LECCIONES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
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HERNÁN CORRAL TALCIANI
Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes
LECCIONES DE RES...
PRESENTACIÓN
Se ofrece al público en general y, en especial, a los estudiantes este texto sobre el sistema chileno de
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con frecuencia –por la premura del tiempo y la abundancia de los contenidos– se ve injustamente
disminuida.
Si ayudan a lo...
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Por regla general, y salvo que del contexto se deduzca inequívocamente lo contrario, los artículos...
L E C C I Ó N P R I M E R A
CONCEPTO, DELIMITACION Y FUNCIONES
I. DE LA RESPONSABILIDAD EN GENERAL A LA RESPONSABILIDAD CI...
autoimplicativas, hasta el punto que ha podido decirse que el hombre es libre porque es responsable y
no viceversa.4
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CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES
b) La responsabilidad política
La responsabilidad política proviene del régimen de gobi...
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c.2) Relaciones entre responsabilidad política y jurídica
Hay también ...
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b) La responsabilidad sancionatoria
La responsabilidad sancionatoria es aquella en que ...
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Este tipo de responsabilidad se ha incrementado ostensiblemente en el ...
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b) Concurrencia con responsabilidad disciplinaria
Del mismo modo, la responsabilidad fu...
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denominación no está exenta de críticas, sobre todo por su falta de es...
CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES
crea una nueva obligación, que sustituye a la anterior de cumplir el contrato.14
Se opo...
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La existencia de dos regímenes de responsabilidad civil, aun cuando pu...
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5º) Solidaridad: En materia contractual, la obligación solidaria sólo tiene lugar en tr...
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9º) Cláusulas modificatorias de responsabilidad: Estas cláusulas son m...
CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES
elección puede considerarse un derecho de la víctima, la que elegiría las normas más fa...
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reciente de la Corte de Apelaciones de Concepción, no casada por la Co...
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conlleva una desnaturalización por conmixtión de los regímenes de responsabilidad, que,...
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obstante referirse a obligaciones legales o cuasicontractuales. En opo...
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indemnizar por parte de aquel que causa daño por el retiro arbitrario de las negociacio...
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En doctrina comparada suele prevalecer el criterio contractualista. Es...
CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES
se genera con posterioridad, de modo que se postula la aplicación del régimen extracont...
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años para los demás crímenes; 5 años, para simples delitos y 6 meses p...
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Chillán, 10 de agosto de 2000, G.J. Nº 244, p. 98; en el caso se afirmó la responsabili...
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  1. 1. LECCIONES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
  2. 2. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. © HERNÁN CORRAL TALCIANI © EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE Carmen 8, 4º piso, Santiago www.editorialjuridica.cl info@editorialjuridica.cl Registro de propiedad intelectual Inscripción N.º 133.982, año 2003 Santiago – Chile Se terminó de imprimir esta primera edición 700 ejemplares en el mes de febrero de 2004 IMPRESORES: Imprenta Salesianos S.A. IMPRESO EN CHILE/PRINTED IN CHILE ISBN 956-10-1489-0
  3. 3. HERNÁN CORRAL TALCIANI Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
  4. 4. PRESENTACIÓN Se ofrece al público en general y, en especial, a los estudiantes este texto sobre el sistema chileno de responsabilidad civil extracontractual, con dos objetivos fundamentales: 1) permitirles contar con un instrumento idóneo para complementar las lecciones orales en esta importantísima parte del Derecho de Obligaciones, y 2) hacerles accesible una exposición panorámica y, a la vez, actualizada del régimen de la responsabilidad civil por hechos ilícitos, en el ordenamiento jurídico chileno, con especial atención a sus aplicaciones jurisprudenciales. La materia es desarrollada tomando en cuenta las ya clásicas directrices de las obras de Arturo Alessandri Rodríguez, Orlando Tapia y Carlos Ducci, que proporcionan lo que podríamos llamar el “núcleo duro” de la enseñanza tradicional del Título XXXV del libro IV del Código Civil. Pero sobre ese núcleo hemos querido esbozar los principales lineamientos de los tratamientos más modernos de la responsabilidad civil, que es uno de los campos jurídicos que más cambios ha experimentado en el desarrollo del derecho privado en la segunda mitad del siglo XX. Se ha querido agregar así todo un capítulo para describir los sectores en los que el sistema clásico de responsabilidad por culpa parece estar siendo desplazado o complementado por una estructura de la responsabilidad fundamentada en criterios de imputación distintos del comportamiento doloso o culposo. Se comentan en su momento, además, las contribuciones más recientes de la doctrina nacional, y en parte de la extranjera. Se ha considerado también una muestra bastante exhaustiva de la jurisprudencia de las últimas décadas, como modo de presentar la forma en que las normas de responsabilidad están siendo efectivamente aplicadas en la realidad actual. Como las líneas que siguen intentan servir fundamentalmente a los estudiantes de la carrera de Derecho, hemos seguido la técnica de distinguir con tamaños de letras diferentes lo que, a juicio del autor, constituye las ideas medulares de la explicación, y lo que, sin dejar de ser importante y útil, es complementario o secundario en relación con aquéllas. No se pretende –como se comprenderá– que pueda prescindirse sin más de lo que va tratado en letra menor, sino que el estudiante a la hora de decidir aquello que debe retener y comprender con toda precisión pueda reconocerlo sin mayores dificultades y distinguirlo de lo menos fundamental. Tenemos una deuda de gratitud especialmente con el profesor Alejandro Romero Seguel, quien a lo largo de años nos animó a entregar a la publicación lo que, en su intención original, no eran más que unos apuntes de clase. Ha tenido también la generosidad de leer el borrador final y hacernos provechosas aportaciones e importantes correcciones (y no sólo de forma). Agradecemos también la revisión del texto que hiciera el abogado Cristián Bustos Maldonado, que nos ayudó a perfeccionar el estilo y a depurar erratas. Esperamos que estas páginas puedan efectivamente ser un buen complemento de las lecciones de clase, y contribuyan a renovar y profundizar el tratamiento docente de esta parte del Derecho Civil, que 55
  5. 5. con frecuencia –por la premura del tiempo y la abundancia de los contenidos– se ve injustamente disminuida. Si ayudan a los estudiantes a entender mejor el sistema civil de reparación de daños, y aportan algunos nuevos elementos para perfeccionar su enseñanza, nos sentiremos satisfechos. EL AUTOR En Santiago a 28 de noviembre de 2002 66
  6. 6. ABREVIATURAS UTILIZADAS Por regla general, y salvo que del contexto se deduzca inequívocamente lo contrario, los artículos que se citan en el texto sin indicación de su fuente son del Código Civil. En los demás la fuente es indicada mediante abreviaturas. Cuando se hace referencia a incisos o números de algún artículo, se les indica detrás del número del artículo y separado por punto seguido (así, art. 10.1, significa inciso primero del artículo 10; y art. 10.1º significa número primero del artículo 10). Las abreviaturas más utilizadas son las siguientes: Const. Constitución Política CCom Código de Comercio COT Código Orgánico de Tribunales CP Código Penal CPC Código de Procedimiento Civil CPP Código de Procedimiento Penal NCPP Nuevo Código Procesal Penal RDJ Revista de Derecho y Jurisprudencia Rev. Ch. Der. Revista Chilena de Derecho (P. U. Católica de Chile). G. J. Gaceta Jurídica F. del M. Fallos del Mes 77
  7. 7. L E C C I Ó N P R I M E R A CONCEPTO, DELIMITACION Y FUNCIONES I. DE LA RESPONSABILIDAD EN GENERAL A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 1. CONCEPTO GENERAL DE RESPONSABILIDAD La palabra responsabilidad parece ser un vocablo de aparición más bien reciente. Etimológicamente viene del latín spondere, que significa prometer. Al añadirse el prefijo “re” (re-spondere) la palabra adquiere el significado de repetición o de reciprocidad, y significaría entonces prometer a alguien que espera una respuesta.1 El uso jurídico de la palabra proviene al parecer de finales del siglo XVIII, poco antes de la revolución francesa, por influencia del inglés. El término habría aparecido en el Derecho constitucional inglés.2 La palabra responsabilidad plantea una polisemia en el sentido vulgar, y también en el especializado. Se emplea el término en muy diferentes acepciones, desde la obligación de reparar los daños producidos por ciertas personas o cosas a la necesidad de afrontar las consecuencias de los actos propios. En su vertiente más profunda, la responsabilidad aparece vinculada necesariamente con la libertad y con la naturaleza corpóreo-espiritual del ser humano. Sólo puede concebirse la responsabilidad cuando existe una voluntad humana libre, es decir, capaz de determinar sus propios comportamientos en relación a una finalidad. Por eso, un animal, una máquina, un robot, no pueden ser considerados responsables. En cambio, el ser libre ejerce una cierta titularidad sobre los actos a través de los cuales ejercita su libre arbitrio: le son predicables, son “suyos”, no sólo en la forma en que han sido queridos, sino en toda su significación y en todas las consecuencias que le son inherentes. Esta relación entre el acto propio y sus efectos y el sujeto humano que lo realiza libremente es lo que queremos significar, a rasgos muy genéricos, con el término responsabilidad. En este sentido, libertad y responsabilidad son dos manifestaciones de la dignidad del ser humano.3 Aunque normalmente se explica, como hacemos aquí, la responsabilidad como efecto de la libertad, lo cierto es que ambas realidades son 1 D’ORS, ALVARO, Nueva introducción al estudio del derecho, Civitas, Madrid, 1999, p. 36. 2 THIBIERGIE, CATHERINE, “Libres propos sur l’evolution du droit de la responsabilité (vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile?)”, en Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1999 (3), p. 573. 3 Ha destacado HERVADA, JAVIER, Lecciones propedéuticas de Filosofía del Derecho, Eunsa, 3ª edic., Pamplona, 2000, p. 299, que la responsabilidad “descansa, en su radicalidad, en una dimensión inherente a la persona: la libertad. Por ser libre, los actos de la persona son originales suyos –no dados o puestos por fuerzas o instintos– y en consecuencia ella es la causa original de sus actos. Por ello, los efectos de sus actos le son atribuidos en cuanto queridos y realizados conscientemente, pues el origen y raíz de tales efectos está en la persona. Como origen y causa original del daño, la persona está obligada a reparar, en virtud de su obligación o deber de satisfacer y cumplir el derecho”. 99
