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Derecho administrativo

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Derecho
•Potestadde hacer o exigircuantolaleyola autoridadestablece anuestrofavor,olo
permitidoporel dueñode unacosa.
•Consecuenciasnaturalesderivadasdel estadode unapersona,orelacionesconotrossujetos
jurídicos.Acciónsobre unapersonao cosa. Conjuntode leyes.
•Colecciónde principios,preceptosyreglasa que estánsometidostodosloshombresen
cualquiersociedadcivil,paravivirconforme ajusticiaypaz;y a cuya observanciapuedenser
compelidosporlafuerza.
DerechoPúblico
El DerechoPúblicoesel que regulael ejerciciodel ordenpúblicoytambiéncomosujeto
esencial al Estadoque se ubicaen una relaciónde supraordinaciónrespectoalosdemás
sujetosque integrandicharelación.(SegúnManuel De JesúsRamírez).
Derecho Político
Elementos constitutivos son: lo jurídico y lo político.
Este no debe de ser confundido con la política, consiste en la ciencias prácticas
aplicada al Estado
El Derecho político es la rama de la ciencia jurídica que estudia la teoría general del
Estado. Esta teoría comprende; el concepto de estado, sus elementos constitutivos,
soberanía, organización, funciones, fines, personalidad y forma de Estado y
gobiernos
Derecho Constitucional
Conjunto de normas y principios que enuncia las garantías, determina la estructura
jurídica y las funciones del Estado.
Ciencia Jurídica que alcanza su autonomía en el siglo XVIII
Piramide de Kesnel
Constitución, Leyes, Decretos, Decretos Reglamentarios, Resoluciones Supremas,
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El Derecho se dividió en dos categorías:
Derecho Público y Derecho Privado
Derecho público hace referencia a las normas que ordenan y regulan a los órganos
públicos (estatales) entre sí, y entre los privados y públicos; mientras que en el
derecho privado los órganos públicos no entran en juego, regula las actividades de
los particulares entre si.
Diferencia
•Derecho Público: es el conjunto de principios y normas que establecen la
estructura y funciones del Estado como ente con poder para regular las relaciones
con los particulares u otros Estados.
•Derecho Privado: es definido como el conjunto de principios y normas que regulan
las relaciones jurídicas entre particulares o entre estos sujetos y el Estado como
persona jurídica con calidad de parte.
Estado
•El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el
Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para
establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y
externa sobre un territorio determinado.
Derecho Administrativo
•Constituido por el conjunto de estructuras y principio doctrinales, y por las normas
que regulan las actividades directas o indirectas, de la administración pública como
órgano del poder constituido, la organización, funcionamiento y control de la cosa
pública; sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás
actividades estatales.
•Las actividades dinámicas del Estado se realiza a través de los actos de gobiernos,
sean éstos legislativos, administrativos o judiciales.
•La motivación de los actos administrativos es la atribución esencial del Poder
Ejecutivo.
El destinatario de las Normas Administrativas es la Administración Pública, entre
ellas cabe distinguir los tipos siguientes:
 Normas Destinadas a la Administración: La norma tiene destinatario único y
preferente a la administración pública, como las que regulan la organización
administrativa, cuya efectividad y aplicación no reclama la presencia de otro
sujeto.
 Normas que exigen la participación del Administrado: Están destinadas a ser
cumplidas por la Administración, pero su aplicación y efectividad no se
concibe sin la simultánea presencia de los administrados o ciudadanos.
 Normas destinadas a los Administrados: Normas cuyos destinatarios más
directos son los particulares o administrados, pero que presuponen, sin
embargo, la presencia vigilante de la Administración como garante de su
efectividad.
La responsabilidad del Estado
 El análisis de la responsabilidad del Estado por sus actividades funcionales
se relacionan en forma directa al carácter de administrador de c osa ajena de
los agentes del Estado y por la posible producción de daños en el ejercicio
de la actividad estatal.
 Los agentes estatales son administradores de las cosas del pueblo, conforme
con el principio republicando que informa la estructura del Estado
paraguayo.
Importancia
El estudio del Derecho Administrativo tiene la finalidad de identificar los principios y
las normas que orienta la actuación del Estado, Permite conocer las diferentes
modalidades del obrar administrativo del Estado y las entidades públicas menores,
la participación misma de los administrados, la forma de revisión de la actuación
administrativa, los recursos disponibles para su actuación y las responsabilidades
emergentes de la actuación estatal.
Relaciones con otras Disciplinas Jurídicas
El derecho Administrativo tiene una estrecha relación con las disciplinas jurídicas
siguientes:
 Derecho Constitucional.
 Derecho Tributario y Financiero.
 Derecho Penal.
 Derecho Procesal Penal.
 Derecho Procesal Civil.
 Derecho Laboral.
 Derecho Aduanero.
 Derecho Municipal.
Los Principios en el Derecho Administrativo
Los principios son los valores más relevantes del orden jurídico administrativo, base
de todo sistema normativo que forma el derecho administrativo. Los principios son
los valores del orden jurídico administrativo que debe formar toda la normativa y la
actividad de la Administración Pública. Es por ello que violar un principio es mucho
más grave que violar una norma, porque la violación del principio afecta a todo el
orden jurídico y no solamente una ventaja o desventaja establecida en la norma.
