quiché, masacre en Pexla, Nebaj, Quiché, masacre de Xolcuay, Chajul,Quiché, masacre en Chuategua, Rabinal, Baja Verapaz, masacre en Panacal, Rabinal,,Baja Verapaz, masacre en Nimacabaj, Rabinal, Baja Verapaz, masacre en Chipuerta,Rabinal, Baja Verapaz, masacre en Panacal, Rabinal, Baja Verapaz, masacre en PotreroViejo, Zacualpa, Quiché, masacre en Tzimatzatz, Zacualpa, Quiché, masacre en Chichá,Zacualpa, Quiché, masacre en Chuchucá, Zacualpa, Quiché, masacre en Tunajá,Zacualpa, Quiché, masacre en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, masacre en Yoltán,Huehuetenango, masacre en San Carlos Las Brisas, Huehuetenango, masacre en Coya,Huehuetenango, masacre en La Plazuela, San Martín Jilotepeque Chimaltenango, masacreen Puente Alto, Barillas, Huehuetenango, masacre en Petanac, San Mateo Ixtatán,Huehuetenango, masacre en finca privada San Francisco, Nentón, Huehuetenango,masacre en la comunidad de Plan de Sánchez , Rabinal, Baja Verapaz, masacre en SanFrancisco Javier, Nebaj, Quiché, masacre en Vibitz, Nebaj, El Quiché, masacre en SantaAnita Las Canoas, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.  Desplazamiento forzadoComo consecuencia de las masacres se dio el desplazamiento forzado de muchascomunidades, por ejemplo en el departamento de El Quiché, se desplazaron lossobrevivientes de las comunidades de Vivitz; San Francisco Javier; Nebaj, Cotzal y Chajul.En el de Huehuetenango: San Francisco; Petanac. En el departamento de Chimaltenango:La Plazuela, Chipastor y Santa Anita.La Jurisdicción penal española determinó que podía conocer de los hechos previstos enlas leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera de suterritorio nacional. Ellos afirmaron que el principio de jurisdicción universal prima sobrela existencia o no de intereses nacionales. Para los magistrados del TribunalConstitucional Español, la Audiencia Nacional parte del precepto de establecer laobligación de los Estados en cuyo territorio se produzcan los hechos de proceder a supersecución y, en su opinión, dicho precepto "en absoluto conlleva una prohibición parael resto de las Partes firmantes de establecer criterios extraterritoriales de jurisdicciónpara el genocidio". 9
  10. 10. SECCIÓN 1.EL RÉGIMEN DE LEGALIDAD Y LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE DAR TRÁMITE A LOS PEDIDOS DE LA AUDIENCIANACIONAL DE ESPAÑAPara poder entender el actuar en los casos que se exponen en el presente documento, esnecesario pasar revisión de los actores involucrados dentro de la tramitación de losrequerimientos que ha hecho la Audiencia Nacional de España al Estado de Guatemala:i. El Ministerio de Relaciones Exteriores:Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y laaplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala conotros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a larepresentación diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación delterritorio nacional; los tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos yconsulares. Guatemala ha sostenido relaciones diplomáticas con el Estado español desdeel 18 de junio de 1864.ii. El Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil ( INTERPOL)La Organización Internacional de Policía Criminal, llamada normalmente INTERPOL tiene elestatus reconocido por la ONU de Organización Intergubernamental, sus miembros sonEstados, y Guatemala es miembro de dicha organización, sin reservas de ningún tipo, porlo que tendría que adecuar su accionar a las resoluciones y decisiones de dichainstitución. Se rige por su instrumento de constitución, y las actuaciones del Estado deGuatemala, como miembro, deben ser congruentes y acatar lo preceptuado por todadisposición de ellos, ya que en el ejercicio de su soberanía se incorporó a dichaorganización, siendo el Estado 99 en incorporarse. Su actuación la debe desarrollar através de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial, quienesdentro de su mandato deben ejecutar lo que Interpol les ordene. En materia deextradiciones, Interpol es clara al establecer que entre los estados partes es necesariaque haya una cooperación para localizar a las personas y detenerlas con miras a laextradición. La colaboración de Interpol se da en la fase pre-extradición, la cual definecomo la fase previa a la petición formal de extradición, y es muy enfática en indicar quela extradición únicamente inicia cuando su solicitud formal es enviada por los canalesdiplomáticos con toda la documentación necesaria para ejecutarla. Esta fase estánecesariamente condicionada por el Mandato que tenga la policía en cada país. Al recibiruna orden de captura, es decisión de la policía de cada país tomar las medidaspertinentes. Sin embargo, hacen una diferenciación respecto de aquellos países en losque se ha enviado una solicitud por escrito en la vía diplomática (siempre, en fase preextradición),en donde deben tomar medidas como arrestos, embargos, y búsquedas para 10
  11. 11. capturar. Cada orden de captura pasa por un cuidadoso análisis por la Secretaría Generalde INTERPOL, para que califique si la misma guarda todas las características que lasprácticas de Derecho Internacional y estándares de Derechos Civiles y Políticos, yDerechos Humanos requieren. Además todos los países miembros han asumido uncompromiso para la investigación y persecución de crímenes de guerra, genocidio y lesahumanidad.iii. El Organismo Judicial:El sistema de gobierno guatemalteco es republicano, democrático y representativo. Lasubordinación entre los poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, está prohibida. Lospoderes del Estado se limitan recíprocamente, es decir, cada uno de ellos actúa en laesfera de su competencia, y constituye además un freno o contrapeso a las actividadesde los otros órganos. Hay una mutua coordinación y controles entre los diversos órganos,no es que sea una separación absoluta sino colaboración recíproca y fiscalización. Lapotestad de administración de justicia le corresponde al Organismo Judicial siendo laCorte Suprema de Justicia el órgano superior de la Administración de Justicia Nacional. Deacuerdo al artículo 54, inciso M, de la Ley del Organismo Judicial, la Corte Suprema deJusticia puede, a solicitud de parte interesada, pedir informe sobre la marcha de laadministración de justicia y si procediere, dictar las medidas disciplinarias o de otranaturaleza que fueran procedentes. Según el artículo 55 de la Ley del Organismo Judiciales potestad, además, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia el solicitar informessobre la marcha de la administración de justicia. Es además el órgano de comunicacióncon los otros organismos del Estado, y tiene carta blanca respecto de toda atribución quesea necesaria o conveniente a una buena y eficaz administración. Es su función lasupervisión de los Tribunales, además, y está facultado para dictar resoluciones ydisposiciones de administración y disciplina dentro del Organismo encargado de impartirjusticia. Si se presentan a la Supervisión General de Tribunales quejas por la forma enque se tramita un expediente, o por la conducta de los miembros de un Tribunal, laSupervisión General de Tribunales deberá investigar directamente la denuncia, sin limitarsu actuación a pedir que se le traslade el expediente o que se le informe. Los juecesestán facultados para rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos oincidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos, y lasexcepciones previas extemporáneas, sin necesidad de formar artículo o hacerla saber a laotra parte.iv. La Corte de Constitucionalidad:La Corte de Constitucionalidad de Guatemala surge como un Tribunal permanente, de 11
  12. 12. jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional y queactúa como Tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado.Su composición, a pesar de ser un órgano contralor de la norma máxima, responde aintereses grupales. Son designados de la siguiente forma: un magistrado por el pleno dela Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el pleno del Congreso de la República, unmagistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado porel Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y unmagistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Dicha composición ha sidoseveramente criticada porque varios de los nombrados necesariamente responderían aintereses políticos o partidistas, como los nombrados por el Congreso o por el Presidente.Es una corte que dentro de su mandato debe: Conocer de las inconstitucionalidades encasos concretos. Según lo establecido en los artículos 272 inciso d) de la Constitución, y163 inciso d) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Cortetiene competencia para: "Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra delas leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, encasación, o en los casos contemplados por la ley de la materia".En este caso no existe acción popular, y los únicos legitimados para plantear lainconstitucionalidad son las partes en el caso concreto. Por disposición legal es necesarioe imprescindible acreditar interés jurídico en el asunto. Cuando se plantea esta apelaciónel efecto que le da la ley es de suspender todo proceso relacionado con el caso concretode supuesta aplicabilidad Los efectos de la resolución de la acción son únicamente interpartes, y la sentencia estimatoria ocasiona la inaplicabilidad de la norma a un procesodeterminado por considerar que contraría la Constitución. No se eliminan las normas delordenamiento jurídico.Competencia en materia de Amparo. La Corte de Constitucionalidad, de conformidad conlos artículos 272 inciso b) de la Constitución y 163 inciso b) de la Ley de la materia poseecompetencia para "Conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario deAmparo las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la CorteSuprema Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República." El amparo seencuentra regulado en los artículos 265 de la Constitución Política de la República y 8o.de la “Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”. El ámbito del amparoes bastante amplio al permitirse que se promueva contra las leyes, disposiciones,resoluciones y actos de autoridad que lesionen derechos constitucionalmentereconocidos; además, cumple un doble objeto: uno preventivo, ya que procede contra la"amenaza de violación", es decir, aunque no se haya producido un hecho concreto que 12
