DERECHO PROCESAL PENAL
JORGE A. CLARIÁ OLMEDO
DERECHO PROCESAL PENAL
Tomo III
Actualizado por
JORGE R A Ú L M O N T E R O
Vocal de la Excma. Cáma...
La presente obra de Jorge Clariá Olmedo consta de tres tomos que
han sido actualizados por los Dres. Jorge E. Vázquez Ross...
PRESENTACIÓN
Continuando la tarea que realicé en la presente obra con quien
fuera en vida mi Maestro, el doctor Jorge A. C...
Capítulo III
CRÍTICA INSTRUCTORIA O CLAUSURA DE
LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA
SUMARIO: 722. Concepto y extensión. 72...
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vestigación y en su caso alcanzado el término, hasta el pronunciamiento
jurisdiccional que pone fin...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
ha de concluir el pronunciamiento final: sobreseimiento o remisión
a juicio.
Conforme al sistema del ...
DERECHO PROCESAL PENAL
I. SOBRESEIMIENTO
SUMARIO: 725. Concepto. 726. Clases. 727. Efectos. 728. Causales. 729. Orden
para...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
de responsabilidad penal o imposibilidad de aplicar pena, y a la extin-
ción de la pretensión penal.
...
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por cuanto, salvado el obstáculo, el proceso debe continuar. Igual distinción
debe hacerse entre el...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
defensa y obediencia debida. La inculpabilidad es el resultado de la
inimputabilidad; además comprend...
DERECHO PROCESAL PENAL
se presentan dudas, el tribunal debe entrar a analizar los otros aspectos
de la cuestión penal, fun...
• GRJTJKA INSTRWCTQRU
coíindü media íin-obstáculo para-k intoaciándela causs (avocamiento
imtructo-rio),,'cx)roo mel caso ...
DERECHO PROCESAL PENAL
732. Los efectos procesales del sobreseimiento en nada se diferen-
cian de los de toda resolución l...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
necesario para provocar la elevación de la causa a juicio. El mérito
para la elevación a juicio estar...
DBRBCKS PROCES'AL PENAL
fundamento es "similar a 'éste,!aunque sus efectos legales son distintos.
Procede'cuandó al agotar...
CBÍTICA INSTRUCTORIA
' Así puede precederse aun alcanzado el plazo de la prórroga ex-
traordinaria, porque este plazo es m...
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pone de manifiesto y notorio ambos extremos de la imputación delic-
tiva; entonces, partiendo del s...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
III. ASUNCIÓN DE CUESTIONES PREVIAS
SUMARIO: 738. Concepto y alcance. 739. Formalidades y trámite. 74...
DERECHO PROCESAL' PENAL
739. Lo ciertd'€§'<|üéM9'|)ódííaítiáttersií'dé-'^'exc^pción" cuando
, la.cuestión previa fuese art...
CRÍTICA INS¥RÜGTORÍA
Í; /En' itaso de faita=de ?cdrnpetenciafique •debe ser tenida en 'cuenta-
antes qüe'ksotra&s los efec...
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ley 22.278). Es un caso en que no es posible formar causa definitiva-
mente, lo que conduce al sobr...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
de la investigación penal o instructoria con la simultánea apertura del
momento crítico de la investi...
DERECHO PROCESAL ;PEÍSIAL
a juicio la causa, dará intervención por seis días a Ja Giámara"de Ape-
laciones; Si ésta entien...
CRÍTICA íNsTRtj<rroiiiA
/'.Saívo esas previsiones,'coniexcepcióndel Código de La Pampa toda
nuestra legislación considera ...
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insuperable han terminado con el dictado del sobreseimiento definitivo.
Con ello se perfecciona el ...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
Todos los códigos permiten a la defensa articular las cuestiones
previas (llamadas excepciones) y la ...
DEREcaíO PROGESAI PENAL
4el escrito que no requiere intervencióa MI secretario. Es un requeri-
miento'qu€ dirige a},,tribu...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
El elemento volitivo se exhibe en la determinación acusatoria. Es
la declaración de voluntad por la c...
DERECHO PROCESAL PENAL
conclusiones al final del debate como el tribunal al dictar sentencia,
determinarán con libertad de...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
antes con respecto a estos institutos. Si la resolución es de elevación
de la causa a juicio, corresp...
DERECHO PROCESAL PENAL
755. Conforme a lo expuesto, en nuestra legislación se advierten
dos sistemas distintos para la det...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
Se advierte la similitud de este régimen con el de nuestra legislación
moderna en lo que hace a la in...
DERECHO PROCESAL PENAL
los códigos otorgan la posibilidad de que el imputado se oponga a la
apertura del plenario (juicio ...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
Se trata de una actividad del tribunal y no de su presidente, la que
corresponde practicar de oficio ...
APÉNDICE DE LEGISLACIÓN
I. SOBRESEIMIENTO. DEFINITIVO
Cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al im-
...
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figura penal; media una causa de justificación, inculpabilidad o inimpu-
tabilidad o una excusa abs...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
II. SOBRESEIMIENTO POR DUDA. MÉRITO DE DESINCRIMINACIÓN
PROVISIONAL. PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE INSTR...
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días. Vencido éste se citará a las partes para que oral y brevemente
hagan su defensa. El incidente...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
RECURSO
Nación, 345; Buenos Aires, 333; Córdoba, 354; Córdoba (ley 8123),
20; Mendoza, 359; La Pampa,...
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DICTAMEN DEL FISCAL O DEL QUERELLANTE
Nación, 347; Buenos Aires, 335; Córdoba, 356-358; Córdoba (le...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
INCIDENTE
Nación, 350; Córdoba, 360; Córdoba (ley 8123), 358; Mendoza, 366; La
Pampa, 309; Salta, 345...
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356; Río Negro, 323; Neuquén, 317; Chubut, 310; La Rioja, 380; Chaco,
335; Catamarca, 315; Santiago...
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA
I. SOBRESEIMIENTO
El sobreseimiento definitivo exige un estado de certeza sobre la existencia
d...
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cisión jurisdiccional por la que se concluya "definitiva e irrevocable-
mente" el proceso (conf. ar...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
aplicable el artículo 1° del Código Penal y en consecuencia se ha pro-
ducido la situación prevista e...
DERECHO PROCESAL PENAL
ref. por ley 8326) debe basarse en una ponderación adecuada e integral
de todo el plazo probatorio ...
CRÍTICA INSTRUCTORIA
no le causa agravio irreparable al encausado que tiene las restantes etapas
del proceso, con todas la...
DERECHO PROCESAL PENAL
de las probanzas de la causa, sin perjuicio de las calificaciones que se
adopten en el momento proc...
  Derecho procesal penal. Clariá olmedo
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  1. 1. DERECHO PROCESAL PENAL
  2. 2. JORGE A. CLARIÁ OLMEDO DERECHO PROCESAL PENAL Tomo III Actualizado por JORGE R A Ú L M O N T E R O Vocal de la Excma. Cámara Cuarta del Crimen de la ciudad de Córdoba Profesor adjunto de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba Apéndices de legislación y jurisprudencia actualizados por JOSÉ MARÍA MEANA Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa RUBINZAL - CULZONI EDITORES Talcahuano 442 - Tel. (01) 373-0755 - 1013 Buenos Aires Tucumán 2644- Tel. (042) 555520 - 3000 Santa Fe
  3. 3. La presente obra de Jorge Clariá Olmedo consta de tres tomos que han sido actualizados por los Dres. Jorge E. Vázquez Rossi, Carlos A. Chiara Díaz y Jorge Montero, respectivamente. Cada uno de los actualizadores ha prologado el volumen a su cargo. ISBN 950-727-161-9 RUBINZAL - CULZONI EDITORES de Rubinzal y Asociados S. A. Talcahuano 442 - Tel. (01) 373-0755 - 1013 Buenos Aires Queda hecho el depósito que dispone la ley 11.723 IMPRESO EN ARGENTINA
  4. 4. PRESENTACIÓN Continuando la tarea que realicé en la presente obra con quien fuera en vida mi Maestro, el doctor Jorge A. Clariá Olmedo, acepté gustoso la actualización del tercer tomo del compendio. En esta de- licada faena se ha seguido el estilo, estructura e idea del autor, tratando de captar en el análisis la variedad legislativa existente hoy en día en nuestro país, la cual afortunadamente se ha volcado en casi su totalidad a la oralidad, con excepción de la Provincia de Santa Fe. Como códigos modelos se han tomado en el tratamiento de los distintos institutos y temas compendiados los de la Nación, Córdoba y Provincia de Bue- nos Aires, sin perjuicio de efectuar también algún análisis de otros ordenamientos procesales en relación a ciertos puntos específicos dis- tintos. Han colaborado con el suscripto en esta fatigosa labor, con empeño y dedicación, los abogados Maximiliano y Gabriela García, ambos adscriptos de la cátedra "A" de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba. JORGE RAÚL MONTERO
  5. 5. Capítulo III CRÍTICA INSTRUCTORIA O CLAUSURA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA SUMARIO: 722. Concepto y extensión. 723. Desarrollo. 724. Méritos posibles. I. Sobreseimiento. II. Sobreseimiento por duda. III. Asunción de cuestiones previas. IV. Desarrollo de la fase crítica. 722. Una vez que el tribunal o fiscal de instrucción ha concluido con la formación del sumario en los dos aspectos que antes hemos considerado (investigación y situación del imputado), corres- ponde entrar a la fase crítica del primer período del proceso. En ella se analizará todo lo actuado, con la intervención de las partes penales (imputado. Ministerio Fiscal y, en su caso, el querellante), para concluir y decidir sobre el resultado de la investigación penal. En el caso concreto será, en definitiva, el de elevar la causa a juicio o cerrar el proceso con un sobreseimiento; esto sin perjuicio de que previamente pueda orde- narse la ampliación de las investigaciones. Es común que la doctrina considere como un momento intermedio a esta fracción del proceso por ubicarse entre el sumario (investigación penal) y el plenario (juicio), haciendo referencia a la terminología de los códigos antiguos. Para dársele contenido se expresa que en él se clausura la instrucción o investigación penal y se eleva o cita a juicio. Esto es más descriptivo que conceptual, y contradice el sistema de nues- tra legislación más moderna. En su pleno desarrollo, el momento de la investigación penal se extiende desde la conclusión del sumario por haberse agotado la in-
  6. 6. DERECHO PROCESAL PENAL vestigación y en su caso alcanzado el término, hasta el pronunciamiento jurisdiccional que pone fin a la instrucción o investigación penal por sobreseimiento o por remisión a juicio (plenario) de la causa. Ese iter puede ser breve o prolongado conforme a los requerimientos de las partes penales en función de las circunstancias de cada caso y de las previsiones legales. Lo evidente es que se está frente a una jurisdicción instructoria o de la investigación penal, cuyo alcance decisorio es semipleno. Sola- mente será definitivo el mérito desincriminador contenido en el so- breseimiento. Incriminar significa solamente proporcionar la base del juicio y provocarlo con un decreto o auto de remisión: dar curso a una acusación. 723. Hemos dicho que la crítica instructoria o de la investigación penal se anticipa durante la formación del sumario al resol- verse la situación del imputado. Esto permite orientar el sentido de la fase crítica desde el comienzo de la instrucción o de la investigación penal, proporcionando y delimitando el objeto sobre el cual ella debe versar y la persona a la que se debe referir. El sobreseimiento ya es un acto de este momento crítico aunque se pronuncie antes de haberse desarrollado plenamente la investigación. En realidad el juez la supone agotada ante la evidencia de la causal desincriminadora. Aquí pareciera impropio hablar de "momento" crí- tico en los códigos modernos, porque se agota en un solo acto juris- diccional o en un pedido fiscal y un solo acto jurisdiccional; pero nada impide que unifiquemos criterio con un sentido lógico, estimando que el momento se reduce a su mínima expresión. Agotada la investigación, y no contando con la evidencia de alguna de las causales previstas legalmente para dictar el sobreseimiento, el Código Procesal Penal de Córdoba determina que, vencidos todos los términos de la investigación penal preparatoria y sus prórrogas y no fuere razonable prever la incorporación de nuevas pruebas, podrá dictarse el sobreseimiento por duda insuperable (art. 350, inc. 5°). Cuando la conclusión del instructor o investigador es incriminadora, se debe desencadenar la etapa crítica provocando dictamen del Mi- nisterio Fiscal, y con ello una actividad plenamente desarrollada que 10