  8. 8. autoimplicativas, hasta el punto que ha podido decirse que el hombre es libre porque es responsable y no viceversa.4 Aunque las consecuencias de los actos libres pueden ser positivas o negativas, usamos el término responsabilidad para vincular al sujeto con las consecuencias gravosas o negativas del acto.5 Podemos señalar entonces que, en una primera aproximación, puede definirse la responsabilidad como la necesidad efectiva, o eventual, en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto que se le atribuye como propio. La necesidad puede ser efectiva, si la responsabilidad ya ha surgido por la realización del hecho, o eventual si el acto no se ha realizado aún, pero de realizarse el sujeto debería responder (por eso decimos que una persona es responsable por los daños de sus dependientes, por ejemplo). 2. DIFERENTES TIPOS DE RESPONSABILIDAD La responsabilidad, dependiendo del sujeto responsable, de la actividad que se le imputa y de las consecuencias gravosas que sufre puede ser moral, política y jurídica. a) La responsabilidad moral o ética La responsabilidad humana más profunda es la responsabilidad moral o ética, por la cual una persona debe afrontar las consecuencias negativas que sus actos libres producen, sea para sí mismo o para los demás. Esta responsabilidad requiere la existencia de una valoración prescriptiva previa que permita discernir qué actos son compatibles con el bien propio, ajeno y social, y qué acciones en cambio son destructivas de esos valores; criterios valorativos que tienen su fuente en la observación racional de la naturaleza humana y su aspiración de plenitud e integridad perfectiva. Por eso se habla, aunque no en sentido técnico positivo, de “ley moral” o “ley natural”. La ley moral es susceptible, aunque no sin dificultades, de conocimiento mediante el uso de la razón, aunque la revelación judeo-cristiana (el Decálogo y el Sermón de la Montaña) sean un elemento iluminador incluso para los que se declaran no creyentes. Sin embargo, la existencia de una moral universal y aplicable a todos los seres humanos por el hecho de ser tales presupone la idea de un Ser trascendente (Dios), que, al crear la naturaleza humana, ha incluido en ella misma las reglas y principios que permiten un buen uso de la libertad, es decir, aquel que propende a la mayor plenitud de las personas, en un estado que, por colmar todas las ansias del corazón humano, llamamos felicidad. Para la fe católica, Dios ha venido en auxilio de la razón y ha querido ayudarle mediante la revelación de ciertos principios morales imprescindibles, que se compendian y sistematizan en el Decálogo: así surgen las normas más comunes y compartidas de la civilización occidental, como adorar a un Dios único, honrar a los padres, no matar, no adulterar, no consentir inmoralidades o perversiones sexuales, no mentir, no robar. Con la revelación evangélica esos preceptos son enriquecidos con el deber de la caridad y la igual dignidad de todos los seres humanos como criaturas a las que Dios quiere con afecto paterno. La responsabilidad moral surge, así, de la violación consciente o culposamente ignorada de las exigencias que la ley moral establece para un buen ejercicio de la libertad en una situación concreta. Puede incurrirse en responsabilidad moral tanto por acción como por omisión. Así si profiero públicamente insultos e imputaciones ofensivas en contra de una persona, incurro en responsabilidad moral por acción; pero si me limito a guardar silencio cuando se le imputa algo de lo que yo sé es inocente, me haré responsable moralmente por omisión. 4 D’ORS, ALVARO, Derecho y sentido común, Civitas, Madrid, 1999, p. 36, para quien la libertad es el presupuesto subjetivo de la responsabilidad. 5 Y en este sentido la responsabilidad es una limitación de la misma libertad. Así lo explica D’ORS, A., Derecho y sentido común…, cit., p. 35: la libertad esencial del hombre “es el presupuesto racional de su responsabilidad, es decir, la necesidad de aceptar los efectos de las propias opciones. En este sentido, la responsabilidad lleva al hombre a perder parte de su libertad, pues al optar por una determinada conducta queda moralmente vinculado a sufrir los efectos de la conducta optada”. 1010
  9. 9. CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES b) La responsabilidad política La responsabilidad política proviene del régimen de gobierno representativo o democrático. En la monarquía absoluta, las autoridades responden ante el rey, y éste sólo ante Dios. En cambio, en el régimen republicano las autoridades públicas que ejercen el poder deben “responder” ante los gobernados por el mal uso de las atribuciones que se les han encomendado. Se puede decir de este modo que la responsabilidad política “comprenderá el conjunto de consecuencias que trascienden a las tareas de conducción del interés general en relación a los titulares de los órganos del poder público”.6 La responsabilidad política puede entrañar responsabilidad moral o ética, si concurre con la infracción de un deber moral, pero en ocasiones será sólo la consecuencia de estar al mando de una determinada repartición pública que no ha cumplido los objetivos programados o que ha presentado irregularidades. El superior, aun no teniendo una culpa personal en los hechos, puede sufrir las consecuencias de la responsabilidad política, que se traducirán en el alejamiento del cargo que desempeñaba. c) La responsabilidad jurídica Llamamos responsabilidad jurídica a aquella que surge de la violación de deberes jurídicos y que produce consecuencias jurídicas. Por cierto, una conducta humana puede ser objeto de responsabilidad moral y jurídica a la vez, o política y jurídica. Incluso más, y no será infrecuente, un comportamiento puede ser constitutivo de reproche moral, político y jurídico. Así, por ejemplo, si un Ministro de Estado, en el ejercicio de su cargo, se hace culpable de malversación de caudales públicos: habrá responsabilidad moral (culpa personal), política (desviación de poder) y jurídica (sanciones penales y civiles por el delito). c.1) Relaciones entre responsabilidad moral y jurídica Las relaciones entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica reproducen la cuestión de las relaciones entre Moral y Derecho. Si se adopta una visión positivista que desconoce las relaciones entre ambas realidades, lo mismo se afirmará respecto de responsabilidad moral y responsabilidad jurídica. Por el contrario, si se descubre la enorme raigambre ética de todo ordenamiento jurídico, será necesario también reconocer las necesarias conexiones e incluso identificaciones que se producen entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica. Compartimos esta última visión de lo jurídico. Pensamos que el mundo del Derecho, aunque no se identifica con la moral, tiene su fuente y su fundamento en ella. Para seguir a los clásicos, habrá que decir que lo jurídico nace como una determinación y desarrollo de una parte de la moral: la relacionada con las exigencias de la virtud de la justicia que hacen posible la vida en comunidad. La responsabilidad jurídica debe basarse en la moral, pero no puede abarcarla totalmente. El objetivo del Derecho es más reducido: no pretende el cumplimiento de todos los deberes morales y el ejercicio de todas las virtudes humanas, sino sólo lograr el imperio de la justicia en las relaciones sociales. De esta manera, no siempre que hay responsabilidad moral hay por el mismo hecho responsabilidad jurídica. A la inversa, normalmente la responsabilidad jurídica se da simultáneamente con la responsabilidad moral, pero ello no siempre ocurre así (por ejemplo, en los casos de las llamadas obligaciones meramente penales, que no obligan en conciencia, o en los supuestos de la moderna responsabilidad objetiva o sin culpa). 6 SILVA BASCUÑAN, ALEJANDRO, Tratado de Derecho Constitucional, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997, t. IV, p. 165. 1111
  10. 10. LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL c.2) Relaciones entre responsabilidad política y jurídica Hay también una estrecha relación entre responsabilidad política y jurídica, ya que en casos graves la responsabilidad política podrá hacerse efectiva mediante mecanismos jurídicos que permitirán la privación de las funciones públicas del sujeto políticamente responsable. La responsabilidad política en nuestro ordenamiento jurídico aparece recogida en términos generales en los incisos finales de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política y en la reglamentación de la llamada acusación constitucional y juicio político (arts. 48 Nº 2 y 49 Nº 1 Const.). La misma Constitución se encarga, sin embargo, de señalar que los acuerdos u observaciones que la Cámara de Diputados realice en ejercicio de su facultad de fiscalizar los actos del Gobierno “en ningún caso … afectarán la responsabilidad política de los Ministros” (art. 48 Nº 1 Const.). Los Ministros de Estado, aparte de la acusación constitucional, responden ante el Presidente de la República en cuanto éste tiene la atribución de nombrarlos y removerlos “a su voluntad” (art. 32 Nº 9 Const.). Además, puede darse un cúmulo de responsabilidad política y jurídica (civil o penal). Por eso, la Constitución señala que el funcionario que ha sido objeto de un juicio político y ha sido declarado culpable, “será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a los particulares” (art. 49 Nº 1 Const.). 3. LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA: CLASIFICACIÓN La responsabilidad que denominamos jurídica puede presentarse en al menos cuatro modalidades. Puede tratarse de una responsabilidad disciplinaria (la que, a su vez, puede ser funcionaria o estatutaria), una responsabilidad sancionatoria (que puede ser de carácter penal o administrativa o infraccional) y una responsabilidad civil (que podrá ser contractual o extracontractual). a) La responsabilidad disciplinaria La responsabilidad disciplinaria se origina en el cumplimiento de deberes específicos de ciertas personas en su calidad de funcionarios o integrantes, sea de instituciones de la Administración del Estado (en sentido amplio) o de corporaciones o fundaciones de derecho privado. Tales deberes dicen relación con el buen funcionamiento de dichas instituciones. La responsabilidad disciplinaria es administrativa o funcionaria cuando se refiere a la Administración del Estado. La mayor parte de este tipo de responsabilidad se rige por la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, y por el Estatuto Administrativo, y puede ser establecida a través de una investigación sumaria o un sumario administrativo instruido por autoridades de la misma Administración del Estado. Las sanciones pueden consistir en censuras, multa y destitución. No obstante, respecto de servicios públicos especiales pueden existir estatutos particulares. Es lo que ocurre por ejemplo con las Fuerzas Armadas y Carabineros o con el Poder Judicial. Respecto de este último, la Constitución le otorga a la Corte Suprema la superintendencia correccional de todos los tribunales de la nación (art. 79 Const.). El ejercicio de las facultades disciplinarias que se otorga a los jueces y magistrados judiciales se encuentra regulado en los arts. 530 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Las facultades disciplinarias para imponer este tipo de sanciones no sólo corresponden a los órganos del Estado, sino también a instituciones de Derecho Privado que, de alguna manera, cumplen una función de bien público. Así los arts. 553 y 554 señalan que los estatutos de una corporación obligan a los miembros a obedecer las penas que ellos impongan y que toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de policía correccional que los estatutos le confieran (con el límite de no vulnerar la garantía constitucional del debido proceso). Esto se aplica también a las fundaciones (art. 563). 1212
