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Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 39
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SENTEN...
40 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007
Que del artículo 115 de la Constitución Federal se desprende...
Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 41
tributarias; dichas exigencias se proyectan fundamentalmente...
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para que formularan su contestación y dar vista al Procurado...
Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 43
de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra a...
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Que por lo que se refiere a la modificación del impuesto pre...
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Oc...
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El artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de l...
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defender sus intereses, está legitimado para pedir que se di...
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a) El Congreso del Estado afirma que la demanda es improcede...
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CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO T...
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particulares, bajo cualquier título, para fines administrati...
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9. Que, por lo anterior, se ha sostenido que la propuesta de...
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sustentados de manera objetiva y razonable, siendo válido af...
Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 53
Ahora bien, profundizando en esta doctrina, se considera que...
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En términos análogos se pronunció esta Suprema Corte de Just...
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d) Comunal. d) Comunal.
B) Del Impuesto sobre Adquisición de...
56 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007
III. CONTRIBUCIONES ESPECIALES: III. CONTRIBUCIONES ESPECIAL...
Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 57
términos de los artículos 6o. y 7° de dicha Ley,
aplicando l...
58 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007
del Municipio, se pagará de acuerdo a la
siguiente:
Municipi...
Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 59
1. Cafeterías, restaurantes. 260 60 1. Cafeterías, restauran...
60 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007
3. En lugares abiertos sin aforo determinado.
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3. En lugar...
Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 61
CAPITULO III
POR LA EXPEDICION Y REVALIDACION DE
LICENCIAS O...
62 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007
del año. dentro del primer trimestre del año.
V. Tratándose ...
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  1. 1. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 39 PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SENTENCIA y voto aclaratorio, relativos a la Controversia Constitucional 15/2006 promovida por el Municipio de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del propio Estado. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2006 ACTOR: MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL SECRETARIOS: MAKAWI STAINES DIAZ MARAT PAREDES MONTIEL México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de junio de dos mil seis. VISTOS; Y RESULTANDO: PRIMERO.- Por oficio recibido el siete de febrero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Macouzet Zamacona, quien se ostentó como síndico y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan: 1) Del Poder Legislativo del Estado de Michoacán se reclama la aprobación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintisiete de diciembre de dos mil cinco, específicamente por lo que se refiere a la modificación de los artículos 6o., 7o., 5o., 9o., 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 48, 49 y 51 de la propuesta enviada por el Municipio. 2) Del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo se reclama la promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia para el ejercicio fiscal de dos mil seis. SEGUNDO.- En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes: 1) Que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil cinco se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo, a través de la cual se analizó, discutió y aprobó por parte de los integrantes del Ayuntamiento, el proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil seis y, con esa misma fecha, se envió ante el Congreso del Estado para su aprobación. 2) Que como se infiere del contenido del Periódico Oficial del Estado, de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil cinco, el Congreso del Estado, con fecha trece de diciembre del mismo año, aprobó la referida Ley. TERCERO.- El actor estimó violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, argumentando en sus conceptos de invalidez lo siguiente: 1) Violación al principio de autonomía del Ayuntamiento de Morelia, previsto por el numeral 115, fracción IV, de la Constitución Federal. Que el Congreso del Estado de Michoacán se excedió en sus facultades al modificar la Ley de Ingresos propuesta por el Ayuntamiento, toda vez que de conformidad con el artículo 44, fracción X, de la Constitución del Estado, el Congreso del Estado sólo se encuentra facultado para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios así como para revisar, fiscalizar y dictaminar las cuentas públicas de las Haciendas Municipales y no así para realizar modificaciones a las iniciativas del Municipio.
  2. 2. 40 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 Que del artículo 115 de la Constitución Federal se desprende que los Municipios administrarán libremente su hacienda y en todo caso, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria; que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y que las Legislaturas aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios y revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Que con base en lo anterior, se considera vulnerado el derecho del Ayuntamiento a percibir las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, toda vez que la propuesta originalmente enviada fue modificada por el Legislador Estatal, privando así al Municipio de Morelia, de percibir las contribuciones señaladas en el inciso a) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, en la forma y términos que propone el propio Municipio. Que en el caso concreto, el Congreso del Estado modificó la propuesta de los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Ingresos del Municipio actor, disminuyendo la tasa de 0.25% a 0.24%. ARTICULOS PROPUESTOS ARTICULOS APROBADOS Y PUBLICADOS EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MORELIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. ARTICULO 6o.- El Impuesto Predial sobre los predios urbanos a que se refiere la Ley de Hacienda, se determinará sobre el último valor catastral registrado por efectos de avalúo o transmisión de propiedad, actualizado en los términos de los artículos 6o. y 7o. de dicha Ley, aplicando la tasa del 0.25% anual. Independientemente del valor catastral registrado, la cuota anual de este impuesto en ningún caso será inferior al equivalente a tres días de salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, al día 1o. de enero de 2006. ARTICULO 6o.- El Impuesto Predial sobre los predios urbanos a que se refiere la Ley de Hacienda, se determinará sobre el último valor catastral registrado por efectos de avalúo o transmisión de propiedad, actualizado en los términos de los artículos 6o. y 7o. de dicha Ley, aplicando la tasa del 0.24% anual. Independientemente del valor catastral registrado, la cuota anual de este impuesto en ningún caso será inferior al equivalente a tres días de salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, al día 1o. de enero de 2006. ARTICULO 7°.- El Impuesto Predial sobre predios rústicos a que se refiere la Ley de Hacienda, se determinará sobre el último valor catastral registrado por efectos de avalúo o transmisión de propiedad, actualizado en los términos de los artículos 6o. y 7o. de dicha Ley, aplicando la tasa del 0.25% anual. Para el efecto de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se aplicarán a los valores fiscales la siguiente tasa: I. Predios ejidales y comunales 0.2% anual. Independientemente del valor catastral, la cuota anual de este impuesto en ningún caso será inferior al equivalente a dos días de Salario Mínimo. ARTICULO 7°.- El Impuesto Predial sobre predios rústicos a que se refiere la Ley de Hacienda, se determinará sobre el último valor catastral registrado por efectos de avalúo o transmisión de propiedad, actualizado en los términos de los artículos 6o. y 7o. de dicha Ley, aplicando la tasa del 0.24% anual. Para el efecto de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se aplicarán a los valores fiscales la siguiente tasa: I. Predios ejidales y comunales 0.2% anual. Independientemente del valor catastral, la cuota anual de este impuesto en ningún caso será inferior al equivalente a dos días de Salario Mínimo. Que lo anterior se hizo sin que fuera comunicado el Ayuntamiento con la finalidad de que hiciera uso de su derecho en relación con dicha observación; o bien, no debió haberse aprobado, hasta en tanto se comunicara al Ayuntamiento los fundamentos legales que consideró convenientes para estimar no aprobada la totalidad de la propuesta. Que como se desprende de la lectura del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal y del artículo 5o. transitorio del Decreto por el que se reformó aquél en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el impuesto predial se ha concebido constitucionalmente como un tributo cuya configuración normativa no debe desatender las exigencias de los principios de proporcionalidad y equidad
