El documento resume noticias recientes de varios países de América Latina y el Caribe. En Cuba, más de seis millones de personas votaron a favor de una nueva constitución que reconoce la propiedad privada y la inversión extranjera. En México, el Senado aprobó la creación de una Guardia Nacional civil para combatir la violencia, que alcanzó niveles récord en 2018. En Nicaragua, el presidente Ortega liberó a 100 detenidos en un primer gesto conciliador hacia la oposición.
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Del 25 de febrero al 3 de marzo
CCCUUUBBBAAA
Nueva Constitución. Más de seis millones de cubanos votaron, el pasado 24 de
febrero, a favor de una nueva Constitución que pretende plasmar los cambios
económicos y sociales producidos en el país en la última década. La participación
fue masiva: el 84,41% del padrón registrado ejerció el voto, que es voluntario, de
un total de 8 millones de empadronados. El lapso de 21 horas desde que cerraron
los colegios hasta que se publicaron los resultados dio pie a sospechas de fraude
pero el recuento de votos llevado a cabo por observadores internacionales están
en línea con los resultados ofíciales. El objetivo de la reforma es adaptar el texto,
con modestos pero significativos avances, al nuevo rumbo que el Gobierno de
Miguel Díaz-Canel pretende imprimir a la isla caribeña tras la partida de los
hermanos Castro. Desde su aprobación en 1976 la Constitución se ha enmendado
tres veces. La primera fue ese mismo año para renombrar la Isla de Pinos como Isla
de la Juventud; la segunda, en 1992, para abrir las relaciones internacionales a
Occidente ante el desmoronamiento de la URSS; y la última, en 2002, para hacer
irreversible el "carácter socialista" del país.
Texto sometido a consulta popular. La propuesta inicial de la actual reforma fue
aprobada por unanimidad por los 605 miembros de la Asamblea Nacional en julio,
tras lo cual se sometió a un proceso de consulta popular. Cuba ha sido escenario de
un intenso debate político entre agosto y noviembre que arrojó como resultado el
texto a votar el 24 de febrero. En estos meses, los cubanos han hecho más de 9.500
propuestas tipo, de las cuales el 50% se han aceptado. El principal cambio desde un
punto de vista de funcionamiento político es que el presidente continuará como
jefe del Consejo de Estado, con poderes legislativos, y del Consejo de Ministros,
con poderes ejecutivos, pero el peso del día a día del Gobierno recaerá sobre un
primer ministro propuesto por el presidente y elegido por la Asamblea Nacional.
Además, tras la reforma, el presidente tendrá un límite de dos mandatos de cinco
años cada uno y para acceder al cargo deberá tener al menos 35 años y 60 como
máximo. No obstante, los cambios de calado se dan en la vertiente económica. Se
da forma jurídica a la tímida apertura impulsada por Raúl Castro a su llegada al
Gobierno, en 2008, con la que florecieron los 'cuentapropistas'. Se reconoce la
propiedad privada y el rol del mercado y la inversión extranjera pasa de ser
secundaria a "fundamental". Sin embargo, al mismo tiempo se ratifica el carácter
planificado de la economía al señalar que “la empresa estatal socialista es el actor
principal". Estados Unidos no tardó en reaccionar. El asesor de seguridad nacional
de la Casa Blanca, John Bolton, calificó el referéndum constitucional como “otro
engaño para encubrir la tiranía del régimen castrista”. La nueva ley fundamental
debe ser ahora proclamada por la Asamblea Nacional (Parlamento), en una sesión
que probablemente se celebre en abril. Posteriormente, tiene que ser publicada en
la Gaceta Oficial para que entre en vigor
LATINOAMÉRICA
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El Senado aprueba la creación de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador ha
ganado su primera batalla política aunque para ello ha tenido que hacer concesiones. El
proyecto de ley que dará vida a la Guardia Nacional fue ratificado en la Cámara Alta con
127 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el pasado 22 de febrero. Ahora
deberá pasar a la Cámara de Diputados para su ratificación. Tras intensos días de
negociaciones entre los diferentes partidos, el Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) se vio obligado a ceder ante la oposición que objetaba que el organismo, como
estaba concebida por su dirigente López Obrador, aumentaría la militarización de la
seguridad pública en México. Como consecuencia, el cuerpo creado será civil, se regirá por
una doctrina policial y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Defensa
Nacional. AMLO no ha ocultado su rechazo a este cambio que considera que dificultará
mucho su lucha contra la delincuencia. En cambio, para los defensores de los derechos
humanos es un gran triunfo que reduce las posibilidades de una militarización como la que
vivió el país en 2006 con el expresidente Felipe Calderón y que, en su opinión, aumentó el
abuso de la fuerza pública a la población. La nueva ley señala que la participación de las
Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional quedará limitada a un período de transición
máximo de cinco años mientras el Estado recluta a los integrantes de la nueva corporación.