  11. 11. CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES b) La responsabilidad sancionatoria La responsabilidad sancionatoria es aquella en que se incurre por la violación de deberes no meramente funcionarios, sino que dicen relación con valores y bienes jurídicos que a la sociedad le interesa resguardar en interés del bien público general. Aunque puede tener semejanzas con la responsabilidad disciplinaria, se diferencia de aquélla en la naturaleza del deber infringido, en la autoridad llamada a imponer la sanción y finalmente en la forma de sanción que impone. Así, por ejemplo, un empleado público puede incurrir en responsabilidad disciplinaria si llega tarde a su trabajo o incumple alguna otra regla de buen servicio, pero incurre en responsabilidad sancionatoria (penal) si se hace reo de malversación de caudales públicos o de exacciones ilegales. El Código Penal declara expresamente que “no se reputan penas … la separación de los empleos públicos acordada por las autoridades en uso de sus atribuciones o por el tribunal durante el proceso o para instruirlo, ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su jurisdicción disciplinal o atribuciones gubernativas” (art. 20 CP). Se discute si la diferencia entre sanciones penales y administrativas (disciplinarias o infraccionales) es de carácter cualitativo (las sanciones administrativas no son penas) o de carácter cuantitativo (las sanciones administrativas son penas aunque de menor entidad y aplicables por órganos de la Administración). La doctrina nacional, invocando el art. 20 CP, se decanta por la primera teoría. No obstante, hay argumentos fuertes para acoger la segunda posición, en atención a que el art. 20 del Código Penal no dispone que no sean penas, sino que no se reputan tales para los efectos de su normativa. La aplicación a la responsabilidad administrativa sancionatoria de garantías como la necesidad de culpabilidad (dolo o culpa), la prohibición del non bis in idem, la presunción de inocencia, la exigencia de alguna forma de tipificación del ilícito, entre otras, apoyan la idea de la igual naturaleza de las sanciones administrativas y las sanciones penales.7 b.1) Responsabilidad penal El prototipo de la responsabilidad sancionatoria es la responsabilidad penal. Se incurre en responsabilidad penal cuando el comportamiento ilícito, por afectar gravemente el orden social, está expresamente sancionado (tipificado) por una ley anterior a su perpetración, su conocimiento es exclusivo de un tribunal constituido previamente, y da lugar a las sanciones más severas, pudiendo incluso afectar la libertad del culpable. El objetivo primordial de la responsabilidad penal es reprimir o sancionar hechos que constituyen atentados graves contra la moralidad pública o el orden social. Aparte del posible ofendido que puede existir, la víctima en la responsabilidad penal es toda la sociedad. No es menester acreditar daño de una persona determinada para que surja esta responsabilidad. Así, por ejemplo, en los llamados delitos de peligro (conducción en estado de ebriedad) o en los delitos tentados o frustrados se incurre en responsabilidad penal, aun cuando no haya existido ningún daño a determinada persona. En el sistema chileno, la responsabilidad penal se genera a consecuencia de la perpetración de un delito o cuasidelito penal, esto es, de una acción u omisión voluntaria (dolosa o culposa) penada por la ley (arts. 1º y 2º CP). b.2) Responsabilidad infraccional o contravencional Junto a la responsabilidad penal, debe colocarse otro tipo de responsabilidad jurídica de naturaleza sancionatoria: se trata de la responsabilidad por la infracción de normas administrativas o contravencionales, que las leyes suelen sancionar con medidas especiales como clausura del establecimiento o penas pecuniarias (multas), y cuyo conocimiento puede encargarse indistintamente a autoridades administrativas, a jueces de policía o a jueces letrados. 7 En este sentido, CURY, ENRIQUE, Derecho Penal. Parte general, Editorial Jurídica de Chile, 2ª edic., Santiago, 1988, t. I, pp. 76-81 1313
  12. 12. LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Este tipo de responsabilidad se ha incrementado ostensiblemente en el Derecho contemporáneo, ya que, en general, constituye un sustituto para encausar actividades particulares sin recurrir a la herramienta fuerte que es la ley penal. Legislaciones especiales como las de carácter económico, previsional, sanitario, las que regulan el tránsito vehicular, etc., son pródigas en sanciones contravencionales. c) La responsabilidad civil o reparadora La responsabilidad civil aparece vinculada esencialmente al daño que sufre una o más personas individualizables, y al deber que tiene alguien de repararlo o compensarlo con medios equivalentes. Para conceptualizar esta responsabilidad se ha señalado que ella es “la necesidad en que un individuo se coloca, de satisfacer toda violación dañosa a la conducta que debe observar en su vida en sociedad, sea que ella se encuentre regida por normas jurídicas, morales o religiosas”.8 Más sucintamente, se puede decir que “una persona es responsable siempre que debe reparar un daño… el responsable es el que responde”.9 La imputación a una persona de la obligación de reparar un perjuicio es lo que constituye el contenido esencial del concepto de responsabilidad civil. La Corte Suprema ha dicho en este sentido que “Por responsabilidad debe entenderse, en general, la obligación en que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado; la que resulta ser civil si se origina en la transgresión de una norma jurídica que afecte el interés de una determinada persona, o penal si es el resultado de un hecho ofensivo que tiene señalada una sanción punitiva por el perjuicio que agravia al afectado y a la sociedad en que actúa” (C. Sup., 6 de noviembre de 1972, RDJ, t. LXIX, sec. 4ª, p. 181). “La sanción jurídica de la conducta lesiva –escribe el tratadista español Ricardo de Angel– responde a una elemental exigencia ética y constituye una verdadera constante histórica: el autor del daño responde de él, esto es, se halla sujeto a responsabilidad. Y, en principio, la responsabilidad se traduce en la obligación de indemnizar o reparar los perjuicios causados a la víctima”.10 Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón sostienen, por su parte, que “la responsabilidad significa la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de resarcir el daño producido”.11 El Código Civil de Portugal contiene una definición legal de responsabilidad civil: “La responsabilidad civil consiste en la obligación para el autor del hecho o de la omisión, de reponer a la persona lesionada en la situación de que gozaba antes de la lesión, y de indemnizarla de todo el daño que ella ha sufrido” (art. 2364). 4. RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS TIPOS DE RESPONSABILIDAD a) Concurrencia con responsabilidad moral o política Ya hemos visto que si el hecho que es reprochable a título moral o político causa además un daño concreto a una persona determinada, se producirá una confluencia entre responsabilidad moral y civil o entre responsabilidad política y civil. Así, respecto de esta última se prevé la posibilidad de instruir un juicio para hacer valer la responsabilidad por los daños y perjuicios causados por quien ha sido acusado constitucionalmente (art. 49 Nº 1 Const.), y se contempla la necesidad de una autorización especial por parte del Senado para poder ejercer acciones de responsabilidad civil en contra de los Ministros de Estado por actos realizados en el desempeño de sus cargos (art. 49 Nº 2 CC). Los Ministros responden solidariamente por los actos que suscribieren o acordaren con otros Ministros (art. 36 Const.; cfr. art. 32 Nº 22 Const.). 8 TAPIA SUAREZ, ORLANDO, De la responsabilidad civil en general y de la responsabilidad delictual entre los contratantes, Escuela Tipográfica Salesiana, Concepción, 1941, p. 18. 9 MAZEAUD, H., MAZEAUD, L., y TUNC, A., Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, trad. de la 5ª edic. francesa por L. Alcalá-Zamora, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1961, t. I., v. I, Nº 3, p. 2. 10 DE ANGEL YAGÜEZ, RICARDO, Tratado de Responsabilidad Civil, Civitas, 3ª edic., Madrid, 1993, p. 13. 11 DIEZ-PICAZO, L., y GULLON, A., Sistema de Derecho Civil, Tecnos, 4ª edic., Madrid, 1983, v. II, p. 612. 1414
  13. 13. CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES b) Concurrencia con responsabilidad disciplinaria Del mismo modo, la responsabilidad funcionaria puede concurrir con responsabilidad civil. Es lo que ocurre si un funcionario por su mal desempeño causa injustamente un daño a la misma Administración o a un administrado. El art. 115 del Estatuto Administrativo, Ley Nº 18.834, de 1989, establece que la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiere afectar al funcionario público. Así lo ha entendido la Contraloría General de la República (Dictamen Nº 26.179, de 1983). c) Concurrencia con responsabilidad penal Un mismo hecho puede generar ambas responsabilidades: civil y penal, por causar daño a una persona determinada y estar expresamente sancionado por la ley penal con penas adicionales. Es decir, tanto para la responsabilidad penal como para la contravencional, rige la regla del art. 2314, norma pórtico de la regulación del Código Civil sobre la responsabilidad civil extracontractual: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito” (cfr. art. 24 CP). Un caso de aplicación especial a este principio lo contienen los arts. 325 y 326 COT, que disponen que “Todo juez delincuente será, además, civilmente responsable de los daños estimables en dinero que con su delito hubiere irrogado a cualesquiera personas o corporaciones” y que “la misma responsabilidad afectará al juez si el daño fuere producido por un cuasidelito”. d) Concurrencia con responsabilidad infraccional Aunque es discutido cuál es la naturaleza propia de estas sanciones, si son penales o administrativas, lo cierto es que para efectos de su concurrencia con la responsabilidad civil funcionan del mismo modo que las transgresiones penales. Es decir, un hecho que es sancionable administrativamente (con multa, por ejemplo) si produce daño a otro (y el daño es consecuencia directa de la conducta sancionada), da lugar a ambas responsabilidades: contravencional (para los efectos de cumplir la sanción legal impuesta) y civil (para reparar el daño producido). Si bien emanadas del mismo hecho, la responsabilidad reparatoria (civil) y la sancionatoria (penal o contravencional) se rigen por normas y principios diferentes. Por razones de economía procesal, se suele admitir que un mismo proceso judicial sirva para dilucidar la existencia de ambos tipos de responsabilidad. 5. CLASIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL O REPARADORA La responsabilidad civil puede dividirse en responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. La contractual es aquella que nace a consecuencias de la violación de un vínculo obligatorio generado por un contrato existente entre las partes. Es el deber de reparar que se produce como consecuencia de haberse incumplido un contrato. La responsabilidad extracontractual es aquella que proviene de un hecho ilícito perpetrado por una persona en perjuicio de otra, que no constituye la violación de un deber contractual. El deber de reparar surge de la trasgresión, no de una obligación propiamente tal, sino de un deber genérico de no dañar a otro (alterum non laedere), que es un principio general de todo ordenamiento jurídico. 6. ¿RESPONSABILIDAD CIVIL O DERECHO DE DAÑOS? LA CUESTIÓN DE LA DENOMINACIÓN Como acabamos de ver, cuando el deber de reparar el daño surge sencillamente de la realización de un hecho ilícito que no consiste en una violación de un contrato, la responsabilidad recibe el nombre de responsabilidad civil extracontractual o más sintéticamente responsabilidad extracontractual. La 1515
  14. 14. LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL denominación no está exenta de críticas, sobre todo por su falta de especificidad, ya que define su objeto por oposición a lo que no es. Por tradición histórica se suele hablar también de responsabilidad aquiliana, por ser la lex aquilia la primera fuente romana en la que se observa un germen de un régimen jurídico de reparación de daños no convencionales. En Francia, es frecuente la utilización de la expresión responsabilidad delictual, ya que los ilícitos que dan lugar a ella son calificados, al igual que entre nosotros, como delitos o cuasidelitos civiles (por oposición a penales). En Italia, por obra del Código Civil, se intentó acuñar la expresión responsabilidad por hecho ilícito, pero los autores suelen preferir la de responsabilidad civil (que en principio designa sólo la extracontractual). Por influencia del common law (torts law) y también por la necesidad de propiciar una nueva inteligencia de las normas para centrar la mirada no tanto en el responsable (autor del daño) sino en la víctima o perjudicado, se ha extendido en el último tiempo la expresión “derecho de daños”. Con ella se quiere también destacar la progresiva consolidación de una disciplina autónoma con sus propias reglas, principios y criterios. No es inusual que quienes prefieran esta expresión aboguen por un tratamiento conjunto de la responsabilidad contractual y extracontractual, en cuanto ambas serían igualmente fuente de daños. No obstante, advertimos que la doctrina en general continúa resistiéndose a abandonar la expresión tradicional de responsabilidad civil o responsabilidad extracontractual, sin perjuicio de utilizar esporádicamente la denominación de derecho de daños. Aparte del conservadurismo tan característico de los juristas, la perseverancia en estas expresiones quizás tenga que ver con que ellas son más neutras y carecen de la carga ideológica que puede tener la de derecho de daños. En esta obra ya desde su título preferimos la expresión tradicional en toda nuestra doctrina, de responsabilidad civil extracontractual o simplemente responsabilidad extracontractual, sin perjuicio de recurrir a las otras denominaciones cuando parezca oportuno. II. DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 1. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL a) Discusión acerca de la dualidad o unidad de regímenes La tesis clásica es la que opta por la dualidad: se sostiene que en la responsabilidad contractual existe un vínculo obligatorio preexistente, de cuya violación resulta el deber de indemnizar; mientras que en la responsabilidad extracontractual no hay obligación previa entre las partes, sino que es justamente el hecho ilícito el que genera la obligación de resarcir. En Chile, esta constituye la opinión predominante: los autores entienden que la responsabilidad contractual supone una obligación anterior y se genera entre personas ligadas por un vínculo jurídico preexistente, a cuya violación sirve de sanción; en cambio, la responsabilidad delictual o cuasidelictual supone la ausencia de obligación previa, se produce entre personas hasta entonces jurídicamente extrañas (por lo menos en cuanto al hecho de que deriva), y es ella la que crea la obligación de reparar el daño (Alessandri12 y Meza Barros13 ). Pero en el extranjero un fuerte sector doctrinal ha impugnado la teoría clásica y ha propiciado la unificación de ambas responsabilidades. En Francia, Planiol sostendrá que la diferencia no se justifica, y que ambas responsabilidades se identifican, básicamente por dos razones: 1º) porque no es efectivo que no exista en la responsabilidad extracontractual una obligación anterior; ésta existe y consiste en el deber de no lesionar o perjudicar ilícitamente a otro; y 2º) porque en la responsabilidad contractual también se 12 ALESSANDRI RODRIGUEZ, ARTURO, De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil chileno, Imprenta Universitaria, Santiago, 1943, p. 42. 13 MEZA BARROS, RAMON, Manual de Derecho Civil. De las fuentes de las obligaciones, Editorial Jurídica de Chile, 9ª edic. actualizada por Pedro Pablo Vergara, Santiago, 1997, t. II, Nº 381, pp. 250-251. 1616
  15. 15. CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES crea una nueva obligación, que sustituye a la anterior de cumplir el contrato.14 Se opone Josserand afirmando que es falso que el contrato sea realmente una ley y que la ley sea un contrato de gran envergadura.15 Otros autores han intentado dar vida a teorías eclécticas: se sostiene que en ambas responsabilidades se observa que nace una obligación y esa obligación produce efectos. No existen diferencias de naturaleza, pero sí de carácter práctico (Mazeaud;16 y en Chile, Tapia17 y Abeliuk18 ). Este planteamiento moderado es el que parece predominar en la doctrina comparada. Según el Sistema de Díez-Picazo y Gullón, se encuentran superadas las teorías sobre la distinción de la naturaleza del deber transgredido y se reconoce que no hay más que diferencias de régimen entre ambas responsabilidades, pero el asiento en que se fundamentan es el mismo: una acción u omisión culposa que daña a otro.19 Las regulaciones positivas suelen mantener la diferencia y establecen regulaciones diversas. El Código Civil italiano de 1942, por ejemplo, regula en forma autónoma la responsabilidad extracontractual (título IX, libro IV: Dei fatti illeciti). El Código Civil peruano de 1984 le dedica la sección VI del libro VII con el título “De la responsabilidad extracontractual”. El Código Civil de Québec de 1991 contempla también una regulación separada para la “responsabilidad civil” (cap. 3º, tít. I, libro V) y la ejecución de las obligaciones en su equivalente (cap. VI, tít. I, libro V). Algunos partidarios de la tesis de la unificación parecen hoy día menos categóricos: Yzquierdo Tolsada, después de haber sostenido la teoría unitaria, hoy prefiere propiciar más bien una “moderada unificación”, que mantenga ciertas diferencias.20 b) La distinción en el Código Civil chileno No hay dudas de que nuestro Código Civil ha seguido la tesis clásica de la dualidad de regímenes. Para concluirlo, basta constatar lo siguiente: 1º) El art. 1437 opone como fuentes de obligaciones el contrato y “el hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos o cuasidelitos”. 2º) El art. 2284 vuelve a distinguir como fuente de las obligaciones la convención y los hechos voluntarios ilícitos cometidos con o sin intención de dañar (delitos y cuasidelitos, respectivamente). 3º) La responsabilidad extracontractual tiene un régimen legal especial determinado en el título XXXV del libro IV, arts. 2314 y ss. (“De los delitos y cuasidelitos”). La responsabilidad contractual está regulada en el título XII del libro IV, “Del efecto de las obligaciones”, arts. 1545 y ss. Debe apuntarse que el Código Civil francés, en cambio, trata de los delitos o cuasidelitos en el título IV “De las obligaciones que se forman sin convención”, incluido en el libro III, sobre los modos de adquirir la propiedad. En el Proyecto 1841-1846 Bello seguía este mismo esquema, pero fue modificado en el Proyecto de 1853. 14 PLANIOL, MARCEL, Traité Elémentaire de Droit Civil, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 7ª edic., Paris, 1917, t. II, Nº 876, p. 284: “la diferencia que se pretende establecer entre las dos especies de culpa carece enteramente de base; no es más que una suerte de ilusión resultante de un examen superficial: una y otra culpa crean igualmente una obligación, la de reparar mediante una indemnización el daño causado; una y otra suponen igualmente la existencia de una obligación anterior; una y otra consisten igualmente en un hecho que es una violación de esa obligación”. 15 JOSSERAND, LOUIS, Derecho Civil, trad. Santiago Cunchillos y Manterola, Bosch, B. Aires, 1950, t. II, vol. I, Nº 484, p. 364. 16 MAZEAUD, HENRI, “Responsabilidad delictual y responsabilidad contractual”, en RDJ, t. XXVII, Derecho, pp. 6-7. El artículo es traducción de Gonzalo Barriga Errázuriz, del original aparecido en la Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1929, pp. 551 y ss. 17 TAPIA, O., ob. cit., p. 260. 18 ABELIUK MANASEVICH, RENE, Las obligaciones, Editorial Jurídica de Chile, 4ª edic., Santiago, 2001, t. II, Nº939, p.839, aunque propicia una regulación común, al modo del Código Civil alemán. 19 DIEZ-PICAZO y GULLON, A., ob. cit., v. II, p. 611. 20 YZQUIERDO TOLSADA, MARIANO, Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual, Dykinson, Madrid, 2001, pp. 82 y ss. 1717
  16. 16. LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL La existencia de dos regímenes de responsabilidad civil, aun cuando puedan ser objeto de tratamiento común o paralelo en la docencia, es más acorde con la realidad de las cosas, que la tesis de la unificación de la culpa civil: “el llamado principio de la unidad de la culpa civil –ha escrito Luis Díez-Picazo– es una falacia. Evidentemente no es la misma la situación en que se encuentra quien ha comprometido su actividad o el resultado de ella frente a otro y que, como consecuencia de este compromiso aceptado, se encuentra en una situación que le coloca notoriamente ante un tipo de deberes, frente a quien causa daño a otro sin previa relación jurídica, ni especial compromiso. El contrato, además de ser una reglamentación de intereses que las partes efectúan, puede contener no sólo reglas sobre la diligencia a prestar … sino, lo que es más importante, especial distribución de riesgos y especiales definiciones de la responsabilidad”.21 c) Principales diferencias entre responsabilidad contractual y extracontractual La diversidad de regímenes de responsabilidad se traduce en muchas diferencias. En especial, pueden anotarse las siguientes: 1º) Prueba de la culpa: En la responsabilidad contractual, producido el incumplimiento, se presume la culpa del deudor, y a éste corresponderá probar que actuó con la diligencia debida (art. 1547.3). En la responsabilidad extracontractual, la culpa del deudor debe probarla el acreedor (la víctima).22 No es tan absoluto este principio, sin embargo: como veremos, en ciertos casos se presume también la culpa extracontractual. Además, la doctrina comparada ha considerado que respecto de las obligaciones contractuales de medios (cuando lo que se pactó es el desarrollo diligente de una cierta actividad sin que se garantizara un determinado resultado), es necesario probar la culpa (así, por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios médicos). 2º) Graduación de la culpa: En materia contractual, la culpa admite graduaciones: leve, levísima, grave (art. 44) y existe responsabilidad dependiendo del grado de culpa exigible (la que se fija según lo pactado o la naturaleza del contrato). En materia extracontractual toda culpa, incluso la levísima, genera obligación.23 3º) Necesidad de la mora: Para que exista responsabilidad contractual, salvo tratándose de obligaciones de no hacer, es necesaria la constitución en mora del deudor (arts. 1557 y 1538). En la responsabilidad extracontractual la constitución en mora no es necesaria; se debe la indemnización desde el mismo hecho dañoso. En realidad, se equipara su régimen a las obligaciones contractuales de no hacer. La improcedencia de las reglas sobre la mora ha sido confirmada por la Corte Suprema. Dijo la Corte: “Que el autor de un delito o cuasidelito queda obligado a indemnizar el perjuicio que causó por la sola comisión del hecho ilícito que es su fuente, es decir, el origen de la obligación de indemnizar está en el hecho mismo que causa daño y que la ley obliga a reparar, sin que sean aplicables en tal caso las disposiciones legales del Código Civil propias de la responsabilidad contractual sobre mora del deudor, especialmente los artículos 1551, 1553, 1556, 1558 y 1559 de ese cuerpo legal” (C. Sup., 9 de mayo de 1984, RDJ, t. LXXXI, sec. 4ª, p. 67). 4º) Capacidad o imputabilidad del obligado: La capacidad o imputabilidad en la responsabilidad contractual coincide con la capacidad general para obligarse. En cambio, la capacidad delictual civil está regulada especialmente y es más amplia. 21 DIEZ-PICAZO, Luis, Derecho de daños, Civitas, Madrid, 1999, p. 264. 22 Cfr. CLARO SOLAR, LUIS, Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, Nascimento, Santiago, 1937, t. XI, Nº 1069, p. 525. 23 Cfr. DUCCI CLARO, CARLOS, “La culpa del acreedor en la responsabilidad contractual”, en RDJ, t. 81, Derecho, pp. 1-8, CLARO SOLAR, L., ob. cit., t. XI, Nº 1063, p. 519. En contra, MEZA BARROS, R., ob. cit., t. II, Nº 395, p. 263, piensa que la culpa exigible en sede extracontractual debe ser también la culpa leve por hablar el art. 2323 de “buen padre de familia”, que es el estándar jurídico propio de dicha culpa. 1818