  3. 3. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 41 tributarias; dichas exigencias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, las cuales deben ser equiparables a los valores de mercado. Asimismo, señala que las medidas conducentes a fin de que estos valores unitarios sean equiparables a los valores de mercado, deben ser tomadas por las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios. Esta coordinación se explica, si se toma en cuenta que lo que se recaude por concepto de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria está constitucionalmente destinado a las haciendas municipales. Que, en efecto, la Constitución del Estado divide las atribuciones de los Municipios y los Estados al diseñar el proceso de regulación del impuesto predial: los primeros tienen la competencia constitucional para proponer tanto las tablas de valores unitarios del suelo que hayan de servir de base para el cobro del impuesto predial, como las bases o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo final de la cantidad que los contribuyentes deberán pagar por concepto de dicho impuesto; por su parte, las legislaturas estatales no pueden hacer modificaciones arbitrarias, pues deben decidir acerca de la regulación del impuesto predial siempre sobre la base de una propuesta de los Municipios. Que la propuesta de los Ayuntamientos goza de vinculatoriedad dialéctica, es decir, la Legislatura sólo podrá alejarse de aquélla si provee para ello los argumentos necesarios para construir una justificación objetiva, razonable y públicamente expuesta en por lo menos alguna etapa del procedimiento legislativo, circunstancia que no aconteció en el presente asunto, toda vez que la Legislatura en ningún momento motiva, resuelve o dictamina, el por qué optó por modificar la propuesta originalmente enviada. Que, en tratándose de la regulación de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, estamos ante una facultad de iniciativa reforzada cuya peculiaridad radica en que sólo puede ser modificada sobre la base de un proceso de reflexión. 2) Que el Congreso Estatal también modificó a su libre arbitrio los artículos 5o., 9o., 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 48, 49 y 51, propuestos por el Ayuntamiento en la Iniciativa de la Ley de Ingresos, por lo que en obvio de repeticiones se reiteran los argumentos de invalidez hechos valer en el punto anterior, en relación con la violación de la autonomía municipal. Asimismo, se indica que la importancia que cobra dicho concepto de invalidez es porque, si bien es cierto que los impuestos a la propiedad inmobiliaria –impuesto predial–, es uno de los ingresos más importantes del Municipio, esto no quiere decir que las demás contribuciones merezcan menos atención; cualquier contribución a que tenga derecho el Municipio y que se vea traducida en un ingreso, se convierte en un incuestionable beneficio a sus habitantes, por lo que restringir cualquier ingreso al modificar la Ley de Ingresos, afecta en forma grave a la Hacienda Pública Municipal. QUINTO.- Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil seis, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 15/2006 y, por razón de turno, se designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel como instructor del procedimiento. Mediante proveído de diez de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán
  4. 4. 42 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 para que formularan su contestación y dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera. SEXTO.- El Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, en cuanto representante jurídico del titular del Poder Ejecutivo y encargado del despacho en ausencia del Gobernador, dio contestación a la demanda argumentando esencialmente que es cierto el acto que se le imputa al Gobernador del Estado consistente en la promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán y que dicho acto se realizó con estricto apego a sus facultades constitucionales, de conformidad con lo establecido por los artículos 60, fracción I, y 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán.1 SEPTIMO.- El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, dio contestación a la demanda señalando lo siguiente: I. Causales de improcedencia: a) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 en relación con los diversos 1o. y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria, en los que se señala que sólo podrán promover la acción de controversia constitucional las entidades, Poderes u Organos a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal. En este caso, el Municipio es el titular exclusivo de la acción y es quien puede hacerla valer u oponerse a ella, por medio del Ayuntamiento o bien, del Consejo Municipal en su caso, por ser las instituciones en las que recae tal representación, de conformidad con lo señalado en el artículo 115 constitucional. Por ende, cualquier miembro aislado carece de legitimación para intervenir por derecho propio dentro de la controversia constitucional y más aún cuando el promovente, ostentándose síndico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, no obtuvo el previo acuerdo del Ayuntamiento para promoverla. Tiene aplicación en la especie la tesis de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACION PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA, NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL.”2 b) Que la demanda es improcedente ya que para que proceda la controversia constitucional es presupuesto indispensable que el ámbito legal competencial del promovente sea afectado o limitado por un acto concreto o por una disposición general, cuya aplicación implique una contravención a la Ley Fundamental. En el caso concreto, la promovente no señala cuál es el ámbito o esfera competencial que considera se ve afectada o limitada por los preceptos de la Ley de Ingresos que reclama y cuya aplicación implique contravención a la Constitución Federal. c) Que la facultad para adicionar las iniciativas de ley que se someten a consideración del Congreso del Estado se encuentra implícita en la potestad de legislar establecida en el artículo 44, fracción I, de la Constitución del Estado de Michoacán y, por otra parte, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece 1 “Artículo 60.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son: I.- Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia; (..)” “Artículo 65.- La promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Todos los decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos deberá ser firmado por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias básicas a que el asunto corresponda; requisito sin el cual no será obligatoria.” 2 “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACION PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL. De lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto constitucional, se advierte que para tener la calidad de parte (actora, demandada o tercera interesada) dentro de una controversia constitucional, es requisito indispensable que se trate de una entidad, Poder u órgano. En el caso del Municipio, éste es el titular exclusivo de la acción de controversia constitucional, quien puede hacerla valer -u oponerse a ella-, por medio del Ayuntamiento, o bien del concejo municipal, por ser las instituciones en las que recae tal representación, de conformidad con lo señalado en el artículo 115 constitucional. Por ende, es inconcuso que cualquier miembro aislado, por sí mismo (presidente municipal, regidores o síndicos), del Ayuntamiento o concejo municipal de un Municipio, carece de legitimación para intervenir, por derecho propio, dentro de una controversia constitucional; y si la pretensión fuera deducida en defensa de los intereses del Municipio, resultaría ineficaz, pues la representación de ese ente corresponde sólo al Ayuntamiento y, de modo extraordinario, al concejo municipal.” En Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo V, junio de 1997, página 397.
  5. 5. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 43 de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que se atribuyan violaciones a la Constitución del Estado o a las leyes locales. d) Que toda vez que los preceptos legales reclamados fueron aprobados respetando los principios de proporcionalidad y equidad que deben informar las contribuciones, atento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, no se vulnera el contenido del inciso a) de la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia. Tiene aplicación al caso concreto la tesis de rubro: “INICIATIVAS DE LEYES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. LA CAMARA DE DIPUTADOS TIENE FACULTADES PARA ADICIONARLAS.” 3 II. Respecto del fondo: 1) En cuanto a que el Congreso del Estado no se encuentra facultado para realizar modificaciones a las iniciativas de los Municipios, se afirma que la facultad para adicionar las iniciativas de ley que se someten a consideración del Congreso del Estado se encuentra implícita en la potestad de legislar establecida en el artículo 44, fracción I, de la Constitución de Michoacán de Ocampo, pues no puede concebirse la función legislativa de discusión y aprobación o desechamiento total o parcial de un proyecto de ley, sin la facultad correlativa de modificar, vía adición o supresión parcial, la iniciativa de ley correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: “INICIATIVAS DE LEYES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. LA CAMARA DE DIPUTADOS TIENE FACULTADES PARA ADICIONARLAS”, referida en el párrafo precedente. Que de lo anterior se colige que, una cuestión es aprobar una ley en ejercicio de facultades que la Constitución le otorga y, otra diversa, es la de invadir o limitar a los Municipios la posibilidad de manejar, administrar, aplicar y priorizar libremente los recursos de que disponen para satisfacer necesidades públicas. 2) Que, por otra parte, el artículo 115 de la Constitución Federal otorgó a los Ayuntamientos la facultad de “proponer”, en el ámbito de su competencia, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, mas resulta indudable que el órgano que tiene la facultad de “aprobar” lo relativo a los impuestos es el Congreso del Estado, en la que se encuentra inmersa la facultad de modificar o adicionar las iniciativas que les sean sometidas, siempre y cuando no sean arbitrarias. 3) Que, en consecuencia, como podrá apreciarse, los preceptos reclamados de la Ley de Ingresos multicitada, no vulneran el contenido del inciso a) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, sino que, por el contrario, se adecuan perfectamente a dicho numeral desde el momento en que no invaden la facultad del promovente de administrar la Hacienda Municipal, ya que, una cuestión es administrar y otra diversa, es establecer en la ley los conceptos que habrán de proveer los recursos que habrán de ser administrados por el Municipio. OCTAVO.- El Procurador General de la República formuló su opinión, en la que en síntesis manifestó: I. Respecto de los presupuestos procesales: Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto; que el síndico municipal goza de legitimación procesal activa para representar al Municipio actor; que el escrito de demanda fue recibido ante este Alto Tribunal oportunamente y por último, que procede desestimar las causales hechas valer por la autoridad demandada, ya que los motivos aducidos atañen a cuestiones vinculadas con el fondo de la controversia constitucional. II. Sobre los conceptos de invalidez: 3 “INICIATIVAS DE LEYES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. LA CAMARA DE DIPUTADOS TIENE FACULTADES PARA ADICIONARLAS. La facultad para adicionar las iniciativas de ley que somete a la consideración de la Cámara de Diputados el presidente de la República se encuentra implícita en la potestad de legislar del Congreso de la Unión establecida en el artículo 50 de la Constitución Federal, sin que pueda exigirse que el texto constitucional consigne de manera expresa las formas particulares que adopta la atribución legislativa, pues no puede concebirse la función legislativa de discusión y aprobación o desechamiento total o parcial de un proyecto de ley, sin la facultad correlativa de modificar, vía adición o supresión parcial, la iniciativa de ley correspondiente.” En Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, tomo 205-216 Primera Parte, página 58.