La Policía Federal, ampliamente criticada por el Gobierno, desaparecerá.
Preocupante aumento de la violencia. La lucha contra la inseguridad fue uno de los temas
centrales durante la campaña electoral y una de las grandes promesas de López Obrador.
Durante el sexenio de Peña Nieto la delincuencia aumentó de forma muy alarmante y
figuraba entre las principales preocupaciones de los mexicanos. En 2018 se alcanzó un
nuevo record de asesinatos (33.341), superando en un 15,5% las cifras de 2017, que era
hasta ahora el año más castigado por la violencia en la historia del país. Las cifras de la
violencia han colocado a México en la posición 140 de 163 países en el Índice Global de Paz
2018, lo que lo sitúa como el país más violento de América Central y el Caribe, por encima
de Guatemala, El Salvador, Honduras y tan solo superado en toda la región de
Latinoamérica por Venezuela y Colombia. Este organismo estima que los costes de la
violencia en la economía en 2017 ascendieron a 4,72 billones de pesos o 21% del Producto
Interno Bruto (PIB). La cifra es ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete
veces mayor que la inversión en educación en 2017. La cuantificación de estos efectos es
muy difícil pero, en cualquier caso, no cabe duda de que los elevados niveles de
delincuencia (en gran parte vinculada al narcotráfico) penalizan seriamente la actividad
económica.
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Primer gesto conciliador de Ortega. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha liberado a al
menos 100 detenidos el pasado 27 de febrero, primer día de reanudación de las negociaciones
para encontrar una salida a la profunda crisis política que asola el país centroamericano desde
el pasado abril. La crisis comenzó por unas fallidas reformas de la seguridad social que se
convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder,
con acusaciones de abuso y corrupción. Desde entonces, la situación no ha hecho sino
agravarse y las personas fallecidas ya superan los 300 y los exiliados los 50.000 al tiempo que
su economía se ha deteriorado gravemente. La opositora Alianza Cívica —el grupo conformado
por empresarios, académicos, estudiantes universitarios, campesinos y organismo de la
sociedad civil— había exigido la liberación inmediata de todos los detenidos, considerados
presos políticos, como primera condición para dialogar. Muchos de ellos fueron encarcelados
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por el mero hecho de participar en las protestas. Por el momento, los liberados han recibido el
"beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares", lo que supone que su salida de
la cárcel puede ser temporal. No está claro que este primer gesto conciliador del presidente
sea suficiente para convencer a la oposición. Para muchos tan solo busca reducir la presión
internacional y creen que no vendrá acompañado de la liberación del resto de presos políticos
en los próximos días (más de 600). En el momento de redacción de estas líneas, se ha
acordado "una hoja de ruta" y nueve de los 12 puntos para la negociación, aunque no se ha
aclarado públicamente cuáles son. De hecho, una de las exigencias del Ejecutivo sandinista,
tras anunciar su disposición a sentarse en la mesa del diálogo, fue precisamente que éstas no
tuvieran, al menos inicialmente, cobertura de prensa. La oposición, por su parte, exige lo
contrario. Además, demandan que se solicite a organizaciones internacionales como la
Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas o la Unión Europea su
participación como mediadores o garantes. Todavía es pronto para confiar en un exitoso
resultado del proceso de negociación pero este primer acercamiento de ambas partes aporta,
sin duda, algo de esperanza.