  13. 13. haya lesionado un derecho constitucionalmente protegido; y otro reparador, ya queprocede para "restaurar el imperio de los mismos" (de los derechos) cuando la violaciónhaya ocurrido, restableciendo al afectado en la situación jurídica quebrantada. Puedepromoverle contra el poder público y sus entidades descentralizadas o autónomas, comotambién contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otrasreconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos,cooperativas y otras semejantes, cuando se trate de evitar que se causen dañospatrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza.Dentro del sistema jurídico guatemalteco no existe ningún acto de autoridad que puedaescapar al control constitucional que ejerce la Corte de Constitucionalidad, ya que éstaposee competencia para conocer de las decisiones de cualquier órgano del Estado y desus entidades.Amparos bi-instanciales [inciso c) del artículo 272 de la Constitución y el artículo 163inciso c) de la Ley de la materia]: Los amparos bi-instanciales que se tramitan ante losjuzgados de Primera Instancia del orden común, las Salas de la Corte de Apelaciones, laCámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia,pueden ser apelados, conociendo la Corte de Constitucionalidad en segundo grado. Nosólo la resolución final del amparo es apelable, lo son también los autos que denieguen,concedan o revoquen el amparo provisional; los autos que resuelvan la liquidación decostas y de daños y perjuicios y los autos que pongan fin al proceso. Al conocer encualquier caso de la apelación, la Corte tendrá facultades para confirmar, revocar omodificar lo resuelto por el Tribunal de primer grado, y en caso de revocación omodificación hará el pronunciamiento que en derecho corresponde. La resolución queemita la Corte de Constitucionalidad no es susceptible de impugnarse a través de ningúnrecurso y contra ella únicamente procede aclaración o ampliación.Obligaciones de la Corte de Constitucionalidad. Conforme a los principios deimparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. Los Funcionarios Públicos (artículo 7de la Ley de Probidad) están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones,facultades y funciones, con estricto apego a la Constitución y a las leyes. Enconsecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penalpor las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones que incurrieren en elejercicio de su cargo. Reclamada su intervención en forma legal en asuntos de sucompetencia, la Corte de Constitucionalidad no podrá, sin incurrir en responsabilidad,suspender, retardar, ni denegar la administración de justicia, ni excusarse de ejercer suautoridad aún en casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de disposiciones 13
  14. 14. legales. También la Corte de Constitucionalidad dentro de su funcionamientoadministrativo interno debe ceñirse a las obligaciones estatales concernientes a la prontaadministración de justicia, el retardo administrativo de las comunicaciones urgentesdentro de la Corte de Constitucionalidad deriva en la vulneración de mis derechosconstitucionales.La Ley del Organismo Judicial establece en su artículo quince la obligación de resolver,estableciendo que los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administraciónde justicia, sin incurrir en responsabilidad.v. El Ministerio Público:El Artículo 251 constitucional establece que “El Ministerio Público es una instituciónauxiliar de la administración pública y de los tribunales de justicia con funcionesautónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes delpaís. Su organización y funcionamiento se regirá por su Ley Orgánica...”.Considerando las funciones, antes mencionadas, que el Código Procesal Penal le asigna alMinisterio Público, en mayo de 1994 el Congreso de la República de Guatemala, emite elDecreto No. 40-94 “Ley Orgánica del Ministerio Público” que define al Ministerio Públicocomo una institución que promueve la persecución penal, dirige la investigación de losdelitos de acción pública y que vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país.Entre sus funciones más importantes está el preservar el Estado de Derecho y el respetode los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales dejusticia. Los principios que rigen a los fiscales son os principios que continúan rigiendo laactuación del Ministerio Público son el respeto al debido proceso; igualdad en laaplicación de la justicia penal; actuaciones con transparencia, un “no” a la impunidad,firmeza y objetividad en las actuaciones; respeto a los derechos humanos de lapoblación; y, el prestar servicios de calidad a la población.La actuación del Ministerio Público se ha dado a través de la Fiscalía de DerechosHumanos, encargada de investigar y procesar penalmente a quienes se imputen hechoscometidos contra periodistas, sindicalistas, operadores de justicia, activistas de derechoshumanos y todos aquellos hechos vinculados con la Comisión Nacional deEsclarecimiento Histórico, absorbe las Unidades de Activistas de Derechos Humanos;Operadores de Justicia; de Periodistas y Sindicalistas. b. Fiscalía de AsuntosConstitucionales, Amparos y Exhibición Personal.De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscalía interviene en casos deinconstitucionalidad, amparos y exhibición personal. Debe promover todas aquellasacciones que tengan por objeto velar por el estricto cumplimiento de la Constitución 14
  15. 15. Política de la República y demás leyes en esta materia.Queda así, pues, delineadas las atribuciones funcionales de los órganos que actuaron enel expediente que a través de este estudio se analiza.Antes de iniciar el detalle de las diligencias llevadas a cabo a solicitud de la AudienciaNacional es importante aclarar un punto más: el rol del Juez Instructor Santiago PedrazGómez dentro de la causa, hasta este momento.El proceso penal español, enmarcado dentro del sistema mixto o acusatorio formal,comprende las dos grandes fases procesales: La fase de instrucción y la fase de juiciooral. La fase de juicio oral, también denominada fase plenaria, tiene como esencialcontenido el que en ella se lleva a cabo el juicio de culpabilidad valorando las pruebasaportadas por las partes bajo los principios acusatorio y de contradicción, mientras que lainstrucción es la fase que la precede, cuya finalidad principal es posibilitar o llevar a cabola preparación del mismo. En dicha fase se encuentran las diligencias abiertas en Españapor la denuncia planteada por Rigoberta Menchú Tum están en la fase de “diligenciassumariales”4. La función del Juez instructor Santiago Pedraz Gómez 5 es averiguar loshechos, constatar los mismos y asegurar situaciones que de no tomarse las medidasoportunas resulten irreparables en la fase de juicio oral, como detenciones provisionales,embargos, secuestros.4 Las diligencias sumariales son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente, su finalidad específica no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos transciendan a la resolución judicial, sino la de permitir la apertura del juicio oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y defensa y para la dirección del debate contradictorio atribuido al juzgador.5 Según la Ley, la instrucción la lleva a cabo el Juez. Es el Juez de Instrucción quien forma el sumario"inmediatamente que ... tuvieren noticia de la perpetración de un delito" (art. 308 Ley de EnjuiciamientoCriminal de España), llevando a cabo personalmente la inspección ocular (art. 326 y ss.), recogiendo lasarmas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito (art. 334 y ss.),asistiendo si puede a las autopsias (art. 353), disponiendo lo necesario para identificar sin dudas al imputado(art. 368 y ss.), recibiendo las declaraciones de los inculpados (art. 385 y ss.), así como la de los testigos (art.410 y ss.), y acordando los informes periciales precisos (art. 456 y ss.). 15
