Acción Urgente

1. Bogotá, 6 de febrero de 2015
La Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez
Bello organizaciones de derechos humanos, acompañantes de la comunidad “El
Porvenir” Inspección, perteneciente al Municipio de Puerto Gaitán – Meta, en
proceso de formalización del territorio que llevan ocupando desde hace más de 45
años y en especial el Presidente de la Junta de Acción Comunal MIGUEL
BRICEÑO, los cuales han sido víctimas de graves violaciones de derechos
humanos, emitimos la siguiente ACCIÓN URGENTE.
HECHOS:
1. La comunidad “El Porvenir” se encuentra ocupando el territorio desde hace
más de 45 años, predios que pertenecían al señor Víctor Machado un
terrateniente de la zona y quien compartía el territorio con casi 400 familias
que habitaban la inspección, sin embargo por los años 80 su esposa al
quedar viuda vende las mejoras de dos predios de aproximadamente
27.000 hectáreas, al señor Víctor Carranza “El Esmeraldero” (persona que
se encuentra vinculada a varios procesos judiciales por paramilitarismo,
desplazamientos, despojos y homicidios) desde dicha época las
comunidades comenzaron a sufrir graves violaciones de derechos
humanos, tales como desplazamientos, homicidios y el despojo de la
“Sabana Comunal” territorio que es apto para ganadería y donde la mayoría
de sus habitantes derivan el sustento.
2. Desde el año 1991 el extinto INCORA hace adjudicaciones ilegales de
dicho territorio a 27 supuestos campesinos, personas que posteriormente
se comprobó eran empleados o cercanos al señor Víctor Carranza. Desde
dichos años la comunidad empezó hacer diferentes reclamaciones ante las
entidades locales, departamentales y nacionales, sin obtener ninguna
investigación efectiva que les explicara que estaba pasando su territorio.
3. En el año 2012 con el acompañamiento del representante a la Cámara
IVAN CEPEDA se instaura una solicitud de revocatoria directa ante el
INCODER por las adjudicaciones mencionadas, trámite que culmina el mes
de julio de 2014 con la resolución 6453, la cual revoca los 27
adjudicaciones. Sin embargo en cuanto avanzaba dicho procedimiento
administrativo, la comunidad empezó a ser objeto de hostigamientos y
amenazas permanentes por los señores Hugo Bernal, German Mojocoa y
Floro, todos administradores de las tierras que se encontraban a nombre de
la ganadería La Cristalina, de propiedad de la familia Carranza.
4. En el año 2011 el presidente de la Junta de acción comunal MIGUEL
BRICEÑO inicio una serie de denuncias por dichos hostigamientos,
situación que le generó múltiples amenazas y señalamientos.

2. 5. En el mes de mayo de 2014, el señor MIGUEL BRICEÑO fue víctima de
una serie de llamadas donde lo amenazaban y le daban 48 horas para salir
del territorio. Situación que se puso en conocimiento a las autoridades y
que a la fecha no se cuenta con ninguna investigación. De igual forma se
presentó solicitud ante la Unidad de Protección Nacional para que le
brindaran unas medidas de seguridad al señor Briceño en aras de proteger
su vida.
6. Sólo hasta el mes de diciembre de 2014 la Unidad de Protección Nacional
le notifica al señor Miguel que ha sido beneficiado de unas medidas de
protección las cuales a la fecha aún no se hacen efectivas.
7. El pasado 29 de enero de 2014, empezó a recibir unas llamadas telefónicas
donde lo hostigaban y le insistían que se tenía que reunir con “los que
mandaban en la zona” para resolver el conflicto que tenía “El Porvenir” por
unas tierras y que debían darle razón urgente al señor GERMAN
MOJOCOA (Administrador de la ganadería “La Cristalina”), circunstancias
que lo obligaron a salir de inmediato de su residencia, por temor a perder la
vida.
8. Ya se instauraron las respectivas denuncias a las autoridades y el señor
Miguel se encuentra desplazado de su territorio sin ninguna protección.
Por lo anterior solicitamos lo siguiente:
- Que las autoridades competentes, incluyendo a la Fiscalía General de la
Nación y la Unidad Nacional de Protección, brinden medidas de protección
integrales de manera urgente al señor Miguel Briceño.
- Que la Fiscalía General de la Nación realice una investigación exhaustiva
de los hechos narrados arriba, de manera que se obtengan resultados
concretos sobre los autores materiales e intelectuales de las amenazas en
contra del señor Miguel Briceño.
- Que el INCODER, inicie la recuperación material del bien objeto de
revocatoria, pues dicho territorio ya es del Estado, por lo tanto y cumpliendo
su deber, haga los trámites respectivos para iniciar el desalojo de la
Ganadería la Cristalina. Ya han pasado 6 meses desde la Resolución de la
Revocatoria y no han iniciado ningún acto de recuperación.
- Que la Unidad Nacional de Protección atienda efectivamente las peticiones y
le brinde al señor Miguel Briceño un esquema de seguridad que resguarde
su integridad física y su vida.
- A las autoridades municipales y departamentales brindar garantía para que
este proceso continúe sin coerción, ventas, cultivos o construcciones y
amenazas como está sucediendo.
- A Oficina de la Alta Comisionada para los derechos Humanos y MAOEA
ejercer vigilancia sobre este caso.

3. - A todos las organizaciones Nacionales e Internacionales se pronuncie a
favor de la protección preventiva para el señor Miguel Briceño y la
comunidad de “El Porvenir”.