  7. 7. CRÍTICA INSTRUCTORIA ha de concluir el pronunciamiento final: sobreseimiento o remisión a juicio. Conforme al sistema del Código nacional, el acusador que recibe los autos puede expedirse acusando o no, sin perjuicio de solicitar nuevas pruebas. Si no acusa requiriendo el sobreseimiento, el juez puede estar en desacuerdo dando intervención a otro funcionario del Minis- terio Fiscal (fiscal de Cámara de Acusación o de Apelación). En los códigos más modernos el fiscal de instrucción, concluida la investiga- ción, formula la acusación o requiere el sobreseimiento. Si acusa, la defensa tiene la oportunidad para plantear cuestiones previas (cambio de calificación) y para oponerse a la elevación a juicio instando el sobreseimiento. Esto provocará un contradictorio sobre el fondo, que el juez de instrucción o juez de control debe resolver para poner fin a la instrucción o investigación penal. 724. Se advierte ya que antes de pasar decididamente al momento crítico, el mismo tribunal, o el fiscal de instrucción, debe hacer mérito de su propia investigación ya cumplida. Conforme al sentido de ese mérito, quedará resuelto si el proceso se trunca definitivamente o no, pudiendo detenerse a la espera de nuevas pruebas -hasta el ven- cimiento de todos los plazos legales previstos para practicar la inves- tigación penal preparatoria- o continuará con la orientación incrimi- nadora hacia la etapa de juicio. Los tres méritos implican la conclusión del momento práctico, pero con distinta significación como se verá en el análisis de cada caso. Cuando al resolverse la situación del imputado se haya declarado la falta de mérito para procesarlo o dictar la prisión preventiva, el trámite viene orientado dubitativamente, y si la situación no se modifica con la investigación posterior, es posible que concluya con un sobre- seimiento. En cambio, cuando la situación del imputado se resolvió en su procesamiento o prisión preventiva, lo común es que ese mérito incriminador se ratifique al final de las investigaciones piovocando la apertura del momento crítico en su integral desarrollo. Pero si no obs- tante el procesamiento o prisión preventiva las investigaciones poste- riores permiten variar el fundamento del mérito, puede concluirse con el dictado del sobreseimiento. 11
  8. 8. DERECHO PROCESAL PENAL I. SOBRESEIMIENTO SUMARIO: 725. Concepto. 726. Clases. 727. Efectos. 728. Causales. 729. Orden para estimar las causales. 730. Fundamento y oportunidad. 731. Formali- dades y contenido. 732. Efectos procesales e impugnación. 725. El proceso penal puede agotarse cognoscitivamente antes de llegar a la sentencia, para desincriminar al imputado. Así ocu- rre cuando se dicta el sobreseimiento por el órgano jurisdiccional, el que procede en cualquier momento de la instrucción o investigación penal, o sea como coronamiento de las investigaciones o de las críticas instructorias, por algunas causales también durante el juicio, y por extinción de la pretensión penal en cualquier estado y grado de todo el proceso. Este sobreseimiento es definitivo en su eficacia sustancial, favore- ciendo al imputado con el non bis in idem al igual que la sentencia absolutoria; ^ero no se trata en realidad de una absolución sino de un truncamiento del proceso que evita el juicio o su resultado. De aquí que sus efectos civiles no sean los de la absolución del acusado a que se refiere el artículo 1013 del Código Civil (este criterio no es com- partido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba que ha expresado que cuando el sobreseimiento se dicta por la inexis- tencia del hecho o falta de participación del imputado en el mismo, a los efectos civiles tiene las mismas consecuencias que la sentencia ab- solutoria). Nosotros nos ocuparemos aquí del sobreseimiento dictado durante la investigación penal que genera eficacia sustancial frente a la cuestión penal. Nos concretamos ahora al sobreseimiento que pone fin al pro- ceso, truncándolo antes de entrar al momento crítico de la instrucción o investigación penal, o sea que pone fin al sumario, cerrando el proceso sin posibilidad de su reapertura. Se trata de un pronunciamiento jurisdiccional del tribunal instruc- torio o de control, que en el Código Procesal Penal de Córdoba tiene la forma de sentencia, mientras que en el Código nacional y en el de la Provincia de Buenos Aires es dictado por auto. Debe fundarse en la evidencia de que existe una de las causales expresamente previstas por la ley, todas de significación sustantiva en cuanto referidas a la ausencia 12
  9. 9. CRÍTICA INSTRUCTORIA de responsabilidad penal o imposibilidad de aplicar pena, y a la extin- ción de la pretensión penal. 726. El efecto que produce el sobreseimiento debe referirse con- . cretamente al imputado en el proceso donde se dicta y no genéricamente a los posibles autores del hecho investigado. Esto quiere decir que el cierre definitivo de la causa se produce sólo con respecto al imputado en cuyo favor se dicta el sobreseimiento, y no con respecto a posibles partícipes no imputados, aunque se declare que el hecho no existe o que no encuadra en una norma penal. El sobreseimiento puede ser total o parcial cuando la imputación es múltiple. Es total cuando cierra la causa respecto de todos los hechos objeto del proceso y en favor de todos los imputados. Es parcial cuando queda excluido uno de los varios hechos o no favorece a alguno de los imputados. Dado el caso, el proceso continuará por el hecho no captado o contra el imputado no favorecido. Resulta ajena a esto la distinta calificación jurídica del hecho; cuan- do éste es el mismo no podrá, por ejemplo, sobreseerse por defraudación y elevar a juicio por libramiento de cheque sin provisión de fondos. 727. El valor del sobreseimiento es cerrar el proceso en forma de- finitiva e irrevocable con relación al imputado en cuyo favor se dicta. En realidad éste es el verdadero y único sobreseimiento, llamado "libre" por la legislación española. Se trata de dos caracteres que la identifican en su eficacia procesal y sustancial. La irrevocabilidad impide que sea sustituido o reformado aun cuando cambien las circunstancias o se modifiquen las pruebas de las causales que lo determinaron; o sea que no puede reabrirse el procedimiento. La definitividad impide perseguir de nuevo, o sea que, con respecto al hecho comprendido, el sobreseimiento hace cosa juzgada para el imputado favorecido con él. Desde el punto de vista y en cuanto a sus efectos penales, en nada se diferencia el sobreseimiento de la sentencia absolutoria. Hasta podría afir- marse que sustancialmente es una sentencia cuando se pronuncia sobre la falta de fundamento de la pretensión penal. En cambio, el sobreseimiento se distingue claramente del archivo de la causa fundado en la existencia de un obstáculo, que no extingue la pretensión penal, no obstante ser impedi- tivo del ejercicio de la acción y de la jurisdicción. Ese archivo es provisional 13
  10. 10. DERECHO PROCESAL PENAL por cuanto, salvado el obstáculo, el proceso debe continuar. Igual distinción debe hacerse entre el sobreseimiento y el archivo por desestimación de la denuncia fundado en que el hecho no constituye delito. En lo que respecta a la cuestión civil surgida del hecho captado por el sobreseimiento, ya no puede decirse que los efectos civiles sean los mismos de la sentencia absolutoria, o sea los previstos por el artículo 1103 del Código Civil. El sobreseimiento no es la absolución que pone fin a un juicio penal sino el truncamiento del proceso para evitar el juicio, ante la evidencia de la imposibilidad de que en el futuro sea condenado el imputado. Ello no impide que en la sede respectiva se discuta plenamente la cuestión civil, aunque el sobreseimiento se haya fundado en la inexistencia del hecho principal o en la falta de responsabilidad del imputado. 728. Todos los códigos enumeran taxativamente las causales en que puede fundarse el sobreseimiento. En atención al elemento que las determina, pueden distinguirse en objetivas, subjetivas y extintivas. Son causales objetivas las que se refieren al hecho contenido en la imputación y comprenden la no comisión de ese hecho, o su imposi- bilidad de encuadrarlo en alguna norma penal. Lo primero se limita a lo fáctico; lo segundo se circunscribe a la relevancia jurídica del hecho cometido. En ambos casos se trata de la existencia del objeto procesal en el mundo de la realidad, que resulta negado en uno u otro de sus aspectos; el fáctico o el jurídico penal, limitadamente a la tipicidad. Son causales subjetivas las que se refieren al elemento personal de la imputación. Captan la imposibilidad de atribuir material o jurídi- camente el hecho imputado, o de considerar a éste penalmente res- ponsable por ese hecho; falta de participación, justificación, inculpa- bilidad y excusa absolutoria. La falta de participación significa que el hecho no ha sido cometido por el imputado ni como autor, ni como cómplice, ni como instigador, quedando comprendida la falta de acción en cuanto elemento del delito. Las otras causales subjetivas dan por sentada la participación del imputado como posible, pero implican la evidencia de que media una circunstancia excluyente de antijuridicidad, de culpabilidad o de pena. La justificación se exhibe en el estado de necesidad, cumpHmiento de un deber, legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, legítima 14
  11. 11. CRÍTICA INSTRUCTORIA defensa y obediencia debida. La inculpabilidad es el resultado de la inimputabilidad; además comprende el error o ignorancia de hecho no imputable y la coacción moral. La excusa absolutoria se muestra en circunstancias previstas por la ley que impiden aplicar la pena no obstante darse todos los elementos dogmáticos del delito: tentativa de- sistida, aborto tentado, hurto entre parientes, etcétera. Las causales extintivas se refieren a la pretensión penal cuya desa- parición impide que se continúe con el ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción. Se trata de todas las previsiones del Código Penal sobre la extinción de la acción penal, entre ellas la prescripción. Otra causal extintiva prevista en el Código de Córdoba que impide el ejercicio del poder de acción y jurisdicción es el sobreseimiento por duda in- superable, si una vez que han vencido todos los términos previstos para la investigación, no hubiera fundamento para elevar la causa a juicio y no fuere razonable la incorporación de nuevas pruebas. 729. Los códigos modernos dan, como directiva para el tribunal, un orden para la consideración de las causales del sobresei- miento, el que deberá respetarse en lo posible. Es el siguiente: no co- misión del hecho; falta de participación del imputado; ausencia de en- cuadramiento del hecho en alguna figura penal; mediación de una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolu- toria; causales extintivas. Nosotros pensamos que, ante la evidencia sobre dos o más causales, debe darse prioridad a la extintiva si se cuenta entre ellas. Ello se debe a los efectos que, conforme a la ley penal, tiene la extinción de la acción. Esos efectos excluyen el argumento de la injusticia que significa para el imputado la omisión de resolver sobre el fondo cuando es evidente que no ha cometido el hecho. A fuer de imponerle al juez analizar antes otras causales, más injusto sería que éste declarase al imputado culpable pero que no se le acusa o condena por haberse extinguido la acción penal. Este criterio es receptado por el Código Procesal Penal de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires. La presencia de una causal extintiva debe ser estimada inde- pendientemente en cualquier estado del proceso porque tiene valor impeditivo de la persecución y del juzgamiento sobre el fondo. Por cierto que si en los primeros momentos de la investigación sobre ella 15
  12. 12. DERECHO PROCESAL PENAL se presentan dudas, el tribunal debe entrar a analizar los otros aspectos de la cuestión penal, fundamentalmente los objetivos, ya que si el hecho no se ha cometido o no encuadra en una figura penal, no se advierte cómo puede concluirse, por ejemplo, sobre la prescripción. La extinción de la acción penal es un medio por el cual el Estado dispone de su poder de castigar (perseguir), el que no puede ser suprimido por el tribunal ni por la voluntad del imputado. En cuanto a las demás causales, el orden establecido resulta lógico en general, y contemporiza con la ley de fondo. No obstante, enten- demos que debe darse preferencia a las causales objetivas, o sea con- siderar el encuadramiento penal antes que la participación. 730. El sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta. Procede cuando al tribunal no le queda duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena. El Código de Procedimiento Penal de Córdoba (art. 350, inc. 5°, ley 8123) como también el de Tucumán disponen que deberá dictarse sobresei- miento cuando: "Habiéndose vencido todos los términos de la investiga- ción penal preparatoria y sus prórrogas, no hubiere suficiente fundamen- to para elevar la causa a juicio y no fuere razonable, objetivamente prever la incorporación de nuevas pruebas", es decir, escapando a la simetría de esta resolución, prescriben su dictado para el caso de la duda insuperable una vez que hayan vencido los términos de la investigación penal. El criterio legal expresado en el párrafo precedente rige sin excep- ción cuando el sobreseimiento ha de dictarse durante las investigacio- nes, vale decir, sin el desarrollo del momento crítico. Para la causal extintiva, también rige siempre este criterio cualquiera sea el momento en que se dicte el sobreseimiento, ya que es de regla que pueda dictarse en todo estado o grado del trámite cuando sea evidente su existencia. La excepción del llamado sobreseimiento por duda se da cuando agotada la investigación penal y sus plazos no se supera dicho estado espiritual y no resulta factible superarla en el futuro. Todos los códigos ubican el sobreseimiento en cualquier estado de la investigación penal. De ello se deduce que la instrucción o la inves- tigación penal debe estar abierta, o sea que antes de la incoación del proceso no es posible sobreseer. De aquí que no pueda sobreseerse 16