  6. 6. 44 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 Que por lo que se refiere a la modificación del impuesto predial, el Congreso del Estado no violó la autonomía y libre administración hacendaria del Municipio, al modificar el proyecto de Ley de Ingresos que envió a dicho órgano. Las Legislaturas Estatales están facultadas para modificar el proyectos enviados por los Municipios, pero de conformidad con los criterios adoptados por este Alto Tribunal en las controversias constitucionales 14/2004 y 15/2005, debe atenderse al estándar de razonabilidad-objetividad-publicidad que constituye un control constitucional atemperado respecto de la actuación (motivación) del legislador local en respuesta a las propuestas formuladas por el Municipio. Que la exposición de motivos en cita está provista del elemento de razonabilidad, habida cuenta de que la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, previó una tasa del 0.23% para el impuesto predial, contra el 0.24% concedido para el ejercicio fiscal del presente año. En esta tesitura, es claro que el Legislador Estatal contribuye al incremento de sus ingresos de manera proporcional, mediante la emisión de la norma impugnada. Además, debe destacarse que no existe un desfasamiento excesivo entre la propuesta municipal y la medida legislativa impugnada. Que, por lo que al aspecto cuantitativo se refiere, no existen elementos que permitan determinar que a otros Municipios se les haya concedido un mayor aumento o disminución entre la tasa establecida para el ejercicio fiscal anterior, la propuesta para el dos mil seis, y la concedida para dicho ejercicio. Que, además del aumento concedido respecto de la tasa vigente durante dos mil cinco, el Municipio actor está en plena libertad de actualizar los valores unitarios de la propiedad urbana y rural, de tal suerte que, con independencia de la tasa concedida por el Congreso local, el actor puede incrementar sus ingresos en el rubro del impuesto predial, situación que fue prevista por el legislador, tal y como se prueba con la parte relativa del dictamen de la Legislatura Estatal. En tales condiciones, resulta infundada la violación al principio de libre administración hacendaria por lo que se refiere a la modificación de la propuesta relativa al impuesto predial. Que en cuanto a la modificación de los restantes artículos distintos al predial, toda vez que el Municipio actor no señaló ningún argumento con el cual se demuestre la inconstitucionalidad de dichos numerales y debido a que el suscrito no advierte violación alguna a la Constitución Federal, se estima que lo procedente es que se reconozca su validez. NOVENO.- Agotado en sus términos el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Morelia y el Estado de Michoacán a través de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo. SEGUNDO.- En primer lugar, debe examinarse si la demanda se presentó oportunamente. Con fundamento en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,4 el cómputo del plazo de treinta días para promover la demanda de controversia constitucional debe hacerse a partir del día siguiente a la fecha de publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. Ahora bien, de conformidad con el escrito inicial de demanda, la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, se impugna a partir de su publicación en el 4 “ARTICULO 21. El plazo para la interposición de la demanda será: I. (…) II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y III. (…)”
  7. 7. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 45 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, misma que tuvo lugar el martes veintisiete de diciembre de dos mil cinco, como consta en el ejemplar de dicho medio informativo que obra a fojas doscientos setenta y nueve de autos y, por consiguiente, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del lunes dos de enero de dos mil seis al martes catorce de febrero del mismo año. Lo anterior toda vez que de acuerdo con el artículo 3o., fracción II, de la Ley de la materia, se deben computar sólo los días hábiles, en consecuencia, deben descontarse del plazo para la promoción de la demanda, el lapso comprendido entre los días veintiocho de diciembre de dos mil cinco al treinta y uno del mismo mes y año, ya que forman parte del segundo periodo de receso de este Alto Tribunal en términos del artículo 3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, deben excluirse del cómputo los sábados y domingos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 163 de la Ley Orgánica antes referida, así como el miércoles cinco de enero del presente año, en que por Acuerdo del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó suspender las labores en este órgano jurisdiccional y que no corrieran términos; y, finalmente, el seis de febrero de dos mil seis, de conformidad con el inciso c, punto primero, del Acuerdo 2/2006 del Pleno de este Tribunal. DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ENERO DE DOS MIL SEIS L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FEBRERO DE DOS MIL SEIS L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 En este tenor, toda vez que la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el martes siete de febrero de dos mil seis, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja catorce de autos, es evidente que su presentación fue oportuna. TERCERO.- Enseguida se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.
  8. 8. 46 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 El artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 constitucional5 , establece que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. En el presente asunto, suscribe la demanda Carlos Macouzet Zamacona, en su carácter de síndico y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, lo que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría y validación de la elección de Ayuntamiento expedida con fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, así como con la copia certificada del acta de sesión solemne de instalación y toma de protesta del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán de fecha primero de enero de dos mil cinco. Ahora bien, el artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán de Ocampo6 prevé que el síndico municipal tiene facultades para representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éste sea parte. En consecuencia, tomando en consideración que se encuentra acreditado que el síndico municipal goza de facultades para promover el presente medio de control constitucional en representación del Municipio actor y toda vez que éste es uno de los órganos señalados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que el Municipio de Morelia, Michoacán, cuenta con la legitimación necesaria para promoverla. De conformidad con lo anterior, resulta infundado el argumento aducido por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en el sentido de que el promovente carece de legitimación activa, toda vez que ningún miembro aislado de algún Poder u Organo puede intervenir por derecho propio dentro de la controversia constitucional y que quien comparece a nombre del Municipio de Morelia, Michoacán, no obtuvo el previo acuerdo del Ayuntamiento para promover la presente controversia constitucional. Es infundada la causal de improcedencia porque como ya se precisó, el síndico y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Michoacán no acude al presente juicio en defensa de un interés personal, sino en representación del Municipio actor, toda vez que el artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán de Ocampo antes transcrito, prevé que el síndico tiene la representación del Municipio y sólo cuando la delegue se requiere contar con el acuerdo previo del Ayuntamiento. Además, la tesis a que hace referencia el Presidente de la Mesa Directiva de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACION PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL”, ha sido superada por la tesis P./J. 51/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XI, abril de 2000, página 813, que a continuación se transcribe: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACION PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS ORGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. Si bien es cierto que en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se otorga legitimación para plantear los conflictos que se susciten entre los órganos originarios del Estado, por la vía de la controversia constitucional, al Municipio y no al Ayuntamiento, se entiende que aquél actúa en el mundo real y jurídico a través de su órgano de gobierno y representación política, que lo es el Ayuntamiento según lo previsto en la fracción I del artículo 115 constitucional. De lo anterior se sigue que el Ayuntamiento, a través de los servidores públicos a los que la legislación estatal les dé la facultad de representarlo y de 5 “ARTÍCULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.(...)” 6 “Artículo 51. Son facultades y obligaciones del Síndico: I.(…) VIII. Representar legalmente al municipio, en los litigios en que éste sea parte y delegar dicha representación, previo acuerdo del Ayuntamiento; (…)”
  9. 9. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 47 defender sus intereses, está legitimado para pedir que se diriman los referidos conflictos.” CUARTO.- Acto continuo, se procede al análisis de la legitimación de las demandadas, en atención a que es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la demanda, en caso de que resulte fundada. De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia7 , tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán. El Poder Legislativo del Estado, compareció a juicio por conducto del Diputado Jorge Adolfo Reza Maqueo, quien se ostentó como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, carácter que acreditó con el acta de sesión de la Septuagésima Legislatura Constitucional correspondiente al día catorce de enero de dos mil seis que obra a fojas trescientos treinta y cinco del expediente. Asimismo, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán8 , la representación del Poder Legislativo del Estado, se deposita en el Presidente de la Mesa Directiva, por lo que habiéndose acreditado que éste tiene la representación del órgano legislativo demandando, es evidente que el Poder Legislativo de Michoacán cuenta con la legitimación procesal para comparecer a juicio, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que fue el órgano que expidió la norma que se reclama. Por lo que se refiere al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, firma la contestación de la demanda Enrique Bautista Villegas, en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, en cuanto Representante Jurídico del Titular del Poder Ejecutivo y encargado del despacho en ausencia del Gobernador del Estado. No pasa inadvertido para este Alto Tribunal que no anexó documento alguno para acreditar su nombramiento, sin embargo, toda vez que no existe manifestación en contrario, se presume la certeza de este hecho, al estar relacionado con la representación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia. De la lectura de los artículos 64, párrafo segundo,9 y 61, fracción VI,10 de la Constitución Política local, se advierte que corresponde al Secretario de Gobierno representar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por sí o por medio de representante designado al efecto, en los juicios y procedimientos en que sea parte, independientemente de que en determinado momento se encuentre encargado del despacho del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, cuenta con la representación necesaria para actuar en el presente juicio. Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, cuenta con la legitimación pasiva necesaria para actuar en la presente controversia constitucional, toda vez que fue el órgano que promulgó y publicó la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia para el ejercicio fiscal de dos mil seis. QUINTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. A continuación se analizarán las causales de improcedencia aducidas por las partes o las que se adviertan de oficio. 7 “ARTICULO 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: (…) II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; (…)” 8 “Artículo 27. Son atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva las siguientes: I. (…) II. Representar al Congreso ante los otros dos Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los Poderes de la Unión y demás entidades federativas; (…)” 9 “Artículo 64.- El Secretario de Gobierno será el órgano por el cual el Ejecutivo comunique sus resoluciones y llevará en el Congreso la representación del Gobernador cuando éste lo crea conveniente. Al Secretario de Gobierno le corresponde representar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por sí o por medio de representante designado al efecto, en los juicios y procedimientos en que sea parte.” 10 “Artículo 61.- El Gobernador del Estado no podrá: VI.- Salir del territorio del Estado por más de treinta días sin licencia del Congreso. Cuando el Gobernador, sin abandonar sus funciones, salga del territorio del Estado, el Secretario de Gobierno quedará encargado del despacho del Poder Ejecutivo y a falta de éste será reemplazado por el Secretario de Planeación y Desarrollo Estatal.”