  17. 17. CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES 5º) Solidaridad: En materia contractual, la obligación solidaria sólo tiene lugar en tres casos: cuando es establecida por la ley, por testamento o convención (art. 1511). En la responsabilidad extracontractual hay solidaridad en todos los casos en que un delito o cuasidelito civil es cometido por dos o más personas, salvas ciertas excepciones (art. 2317.1). Sin embargo, la doctrina extiende esta solidaridad a los casos en los que el incumplimiento contractual se ejecuta con dolo o culpa grave por parte de dos o más deudores, porque entonces se aplica el art. 2317.2 (cfr. también el art. 1526 Nº 3). 6º) Extensión de la obligación de reparar: Se sostiene habitualmente que la extensión de la obligación de resarcir es más restringida en la responsabilidad contractual, ya que se aplicarían los arts. 1556 y 1558 y no se comprenderían en la reparación debida ni los perjuicios imprevistos ni tampoco el daño moral. En la responsabilidad extracontractual todo perjuicio (daño emergente y lucro cesante, perjuicios previstos e imprevistos, daño patrimonial y moral) debe ser indemnizado, ya que el art. 2329 habla de “todo daño” y el art. 2317 de “todo perjuicio”. Pero esta diferencia ya no aparece tan radical como se la suele presentar. En primer lugar, porque se comienza a admitir con fuerza la procedencia de la reparación del daño moral en sede contractual.24 Por otra parte, nos parece errado sostener que en el “todo daño” al que se refieren las normas de la responsabilidad delictual se comprendan también perjuicios absolutamente imprevisibles, si se tienen en cuenta las exigencias del nexo de causalidad que debe haber entre hecho ilícito y daño. En nuestra opinión, el juicio de previsibilidad de los perjuicios en materia contractual es diverso del que debe hacerse en materia de responsabilidad extracontractual: la previsibilidad contractual tiene como marco de referencia el mismo contrato y como momento de examen la época de su celebración (no del incumplimiento dañoso); mientras que en la responsabilidad aquiliana la previsibilidad, que integra el elemento imputación causal, debe hacerse sin un marco previo de distribución de riesgos y siempre a la época en la que se desarrolla la conducta ilícita dañosa. Por eso en caso de dolo contractual se responde de perjuicios que no hayan podido preverse al tiempo del contrato, pero en la medida en que se acredite nexo de causalidad (y una previsibilidad), esta vez, entre el incumplimiento y el daño, es decir, como sostiene la norma, “que fueron una consecuencia inmediata o directa” del incumplimiento (art. 1558).25 7º) Avaluación de los perjuicios: En materia contractual se permite la avaluación anticipada de los perjuicios sufridos por el contratante diligente mediante la estipulación de una cláusula penal, de manera tal que puede exigirse la pena por el solo incumplimiento y sin necesidad de que se prueben los daños sufridos. Esto no es admisible en la responsabilidad extracontractual, ya que ésta no es concebible sin que se acredite el monto de los daños, que son la justificación y la medida del deber de reparar. 8º) Hecho de la víctima: Aunque en ambas responsabilidades si el daño es atribuible a un hecho de la víctima desaparece la responsabilidad del autor material, en la responsabilidad extracontractual es posible la llamada “compensación de culpas”, de modo que se permite al juez rebajar la indemnización si se comprueba que la víctima se expuso imprudentemente al daño (art. 2330). 24 La jurisprudencia reciente tiende a reconocer la indemnizabilidad del daño moral en sede contractual (cfr. DOMINGUEZ A., RAMON, y DOMINGUEZ B., RAMON, Comentario a la sentencia de Corte Suprema de 20 de octubre de 1994, en Revista de Derecho U. de Concepción, Nº 196, 1993, pp. 155 y ss.). La Corte Suprema ha declarado la procedencia de la indemnización del daño moral en sede contractual: “el daño moral, entendido como el sufrimiento o afección sicológica que lesiona al espíritu, al herir los sentimientos de afecto y familia, manifestándose en lógicas y notorias mortificaciones, pesadumbres y depresiones de ánimo, necesariamente debe ser indemnizado cuando se produce en sede contractual, porque el legislador no lo excluye en el art. 1558 y el art. 69 de la Ley 16.744 expresamente lo hacen procedente” (C. Sup., 16 de julio de 1997, RDJ, t. XCIV, sec. 3ª, p. 94). En otro pronunciamiento, la Corte Suprema señala que el daño moral, siguiendo las tendencias doctrinales modernas, puede entenderse comprendido en la expresión “daño emergente” que utiliza el art. 1556 (C. Sup., 5 de noviembre de 2001, G.J. Nº 257, p. 39). 25 En Francia, se ha discutido sobre el fundamento de la regla que restringe la indemnización contractual a los perjuicios previstos (art. 1150). Algunos piensan que es la aplicación de la exigencia de relación de causalidad; otros que es el respeto al principio de la autonomía de la voluntad; finalmente hay quienes piensan que, al menos modernamente, no es más que una opción de política legislativa que buscar impedir una carga demasiado gravosa que pueda llegar a impedir o paralizar la libre iniciativa. Cfr. VINNEY, GENEVIÈ, La responsabilité: effets. Traité de Droit Civil (Jacques Ghestin) V, LGDJ, Paris, 1988, pp. 436-441). 1919
  18. 18. LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 9º) Cláusulas modificatorias de responsabilidad: Estas cláusulas son más usuales en la responsabilidad contractual que en la extracontractual. Por ello algunas de estas cláusulas son excluidas en los contratos de adhesión. Así lo establece expresamente la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor, en su art. 16, letra e. 10º) Competencia judicial: La responsabilidad contractual puede sujetarse antes de su surgimiento a un juicio arbitral. No parece procedente esto en materia de responsabilidad extracontractual, en la que el autor del delito o cuasidelito y la víctima no tienen relación jurídica entre sí. A falta de compromiso, la acción de responsabilidad contractual debe ejercerse ante los jueces de letras de jurisdicción civil y si se reclama una indemnización dineraria, deberá conocer el juez del lugar que las partes hayan estipulado en el contrato y, a falta de estipulación, el del domicilio del demandado (art. 138 COT). La acción de responsabilidad extracontractual se interpondrá ante el juez letrado con jurisdicción civil, pero del lugar del domicilio del demandado (art. 134 COT). En los casos en que el ilícito es castigado penalmente, ambos tipos de responsabilidad pueden hacerse valer ante el juez del crimen competente según las reglas del proceso penal. Si el ilícito es contravencional de conocimiento de los juzgados de policía local, estos serán competentes para conocer de las demandas civiles de indemnización. 11º) Ley aplicable: La determinación de la ley aplicable, sea en cuanto al territorio o en cuanto al tiempo, tiene matices diferentes según se trata de responsabilidad derivada de contrato o de responsabilidad por ilícitos extracontractuales. La responsabilidad del contrato se rige por la ley vigente en el lugar y tiempo en que fue otorgado (arts. 16 del Código Civil y 22 Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes26 ), salvo que se trate de un contrato otorgado en el extranjero, caso en el cual si la responsabilidad se hace valer ante los tribunales chilenos, deberá acogerse a las leyes chilenas, en conformidad con el inciso 3º del art. 16. La responsabilidad por un delito o cuasidelito civil se rige por la ley del lugar y tiempo en que se hubiere cometido el hecho ilícito.27 12º) Prescripción de la acción: En la responsabilidad contractual se aplican las reglas comunes de la prescripción (art. 2515); en la responsabilidad extracontractual se establece una prescripción especial de cuatro años (art. 2332). d) Interconexiones entre responsabilidad contractual y extracontractual d.1) Cúmulo o concurso de responsabilidades La doctrina y los tribunales se han preguntado si un mismo hecho puede dar lugar a responsabilidad civil contractual y extracontractual a la vez, y cuál de las regulaciones debería aplicarse. Al menos tres posturas pueden distinguirse al respecto: a) La teoría de la no acumulación (el non cumul de la jurisprudencia francesa), según la cual existiendo contrato las reglas de la responsabilidad contractual excluyen la aplicación de las normas de la responsabilidad delictual; b) La teoría del cúmulo opcional o concurso de acciones (seguida por la jurisprudencia italiana), de acuerdo con la cual la víctima dispondría de dos acciones y podría optar entre ejercer una u otra; y c) La teoría del concurso de normas, en virtud de la cual la acción es una sola: la petición de reparar los perjuicios, por lo que perfectamente pueden ser aplicables al supuesto de hecho normas propias de la responsabilidad contractual en ciertos aspectos y normas de la responsabilidad extracontractual para otros.28 Esta 26 La excepción que contempla el art. 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes respecto a que “las penas para el caso de infracción a lo estipulado en ellos” se regirán por las leyes vigentes a la fecha de comisión de la infracción, no se refiere a la responsabilidad civil, ya que ésta no tiene el carácter de pena. 27 ALESSANDRI, A., ob. cit., Nº 26, p. 51. 28 Cfr. CAVANILLAS MUGICA, SANTIAGO, y TAPIA FERNANDEZ, ISABEL, La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992, pp. 59 y ss. Los autores se decantan por aplicar al derecho español la teoría de la confluencia indistinta de normas de acuerdo a la finalidad teleológica de cada una de ellas. 2020
  19. 19. CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES elección puede considerarse un derecho de la víctima, la que elegiría las normas más favorables (se habla entonces de cúmulo amplio o efectivo) o reservarse a la interpretación judicial. En general, el “cúmulo efectivo” es considerado una posición demasiado extrema. Se discute, en cambio, la procedencia del “cúmulo de opción” o la del concurso de normas sujetas a interpretación judicial. La cuestión tiene alcance práctico, ya que las reglas de una y otra responsabilidad son diferentes, y bien podría a la víctima convenir más una que otra (por ejemplo, para acreditar la culpa, para evitar la excepción de prescripción, para eludir una limitación del grado de culpa o del monto indemnizable pactado en un contrato, etc.). La doctrina chilena, en su mayor parte, se pronuncia por la teoría de la no acumulación fundada en la obligatoriedad y primacía de la voluntad de las partes expresada en el contrato. Escribe Alessandri: “Cuando las partes o la ley, supliendo o interpretando la voluntad de aquéllas (art. 1547), han determinado la culpa de que responderá el deudor, lo han eximido de responsabilidad o han limitado ésta en tal o cual forma, esa voluntad es ley (art. 1545). Admitir que el acreedor pueda prescindir del contrato y perseguir la responsabilidad del deudor fuera de sus términos con arreglo a los arts. 2314 y siguientes del Código Civil, sería destruir la fuerza obligatoria de la convención…”.29 Sólo admite el cúmulo de opción cuando las partes así lo hayan convenido y cuando la infracción al contrato constituye un delito o cuasidelito penal. Igual piensan Carlos Ducci30 y Abeliuk.31 En contra, se pronuncia Orlando Tapia32 y, más recientemente, Rodrigo Borcia.33 La jurisprudencia chilena ha sido reacia a aceptar el cúmulo. Algunas veces esto va en beneficio de las víctimas, ya que se entiende que las releva de la carga de probar la culpa bastando con acreditar el incumplimiento (C. Sup., 30 de junio de 1915, RDJ, t. XIII, sec. 1ª, p. 110; C. Sup., 1º de diciembre de 1917, RDJ, t. XV, sec. 1ª, p. 302). En otras funciona en perjuicio del demandante, ya que le impide el resarcimiento del daño moral, que, en esta época, es considerado propio de la responsabilidad aquiliana y no de la contractual (C. Sup., 18 de abril de 1950, RDJ, t. XLVII, sec. 1ª, p. 127). Existe, empero, una antigua sentencia que recayó en un proceso de responsabilidad por daños causados en un accidente ferroviario y que, implícitamente, acogió la tesis del “cúmulo efectivo”, ya que calificó el hecho como cuasidelito, y no obstante lo cual aplicó la presunción de responsabilidad del porteador prevista en el Código de Comercio para el contrato de transporte (C. Sup., 13 de diciembre de 1920, G. 1920, 2º sem., Nº 67, p. 357). En 1951 la Corte Suprema vuelve a reafirmar la tesis de la separación de responsabilidades, pero juzga que si las partes han pactado en el contrato (de transporte) la aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual, debe estarse a lo pactado (C. Sup., 3 de julio de 1951, RDJ, t. XLVIII, sec. 1ª, p. 252). No parece haber problemas tampoco para acoger el cúmulo de opción, cuando la infracción contractual constituye a la vez un ilícito penal (C. Stgo., 19 de agosto de 1983, RDJ, t. LXXX, sec. 2ª, p. 79).34 En los últimos años existe una cierta indecisión: hay pronunciamientos categóricos en contra de la posibilidad de la opción y que imponen la aplicación de la normativa contractual (C. Stgo., 14 de julio de 1994, RDJ, t. XCII, sec. 2ª, p. 85; C. Stgo. 8 de septiembre de 1992, RDJ, t. LXXXIX, sec. 2ª, p. 129; C. Sup. 30 de julio de 1991, RDJ, t. LXXXVIII, sec. 1ª, p. 40; C. Stgo. 4 de noviembre de 1999, RDJ, t. XCVI, sec. 2ª, p. 100). Pero en otras sentencias se abre la posibilidad de recurrir a la vía extracontractual, no obstante la presencia de un contrato: la Corte de Santiago, en fallo de 1993 en el que se analizaba la responsabilidad de una clínica en el tratamiento de un enfermo, ha dicho que “La existencia de una relación contractual no impide al actor demandar la indemnización de daños conforme a las reglas de la responsabilidad extracontractual” (C. Stgo., 23 de enero de 1993, G.J. Nº 151, p. 54). No obstante, la misma Corte, esta vez tratándose de un contrato de obra pública, ha dicho que “siendo el fundamento de la demanda la responsabilidad contractual (contrato de obra pública) de la parte demandada, no procede que al mismo tiempo se dirija acción en su contra por la responsabilidad extracontractual o delictual que nacería de los mismos hechos” (C. Stgo. 8 de septiembre de 1992, RDJ, t. LXXXIX, sec. 2ª, p. 129). Una sentencia más 29 ALESSANDRI, A., ob. cit., Nº 46, p. 84. 30 DUCCI CLARO, CARLOS, Responsabilidad civil (extracontractual), Empresa periodística El Imparcial, Santiago, 1936, p. 13. 31 ABELIUK, RENE, ob. cit., t. II, Nº 935, pp. 834-835. 32 TAPIA, O., ob. cit., pp. 367 y ss. 33 BARCIA LEHMANN, RODRIGO, “Algunas consideraciones sobre el principio de responsabilidad”, en AA.VV., Instituciones Modernas de Derecho Civil. Homenaje al profesor Fernando Fueyo Laneri, Conosur, Santiago, 1996, pp. 562 y ss. 34 Señala el fallo: “Se ha estimado por la doctrina y la jurisprudencia que cuando la inejecución de una obligación contractual constituye, a la vez, un delito o un cuasidelito penal, el acreedor puede invocar la responsabilidad contractual o la delictual o cuasidelictual, a su arbitrio, conforme a lo previsto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 2314 y siguientes del Código Civil…” (C. Stgo., 19 de agosto de 1983, RDJ, t. LXXX, sec. 2ª, p. 79). Como es lógico, se advierte que para que prospere la acción civil de responsabilidad extracontractual deberá acreditarse la responsabilidad penal en el proceso criminal correspondiente. 2121