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El Grupo de Lima apuesta por una transición pacífica. La declaración del bloque de 13
Estados latinoamericanos y Canadá ha reiterado, tras la reunión celebrada el pasado 25 de
febrero, que la “transición a la democracia” en Venezuela “debe ser conducida por los
propios venezolanos pacíficamente”, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso
de la fuerza. Esta alianza de países, creada en 2017 para promover una salida a la crisis
venezolana, ha descartado una intervención militar el mismo día en que la Unión Europea
pidió a Estados Unidos prescindir de esa opción. Además, exigen la salida inmediata de
Nicolás Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la
Asamblea Nacional y al presidente encargado, Juan Guaidó que por primera vez acudió a la
reunión. Por último, han condenado al régimen chavista por haber impedido el ingreso de
la ayuda internacional el pasado 23 de febrero, en una jornada marcada por la violencia y la
represión. Como consecuencia, han solicitado a la Corte Penal Internacional que "tome en
consideración" la "grave situación de Venezuela y la denegación del acceso a la asistencia
humanitaria, que constituye un crimen de lesa humanidad".
Sin acuerdo en la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU ha vuelto a ser escenario, el 28
de febrero, de las profundas diferencias que mantienen Estados Unidos y Rusia sobre
Venezuela. La propuesta de resolución de la primera potencia mundial, que llamaba a la
celebración de elecciones en Venezuela y reconocía al presidente de la Asamblea Nacional
de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país fue vetada por China y Rusia.
Una segunda propuesta, patrocinada por Rusia, abogaba por el diálogo entre el gobierno y
la oposición venezolanos mediante el Mecanismo de Montevideo pero no logró los votos
suficientes para su aprobación. Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU,
aprovechó su intervención para denunciar que un gobierno autoproclamado es una
dictadura sin base legal en Venezuela. Acusó, asimismo, la congelación del dinero
venezolano, que afecta gravemente la economía venezolana.
Guaidó convoca más manifestaciones. El domingo 3 de marzo Guaidó ha abandonado
Ecuador para regresar a Caracas tras convocar al pueblo venezolano a concentrarse, en
todo el país, al día siguiente. El líder de la Asamblea Nacional se enfrenta a una orden de
detención por parte del Gobierno de Nicolás Maduro por lo que ha mantenido el itinerario
de su regreso en secreto. Guaidó abandonó Venezuela el 22 de febrero para viajar a
Colombia y participar en la operación de entrega de ayuda humanitaria, burlando una
prohibición de salida del país que dictó la Justicia por la investigación relacionada con su
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autoproclamación como presidente encargado. Estados Unidos ha afirmado que la
detención del líder de la oposición tan solo aceleraría el día del derrocamiento de Maduro y
la UE afirmó que condenaría cualquier acción que pudiese poner en peligro la libertad,
seguridad o integridad personal del líder opositor.