  16. 16. SECCIÓN 2EL TRÁMITE DE LAS ACCIONES REALCIONADAS CON LAS SOLICITUDES DE ESPAÑAComo se detalló en la sección anterior, el trabajo de un Juez instructor de la AudienciaNacional de España es averiguar los hechos, constatar los mismos, etc. Esto implicarealizar ciertas actividades, entre otras, la primera averiguación del hecho delictivo y delas personas implicadas en su comisión tutelando cuantos derechos se vean afectados, elacopio de material probatorio, tanto de cargo como de descargo (por eso el quererinterrogar tanto a testigos como a los acusados) que ha de permitir bien destruir lapresunción de inocencia, bien que la misma prevalezca, y el que se adopten lasnecesarias medidas cautelares o de aseguramientos de aquellas personas así como delos posibles efectos patrimoniales que el resultado del posterior juicio pueda traerconsigo (entrando en esta categoría las órdenes de detención provisional con fines deextradición).  Las diligencias de cooperación internacional en asuntos criminalesLa universalización de las relaciones humanas en todos los órdenes hace que cada díasea más necesaria la articulación de unos instrumentos de cooperación internacional enel ámbito de la justicia, particularmente en cuanto concierne al campo penal, con elobjeto de poder combatir eficazmente tanto la creciente internacionalización de ladelincuencia, como evitar que las fronteras nacionales constituyan un obstáculo, a vecesinsalvable, para que las autoridades policiales y judiciales de los estados puedanperseguir eficazmente a los delincuentes 6. La principal fuente de cooperación jurídicainternacional son los tratados, a través de instituciones como la extradición y lascomisiones rogatorias. Ante la inexistencia de un tratado, el principio de reciprocidadobliga a los estados a colaborar 7. Es inconcebible para la conciencia mundial, que puedanquedar impunes los delitos que responden al ámbito de la jurisdicción universal. Elejercicio de la jurisdicción penal universal de los estados no está exento de problemas: loartificioso que puede resultar en ocasiones ejercer la competencia sobre un estado queno quiere o cuyas condiciones hacen que no pueda juzgar aquellos delitos más graves.Uno de los problemas fundamentales de la cooperación internacional en materia criminalha sido la necesaria integración de la legislación interna con los tratados internacionales,6 Puerta, Luis. Derecho Penal Supranacional y Cooperación Jurídica Internacional. Cuadernos de Derecho Judicial. España. 2003.7 Organismos Internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europa y la Organización de Estados Americanos ha establecido principios generales a través de los cuales los Estados están obligados ha brindar apoyo y ayuda para la realización de estos mecanismos. Así mismo en el seno de estas instituciones se han suscrito tratados regionales, entre los cuales se pueden mencionar: La Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal (1992), la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (1975) y su Protocolo Adicional (1984), la Convención Europea de Asistencia Mutua en Materia Penal (1959), etc. 16
  17. 17. cuyo conocimiento exhaustivo y pormenorizado no siempre está al alcance de lostribunales internos, o al menos no al mismo nivel que la legislación interna, y que nopermite aplicar de forma armónica la norma que corresponde.Es por ello, que una vez descritos en el apartado anterior los ámbitos de actuación dedistintas autoridades, se podrá ahora examinar cómo ha sido el tratamiento de estasinstituciones a las diligencias relacionadas con la denuncia que se planteara en España,que llegaron a Guatemala hace cuatro años y los problemas derivados no solo de losmecanismos de impunidad, sino de los serios vacíos en la preparación de los operadoresde justicia en cuanto al manejo y correcta aplicación de los instrumentos internacionalesde protección en el derecho interno.  El desarrollo del expediente en territorio guatemalteco: La Comisión RogatoriaLa Comisión Rogatoria, expediente número 4-2004, originada de la misma causa abiertaante la Audiencia Nacional de España, tramitadas por el Juzgado Undécimo de SentenciaPenal, de Narcoactividad y de Delitos contra el Ambiente, que como se explicó en elapartado anterior, no es más que la averiguación del hecho delictivo y de las personasinvolucradas en su comisión, tutelando cuantos derechos se vean afectados, el acopio dematerial probatorio, tanto de cargo como de descargo, que ha de permitir bien destruir lapresunción de inocencia, bien que la misma prevalezca, que se adopten las medidascautelares o de aseguramientos de aquellas personas así como de los posibles efectospatrimoniales, es ejemplificante para entender la legalidad como instrumento dedenegación de justicia, de forma paradójica. El 22 de junio de 2004, el Juez Instructor libró una solicitud de asistencia judicial por la vía diplomática, solicitando poder interrogar a ciertos testigos y tomar declaración a los acusados, para lo cual necesitaba además, la venia para poder trasladarse con una comisión formada por sus auxiliares del Juzgado y los abogados de los acusadores particulares que así lo hubieran solicitado. El equívoco inicia con la calificación que se le dio por el Organismo Judicial de Guatemala a la solicitud. Se estableció como fundamento legal para dicha diligencia el artículo 158 del Código Procesal Penal de Guatemala e inmediatamente se analizó como único fundamento para darse una diligencia de asistencia judicial entre España y Guatemala las disposiciones expresas que se detallaban en el Tratado de Extradición celebrado entre España y Guatemala el 7 de noviembre de 1895, sin entrar a estudiar las obligación del Estado de Guatemala de cooperación judicial internacional in abstracto, independiente a la existencia de cualquier tratado. 17
  18. 18. Pretenden luego aplicarle el procedimiento que contiene el Código Procesal Penalguatemalteco para las pruebas anticipadas. Aplicar dichas normas resulta equivalentea la fase de debate oral en España, los artículos relativos a las diligencias de pruebaanticipada. El hacerlo implicaría que la solicitud del Juez es el recoger pruebas queefectivamente sí podrían ser de cargo para un acusado y no meramente indicios paracerrar una instrucción. Se le da una calificación a la diligencia que no le corresponde.Como resultado de lo anterior, se hizo un trámite extremadamente formalista yengorroso, sin necesariamente servir para los propósitos del Juez- Instructor, ni seruna “asistencia”.Al equipararla a una diligencia judicial requieren que la Corte Suprema de Justicia enpleno emita un acuerdo para otorgarle la competencia al Juez que deba “conocer”. ElAsesor Jurídico dictamina que la Corte Suprema de Justicia en pleno debe emitir unacuerdo para nombrar al Juzgado competente y deja en plena libertad al Juzgadodesignado para poner las reglas que considere adecuadas para llevar a cabo ladiligencia. Asigna entonces la Corte en pleno al Juzgado Undécimo de Instancia Penal,Narcoactividad y de delitos contra el ambiente.Empiezan entonces los requerimientos formalistas adicionales. El Juez Undécimo,una vez publicado el acuerdo que le otorgaba competencia, procedió a requerir: a)copia certificada de todo el proceso a España. b) Se indique y documente quienes deEspaña se trasladarían a la diligencia. c) Pedir los antecedentes de la causa abierta enGuatemala la copia completa del expediente con los pases legales a la AudienciaNacional de España. Además inicia solicitudes a la Dirección General de Migración y alas Fiscalías para investigar datos y paraderos de los acusados.La Fiscalía de Derechos Humanos solicita y exige requisitos formalistas adicionales,como exigir al Juez Décimo Primero que se pidan las imputaciones detalladas eindividualizadas así como los pliegos con las preguntas para que la Audiencia Nacionallas envíe con pases de ley. Por si no fuera poco, se activa el reiterado litigio maliciosode los requeridos, al interponer recursos con efectos dilatorios dentro de esteexpediente, el primero un “conflicto de jurisdicción” planteado por Germán Chupina,seguido por otro en idénticos términos planteado por Oscar Humberto Mejía Víctores.Como se podrá notar, lo logrado a la fecha ha sido impedir por cuatro años suverificación, siendo un acto procesal que no pone en riesgo derecho alguno de losacusados.Es deber del Tribunal que tiene a su cargo un expediente es evitar la tramitacióninoficiosa de recursos legales tendientes a obstruir la justicia. Para ello, es imperativo 18
  19. 19. que se evalúen debidamente los requisitos de admisibilidad de los recursos, en toda diligencia se respeten los plazos establecidos para la tramitación de los recursos, y verifiquen que los recursos no hayan sido interpuestos sobre la misma base jurídica y/o sobre los mismos hechos que recursos decididos previamente. El efecto suspensivo en los procesos que le otorga la Ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción permite que las diligencias de investigación se retrasen. Se tardó un promedio de seis meses en resolverse cada uno de los recursos planteados. Ambos fueron declarados sin lugar. El señor Efraín Ríos Montt planteó una acción de inconstitucionalidad solicitando se declarara para situaciones futuras, “inaplicable” el Tratado de Extradición de 1895. Fue resuelto desestimándolo. Seguidamente, se plantearon dos acciones de inconstitucionalidad en caso concreto, siendo la primera la planteada contra el acuerdo que otorga competencia al Juzgado Undécimo de Instancia Penal por Oscar Humberto Mejía Víctores, la cual fue denegada en primera instancia. Aún cuando la resolución era conforme a derecho, fue apelada ante la Corte de Constitucionalidad que resolvió el 27 de Junio de 2006, improcedente la misma por no ser la vía constitucional correcta.  Así también se planteó acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que otorga competencia al Tribunal planteada por Ríos Montt. Es denegada en primera instancia y es apelada ante la Corte de Constitucionalidad. Se resolvió el 29 de Junio de 2006. La Corte de Constitucionalidad resolvió improcedente la misma por no ser la vía constitucional correcta. Durante el presente año, se volvieron a girar solicitudes para poder interrogar a testigos y acusados, siendo nuevamente una apelación de inconstitucionalidad en caso concreto planteada por el señor José Efraín Ríos Montt la que mantiene nuevamente suspendido el expediente, sin que el Juez Santiago Pedraz Gómez pueda proceder a interrogar a los testigos y tomar las declaraciones a los imputados.  Reacción a fiasco de Rogatoria: Detenciones internacionales con fines de extradición.Se señalaba también en el auto que las conducta delictivas anteriormente identificadas,en el país requirente son constitutivos de delito punible con pena privativa en el códigopenal español. La imputación de delitos en la cual se fundamenta la solicitud deextradición llena el requisito formal establecido en el artículo 2 del Tratado deExtradición, que establece que la extradición solo puede ser solicitada por delitosconsumados que merecen penas privada de libertad superiores a dos años, tanto en el 19