Los principios del Derecho Administrativo son los siguientes:
 Principio de Supremacía del Interés Público sobre el Interés Privado.
 Principio de Legalidad.
 Principio de Finalidad.
 Principio de Eficiencia.
 Principio de Continuidad.
 Principio de Jerarquía.
 Principio de Razonabilidad.
 Principio de Proporcionalidad.
 Principio de Motivación.
 Principio de Impersonalidad.
 Principio de Publicidad.
 Principio del Debido Proceso Legal.
 Principio de Moralidad Administrativa.
 Principio de Responsabilidad del Estado.
 Principio del Interés general.
 Principio de igualdad.
Protección Jurídica en Derecho Administrativo
•Necesidad de medios adecuados de protección jurídica.
•Recursos puramente administrativos.
•Obligación de pronunciamiento de la autoridad.
•Necesidad de medios adecuados de protección jurídica.
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•Obligación de pronunciamiento de la autoridad.
•Recurso de Reconsideración.
•Recurso jerárquico.
•Posibilidad constitucional de supresión o limitación de los recursos administrativos.
•Necesidad de reglamentación uniforme.
•Justicia Administrativa.
•Diversos sistemas de justicia administrativa.
•Necesidad de reglamentación uniforme.
•Justicia Administrativa.
•Contratos de la Administración.
Concepto de la Responsabilidad
Se entiende por responsabilidad en Derecho la condición o estado que hace
imputable a una persona la consecuencia jurídica (pena o reparación de daños) en
una omisión de la misma persona o de otra de un simple hecho.
Clases de Responsabilidad
 Las responsabilidades pueden ser OBJETIVA Y SUBJETIVA. La del estado
cualquiera sea la causa, solo pude ser objetiva pues carece de voluntad
propia y de culpa como todas las personas jurídicas.
 Otra clasificación que a nuestro objeto es la responsabilidad INDIRECTA
como lo es la responsabilidad de la Administración por actos antijurídicos de
sus agentes y la DIRECTA por actos jurídicos regulares, que le son
imputados a la Administración como si fueran propios de ella misma.
 Por último, la responsabilidad CONTRACTUAL y la EXTRACONTRACTUAL que
tratamos seguidamente por separado.
Responsabilidad Contractual
La responsabilidad Contractual que se rige por el Derecho Privado. Para nosotros
esto es válido respecto a todos los contratos de la Administración, incluso los
llamados “contratos administrativos”.
La responsabilidad recae sobre la entidad administrativa contratante con
personalidad jurídica. En el caso del Estado, aunque la ejecución del contrato
hubiese quedado a cargo de algún Ministerio o repartición administrativa, incluso de
los Poderes Legislativo y Judicial, sin personalidad jurídica, la responsabilidad es del
Estado, contra quién debe dirigirse la demanda.
Responsabilidad Extracontractual
La responsabilidad extracontractual del Estado está resuelto en la Constitución
vigente que en su Art. 106, al consagrar la responsabilidad personal de los agentes,
prescribe: “sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado…”, y en el Art.
39 que establece: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizado justa y
adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado.
Clases de Responsabilidad Extracontractual
 El primer caso de responsabilidad de la Administración es la emergente de
actos antijurídicos (delitos y cuasidelitos) de sus agentes. Se llama
responsabilidad indirecta en razón de que a la Administración la asume por
actos de sus agentes y no por actos propios ya que los actos ilícitos no le
son imputables.
 El segundo es de responsabilidad por actos jurídicos regulares (legislativos,
administrativos y judiciales), responsabilidad directa, puesto que son actos
propios que le son jurídicamente imputados.
 El tercero, responsabilidad por hechos accidentales acaecidos dentro de la
Administración, responsabilidad por riesgo, ya que ocurren sin culpa de los
agentes y tampoco son actos propios de la Administración.
Responsabilidad por Actos Ilícitos de los Agentes
En el Art. 106 de la C.N. se expresa: Ningún funcionario o empleado público
está exento de responsabilidad.
En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el
desempeño de sus funciones, serán personalmente responsables, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiara del Estado, con derecho de éste repetir el pago de lo que
llegase a abonar en tal concepto.
Agente cuyos Actos Causan Responsabilidad del Estado
En el texto constitucional se refiere a “funcionarios o empleados públicos “ entre los
cuáles debe considerarse comprendida toda clase de agentes públicos. Basta, en
efecto, el texto de los nombres de manera muy general sin necesidad que distingan
sus clases con los nombres específicos que le hemos dado al tratar la función
pública.
Condiciones para que se genere la Responsabilidad de la Administración
a) La primera condición es que el agente de la Administración sea culpable de un
hecho ilícito, delito o cuasidelito.
b) La transgresiones delitos o faltas deben haberse cometido en el desempeño de
sus funciones.
Acumulación de la Responsabilidad del Funcionario y de la Administración
Desechando la sustitución de la responsabilidad del agente por la de la
Administración, por constituir un grave riesgo para el mantenimiento de la legalidad
dentro de esta última, la acumulación de ambas responsabilidades administre
diferentes modalidades.
Puede ser simplemente mancomunada, solidaria o subsidiaria de la
Administración solo para el caso de insolvencia del agente declarado culpable.