  20. 20. LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL reciente de la Corte de Apelaciones de Concepción, no casada por la Corte Suprema, reconoce que la existencia de un contrato entre empleador y trabajador no excluye la posibilidad de que éste demande por la vía extracontractual (C. Sup. 17 de marzo de 1997, RDJ, t. XCIV, sec. 3ª, p. 26). En nuestro criterio, procede el concurso de responsabilidades cuando prescindiendo del contrato, el daño causado sería igualmente indemnizable por generar responsabilidad extracontractual. No vemos por qué esto sólo podría ser aplicable, como sostiene la doctrina tradicional, únicamente cuando el hecho sea sancionable penalmente.35 Lo mismo debiera aplicarse, por imperativos lógicos, cuando el ilícito es sancionado por normas civiles o contravencionales o por violación del principio general del neminem laedere. Ahora bien, si el comportamiento dañoso es ilícito con prescindencia de la norma contractual, tendremos configurado el presupuesto normal de procedencia de la acumulación de regímenes reparatorios. Pero es necesario avanzar un poco más: pensamos que, no obstante lo anterior, el cúmulo no será admisible y deberá aplicarse imperativamente el régimen contractual cuando las partes lo hayan expresamente establecido en el contrato o cuando, a falta de estipulación expresa, el sometimiento a la distribución de los riesgos previstos en el contrato es una cláusula que emana de la naturaleza de la relación contractual o es impuesta por el principio de buena fe. En efecto, si existen cláusulas contractuales que regulan la distribución de ciertos daños previsibles en ejecución del contrato, sería contrario a la buena fe que se admitiera a una de las partes eludir esas cláusulas invocando las normas de responsabilidad extracontractual.36 Esta especie de presunción de que las partes han valorado y asumido los riesgos propios de la ejecución del contrato será aplicable para aquellos acuerdos en los que ambas partes han libremente determinado su contenido. No puede decirse lo mismo respecto de los contratos de adhesión o predispuestos, en los que sería irreal estimar que las personas o consumidores han realizado una valoración de la carga de los riesgos al contratar.37 En los casos en los que procede, la opción de acciones corresponde, a nuestro juicio, al demandante, y debe ejercerla al momento de interponer la demanda. No procede que demande nuevamente por la otra responsabilidad; en tal caso podría ser procedente la excepción de litispendencia para evitar el doble juicio. Si una de las demandas ha sido fallada, no podría interponerse una nueva acción fundada en la otra forma de responsabilidad (se ha fallado que si la responsabilidad contractual ha sido materia de un contrato de transacción, procede la excepción de cosa juzgada frente a la demanda que, fundándose en los mismos hechos, pretende indemnización por la vía extracontractual: C. Stgo., 4 de noviembre de 1999, RDJ, t. XCVI, sec. 2ª, p. 100).38 Interpuesta la acción elegida, habrá de estarse plenamente a su régimen jurídico, sin que le sea admitido al actor invocar beneficios jurídicos que correspondan al régimen de la acción no deducida. La tesis del concurso normativo parece presentar demasiados frentes abiertos a la discrecionalidad y 35 Pueden verse las críticas que a esta posición formula MAZEAUD, H., ob. cit., p. 71. 36 Cfr. DIEZ-PICAZO, L., ob. cit., pp. 266-267, señala que la opción no puede tener lugar en aquellos casos en los que el contrato contiene reglas de específica distribución de los riesgos o incluso reglas contractuales sobre la distribución de los daños previsibles. Comenta el ejemplo de Monateri consistente en que los organizadores de un raid aéreo con antiguos aeroplanos habían acordado con los periodistas que asistieran a cubrir el evento que no responderían de los riesgos de accidentes. Al caer un aeroplano murió uno de los periodistas, y para evitar la cláusula de asunción de riesgos del contrato, se pretendió invocar la responsabilidad extracontractual. Tal demanda fue correctamente desestimada. MAZEAUD, H., ob. cit., pp. 68 y ss., excluye la posibilidad del cúmulo toda vez que las partes han previsto en el contrato la responsabilidad en la que se incurrirá en caso de incumplimiento o cuando pactan que se apliquen reglas de responsabilidad menos severas que las contempladas para la responsabilidad extracontractual. 37 YZQUIERDO, M., ob. cit., p. 105: “Cuando los contratantes tienen la ocasión de pactar, de asumir los riesgos conscientemente, de ‘verse las caras’, en una palabra, la regulación por ellos querida desplazará a las normas extracontractuales, y allí sí es lógico seguir manteniendo la dualidad de sistemas … Pero tanto más nos alejemos del modelo de la autonomía contractual, tanto más recomendable será unificar las esras, no ya sólo desde el punto de vista metodológico, sino también en el orden de las consecuencias prácticas”. 38 Sobre la aplicación de la cosa juzgada a los supuestos de concursos de acciones, cfr. ROMERO SEGUEL, ALEJANDRO, La cosa juzgada en el proceso civil chileno. Doctrina y jurisprudencia, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2002, pp. 83-87. 2222
  21. 21. CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES conlleva una desnaturalización por conmixtión de los regímenes de responsabilidad, que, siendo diferentes, deben mantener su regulación en todos los supuestos regidos por ellos. No hay propiamente cúmulo de responsabilidades si un hecho reviste las características de incumplimiento contractual para una persona y al mismo tiempo genera un daño para otra persona no vinculada por el contrato. Así, por ejemplo, si por negligencia de un empleado bancario un banco protesta indebidamente unos cheques de una sociedad, y ello causa un daño a la persona natural que es representante de la persona jurídica, se acepta que se interpongan conjuntamente las acciones de responsabilidad contractual (de la sociedad contra el banco) y de responsabilidad extracontractual (de la persona natural afectada contra el mismo banco). Las acciones diversas pueden acumularse en vía principal, ya que pueden emanar de los mismos hechos (en la terminología procesal estaríamos frente a un litisconsorcio voluntario simple). No hay tampoco cúmulo cuando se imputa a uno de los contratantes haberse puesto voluntariamente en la imposibilidad de cumplir el contrato, como parece sostenerlo el fallo de la C. Sup., 26 de enero de 2000, RDJ, t. XCVII, sec. 1ª, p. 36, al estimar acreditada la responsabilidad extracontractual de un promitente vendedor que se pone en imposibilidad de cumplir con la promesa por la enajenación a un tercero del bien prometido. El hecho ilícito aquí no es la enajenación en sí, sino el incumplimiento contractual en el que se resuelve la conducta. Hay por tanto responsabilidad contractual y no extracontractual. d.2) Ejercicio conjunto de acciones de responsabilidad contractual y extracontractual En los casos en los que se admite el cúmulo, puede preguntarse si es admisible que se ejerzan simultáneamente por la víctima en un mismo proceso la acción de responsabilidad contractual y la de responsabilidad extracontractual. En la medida en que concordemos en la procedencia del cúmulo de opción, el demandante podrá deducir ambas acciones, pero una en subsidio de la otra, ya que ambas deben entenderse incompatibles entre sí (art. 17.2 CPC).39 Cuando un mismo hecho importa responsabilidad contractual para las partes y extracontractual para un tercero, no habrá inconvenientes en admitir la acumulación procesal de ambas acciones, en conformidad al art. 18 CPC, ya que las acciones proceden directa e inmediatamente del mismo hecho. La Corte de Santiago declaró que, si bien el problema del cúmulo de opción de responsabilidades en nuestro Derecho es cuestión discutida, “no es la que se ha ejercido en autos. En el caso en que nos ocupa, quien mantuvo y mantiene una relación contractual con el banco ha demandado la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de cuenta corriente mientras que … [un] tercero ajeno a la relación contractual ha demandado la indemnización de perjuicios que se le han causado conforme a las normas de responsabilidad extracontractual. Ambas peticiones no se contraponen y pueden, como se ha dicho, interponerse en forma simultánea y no en subsidio una de otra” (C. Stgo., 27 de diciembre de 1996, G.J. Nº 198, p. 55). d.3) Derecho común en materia de responsabilidad Tradicionalmente se ha sostenido en Chile que las normas de responsabilidad contractual son el derecho común en la materia, mientras que las de responsabilidad extracontractual constituirían la excepción (Claro Solar,40 Alessandri,41 Abeliuk42 ). De esta manera, la responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones cuasicontractuales y de obligaciones simplemente legales se regiría por los principios y criterios normativos de la responsabilidad contractual. Se cita en apoyo de esta tesis el contenido de los arts. 201, 250, 391, 427, 2308 y 2288, que hablan de culpa leve, de buen padre de familia y culpa levísima, etc. (graduaciones de culpa admisibles sólo en el terreno contractual), no 39 Se trataría de lo que la doctrina procesalista llama “acumulación eventual de acciones”. Cfr. ROMERO SEGUEL, ALEJANDRO, La acumulación inicial de acciones (Artículos 17 y 18 del Código de Procedimiento Civil), Conosur, Santiago, 2000, pp. 80 y ss. 40 CLARO SOLAR, L., ob. cit., t. XI, Nº 1067, pp. 521-523. 41 ALESSANDRI, A., ob. cit., Nº 28, p. 54. 42 ABELIUK, R., ob. cit., t. II, Nº 929, pp. 761-762. 2323
  22. 22. LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL obstante referirse a obligaciones legales o cuasicontractuales. En oposición a este criterio, Ducci defiende que las normas supletorias son las de los arts. 2314 y siguientes relativas a los delitos y cuasidelitos civiles.43 En Francia, en cambio, prevalece la opinión de que la responsabilidad extracontractual constituye el régimen general.44 En Italia, De Cupis postula que en la denominación de daño contractual debe considerarse todo incumplimiento de una obligación preexistente, aunque no sea de origen contractual.45 En un fallo reciente la Corte de Apelaciones de Santiago, sin plantearse el problema de manera explícita, parece seguir la tesis tradicional, pues afirma que la prescripción que se aplica a la responsabilidad generada por el incumplimiento de una obligación de origen legal, no es la del art. 2332, sino la general aplicable a las acciones contractuales (art. 2515).46 A nuestro juicio, las normas comunes en materia de responsabilidad por hechos ilícitos son las del título XXXV del libro IV del Código Civil, esto es, las de responsabilidad por obligaciones no convencionales. El argumento de que existen artículos que tratándose de obligaciones no contractuales emplean conceptos aplicables a la responsabilidad contractual es demasiado literalista para resultar convincente. Por otro lado, está claro que las reglas de responsabilidad contractual fueron dispuestas para su aplicación en el marco de una relación contractual y no corresponde una aplicación extensiva.47 Tal vez, quepa propiciar una solución intermedia, distinguiendo el tipo de obligación: si se trata de obligaciones derivadas de un cuasicontrato, asemejándose éste a la regulación convencional, pueden aplicarse las normas de la responsabilidad contractual (y por lo cual resultarían congruentes los arts. 2287, 2288 y 2308, que suponen la graduación de la culpa); pero si se trata de obligaciones legales, la normativa a aplicar será la de la responsabilidad extracontractual, destinada justamente a regular los casos de violación de un principio jurídico general, como el de no dañar a otro injustamente.48 d.4) Responsabilidad precontractual La solución que se dé al problema anterior sirve para determinar cuál es el régimen de la llamada responsabilidad precontractual, esto es, la que se genera por el daño causado en las fases preparatorias que aún no han concluido en la celebración de un contrato. Fue Rudolf von Ihering quien forjó la teoría de la culpa in contrahendo asentando que la diligencia propia del contrato no sólo se exigía en las relaciones ya establecidas, sino también a las relaciones contractuales en vías de formación. Por ello la responsabilidad del que genera un daño en esta etapa debía ser considerada contractual.49 Saleilles, en Francia, acuña el término de responsabilidad “precontractual”, y fundamenta la obligación de 43 DUCCI, C., Responsabilidad…, cit., pp. 8 y ss. 44 MAZEAUD, H., ob. cit., pp. 7-10; CARBONIER, JEAN, Droit Civil, Paris, 1972, t. IV, Nº113, p. 424. 