  10. 10. 48 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 a) El Congreso del Estado afirma que la demanda es improcedente ya que para que proceda la controversia constitucional es presupuesto indispensable que el ámbito legal competencial del promovente se vea afectado o limitado por un acto concreto o por una disposición general, cuya aplicación implique una contravención a la Ley Fundamental. Que en el caso concreto, la promovente no señala cuál es el ámbito o esfera competencial que considera se ve afectado o limitado por los preceptos de la Ley de Ingresos que reclama y cuya aplicación implique contravención a la Constitución Federal. Contrario a lo alegado por el Congreso del Estado, de la lectura de la demanda se desprende que la actora afirma que existe violación al principio de autonomía del Ayuntamiento, previsto por el numeral 115, fracción IV, de la Constitución Federal, entre otros, al derecho del Ayuntamiento a percibir las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, toda vez que la propuesta originalmente enviada fue modificada por el Legislador Estatal, privando así al Municipio de Morelia, del derecho que le otorga el inciso a) de la fracción IV del artículo 115 constitucional de percibir las contribuciones en la forma y términos que propone el propio Municipio, afirmación que se considera suficiente para que se proceda a su estudio. Efectivamente, toda vez que la parte actora señaló de qué manera se ve afectada su esfera implicando una contravención a la Ley Fundamental, es infundada la causal de improcedencia en comento. b) Afirma el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo que la presente controversia constitucional es improcedente porque la facultad para adicionar las iniciativas de ley que se sometan a consideración del Congreso del Estado se encuentra implícita en la potestad de legislar establecida en el artículo 44, fracción I, de la Constitución del Estado de Michoacán. Asimismo, afirma que los preceptos legales reclamados fueron aprobados respetando los principios de proporcionalidad y equidad que deben informar las contribuciones que se establezcan, atento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, con lo cual no se vulnera el contenido del inciso a) de la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia. Por último, afirma la parte demandada que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para dirimir planteamientos contra actos a los que se atribuyan violaciones a la Constitución del Estado o a las leyes locales. Deben desestimarse los dos primeros argumentos, ya que ambos involucran el estudio de la constitucionalidad de las normas impugnadas y, por tanto, no constituyen obstáculos procesales que conduzcan al sobreseimiento del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERA DESESTIMARSE.”11 Por cuanto se refiere al último argumento, también debe desestimarse porque en el presente asunto nos encontramos frente a una controversia constitucional suscitada entre el Municipio de Morelia, Michoacán, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha Entidad, en la que la actora plantea conceptos de invalidez tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de la aprobación de diversos artículos de la Ley de Ingresos, a la luz de la Constitución Federal, por lo que de conformidad con el artículo 105 constitucional, este Alto Tribunal es competente para conocer de la presente controversia constitucional. Además, el hecho de que se argumentaran violaciones indirectas a la Norma Fundamental, no implicaría la improcedencia de la controversia constitucional, puesto que el control de la regularidad constitucional autoriza el estudio de todo tipo de violaciones de la Constitución, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de este Tribunal en Pleno, que se ha plasmado en la tesis P./J. 98/99, cuyo rubro indica: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA 11 “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERA DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.” Tesis P./J. 92/99, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Pleno, tomo X, septiembre de 1999, página 710.
  11. 11. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 49 CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCION FEDERAL.” 12 SEXTO.- No existiendo otra causa de improcedencia pendiente de analizar argumentada por las partes o alguna que este Alto Tribunal advierta de oficio, resulta procedente analizar los conceptos de invalidez. El Municipio actor aduce en los dos conceptos de invalidez planteados en la demanda, que el Legislador Estatal modificó su iniciativa de Ley de Ingresos sin motivar razonadamente dicha situación, con lo que se violenta el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, por lo que para dar respuesta a dichos argumentos se exponen las siguientes consideraciones generales que son aplicables para ambos. Para dilucidar la cuestión que se plantea, debemos hacer referencia al artículo 115 constitucional que regula el marco relativo a la facultad de iniciativa de los Municipios en la materia de ingresos municipales: “Art. 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: (…) IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 12 “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCION FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el artículo 105, fracción I, de la Carta Magna, cuya resolución se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, consistente en que la actuación de las autoridades se ajuste a lo establecido en aquélla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el análisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constitución Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado, así como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades, máxime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.” En Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Pleno, tomo X, septiembre de 1999, página 703.
  12. 12. 50 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; (…)” La lectura del artículo antes transcrito revela que nuestra Constitución divide las atribuciones entre los Municipios y los Estados en cuanto al proceso de regulación de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; los primeros tienen la competencia constitucional para proponerlos y las Legislaturas Estatales, por su parte, tienen competencia para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. Toda vez que la presente controversia constitucional nos plantea el problema de la determinación de los alcances de cada una de las atribuciones competenciales antes referidas, adquieren gran trascendencia los precedentes que este Alto Tribunal ha aprobado en relación con el modo en que deben articularse los párrafos tercero y cuarto de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, en particular, la ejecutoria pronunciada en la controversia constitucional 14/2004 en la que se afirmó sustancialmente lo siguiente: 1. Que el principio de libre administración de la hacienda municipal asegura a los Municipios la posibilidad de manejar, aplicar y priorizar libremente los recursos que integran la hacienda municipal, sin que tengan que sufrir la injerencia de intereses ajenos. 2. Que el principio de reserva de fuentes de ingresos, asegura a los Municipios la disposición de ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas. 3. Que los Municipios tienen derecho a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 4. Que el principio de integridad de los recursos económicos municipales asegura a los Municipios la percepción efectiva y puntual de los recursos a que constitucionalmente tienen derecho —con independencia de que sólo algunos de ellos caigan bajo el régimen de libre administración municipal — y que obliga a los Estados a pagar los intereses correspondientes cuando retarden la entrega de recursos federales a los Municipios. 5. Que es facultad de los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 6. Que las Legislaturas Estatales deben decidir siempre sobre la base de una propuesta de los Municipios en la que conste la propuesta referida en el numeral anterior. 7. Que las Legislaturas Estatales sólo pueden alejarse de las propuestas de los Ayuntamientos si proveen para ello los argumentos necesarios para construir una justificación objetiva y razonable. 8. Que en el caso del impuesto predial, la confluencia de competencias que la Constitución establece, exige un proceso de discusión y decisión que refleje una interacción sustantiva entre los Ayuntamientos proponentes y las Legislaturas que toman la decisión final.
  13. 13. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 51 9. Que, por lo anterior, se ha sostenido que la propuesta de los Ayuntamientos goza de “vinculatoriedad dialéctica”; es decir, que la propuesta no es vinculante si por ella entendemos la imposibilidad de que la Legislatura haga cambio alguno, pero sí lo es si por ella entendemos la imposibilidad de que ésta introduzca cambios por motivos diversos a los provenientes de argumentos objetivos, razonables y públicamente expuestos en al menos alguna etapa del procedimiento legislativo, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen legislativo. La ejecutoria en comento dio lugar a la tesis P./J. 124/2004 que se cita a continuación: “HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCION FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CALCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBERAN JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no obliga a las Legislaturas Estatales a establecer tasas idénticas para el cálculo de impuestos constitucionalmente reservados a la hacienda municipal, cuando aprueben las leyes de ingresos para cada uno de los Municipios de las entidades federativas; sin embargo, éstos no están constitucionalmente indefensos ante las arbitrariedades que aquellos órganos legislativos pudieran cometer al fijar diferenciadamente dichas tasas, en tanto que si deciden establecer tasas diferenciadas y apartarse de la propuesta municipal respectiva, tienen la carga de demostrar que lo hacen sobre una base objetiva y razonable, pues la integridad de los recursos económicos municipales se vería fuertemente comprometida si tales legislaturas pudieran reducirlos arbitrariamente. Es por ello que aunque la Constitución Federal no beneficie a los Municipios con una garantía de equidad tributaria idéntica a la que confiere a los ciudadanos a través del artículo 31, fracción IV, sí les otorga garantías contra acciones legislativas arbitrarias, como la de recibir impuestos constitucionalmente asegurados en una cantidad menor a la que reciben otros Municipios.”13 Uno de los principios anteriormente referidos y que adquiere importancia en el presente asunto es el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, conforme al cual se aseguran ciertas fuentes de ingreso a los Municipios para atender al cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas. Dicho principio se infiere de lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional, a lo largo de sus distintos apartados, y en el segundo párrafo. El citado primer párrafo establece, en síntesis, que la hacienda municipal se integrará con los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los Municipios y con las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan en su favor, entre las cuales deben contarse necesariamente: a) las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; b) las participaciones en recursos federales, y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Por su parte, el segundo párrafo de la fracción IV prohíbe a la Federación limitar la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), y añade que las leyes estatales no podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones; precisa también que sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios, salvo que sean utilizados para fines o propósitos distintos de su objeto público. El conjunto de las previsiones referidas configura una serie de garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario muy claras en favor de las haciendas municipales que, por otro lado, acentúan que en este proceso de regulación el Congreso local actúa como representante de los intereses de los ciudadanos. Ahora bien, como ha afirmado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes, la regulación de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, será necesariamente el resultado de un proceso legislativo distinto al ordinario; mientras en éste la facultad de iniciativa legislativa se agota en el momento de la presentación del documento ante la cámara decisoria, en el caso que nos ocupa la propuesta presentada por el Municipio sólo puede ser modificada por la Legislatura Estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos 13 En Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Pleno, tomo XX, diciembre de 200, página 1123.