Bases para una Ley Reglamentaria
a) La primera base es la subsidiaria de la responsabilidad del Estado, solo para
el caso de insolvencia del agente público culpable.
b) La demanda del damnificado debe ser dirigida conjuntamente contra el
agente y la Administración. Implica en la ejecución de la sentencia para que
no pueda oponer excepción la parte que no ha sido enjuiciada.
c) La responsabilidad de la Administración se hará efectiva previa excusión de
los bienes del agente.
d) Debe aplicarse al agente culpable, sea o no insolvente, la sanción de 2°
grado que corresponda al estatuto del funcionario.
e) La ley debe definir el Derecho aplicable y la jurisdicción correspondiente.
Derecho Privado o Público
Conforme con lo que llevamos dicho, en el momento actual, a falta de ley
reglamentaria del Art. 106 de la Constitución, la responsabilidad de la
Administración por actos o lícitos de sus agentes se rige por el Derecho Civil y la
jurisdicción competente es la ordinaria.
Responsabilidad por Actos Regulares
Art. 39 C.N. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente
por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del estado.
Necesaria Limitación del Precepto Constitucional
Esta responsabilidad se funda, a falta de disposición legal, en el principio general de
igualdad en las cargas públicas, tomando en el sentido de igualdad de sacrificio.
Responsabilidad por Actos Legislativos
Cualquier daño causado con la sanción de una ley, sin limitación, debe ser
indemnizada.
Pero entonces podrían dictar más leyes, porque es inevitable que para la
consecución del bien común se impongan limitaciones, obligaciones y prohibiciones
que algún daño causaran necesariamente a los particulares y que debe ser
considerado como efecto normal de la ley.
Responsabilidad por Actos Administrativos
Aunque se rige por las mismas reglas de la responsabilidad por acto legislativo, la
causada por actos reglamentarios debemos tratar bajo este tópico, en razón de que
estos actos los consideramos actos administrativos, entre las mismas hay
ordenanzas municipales.
Responsabilidad por Actos Judiciales
Contrariamente a la responsabilidad por actos legislativos y administrativos que la
jurisprudencia extranjera admiten general sin texto legal expreso, por aplicación del
principio básico de la igualdad en las cargas públicas y el riesgo de la
administración.
Responsabilidad por Hechos Accidentales
Nos referimos aquí a los hechos producidos en la Administración sin culpa de sus
agentes, es decir accidentes ocurridos por actos involuntarios de los mismos o por
las cosas a su cuidado.
Derecho Jurisdicción Correspondientes
La responsabilidad de la Administración por actos regulares, sean legislativos,
administrativos o judiciales, es propia del Derecho administrativo.
Demandas de Indemnizaciones contra la Administración
Las demandas de indemnización sobre la base de responsabilidad de la
Administración por actos jurídicos regulares y hechos accidentales, están sujetas a
un procedimiento en parte análogo y en parte diferente del de las demandas civiles.
Ley sobre Responsabilidad
Hay como una ley aplicable a la eficacia de las responsabilidades. Por eficacia se
entiende el logro de los objetivos de responsabilidad que son, a no dudar, evitar
daño o una vez producido éste, repararlo o indemnizarlo.
CONTRATOS EN LA ADMINISTRACIÓN
Actos reglados y discrecionales
No existe diferencia radical entre actos reglados y discrecionales.
 Actos reglados: La actividad administrativa es reglada cuando se determina
el momento, contenido y forma de la misma. La norma jurídica espec ífica, la
conducta administrativa y limita su arbitrio o libertad, no deja margen
alguno para la apreciación subjetiva del agente sobre las circunstancias el
acto.
 Actos Discrecionales: la facultad de los órganos son discrecionales cuando el
orden jurídico le otorga cierta libertad para elegir uno u otro curso de
acción. El órgano puede decidir según su leal saber y entender que medidas
adoptará, por consideraciones principalmente de carácter subjetivo como las
de conveniencia, necesidad, equidad, razonabilidad, suficiencia, exigencia de
interés y orden público.
Actos de Gobierno
Entre los diversos conceptos de “acto de gobierno” hemos adoptado el de
acto administrativo dictado por los órganos supremos de cada uno de los tres
poderes, en virtud de facultades generalmente discrecionales concedidas por la
constitución.
Actos de administración de los poderes Legislativos y Judicial
Al definir el Derecho administrativo como Derecho que regula los actos de la
ley por órganos del poder ejecutivo, hemos advertido también aunque
excepcionalmente al margen de sus propias funciones a los poderes Legislativo y
Judicial que realizan actos ejecutivos, es decir administrativos.
Contratos de la Administración
Para el cumplimiento de sus fines, la administración pública requiere vincularse con
otras entidades del sector público y con el sector privado, con tal objeto se celebran
contratos y convenios con la finalidad de crear, modificar o extinguir una situación
jurídica de interés general, o en particular relacionada con los servicios públicos,
que unen a las partes en una relación de estricto derecho público.