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El Índice MSCI aumenta la ponderación de las acciones chinas. A partir del próximo mes de
noviembre aumentará el peso de las acciones “A” chinas en el Índice MSCI (Morgan Stanley
Capital Investment por sus siglas en inglés) de Mercados Emergentes. Las acciones “A” son
títulos de compañías que cotizan en las dos bolsas existentes en China continental, la de
Shanghai y la de Shenzhen, pero lo hacen únicamente en renminbis, a diferencia de las
acciones “B”, que en la bolsa de Shanghai se intercambian en dólares estadounidenses y en el
mercado de valores de Hong-Kong lo hacen en dólares de la ex colonia. El peso de estas
acciones “A” pasará del 31% actual a un 34,3%, lo que hará de la República Popular el país con
la mayor ponderación, de lejos, en este índice, uno de varios que anualmente elabora y
actualiza la empresa estadounidense Morgan Stanley Capital International. Dado que todos los
fondos de inversión que están indexados al citado índice están obligados a comprar los valores
que en él cotizan, la medida supondrá un fuerte aumento de los flujos de capital hacia estas
empresas. El año pasado, las compañías chinas cotizadas en el Índice MSCI recibieron capitales
por un valor total de, aproximadamente, 45.000 mill.$, una cifra que puede parecer elevada
pero que equivalió a un porcentaje ínfimo del PIB del país. En 2019 y, sobre todo a partir de
2020, se prevé que está cifra por lo menos se duplique, lo que explicaría el interés que las
autoridades chinas habían venido manifestando por el aumento de la ponderación desde hacía
ya varios meses. La medida manifiesta también el deseo de los gobernantes de seguir abriendo
el mercado de capitales a pesar de la guerra comercial con los EE.UU. Por último, supone un
espaldarazo al mayor protagonismo de la divisa china en los mercados internacionales si bien
el yuan aún está muy lejos rivalizar con el dólar como la moneda de reserva global.
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El crecimiento económico se desacelera. El PIB indio creció en el cuarto trimestre de 2018 un
6,6% en términos reales, una tasa envidiable comparativamente hablando, pero que denota
una desaceleración económica, puesto que fue la más baja de los últimos cuatro trimestres. La
causa de la desaceleración es doble. Por un lado, obedece a la caída de la demanda interna,
que se ve afectada por las hostilidades con Paquistán y, por otro, a la atonía de la economía
mundial. Algunos indicadores clave como las compras de vehículos nuevos o la producción de
cemento están registrando un mal comportamiento. La caída del consumo privado en la India
es particularmente importante ya que equivale a casi dos terceras partes del PIB. La inflación,
en consecuencia, está evolucionando a la baja, situándose en estos momentos en torno al 2%,
muy por debajo del objetivo del 4% fijado por el Banco de Reserva para el actual ejercicio
fiscal. Dado que también la inflación subyacente se está moderando, es más que probable que
el nuevo Gobernador del Banco Central, Shaktikanta Das, vuelva a recortar los tipos de interés,
tras haberlo hecho el pasado mes de febrero.
ASIA
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Resultados definitivos. Las elecciones parlamentarias que se celebraron en Moldavia el 24 de
febrero dejan un parlamento fragmentado en el que ninguno de los partidos ha obtenido la
mayoría suficiente para formar gobierno. El Partido Socialista (PSRM), liderado por el prorruso
Igor Dodon, consiguió el apoyo del 31,2% del electorado, seguido por la coalición de la
oposición ACUM que recibió el 26,8% de los votos y del oficialista Partido Demócrata de
Moldavia (PDM), de orientación proeuropea, que obtuvo únicamente el 23,6%. Pese a que la
formación de Dodon es la que más asientos ha obtenido en la Cámara resulta poco probable
que consiga formar un ejecutivo viable ya que tanto el PDM como la formación ACUM, se
opondrán. Esto tendrá una consecuencia directa en la política exterior que continuará
orientada hacia la UE. La formación ACUM, por su parte, firmó un manifiesto por el que se
comprometía a no formar gobierno con ninguno de los otros dos partidos. Además, el PSRM
ha exigido repetir las elecciones en al menos seis circunscripciones alegando irregularidades en
el proceso electoral. De repetirse los comicios, la configuración de la Cámara cambiaría, así
como las posibilidades de formación del nuevo Gobierno. La incertidumbre que rodea los
resultados del proceso electoral puede tener un efecto negativo en el desempeño económico
del país, ya de por sí bastante mediocre. Desde finales de 2018, la situación de liquidez del país
parece haberse agravado como resultado de la caída de en las exportaciones y de los flujos de
remesas. En junio de 2018 se completó la tercera revisión del programa de Extensión de la
Facilidad del Crédito del FMI pero, desde entonces, no se han registrado avances en las
reformas recogidas en el programa. De no recibir esta asistencia financiera Moldavia tendría
serios problemas no solo para hacer frente a sus compromisos de pago, sino incluso para
cubrir las necesidades de importación del país.