  14. 14. 52 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 sustentados de manera objetiva y razonable, siendo válido afirmar que nos encontramos ante una potestad tributaria compartida, toda vez que en los supuestos señalados por la fracción IV del artículo 115 constitucional, la potestad tributaria originalmente reservada para el órgano legislativo, conforme al artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, se complementa con el principio de fortalecimiento municipal, reserva de fuentes y con la norma expresa que les otorga la facultad de iniciativa por lo que, aun cuando la decisión final sigue correspondiendo a la Legislatura, ésta se encuentra condicionada por la Norma Fundamental a dar el peso suficiente a la facultad del Municipio, lo cual se concreta en la motivación que tendrá que sustentar en caso de que se aparte de la propuesta municipal. En efecto, este principio de motivación objetiva y razonable, funciona como un límite a la libertad de configuración de los tributos por parte del legislador y como una concreción de la facultad de iniciativa en materia de ingresos que tienen reconocida los Municipios en la Norma Fundamental, razón por la cual, a fin de encontrar una motivación adecuada y proporcional en cada caso concreto, es necesario abundar en estos criterios de razonabilidad adoptados por el Tribunal en Pleno, toda vez que el estándar de motivación exigible a los Congresos locales dependerá de las circunstancias en que se desarrolle dialécticamente el procedimiento legislativo, lo que requerirá un aumento o bien, permitirá una disminución del grado de motivación cualitativa exigible a los órganos legislativos locales. Este aspecto debe ser tratado con especial cuidado para no caer en el extremo de que este Alto Tribunal, al pronunciarse sobre la validez constitucional de las normas, decida los criterios de conveniencia económica o social en lugar del Congreso del Estado, sustituyendo con ello, valoraciones de política económica y tributaria que corresponden a aquél en su carácter de órgano democrático; sin embargo, como esta Suprema Corte ya ha sostenido, también resulta necesario darle peso constitucional específico a la facultad de iniciativa del Municipio a fin de armonizar la garantía institucional de integridad de la hacienda pública municipal con el principio de reserva de ley. Por ello, es pertinente tener en cuenta ciertos parámetros que ayuden a ponderar las facultades en conflicto sin caer, por un lado, en una regla general que implique la mera verificación superficial de la existencia o inexistencia de cualquier tipo de justificación, o por otro, exigir en todos los casos una valoración pormenorizada y detallada, que implique un pronunciamiento de política tributaria respecto de las decisiones tomadas por las Legislaturas Estatales, motivo por el cual, para realizar esta armonización, debemos dar especial relevancia al criterio de la razonabilidad, que nos permitirá determinar, en su caso, la arbitrariedad del legislador. La vinculación existente en el proceso legislativo entre las facultades del Municipio y de la Legislatura local en torno a los ingresos municipales, que se encuentra estructurada en la fracción IV del artículo 115 constitucional, lleva a este Alto Tribunal a considerar que dicha relación debe desenvolverse como un auténtico diálogo en el que existe un ejercicio alternativo de facultades y de razonamientos, que comienza con la presentación de la propuesta, la que en algunos casos puede ir acompañada de una exposición de motivos, y continúa con la actuación de las Legislaturas locales que se desenvuelve por una parte en el trabajo en comisiones, en las cuales se realiza un trabajo de recopilación de información a través de sus secretarios técnicos u órganos de apoyo, en algunos casos a través de la comparecencia de funcionarios y en la evaluación de la iniciativa que se concreta en la formulación de un dictamen, y, por otra parte, en el proceso de discusión, votación y decisión final de la Asamblea en Pleno. En orden a lo anterior, para dar el peso constitucional adecuado a cada una de sus facultades, es necesario centrar la reflexión en torno a dos ejes que pueden brindar parámetros para guiar dicha ponderación y que se proyectan en la necesidad de motivar racionalmente los cambios realizados a la propuesta original y, en el caso de que se hayan formulado exposiciones de motivos en la iniciativa, en el aumento de la carga argumentativa de los Congresos Estatales. Los ejes que aludimos pueden formularse de la manera siguiente: I. Grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada por el Municipio y, II. Existencia y grado de motivación en la iniciativa presentada por el Municipio. I. Grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada por el Municipio. Como ha quedado sentado con anterioridad, este Alto Tribunal en el precedente de la controversia constitucional 14/2004 ha determinado la vinculatoriedad dialéctica de las iniciativas y la necesidad de motivar que tienen los Congresos locales, cuando se alejan de la propuesta original.
  15. 15. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 53 Ahora bien, profundizando en esta doctrina, se considera que el primer elemento articulador a tomar en cuenta consiste en el grado de distanciamiento de la ley finalmente aprobada respecto de la iniciativa del Municipio, pues en la medida que aquél aumente y redunde en la afectación de la recaudación de dicho nivel de gobierno, generará una obligación para el Congreso del Estado de formular argumentos cualitativamente superiores, independientemente de la existencia, inexistencia, abundancia o escasez de los motivos externados por el Municipio. II. Existencia y grado de motivación en la iniciativa presentada por el Municipio. Tomando en cuenta la diversidad geográfica, social, cultural, de vocación económica de los Municipios que integran el país y sus capacidades económicas y técnicas, en el desarrollo del ejercicio de la facultad de iniciativa pueden presentarse básicamente tres situaciones que incidirán en el grado sustancial de motivación exigible a los Congresos. Este criterio se desarrolla a continuación: a) Ausencia de motivación. En primer lugar, es necesario dejar sentado que si bien los Municipios tienen facultades constitucionales para proponer sus leyes de ingresos, la motivación de sus iniciativas no es un requisito constitucional y, por tanto, no es un elemento que, con base en su ausencia, justifique el rechazo de las propuestas del Municipio, sin embargo, esto tampoco implica que debe caerse en el extremo de exigir una decisión parlamentaria que pondere circunstancias que no fueron aducidas por los Municipios para dar sustento a su propuesta. En estas circunstancias, la labor del Congreso se verá simplificada y sólo deberá expresar en forma concisa pero racional, los motivos por los cuales se deniega o se modifica la propuesta del Municipio. b) Motivación básica. Puede suceder que se ofrezca una motivación elemental o limitada a las propuestas de leyes de ingresos. En tales casos, en virtud de que los Municipios han aportado un primer elemento para el proceso dialéctico legislativo, el parámetro de motivación por parte de las Legislaturas Estatales se incrementa en relación con el inciso anterior, surgiendo una obligación de formular argumentos que desvirtúen las propuestas de los Municipios, a partir de los aportados por éstos. c) Motivación técnica. En otros casos se formularán iniciativas con razonamientos pormenorizados basados en argumentos de política tributaria y con un importante sustento técnico para justificar los elementos de su propuesta. Frente a este escenario, se incrementa el estándar de motivación y el Congreso del Estado se verá obligado a desvirtuar con equivalentes argumentos técnicos o de política tributaria, la proposición del Municipio y la necesidad de apartarse de ella, con las acotaciones siguientes: a) Este Alto Tribunal considera necesario poner énfasis en que el criterio que se ha plasmado es cualitativo y no cuantitativo, es decir, para la aplicación del mismo debe atenderse a la calidad de los argumentos más que a la cantidad, por lo que la proporcionalidad que en ellos se exige es de sustancia, así, un argumento desarrollado extensamente, pero con un contenido sustancial fútil, podrá ser desvirtuado por otro más breve pero que barrene su esencia. b) No obstante lo anterior, es importante hacer notar que la labor de este Alto Tribunal será revisar la razonabilidad de la respuesta, lo cual implica una especie de interdicción a la arbitrariedad del legislador más que la revisión minuciosa de la misma, por lo que una aparente inconsistencia de datos técnicos no será motivo de invalidez a menos que se detecte su arbitrariedad, cuestión que se irá construyendo caso por caso. Finalmente, cabe destacar que no pasa inadvertido para este Alto Tribunal que la confluencia de competencias y el proceso de colaboración legislativa exigido por los párrafos tercero y cuarto de la fracción IV del artículo 115 constitucional, se constituye como una norma sustantiva que corresponde a relaciones interinstitucionales que genera una carga para el legislador estatal durante el transcurso del proceso legislativo, sin que frente a su desacato pueda afirmarse que se vulnera la formación de la voluntad parlamentaria. De este modo, en caso de desatenderse dicho ordenamiento no se genera a los contribuyentes una violación que les depare perjuicio y, en consecuencia, no podrá ser impugnada por aquéllos a través del juicio de amparo. En este orden de ideas, puede hacerse la siguiente distinción: si existe un vicio dentro del proceso legislativo que afecta la formación de la voluntad parlamentaria, puede ser impugnado por los particulares a través del juicio de garantías; pero si, por el contrario, existe un vicio en el proceso legislativo como consecuencia de la violación de una garantía interinstitucional, como es el caso de la consagrada en la fracción IV del artículo 115 constitucional, sólo podrá ser impugnada por el Municipio afectado, toda vez que en este supuesto no se incide en la formación de la voluntad parlamentaria.