  20. 20. legislación del Estado requerido como en el Estado requirente.El procedimiento de extradición ha sido calificado por la Corte de Constitucionalidadcomo por los órganos jurisdiccionales guatemaltecos como un “trámite administrativo”,en el cual no se examina la culpabilidad del imputado, en una primera fase a lostribunales les corresponde únicamente verificar que la solicitud de extradiciónsatisfaga los requerimientos necesarios, establecidos en el tratado deextradición, en la ley interna y frente a las obligaciones que todas las fuentesde derecho internacional público otorgan al Estado requirente. La extradición noes “una acusación de carácter penal en contra de una persona en los términos delarticulo 14, párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 8. Alprocedimiento de extradición no le son aplicables las garantías judiciales establecidaspara los procedimientos penales 9, solo deben de respetarse los principios deimparcialidad, igualdad de armas y equidad.En el caso objeto del presente estudio quedó demostrado que los sospechosos trataronde impedir la recolección de evidencia por parte de la Audiencia Nacional de España, alobstaculizar las actividades judiciales que la Audiencia se proponía realizar enGuatemala, en junio de 2006. La Comisión Rogatoria estaba autorizada por la CorteSuprema de Justicia.El Juez Pedraz, ante el reiterado bloqueo de la investigación, emitió el 7 de Julio de 2006,a su regreso a España y una vez hiciera un viaje fallido a Guatemala para interrogar a losacusados, un auto de detención internacional. Acto seguido, se llenaron las formas paraque las órdenes fueran transmitidas por la vía diplomática tanto a Interpol y Europol,como a las autoridades policiales y judiciales de Guatemala. Desde el día 27 de Octubrefueron recibidas las órdenes de captura por la vía diplomática correspondiente, y elMinisterio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina de Asuntos Jurídicos los remitióa la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. El Expediente de acuerdo a lacompetencia predefinida llega a manos del Tribunal Quinto, a quien le corresponde latramitación de los expedientes de Extradición.Primer señal negativa: Falta de seriedad y rigor para las detenciones.Presentan memoriales antes que se girara la orden de captura: Ángel Aníbal Guevara yJosé Efraín Ríos Montt.Es extraño que un acusado se anticipe a una orden de captura para defenderse, sobretodo, si busca argumentar que es inocente de cualquier delito. Sin embargo los señores8 Así ha sido interpretado por el Comité Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, comunicación 961/2000, Everett c. España, decisión de 9 de julio de 2004).9 Articulo 14, párrafo 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 20
  21. 21. Guevara y Ríos, aún previamente a ser giradas órdenes de captura en su contra por laautoridad tramitadora de las órdenes enviadas por el Juez Pedraz, solicitudes de rechazode las peticiones, se apersonaron al expediente los días dos y tres de noviembre, cuandola información era custodiada por las autoridades judiciales y el Ministerio de RelacionesExteriores.Dentro de las órdenes de captura también constaba el solicitar congelamiento de cuentasbancarias y embargo de bienes, sin que se procediera a ejecutar ese requerimiento. Sesolicitaba como una medida previa al juzgamieno, preventiva, que evitara que se alzaranlos bienes, o se transfirieran a Sociedades Anónimas, dado el complejo tema del velocorporativo dentro del derecho Guatemalteco.Se emitió el día una orden judicial en la cual resuelven la solicitud de la petición dedetención provisional con fines de extradición, para que conforme a derecho puedaprocederse a detener a aquellos conforme a los cuales venían giradas conforme a losestándares requeridos para darle trámite a las detenciones por el Tribunal Quinto.El 6 de noviembre de 2006, hasta diez días después de haberse girado una ordende captura urgente tanto por vía diplomática como a través del alerta girada porInterpol y Europol, la unidad de casos especiales de violación a los Derechos Humanosjunto con la Policía Nacional Civil logró ejecutar la esperada y anunciada captura dedos de los acusados, uno de los cuales, Germán Chupina, inmediatamente alegóproblemas de salud y pidió que se le internara en un Centro Asistencial Privado. No sepide ni un “lockout” en aeropuertos y fronteras principales respecto de los demásacusados.Se demoran dos días más para ejecutar la orden de captura contra Óscar Humberto MejíaVíctores. La unidad de casos especiales del Ministerio Público envía hasta el día ocho denoviembre la dirección del acusado, cuando en cualquier base de datos y aún en la guíade teléfonos podía fácilmente localizarse la misma. El día nueve, es decir dos díasdespués de detenidos los otros y trece días después de recibidas las órdenesinternacionales de detención, se obtiene una orden de allanamiento a la casa de MejíaVíctores, quien no se encontraba en su residencia en el momento de efectuar ladiligencia.José Efraín Ríos Montt, quien desde antes de girarse la orden había comparecido al caso,reclama subsanación por actividad procesal defectuosa, alegando que le habían sidoviolados sus derechos constitucionales. El día 15 de noviembre de dos mil seis, JoséEfraín Ríos Montt plantea su tercer recurso, ahora alegando un incidente deinconstitucionalidad en caso concreto. A ese momento todos los incidentes planteados 21
  22. 22. por el señor Ríos Montt los había declarado el Tribunal sin lugar. Es curioso, sin embargo,que todo lo relacionado con este acusado se resuelve el mismo día deplanteado.Evidentemente no se pensó en ejecutar las capturas simultáneas de los implicados, sinoque parecería que evitaron ejecutar las órdenes giradas contra aquellos de mayor rangoe influencia, optando por llevar a cabo aquellas de menor categoría.Los dos capturados y los prófugos impugnaron mediante un recurso de reposición, lasórdenes de captura. Se les rechazó su solicitud y es entonces que optan por la vía delamparo.Órdenes de detención defectuosas: Quedan fuera José Efraín Ríos Montt y OscarHumberto Mejía VíctoresLa Audiencia Nacional de España, en las órdenes de detención, omitió en ser másexplícita respecto de la vinculación directa tanto del señor Ríos como del señor MejíaVíctores. En este estudio dividiremos, por tanto, las acciones en las cuales los acusadoscuyas órdenes de captura estuvieron desde el inicio vigentes y, por otra parte, laestrategia dilatoria y maliciosa de quienes no están aún sujetos al procedimientonacional, pero respecto de los cuales sigue vigente la orden internacional de captura,para quienes su detención es circunscribirse a las fronteras de Guatemala, país que losrefugia al no ejecutar sus órdenes de captura. Los detenidos buscarán que se les reviselas medidas y se les envíe a un hospital, o a guardar la detención en sus domicilios, perolos que quedaron en libertad buscan entorpecer el proceso, aún en detrimento de losdetenidos.La estrategia de Ríos Montt: Centralizar las decisiones importantes en la Corte deConstitucionalidad.A raíz de un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, planteado el día quincede noviembre por José Efraín Ríos Montt y que le fuera denegado por el Tribunal Quinto,el treinta de diciembre de 2006 éste interpuso ante el Tribunal un incidente deinconstitucionalidad en caso concreto, para indicar que a él no le era aplicable el tratadode extradición celebrado entre España y Guatemala. Su apelación se diocoincidentemente antes que, por aparentes errores de forma, no pudieran ejecutarse yse devolvieran al Ministerio de Relaciones Exteriores las ampliaciones de las órdenes decaptura.La práctica reiterada de Ríos Montt ha sido presentar recursos legales en momentos demás impulso y significación procesal o de actos de mayor avance en la tramitación de unproceso. Tal y como está detallado supra es un requisito indispensable para poder 22