  13. 13. • GRJTJKA INSTRWCTQRU coíindü media íin-obstáculo para-k intoaciándela causs (avocamiento imtructo-rio),,'cx)roo mel caso <fc la;,exigencia de la instancia privada para la farinación de una caiisa.- ' > , ' iniciada, la instrucción, para la legislación riioderna es posible so- breseer aun cuando se hubiere recibido la declaracióui indagatoria y las pruebas recogidas bagan evidente la existencia' de la causal. De esto se deduce que el sobreseimiento introdüctoTio no impone el agota- miento de la investigación cuando ello resulta inútil al anticiparse a la imposibilidad de una futura condena del imputad-o. 731. Para el Código naciortói y el dcla Provincia de Buenos Aires el sobreseimiento se dicta por resolución con formalidad de auto. El Código de 1^ Provincia de Córdoba y los que le siguen expresan que "se dispondrá por sentencia" pero no establecen las formalidades <jue esta sentencia específica debe tener. Pe aquí que en la práctica se siga-utilizando la forma de auto. Esta regiilación no ha producido ma- yores consecuencias en la interpretación y aplicación de la norma. Como todo auto, debe ser motivado y escrito. Además debe proto- colizarse al igua) que la sentencia para conservar su permanencia; pero el procedimiento para obtenerlo nó es el mismo previsto para ésta. No se prevén en los códigos los elementos que necesariamente deben irrtegrár el pronunciamiento, pero pueden obtenerse del sistema normativo, d saber: lugar, fecha y firma exigidos para toda resolución judicial; indivi- dualización del imputado favorecido a los fines de la identidad de persona ante el non bis in ídem, y el expediente en él cual se dicta; enunciación del hecho Captado por el sobreseimiento en cuanto venía siendo atribuido al imputado, para fijar la identidad del objeto; los fundamentos que permiten llegar a la conclusión de que existe la causal asumida a través del examen de las pruebas reunidas y de la valoración de las normas jurídicas pertinentes en su caso, y el dispositivo, apoyado en la fundamentación, que declara el sobreseimiento con el efecto previsto. La trascendencia del sobreseimiento ha unificado la jurisprudencia en todo el país con respecto a,las exigencias mínimas en la estructura del auto que lo resuelve. De aquí que se haya considerado nulo el auto que, remite al contejiido de la, fall;a de tné.rito p 4el dipt^men fiscal. No corfespor^l^. hacer refpreifia ¡alguna ^ lai cu¡esí:ión civijl, aunque haya §ido,planteada en el prpce^o.penal.. ,, r.., - 47
  14. 14. DERECHO PROCESAL PENAL 732. Los efectos procesales del sobreseimiento en nada se diferen- cian de los de toda resolución liberatoria que pone fin defi- nitiva o provisoriamente al proceso. Si el imputado en cuyo beneficio se dictó estaba detenido, corresponderá ordenar su inmediata libertad. Si el sobreseimiento es total, deberá archivarse el expediente; si es par- cial, continuará el proceso por el hecho no comprendido o con respecto a los imputados no favorecidos con él. También corresponde que se ordene la cancelación de los embargos trabados y la restitución de los objetos y demás piezas de convicción secuestradas o retenidas en depósito relacionadas con el hecho captado por el sobreseimiento. Por otra parte, debe comunicarse lo resuelto al Registro de Reincidentes por los despachos correspondientes, para que se practiquen los asientos del caso. En cuanto a la recurribilidad del sobreseimiento, se rige por los principios comunes de las impugnaciones en general. Todos los códigos lo declaran apelable, respondiendo a la doble instancia que rige para la instrucción o investigación penal. Además, para los códigos moder- nos, el dictado o confirmado en segunda instancia puede ser objeto de casación o de inconstitucionalidad por los motivos taxativamente previstos para cada uno de estos recursos. El agraviado es el Ministerio Fiscal como regla, o el querellante en su caso; para los códigos modernos puede serlo también el imputado si no se respetó el orden en que debieron o pudieron ser tenidas en cuenta las causales o si se aplicó una medida de seguridad. Cuando impugne el Ministerio Fiscal, el recurso no tendrá efecto suspensivo conforme a los códigos modernos, o por lo menos debe permitir la excarcelación bajo promesa jurada. II. SOBRESEIMIENTO POR DUDA SUMARIO: 733. Significación y fundamento. 734. Prórroga extraordinaria de la instrucción. 735. Efectos. 736. Interpretación. 737. Prórroga de la instruc- ción y sobreseimiento por duda. 737 bis. Juicio abreviado inicial. 733. Puede ocurrir que una vez agotadas las investigaciones, el tri- bunal o fiscal de instrucción no obtenga certeza para dictar el sobreseimiento, ni tampoco pueda obtener o mantener el mérito
  15. 15. CRÍTICA INSTRUCTORIA necesario para provocar la elevación de la causa a juicio. El mérito para la elevación a juicio estará ausente cuando la falta de mérito de- cretada a favor del imputado, o su estado de duda, se mantiene hasta el final no obstante la investigación posterior practicada. Por otra parte, ese mérito no se mantiene cuando, no obstante el procesamiento o prisión preventiva del imputado, la investigación posterior destruye su fundamento en grado de desvirtuar lo que se considera como elementos de convicción suficientes para concluir sobre la posibilidad de condena en futuro juicio. Se trata de una situación de duda en que se encuentra el instructor frente al resultado de la investigación. Los Códigos de Córdoba y de Tucumán disponen que "habiéndose vencido todos los términos de la investigación penal preparatoria, no hubiere suficiente fundamento para elevar la causa a juicio y no fuere razonable objetivamente proveer la incorporación de nuevas pruebas deberá dictarse el sobreseimiento" evi- tándose, acertadamente, burocráticos e injustificados trámites de la pró- rroga extraordinaria de la instrucción o sobreseimiento provisional, má- xime cuando la estadística y experiencia ha enseñado que todos los casos en donde hubo duda insuperable han terminado en sobreseimiento de- finitivo. Con ello se perfecciona el trámite de la investigación penal al acelerar y acortar el procedimiento, no prolongándolo en el tiempo sin razón valedera alguna, permite reinvertir energías investigativas en causas que verdaderamente lo demanden y se consagra la garantía constitu- cional, en orden a aquello de que "Toda persona tiene derecho a la liberación del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, a través de una sentencia que establezca de una vez por todas su situación penal" (C. S. J. N., Fallos: 22:138; 300:1102). 734. En estos casos de duda, algunos códigos considerados antiguos han regulado lo que con cierta impropiedad se denomina "pró- rroga extraordinaria de la instrucción". No debe confundirse con una prolongación de la investigación instructoria, como suele ocurrir en la práctica. Se distingue en varios aspectos de la prórroga ordinaria del plazo fijado como originario por los códigos. Procede en este momento en que se agota la investigación, y también puede injertarse dentro del momento crítico, como se verá más adelante. Se trata de suplantar el sobreseimiento provisional, por lo cual el
  16. 16. DBRBCKS PROCES'AL PENAL fundamento es "similar a 'éste,!aunque sus efectos legales son distintos. Procede'cuandó al agotarse la investigación instructoria no hay evi- dtendia para sobreseer (definitivamente) ni convicción suficiente para concluir, con la< Causa que debe ser elevada a juicio. Por regla general la ordenará el juez de instrucción sin necesidad de instancia de paite, f por resolución con forma de auto, vale decir con fundamentación, en el'que se ordenará la libertad del imputado si estuviere detenido. Este auto es apelable sin efecto suspensivo. Las partes civiles no tienen intervención alguna. 735. El auto de prórroga extraordinaria produce la clausura del sumario cotí un mérito provisional dubitativo que mantiene abierto el período instructorio a la espera de nuevas pruebas de cargo o de descargo. Es una paralización del procedimiento por un plazo determinado en atención a que puedan obtenerse elementos de con- vicción qué conduzcan a una definición legal sobre el mérito. Si esta posibilidad no se da, corresponderá sobreseer una vez vencido el plazo. El límite terrtporal a qlie nos hemos referido es variable en los distintos códigos que prevén este instituto. Cuando es parcial por re- ferirse a alguno de los hechos investigados o de los imputados, deben separarse los procesos por los hechos o imputados respecto de los cuales la causa ha de continuar incriminadoramente. 736. A pesar de que la situación de duda implica modificar el grado de convicción en que se fundamentó el procesamiento, con- forme a una interpretación literal de la ley éste no queda revocado en sus efectos por el auto de prórroga extraordinaria. Tanto el procesa- miento como la prisión preventiva se mantendrán, por lo cual no deberá dictarse nuevamente si la causa debe continuar hacia el juicio. Pero Una interpretación lógica llevaría a una solución contraria que impon- díía, en sü caso, un nuevo procesamiento y prisión preventiva. "737. Durante lá prórroga extraordinaria no puede regir la reserva de las actuaciones porque se ha superado ya la investigación sumaria. No obstante, el régimen de las actuaciones debe ser el mismo de la investigación.'El Instructor conserva iguales atribuciones que tas propias del sumario, deljifendo impulsar la btisqueda de las pruebas eficaces para superar la duda. Cuando esto ocurre, se determinará por el sobreseimiento o-^por- la provocación del acto acusatorio. 20
  17. 17. CBÍTICA INSTRUCTORIA ' Así puede precederse aun alcanzado el plazo de la prórroga ex- traordinaria, porque este plazo es meramente, ordenatorio.f Pero si la duda subsiste después de ese vencimiento, corresponderá asimismo dic- tar el sobreseimiento (definitivo). Se trata de UÍ> sobreseimiento obli- gatorio que no responde al principio general,,por cuanto no requiere la evidencia de la causal. De aquí que también se lo llame sobreseimiento por duda. 737 bis. El Código de Córdoba, conforme a lo dispuesto por su última modificación, ley 8658, regula el juicio abreviado inicial dis- poniendo que desde el mismo momento que el oficial auxiliar de la Policía Judicial proceda a la aprehensión en flagrancia de una persona y a la inmediata presentación a la autoridad judicial competente, hasta la clausura de la inve<;tigación penal preparatoria, el imputado en pre- sencia de su abogado defensor podrá solicitar la realización del juicip abreviado inicial sobre el hecho que motivó su aprehensión siempre que estuvieren de acuerdo el juez y el fiscal, una vez formulada la acusación, la que se podrá basar en la aprehensión en flagrancia y en los elemento,' de prueba que existieren. Se realizará el juicio de con- formidad al trámite del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal de Córdoba. El ;uez de instrucción, previo requerir la confesión circunstanciada del imputado en relación a los hechos contenidos en la acusación, le hará conocer sus derechos y el alcance del acuerdo logrado. La sentencia se fundará en la aprehensión en flagrancia o en la confesión del imputado y en los elementos de prueba reunidos. Si el juez de instrucción no presta conformidad al procedimiento o al acuerdo, o si habilitado el mismo el imputado se retracta, se re- mitirán nuevamente las actuaciones al fiscal de instrucción a los fines del artículo 357. De haber mediado confesión del imputado, no podrá ser tenida en cuenta a ningún efecto (art. 356 vigenfe). Este novedoso instituto instrumentó la posibilidad de adelantar este procedimiento de juzgamiento en los supuestos de aprehensión en fla- grancia, como así también aquellos en los que la evidencia anticipada aparece palmaria, por tratarse de situaciones enJas que la imputación delictiva se encuentra, acreditada en el inicio del proceso. Es que el flagrante delito al ser descubierto y comprobado,en esa circunstancia 21