UUUCCCRRRAAANNNIIIAAA
La justicia revoca la Ley Anticorrupción. Tan solo ocho meses después de que se aprobase, el
Tribunal Superior de Justicia ucraniano ha invalidado la ley anticorrupción por considerarla
anticonstitucional. De acuerdo con este organismo, la ley violaba la presunción de inocencia de
los sospechosos de enriquecimiento ilícito y, por lo tanto, debía ser retirada del código penal.
La decisión judicial responde al recurso presentado por 59 miembros del Parlamento que
estaban siendo procesados por la nueva legislación. Los 65 expedientes que actualmente está
investigando el Centro de Acción Anticorrupción se darán inmediatamente por finalizados. No
obstante, esta ley anticorrupción formaba parte de un paquete de reformas exigidas por el
FMI para el desembolso del último tramo de asistencia del programa “Extended Fund Facility”
de 17.500 mill.$ acordado en marzo de 2015 con el organismo. Su revocación pone en
entredicho la financiación de Ucrania ya que actualmente el país es totalmente dependiente
de la asistencia financiera. A finales de 2018, las autoridades acordaron la sustitución del
programa “Extended Fund Facility” por un “Stand-by Agreement” por valor de 3.400 mill.$.
Para desbloquear esta asistencia el Gobierno aprobó el incremento del 23% del precio del gas
y la electricidad, una medida que puede costarle la reelección ya que actualmente Poroshenko
se encuentra en tercer lugar en la carrera por la presidencia de cara a las elecciones que
tendrán lugar el 31 de marzo. No existe un claro favorito para los próximos comicios por lo que
EUROPA DEL ESTE - CEI
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se espera que se celebre una segunda vuelta. Así pues, el contexto tanto político como
económico del país puede dar un vuelco importante en los próximos meses con un posible
relevo presidencial. En este caso la no continuidad de las reformas acordadas por el gobierno
anterior con el FMI podría poner en riesgo una fuente vital de financiación.
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Buteflika desafía a los manifestantes. Por si quedaba alguna duda acerca de sus intenciones,
el Presidente argelino Abdelaziz Buteflika anunció, el lunes 4 de marzo, en una declaración por
escrito que no leyó personalmente, su intención de presentarse como candidato a las
elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 18 de abril en busca del que sería su
quinto mandato consecutivo. Buteflika se enfrentará a ocho contendientes que también
presentaron sus candidaturas, aunque todo el mundo en el país magrebí tiene claro que no
van a suponer ninguna amenaza real al casi seguro triunfo electoral del anciano mandatario,
que cuenta con 82 años y una salud muy frágil. En las pasadas elecciones presidenciales de
2014, Buteflika obtuvo un triunfo arrollador, al ganar con casi el 90% de los votos en medio,
eso sí, de una altísima abstención. Desde hace algo más de una semana, se vienen
produciendo en las principales ciudades argelinas protestas y manifestaciones multitudinarias
para protestar por la decisión de permitir la candidatura de Buteflika quien, como
consecuencia de un ictus, lleva desde 2013 anclado a un sillón con ruedas. Los argelinos
consideran una burla, casi una humillación, el que el régimen les imponga un presidente
anciano y enfermo y están dispuestos a seguir con las manifestaciones. De momento éstas han
sido razonablemente pacíficas, aunque en alguna ocasión han tenido que intervenir los
antidisturbios. Sin embargo, expresan el creciente hartazgo de la ciudadanía ante un régimen
esclerotizado, autoritario y corrupto incapaz de resolver los principales problemas del país: la
falta de vivienda asequible y, sobre todo, la falta de empleo para los jóvenes, que son quienes
mayoritariamente integran las manifestaciones. Existe, pues, un serio riesgo de que, en las
próximas semanas, las protestas se intensifiquen. Quizá por esa razón, en su comunicado por
escrito, Buteflika ha afirmado no ser insensible a las protestas de los manifestantes y se ha
comprometido a dejar el poder al cabo de un año de ser elegido y a favorecer una más
equitativa distribución de la riqueza, hablando, incluso, de un posible cambio en el actual
sistema. Pero lo que está claro es que las protestas de los últimos días demuestran que los
argelinos le están perdiendo el miedo a caer en el caos, como en la vecina Libia, el principal
argumento que han venido esgrimiendo en los últimos años las autoridades para justificar el
actual estado de cosas. Por todo ello, muchos observadores consideran que las promesas de
un cambio en el sistema quizá llegan demasiado tarde y que éste se verá abocado a
implosionar tarde o temprano.
