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Analisis sentencia T 572/09

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Analisis sentencia T 572/09

  1. 1. UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIASENTENCIA T 572/09 ANALISIS MARIA CAMILA DAZA LEGUIZAMON 60001110804 DOCENTE GLORIA INES QUICENO FACULTAD DE DERECHO BOGOTA D.C., MAYO
  2. 2. NOMBRE:T572/09CORPORACION: Corte ConstitucionalMAGISTRADO PONENTE:Dr. Humberto Antonio Sierra PortoNUMERO DE IDENTIFICACION:expediente T- 2.247.179 SENTENCIA T. 572/09HECHOS En el presente caso se trata de una señora que interpone una acción de tutela contra la Casa de Justicia, la Defensoría de Familia y la Alcaldía Municipal, todas ellas de Floridablanca, argumentando vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 29 (debido proceso) y 44 Superiores (derechos fundamentales de los niños). El día 12 de noviembre de 2008 se hicieron presentes en su residencia unos agentes de policía, “junto con una persona que dijo ser Defensor de Familia del Municipio de Floridablanca, quien no se quiso identificar, para según ellos, llevarse a mi menor hijo JUAN SEBASTIÁN URIBE BECERRA”. Dicho defensor de familia aducía un aparente abandono del menor de tres (3) años y pese a la resistencia de la madre afirmo que Blanca Cecilia Becerra Villabona era una mala madre y jamás volvería a ver a su hijo. Cabe resaltar que en momento de la llegada del defensor de familia la señora becerra se encontraba en casa. En cuanto a la respuesta de la Comisaria de Familia de Florida Blanca, que las condiciones en las que vivía el niño violaban su derecho a un ambiente sano e inclusive aseveraron que en la casa habitaba un perro con sarna. A su vez, reitera su posición mencionando que en el momento de la diligencia se encontraba presente una psicóloga y que los vecinos habían dicho que si bien en ese momento la madre se encontraba, por lo general el niño era abandonado.
  3. 3. El 25 de noviembre de 2008, la accionante radicó un documento ante la Comisaría de Familia, solicitando “por segunda vez me permitan saber de mi hijo Juan Sebastián Uribe Becerra, puesto que desde el día 12 de noviembre no se nada de él”. Primera instancia: El Juzgado 4º del Circuito Administrativo de Bucaramanga, mediante sentencia proferida el 3 de diciembre de 2008 decide aplicar como medida provisional de urgencia la ubicación en hogar sustituto. El día 10 de diciembre de 2008, el señor José Luis Baez Pallares, compañero permanente de la accionante, radicó una petición a la Comisaría de Familia, solicitando poder ver al niño. Mediante oficio fechado 12 de diciembre de 2008, el Comisario de Familia le informó a la accionante que, desde el 12 de noviembre del mismo año, el niño había sido traslado al hogar de la señora Yolanda Rodríguez, es decir, una nueva madre sustituta. El día 13 de enero de 2009, el Comisario de Familia ordenó la práctica de unas pruebas, encaminadas a determinar el supuesto estado de abandono en el que se encontraba el niño Se ordena que por intermedio de la Secretaría General de la Corte se oficie a la Comisaría de Familia de Floridablanca (Calle 5 núm. 8-25 Floridablanca, Departamento de Santander, tel. 649777) a efectos de que dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la recepción de la correspondiente comunicación, remita fotocopia del expediente administrativo adelantado para la protección del menor Juan Sebastián Uribe Becerra, informando además si el niño todavía se encuentra a cargo de una madre sustituta. El 16 de julio de 2009 se recibió en la Secretaría de la Corte la información anteriormente relacionada. El menor es llevado al hogar sustituto en el centro zonal sur Luis Carlos Galán Sarmiento. En el 5 de mayo de 2009 el Comisario de Familia, una vez oída la psicóloga del caso, decidió ordenar el reintegro provisional del niño a su núcleo familiar, imponiéndole a la accionante el deber de seguir las recomendaciones dadas, decisión que se tornó definitiva al día siguiente.PARTE MOTIVAEl punto de partida clásico de la noción de familia es aquel según el cual aquélla se origina en elmatrimonio. De igual manera, este término incluye el supuesto del matrimonio sin descendencia osin otros parientes a cargo, la relación de hombre y mujer sin descendencia. Igualmente, abarcalos lazos familiares derivados de la adopción. Este es el concepto que se toma en consideración en