  18. 18. DERECHO PROCESAL PENAL pone de manifiesto y notorio ambos extremos de la imputación delic- tiva; entonces, partiendo del sentido común que indica que mientras más compleja resulta la acreditación de los extremos de la imputación delictiva, mayor esfuerzo demandará su resolución, por el contrario, si aquélla es sencilla (la acreditación de los extremos de la imputación delictiva), rápida, práctica y sin mayores complicaciones será la decisión. Capitalizando la excelente experiencia y estadística que en corto tiempo ha brindado el artículo 415 del Código Procesal Penal de Córdoba, se prevé un procedimiento especial abreviado directísimo y sumarísimo que, con total respeto de los principios de legalidad y verdad real, acep- tando y estableciendo como indispensable el consenso de los sujetos esenciales del proceso en cuanto a su concretización, regule la posibi- lidad del juicio abreviado inicialmente sin necesidad de practicar la investigación o durante la misma, para la franja delictual de la flagrancia o en los supuestos de evidencia probatoria anticipada. El trámite a seguir en este juicio abreviado es el prescripto por los artículos 356 y 415 del Código Procesal Penal de Córdoba (ver infra, N° 942 a 947). Este procedimiento especial otorga las siguientes ventajas: a) Mayor celeridad, pues acerca notablemente la sentencia defini- tiva a la comisión del hecho delictivo en supuestos en que la contundencia de la prueba por la aprehensión en flagrancia o por la existencia de elementos de convicción que proporcionan una evidencia anticipadamente palmaria tornan innecesario que se cumpla con todas las etapas del proceso. b) Respeto por las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, puesto que su realización requiere de la petición del imputado, y para el caso de no existir consenso con los demás sujetos del proceso, la confesión no podrá ser tenida en cuenta para ningún efecto. c) Mejor utilización de los recursos humanos y económicos, pues la competencia corresponderá al juez de instrucción, y ello de- terminará que las Cámaras del Crimen concentren su actividad en las causas complejas que requieren mayor esfuerzo y tiempo para su resolución, permitiendo una sensible mejora en el ser- vicio de justicia. 22
  19. 19. CRÍTICA INSTRUCTORIA III. ASUNCIÓN DE CUESTIONES PREVIAS SUMARIO: 738. Concepto y alcance. 739. Formalidades y trámite. 740. Causales que las fundamentan. 741. Alcance de la falta de acción. 738. Puede ocurrir también que en cualquier momento de la in- vestigación penal o al agotarse la misma, el tribunal o fiscal de instrucción advierta la existencia de una causal que deba ser asumida al advertirse, por constituir un impedimento al ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción. Se trata de las cuestiones previas de especial pronunciamiento que los códigos procesales penales caracterizan como "excepciones", y que pueden articularse por los interesados en cualquier momento de la instrucción o de la investigación penal. No es del caso entrar aquí en el análisis del espinoso tema de la excepción procesal. Basta aclarar que legalmente el asunto está captado en el sentido estricto o sea como actividad por la cual se resiste a la prosecución del proceso con el fin de paralizarlo o extinguirlo. Pero se aparta del concepto civilista de corte dispositivo que consiste en una pretensión del demandado fundada en causales impeditivas de la de- cisión sobre el fondo (dilatorias) sólo asumibles por el tribunal cuando aquél las articula oportunamente. En el proceso penal estas causales son obstáculo para el desarrollo del proceso, y pueden ser tanto arti- culadas por cualquiera de las partes como relevadas de oficio por el tribunal. Es una consecuencia del principio de oficialidad. Las causales que provocan estas cuestiones se manifiestan en omi- siones, hechos, circunstancias o actos que surgen o se advierten durante la marcha del proceso, y que al ser asumidas como existentes implican un obstáculo definitivo o transitorio para que el proceso pueda alcanzar su finalidad. Impiden definitiva o temporariamente el progreso de la persecución y por ello la decisión sobre el fondo frente al caso concreto. Procesalmente se vinculan con las nulidades absolutas, más aún cuando atañen a la ausencia o deficiencia de un presupuesto procesal. Adviértase que no están captadas aquí las causales objetivas o subje- tivas fundamentadoras del sobreseimiento, pero no se excluyen las extin- tivas. En cuanto a éstas, pareciera mejor incluirlas como causales de las cuestiones previas, sin perjuicio de que al ser asumidas sirvan para fun- damentar el sobreseimiento, que pone en vigencia el non bis in idem. 23
  20. 20. DERECHO PROCESAL' PENAL 739. Lo ciertd'€§'<|üéM9'|)ódííaítiáttersií'dé-'^'exc^pción" cuando , la.cuestión previa fuese artillada por, te 4efen^3vPer<^;taínbién puede articularla el'qu€reílant€ y aun las pártes-eívilesí^'y^iméde hacerlo el agente o procurador fiscal si advierte su existencia. En estos casos se debería tramitar el incidiente; con ¡la debida sustanciaciónu. ' Ua cuestión debe'deducirsepóréScritoeri'd que se ofrecerán todas las pruebas. Si las cuestiones' stítiVatias deberán interponerse córljün^' táménte, vale decir en el mismo escrito, para evitar la 'multiplicación de incidentes. Las que así no se plantearen quedarán relegadas p>ara el desarrollo del mornento criticó, sin perjuicio de que él tribunaMas asÁima de oficio. Deben expresarse los-Hechos y las razones en que se fundamenta la cuestión y peticionarse lo que corresponde. " Se advierte la orientación cii^ilista que tiene esté trámite incidental; pero ello se aminora aíite las facultades autóriorñas de investigación y de decisión que tiene él instructor. Las limitaciones' y exigencias sólo se prevén cuando sean articuladas como incidente, con intervención dé las otras partes, posible apertura a prueba y disctisión. Los códigos antiguos prevén el trámite del juicio verbal;'los modernos, ik vista comió medio para contestar la articulación. Los aí-tícülos 339 y siguientes del Código nacional distinguen entre cuestión previa' y cuestión de especial pronunciamiento, pero no es técnico para'marcar-esta separación. Mientras se traínita el incidente, puede contintiafía investigación. De aquí que aquél deba actuarse por expediente se{)afádo. Él incidente'debe resolverse por áiító^ el que es apelable'. Si la cuestión es acogida favora- blemente, producirá el efecto previsto; caso coriti-ario, continuará la in- vestigafcíóñ. Pero dado que él'ttibunal piiede'asurriir déófitio üha cues- tión previa, reáultá evidente que al dictar él 'auto respectivo le pondrá fiíi al proceso conisobreséimiéritó,'o loenviaí-á al'tribunal competente. 740.' '• Todos'los* códigos énürríérah las éiíestiónes que se "pueden ""• 'plantear durante el ittnt'átíó, y p»ór ehde,''^ué'débeW se'r asu- midas póf el'tribunal'Si'advierte su éxistefrí¿íá durante o'al agotarse la investigación. También'se prevé (el efécto'qué'pr<3iduce taáatipb dé esas cuestionisíéuahdb elttibiáflárias detíará éMSféhtésPTodós los cód^^ eni sustancia sé limitan a ^tó-'qiaé sé'éxprésa-éómó falta dé-éortipeteñciá y falta dé acción pét ño-pddfeíée'pro'nlíóver'ó proseguir, ejércitafsé íié-' galmerite; O pbrhabersef^iíiguidó la pretensión penüí;*' '• if^^ ' ' ' 24
  21. 21. CRÍTICA INS¥RÜGTORÍA Í; /En' itaso de faita=de ?cdrnpetenciafique •debe ser tenida en 'cuenta- antes qüe'ksotra&s los efectos son 'los ya' previstos iú tratar las r-eglas déla cojtjpejtencia-: declinatoria ¡(supra^N" 3t04 y ss.). Si, bien es cierto que.el ityibunal actuante cfisanín el ejercicio de la.jurisditíción con res^ pectó al caso deque se trata;po¡JÍen.dQ fin a su actividad investigativa, en realidad el proceso¡ndiSe paraliza ni el sumario, se concluye puesto qu^,dehe .eontii;;uar,lo eljíribunal que resylte complétente. ,; íin cuanto-a la a'ceióp ilegialmente iniCiiada por estar,pendiente la persecución en otro procesp (aspecto del no«'fe/5 ¿« ¿ííem)^ ciertamente que la causa penal no perimeppr cuanto habrá de continuar el trámite de la litis pendiente. Sin embargOjiresueltafavorablemente la cuestión, eliproceso en que se. acoge fenece, y por lo tanto la .investigación cesa definitivamente. De aquí que se tra^, de una cuestión procesalmente perentoria.. . ., , . ; . , . . ^ . , ¡jEAíl.o/que, jfespecta a la ejítinción de la pretensión penal que es verdaderamente una típica cuestión perentoria, ha sido ya analizada, como causal de' sobreseimiento. Vale decir aquí todo lo que en esa oportunidad se, expresó sobre Ip^ efectos d,e éste. ,, ^ . 741. La llamada falta de acción carece de un valor técnico preciso. Comprende todas las causales impeditivas de la promoción y ejercicio de la acción penal, entre ellas la extinción de la pretensión penal, sea antes de la incoación de la caüs-ai sea durante el desarrollo de la investigación. _ También comprende el agotamiento de la pretensión penal por ha- ber recaído en la misma causa un pronuníiamiento definitivo incri- minador o desincriminador: cosa juzgada. Dicha cuestión es perentoria para el proceso, y no para la causa pufesto que éstaperimió por el sCibreBeimiento o sentencia dictada en el proceso anterior. De aquí que ante la:cosa juzgada-corresponda poner fin al sumario, el que se ar- chivará definitivamente; -^ :'?'.,:'::.',. •::.'-,:;.; Otrá'tuestión que irtiplicaatisehcía'définitivá'del poder de ejercicio' déla'acción penal es-la* del menot'tó soriletiblé 'a p'róce^b, vale decir rio péfségüiblé pehalrriente. Esto puede tfcurrfr áiité 'sú calidad dé iním -' pütable 1tírís et'deiure -no haber curiiplido los 14'añó's de edad- b por ser menor de 18 años en caso de delito punido con nb más'déuri año de privadén de la libertad,rmultá o-ínhaíbilitación '(arts'. 2<^ y 3°, 2S-
  22. 22. DERECHO PROCESAL PENAL ley 22.278). Es un caso en que no es posible formar causa definitiva- mente, lo que conduce al sobreseimiento con valor de non bis in idem. Esta última cuestión es perentoria sustancial, como parece serlo también la falta de legitimación del imputado por no ser la persona perseguida aquella a quien se pretende perseguir: no hay identidad física. De aquí que en ambos casos se proceda a sobreseer. Las demás cuestiones referidas a la llamada falta de acción tienen un efecto dilatorio por cuanto implican la paralización temporaria- mente del proceso. Cuando el tribunal de instrucción las acoge, queda truncado el trámite del sumario, debiendo archivarse el proceso sin perjuicio de declarar las nulidades que correspondieren. El sumario se reiniciará o continuará si se salva la circunstancia impeditiva porque la pretensión penal no se extingue. Esas cuestiones dilatorias se fundan en la omisión de una exigencia de las leyes de fondo o de forma impuesta como condición ineludible para promover válidamente la acción o para proseguir su ejercicio. Son los casos de omisión de instancia privada, de falta de legitimación del acusador, de actuación de oficio no autorizado, privilegio constitucional que impone el antejuicio y prejudicialidad penal. IV. DESARROLLO DE LA FASE CRÍTICA SUMARIO: 742. Formas de iniciación. 743. Clausura del sumario. 744. Posibili- dades previas. A) Requerimientos no acusatorios. B) Requerimiento acu- satorio. C) Trámite de elevación a juicio. 742. Una vez agotada la fase de la investigación y habiéndose dic- tado el procesamiento (o prisión preventiva), si el tribunal o el fiscal de instrucción considera que la causa debe ser llevada a juicio dará al proceso el impulso incriminador correspondiente conforme al trámite previsto en los distintos códigos. Se trata de una conclusión positiva de incriminación provisional, que también puede resultar de la oposición del Ministerio Fiscal o del querellante al sobreseimiento (arts. 352, Cód. Nac; 352, Cód. de Córdoba, y 79, inc. 7°, Cód. de Buenos Aires). Este impulso incriminador determina un trámite para la clausura 26
  23. 23. CRÍTICA INSTRUCTORIA de la investigación penal o instructoria con la simultánea apertura del momento crítico de la investigación penal o instrucción. En la doctrina, y con repercusión en nuestros códigos, se ha planteado aquí la necesidad o conveniencia de dar en este episodio procesal intervención al acusador público, también la de si se requiere o no un pronunciamiento formal del instructor sobre la clausura del sumario. Los códigos modernos expresamente dan intervención al agente fiscal de la investigación penal, en este trámite, regulando también lo que se conoce por clausura automática del sumario, o sea sin que medie decla- ración expresa al respecto. Agotada la investigación el fiscal de instrucción formula la acusación respectiva, la que deberá ser notificada al defensor del imputado quien podrá oponerse en el término de tres días instando el sobreseimiento o el cambio de calificación legal. En estos casos las actuaciones son remitidas al juez de instrucción (art. 347 del Cód. de Córdoba); similar trámite prevé el Código de la Provincia de Buenos Aires. Mientras que en el Código nacional se establece que una vez que se hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y se estimare com- pleta la instrucción se correrá vista al agente fiscal para que formule la acusación, el que podrá solicitar las diligencias que considere necesarias y si estima que la instrucción está completa podrá peticionar el sobresei- miento o requerir la elevación de la causa a juicio. Para estos códigos modernos la clausura del sumario se produce automáticamente: 1) Cuando el fiscal de instrucción requiere la citación a juicio cuan- do se procede por citación directa; 2) cuando al evacuar la vista, el agente fiscal considera que el su- mario está completo y se expide sobre el fondo (arts. 347, Cód. de Córdoba, y 349, Cód. Nac); 3) cuando el tribunal devuelve el expediente al agente fiscal que pidió diligencias omitidas, cumplidas éstas o no (art. 348 del Cód. Nac). 743. Conforme al artículo 348 del Código nacional el juez dictará el sobreseimiento si estuviere de acuerdo con el requerido. De lo contrario, sea que no esté de acuerdo con el sobreseimiento pedido por el fiscal, o sea que sólo el querellante estimare que debe elevarse 27