  23. 23. plantear una inconstitucionalidad en caso concreto, que el interponente seaparte en el proceso, careciendo de dicha condición el señor Ríos Montt.Las órdenes internacionales de captura ya ampliadas ligarían al procedimiento aBenedicto Lucas García, Oscar Humberto Mejía Víctores y a Ríos, y ampliarían los delitosal delito de Genocidio. Esa apelación tardó meses en ser resuelta, ganando el tiempojusto que necesitaba el señor Ríos para quedar inscrito en el proceso electoral. Fueresuelta hasta el día veintisiete de marzo, y notificada hasta el día veinte de abril.Eso contrasta con otras apelaciones dentro de la rogatoria, resueltas casiinmediatamente, y con las planteadas dentro del amparo de Guevara, resueltas a loscinco días. Convenientemente quedó entrampado el expediente justo antes de implicarlo.La Corte de Constitucionalidad resolvió meses más tarde que Ríos Montt no estabalegitimado para plantear dicho recurso porque aún no era parte dentro del expediente,sin embargo ese recurso fue el que permitió que el señor Ríos ganara tiempo y estéahora fungiendo como Diputado en el Congreso de la República. La sentencia además noestá disponible para ser consultada en línea, fue estratégicamente removida. Lecorresponde el número de expediente 3405- 2006.Los amparos de Chupina y Guevara en apelación, cerraron los expedientes.El procedimiento de extradición persigue una finalidad distinta al proceso penal, el Estadorequerido hace entrega de la persona reclamada que se haya en su territorio, al Estadorequirente, porque dicha persona tiene en aquel Estado el carácter de imputada. Nuncaanaliza si es culpable o no. El hacerlo es actuar excediéndose de sus competencias.El Tribunal Quinto de Sentencia Penal reafirmó que las órdenes de detención con fines deextradición no constituyen propiamente un juicio criminal o controversia judicial, nitampoco las leyes y tratados que lo rigen son normas de carácter penal, porque a travésdel mismo no se pretende procesar y sancionar a un presunto culpable, sino únicamentese verifica la satisfacción de los requisitos exigidos en el tratado internacionalrespectivo para que cumplidos esos requisitos se haga la entrega de la personareclamada al Estado requirente.Además, es necesario hacer notar el diferente grado de protección del que gozaron losrequeridos, dependiendo de sus conexiones.1. El más protegido, GuevaraGuevara apeló la órden de captura, y denegada la misma planteó un amparo, solicitandoque provisionalmente se dejara en suspenso la orden de captura. Se le dio trámite alamparo pero no le fue otorgado el amparo provisional, es decir, no se le dejóprovisionalmente en libertad. La Sala de Apelaciones que tramitaba el Amparo en primera 23
  24. 24. instancia denegó el amparo provisional que perseguía la libertad del detenido ÁngelAníbal Guevara. En apelación, la Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmentecon una resolución limitada, ambigua y sin menor motivación, incluyendo terminologíajamás usada localmente o en derecho comparado, terminología inventada por la mismaCorte de Constitucionalidad, confusa y que perseguía acorralar al Tribunal Tramitadorpara que tuviera que pronunciarse sobre la jurisdicción universal, cuando era un temaque de acuerdo al derecho internacional y a la práctica en materia de extradiciones, no lecorrespondíaDicha resolución fue dictada y notificada con la celeridad que caracteriza a esta Cortecuando de los acusados se trata. Señala en el considerando III de la resolución 3260-2006del 30 de noviembre de 2006, adjunta en los anexos, que “por razón de que lascircunstancias del caso lo hacen aconsejable, es criterio de esta Corte que debeotorgarse el amparo provisional, con el único alcance que el Tribunal reclamadodetermine, como fundamento de la orden de prisión decretada, si la Constitución, lostratados o convenciones ratificados por Guatemala, o las leyes del país le reconocencompetencia excluyente al Estado requirente para juzgar y promover la ejecución de lojuzgado sobre hechos delictuosos de natuarleza penal ocurridos en el territorio deGuatemala”. Es decir, la Corte de Constitucionalidad delega y ordena a un Tribunal deGrado que se pronuncie sobre la competencia del Juez español. Además, añade y“sugiere” el término “excluyente”, lo cual es inadmisible y se extralimita en lo requerido.Al fallar conforme derecho el Tribunal, alega después Guevara y se queja ante la Corte deConstitucionalidad que ordena al Tribunal Quinto pronunciarse nuevamente sobre eltérmino de la competencia excluyente, el Tribunal Quinto falla finalmente el díaveintisiete de marzo conforme derecho, en apego a las normas constitucionales, y lasobligaciones que contempla el derecho internacional.2. El más afortunado, García ArredondoGarcía Arredondo esperó a que entrara de vacaciones la Sala Primera y así logró que suamparo lo conociera la Sala Segunda, que lo favoreció dejando suspendidas las órdenesen su contra.3. El sacrificable: ChupinaEl otro detenido, Germán Chupina Barahona no parece tener las mismas conexiones. Enidénticos términos apeló Chupina el quince de diciembre de 2006 para ser amparadoprovisionalmente. Sin embargo, su trámite duró más de ochenta días, mientras que untrámite idéntico en el caso de Guevara, duró 5 días corridos. En un manifiesto procederprivilegiando la administración de justicia a aquellos con mejores influencias, tampoco 24
  25. 25. quiso acumular su acción a la de Arredondo y Guevara.Sin embargo a ambos los enviaron al Hospital Militar donde guardaron prisión preventivahasta que se les otorgara la libertad al ser amparados por la Corte de Constitucionalidad.Amparo sin lugar y multa a los interponentes: resolución de la Sala PrimeraFundamentado en artículos constitucionales, la Sala Primera de Apelaciones declaró sinlugar el Amparo interpuesto, y multó con Q500.00 (unos cincuenta euros) a los abogadosinterponentes por tratarse de un recurso frívolo, sin fundamento.Sin embargo, como se analizará en la sección 4, este amparo derivó en una decisión sinprecedentes, dictada por la Corte de Constitucionalidad a las puertas de las festividadesnavideñas, que no solo contrarió todas las decisiones previas de los Jueces de Sentenciay los Magistrados que conocieron en Amparo del caso, sino que cerró de forma tajante lapuerta a cualquier colaboración entre la justicia guatemalteca y la justicia española,dando así la espalda a sus compromisos de reciprocidad con jueces de otro país,pareciera que amurallando la realidad jurídica guatemalteca en conceptos doctrinarios yano vigentes, y sin reconocer la interdependencia para asegurar la efectividad de lossistemas de justicia hoy. 25
  26. 26. SECCIÓN 3.GUATEMALA, INCUMPLIMIENTO A COMPROMISOS INTERNACIONALES, POLITIZACIÓN DE DECISIONES JURÍDICAS Y LOSMECANISMOS DE IMPUNIDAD.Es ilustrativo el detalle proporcionado en la obra “La Utopía de la Justicia” cuandodescribe el actuar de las autoridades guatemaltecas y señala que la impunidad enGuatemala va más allá de aspectos puramente jurídicos, indicando que sonnecesariamente los intereses políticos que puedan existir en los gobernantes los queinfluyen en los procesos jurídicos. El autor indica: “Cuando se inicia un proceso judicialocurre lo siguiente: El Ministerio Público inicia las investigaciones con la mayor lentitudposible, rompiendo los periodos temporales que exige la ley o utilizando el máximo de losmismos. Los denunciantes y sus familias empiezan a ser objeto de acoso, vigilancia eintimidación por parte de "sujetos no identificados". Cuando el caso llega a manos deladministrador de justicia, nuevamente los periodos temporales utilizados son losmáximos establecidos en la ley. Se puede producir la inhibición del juez dependiendo dela magnitud del crimen o del rango de los acusados y hasta puede extraviarse elexpediente, como en más de una ocasión. Cuando se trata de escuchar a los testigos, seles cita y por cualquier motivo se cancela la audiencia hasta nueva fecha u orden.Cuando se emite orden de captura contra los responsables o perpetradores, estos o hanescapado a otro país o si se trata de militares de alto rango no serán capturados otendrán detención domiciliaria. O simplemente no se emite ninguna orden de captura.Ciertamente han pasado más de siete años desde el análisis que realizara el autor y lascircunstancias son las mismas, el modo de actuar, nada de lo descrito se ha vistosuperado.El Conjunto de principios para la protección y la Promoción de los Derechos Humanosmediante la lucha contra la impunidad 10 define la impunidad como: “la inexistencia, dehecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones delos derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria.Asimismo, los principios establecen que “la impunidad constituye una infracción de lasobligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar las medidasapropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para quelas personas sospechosas sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas,de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos […].“.Al mantener la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, los10 Documento de las Naciones Unidas.E/CN.4/2005/102/Add.1de 8 de febrero de 2005. 26
  27. 27. crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, el Estado viola sus obligacionesinternacionales y compromete su responsabilidad internacional. El Comité de DerechosHumanos ha señalado, igualmente, que "la impunidad por la violación de los derechoshumanos es incompatible con las obligaciones contraídas por el Estado parte con arregloal párrafo 3 del artículo 2 del Pacto."Pero para poder ponderar adecuadamente el incumplimiento y desacato de Guatemala alrégimen de derecho internacional de la Sociedad de Naciones es necesario repasarbrevemente sus obligaciones en la materia para luego contrastarlo con la interpretación yutilización selectiva de instrumentos que se manifiesta en las resoluciones de la Corte deConstitucionalidad.Las obligaciones internacionales del Estado de GuatemalaConsecuencias de las obligaciones erga omnes 11: aut dedere aut iudicare 12 y lajurisdicción universalLos delitos de lesa humanidad que se les atribuye a los extraditables genera en el Estadode Guatemala la obligación de que los mismos sean sancionados, como una forma deproteger los derechos en cuestión. Con respecto a los imputados por dichos actos ilícitos,se aplica el principio de aut dedere aut iudicare (entregar, en este caso sería extraditar, ojuzgar), por el cual un Estado debe extraditar al sospechoso para que sea procesado anteun Tribunal, o bien juzgarlo en el marco de su propio sistema judicial. De este modo, y enrespuesta a las obligaciones erga omnes cualquier Estado es competente para juzgar acualquier persona acusada de haber cometido estos graves delitos. La jurisdicciónuniversal se refiere a la autoridad que poseen los jueces o fiscales de un Estado paradetener y juzgar a los acusados de determinados delitos internacionales cometidos fuerade su territorio, que no están vinculados con dicho Estado por la nacionalidad delsospechoso o de la víctima, ni tampoco por el daño causado a los propios interesesnacionales de éste. El derecho internacional consuetudinario y los tratados reconocen laobligación de extraditar o juzgar a los acusados de vulneraciones graves al derecho degentes. Este principio jurídico es de aplicación en todos los tribunales penales creadoshasta la fecha que obligan a los Estados a responder por el juzgamiento de graves delitosinternacionales como el genocidio. La Asamblea de las Naciones Unidas ha afirmadoreiteradamente la aplicación del principio de juzgar o extraditar a los presuntos autores oresponsables de los delitos internacionales graves. En su resolución 2840 de 1971expresó que “la negativa de los Estados a cooperar en el arresto, extradición,juzgamiento y castigo de los culpables de crímenes de guerra y crímenes de11 Erga omnes es una locución latina, que significa "respecto de todos" o "frente a todos"12 Aut dedere aut iudicare: Expresión latina que significa: entregar o juzgar. 27