  4. 4. los distintos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tales como la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos (art. 16.1); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(art. 23), al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos.De manera más amplia, el artículo 42 Superior dispone que la familia se conforma “por vínculosnaturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio opor la voluntad responsable de conformarla”.Al respecto, conviene precisar que el concepto defamilia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio delpluralismo. De tal suerte que, en una sociedad plural, no puede existir un concepto único yexcluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculomatrimonial.En tal sentido, recientemente el Consejo de Estado, en sentencia del 2 de septiembre de 2009[4], almomento de determinar la existencia de perjuicios morales, indicó lo siguiente: “la familia no sólo se constituye por vínculos jurídicos o de consanguinidad, sino que puede tener un sustrato natural o social, a partir de la constatación de una serie de relaciones de afecto, de convivencia, de amor, de apoyo y solidaridad, que son configurativas de un núcleo en el que rigen los principios de igualdad de derechos y deberes para una pareja, y el respeto recíproco de los derechos y libertades de todos los integrantes. En esta perspectiva, es posible hacer una referencia a las acepciones de “padres (papá o mamá) de crianza, “hijos de crianza”, e inclusive de “abuelos de crianza”, toda vez que en muchos eventos las relacione de solidaridad, afecto y apoyo son más fuertes con quien no se tiene vínculo de consanguinidad, sin que esto suponga la inexistencia de los lazos familiares, como quiera que la familia no se configura sólo a partir de un nombre y un apellido, y menos de la constatación de un parámetro o código genético, sino que el concepto se fundamenta, se itera, en ese conjunto de relaciones e interacciones humanas que se desarrollan con el día a día, y que se refieren a ese lugar metafísico que tiene como ingredientes principales el amor, el afecto, la solidaridad y la protección de sus miembros entre sí, e indudablemente también a factores sociológicos y culturales”.Ahora bien, la naturaleza jurídica de la familia sigue siendo un tema controversial. Se debate, porejemplo, el contenido del derecho a conformar libremente una familia (vgr. voluntad de loscontrayentes, requisitos de edad y sexo, etcétera), al igual que el derecho a preservar su unidad, enespecial, frente a actos tales como el internamiento de los padres en sitios de reclusión, traslados
  5. 5. laborales, alejamiento de menores del seno de la familia a efectos de protegerles frente asituaciones de maltrato y abandono, extradición o deportación de sus integrantes, etcétera.Se discute igualmente en relación con el contenido y alcance de las medidas constitucionales deprotección de la familia. En efecto, aquéllas se manifiestan en la necesaria adopción de normaslegales, de actos administrativos, así como de decisiones judiciales, medidas todas ellasencaminadas a lograr y preservar la unidad familiar existente, al igual que brindar una proteccióneconómica, social y jurídica adecuada para el núcleo familiar. Estos son los propósitos, o la razónde ser de las normas jurídicas y demás medidas de protección previstas por el ordenamientojurídico.Así mismo, se presenta una controversia acerca de si la familia puede ser considerada, en símisma, un derecho fundamental o uno de carácter prestacional. De tal suerte que las medidas deprotección de aquélla pueden ser comprendidas de manera diferente, dependiendo de si seentiende que familia es un derecho fundamental (de primera generación), o si, por el contrario, seubica como un derecho de contenido prestacional.En efecto, si se entiende que “familia” es un derecho prestacional, entonces el Estado, según lascondiciones económicas podrá establecer mayores o menores beneficios que proporcionen lascondiciones para que las familias puedan lograr su unidad, encontrándose protegidas económica ysocialmente. De igual manera, entraría a aplicarse el principio de no regresión, pudiéndose, enalgunos casos, excepcionarse.Por el contrario, si se comprende a la familia en términos de derechofundamental, entonces las medidas estatales relacionadas con aquélla serán obligatorias, nopudiendo alegarse argumentos de contenido económico para incumplirlas, pudiéndose ademásinstaurar la acción de tutela para su protección.Finalmente, la tesis intermedia apunta a señalar que la familia como institución debe ser protegidapor el Estado, en cuanto a la preservación de su unidad y existencia, presentando en estos casosuna dimensión de derecho fundamental; al mismo tiempo, otros elementos, de contenidoeconómico y asistencial, se orientan por la lógica de implementación y protección propia de los