  24. 24. DERECHO PROCESAL ;PEÍSIAL a juicio la causa, dará intervención por seis días a Ja Giámara"de Ape- laciones; Si ésta entiende que correspondeícievar a juicio la causa, apar- tará al fiscal' intervihiente e instruirá eh tal sentido al. fiscal que designe el fiscal.de Cámara o al que le siga entorden de turnó. '• Encesté serítído, el auto o decreto de elevación a juicio rio es apelable, salvo cuando se pretenda ampliar subjetivamente la iinputación. En este sisteriía, pues, el auto de elevación de la causa a juicio o decreto de elevación a juicio está impuesto éri todos los casos para que se pueda continuar incriminadóramente, o sea, para que la causa pase a plenario. Una vez dictado, el tribunal de instrucción cesa en su com- petencia funcional, y provoca el inicio dé la competencia del tribunal de sentencia. En el Código de Buerios Aires la clausura es automática cuando el Ministerio Fiscal formula la acusación. 744. Conforme a lo que venimos viendo de los códigos modernos, se ha visto ya que si el investigador mantiene el mérito incri- minador al agotar la investigación, debe formular la acusación (art. 354, Cód. de Córdoba) o debe correr vista al agente fiscal para que requiera lo que corresponda (Código nacional), y si no requiere pruebas deberá expedirse sobre el fondo. Conforme al Código nacional, una vez que el tribunal de sentencia recibe el expediente, debe citar al Mi- nisterio Fiscal y a las partes a los fines de qtie en el término de diez días comparezcan a juicio y examinen las actuaciones, ofrezcan prueba e interporigan recusaciones que estimen pertinentes. A) Requerimientos no acusatorios SUMARIO: 745. Falta de acuerdo de la jurisdicción. 746. Planteamiento y trámi- te. 747. Caso dubitativo. 745.' Ahtigüanierite él Código de Córdoba disponía que cuando el agente fiscal requería sobreseimiento, sólo por excepción era directamente vinculante para el juez de instrucción. Significaba que, ante esterequerimiento el juez dictaba el sobreseimiento sin más trámite (art:. 3$4v apartado 39 del Cód; de=Córdoba, derogado por ley 8123), limitadamente pgtra lasí causas dé conipetencja correccional, r 28
  25. 25. CRÍTICA íNsTRtj<rroiiiA /'.Saívo esas previsiones,'coniexcepcióndel Código de La Pampa toda nuestra legislación considera la'.po&ibilidad del desacuerdo del juez, con el requerimiento del órgano de la acusación, previerifdo para el caso un contralor que no vulnere el principio nec procedat iudex ex officio. Recuérdese que el tribunal mantuvo el mérito del procesamiento al correr vista al agente fiscal una vez; agotada la investigación (Código nacional). 746. Conforme a las formulaciones rtiás generalizadas, cuando el Ministerio Fiscal requiere sobreseimiento, el tribunal lo dictará si estuviera de acuerdo. Si no lo estuviere, deberá dictar un decreto fundado por el que se remitirá el proceso al miembro del Ministerio Fiscal de inmediata jerarquía superior (Cámara de Acusación, Cámara de Apelación, Cámara de Juicio, según el código de que se trate). El fundamento debe ser la expresión motivada de su opinión adversa al sobreseimiento indicando los motivos por los que a su criterio corres- ponde elevar la causa a juicio o abrir el plenario. En esta forma queda planteado el desacuerdo, que debe dirimir el fiscal destarado ante el tribunal de alzada. Éste deberá dictaminar por escrito y fundadamente, dando una concreta conclusión. Si coincide con el requerimiento del agente fiscal, es obligatorio para el juez dictar el sobreseimiento. Si el fiscal de Cámara opina que procede abrir el plenario o elevar la causa a juicio, corresponde que el juez remita la causa en vista a otro agente fiscal para que formule requerimiento de elevación a juicio conforme a los fundamentos del dictamen del fiscal superior (Código de la Nación), o directamente el mismo formulará el requerimiento de citación a juicio (Códigos de Córdoba y de Buenos Aires). De esta manera se salva el principio de acusación. 747. El Código de Córdoba dispone que habiéndose vencido los términos de la investigación penal preparatoria y sus prórro- gas, y no hubiere suficiente fundamento para elevar la causa a juicio y no fuere razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevas pruebas deberá ordenarse el sobreseimiento, evitándose, acertadamente, los burocráticos e injustificados trámites de la prórroga de la instrucción y del sobreseimiento,provisional, máxime cyando la experiencia y la estadística nos han enseñado que todos los casos en donde hubo duda 29
  26. 26. DERECHO PROCESAL PENAL insuperable han terminado con el dictado del sobreseimiento definitivo. Con ello se perfecciona el trámite de la investigación penal al acelerar y acortar el procedimiento, no prolongándolo en el tiempo sin razón valedera alguna, permite reinvertir energías investigativas ahorradas en causas que verdaderamente lo demanden y se consagra la garantía cons- titucional en orden a aquello de que "Toda persona tiene derecho a la liberación del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, a través de una sentencia que establezca de una vez por todas su situación penal" (C. S. J. N., Fallos: 22:38; 300:1102). B) Requerimiento acusatorio SUMARIO: 748. Concepto general. 749. La acusación. 750. Formalidades del acusatorio. 751. Contenido. 752. Eficacia y efectos. 748. No puede haber juicio o plenario válido sin acusación. Ésta se contiene en el requerimiento incriminador del Ministerio Fiscal, producido al evacuar la vista que se le corre para que haga mérito del sumario sobre el fondo (y en su caso también en el auto de elevación a juicio que prevé el Código nacional). El Código de Cór- doba, el de la Provincia de Tucumán y el de la Provincia de Buenos Aires disponen que la acusación la formula el actor penal luego de que el mismo haya concluido la investigación penal preparatoria. En el avance del rito se llega aquí al comienzo mismo del trámite en el proceso penal, mirando a su proyección incriminadora, manifes- tada en un acto solemne de persecución penal, cuyas características y modalidades analizaremos enseguida. Responde al principio acusatorio, que en nuestra legislación no tiene excepciones y está dominado por el principio de oficialidad. Dicho acto implica petición de juicio o plenario; vale decir que se abra la etapa esencial, por haber mérito suficiente para ello, y obtener así una sentencia sobre el fondo con respecto al hecho incriminado que se califica como delito, y a la persona imputada por estimársela penalmente responsable. Pero esa petición no abre directamente el jui- cio penal. Previamente provoca un momento procesal relativamente ampHo en los códigos más modernos. 30
  27. 27. CRÍTICA INSTRUCTORIA Todos los códigos permiten a la defensa articular las cuestiones previas (llamadas excepciones) y la oposición sustancial a la elevación a juicio instando un mérito desincriminador, y los más modernos, el cambio de calificación (Código de Córdoba). Si la defensa no hace uso de estas atribuciones, la causa se elevará a juicio por simple decreto. 749. Los sistemas mixtos asumidos por nuestra legislación han con- servado el acto de acusación con su nota de esencialidad para que pueda abrirse el juicio penal. Esto implica en forma absoluta el procedimiento ex officio, considerado atentatorio contra la garantía de justicia. De aquí que la acusación sea ineludible base del juicio plenario. En el procedimiento común, su órgano es el Ministerio Fiscal, sin per- juicio de la intervención del querellante conjunto o particular. La acusación es el acto más eminente del ejercicio de la acción penal por el cual el órgano público concreta objetiva y subjetivamente la pretensión. Se imputa solamente a persona determinada una espe- cífica responsabilidad con respecto a una conducta calificada como delito que se le atribuye. Se nutre de los elementos de convicción que surgen de las pruebas reunidas en el sumario. Para su eficacia procesal la acusación debe integrarse con la inti- mación. Sólo así la defensa resultará inviolable. Esa intimación se pro- duce por distintos actos del tribunal, adecuados a los sistemas legisla- tivos, y consiste en la completa y clara transmisión al imputado del hecho o hechos que se le atribuyen. Para acusar no se requiere certeza sobre la culpabilidad o punibi- Hdad del imputado, basta un mérito de probabilidad, o sea fundado en elementos de convicción suficientes para que proceda la apertura del juicio. La posibihdad de una condena futura requiere ya la reali- zación de un juicio plenario, desde que sobre ella debe resolverse. La acusación debe mantenerse dentro del mismo ámbito fáctico que el procesamiento o prisión preventiva. 750. La trascendencia del acto de acusación impone una regulación estricta que asegure su valor y finalidad. La legislación vigente positiva lo hace en forma expresa. El acusador público se identifica con su firma y sello puesto al pie
  28. 28. DEREcaíO PROGESAI PENAL 4el escrito que no requiere intervencióa MI secretario. Es un requeri- miento'qu€ dirige a},,tribunal correspondiente, ¡ ii Lá persona det acusado» debe estar debidamente identificada por sus datos personales o los obtenidos del expediente que sirvan para individualizarlo. Se trata de concretar subjetivamente la imputación respecto de la persona perseguida a quien se quiere efectivamente acu- sar. En caso de pluralidad de acusados deberá individualizarse a cada uno de ellos por separado. La concreción del elemento objetivo de la imputación se muestra en la relación del hecho del cual se acusa. El relato debe ser claro, preciso, arcunstanciado y específico. Esto significa que el relato debe entenderse sin dificultades por el hombre común: que debe ser com- pleto, sm desarrollos inútiles o superabundantes que puedan confundir, pero captando la totalidad del hecho con expresión de todas las cir- cunstancias de tiempo, modo y lugar, que sean relevantes para la eje- cución, participación, encuadramiento penal y graduación de la pena, y deben enunciarse por separado cada uno de los hechos imputados en caso de complejidad objetiva. Deben distinguirse bien los distintos grados y formas de participaciones para cada imputado en caso de complejidad subjetiva. 751. El núcleo fáctico de la acusación ha de ser congruente con el contenido del procesamiento (o del fundamento de la prisión preventiva), pero pueden agregarse o variarse las circunstancias inte- gradoras de ese núcleo fáctico mientras no lo desvirtúeti o alteren en grado de mostrar un hecho diverso. < Ese elemento material de la acusación debe integrarse con el ele- mento jurídico. De aquí que los códigos exijan la calificación. Es la valoración jurídico-positiva del hecho resuelta en el encuadrarmento penal de la conducta descripta, con cita de las hormas referidas al tipo, sus calificantes o privilegios, participación, concurso, etcétera. El elemento lógico de la acusación se encuentra en los fundamentos que debe contener parailegár a la 'afirmación de los hechos y a las conclusiones jurídicas. Es el razonamiento del acusador, que debe ha- cerse en forma clara y precisa para Valorar las pruebas y súbsúmir los hechos en. las normas jurídicas correspondientes. 32