NORTE DE ÁFRICA - ORIENTE MEDIO
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Comienza el segundo mandato de Buhari. El presidente, Muhammadu Buhari, ganó las
elecciones con el 56% de los votos. El principal candidato de la oposición, Atiku Abubakar,
obtuvo el 41% de los sufragios. Finalmente, la distancia entre los dos ha sido mayor de la
esperada. La victoria de Buhari se ha sustentado en la elevada fidelidad de los votantes de los
estados del norte del país ‒de confesión musulmana‒, donde el presidente ha logrado el 70%
de los votos. Por el contrario, Atiku obtuvo un apoyo menor de lo previsto en los estados
cristianos del sur. La baja participación, en torno al 40%, podría haber jugado en contra de los
intereses de Atiku. La abstención fue especialmente elevada en los núcleos urbanos del sur, los
tradicionales graneros de votos de su partido, el Partido Demócrata Popular (PDP). Un ejemplo
de ello es la ciudad más poblada del país, Lagos, donde únicamente acudió a las urnas el 20%
del electorado. La victoria de Buhari se traduce, pues, en un escenario continuista. Las
prioridades del gobierno serán, probablemente, las mismas que las de la primera legislatura:
luchar contra la corrupción, reducir la inseguridad en el norte del país y revitalizar la economía.
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¿Un paso adelante o un paso atrás? El Acuerdo de paz, firmado a principios de febrero entre
el Ejecutivo y 14 grupos armados, avanza, pero con sobresaltos. El pasado 3 de marzo se
oficializó la formación de un gobierno de coalición, que integra a miembros del antiguo
Ejecutivo y a representantes de las distintas milicias. En concreto, 11 de las 36 carteras
ministeriales estarán gestionadas por miembros de las guerrillas. La formación de un gobierno
de unidad constituye un paso más en la superación del conflicto bélico que estalló en 2013,
cuando los rebeldes musulmanes de Séléka dieron un golpe de Estado para derrocar al
presidente François Bozizé. Ahora bien, todavía no se puede descartar el riesgo de un
descarrilamiento del proceso de paz, especialmente cuando algunos de los grupos armados
han mostrado, en las últimas horas, su disconformidad con el gobierno propuesto y han
acusado al Ejecutivo de incumplir lo pactado en el Acuerdo de paz. Así pues, el acercamiento
entre las distintas partes es todavía muy frágil, y no sería la primera vez que se rompe un
acuerdo pocos meses después de haberse firmado.
SSSEEENNNEEEGGGAAALLL
Se cumplen los pronósticos. A diferencia de Nigeria, donde sí había posibilidad de que la
oposición ganara las elecciones, en el caso de Senegal el presidente, Macky Sall, partía en los
pronósticos con una holgada diferencia respecto a sus rivales. Y, en efecto, los resultados han
seguido el guion esperado. El mandatario ha logrado el 58,2% de los votos, por lo que no será
necesaria la celebración de una segunda vuelta. En siguiente posición se ha situado Idrissa
Seck, que ha obtenido el respaldo del 20,5% del electorado y, en tercer lugar, Ousmane Sonko,
con el 15,6%. La tasa de participación ha sido bastante elevada, en torno al 66%. Las misiones
de observadores han valorado positivamente el desarrollo del proceso electoral, lo que
refuerza la estabilidad del marco político del país, un referente en el continente africano. La
victoria de Macky Sall se ha sustentado, en buena parte, en el extraordinario crecimiento de la
economía en los últimos años.