Contratos Administrativos Típicos
Los contratos de la Administración que generalmente son considerados
"contratos administrativos", los enumeramos en el orden siguiente:
 Función Pública;
 Concesión de Servicio Público;
 Obra Pública;
 Suministro;

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Derecho administrativo

  • 1. Derecho •Potestadde hacer o exigircuantolaleyola autoridadestablece anuestrofavor,olo permitidoporel dueñode unacosa. •Consecuenciasnaturalesderivadasdel estadode unapersona,orelacionesconotrossujetos jurídicos.Acciónsobre unapersonao cosa. Conjuntode leyes. •Colecciónde principios,preceptosyreglasa que estánsometidostodosloshombresen cualquiersociedadcivil,paravivirconforme ajusticiaypaz;y a cuya observanciapuedenser compelidosporlafuerza. DerechoPúblico El DerechoPúblicoesel que regulael ejerciciodel ordenpúblicoytambiéncomosujeto esencial al Estadoque se ubicaen una relaciónde supraordinaciónrespectoalosdemás sujetosque integrandicharelación.(SegúnManuel De JesúsRamírez). Derecho Político Elementos constitutivos son: lo jurídico y lo político. Este no debe de ser confundido con la política, consiste en la ciencias prácticas aplicada al Estado El Derecho político es la rama de la ciencia jurídica que estudia la teoría general del Estado. Esta teoría comprende; el concepto de estado, sus elementos constitutivos, soberanía, organización, funciones, fines, personalidad y forma de Estado y gobiernos Derecho Constitucional Conjunto de normas y principios que enuncia las garantías, determina la estructura jurídica y las funciones del Estado. Ciencia Jurídica que alcanza su autonomía en el siglo XVIII Piramide de Kesnel Constitución, Leyes, Decretos, Decretos Reglamentarios, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Administrativas, Ordenanzas Municipales El Derecho se dividió en dos categorías: Derecho Público y Derecho Privado Derecho público hace referencia a las normas que ordenan y regulan a los órganos públicos (estatales) entre sí, y entre los privados y públicos; mientras que en el derecho privado los órganos públicos no entran en juego, regula las actividades de los particulares entre si. Diferencia •Derecho Público: es el conjunto de principios y normas que establecen la estructura y funciones del Estado como ente con poder para regular las relaciones con los particulares u otros Estados. •Derecho Privado: es definido como el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones jurídicas entre particulares o entre estos sujetos y el Estado como persona jurídica con calidad de parte. Estado •El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para
  • 2. establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Derecho Administrativo •Constituido por el conjunto de estructuras y principio doctrinales, y por las normas que regulan las actividades directas o indirectas, de la administración pública como órgano del poder constituido, la organización, funcionamiento y control de la cosa pública; sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás actividades estatales. •Las actividades dinámicas del Estado se realiza a través de los actos de gobiernos, sean éstos legislativos, administrativos o judiciales. •La motivación de los actos administrativos es la atribución esencial del Poder Ejecutivo. El destinatario de las Normas Administrativas es la Administración Pública, entre ellas cabe distinguir los tipos siguientes:  Normas Destinadas a la Administración: La norma tiene destinatario único y preferente a la administración pública, como las que regulan la organización administrativa, cuya efectividad y aplicación no reclama la presencia de otro sujeto.  Normas que exigen la participación del Administrado: Están destinadas a ser cumplidas por la Administración, pero su aplicación y efectividad no se concibe sin la simultánea presencia de los administrados o ciudadanos.  Normas destinadas a los Administrados: Normas cuyos destinatarios más directos son los particulares o administrados, pero que presuponen, sin embargo, la presencia vigilante de la Administración como garante de su efectividad. La responsabilidad del Estado  El análisis de la responsabilidad del Estado por sus actividades funcionales se relacionan en forma directa al carácter de administrador de c osa ajena de los agentes del Estado y por la posible producción de daños en el ejercicio de la actividad estatal.  Los agentes estatales son administradores de las cosas del pueblo, conforme con el principio republicando que informa la estructura del Estado paraguayo. Importancia El estudio del Derecho Administrativo tiene la finalidad de identificar los principios y las normas que orienta la actuación del Estado, Permite conocer las diferentes modalidades del obrar administrativo del Estado y las entidades públicas menores, la participación misma de los administrados, la forma de revisión de la actuación administrativa, los recursos disponibles para su actuación y las responsabilidades emergentes de la actuación estatal. Relaciones con otras Disciplinas Jurídicas El derecho Administrativo tiene una estrecha relación con las disciplinas jurídicas siguientes:  Derecho Constitucional.  Derecho Tributario y Financiero.  Derecho Penal.  Derecho Procesal Penal.  Derecho Procesal Civil.  Derecho Laboral.  Derecho Aduanero.  Derecho Municipal.