  29. 29. CRÍTICA INSTRUCTORIA El elemento volitivo se exhibe en la determinación acusatoria. Es la declaración de voluntad por la cual el Ministerio Fiscal pide la realización del juicio, o sea una sentencia que resuelva sobre el fun- damento de su pretensión acusatoria. Se resuelve en una petición de contenido incriminador, por lo que se permite asimilarlo a la demanda del proceso civil. 752. Conforme a los principios que se han sentado ya, la acusación o la deficiencia de la formulada vician de nulidad todos los actos posteriores a la oportunidad en que debió cumplirse o en que se cumplió defectuosamente. Esa nulidad es de carácter absoluto porque afecta la intervención del imputado con alteración de la garantía cons- titucional de la defensa en juicio, en algunos códigos prevista expre- samente como tal (art. 361, Cód. de Córdoba). Por otra parte, tampoco ha de ser válida la acusación formulada contra el imputado con respecto al cual no se haya cumplido con la indagatoria, aunque se hubiere negado a declarar sobre el hecho. Esto no rige para los procesos por delito de ejercicio de acción privada. Cuando se trata de proceso común y ampho, el procesamiento (o en su caso la prisión preventiva) es también presupuesto de la acusación. Es nula la acusación que no se refiere al mismo hecho contenido en el procesamiento o prisión preventiva. En su correlación con la sentencia, la acusación fija la persona que debe ser juzgada y el hecho por el cual ha de juzgársela. En consecuencia, queda con ella determinado el sujeto pasivo del juicio y el objeto del debate. El primero permanecerá inmutable hasta la decisión final por tratarse de la persona concretamente enjuiciada, no pudiendo senten- ciarse a persona distinta, ni dejarse de dictar sentencia con respecto a los que han sido acusados salvo, se entiende, que medie un obstáculo para el ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción. Con respecto al hecho imputado en concreto, se dice que la acu- sación es relativamente inmutable porque los códigos modernos per- miten una Hmitadísima ampHación cuando se refiera a hechos inte- grativos de una continuidad delictiva o constitutivos de una circuns- tancia agravante. Se trata de una excepción justificada por razones prác- ticas, y que los códigos regulan cuidando de no afectar el ejercicio de la defensa. Respetando este límite fáctico, tanto el fiscal al limitar sus 33
  30. 30. DERECHO PROCESAL PENAL conclusiones al final del debate como el tribunal al dictar sentencia, determinarán con libertad de criterio sobre la existencia o inexistencia de los elementos de hecho, participación, calificación legal, responsa- bilidad penal y demás consideraciones jurídicas que correspondan. El Código de Córdoba permite juzgar al imputado por un hecho diverso si del debate resulta que el hecho es diverso del enunciado en la acu- sación, previo a que el fiscal de Cámara amplíe la acusación. En este caso se genera un incidente con derecho a defensa (arts. 388 y 389). C) Trámite de elevación a juicio SUMARIO: 753. Oposición de la defensa. 754. Auto de elevación a juicio. 755. Sistemas obligatorios. 756. Sistemas facultativos. 757. Sistemas de nuestros códigos. 758. Verificación previa a la apertura del juicio. 753. Es de regla en nuestra legislación que la defensa tenga la opor- tunidad de oponerse a la apertura del plenario o a la elevación a juicio requerida por el acusador. La legislación procesal vigente impone notificar el requerimiento acusatorio al defensor del imputado, y a éste se le acuerda un plazo de tiempo (en el Código nacional de seis días, en el de Buenos Aires de quince días y en el de Córdoba de tres días) para oponerse a la elevación de la causa a juicio instando el sobreseimiento, deducir cues- tiones previas que no hubiere incidentado anteriormente o peticionar el cambio de calificación legal. La oposición debe referirse a lo sustan- cial, solicitándose un pronunciamiento desincriminador definitivo. Si la defensa no se expide en uno u otro de estos sentidos, el tribunal deberá elevar la causa a juicio por simple decreto irrecurrible, sin per- juicio de que pueda dictar el sobreseimiento por causal extintiva o asumir de oficio otra cuestión previa. Si se articulan cuestiones previas corresponde tramitar el incidente y estar a lo que en él se resuelva. Si se formula oposición sustancial, se produce una controversia sobre el fondo que el tribunal de instrucción o de control de la investigación penal debe resolver por un auto o sentencia de sobreseimiento o de elevación a juicio. Resuelto el sobreseimiento rigen los criterios que hemos enunciado 34
  31. 31. CRÍTICA INSTRUCTORIA antes con respecto a estos institutos. Si la resolución es de elevación de la causa a juicio, corresponde dictar auto para todos los imputados aun cuando la oposición hubiere sido formulada con respecto a uno de ellos. Para algunos códigos este auto no es apelable. El artículo 358 del Código de la Provincia de Córdoba dispone que el auto es apelable sólo por el defensor que dedujo la oposición. Una vez firme queda definitivamente clausurada la instrucción o investigación penal, y co- rresponde remitir el expediente al Tribunal de Juicio. 754. La ley asigna trascendental importancia al auto de elevación a juicio, por ser la asunción jurisdiccional fundada en la acu- sación controvertida por la defensa. Es una resolución que debe ser introducida al debate en el momento de su apertura, junto con la acusación. Si la defensa no se opuso, la remisión a juicio por decreto es un simple trámite para hacer efectiva la posición ya asumida y no controvertida. El auto de elevación a juicio debe ser dictado por el tribunal ins- tructorio o de control de la investigación en primera o segunda ins- tancia. En apelación puede la Cámara confirmar el que dictó el juzgado, o dictarlo directamente al revocar el sobreseimiento decidido por el juzgado al resolver sobre la oposición de la defensa. Esto no ha sido respetado siempre por la jurisprudencia. Los elementos estructurales mínimos del auto de elevación están previstos bajo sanción de nulidad. En cuanto a la identificación del imputado y a la relación del hecho con su calificación penal, hay coin- cidencia con lo previsto para la acusación. Además se exige la fecha y el dispositivo. Tratándose de un auto, debe ser fundado. Si se ejerció la acción civil, debe contener también el nombre del actor y del de- mandado civil a los fines de que la Cámara pueda citarlos a juicio. Debe formularse un juicio estricto de probabilidad con respecto a las diligencias sumariales y en consideración a los argumentos de la acu- sación y de la defensa, que excluya las causales de sobreseimiento y que supere el estado de duda. Esto rige aun para los imputados cuyos defensores no formularon oposición. Si el auto o el trámite crítico que le precede no estuviere viciado de nulidad, vincula al Tribunal de Juicio. Éste debe abrir la etapa esencial del proceso dictando el decreto de citación. 35
  32. 32. DERECHO PROCESAL PENAL 755. Conforme a lo expuesto, en nuestra legislación se advierten dos sistemas distintos para la determinación del pase a juicio plenario de la causa una vez producida la acusación. A ellos y en líneas generales, puede agregarse un tercero si proyectamos el análisis a la legislación comparada. Este tercer sistema se caracteriza por la impres- cindibilidad de un pronunciamiento jurisdiccional, aunque no media oposición formal de la defensa. Puntualizaremos lo esencial de cada uno de ellos sin entrar a las variedades o manifestaciones intermedias que muestran. La doctrina denomina sistema imperativo al que rigió especialmente en el procedimiento inglés, ahora muy limitado conforme a las mani- festaciones que tiene en América del Norte. Fue aceptado por Francia, y con algunas adaptaciones se trasladó a otros códigos europeos. Por el sistema inglés, debían presentarse al Gran Jurado todos los elementos probatorios recogidos en la investigación preliminar, funda- mentadores de la acusación. Como conclusión de su análisis, el tribunal determinaba si la causa debía o no pasar a juicio a cargo del Pequeño Jurado. En Francia se instituye primero una Cámara de Consejo que se integraba por el juez instructor y dos miembros técnicos bajo la pre- sidencia del primero. Su ineficacia determinó la creación de la Cámara de Acusación, que con el tiempo desplazó a la anterior, y que actual- mente constituye un tribunal revisor de todo el procedimiento instruc- torio. Ya no interviene el juez de instrucción, y constituye el filtro obli- gatorio para que la causa pueda pasar a juicio. Tiene facultades para ampliar la investigación cuando advierte omisiones. Lo importante de este sistema se advierte en la imperatividad de la intervención de dichos tribunales jurisdiccionales (jurado o cámara) para determinar si la causa debe pasar al Tribunal de Juicio o truncarse definitivamente. Si la conclusión es afirmativa, el imputado quedará sometido a las consecuencias de la acusación formulada en su contra. 756. El sistema del Código austríaco se conoce por facultativo por- que la Corte de Segundo Grado (de Acusación) sólo interviene cuando la defensa formula oposición oportuna al acta de acusación. Si así no ocurre, el instructor remitirá directamente las actuaciones a la Corte de Primera Instancia que debe entender en la fase de juicio. 36
  33. 33. CRÍTICA INSTRUCTORIA Se advierte la similitud de este régimen con el de nuestra legislación moderna en lo que hace a la intervención de la defensa. Un tercer sistema se caracteriza porque no da intervención alguna a la defensa, salvo la posibilidad de oponer cuestiones en forma de artículo previo antes de contestar la acusación. Es el sistema español que denominaríamos negativo, y que receptan nuestros códigos de tipo antiguo conforme lo hemos visto anteriormente. Se advierte que en nuestra legislación no existe el tribunal de con- tralor acusatorio como cuerpo específicamente creado a ese fin. Sin embargo, los últimos códigos autorizan la apelación por el imputado del auto de elevación a juicio ante lo que denominan Cámara de Acu- sación. Se trata en realidad de una manifestación de la segunda instancia instructoria que interviene en grado de apelación respecto de las dic- tadas también en el momento crítico de la instrucción, para controlar las resoluciones que a este respecto produzca el tribunal, entre las que se encuentra el auto de elevación a juicio. De ello resulta que, para los últimos códigos, cuando el defensor formula oposición a la acusación instando el sobreseimiento o cambio de calificación legal, puede producirse un contralor por otro tribunal de superior jerarquía si el agraviado apela. Es un sistema doblemente facultativo ya que prevé dos manifestaciones de voluntad por parte del imputado: la oposición y el recurso. El decreto de elevación a juicio no es apelable. 757. La posibilidad de oponerse y de recurrir el auto de elevación a juicio subsiste aunque la acusación se haya producido como conclusión del trámite provocado por el desacuerdo del juez instructor al sobreseimiento requerido por el agente fiscal. Algunos códigos que tienen instituido el procedimiento por citación directa (infra, N° 925 y ss.) excluyen la posibilidad de oposición para la defensa: para Mendoza (art. 362), cuando para la causa hubiera correspondido originariamente ese procedimiento, como sería el caso de transformación de la investigación preparatoria que se analizará en su oportunidad. En conclusión, y sin tener en cuenta la posibilidad de articular cuestiones previas, una vez producida la acusación, la gran mayoría de 37
  34. 34. DERECHO PROCESAL PENAL los códigos otorgan la posibilidad de que el imputado se oponga a la apertura del plenario (juicio penal) provocando un trámite contradic- torio y de doble instancia para los últimos códigos del país. El requerimiento de elevación a juicio, o sea la conclusión acusa- toria, debe ser notificada al defensor del imputado, reservándose el expediente en secretaría para su examen. El defensor tiene un plazo de tres, seis o quince días para oponerse instando el sobreseimiento o cambio de calificación legal. Si se opuso, el instructor debe resolver por auto el artículo: auto de elevación a juicio apelable por el defensor oponente; auto (o sentencia) de sobreseimiento, apelable por el agente fiscal o consultable, o auto que modifique la calificación legal, apelable por las partes (imputado o actor penal) sin efecto suspensivo. 758. La Cámara (llamada de Acusación) podrá confirmar o revocar el acto impugnable. Si se revoca, puede decidirse por el so- breseimiento, en cambio, si se modifica la calificación legal del hecho, se modifica la resolución recurrida. No ocurre igual con respecto a los códigos modernos. Dictado el decreto o auto de elevación, el expediente debe remitirse al tribunal competente (Cámara en lo Criminal o Juzgado en lo Correccional), pero éste no queda vinculado sin más a la apertura del juicio. La aper- tura no es automática como resultaba antiguamente en el sistema del Código nacional. Recibido el expediente por el Tribunal de Juicio (que en el caso de investigación fiscal es remitido por el agente fiscal), no debe dictarse sin más el decreto de citación a juicio. Previamente deben examinarse los requerimientos y resoluciones de sentido incriminador que pusieron fin a la etapa instructoria o a la investigación penal. Se trata de un análisis previo acerca de la legalidad de los presupuestos del juicio plenario. En virtud de ello, los códigos imponen al tribunal verificar con anterioridad a la citación a juicio el cumplimiento de las normas re- guladoras de la requisitoria fiscal de elevación o de citación directa a juicio y del auto de remisión (art. 366, Córdoba) como también de sus presupuestos, o sea de la declaración indagatoria y del auto de procesamiento y/o prisión preventiva. 38
  35. 35. CRÍTICA INSTRUCTORIA Se trata de una actividad del tribunal y no de su presidente, la que corresponde practicar de oficio aun cuando no esté expresamente pre- vista, como ocurre en algunos códigos. Verificará la existencia y la re- gularidad de esos actos. Si faltare alguno de ellos cuando la ley los prevé, o si se advierte alguna inobservancia de las normas que lo regulan, se declarará de oficio la nulidad correspondiente, devolviéndose el ex- pediente al instructor (o al agente fiscal en su caso), quien lo remitirá para que el procesamiento sea cumplido de acuerdo con la ley. 39