45 DE CUPIS, ADRIANO, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, trad. A. Martínez Sarión, Bosch, Barcelona, 1975, pp. 133 y ss. 46 La Corte de Apelaciones de Santiago, en relación con la obligación del Fisco dispuesta por la Ley Nº 8.886, de 7 de octubre de 1949 (que autoriza al Presidente de la República para entregar a un particular terrenos fiscales), rechazó el criterio del juez de primera instancia que había acogido la excepción de prescripción aducida por el Fisco en virtud del artículo 2332 del Código Civil. La Corte modifica la sentencia y, reconociendo expresamente que se trata de una obligación ex lege, declara la prescripción, pero en virtud del art. 2515 del Código Civil. Debe notarse, sin embargo, que recomienda al Presidente de la República cumplir la obligación como natural (C. Stgo., 17 de junio de 1991, RDJ, t. LXXXVIII, sec. 2ª, p. 68). 47 Sobre los argumentos de una y otra posición, cfr. BORCIA, R., ob. cit., pp. 559-560. 48 MAZEAUD, H., ob. cit., p. 8, rechaza esta posibilidad, sostenida en 1891 por Rourd di Card, por considerar que parte de la errada concepción de que los cuasicontratos son asimilables a los contratos. Es evidente, sin embargo, que la obligación de los cuasicontratos son obligaciones que se aproximan a las contractuales no en la génesis (donde no hay consentimiento), pero sí en su estructura. 49 El famoso ensayo de R. von Ihering se titula “Culpa in contrahendo, oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen”, y fue publicado en los Iherings Jahrb. f. d. Dogm., 1860, pp. 1 y ss. Una síntesis de su posición en CLARO SOLAR, L., ob. cit., t. XI, Nº 1073, pp. 530-533. 2424
  23. 23. CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES indemnizar por parte de aquel que causa daño por el retiro arbitrario de las negociaciones previas al contrato, en la creación por la voluntad de una seguridad parcial cuya extensión debe buscarse en los usos y la equidad comerciales.50 La fundamentación contractualista de la responsabilidad precontractual ha tenido defensores en la doctrina nacional.51 Como se mantiene que el derecho común lo conforman las reglas de la responsabilidad contractual, se estima que ellas también deben aplicarse a supuestos de responsabilidad en la formación de los contratos, ya que se trata del incumplimiento de obligaciones legales, como las de indemnizar en caso de retractación tempestiva de la oferta o de falta de aviso de la retractación de la oferta en caso de aceptación no oportuna (arts. 98 y 100 CCom).52 Para Hugo Rosende Alvarez,53 deben distinguirse las distintas etapas que pueden presentarse en la formación del contrato: – Tratativas: Si hay convención que las regule, se aplicará la responsabilidad contractual; si no la hay, deberá aplicarse la responsabilidad extracontractual; – Oferta: El Código de Comercio establece el derecho a pedir indemnización en los casos de retractación tempestiva de la oferta (art. 100 CCom) y de omisión del aviso de retractación de la oferta en caso de aceptación extemporánea (art. 98 CCom). El primer caso sería un supuesto de responsabilidad legal, con aplicación subsidiaria de las reglas de la responsabilidad contractual. En cambio, para el caso de omisión del aviso de la retractación de la oferta, deben aplicarse las normas de la responsabilidad delictual (no existe vínculo preexistente, ya que la oferta ha caducado). – Cierre de negocio: El cierre de negocios suele proceder cuando se trata de contratos que, además del consentimiento, requieren la realización de formalidades ulteriores. Se trata de una oferta aceptada, pero sin reunir aún los elementos de perfección del contrato. Aquí existiría una responsabilidad cuasicontractual (hecho voluntario no convencional que produce obligaciones), que se regiría por las reglas de la responsabilidad contractual. – Contrato preparatorio: Si se ha ya acordado un contrato preparatorio o preliminar, la responsabilidad que origine su incumplimiento será contractual. Así, el incumplimiento de un contrato de promesa de celebrar un contrato origina responsabilidad contractual. En nuestro criterio, las reglas de responsabilidad aplicables a los casos de obligaciones legales relacionadas con la oferta deben ser complementadas por las normas de la responsabilidad extracontractual. En caso del cierre de negocios, no parece sencillo visualizar un verdadero cuasicontrato, ya que existe una convención (oferta aceptada). Por ello su incumplimiento originará responsabilidad contractual, pero siempre y cuando sea reconocido como válido y eficaz como convención innominada. En caso contrario la responsabilidad por su ruptura será extracontractual por violación del principio general de la buena fe. Como sostiene Ducci no parecía equitativo autorizar la indemnización en caso de retractación tempestiva de la oferta y negarla en caso de revocación de este negocio precontractual.54 La institución de las arras en garantía que regulan los arts. 1803 y 1804 traducen la posibilidad de regular anticipadamente la indemnización de perjuicios por ejercicio del derecho a la retractación antes de la perfección del contrato. 50 SALEILLES, R., “De la responsabilidad precontractual. A propósito de un estudio sobre la materia”, en RDJ, t. V, Derecho, pp. 127-160, especialmente pp. 152-155. 51 RISUEÑO, MANUEL MARIA, “De las obligaciones precontractuales”, en RDJ, t. XXXI, Derecho, pp. 42-72, según el cual el acto desleal según la costumbre o los usos sociales no es un delito o cuasidelito civil, “sino una violación de la buena fe con que debe procederse en las convenciones de negocios, enteramente análoga a la culpa contractual” (p. 92). 52 ALESSANDRI, A., ob. cit., Nº 29, p. 57, pero aclara que si se trata de la ruptura dolosa o culposa de tratativas meramente preliminares, habrá responsabilidad extracontractual. En el mismo sentido, ABELIUK, R., ob. cit., t. II, Nº 931, p. 764. 53 ROSENDE ALVAREZ, HUGO, “La responsabilidad precontractual en la formación del consentimiento en los contratos reales y solemnes”, en AA.VV., Instituciones Modernas de Derecho Civil. Homenaje al profesor Fernando Fueyo Laneri, Conosur, Santiago, 1996, pp. 337 y ss 54 DUCCI, CARLOS, Derecho Civil. Parte general, Editorial Jurídica de Chile, 3ª edic., Santiago, 1988, pp. 234 y 235. 2525
  24. 24. LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL En doctrina comparada suele prevalecer el criterio contractualista. Esta es la opinión que predomina en el panorama doctrinal español.55 También lo propicia De Cupis en el ámbito italiano considerando preferible la teoría extracontractualista, pero señala que el daño causado en las tratativas preliminares al establecer el art. 1337 del Código Civil italiano el deber de proceder de buena fe, resultaría ser una responsabilidad contractual.56 No obstante, la jurisprudencia señala que la norma del art. 1337 es un supuesto de responsabilidad extracontractual, y así lo sostiene una gran parte de la doctrina.57 d.5) La responsabilidad del que causa la nulidad de un contrato La doctrina extranjera se ha preguntado sobre el régimen de responsabilidad que debe aplicarse a los casos de ilícitos cometidos por una de las partes en contra de otra cuando ha existido un contrato entre ellas, pero ha sido declarada su nulidad, y particularmente cuando uno de los contratantes generó con su conducta dolosa o imprudente el vicio constitutivo del acto. Para algunos la teoría de la culpa in contrahendo puede fundamentar la idea de que se trata de responsabilidad contractual, en el sentido de que existiría un acuerdo tácito entre las partes de hacer todo lo posible por no incurrir en causales de nulidad. La solución no es compartida por quienes, con razón, denuncian su irrealidad. Si no hay contrato válido, no puede haber responsabilidad por incumplimiento contractual y debe aplicarse entonces el régimen de la responsabilidad aquiliana. Esto es manifiesto en caso de nulidad absoluta, pero se aplica incluso a los supuestos de nulidad relativa por vicios del consentimiento.58 En Chile, de la previsión del art. 1455.2, que obliga a indemnizar en caso de que el error en la persona produzca la nulidad de un contrato, puede deducirse que si existe dolo o culpa en la celebración de un contrato que deviene nulo se produce responsabilidad. La doctrina nacional estima que la responsabilidad es extracontractual ya que la nulidad del contrato impedirá la generación de responsabilidad contractual.59 Lo propio debe decirse si el defecto no es vicio de nulidad, sino la falta de un elemento constitutivo cuya ausencia produce la inexistencia del contrato, como, por ejemplo, la inexistencia de la cosa vendida. En este caso, sin embargo, el art. 1814 exige dolo, es decir, haber obrado a sabiendas de que la cosa no existía en todo o en parte. Para el mandato, se prevé que si el mandatario ejecuta de buena fe un mandato nulo, se convierte en agente oficioso (art. 2122), y por tanto, cabría responsabilidad que, según las diferentes posiciones, podría regularse por la responsabilidad contractual. d.6) Responsabilidad poscontractual La doctrina se ha cuestionado cuál de los dos regímenes debe regir para la reparación de los daños causados por una de las partes a otra con motivo de la celebración del contrato, pero por hechos posteriores a su expiración. Por ejemplo, si después de terminado un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios profesionales el trabajador o profesional trasfiere información reservada de la otra parte a empresas de la competencia. Se plantea también este problema respecto de la facultad de revocación o terminación que tiene una de las partes y que es ejercida abusivamente (por ejemplo, en los contratos de trabajo con la facultad del empleador de despedir al trabajador). Algunos ven aquí casos de proyección de la responsabilidad contractual por entender que existen acuerdos tácitos que pueden sobrevivir al contrato mismo (de secreto, de no concurrencia). Para otros, esta construcción elude la realidad: que el contrato ha expirado y no puede regir la responsabilidad que 55 DE ANGEL, R., ob. cit., pp. 74 y ss. 56 DE CUPIS, A., ob. cit., p. 167. 57 Cfr. PALMIERI, DAVIDE, La responsabilità precontrattuale nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 106 y ss. 58 MAZEAUD, H., ob. cit., pp. 23-31. 59 ALESSANDRI, A., ob. cit., Nº 30, p. 58. En contra sostiene que la fuente de esta responsabilidad es la ley, si bien supone dolo o culpa, RODRIGUEZ GREZ, PABLO, Inexistencia y nulidad en el Código Civil chileno, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1995, pp. 300-303. 2626