  • 3. Los Principios en el Derecho Administrativo Los principios son los valores más relevantes del orden jurídico administrativo, base de todo sistema normativo que forma el derecho administrativo. Los principios son los valores del orden jurídico administrativo que debe formar toda la normativa y la actividad de la Administración Pública. Es por ello que violar un principio es mucho más grave que violar una norma, porque la violación del principio afecta a todo el orden jurídico y no solamente una ventaja o desventaja establecida en la norma. Los principios del Derecho Administrativo son los siguientes:  Principio de Supremacía del Interés Público sobre el Interés Privado.  Principio de Legalidad.  Principio de Finalidad.  Principio de Eficiencia.  Principio de Continuidad.  Principio de Jerarquía.  Principio de Razonabilidad.  Principio de Proporcionalidad.  Principio de Motivación.  Principio de Impersonalidad.  Principio de Publicidad.  Principio del Debido Proceso Legal.  Principio de Moralidad Administrativa.  Principio de Responsabilidad del Estado.  Principio del Interés general.  Principio de igualdad. Protección Jurídica en Derecho Administrativo •Necesidad de medios adecuados de protección jurídica. •Recursos puramente administrativos. •Obligación de pronunciamiento de la autoridad. •Necesidad de medios adecuados de protección jurídica. •Recursos puramente administrativos. •Obligación de pronunciamiento de la autoridad. •Recurso de Reconsideración. •Recurso jerárquico. •Posibilidad constitucional de supresión o limitación de los recursos administrativos. •Necesidad de reglamentación uniforme. •Justicia Administrativa. •Diversos sistemas de justicia administrativa. •Necesidad de reglamentación uniforme. •Justicia Administrativa. •Contratos de la Administración. Concepto de la Responsabilidad Se entiende por responsabilidad en Derecho la condición o estado que hace imputable a una persona la consecuencia jurídica (pena o reparación de daños) en una omisión de la misma persona o de otra de un simple hecho. Clases de Responsabilidad  Las responsabilidades pueden ser OBJETIVA Y SUBJETIVA. La del estado cualquiera sea la causa, solo pude ser objetiva pues carece de voluntad propia y de culpa como todas las personas jurídicas.  Otra clasificación que a nuestro objeto es la responsabilidad INDIRECTA como lo es la responsabilidad de la Administración por actos antijurídicos de sus agentes y la DIRECTA por actos jurídicos regulares, que le son imputados a la Administración como si fueran propios de ella misma.
  • 4.  Por último, la responsabilidad CONTRACTUAL y la EXTRACONTRACTUAL que tratamos seguidamente por separado. Responsabilidad Contractual La responsabilidad Contractual que se rige por el Derecho Privado. Para nosotros esto es válido respecto a todos los contratos de la Administración, incluso los llamados “contratos administrativos”. La responsabilidad recae sobre la entidad administrativa contratante con personalidad jurídica. En el caso del Estado, aunque la ejecución del contrato hubiese quedado a cargo de algún Ministerio o repartición administrativa, incluso de los Poderes Legislativo y Judicial, sin personalidad jurídica, la responsabilidad es del Estado, contra quién debe dirigirse la demanda. Responsabilidad Extracontractual La responsabilidad extracontractual del Estado está resuelto en la Constitución vigente que en su Art. 106, al consagrar la responsabilidad personal de los agentes, prescribe: “sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado…”, y en el Art. 39 que establece: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizado justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado. Clases de Responsabilidad Extracontractual  El primer caso de responsabilidad de la Administración es la emergente de actos antijurídicos (delitos y cuasidelitos) de sus agentes. Se llama responsabilidad indirecta en razón de que a la Administración la asume por actos de sus agentes y no por actos propios ya que los actos ilícitos no le son imputables.  El segundo es de responsabilidad por actos jurídicos regulares (legislativos, administrativos y judiciales), responsabilidad directa, puesto que son actos propios que le son jurídicamente imputados.  El tercero, responsabilidad por hechos accidentales acaecidos dentro de la Administración, responsabilidad por riesgo, ya que ocurren sin culpa de los agentes y tampoco son actos propios de la Administración. Responsabilidad por Actos Ilícitos de los Agentes En el Art. 106 de la C.N. se expresa: Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, serán personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiara del Estado, con derecho de éste repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto. Agente cuyos Actos Causan Responsabilidad del Estado En el texto constitucional se refiere a “funcionarios o empleados públicos “ entre los cuáles debe considerarse comprendida toda clase de agentes públicos. Basta, en efecto, el texto de los nombres de manera muy general sin necesidad que distingan sus clases con los nombres específicos que le hemos dado al tratar la función pública. Condiciones para que se genere la Responsabilidad de la Administración a) La primera condición es que el agente de la Administración sea culpable de un hecho ilícito, delito o cuasidelito. b) La transgresiones delitos o faltas deben haberse cometido en el desempeño de sus funciones. Acumulación de la Responsabilidad del Funcionario y de la Administración Desechando la sustitución de la responsabilidad del agente por la de la Administración, por constituir un grave riesgo para el mantenimiento de la legalidad
  • 5. dentro de esta última, la acumulación de ambas responsabilidades administre diferentes modalidades. Puede ser simplemente mancomunada, solidaria o subsidiaria de la Administración solo para el caso de insolvencia del agente declarado culpable. Bases para una Ley Reglamentaria a) La primera base es la subsidiaria de la responsabilidad del Estado, solo para el caso de insolvencia del agente público culpable. b) La demanda del damnificado debe ser dirigida conjuntamente contra el agente y la Administración. Implica en la ejecución de la sentencia para que no pueda oponer excepción la parte que no ha sido enjuiciada. c) La responsabilidad de la Administración se hará efectiva previa excusión de los bienes del agente. d) Debe aplicarse al agente culpable, sea o no insolvente, la sanción de 2° grado que corresponda al estatuto del funcionario. e) La ley debe definir el Derecho aplicable y la jurisdicción correspondiente. Derecho Privado o Público Conforme con lo que llevamos dicho, en el momento actual, a falta de ley reglamentaria del Art. 106 de la Constitución, la responsabilidad de la Administración por actos o lícitos de sus agentes se rige por el Derecho Civil y la jurisdicción competente es la ordinaria. Responsabilidad por Actos Regulares Art. 39 C.N. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del estado. Necesaria Limitación del Precepto Constitucional Esta responsabilidad se funda, a falta de disposición legal, en el principio general de igualdad en las cargas públicas, tomando en el sentido de igualdad de sacrificio. Responsabilidad por Actos Legislativos Cualquier daño causado con la sanción de una ley, sin limitación, debe ser indemnizada. Pero entonces podrían dictar más leyes, porque es inevitable que para la consecución del bien común se impongan limitaciones, obligaciones y prohibiciones que algún daño causaran necesariamente a los particulares y que debe ser considerado como efecto normal de la ley. Responsabilidad por Actos Administrativos Aunque se rige por las mismas reglas de la responsabilidad por acto legislativo, la causada por actos reglamentarios debemos tratar bajo este tópico, en razón de que estos actos los consideramos actos administrativos, entre las mismas hay ordenanzas municipales. Responsabilidad por Actos Judiciales Contrariamente a la responsabilidad por actos legislativos y administrativos que la jurisprudencia extranjera admiten general sin texto legal expreso, por aplicación del principio básico de la igualdad en las cargas públicas y el riesgo de la administración. Responsabilidad por Hechos Accidentales Nos referimos aquí a los hechos producidos en la Administración sin culpa de sus agentes, es decir accidentes ocurridos por actos involuntarios de los mismos o por las cosas a su cuidado.