ÁFRICA SUBSAHARIANA
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SSSUUUDDDÁÁÁNNN
Estado de emergencia. El pasado 25 de febrero el presidente, Omar Hasán al Bashir, disolvió el
gobierno central y declaró el estado de emergencia durante un año. También se prohibió
cualquier tipo de manifestación no autorizada. El mandatario ha adoptado estas medidas para
frenar la escalada de la conflictividad social. Las protestas se originaron inicialmente en
respuesta al encarecimiento de los bienes básicos; sin embargo, al poco tiempo alcanzaron un
matiz más amplio, al convertirse en movilizaciones en contra del régimen de Omar Hasán al
Bashir, en el poder desde hace más de 28 años. Así pues, el mandatario da un paso más en el
control de las voces críticas. Hasta la fecha las protestas se han saldado, según algunas
organizaciones de derechos humanos, con más de 50 víctimas mortales y centenares de
detenidos.
CCCAAANNNAAADDDÁÁÁ
Un escándalo de corrupción salpica al primer ministro. Justin Trudeau se enfrenta a la mayor
crisis política de su carrera desde que fuese elegido primer ministro de Canadá en octubre de
2015. El caso salió a la luz hace un mes cuando un periódico informó que la oficina del primer
ministro habría presionado a la hasta hace unos días fiscal general y ministra de Justicia para
que la empresa de ingeniería SNC-Lavalin no fuera procesada en un caso de corrupción. La
compañía debía ir a juicio por el pago fraudulento de sumas de dinero por importe de 31,7
mill.$ entre 2001 y 2011 a Saadi Gadafi y otros cargos del régimen libio para asegurarse
importantes contratos en el país. Una vez abierta la investigación, el Comité de dirección de la
empresa supuestamente habría estado presionando al Ejecutivo para llegar a un acuerdo que
contemplase el pago de una multa en lugar de enfrentarse al proceso penal. De condenarse a
la empresa por esta mala praxis, se le prohibiría concurrir a las licitaciones de los proyectos
federales durante una década. SNC-Lavin cuenta con una plantilla de unos 50.000 empleados a
nivel mundial de los cuales 3.400 se encuentran en Quebec. La salida de la ministra de Justicia
del Ejecutivo ha obligado al primer ministro a remodelar el Gobierno y ha hecho estallar el
escándalo a solo 8 meses de las elecciones previstas para el próximo mes de octubre. La
oficina de ética del Gobierno ha abierto una investigación y la comisión de Justicia del
Parlamento está estudiando los hechos. Trudeau, que hasta ahora mantenía una imagen
inmaculada para la opinión pública, ha negado las acusaciones pero el daño ya está hecho,
veremos si se queda en una anécdota o por el contrario acaba por costarle el puesto.
EEESSSTTTAAADDDOOOSSS UUUNNNIIIDDDOOOSSS
Las Cámaras se oponen a que el Presidente declare la “emergencia nacional”. Tal y como
se esperaba, la Cámara de Representantes votó en contra de la decisión presidencial de
declarar la emergencia nacional para conseguir la financiación restante para la construcción
del muro en la frontera con México. Los 245 congresistas (incluidos 13 del Partido
Republicano) que votaron en contra de la medida se unen a los 51 senadores, cuatro
republicanos, que se han opuesto a la controvertida medida. Pese a que el resultado de
estas votaciones no revoca la decisión presidencial, se trata de la primera vez que un gran
OCDE
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número de senadores republicanos manifiestan una clara oposición a las políticas del
presidente Trump. La única forma de paralizar la emergencia nacional se encuentra en la
vía judicial ya que un grupo de 16 Estados presentaron en el pasado 19 de febrero una
demanda ante el Tribunal de Distrito del Norte de California contra el presidente por el mal
uso de los poderes presidenciales. Del avance de dicha demanda depende que el
presidente consiga o no los 5.700 mill.$ restantes que necesita para llevar a cabo una de
sus medidas estrella del programa electoral. Así pues, pese a que las votaciones en las
cámaras son más anecdóticas que significativas sí que revelan una pérdida de apoyos de
Trump dentro del partido republicano que pueden tener sus consecuencias de cara a su
candidatura en las elecciones presidenciales de 2020.