  36. 36. APÉNDICE DE LEGISLACIÓN I. SOBRESEIMIENTO. DEFINITIVO Cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al im- putado a cuyo favor se dicta. Total o parcial, puede ser dictado de oficio o a petición de parte durante la instrucción, salvo que se fundare en la extinción de la pretensión penal, en que se procederá en cualquier estado del proceso. OPORTUNIDAD Nación, 334; Buenos Aires, 321; Córdoba, 335; Córdoba (ley 8123), 348; Mendoza, 341; La Pampa, 293; Salta, 324; lujuy, 347; Corrientes, 334; Entre Ríos, 333; Río Negro, 305; Neuquén, 299; Chubut, 292; La Rioja, 356; Chaco, 316; Catamarca, 300; Santiago del Estero, 288; Tu- cumán, 348; Misiones, 324; Santa Cruz, 317. ALCANCE Nación, 335; Buenos Aires, 322; Córdoba, 336; Córdoba (ley 8123), 349; Mendoza, 342; La Pampa, 294; Salta, 325; lujuy, 349; Corrientes, 335; Entre Ríos, 334; Río Negro, 306; Neuquén, 300; Chubut, 293; La Rioja, 357; Chaco, 317; Catamarca, 300; Santiago del Estero, 289; Tu- cumán, 349; Misiones, 325; Santa Cruz, 318. PROCEDENCIA Y FORMA El sobreseimiento procederá cuando sea evidente que el hecho inves- tigado no se cometió o no lo fue por el imputado; no encuadra en una 41
  37. 37. DERECHO PROCESAL PENAL figura penal; media una causa de justificación, inculpabilidad o inimpu- tabilidad o una excusa absolutoria, o la pretensión penal se ha extinguido. Se analizarán las causales, siempre que fuere posible, en el orden prece- dente: Nación, 336; Buenos Aires, 323; Córdoba, 337; Córdoba (ley 8123), 350; Mendoza, 343; La Pampa, 295; Salta, 326; Jujuy, 348; Co- rrientes, 336; Entre Ríos, 335; Río Negro, 307; Neuquén, 301; Chubut, 294; La Rioja, 358; Chaco, 318; Catamarca, 292-301; Santiago del Estero, 290-292; Tucumán, 350; Misiones, 326; Santa Cruz, 319. FORMA Algunos códigos procesales, por ejemplo Córdoba, establecen que el sobreseimiento debe dictarse por sentencia; otros, como por ejemplo el de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires, determinan que debe darse al sobreseimiento la forma de un auto. APELACIÓN Apelación sin efecto suspensivo, por el Ministerio Fiscal, pudiendo recurrir también el imputado, cuando no se haya observado el orden de las causales o cuando se le imponga una medida de seguridad: Nación, 337; Buenos Aires, 324 y 325; Córdoba, 338 y 339; Córdoba (ley 8123), 351 y 352; Mendoza, 344 y 345; La Pampa, 296; Salta, 327 y 328; Jujuy 349 y 350; Corrientes, 337 y 338; Entre Ríos, 336 y 337; Río Negro, 308; Neuquén, 302; Chubut, 295; La Rioja, 359 y 360; Chaco, 319; Catamarca, 302; Santiago del Estero, 292 y 293; Tucumán, 351 y 352; Misiones, 327 y 328; Santa Cruz, 320. EFECTOS Los efectos son la libertad del imputado y el archivo si el sobreseimiento fuere total: Nación, 338; Buenos Aires, 327; Córdoba, 341; Córdoba (ley 8123), 353; Mendoza, 346; La Pampa, 297; Salta, 330; Jujuy, 351; Co- rrientes, 340; Entre Ríos, 338; Río Negro, 309; Neuquén, 303; Chubut, 296; La Rioja, 361; Chaco, 320; Catamarca, 303; Santiago del Estero, 294; Tucumán, 353; Misiones, 330; Santa Cruz, 321. 42
  38. 38. CRÍTICA INSTRUCTORIA II. SOBRESEIMIENTO POR DUDA. MÉRITO DE DESINCRIMINACIÓN PROVISIONAL. PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE INSTRUCCIÓN Si vencidos los plazos previstos para la duración ordinaria de la ins- trucción —incluida la prórroga ordinaria— no correspondiere sobreseer ni las pruebas fueren suficientes para disponer la elevación a juicio, el juez ordenará por auto, aun de oficio, la prórroga extraordinaria de la ins- trucción por un término que fijará entre seis meses y tres años en atención a la pena prevista para el delito. Determinará la inmediata libertad del imputado y la continuación del proceso respecto de aquellos a los cuales la medida no se refiera. Vencida la prórroga extraordinaria sin haberse modificado la situación que la determinó, se dictará el sobreseimiento obligatorio, pudiendo el imputado instarla antes si se hubieran recibido pruebas a su favor. El auto que ordene la prórroga extraordinaria es ape- lable por el Ministerio Fiscal o el imputado sin efecto suspensivo: Córdoba, 342 a 345; Entre Ríos, 339 a 343; La Rioja, 383 y 384; Jujuy, 352; Corrientes, 341 a 344; Mendoza, 344 a 347. III. ASUNCIÓN DE CUESTIONES PREVIAS. EXCEPCIONES: ENUMERACIÓN Durante la instrucción, las partes podrán interponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: falta de jurisdicción o de competencia, falta de acción porque ésta no se pudo promover, no fue iniciada legalmente o no pudiere proseguir, y extinción de la pretensión penal: Nación, 339; Buenos Aires, 328; Córdoba, 346; Córdoba (ley 8123), 17; Mendoza, 351 y 352; La Pampa, 298; Salta, 331 y 332; Jujuy, 356; Corrientes, 345; Entre Ríos, 342 y 343; Río Negro, 310; Neuquén, 304; Chubut, 297; La Rioja, 362-364; Chaco, 321; Catamarca, 304; San- tiago del Estero, 295; Tucumán, 17; Misiones, 335; Santa Cruz, 322. Las excepciones se deducen por escrito, y según el caso deberán ofrecerse las pruebas que justifiquen los hechos en que se basen, bajo pena de inadmisibilidad. Del escrito en que se deduzcan, se correrá vista al Ministerio Fiscal y a las partes interesadas. Evacuada la vista dispuesta, el juez dictará el auto resolutorio; pero si las excepciones se basan en hechos que deben ser probados, previamente se ordenará la recepción de la prueba, por un término que no podrá exceder de quince 43
  39. 39. DERECHO PROCESAL PENAL días. Vencido éste se citará a las partes para que oral y brevemente hagan su defensa. El incidente se sustanciará y resolverá por separado, sin perjuicio de continuarse la instrucción. TRÁMITE Nación, 340; Buenos Aires, 329; Córdoba, 347-349; Córdoba (ley 8123), 19 y 20; Mendoza, 353 y 354; La Pampa, 299; Salta, 333 y 334; Jujuy, 358 y 359; Corrientes, 346-348; Entre Ríos, 344; Río Negro, 311; Neuquén, 305; Chubut, 298; La Rioja, 365 y 366; Chaco, 322; Catamarca, 305 y 306; Santiago del Estero, 296-298; Tucumán, 19 y 20; Misiones, 336-338; Santa Cruz, 323. PRUEBA Y RESOLUCIÓN Nación, 341; Buenos Aires, 330; Córdoba, 348; Córdoba (ley 8123), 18; Mendoza, 355; La Pampa, 300; Salta, 335; Jujuy, 361; Corrientes, 347; Entre Ríos, 345; Río Negro, 312; Neuquén, 306; Chubut, 299; La Rioja, 367; Chaco, 323; Catamarca, 307; Santiago del Estero, 300; Tu- cumán, 18; Misiones, 337; Santa Cruz, 324. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA Nación, 342; Buenos Aires, 331; Córdoba, 351; Córdoba (ley 8123), 21; Mendoza, 356; La Pampa, 301; Salta, 336; Jujuy, 362; Corrientes, 349; Entre Ríos, 346; Río Negro, 313; Neuquén, 307; Chubut, 300; La Rioja, 368; Chaco, 324; Santiago del Estero, 301; Tucumán, 21; Misiones, 339; Santa Cruz, 325. EXCEPCIONES PERENTORIAS Nación, 343; Buenos Aires, 332; Córdoba, 352 y 353; Córdoba (ley 8123), 22 y 23; Mendoza, 357 y 358; La Pampa, 302 y 303; Salta, 337 y 338; Jujuy, 363; Corrientes, 350 y 352; Entre Ríos, 347 y 348; Río Negro, 314 y 315; Neuquén, 308 y 309; Chubut, 301 y 302; La Rioja, 369 y 370; Chaco, 325 y 326; Catamarca, 308; Santiago del Estero, 302 y 303; Tucumán, 22 y 23; Misiones, 340 y 342; Santa Cruz, 326 y 327. 44
  40. 40. CRÍTICA INSTRUCTORIA RECURSO Nación, 345; Buenos Aires, 333; Córdoba, 354; Córdoba (ley 8123), 20; Mendoza, 359; La Pampa, 304; Salta, 339; Jujuy, 364; Corrientes, 353; Entre Ríos, 349; Río Negro, 316; Neuquén, 310; Chubut, 303; La Rioja, 371; Chaco, 327; Catamarca, 307; Santiago del Estero, 304; Tu- cumán, 20; Misiones, 343; Santa Cruz, 328. IV. DESARROLLO DE LA FASE CRÍTICA. REQUERIMIENTOS NO ACUSATORIOS Cuando el juez hubiera dispuesto el procesamiento del imputado y estimare cumplida la instrucción, correrá vista al agente fiscal por el término de seis días prorrogables por otro tanto en casos graves y complejos, debiendo manifestar al expedirse si la instrucción está com- pleta, o en caso contrario, qué diligencias considera necesarias. Si la estimare completa, se pronunciará acerca de si corresponde sobreseer, ordenar la prórroga extraordinaria de la instrucción o elevar la causa a juicio. Si el fiscal solicitare diligencias probatorias, el juez las practicará siempre que fueren pertinentes y útiles, y una vez cumplidas, devolverá el sumario para que aquél se expida. Si el agente fiscal solicitare so- breseimiento o, en los códigos que la receptan, prórroga extraordinaria de la instrucción, el juez que no estuviere de acuerdo, atento a los diversos códigos provinciales, podrá: remitir el proceso por auto fun- dado al fiscal de la Cámara para que éste se pronuncie por el sobre- seimiento o la prórroga, y el juez dictará la resolución en tal sentido -Código de la Provincia de Córdoba-; elevar las actuaciones a la Cámara para que ésta decida -Código de la Nación—, o producir un auto de elevación a juicio -Código de la Provincia de La Pampa-. VISTA AL QUERELLANTE Y AL FISCAL Nación, 346; Córdoba, 355; Mendoza, 360; La Pampa, 305; Salta, 340; Jujuy, 340; Corrientes, 354; Entre Ríos, 350; Río Negro, 317; Neu- quén, 311; Chubut, 304; La Rioja, 372; Chaco, 328; Catamarca, 309; Santiago del Estero, 239; Misiones, 344; Santa Cruz, 329. 45
  41. 41. DERECHO PROCESAL PENAL DICTAMEN DEL FISCAL O DEL QUERELLANTE Nación, 347; Buenos Aires, 335; Córdoba, 356-358; Córdoba (ley 8123), 355; Mendoza, 361; La Pampa, 306; Salta, 341; Jujuy, 341; Co- rrientes, 355-357; Entre Ríos, 351; Río Negro, 318; Neuquén, 312; Chu- but, 305; La Rioja, 373-375; Chaco, 329; Catamarca, 309; Santiago del Estero, 240; Tucumán, 355; Misiones, 345; Santa Cruz, 330. PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS Nación, 348; Córdoba, 357; Córdoba (ley 8123), 359; Mendoza, 362; La Pampa, 307; Salta, 342; Jujuy, 341; Corrientes, 356; Entre Ríos, 352; Río Negro, 319; Neuquén, 313; Chubut, 306; La Rioja, 374; Chaco, 330; Catamarca, 310; Santiago del Estero, 241; Tucumán, 359; Misiones, 346-353; Santa Cruz, 331. TRÁMITE DE ELEVACIÓN A JUICIO Las conclusiones del requerimiento fiscal serán notificadas al de- fensor del imputado, quien podrá, en el término de tres días, deducir excepciones no interpuestas anteriormente u oponerse a la elevación, instando el sobreseimiento o una prórroga extraordinaria en los códigos que la admiten. Si el defensor dedujere excepciones, se procede de conformidad a lo expuesto supra a su respecto; si se opusiere a la elevación de la causa, el magistrado dictará en el término de cinco días sobreseimiento, prórroga extraordinaria o elevación. FACULTADES DE LA DEFENSA Nación, 349; Buenos Aires, 336; Córdoba, 359; Córdoba (ley 8123), 357; Mendoza, 364; La Pampa, 308; Salta, 345; Corrientes, 358; Entre Ríos, 353; Río Negro, 320; Neuquén, 314; Chubut, 307; La Rioja, 376 y 377; Chaco, 331; Catamarca, 311; Sanfiago del Estero, 244; Tucumán, 357; Misiones, 349-352; Santa Cruz, 332. 46
  42. 42. CRÍTICA INSTRUCTORIA INCIDENTE Nación, 350; Córdoba, 360; Córdoba (ley 8123), 358; Mendoza, 366; La Pampa, 309; Salta, 345; Corrientes, 359; Entre Ríos, 354; Río Negro, 321; Neuquén, 315; Chubut, 308; La Rioja, 378; Chaco, 333; Catamarca, 314; Santiago del Estero, 245; Tucumán, 357; Misiones, 349; Santa Cruz, 333. ELEVACIÓN POR AUTO. RECURSOS. ELEVACIÓN POR DECRETO. CLAUSURA Y NOTIFICACIÓN El auto de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad: la fecha; los datos personales del imputado, o si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; el nombre del actor civil y del demandado civil si los hubiera; una relación precisa, clara, circunstanciada y espe- cífica del hecho; su calificación legal y la parte dispositiva. Cuando hubiere varios imputados, la decisión deberá dictarse con respecto a todos, aunque uno solo de los defensores haya deducido excepciones o se hubiere opuesto a la elevación. El auto de remisión será apelable -en algunos códigos- únicamente por el defensor del imputado que se hubiere opuesto o planteado la excepción; en otros rituales, como por ejemplo el Código de la Nación (art. 352), el auto de elevación a juicio es inapelable. La instrucción quedará clausurada cuando el juez dicte el decreto de elevación a juicio o quede firme el auto que la ordena. AUTO DE ELEVACIÓN Nación, 351; Buenos Aires, 337; Córdoba, 361; Córdoba (ley 8123), 358; Mendoza, 367; La Pampa, 310; Salta, 346; Corrientes, 360; Entre Ríos, 355; Río Negro, 322; Neuquén, 316; Chubut, 309; La Rioja, 379; Chaco, 334; Catamarca, 314; Sanüago del Estero, 246-250; Tucumán, 358; Misiones, 350; Santa Cruz, 334. RECURSOS Nación, 352; Córdoba, 362; Córdoba (ley 8123), 358; Mendoza, 369; La Pampa, 311; Salta, 348; Jujuy, 345; Corrientes, 361; Entre Ríos, 47
  43. 43. DERECHO PROCESAL PENAL 356; Río Negro, 323; Neuquén, 317; Chubut, 310; La Rioja, 380; Chaco, 335; Catamarca, 315; Santiago del Estero, 247; Tucumán, 358; Misiones, 351; Santa Cruz, 335. CLAUSURA Nación, 353; Córdoba, 365; Córdoba (ley 8123), 360; Mendoza, 363; La Pampa, 312; Salta, 343; Corrientes, 364; Entre Ríos, 358; Río Negro, 324; Neuquén, 318; Chubut, 311; La Rioja, 375; Chaco, 336; Catamarca, 311; Santiago del Estero, 242; Tucumán, 360; Misiones, 354; Santa Cruz, 336. 48