  • 6. Derecho Jurisdicción Correspondientes La responsabilidad de la Administración por actos regulares, sean legislativos, administrativos o judiciales, es propia del Derecho administrativo. Demandas de Indemnizaciones contra la Administración Las demandas de indemnización sobre la base de responsabilidad de la Administración por actos jurídicos regulares y hechos accidentales, están sujetas a un procedimiento en parte análogo y en parte diferente del de las demandas civiles. Ley sobre Responsabilidad Hay como una ley aplicable a la eficacia de las responsabilidades. Por eficacia se entiende el logro de los objetivos de responsabilidad que son, a no dudar, evitar daño o una vez producido éste, repararlo o indemnizarlo. CONTRATOS EN LA ADMINISTRACIÓN Actos reglados y discrecionales No existe diferencia radical entre actos reglados y discrecionales.  Actos reglados: La actividad administrativa es reglada cuando se determina el momento, contenido y forma de la misma. La norma jurídica espec ífica, la conducta administrativa y limita su arbitrio o libertad, no deja margen alguno para la apreciación subjetiva del agente sobre las circunstancias el acto.  Actos Discrecionales: la facultad de los órganos son discrecionales cuando el orden jurídico le otorga cierta libertad para elegir uno u otro curso de acción. El órgano puede decidir según su leal saber y entender que medidas adoptará, por consideraciones principalmente de carácter subjetivo como las de conveniencia, necesidad, equidad, razonabilidad, suficiencia, exigencia de interés y orden público. Actos de Gobierno Entre los diversos conceptos de “acto de gobierno” hemos adoptado el de acto administrativo dictado por los órganos supremos de cada uno de los tres poderes, en virtud de facultades generalmente discrecionales concedidas por la constitución. Actos de administración de los poderes Legislativos y Judicial Al definir el Derecho administrativo como Derecho que regula los actos de la ley por órganos del poder ejecutivo, hemos advertido también aunque excepcionalmente al margen de sus propias funciones a los poderes Legislativo y Judicial que realizan actos ejecutivos, es decir administrativos. Contratos de la Administración Para el cumplimiento de sus fines, la administración pública requiere vincularse con otras entidades del sector público y con el sector privado, con tal objeto se celebran contratos y convenios con la finalidad de crear, modificar o extinguir una situación jurídica de interés general, o en particular relacionada con los servicios públicos, que unen a las partes en una relación de estricto derecho público. Contratos Administrativos Típicos Los contratos de la Administración que generalmente son considerados "contratos administrativos", los enumeramos en el orden siguiente:  Función Pública;  Concesión de Servicio Público;  Obra Pública;  Suministro;
  • 7.  Empréstito. Contratos Administrativos Típicos No son desde luego los únicos, pero son los que pueden considerarse típicos y lo que se diga acerca de ellos será válido para todos los demás en mayor o menor medida. Incluso el orden en que están enumerados tiene alguna importancia, en el sentido de que los primeros se apartan más del régimen de los contratos del Derecho común y los últimos se les asemejan más, en virtud de su propia esencia, según la doctrina dominante, lo que para nosotros es simplemente el mayor o menor grado de incidencia en ellos de las atribuciones legales y constitucionales de la Administración pública. Prerrogativas de la Administración o Cláusulas Exorbitantes  Lus variandi: Durante la ejecución del contrato pueden cambiar las necesidades públicas, sobrevenir nuevas circunstancias, renovarse la tecnología, incluso cambiar el criterio de la Administración acerca de cómo satisfacer dichas necesidades sin haber éstas variado. Entonces, no sólo es justo sino imprescindible para preservar el interés público, recurrir a la cláusula rebus sic stantibus.  Dirección y control. Se le reconoce a la Administración la facultad de ejercer la dirección y control de la ejecución del contrato, aunque esta facultad no esté prevista en el mismo. Las medidas de corrección las puede adoptar de oficio, sin necesidad de solicitarlas de los tribunales, conforme a la ejecutividad atribuida a los actos administrativos.  Sanciones. Por incumplimiento de las estipulaciones del contrato la Administración impone las sanciones previstas, sin recurrir a los tribunales, conforme a los mismos principios.  