La economía estadounidense creció un 2,9% en 2018. El pasado 28 de febrero se dieron a
conocer los datos de la actividad económica de Estados Unidos, publicados con un mes de
retraso por el cierre parcial del Gobierno que afectó a la agencia que elabora las
estadísticas. Así pues, la economía de la primera potencia mundial registró un crecimiento
del 2,6% en el último trimestre del año (frente al 4,2% y el 3,4% que mostró en el segundo y
tercero, respectivamente). La moderación del consumo privado contrarrestó el aumento de
la inversión (principalmente en propiedad intelectual) que alcanzó un incremento del 6,2%.
Las exportaciones, por su parte, avanzaron un 1,6% tras caer un 4,6% durante el trimestre
anterior. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ya había anticipado que se produciría una
moderación del ritmo de crecimiento y declaró que la Fed sería “paciente” a la hora de
continuar avanzando en la normalización de la política monetaria. Pese a que la reforma
fiscal de Trump, aprobada a finales de 2017, ha permitido a la economía registrar tasas de
crecimiento por encima de su potencial, el efecto expansivo de la medida se está agotando.
Para 2019 la Fed ha anticipado un crecimiento del 2,4% e incluso caerá por debajo del 2%
en 2020. Estos datos más desfavorables podrían poner contra las cuerdas la candidatura del
presidente Trump quien afirmó que el crecimiento económico se situaría alrededor del 3%
durante toda su legislatura, una promesa que, a pesar de sus esfuerzos, muy difícilmente
podrá cumplir.
UUUNNNIIIÓÓÓNNN EEEUUURRROOOPPPEEEAAA
Reino Unido. May enseña sus cartas. El pasado 27 de febrero Theresa May renunció a su
principal arma negociadora frente a Bruselas y anunció la estrategia que seguirá en caso de
que su plan de salida de la UE vuelva a ser rechazado por el Parlamento británico. Hace algo
más de una semana la primera ministra comunicó a los diputados británicos que el próximo 12
de marzo sometería a votación el Acuerdo en el que se incluye el resultado de las
negociaciones con Bruselas. De esta forma, May se ceñía a la estrategia poco exitosa que había
mantenido hasta entonces de agotar el plazo dado por Bruselas y así limitar el margen de
actuación de los diputados británicos para que, ante la ausencia de alternativas, se vean
forzados a votar a favor del Acuerdo. Sin embargo, al hacerse pública la nueva fecha de la
votación se produjo un verdadero revuelo político entre los diputados británicos. Hartos de la
gestión que los líderes de ambos partidos han hecho del proceso del Brexit, ocho diputados
laboristas y tres conservadores anunciaron que abandonaban sus formaciones y pasaban a
engrosar la bancada del Grupo Independiente. Ante el temor de que se produjese un efecto
contagio y un auténtico cisma en el laborismo su líder, Jeremy Corbyn, cedió al reclamo de sus
bases y anunció que apoyaría la celebración de un segundo referéndum. Tan solo un día más
tarde, May también desveló cuáles serán sus siguientes pasos. El día 12 de marzo someterá el
Acuerdo a votación en el Parlamento; un día más tarde preguntará a la Cámara si querría o no
un Brexit sin acuerdo y, por último, el 14 de marzo el Parlamento volverá a votar sobre si
solicitan o no una extensión del Artículo 50. En caso de que se vote a favor de la prórroga, el