  28. 28. lesa humanidad es contraria a los objetivos y principios de la Carta de lasNaciones Unidas, y a las normas de derecho internacional generalmentereconocidas. Dos años después, la Asamblea confirmó lo dicho en la resolución 2840, alemitir los Principios de Cooperación Internacional en la identificación, detención,extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesahumanidad.Así también, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU estableció la obligación deextraditar o juzgar en el Artículo 9 del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y laSeguridad de la Humanidad en 1996. Al comentar el mismo, la Comisión expresó que “elpropósito fundamental de este principio es asegurar que los responsables de crímenesparticularmente graves sean llevados a la justicia”.El Estado de Guatemala frente al escenario de las obligaciones asumidas como miembrofundador de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Derechos Humanos de NacionesUnidas, y de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como signatario de unextenso número de convenciones de Derechos Humanos, está obligado a entregar a lospresuntos genocidas y terroristas al Estado de España, al tener la capacidad y la voluntadde aplicar su competencia jurisdiccional.Las Obligaciones del Estado de Guatemala derivadas de la Convención Americana deDerechos Humanos, con respecto a delitos internacionales graves son, de acuerdo a laComisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órganos de la OEAdedicados a la protección y promoción de los derechos humanos cooperar a fin de evitarla impunidad de los perpetradores de crímenes graves, y deben honrar su obligación deinvestigar, procesar y reparar dichas violaciones.Las inmunidades, amnistías, prescripción y demás procedimientos del derecho nacional,no tienen ningún poder vinculante para un tribunal fuera del ámbito nacional.Da fe deello la jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales, que se reseñabrevemente. En España, la Audiencia Nacional dejó muy claro, en los casos Argentina yChile, que las leyes que obstaculizaban los procedimientos legales a nivel nacional, notenían ni relevancia ni poder vinculante para los tribunales españoles, ya que la leyespañola no reconocía ese tipo de leyes. Lo único relevante para los tribunales españolesera la falta de condena o absolución en un juicio nacional.En el caso del general Pinochet 13, en el momento de pedir su extradición, gozaba de unainmunidad parlamentaria por su condición de Senador. Sin embargo, esto no constituíaningún impedimento legal para la ejecución de una orden de arresto y solicitud de13 Caso Pinochet. Procedimiento: Sumario 19/1997 28
  29. 29. extradición por parte de los tribunales españoles e ingleses.Por ejemplo el Caso Pinochet en la Cámara de los Lores, el dictum14 de varios Lores encontestación a la apelación del Senador Pinochet en la que alegaba su inmunidadestableció que, el derecho internacional, no podía aceptar, simultáneamente, laexistencia del ius cogens y conceder inmunidades a las obligaciones derivadas de él, oque el derecho internacional no podía otorgar inmunidades en la persecución decrímenes internacionales. La defensa de Pinochet declaró que éste gozaba de inmunidadpor los actos oficiales cometidos durante su mandato, sin embargo, los jueces ingleses dela Cámara de los Lores declararon que la tortura no puede ser considerada como un "actooficial" de un jefe de Estado con arreglo a la Convención contra la Tortura 15, ydistinguieron entre los actos de los órganos del Estado que podían ser tenidos comoilegales y aquellos otros que podían ser considerados crímenes contra el derechointernacional, y que habilitarían la jurisdicción universal e impedirían la inmunidadratione materiae ante los tribunales internacionales (e incluso en ciertos casos, ante lascortes domésticas). Este caso, mostró que los jefes de Estado ya no pueden contar conuna inmunidad plena por los actos cometidos durante su gobierno cuando se trata decrímenes internacionales. Así también la Corte de Casación de Francia, de modo parecido,ha señalado que en casos de jurisdicción universal la existencia de amnistías,prescripción u otros impedimentos a la persecución penal no son efectivos en contra deldeber del Estado (francés, en este caso) de perseguir penalmente casos de tortura, 16independientemente del efecto que puedan tener a nivel nacional. El Tribunal Especialpara Sierra Leona, creado por un tratado entre la ONU y el gobierno del país africano, hallegado a la misma conclusión. A pesar de una ley local que impide el procesamientopenal de los imputados, la Corte decidió que esa ley local no cubría crímenes contra elderecho internacional sujetos a la jurisdicción universal. Cualquier impedimento seaplicaba únicamente a nivel de los tribunales nacionales, y no vinculaba a ningún tribunalni internacional ni de otro país. 17SECCIÓN 4LA SENTENCIA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007 Y SU MAYOR EFECTO: LA IMPUNIDAD LEGALIZADA POR LACORTE DE CONSTITUCIONALIDAD.Como se detalló en la Sección 2, el señor Ángel Aníbal Guevara Rodríguez interpuso un14 Opinion of the Lords of Appeal for judgement in the Case Regina v. Bartle.... Marzo, 1999. .15 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Resolución 39/46 de la Asamblea General, aprobada el 10 de diciembre de 198416 Caso: Ely Ould Dah, 23 octubre 2002.17 Prosecutor c. Morris Kallon, Brima Bazzy Kamara, SCSL-2004-15- AR72(E), SCSL-2004-16-AR72(E), Decisionon Challenge to Jurisdiction: Lome Accord Amnesty, 13 March 2004) . 29
  30. 30. Amparo ante la Sala Primera de Apelaciones, al cual le fue asignado el número deexpediente 87-2006 y en el mismo solicitaba que se le amparara provisionalmente. Enesa ocasión, al denegarle el mismo, éste apeló y con una velocidad inusual en susacciones, en quince días corridos, se dicto sentencia en el Expediente 3260-2006. En esaocasión la Corte de Constitucionalidad constituida en Tribunal de Amparo se compuso porlos Magistrados: Alejandro Maldonado Aguirre, Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón, HilarioRoderico Pineda Sánchez y Roberto Molina Barreto resolvió que “por razón de que lascircunstancias del caso lo hacen aconsejable, es criterio de esta Corte que debeotorgarse el amparo provisional, con el único alcance que el Tribunal reclamadodetermine, como fundamento de la orden de prisión decretada, si la Constitución, lostratados o convenciones ratificados por Guatemala, o las leyes del país le reconocencompetencia excluyente al Estado requirente para juzgar y promover la ejecución de lojuzgado sobre hechos delictuosos de naturaleza penal ocurridos en el territorio deGuatemala”Es decir, la Corte de constitucionalidad delega y ordena a un Tribunal de Grado que sepronuncie sobre la competencia del Juez español Además, añade y “sugiere” el término“excluyente”, lo cual es inadmisible y se extralimita en lo requerido. Sin embargo, aúncon dicha resolución que buscaba dirigir la forma de resolver el asunto del Tribunaltramitador del expediente de extradición, éste falla conforme derecho, contrariando lasintenciones que se dejaban entrever de la Corte de Constitucionalidad. La reacción essolicitar que se ejecute “debidamente” el amparo provisional. Vuelven a solicitarle que sepronuncie el Tribunal Quinto, esta vez en la resolución con fecha nueve de marzo de dosmil seis, la Corte de Constitucionalidad constituida en Tribunal de Amparo se componepor los mismos magistrados, solo el Magistrado Pineda Sánchez es sustituido por elMagistrado José Quesada Fernández. Nuevamente y justificado de una manera, sinoóptima, aceptable conforme los Tratados Internacionales, vuelve a fallar indicando lajustificación de su competencia para conocer el caso el Tribunal Quinto.Paralelo a esto, se tramitaba ante la Corte de Constitucionalidad el Expediente 3405-2006, donde se conocía la apelación de un Incidente de inconstitucionalidad en casoconcreto contra las ordenes giradas, el cual fue declarado en primera instancia sin lugar yfue el que mantuvo paralizadas durante meses las gestiones en el expediente deextradición. El interponente fue José Efraín Ríos Montt, y esa paralización oportuna se diojusto en el lapso entre las órdenes de captura y la convocatoria a elecciones. Alresolverlo, la Corte vuelve a coincidir en su composición, variando únicamente uno de susmiembros. La resolvió integrada por Alejandro Maldonado Aguirre, Mario Pérez Guerra, 30