Resolución. También puede rescindir el contrato por interés público, aunque no haya pacto expreso en el mismo. Todas estas medidas las adopta la Administración sin perjuicio de indemnizar al co-contratante por el mayor gravamen que les cause con ellas y del derecho del mismo a recurrir a los tribunales a posteriori de la adopción de dichas medidas, conforme con las reglas de la ejecutividad de los actos administrativos. Los Contratos de la Administración en el Derecho Positivo No hay en nuestro Derecho positivo disposiciones que regulen expresamente los contratos que pueden estipular la Administración con los particulares. La posibilidad de celebrarlos está dada con la atribución de personalidad jurídica al Estado y las Municipalidades en el Código Civil y a las instituciones administrativas descentralizadas en sus respectivas leyes orgánicas. La posibilidad de intervenir en la ejecución de los contratos y conformarlos a los fines que la ley tiene en vista, le viene al Poder Ejecutivo de la atribución conferida en el Art. 238 de la Constitución, de "participar en la formación de leyes, de conformidad con esta Constitución, promulgarlas y hacerlas publicar, reglamentarlas y controlar su cumplimiento", como ser la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y en las leyes orgánicas de las entidades administrativas descentralizadas. Principios Comunes Se dirigen a garantizar que la contratación del sector Público se ajuste a los principios de: Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, salvaguarda de la libre competencia y la elección de la oferta más ventajosa. Como normas de garantía de estos principios, se establece un régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación, constituido por el recurso que están legitimados para interponer toda persona física o jurídica cuyos
  • 8. derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso. Una causa fundamental de la trascendencia del contrato administrativo, proviene de la idea de la colaboración de los sujetos privados con la Administración, en donde el particular no se comporta como un contratista ordinario, sino como un coadyuvante en la satisfacción de necesidades públicas por parte de la Administración Pública. Acción o Recurso El objeto del proceso contencioso administrativo no es el acto previo, sino las pretensiones que se deduzcan en relación al mismo. Son pues estas concretas pretensiones y no el contenido del acto recurrido. Alcance del recurso Como que el proceso es el de una “demanda” sin dejar de ser “recurso”, este tiene o puede tener alcance múltiple. Puede ser de nulidad o anulación si la resolución administrativa ha incurrido en alguna de estas causas, según la discriminación expuesta en la de extralimitación o desviación de poder conforme a la distinción anticipada, causas que puede ser comprendidas genéricamente de legalidad y de aplicación no es ya por ilegalidad sino por falta de mérito. Aplicación del procedimiento de civil ordinarios La ley 1462/35 establece que “en la sustanciación del juicio regirá las disposiciones del Código de Procedimiento Civiles y Comerciales, de la Ley o de los tribunales y de las leyes especiales sobre la materia”. Rasgos especiales del procedimiento contencioso-administrativo El procedimiento debe ser en lo posible elástico, para dar lugar a la más amplia defensa cuando sea necesario y abreviado cuando la urgencia del caso lo exija. Legitimación del particular demandante La misma objeción que hicimos a la definición de la materia contencioso administrativa en la Ley 1462 que hace consistir en la lesión “un derecho administrativo preestablecido a favor del demandante”, es aplicable a la exigencia generalizada antes de ahora, de que el particular pueda invocar un derecho subjetivo y no simplemente un interés legítimo. Legitimación de la Administración La ley 1462 prevé la posibilidad de que la demanda contencioso administrativa sea deducida por una autoridad administrativa, previsión que en cerca de cincuenta años de vigencia de dicha ley no tuvo aplicación en ningún caso. Terceros con interés y Coadyuvantes. El particular perjudicado o favorecido por la resolución administrativa, puede no ser el único interesado en su revocación o mantenimiento. Iniciación del Juicio Presentada la demanda antes de darle curso el Tribunal solicita de la autoridad administrativa la remisión de los antecedentes de la resolución impugnada por el demandante. Si la autoridad no los remite, pasado un tiempo prudencial, el Tribunal reitera la solicitud, emplazándola para su remisión, con apercibimiento de que si no lo hace, se dará curso a la demanda sin tener a la vista los antecedentes.