  44. 44. APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA I. SOBRESEIMIENTO El sobreseimiento definitivo exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamente. Procede cuando al tribunal no le queda duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena, y extra lege podrá plantearse el problema de si procede o no el sobreseimiento definitivo en caso de llegarse a la certeza sobre la imposibilidad de ob- tener nuevos elementos de convicción que modifiquen el "mérito de- sincriminador". C. N. C. P., sala I, 10-12-93, Boletín de Jurisprudencia 5/93 La falta de intervención del imputado previa al auto conclusivo nunca afectaría su derecho de defensa cuando el sobreseimiento pone fin ai proceso con autoridad de cosa juzgada material y lo coloca a cubierto de cualquier persecución penal posterior por el mismo hecho. C. N. C. R, sala I, 8-5-95, "Echaide, A." La redacción actual del Código Procesal Penal no permite discernir con claridad la situación que se plantea respecto de los imputados que no hubiesen rendido indagatoria formal o su equivalente. En consecuencia, la sala interpreta que a fin de solucionar los problemas que puedan derivar de aquel vacío se impone un interpretación amplia de la cuestión. Por ello, se entiende que en este caso, como todos aquellos en que surja la inexistencia de delito, corresponde el dictado de sobreseimiento. Cám. Nac. Crim. y Corree, sala VI, 5-7-94, "Pirillo, J." La circunstancia de no haberse citado a la imputada a prestar declaración indagatoria en el proceso, o por no haberse ordenado determinadas medidas jurisdiccionales con respecto a la misma por las que se vincule a aquélla de una forma más inmediata al legajo, no se impide una de- 49
  45. 45. DERECHO PROCESAL PENAL cisión jurisdiccional por la que se concluya "definitiva e irrevocable- mente" el proceso (conf. art. 335 del Cód. Proc. Pen.) cuando concurra alguna de las causales que se prevén por el artículo 336 del ordenamiento adjetivo. Cám. Nac. Pen. Econ., sala B, 20-2-97 Una vez concluida la instrucción, al resolver sobre la elevación a juicio pueden desincriminarse cada uno de los hechos por los que se requiere esa elevación y dictarse a su respecto los sobreseimientos parciales que fue- ran del caso. En esa ocasión no se produce ninguna demora en el trámite conjunto ni entran en juego, por consiguiente, razones de economía pro- cesal que obstan a la parcialización. Una cosa es el sobreseimiento que los jueces están autorizados a dictar incluso oficiosamente en "cualquier es- tado de la instrucción" (conf. art. 334, Cód. Proc. Pen., ley 23.984) y otra el que puede serles requerido cuando ya han completado la instrucción. Hacerlo parcialmente en el primer caso es demorar inútilmente el trámite. En cambio, en el segundo caso significa discriminar con precisión el objeto del proceso que debe ser elevado a juicio. Cám. Nac. Pen. Econ., sala A, 10-7-96 La lectura de la resolución revela que no se ha mencionado el inciso del artículo 336 aplicable a lo decidido. Y como no es el caso de que se trate de una simple omisión, ello incide en su validez intrínseca, pues de esa manera el sobreseimiento dictado resulta incompatible con la duda, máxime que el sobreseimiento definitivo exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta. C. N, C. P., sala 1,10-12-93, "Almeyra, M." Respecto del sentido del artículo 336, inciso 4°, cabe afirmar a su respecto que su aplicación es pertinente tanto cuando el juez instructor tiene fun- damentos positivos para afirmarlo, pero también cuando, concluida la ins- trucción, debe aquél tomar alguna de las decisiones que la ley prevé, y no halle motivos para elevar la causa a juicio. En esa situación, habiendo re- caído sobre alguien la sospecha de la declaración indagatoria, sólo cabe afirmar, en el sentido de la ley, que "el delito no fue cometido por el im- putado", sin que obste a ello la falta de procesamiento a su respecto. Cám. Fed. de San Martín, sala I, 5-11-92 Al no haberse alcanzado en autos los montos establecidos en la ley 23.771, tanto en relación con el artículo 3° ni respecto al artículo 1°, en virtud de las modificaciones introducidas por la ley 24.587, resulta 50
  46. 46. CRÍTICA INSTRUCTORIA aplicable el artículo 1° del Código Penal y en consecuencia se ha pro- ducido la situación prevista en el artículo 336, inciso 3° del Código Procesal Penal ya que, en virtud de la ley penal más benigna, el hecho no encuadra en un tipo penal. T. O. R de Tucumán, 24-5-96, "D'Andrea, H." La forma correcta de poner fin a la pretensión punitiva es el sobresei- miento (art. 336, Cód. Proc. Pen. Nac), aun cuando el imputado no haya prestado declaración indagatoria y siempre y cuando se haya pre- sentado, al menos, en forma espontánea (art. 279, Cód. Proc. Pen. Nac.) o se haya logrado individualizarlo de algún modo. Cám. Fed. de La Plata, sala II, 5-11-96, Boletín de Jurisprudencia Penal, mo 1997 La resolución cuestionada dispone el sobreseimiento de la causa cuando el nuevo ordenamiento procesal (ley 23.984) se encuentra principal- mente dirigido hacia las personas, por lo que debió sobreseerse sólo al imputado, y no a la causa. Cám. Fed. de La Plata, sala II, 30-11-95, Boletín de Jurisprudencia Penal, año 1997 Las resoluciones que decretan el sobreseimiento, para que sean fundadas deben expresar los motivos jurídicos en los cuales se basan y en la resolución impugnada sólo se lo ha hecho parcialmente, invocando el artículo 62 del Código Penal y nada se ha dicho respecto a las causales invocadas por la querella e impuestas por el artículo 67 del mismo ordenamiento penal. C. N. C. ?., sala II, 3-3-94, "Cevasco, L." Para asegurar la vigencia del principio constitucional conforme al cual nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo delito (art. 39, Const. Prov.), la sentencia de sobreseimiento debe con- tener una fijación precisa y circunstanciada del hecho, de forma tal que no deje posibilidades de confusión sobre cuál es el suceso por el que se sobresee. En otras palabras, debe precisarse "cuándo, dónde, quién, cómo y por qué se cumplió la conducta que produjo el resultado típico". La inobservancia de este recaudo, esto es, de la determinación concreta del hecho, configura una nulidad absoluta declarable de oficio, de con- formidad a lo establecido por los artículos 171, inciso 3°, y 172 del Código Procesal Penal. El dictado de sobreseimiento por el juez a quo (art. 337, último párrafo, 51
  47. 47. DERECHO PROCESAL PENAL ref. por ley 8326) debe basarse en una ponderación adecuada e integral de todo el plazo probatorio que lleve a un verdadero estado de certeza, en cuanto a que no hubo delito o que el imputado no lo cometió. Si de la ponderación y meritación de los elementos probatorios puede arribarse a un juicio de probabilidad sobre los extremos de la imputación, deberá dictarse el procesamiento conforme a lo normado por el artículo 302 del Código Procesal Penal. Cám. Crim. 1^ de Paraná, sala l^ 23-4-90, J. E. R. 40-667 El sobreseimiento definitivo dispuesto por el juez local, en una causa que la Corte resolvió corresponder a la justicia federal, debe ser dejado sin efecto, pues tal magistrado debió, luego del planteo de la cuestión sosteniendo su competencia, darle el trámite establecido en los artículos 60 y 63 del Código de Procedimientos en Materia Penal. La competencia para juzgar el hecho es presupuesto para el dictado de la que recaiga sobre el fondo del pleito, de conformidad con la regulación procesal de los artículos de previo o especial pronunciamiento que son aplicables por analogía al caso de autos. ffl//os: 305:1502 Corresponde dictar el procesamiento definitivo del artículo 381 del Có- digo de Procedimiento Penal, en el supuesto previsto en el artículo 216 de la ley de forma, con la expresa salvedad de que en estos casos debe formularse el reconocimiento establecido en el artículo 386 del mismo Código, por tratarse de un pronunciamiento meramente formal en el que no se juzga ni resuelve la inocencia o culpabilidad del prevenido. Cám. Crim. Corree, de Mar del Plata, en pleno, 11-4-91, L. L. 1991- E-614 Es nulo el auto de sobreseimiento definitivo que omite la descripción del hecho, ya que impide entender sobre el acierto o desacierto de la resolución. Cám. Crim. y Corree, de San Isidro, sala 1,29-9-89, R. J. P., diciembre de 1990, síntesis No es apelable el resolutorio del juez de instrucción que deniega un pedido de sobreseimiento en razón de que tal decisión no está legalmente prevista entre aquellas que pueden recurrirse por esa vía, ni cabe dentro de las pre- visiones generales del artículo 470 del Código Procesal Penal por cuanto 52
  48. 48. CRÍTICA INSTRUCTORIA no le causa agravio irreparable al encausado que tiene las restantes etapas del proceso, con todas las garantías, para reiterar su planteo. Cám. de Concepción del Uruguay, sala I, 4-10-88, B. J. E. R. 1988, síntesis Coinciden los autores en que el sobreseimiento por causales objetivas o subjetivas procede únicamente en la etapa instructoria mientras que aquel que se apoya en causales extintivas de la acción puede disponerse en cualquier estado del proceso. Cám. de Concepción del Uruguay, sala I, 15-1-88, B. J. E. R. 1988, síntesis En primer lugar cabe advertir que comprobada la edad de la menor y no habiéndosele tomado ningún tipo de declaración, jurisdiccionalmen- te no revistió el carácter de imputada y menos aún de procesada. Por ende, no corresponde que se decrete su sobreseimiento. El menor que aún no cumplió los 16 años no puede ser objeto de pronunciamiento alguno, así sea absolutorio, salvo el que verse sobre las medidas tutelares autorizadas. Cám. 2» del Crimen de General Roca, interlocutorio N° 61 III. EXCEPCIONES Corresponde rechazar la excepción de falta de acción solicitada por la defensa, sobre la base de que el requerimiento fiscal de elevación a juicio calificó el hecho como lesiones leves agravadas por el vínculo, sin que se haya instado por la damnificada la acción penal, si de las cons- tancias de la causa surge que esa lesión fue producida por el disparo de un arma de fuego, lo que permitiría la posible aplicación de los artículos 104 y 105 del Código Penal en caso de que se pruebe un actuar doloso, situación que es prudente dejar librada a la conclusión definitiva, luego del desarrollo del juicio, por tratarse de una cuestión de fondo, en profunda relación con la base fáctica. T. O. C. N° 2 de Capital Federal, 12-4-93, Boletín de Jurisprudencia, N" 4, entrega especial Corresponde rechazar el pedido de declinatoria de la competencia en favor de la justicia correccional efectuado por el fiscal, sobre la base de considerar errónea la calificación de los hechos realizada en la requisi- toria de elevación a juicio -lesiones graves cuando pericialmente se sos- tuvo que eran leves-, si la conducta atribuida resulta razonable a la luz 53
  49. 49. DERECHO PROCESAL PENAL de las probanzas de la causa, sin perjuicio de las calificaciones que se adopten en el momento procesal oportuno. T. O. C. N° 1 de Capital Federal, 16-3-93, Boletín de Jurisprudencia N" 4, entrega especial IV. DESARROLLO DE LA FASE CRÍTICA. REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO Y CLAUSURA DE LA INSTRUCCIÓN Las diligencias denegadas por el juez de instrucción, propuestas por la Fiscalía al contestar la vista que se le confiriera a tenor del artículo 346 de rito, resultan susceptibles de ser examinadas en doble instancia por via de apelación. Cám. Nac. Crim. y Corree, sala IV, 2-6-94, "Martínez" Corresponde invalidar de oficio la requisitoria fiscal de elevación a juicio (arts. 166, 168, segundo párrafo, y 172 del Cód. Proc. Pen.) por agraviar el derecho de defensa del imputado, si la misma no contiene la indicación de las circunstancias de tiempo del hecho imputado, lo que necesariamen- te debía contener para satisfacer el requisito de "relación clara, precisa y circunstanciada" previsto en el artículo 347 del Código Procesal Penal. T. O. C. F. N" 2 de Capital Federal, 29-3-93, Boletín de Jurisprudencia, N" 4, entrega especial Teniendo en cuenta que es ese acto el que, acogido por el juez, habilita la vía del juicio y que sin él éste será irremediablemente nulo porque se afec- taría la intervención del imputado al menoscabar su defensa en juicio, no cabe sino concluir que es la requisitoria de elevación a juicio la acusación indispensable para garantizar en uno de sus términos el debido proceso. C.N.C.R, sala I, 14-4-94 El requerimiento de elevación a juicio deberá contener bajo pena de nuhdad una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda. Estos requisitos se dirigen a facilitar y garantizar un eficaz, ade- cuado y oportuno del derecho de defensa en juicio del procesado, razón por la cual omitir cualquiera de ellos configura la nulidad impuesta por el artículo 167, inciso 3°, y comprendida en el párrafo segundo del artículo 168. T. O. C. F. N° 4 de Capital Federal, 29-6-94, "Ragusa, Guillermo y otro" 54

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