  16. 16. 54 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 En términos análogos se pronunció esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia que a continuación se cita: “PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTICULO 115, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE. LAS FACULTADES QUE OTORGAN A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PROPONER A LOS CONGRESOS LOCALES LAS BASES Y TASAS DE DICHO TRIBUTO SON DE EJERCICIO DISCRECIONAL, POR LO QUE SU OMISION NO CONSTITUYE UNA VIOLACION AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEPARE PERJUICIO A LOS CONTRIBUYENTES. Las reformas constitucionales mencionadas otorgan a los Ayuntamientos la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro del impuesto predial, entre otras contribuciones, sobre la propiedad inmobiliaria de su respectiva circunscripción territorial; dicha facultad municipal es concomitante con la obligación del Congreso de hacerse cargo de esa proposición para decidir motivadamente. La interpretación literal, sistemática y teleológica de las indicadas reformas permite considerar que esa facultad de proponer es discrecional y se estableció en beneficio de los Ayuntamientos; asimismo, que mediante ella, el Poder Reformador no otorgó a los Municipios la atribución de legislar en materia tributaria, sino que ésta sigue correspondiendo, esencialmente, a los Congresos Locales en los términos de los artículos 31, fracción IV, 116 y 124 constitucionales. Por tanto, la circunstancia de que un Ayuntamiento omita proponer al Poder Legislativo Estatal la base o las tasas del impuesto predial que regirá en su Municipio, o bien, que haciéndolo, la legislatura los desestime, no genera a los contribuyentes una violación al proceso legislativo que les depare perjuicio, de manera similar a lo que acontece cuando el Congreso, sea Federal o Local, no causa perjuicio a los gobernados si al expedir una ley no acoge las proposiciones que se le formularon en una iniciativa, de modo que los conceptos de violación formulados al respecto serán inoperantes. Lo anterior no es obstáculo para que si el estudio del proceso legislativo o de la ley en sí misma considerada, esto es como producto terminado, revelen vicios constitucionales que afecten al contribuyente quejoso, se conceda el amparo, el que, como es propio del amparo contra leyes, no tendría efectos generales, pues no obligaría al Congreso a legislar, sino que sólo protegería al quejoso y obligaría a las autoridades aplicadoras.”14 Una vez establecido el marco conceptual que guiará este estudio, es necesario tomar en cuenta que de conformidad con los cuadros comparativos que a continuación se exponen, es cierto el hecho consistente en que el Congreso del Estado modificó los artículos 5o., 6o., 7o., 9o., 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 48, 49 y 51 de la propuesta enviada por el Municipio: ARTICULOS PROPUESTOS ARTICULOS APROBADOS Y PUBLICADOS EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MORELIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. CAPITULO II DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO ARTICULO 5.- Los ingresos que la Hacienda Pública del Municipio, así como sus Organismos Descentralizados, percibirán durante el ejercicio fiscal del año 2006, serán los que se obtengan por concepto de: CAPITULO II DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO ARTICULO 5o.- Los ingresos que la Hacienda Pública del Municipio, así como sus Organismos Descentralizados, percibirán durante el ejercicio fiscal del año 2006, serán los que se obtengan por concepto de: I. IMPUESTOS: A) Del impuesto predial: I. IMPUESTOS: A) Del impuesto predial: a) Urbano. b) Rústico. c) Ejidal. a) Urbano. b) Rústico. c) Ejidal. 14 P./J. 1/2005, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Pleno, tomo XXI, enero de 2005, página 6.
  17. 17. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 55 d) Comunal. d) Comunal. B) Del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. B) Del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. C)Del Impuesto sobre Espectáculos Públicos. C) Del Impuesto sobre Espectáculos Públicos. D)Del Impuesto Adicional para el Fomento Educativo. D) Del Impuesto Adicional para el Fomento Educativo. E) Impuesto Sobre Lotes Baldíos, sin Bardear. E) Del Impuesto sobre Lotes Baldíos, sin Bardear o Falta de Banquetas. F) Del Impuesto Sobre Rifas, Loterías, Concursos o Sorteos. F) Del Impuesto Sobre Rifas, Loterías, Concursos o Sorteos. II. DERECHOS: A) Por ocupación de la vía pública por comerciantes y servicios de mercados. II. DERECHOS: A) Por ocupación de vía pública por comerciantes y servicios de mercado B) Por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos. B) Por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos. C) Por expedición o revalidación de licencias o permisos para anuncios publicitarios. C) Por expedición o revalidación de licencias o permisos para anuncios publicitarios. D) Por licencias de urbanización, construcción, reparación o restauración de fincas. D) Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas. E) Por servicios de alumbrado público. E) Por servicios de alumbrado público. F) Por abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento. F) Por abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento. G) Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y legalización de firmas. G) Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y legalización de firmas. H) Por servicios de panteones. H) Por servicios de panteones. I) Por servicios de rastro. I) Por servicios de rastro. J) Por servicios urbanísticos. J) Por servicios urbanísticos. K) Por servicios de aseo público. K) Por servicios de aseo público. L) Por servicios de administración ambiental. L) Por servicios de administración ambiental. M) Por servicios de control canino. M) Por servicios de control canino. N) Por reparación de la vía pública. N) Por reparación de la vía pública. Ñ) Por servicios de protección civil. Ñ) Por servicios de protección civil. O) Por derechos de parques y jardines. O) Por derechos de parques y jardines. P) Por servicios de tránsito P) Por servicios de tránsito Q) Por inscripción anual al padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios. Q) Por inscripción anual al padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios. L) Por inscripción anual al padrón de contratistas de Obras Públicas. L) Por inscripción anual al padrón de contratistas de Obras Públicas. LL) Por inscripción anual al padrón de Directores Responsables de Obra. LL) Por inscripción anual al padrón de Directores Responsables de Obra.