  31. 31. Gladys Chacón, Juan Francisco Flores y Roberto Molina Barreto. Resolvieron el día 8 demarzo, quedó firme el 27 de marzo, es decir, causó ejecutoria desde dicha fecha, y dadala importancia del asunto y el retraso notorio en todas las gestiones dentro delexpediente, con esa celeridad debieron haberla notificado para la reactivación delexpediente, y para proceder a capturar a los pendientes, entre ellos a José Efraín RíosMontt, que aún no se había postulado como candidato. Sin embargo fue hasta el díaveinte de abril que se le notificó al Tribunal Tramitador de la extradición.Los amparos interpuestos por los detenidos los unificaron el día 15 de Enero de 2007por la Sala II por ser originados de la misma resolución impugnada, y ser los mismosterceros interesados, y ambos son declarados sin lugar por los magistrados NapoleónGutiérrez, Oscar Portillo Donis e Irma Leticia Lam Nakakawa de Rojas. De nuevo esaresolución estuvo correctamente dictada, ajustada a derecho, y sin embargo es apeladapor José Efraín Ríos Montt y Ángel Aníbal Guevara Rodríguez. Ese fue el trámite quederivó en la sentencia del 12 de diciembre de 2007. El análisis de la misma no se puedehacer en un solo documento, fue tan elaborado dicho documento que su impacto sepodrá evaluar hasta que las Cortes nacionales e internacionales la interpreten lasprimeras, y revisen si no es violatoria de ningún tratado las segundas. De ser violatoriade obligaciones internacionales, sería nula de pleno derecho, y por lo tanto, no vinculantepara los jueces. Sin embargo, en el presente documento se revisará rápidamente losequívocos de la Corte de Constitucionalidad respecto de diez puntos:- La materia jurídica que analiza la Corte de ConstitucionalidadA pesar de no ser el motivo de la apelación planteada, la Corte de Constitucionalidad(como ya lo apuntaba desde que sugiriera el término de la competencia excluyente), seenfoca en su insistencia en “determinar el atributo de competencia de los Tribunales delReino de España respecto de los supuestos hechos de carácter delictivo sindicados a losamparistas y a otros ciudadanos guatemaltecos de origen y residentes en el territorio dela República de Guatemala, sucesos que también se señalan ocurridos en estacircunscripción territorial”.Análisis del punto: La única competencia susceptible de ser examinada en ese punto erala de un Tribunal español para solicitar detención por un proceso de extradición,independientemente del fondo del asunto, que correspondería al abogado de la defensa,ante la Audiencia Nacional de España el plantearlo. Si se entra a analizar el fondo delasunto, los hechos por los que se reclama, se está atribuyendo la Corte deConstitucionalidad el conocimiento de hechos delictivos, y por lo tanto estaríaextralimitado de su ámbito de actuación, cuestión que hizo en esa sentencia. ¿Que 31
  32. 32. razones motivaron a la Corte para esta extraña extralimitación? No las conocemos, peroalgún día habrán de salir a la luz.- Competencia y territorialidadIndica la Corte que no existe en el aludido tratado de Extradición ninguna referenciaexplícita que permita entender que cualquiera de los dos Estados parte pueda tenercompetencia para conocer los hechos delictivos ocurridos en el territorio de la otra parte.Los Magistrados afirmaron que "para la activación de la jurisdicción universalextraterritorial habría de ser, entonces, suficiente con que se aportaran, de oficio o por laparte actora, indicios serios y razonables de la inactividad judicial que vinieran aacreditar una falta, ya de voluntad, ya de capacidad para la persecución efectiva de loscrímenes.” Eso, porque afirmaron que los Estados no entregan a sus ciudadanos y queEspaña no garantiza reciprocidad,Análisis del punto: la República de Guatemala es Estado parte de la Convención de Vienasobre el derecho de los tratados, que prescribe que el Estado tiene la “obligación de nofrustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor” y que “Todo tratadoen vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” en sus artículos 18y 2. Es un principio general de derecho internacional y universalmente reconocido quelos Estados deben ejecutar de buena fe los tratados y las obligaciones internacionalesque dimanan de estos. El principio pacta sunt servanda se aplica igualmente a lasobligaciones que tiene el Estado en virtud del Derecho internacional consuetudinario.Este principio general del derecho internacional tiene como corolario que las autoridadesde un país no pueden argumentar obstáculos de derecho interno para sustraerse a suscompromisos internacionales. La existencia de normas constitucionales, legislativas oreglamentarias o de decisiones de tribunales nacionales no puede ser invocada para noejecutar obligaciones internacionales o para modificar su cumplimiento. Este es unprincipio general del derecho de gentes reconocido por la jurisprudencia internacional.Y respecto del principio de territorialidad del Derecho penal no es pues absoluto en elámbito del Derecho penal internacional. Si bien es cierto que el principio de laterritorialidad del Derecho penal sirve de fundamento en todas las legislaciones, no esmenos cierto que todas o casi todas estas legislaciones extienden su acción a delitoscometidos fuera de su territorio, y esto conforme a sistemas que cambian de Estado aEstado. No se trata de un principio absoluto de Derecho internacional y de ningún modocoincide con la soberanía territorial". Ya la Corte Internacional de Justicia ha reconocidoque, por ejemplo, un pirata, como lo hiciera en sus primeros fallos, en el caso Lotus era:“un enemigo de toda la humanidad -hostis humani generis- a quien cualquier nación, en 32
  33. 33. el interés de todos, puede capturar y castigar." 18 Desde entonces es una regla practicadapor la generalidad de naciones con sistemas de justicia que sí funcionan.- Naturaleza de los delitos que atribuye la Audiencia Nacional de España a losdelitos cometidos por guatemaltecosEn cuanto a la naturaleza de los delitos atribuidos a guatemaltecos ocurridos en la sedediplomática del Reino de España y de los sucedidos a ciudadanos españoles (todos casoscubiertos por el calificativo de “supuestos” o “probables” hasta que no haya unpronunciamiento judicial definitivo)son indudablemente conexos con delitos de tipopolítico.Análisis del punto:La Corte de Constitucionalidad no debió de oficio calificar como políticos dichos hechosdelictivos, sin embargo, al hacerlo, omite considerar no solo los instrumentosinternacionales que protegen a la sede y personal de una representación diplomática,sino también lo relacionado con crímenes de lesa humanidad. Pareciera ser que la Cortede Constitucionalidad selecciona cuidadosamente que normas decide dejar afuera de suargumentación y se configura como el mejor defensor de los requeridos al calificar amasacres y desapariciones forzadas como conexos con delitos políticos. Es una señal demanifiesta ignorancia, circunstancial o deliberada, que no consideren por ejemplo que elgenocidio es un crimen de derecho internacional, tanto bajo el derecho internacionalconsuetudinario que bajo el derecho internacional convenciona. Es un crimeninternacional que releva de normas imperativas del derecho internacional. Lo quesignifica que su contenido, su naturaleza, y las condiciones de su responsabilidad sonestablecidas por el derecho internacional con independencia de la que puedaestablecerse en el derecho interno de los Estados. En este sentido, no cabe posibilidadjurídica alguna que las violaciones a los derechos humanos más fundamentales, que sonlos que están comprometidos en el genocidio, no sean sometidas a juicio y sus autorescastigados. Según esto, la obligación internacional de un Estado es la de juzgar y castigara los responsables de crímenes contra la humanidad y de genocidio, es una normaimperativa del derecho internacional que pertenece al jus cogens. Las normas relativas algenocidio tienen la jerarquía de jus cogens y, como tales, no admiten acuerdo encontrario. Ningún tratado internacional y menos una disposición de derecho nacionalpuede modificar normas de jus cogens. Solo una norma de igual jerarquía, o sea unanorma imperativa de derecho internacional, puede tener ese efecto, y esa característicano la posee una sentencia dictada en apelación de Amparo por la Corte de18 7 de septiembre de 1927, Sentencia S.S. Lotus (France v. Turquie), in Series A, No. 1(1927) 33