  6. 6. derechos prestacionales.En suma, de la comprensión que se tenga del término “familia” dependeráel sentido y alcance de los mecanismos constitucionales de protección.En los términos del artículo 44 Superior, “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaciónde asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio plenode sus derechos”. En tal sentido, la familia, en primer término, debe proporcionarle la mejorprotección fácticamente posible a los niños frente a cualquier forma de abuso, abandono yexplotación. Al mismo tiempo, el Estado debe adoptar medidas para combatir la existencia desituaciones de desprotección y abandono, en tanto que amenazas reales contra el disfrute de losderechos fundamentales de los niños.En este orden de ideas, y recapitulando, la Sala considera que la familia, en tanto que núcleofundamental de la sociedad, debe ser protegida de manera integral por el Estado. En tal sentido,más allá de la definición que de aquélla se tenga, las autoridades públicas, en tanto que se esta anteun derecho fundamental, deben abstenerse de adoptar medidas administrativas o judiciales que, enla práctica, impliquen violar la unidad familiar, so pretexto, por ejemplo, de amparar los derechosfundamentales de alguno de sus integrantes. En efecto, el niño tiene derecho a vivir con su familia,la cual está llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. Así, el mismomodo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que el contenido esencial de esteprecepto es la protección del individuo frente a la acción arbitraria de las autoridades públicas.Una de las interferencias más graves es la que tiene por resultado la división de una familiaPor ejemplo, los argumentos jurídicos que sustenta la Corte Constitucional se acogen a losartículos 12.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, V de la DeclaraciónAmericana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 de la ConvenciónEuropea de Derechos Humanos. Estas disposiciones poseen especial relevancia cuando se analizala separación del niño de su familia.Además de mencionar a la Corte Interamericana de DerechosHumanos, en su Opinión Consultiva núm. OC-17 del 28 de agosto de 2002, referente a “lacondición jurídica y los derechos humanos del niño”, siguiendo la Directriz núm. 14 de Riad, y la
  7. 7. jurisprudencia del TEDH según la cual cualquier decisión relativa a la separación del niño de sufamilia debe estar justificada por el interés del niño,PARTE RESOLUTORIAEn primer lugar, preciso tener en cuenta que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional,los informes de policía judicial no constituyen prueba, lo anterior no obsta para que el funcionariojudicial competente pueda, a partir de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba quese requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en éste, la cualnaturalmente puede ser controvertida por el sindicado. Además la adopción de medidas derestablecimiento de derechos debe encontrarse precedida y soportada por labores de verificación,encaminadas a determinar la existencia de una real situación de abandono, riesgo o peligro que secierne sobre los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente.En segundo lugar, de conformidad con todas las pruebas que obran en el expediente, resultaevidente que la imposición de la medida de restablecimiento de derechos, consistente en ubicaciónen un hogar sustituto, fue desproporcionada y arbitraria por cuanto (i) no se contaba con pruebasobjetivas que la respaldaran; (ii) existían medidas menos drásticas (amonestación) de proteccióndel menor; (iii) su duración fue exagerada (casi 6 meses); y (iv) siempre estuvo presente elprejuicio según el cual un niño con cabello largo es sinónimo de menor abandonado, lo cual carecede todo respaldo psicológico siendo además discriminatorio.En ese estado de cosas, no se justifica que un niño de tres años, cuyo estado de abandono nuncafue probado, hubiera permanecido alejado de su familia por casi seis meses, pasando de unamadre sustituta a otra, mientras que sus padres eran sometidos al sufrimiento de verlo ausente. RESUELVE:PRIMERO. REVOCAR la sentencia de amparo proferida el 3 de diciembre de 2008 por elJuzgado 4º del Circuito Administrativo de Bucaramanga, en el proceso adelantado por la señora
  8. 8. Blanca Cecilia Becerra Villabona contra la Casa de Justicia, la Defensoría de Familia y laAlcaldía Municipal, todas ellas de Floridablanca.SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por daño consumado.TERCERO. PREVENIR a la Defensoría de Familia, a la Alcaldía Municipal y al cuerpo dePolicía de Floridablanca (Santander), para que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en hechossemejantes a los examinados en la presente sentencia.CUARTO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,para los efectos allí contemplados.Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.

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