  • 9. Recursos administrativos previos El art. 3 inc. A) de la Ley 1462/35 exige la resolución administrativa “cause estado y no haya por consiguiente recurso administrativo contra ella”. Los recursos administrativos constituyen el ejercicio de los derechos constitucionales de petición y de la defensa en juicio. Exigencia del “solve et repete” Entre los requisitos para interponer la demanda, la Ley 1462/35, modifica este punto por el Dpto. Ley 8723/41, exigía el pago previo de impuesto dispuesto en la resolución administrativa. A pesar de lo dispuesto en el citado Dto. Ley N° 8723/41 que excluye de la exigencia el pago previo de la “multa u otra liquidación de cuenta” según la Ley N° 904/63 y la 222/54 que son posteriores a dicho Dto. Ley regia para las multas aplicadas por el Ministerio de Industria y Comercio y las Municipalidades, lo que tratándose de sanciones, lo que era aún más grave. In dubio pro actione La naturaleza del juicio contencioso administrativo, en que se encuentra en juego son solo el interés del particular sino también el de la legalidad de los actos de la Administración, con valor de fin comunitario, es razón suficiente para que, en caso de duda, prevalezca la interpretación más favorable a la prosecución del procedimiento y no sea rechazada in limine la demanda causa de defectos o detalles en mayor relevancia jurídica. Suspensión de la ejecución del acto •Solo en caso de urgencia por razón de orden público, de seguridad, de salubridad, de moralidad y de alguna otra análoga, por aplicación analógica de los dispuestos por la Ley Municipal, no puede suspenderse un acto impugnado. De la prueba a) La carga de la prueba es compartida entre el actor y la administración. b) Como efecto de la misma regla, el instrumento del acto administrativo, que es instrumento público de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil, no requiere ser “arguido de falso” para que sea destruido su valor probatorio, sino que basta ser contestado en sus fundamentos por el actor para la Administración se ve obligada a justificar su contenido. c) Consecuencia de los mismos principios es que no rige la regla de no estar obligadas las partes a suministrar pruebas documentales al contrario. d) La prueba confesora de la Administración es improcedente en el juicio contencioso administrativo, en razón de que la autoridad administrativa no puede tener más voluntad que la del cumplimiento de la ley es inhábil para obligar a la Administración por acto personal sin autorización legal, a diferencia de la autonomía de la voluntad de las personas den el Derecho privado. e) El mismo doble carácter del juicio contencioso administrativo justifica la facultad del Tribunal de disponer de oficio las pruebas que considere conducentes al esclarecimiento de la cuestión y la correcta aplicación de la ley en el caso sometido a su juzgamiento. Disposiciones de la sentencia |Podría la sentencia limitarse a revocar la resolución administrativa por nulidad, anulabilidad, exceso o desviación de poner disponiendo el reenvio de la causa a la autoridad administrativa para que esta dicte la nueva resolución conforme a Derecho, pronunciamiento que sería propio del carácter de recurso y también conforme con los principios de la separación de poderes, al reservar a la Administración el ejercicio de sus facultades.
  • 10. Pero al mismo tiempo de declarar la ilegalidad del acto, podría disponer en su lugar lo que sea justo como consecuencia directa del pronunciamiento. Principios Comunes Como normas de garantía de estos principios, se establece un régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación, constituido por el recurso que están legitimados para interponer toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso. Reformatio in peius •Con respecto al recurso jerárquico, tampoco en el contencioso la sentencia puede agravar el dispuesto en la resolución administrativa contra el particular recurrente. Esto no quita que, siendo inexcusable la aplicación de alguna disposición legal que ni la resolución administrativa recurrida ni el recurrente han tenido en cuenta, el tribunal la aplique, resultando un mayor gravemente para el actor. Condenación en costas Si la administración fuera condenada en costas, todavía queda por ver si el pago se hará efectivo. Prácticamente no lo será por la exigencia del régimen financiero estatal que requiere previsión para el pago en el presupuesto, lo mismo que el Dto. Ley N° 6623/44 sobre demandas contra el Estado y la Ley para Municipalidades. Es necesario y de entera justicia que se constituya un fondo, que puede serlo con el importe de las multas y de las costas a cargo del particular vencido en juicio, fondo a ser depositado en cuenta y a la orden del Tribunal, para que este haga efectivo el pago de las costas en el caso que la Administración tuviera que pagarlas. Fuerza de cosa Juzgada forma y material La sentencia ejecutoria tiene fuerza de cosa juzgada forma en el sentido de que las partes no pueden ya atacarla de ningún modo, pero su fuerza material de cosa juzgada con alcance de que tampoco la autoridad administrativa o el Tribunal en su caso podría revocar el acto administrativo que ha sido juzgado, es solo relativa. A quienes obliga la sentencia A toda la administración, incluso los particulares, pueden ser alcanzados por efectos indirectos de la sentencia, como ocurre en el juzgamiento de los actos condición, por ejemplo un fallo que hace lugar a la cesantía de un funcionario o a la anulación de un acto eleccionario, fallo que afectara directamente al funcionario cesante y al elegido en votación irregular, pero que no podrá ser desconocido por terceros con el argumento de que han sido partes en el juicio. Cumplimiento de la sentencia Según la ley O de los Tribunales, a la que se remite la ley 1462, la jurisdicción conferida a los jueces y tribunales comprende la facultad de juzgar “y hacer ejecutar lo juzgado”. Sin embargo, el tribunal de cuentas no podrá, tanto por el principio de la separación de poderes como razones técnicas, hacer ejecutar por si misma la sentencia, dictando resoluciones administrativas necesarias para su ejecución. Cobro compulsivo de crédito Si la sentencia reconoce crédito a favor del actor, su ejecución tropieza, además con dificultades emergentes del régimen financiero. La ley N° 14/68 dispone en su Art. 50: Promulgada la ley de presupuesto general de la Nación, no podrá ser autorizado ningún gasto sino por otra ley que asigne expresamente los recursos que han de ser sufragados”.
  • 11. Evaluación global de nuestro sistema administrativo Se puede afirmar sin vacilación que el Tribunal contencioso administrativo es el de más difícil acceso en nuestra Administración de Justicia, tanto por la traba de los recursos administrativos previos como el pesado procedimiento de juicio ordinario a que está sometido y el exceso retardo de las sentencias, que es ya una tradición en esta jurisdicción.
  • 12. •Conjunto de normas y principios que enuncia las garantías, determina la estructura jurídica y las funciones del Estado. •Ciencia Jurídica que alcanza su autonomía en el siglo XVIII.