  34. 34. Constitucionalidad. Y no solo se trata de genocidio, sino de desapariciones forzadas,torturas, violaciones masivas, ejecuciones extrajudiciales que por su naturaleza comoofensa a la dignidad inherente al ser humano, el derecho internacional dispone de unrégimen jurídico de especiales características que los hace imprescriptibles.Jurisdicción Nacional y Jurisdicción Universal: SubsidiariedadIndicó la Corte de Constitucionalidad que la jurisdicción interna del Reino de España notiene el carácter de un Tribunal Internacional legitimado por el Derecho Internacional, nise le ha encomendado por un órgano legítimo (Asamblea General o Consejo deSeguridad de Naciones Unidas) que se le atribuya competencia al respecto. Añadió quelos únicos tribunales con membrete de universalidad serán los reconocidos por elDerecho Internacional.Comentario al respecto: Es potestad de los Estados el establecer tribunalesinternacionales, sin embargo, es obligación de todos los Estados el juzgamiento de losperpetradores de crímenes de lesa humanidad. No se trata de que la Audiencia Nacionalde España pretenda constituirse como un Tribunal Internacional. Más bien es la obligaciónde ésta de conocer un caso que puede ser juzgado por cualquier país, dada la naturalezade los hechos, y que fue denunciado en España.-. Soberanía y cumplimiento de obligaciones como EstadoNo puede negarse el valor imperativo que tendría una jurisdicción internacional como elTribunal Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o lostribunales penales establecidos Ad Hoc por Naciones Unidas, en las condiciones de cadauno de dichos órganos de la comunidad internacional. Esta cuestión se torna de principalimportancia en tanto la relacionada sentencia 237-2005 justifica la intervención de unEstado extraterritorial para conocer hechos como los denunciados, de “haber indiciosserios y razonables de la inactividad que viniera a acreditar una falta, ya de voluntad, yade capacidad para la persecución efectiva de los crímenes”. Esto es, que un Estado, demanera unilateral, pueda hacer juicio sobre otro Estado acerca de los elementos deenorme significación de soberanía (e incluso de honor) nacional: voluntad para juzgar ycastigar crímenes atroces, como podría ser, según las citadas palabras del Juez Instructorespañol, “el exterminio del pueblo maya”, o capacidad para hacer funcionar los órganosjurisdiccionales del país. En ambos casos, implicaría un juicio de valor de un Estadorespecto de otro en cuanto a su moralidad política o su aptitud para el ejercicio de susfunciones fundamentales, como son las de impartir justicia.Análisis y aclaración de conceptos: la jurisdicción universal, de acuerdo a los másrespetados autores en la materia, entre los cuales se encuentra Cherif Bassiouni, es 34
  35. 35. extraña al concepto de soberanía nacional, la cual constituye la base histórica para lajurisdicción penal nacional. La jurisdicción universal trasciende la soberanía nacional.Adicionalmente, el ejercicio de la jurisdicción universal desplaza el derecho del acusado aser procesado por el “juez natural”, un sello distintivo del ejercicio tradicional de lajurisdicción territorial La lógica detrás del ejercicio de dicha jurisdicción es: (1) ningúnotro Estado puede ejercer jurisdicción sobre la base de las doctrinas tradicionales; (2)ningún otro Estado tiene un interés directo; y (3) existe un interés de la comunidadinternacional de que las normas se hagan cumplir. Entonces, los Estados ejercitan lajurisdicción universal no únicamente como una jurisdicción nacional, sino también comorepresentantes de la comunidad internacional. En otras palabras, el Estado que ejercita lajurisdicción universal lleva a cabo un actio popularis contra personas que son hostishumani generis. El principio de jurisdicción universal no impone a los Estados la aperturaindiscriminada de diligencias penales ante la mera noticia de la comisión de crímenesde derecho internacional. Ante cualquier denuncia, las autoridades judiciales siemprepueden desechar un asunto cuando el mismo sea inverosímil o infundado, pero cuandose le han suministrado pruebas suficientes, concordantes y admisibles de la comisión decrímenes de derecho internacional su deber consiste -efectivamente- en investigar y, ensu caso, perseguir a los presuntos responsables.-JusticiaAfirmó la Corte de Constitucionalidad, irónicamente, que “No debe haber duda querespecto de que la jurisdicción que el Reino de España se atribuye está encaminada al finde la justicia; como tampoco podrá quedar reparo alguno que a la jurisdicciónguatemalteca la inspire el mismo propósito”. El análisis al respecto es que el DerechoInternacional de Derechos Humanos impone dos grandes órdenes de obligaciones alEstado: uno un deber de abstención de conculcar los derechos humanos y otro un deberde garantía respecto de estos derechos. El primero, está integrado por aquel conjunto deobligaciones que tienen que ver directamente con el deber de abstención del Estado deviolar - por acción u por omisión – los derechos humanos, que implica asimismo asegurar,mediante las medidas. "Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quedeimpune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de susderechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y plenoejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción." El que no haya habido procedimientosjudiciales que derivaran en condenas o absoluciones en todos y cada uno de los hechosdescritos en los antecedentes del presente documento coloca a esa afirmación en unadifícil posición para ser defendida. 35
  36. 36. - La Corte amplia su estudio a elementos factuales de naturaleza política ehistóricaSeparándose aún más del ámbito que le correspondía conocer, la Corte deConstitucionalidad señaló que: “En este estudio de elementos factuales que tienennaturaleza política e histórica, el Tribunal ha de cuidar de sustentar sus apreciacionesdesde el enfoque estrictamente jurídico, sin permitir que elementos emotivos influyan enel análisis”.Comentario: Este no pareciera ser el caso, ya que la Corte hizo una cuidadosa selecciónde normas que únicamente beneficiaran a los requeridos, por ejemplo, omite enconsiderar la Corte que es la misma Ley de Reconciliación Nacional, vigente a partir de1996, que de aplicar la misma se debe excluir del beneficio los delitos de lesa humanidadcomo el genocidio, la desaparición forzada, la tortura y los delitos que se caracterizan porsu imprescriptibilidad..- Aut dedere aut iudicareIndica la Corte que Nada impediría la aplicación de la regla aut dedere aut judicare que laparte interesada o el Ministerio Público pudiesen invocar. Lamentablemente, tal y comoindica el Informe de OACNUDH (2007) 19 “Sigue siendo un reto superar los obstáculos quedificultan la investigación y sanción de los presuntos responsables de graves violacionescometidas durante el conflicto armado interno. En la decisión sobre la solicitud de Españade la detención provisional con fines de extradición de varias personas, la Corte deConstitucionalidad desaprovechó una oportunidad valiosa para resaltar las obligacionesdel Estado de investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de graves violacionescometidas hace más de 25 años, así como para adoptar medidas prontas orientadas agarantizar el derecho a la justicia y responder al interés legitimo que tiene tanto Españacomo la comunidad internacional en que estos crímenes no queden impunes”.El efecto inmediato de la sentencia fue el rechazo de toda la comunidad de juristasinternacionales, pero el efecto mediato, el más dañino, fue la decisión del Tribunaltramitador de la extradición de archivar el expediente por órdenes superiores. Aún sonimpredecibles los efectos que pueda tener sobre otros casos que se encuentran entrámite.19 Párrafo 43, sección de Justicia de Transición. 36
  37. 37. REFLEXIÓN O CONCLUSIÓN FINALPara cualquier guatemalteco no es extraño el conocer que en los procesos judiciales hayalteración o pérdida de pruebas, intimidaciones y amenazas a los testigos y agentes de lajusticia, falta de colaboración de Jueces y Fiscales, plazos que exceden lo razonable ysentencias motivadas por razones políticas o incentivos ilegales.Los pocos casos que llegan a sentencia lo hacen por la incansable labor de las víctimas yfamiliares, ya que el Ministerio Público parece llevar rutinaria y cosméticamente a cabo asu labor. La importancia de un proceso legal como el denunciado ante la AudienciaNacional de España, y que abarca tan amplio número de víctimas no es precisamente eljuzgamiento y prisión de todos los involucrados en los ilícitos. Busca más bien que, enausencia de tribunales especiales durante el proceso de transición, sea a través de estosjuicios que salga a la luz la verdad de la historia ocultada por muchos años.Con eso se dignifica tanto la memoria de las víctimas como la de los familiares. Esto tieneque ver con romper el silencio, tratando de esclarecer las razones por las que fueronasesinados o agredidos, también con aclarar que eran gentes de bien, trabajadores, queno eran delincuentes del peor tipo como fueron tratados.Afirmo que la sentencia de un órgano jurisdiccional que falla en contra de lo establecidoen la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no tiene validez jurídica porpretender dejar sin efecto obligaciones internacionales de máxima importancia. Caberecordar que el derecho interno de los Estados no es pertinente para modificar, medianteactos de los poderes públicos de ningún tipo, la naturaleza jurídica del crimen degenocidio ni las obligaciones internacionales que tiene el Estado de juzgar y sancionar losautores de estos crímenes.Además el Informe de WOLA para Latinoamérica (2007) advierte que la habilidad depoderes paralelos y estructuras criminales para manipular, infiltrarse y tomar lasinstituciones del Estado no solo daña el régimen de legalidad. Es dañino además porquefrecuentemente también los actores políticos y personas influyentes económicamenteven en esos sistemas una vía fácil, no solo para protegerse de cualquier tipo deresponsabilidad penal o civil, sino que para proteger negocios ilegales paralelos a susactividades ordinarias.El resultado es un círculo vicioso, donde la corrupción generalizada con y por el gobiernocrea las condiciones para que estos grupos operen y florezcan, debilitando aún más la 37
  38. 38. capacidad de respuesta de las ya deterioradas instituciones 20.20 Citando a Briscoe, “... la lucha contra la criminalidad, liderada por instituciones débiles y de pocos recursosen el período pos-confl icto, parece haber consolidado estructuras paralelas y perversas, que responden a lalógica de intereses privados. Como observa el académico David Keen, se asemejan en este punto a lossistemas contra-insurgentes de las militares durante la guerra civil, que dirigieron una campaña brutal, ypropiciaron la creación de un entramado de intereses económicos ilícitos en el proceso. 38

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