  25. 25. CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES se genera con posterioridad, de modo que se postula la aplicación del régimen extracontractual.60 Nos inclinamos por este segundo partido, pero con la salvedad de que si la ley sanciona el ejercicio abusivo de la facultad de poner término a un contrato con la conservación del contrato, la responsabilidad que se genera será contractual. 2. RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD PENAL a) Diferencias entre ambas responsabilidades Es posible reconocer varias diferencias que distinguen la responsabilidad civil extracontractual de la responsabilidad penal. A saber: 1º) Capacidad o imputabilidad del responsable: Las reglas de capacidad o imputabilidad para responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad penal no coinciden. Cfr. art. 10, Nos 1, 2 y 3 CP, y arts. 2318 y 2319 CC. 2º) Calidad del responsable: La responsabilidad penal sólo afecta a las personas naturales que participan en el hecho. La responsabilidad civil es más amplia: pueden incurrir en ella las personas jurídicas, pueden existir terceros civilmente responsables, la obligación se transmite a los herederos. Se establece así que “La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales” y que “por las personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto punible”, pero ello “sin perjuicio de la responsabilidad civil que afecta a la corporación en cuyo nombre hubieren obrado” (art. 39.2 CPP; art. 58.2 NCPP). La acción civil derivada de delito puede entablarse contra los terceros civilmente responsables en el antiguo proceso penal (art. 40 CPP), y en el nuevo ante el tribunal civil competente (art. 59.3 NCPP). 3º) Extensión de la reparación: La extensión de la responsabilidad penal se gradúa en atención a la gravedad del delito en cuanto atentado contra el orden social (ejemplo un homicidio es más grave que un hurto). La extensión de la obligación de reparar en la responsabilidad civil se determina en relación con el daño causado. 4º) Transmisibilidad de la responsabilidad: La responsabilidad civil es transmisible a los herederos tanto de la víctima como del responsable, por lo que la acción civil procede contra los herederos del imputado (art. 40 CPP; art. 58.2 NCPP). La responsabilidad penal es personalísima y se extingue por la muerte del responsable (art. 93 Nº 1 CP). Sólo se transmite a los herederos la obligación de pagar una pena pecuniaria que, a la fecha de la muerte, ya estaba aplicada por sentencia ejecutoriada (art. 93 Nº 1 CP). 5º) Renuncia de la acción: La acción civil es siempre renunciable. En cambio, la acción penal puede ser renunciable, si se trata de acción privada, o irrenunciable, si se trata de acción pública (art. 56 NCPP). 6º) Transigibilidad de la acción: La acción penal, tanto pública como privada, no puede ser objeto de transacción; la acción civil sí (art. 2449 CC). En el nuevo proceso penal se contempla la posibilidad de que la víctima y el imputado, en ciertos casos previamente determinados (delitos que lesionan bienes jurídicos patrimoniales disponibles, delitos de lesiones menos graves y delitos culposos), lleguen a lo que el Código denomina “acuerdo reparatorio” y que versa obviamente sobre la responsabilidad civil. Aprobado el acuerdo por el juez, la acción penal resulta total o parcialmente extinguida, debiéndose sobreseer (art. 242 NCPP). En otros términos, frente a una transacción de la acción civil, el Estado renuncia a punir. Nos parece que con ello, atendiendo a razones utilitarias, se ha herido el principio de la intransigibilidad de la responsabilidad penal, consagrando lo que se denomina vulgarmente como “compra de la acción penal”. 7º) Prescripción de la acción: La prescripción de la acción penal se rige por el art. 94 CP (15 años para crímenes sancionados con las penas de muerte o presidio, reclusión o relegación perpetuos; 10 60 En este sentido, MAZEAUD, H., ob. cit., pp. 22-23. 2727
  26. 26. LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL años para los demás crímenes; 5 años, para simples delitos y 6 meses para faltas). En la responsabilidad civil, la acción prescribe en cuatro años desde la perpetración del ilícito (art. 2332). 8º) Tribunal competente: La responsabilidad penal sólo puede perseguirse ante tribunales con jurisdicción en lo criminal. La responsabilidad civil debe hacerse valer en los tribunales con jurisdicción civil, pero se admite, por razones de economía procesal, que se deduzca la acción civil en el tribunal que conoce del delito o cuasidelito penal que genera también responsabilidad civil. Algo similar sucede con los procesos contravencionales que son de competencia de los jueces de policía local, ante los que pueden sustanciarse conjuntamente la denuncia o querella infraccional y la demanda civil por responsabilidad. b) Régimen independiente de las acciones Aunque de un mismo hecho pueda generarse responsabilidad penal y responsabilidad civil extracontractual, la diferencia de régimen se manifiesta en varias previsiones normativas: 1º) Se pueden interponer en modo independiente: Para intentar la acción civil no es menester deducir previa o conjuntamente la acción penal, ni que una sentencia haya establecido el delito penal. Las dos acciones: civil y penal, pueden ejercerse en forma independiente, una ante el tribunal con jurisdicción civil y la otra en el proceso penal (art. 5º CPP; art. 59.2 NCPP). Por excepción las acciones civiles que tienen por objeto único la “restitución de la cosa”, deben necesariamente hacerse valer ante el tribunal que conoce del delito penal (art. 5º CPP; art. 59.1 NCPP). El Nuevo Código Procesal Penal impone la interposición separada de las acciones cuando se demandare la reparación de las consecuencias dañosas del hecho punible por parte de personas distintas de la víctima del delito o se dirigieren contra personas diferentes del imputado (art. 59.3 NCPP). Se restringe de esta manera la legitimación tanto activa como pasiva de la acción civil derivada de delito. Tratándose de los terceros civilmente responsables, esta exclusión del juicio penal unida a la eficacia civil de la sentencia penal en el proceso civil, planteará dificultades en cuanto al principio del debido proceso, ya que se invocará en contra de un tercero la sentencia de un proceso en el cual no tuvo oportunidad de participar.61 2º) Se extinguen por sus propios modos: La extinción de la responsabilidad civil no acarrea la de la responsabilidad penal, y viceversa: “Extinguida la acción civil, no se entiende extinguida por el mismo hecho la acción penal para la persecución del hecho punible” (art. 18 CPP; art. 65 NCPP). Si se dicta sentencia absolutoria en el juicio civil, esto no obsta a que pueda hacerse valer la responsabilidad penal por la acción penal pública (art. 14.2 CPP62 ). Por su parte, la extinción o falta de responsabilidad penal no implica necesariamente ausencia de responsabilidad civil: así, por ejemplo, las excusas legales absolutorias impiden aplicar la pena, pero dejan subsistente la ilicitud del hecho y la responsabilidad civil consiguiente; otras causas de extinción de la responsabilidad penal, como la muerte del procesado, el cumplimiento de la condena y el indulto no conllevan la extinción de la responsabilidad civil.63 Se ha fallado que de todos los cuasidelitos penales fluye la responsabilidad civil, pero no de todos los cuasidelitos civiles fluye responsabilidad penal (C. Stgo., 18 de octubre de 1956, RDJ, t. LIII, sec. 4ª, p. 138). Así, “es perfectamente concebible y armónico que un mismo hecho pueda calificarse como no constitutivo de cuasidelito criminal y ser, sin embargo, constitutivo de cuasidelito civil, ya que el Código Civil obliga a la indemnización de todo daño que pueda imputarse a negligencia de otra persona, lo que no puede constituir un cuasidelito penal, como acontece en el caso que la culpa no reúne los requisitos y circunstancias necesarios según la ley para producir responsabilidad criminal” (C. 61 En este sentido, DE LA FUENTE, FELIPE, “La acumulabilidad de la acción en el proceso penal”, en AA.VV., Derecho de Daños, LexisNexis, Santiago, 2002, pp. 138-140. 62 Aunque el Nuevo Código no conservó este precepto, es manifiesto que se aplica el mismo criterio. 63 Más duda existe sobre la amnistía, ya que según el art. 93 N° 3 CP ella no sólo extingue la pena sino todos sus efectos. Podría pensarse que desaparece la ilicitud, que sería un requisito para la responsabilidad civil. En contra, es posible argumentar que el Estado si bien puede olvidar el delito no puede disponer del derecho de un particular a ser indemnizado por un hecho ilícito (cfr. FONTECILLA, RAFAEL, “La responsabilidad civil derivada de delito”, en RDJ, t. XLII, Derecho, pp. 134). 2828
  27. 27. CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y FUNCIONES Chillán, 10 de agosto de 2000, G.J. Nº 244, p. 98; en el caso se afirmó la responsabilidad civil del empleador por la muerte de un trabajador, aunque había sido sobreseído en el proceso penal). 3º) La renuncia opera de manera independiente: Se ha sostenido que la renuncia de la acción penal privada (única permitida) no comporta la de la acción civil.64 La renuncia de la acción civil no implica la renuncia de la acción penal pública (cfr. art. 64 NCPP, que admite el desistimiento de la demanda civil en el proceso penal). Por excepción, la renuncia de la acción civil implica la renuncia de la acción penal privada (art. 12 CPP; art. 66 NCPP). c) La responsabilidad civil derivada de ilícito penal. Interconexiones Pero es evidente que existen muchas relaciones entre ambas responsabilidades, y ellas se reflejan en varios puntos de derecho procesal y de derecho sustantivo. Se habla entonces de la acción civil derivada del hecho punible. Para que exista esta concurrencia debe haber unidad de ilicitud en el hecho, es decir, el mismo hecho es ilícito penal y civilmente.65 La responsabilidad civil derivada de ilícito penal se suele relacionar únicamente con los delitos consumados de resultados, pero, aunque no sea lo común, lo cierto es que también los delitos de peligro (abstracto y concreto) pueden hacer surgir responsabilidad civil si la acción del culpable es causa de un daño (por ejemplo, de carácter moral).66 Lo mismo ha de decirse respecto del delito frustrado y la tentativa.67 La acción civil derivada de hecho punible no es una acción civil diferente de la acción ordinaria de responsabilidad civil. La acción no deriva propiamente del delito penal, sino de la concurrencia de los elementos del ilícito civil conjuntamente con los requisitos del hecho punible. De allí que sea más correcto hablar de acciones civiles ejercitables en el proceso penal.68 No obstante, se producen una serie de interconexiones entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal cuando concurren respecto de un mismo hecho: 1º) Interposición obligatoria de acción civil en el proceso penal: No puede ejercitarse separadamente la acción civil proveniente del hecho punible que tiene por objeto la restitución de una cosa, que debe ser deducida precisamente ante el juez que conozca del respectivo proceso penal (art. 5º CPP; art. 59.1 NCPP). En realidad esta acción restitutoria, si bien es civil, no es propiamente de responsabilidad, porque el demandante no procede a título de perjudicado sino como dueño, poseedor o, en su caso, mero tenedor de la cosa. Se tratará de una acción reivindicatoria, posesoria o las que tutelan la tenencia de las cosas.69 2º) Interposición facultativa de la acción civil en el proceso penal: Por comprensibles razones de economía procesal y para facilitar la reparación de los daños causados por el delito, la ley permite la interposición de las acciones civiles, que no sean simplemente restitutorias, en el juicio penal. 64 Cfr. ALESSANDRI, A., ob. cit., Nº 21, p. 37. 65 Se señala en consecuencia que para que pueda haber concurrencia de responsabilidades penal y civil, el fundamento de hecho de la demanda civil debe importar exclusivamente el mismo juzgamiento que reclama la responsabilidad penal: “Es decir, debe el órgano jurisdiccional estar en condiciones de emitir un solo juicio de ilicitud acerca del ‘hecho’ –acción u omisión de los encausados–, del que se desprendan tanto las consecuencias penales cuanto civiles que derivan de sus comportamientos” (RUIZ PULIDO, GUILLERMO, “La acción civil en el nuevo proceso penal”, en Revista de Derecho, Consejo de Defensa del Estado, año 1, N° 2, pp. 172-173). 66 Así, ACHIARDI ECHEVERRIA, CARLOS, “Sobre la procedencia de la responsabilidad civil ex delito en ciertas hipótesis penales”, en Revista de Derecho (Universidad Católica de Valparaíso), XX, 1999, pp. 196-200. 67 ACHIARDI, C., ob. cit., pp. 200-201, a los que agrega el supuesto del arrepentimiento o desistimiento que configura una causal de exclusión de la punibilidad. Si hay daño, deberá indemnizarse. 68 Cfr. DE LA OLIVA, ANDRES, en De la Oliva y otros, Derecho Procesal Penal, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1995, p. 238. En contra, aunque de lege ferendae, se pronuncia en nuestra doctrina penal FONTECILLA, R., ob. cit., pp. 119-121, para quien la responsabilidad civil ex delito tiene fisonomía propia y debiera ser regulada por el Código Penal. 69 YZQ.UIERDO, M., ob. cit., pp. 466 y ss. En contra, FONTECILLA, R., ob. cit., p. 127 2929

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