  18. 18. 56 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 III. CONTRIBUCIONES ESPECIALES: III. CONTRIBUCIONES ESPECIALES: A) Del Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad. A) Del Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad. B) De Aportación y Mejoras. B) De Aportación y Mejoras. IV. PRODUCTOS: IV. PRODUCTOS: A) Por enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Municipio. A) Por enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Municipio. B) Por arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Municipio. B) Por arrendamiento del Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Municipio. C)Por rendimientos del Capital. C) Por rendimientos del Capital. D)Por explotación de cualquier naturaleza de los Bienes y Recursos Propiedad del Municipio. D) Por explotación de cualquier naturaleza de los Bienes y Recursos Propiedad del Municipio. E) Por venta de formas valoradas. E) Por venta de formas valoradas. F) Por otros productos. F) Por otros productos. V. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES. V. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES. VI. APROVECHAMIENTOS: VI. APROVECHAMIENTOS A) Honorarios y Gastos de Ejecución. A) Honorarios y Gastos de ejecución. B) Recargos. B) Recargos C)Multas. C) Multas. D)Reintegros por responsabilidades. D) Reintegros por responsabilidades. E) Donativos a favor del Municipio. E) Donativos a favor del Municipio. F) Indemnizaciones por daños a bienes municipales. F) Indemnizaciones por daños a bienes municipales. G)Recuperación de costos por adjudicación de contratos de obra pública y adquisición de bienes. G) Recuperación de costos por adjudicación de contratos de obra pública y adquisición de bienes. H)Otros no especificados. H) Otros no especificados. VII. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Y TRANSFERENCIAS POR CONVENIO: VII. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Y TRANSFERENCIAS POR CONVENIO: A) Fondos de Aportaciones Federales. A) Fondos de Aportaciones Federales. B) Transferencias Federales y/o Estatales por Convenio. B) Transferencias Federales y/o Estatales por Convenio. VIII. INGRESOS EXTRAORDINARIOS. VIII.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS. TITULO SEGUNDO DE LOS IMPUESTOS CAPITULO I DEL IMPUESTO PREDIAL ARTICULO 6o.- El Impuesto Predial sobre los predios urbanos a que se refiere la Ley de Hacienda, se determinará sobre el último valor catastral registrado por efectos de avalúo o transmisión de propiedad, actualizado en los TITULO SEGUNDO DE LOS IMPUESTOS CAPITULO I DEL IMPUESTO PREDIAL ARTICULO 6o.- El Impuesto Predial sobre los predios urbanos a que se refiere la Ley de Hacienda, se determinará sobre el último valor catastral registrado por efectos de avalúo o transmisión de propiedad, actualizado en los términos de los artículos 6o. y 7° de
  19. 19. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 57 términos de los artículos 6o. y 7° de dicha Ley, aplicando la tasa del 0.25% anual. dicha Ley, aplicando la tasa del 0.24% anual. Independientemente del valor catastral registrado, la cuota anual de este impuesto en ningún caso será inferior al equivalente a tres días de salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, al día 1o. de enero de 2006. Independientemente del valor catastral registrado, la cuota anual de este impuesto en ningún caso será inferior al equivalente a tres días de salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, al día 1o. de enero de 2006. ARTICULO 7o.- El Impuesto Predial sobre predios rústicos a que se refiere la Ley de Hacienda, se determinará sobre el último valor catastral registrado por efectos de avalúo o transmisión de propiedad, actualizado en los términos de los artículos 6o. y 7o. de dicha Ley, aplicando la tasa del 0.25% anual. ARTICULO 7o.- El Impuesto Predial sobre predios rústicos a que se refiere la Ley de Hacienda, se determinará sobre el último valor catastral registrado por efectos de avalúo o transmisión de propiedad, actualizado en los términos de los artículos 6o. y 7o. de dicha Ley, aplicando la tasa del 0.24% anual. Para el efecto de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se aplicarán a los valores fiscales la siguiente tasa: Para el efecto de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se aplicarán a los valores fiscales la siguiente tasa: I. Predios ejidales y comunales 0.2% anual. I. Predios ejidales y comunales 0.2% anual. Independientemente del valor catastral, la cuota anual de este impuesto en ningún caso será inferior al equivalente a dos días de Salario Mínimo. Independientemente del valor catastral, la cuota anual de este impuesto en ningún caso será inferior al equivalente a dos días de Salario Mínimo. CAPITULO III DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS ARTICULO 9.- El impuesto sobre Espectáculos Públicos, se liquidará y pagará aplicando a los ingresos brutos que se obtengan en el evento de que se trate, las siguientes tasas: CAPITULO III DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS ARTICULO 9o.- El Impuesto sobre Espectáculos Públicos, se liquidará y pagará aplicando a los ingresos brutos que se obtengan en el evento de que se trate, las siguientes tasas: I. Sobre los percibidos por concepto de derechos de admisión, mesa, consumo mínimo o cualquier otra denominación que se le dé, cuyo pago condicione el acceso de los asistentes a bailes públicos, espectáculos con variedad, carrera de caballos, torneos y peleas de gallos, peleas para selección genética, y casteo de gallos. 8% I. Sobre los percibidos por concepto de derechos de admisión, mesa, consumo mínimo o cualquier otra denominación que se le dé, cuyo pago condicione el acceso de los asistentes a bailes públicos, espectáculos con variedad, torneos de gallos carreras de caballos. 10% II. Sobre los percibidos por la venta de boletos de entrada a: a) Jaripeo con baile, banda y/o espectáculo. 8% II. Sobre los percibidos por la venta de boletos de entrada a: a) Jaripeo con baile y/o espectáculo. 10% b) Funciones de box, lucha libre y audiciones musicales. 8% b) Funciones de box, lucha libre y audiciones musicales. 8% c) Corrida de toros y jaripeos. 6% c) Corrida de toros y jaripeos. 6% d) Funciones de teatro, circo, conciertos culturales, deportivos de cualquier tipo y otros espectáculos no especificados. 4% d) Funciones de teatro, circo, conciertos culturales, deportivos de cualquier tipo y otros espectáculos no especificados. 4% ARTICULO 15.- Los derechos por acceso y renta de canchas en unidades deportivas, propiedad ARTICULO 15.- Los derechos por acceso y renta de canchas de unidades deportivas, propiedad de
  20. 20. 58 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 del Municipio, se pagará de acuerdo a la siguiente: Municipio, se pagará de acuerdo a la siguiente: TARIFA A) Acceso a unidades deportivas. $ 2.00 TARIFA A) Renta de canchas por hora: B) Renta de canchas por hora: 1. Fútbol rápido. $ 30.00 1. Fútbol rápido. $ 30.00 2. Frontón. $ 15.00 2. Frontón. $ 15.00 CAPITULO II POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS, LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS CAPITULO II POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS, LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ARTICULO 17.- Los derechos por la expedición, revalidación o refrendo y cambio de giro de licencias o permisos para establecimientos que expendan bebidas alcohólicas al público en general, se causarán y pagarán en el equivalente a los días de Salario Mínimo que se señalan en la siguiente: ARTICULO 17.- Los derechos por la expedición, revalidación o refrendo y cambio de giro de licencias o permisos para establecimientos que expendan bebidas alcohólicas al público en general, se causarán y pagarán en el equivalente a los días de Salario Mínimo que se señalan en la siguiente: TARIFA I. Por expedición y revalidación anual de licencias o permisos conforme al reglamento municipal correspondiente: TARIFA I. Por expedición y revalidación anual de licencias o permisos conforme al reglamento municipal correspondiente: Por expedición Por revalidación Por expedición Por revalidación A) Para expendio de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, en envase cerrado: A) Para expendio de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, en envase cerrado: 1. Por depósitos 45 10 1. Por depósitos 40 10 2. Por establecimientos que expendan vinos y licores. 100 20 2. Por establecimientos que expendan vinos y licores. 100 20 3. Por establecimientos que expendan alcohol en litros. 50 10 3. Por establecimientos que expendan alcohol en litros. 40 10 4. Por establecimientos que expendan alimentos preparados y cerveza para llevar. 65 15 4. Por establecimientos que expendan alimentos preparados y cerveza para llevar. 60 15 5. Minisuper y autosuper. 210 50 5. Minisuper y autosuper. 200 50 6. Distribuidor de cerveza. 120 30 6. Distribuidor de cerveza. 120 30 7. Distribuidor de vinos y licores. 120 30 7. Distribuidor de vinos y licores. 120 30 8. Centro comercial. 650 150 8. Centro comercial. 650 150 9. Supermercado. 1250 250 9. Supermercado. 1250 250 B) Para expendio de cerveza en envase abierto, con alimentos en restaurantes. 130 30 B) Para expendio de cerveza en envase abierto, con alimentos en restaurantes. 120 30 C) Para expendio de cerveza en envase abierto, sin alimentos: C) Para expendio de cerveza en envase abierto, sin alimentos: 1. Por baños públicos y centros deportivos y de esparcimiento. 250 50 1. Por baños públicos y centros deportivos y de esparcimiento. 200 50 2. Por cervecerías. 255 55 2. Por cervecerías. 200 50 D) Para expendio de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, con alimentos por: D) Para expendio de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, con alimentos por:
  21. 21. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 59 1. Cafeterías, restaurantes. 260 60 1. Cafeterías, restaurantes. 240 60 2. Restaurante-bar, restaurante-Peña, motel con servicios a la habitación, club deportivo. 450 100 2. Restaurante-bar, restaurante-Peña, motel con servicios a la habitación, club deportivo. 400 100 3. Balneario con servicios integrados, marisquería. 260 60 3. Balneario con servicios integrados, marisquería. 240 60 4. Botaneros. 255 55 4. Botaneros. 220 55 5. Hotel con servicios integrados. 500 150 5. Hotel con servicios integrados. 500 150 6. Centros botaneros. 500 150 6. Centros botaneros. 500 150 E) Para expendio de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, sin alimentos por: E) Para expendio de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, sin alimentos por: 1. Cantinas. 500 140 1. Cantinas. 480 140 2. Pool – bar. 500 140 2. Pool – bar. 480 140 3. Bar. 510 150 3. Bar. 500 150 4. Discotecas, salón de baile. 1650 455 4. Discotecas, salón de baile. 1600 450 5. Centros Nocturnos. 1650 455 5. Centros Nocturnos. 1600 450 6.- Centros de juegos con apuestas y sorteos 1650 455 6.- Centros de juegos con apuestas y sorteos 2000 550 II. Para los establecimientos que cuenten con licencia de centro de espectáculos masivos, se causará y pagará, por evento, el equivalente a los días de salario mínimo que se señalan como sigue: II. Para los establecimientos que cuenten con licencia de centro de espectáculos masivos, se causará y pagará, por evento, el equivalente a los días de salario mínimo que se señalan como sigue: Tratándose de autorización de permisos o licencias para el expendio de bebidas alcohólicas en lugares en que se celebren espectáculos públicos masivos, las cuotas de derechos en el equivalente a días de salario mínimo, por la expedición eventual de permisos por día serán, según el espectáculo de que se trate, como sigue: Tratándose de autorización de permisos o licencias para el expendio de bebidas alcohólicas en lugares en que se celebren espectáculos públicos masivos, las cuotas de derechos en el equivalente a días de salario mínimo, por la expedición eventual de permisos por día serán, según el espectáculo de que se trate, como sigue: EVENTO TARIFA A) Teatro 90 EVENTO TARIFA A) Teatro 50 B) Conciertos culturales 90 B) Conciertos culturales 50 C) Lucha libre 100 C) Lucha libre 100 D) Corrida de toros 90 D) Corrida de toros 100 E) Bailes públicos 200 E) Bailes públicos 200 F) Eventos deportivos 200 F) Eventos deportivos 200 G) Espectáculos con variedad. 200 G) Espectáculos con variedad. 200 H) Audiciones musicales populares. 200 H) Audiciones musicales populares. 200 I) Torneos de gallos (Palenques) 800 I) Torneos de gallos (Palenques) 800 J) Jaripeos. 60 J) Jaripeos. 60 K) Jaripeos con baile, banda y/o espectáculo. 80 K) Jaripeos con baile, banda y/o espectáculo. 200 L) Cualquier evento no especificado: L) Cualquier evento no especificado: 1. Con aforo de 500 o menos personas. 30 1. Con aforo de 500 o menos personas. 30 2. Con aforo de más de 500 personas. 60 2. Con aforo de más de 500 personas. 60
  22. 22. 60 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 3. En lugares abiertos sin aforo determinado. 80 3. En lugares abiertos sin aforo determinado. 80 III. Por el permiso para la venta de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico en envase abierto, en locales de ferias y exposiciones, se causarán y pagarán, el equivalente a 60 salarios mínimos. IV. El pago de la revalidación o refrendo de licencias a que se refiere la fracción I, se efectuará dentro el primer trimestre del año. III. El pago de la revalidación o refrendo de licencias a que se refiere la fracción I, se efectuará dentro el primer trimestre del año. V. Por el cambio del giro de una licencia de las enlistadas en la fracción I de este artículo, se causará y pagará la diferencia que se origine entre el monto asignado a las aperturas de los respectivos giros. Cuando el giro nuevo tenga igual o menor costo de apertura que el giro a cambiarse, no se generará costo alguno por el cambio de giro. IV. Por el cambio del giro de una licencia de las enlistadas en la fracción I de este artículo, se causará y pagará la diferencia que se origine entre el monto asignado a las aperturas de los respectivos giros. Cuando el giro nuevo tenga igual o menor costo de apertura que el giro a cambiarse, no se generará costo alguno por el cambio de giro. VI. Cuando se solicite la autorización de cesión de derechos respecto de las licencias expedidas, cuyo cobro se establece en este artículo, para establecimientos que expendan bebidas alcohólicas al público en general, de manera permanente, se cobrará el 50% de la cuota que se cobraría si se tratara de una expedición original, en la fecha en que se autorice la cesión de derechos. V. Cuando se solicite la autorización de cesión de derechos respecto de las licencias expedidas, cuyo cobro se establece en este artículo, para establecimientos que expendan bebidas alcohólicas al público en general, de manera permanente, se cobrará el 50% de la cuota que se cobraría si se tratara de una expedición original, en la fecha en que se autorice la cesión de derechos. VII. Para la sucesión de derechos de licencias entre parientes consanguíneos en línea recta de primer y segundo grado y cónyuges, por defunción del titular de la licencia, el cobro se considerará como revalidación de la licencia. VI. Para la sucesión de derechos de licencias entre parientes consanguíneos en línea recta de primer y segundo grado y cónyuges, por defunción del titular de la licencia, el cobro se considerará como revalidación de la licencia. VIII. Cuando se solicite el cambio de domicilio de una licencia, se cobrará la cuota que se cobraría si se trata de una revalidación. VII. Cuando se solicite el cambio de domicilio de una licencia, se cobrará la cuota que se cobraría si se trata de una revalidación. Para los efectos de este artículo se consideran bebidas alcohólicas, los líquidos potables a la temperatura de 15 grados centígrados que tengan una graduación alcohólica mayor de 2 grados Gay Lussac, clasificándose en: Para los efectos de este artículo se consideran bebidas alcohólicas, los líquidos potables a la temperatura de 15 grados centígrados que tengan una graduación alcohólica mayor de 2 grados Gay Lussac, clasificándose en: A) DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO: las que tengan un contenido alcohólico entre 3.0 grados hasta 8.0 grados Gay Lussac; y A) DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO: las que tengan un contenido alcohólico entre 3.0 grados hasta 8.0 grados Gay Lussac; y B) DE ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO: las que tengan un contenido alcohólico de más de 8.0 grados Gay Lussac. B) DE ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO: las que tengan un contenido alcohólico de más de 8.0 grados Gay Lussac. Asimismo y para los efectos de aplicación de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que se expenden bebidas alcohólicas al público en general, cuando se trate de operaciones efectuadas por personas físicas o morales dedicadas a actividades comerciales y de prestación de servicios. Asimismo y para los efectos de aplicación de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que se expenden bebidas alcohólicas al público en general, cuando se trate de operaciones efectuadas por personas físicas o morales dedicadas a actividades comerciales y de prestación de servicios.
  23. 23. Martes 22 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 61 CAPITULO III POR LA EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CAPITULO III POR LA EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS ARTICULO 18.- Los derechos por la expedición de licencias o permisos por tiempo definido o indefinido y revalidación anual de las mismas, por la colocación de anuncios publicitarios, cualquiera que sea el lugar en que se fijen o instalen; el procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras y soportes que se utilicen en su construcción; deberá contar con la licencia correspondiente, se causarán y pagarán conforme a las cuotas por metro cuadrado, por cara que en el equivalente a días de salario mínimo, se establece para el Municipio como enseguida se señala: ARTICULO 18.- Los derechos por la expedición de licencias o permisos por tiempo definido o indefinido y revalidación anual de las mismas, por la colocación de anuncios publicitarios, cualquiera que sea el lugar en que se fijen o instalen, el procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras y soportes que se utilicen en su construcción; deberá contar con la licencia correspondiente, se causarán y pagarán conforme a las cuotas por metro cuadrado, por cara que en el equivalente a días de salario mínimo, se establece para el Municipio como enseguida se señala: I. Para anuncios sin estructura de cualquier tipo: Rotulados en toldos, bardas, gabinetes corridos o gabinetes individuales, voladizos, adosados o pintados, opacos o luminosos, en bienes muebles o inmuebles, por metro cuadrado o fracción se aplicará la siguiente: I. Para anuncios sin estructura de cualquier tipo: Rotulados en toldos, gabinetes corridos o gabinetes individuales, voladizos, adosados o pintados, opacos o luminosos, en bienes muebles o inmuebles, por metro cuadrado o fracción se aplicará la siguiente: TARIFA Expedición de licencia 6 Revalidación anual de licencia 2 TARIFA Expedición de licencia 4 Revalidación anual de licencia 2 II. Para los efectos de esta Ley, el anuncio espectacular es toda estructura destinada a la publicidad cuya superficie sea de seis metros cuadrados en adelante, independientemente de la forma de su construcción, instalación o colocación. II. Para los efectos de esta Ley, el anuncio espectacular es toda estructura destinada a la publicidad cuya superficie sea de seis metros cuadrados en adelante, independientemente de la forma de su construcción, instalación o colocación. Por anuncios espectaculares en cualquier lugar del Municipio, se aplicará por metro cuadrado la siguiente: Por anuncios espectaculares en cualquier lugar del Municipio, se aplicará por metro cuadrado la siguiente: TARIFA Expedición de licencia 9 Revalidación anual 3 TARIFA Expedición de licencia 9 Revalidación anual 3 Cuando los anuncios se encuentren colocados a más de cinco metros de altura del nivel de piso, se adicionará un 10% a los valores. III. Anuncios estructurales de pantalla electrónica de cualquier tipo que permiten el despliegue de video, animaciones, gráficos o textos, se aplicará por metro cuadrado la siguiente: III. Anuncios estructurales de pantalla electrónica de cualquier tipo que permiten el despliegue de video, animaciones, gráficos o textos, se aplicará por metro cuadrado la siguiente: TARIFA Expedición de licencia 15 Revalidación anual 5 TARIFA Expedición de licencia 15 Revalidación anual 5 IV. El pago de la revalidación o refrendo de licencias o permisos a que se refiere este artículo, se efectuará dentro del primer trimestre IV. El pago de la revalidación o refrendo de licencias o permisos a que se refiere este artículo, se efectuará
  24. 24. 62 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de mayo de 2007 del año. dentro del primer trimestre del año. V. Tratándose de anuncios nuevos cuya actividad se inicia: V. Tratándose de anuncios nuevos cuya actividad se inicia: a) Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal se cobrará por los derechos correspondientes al 100% de la cuota de expedición de las tarifas señaladas. a) Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal se cobrará por los derechos correspondientes al 100% de la cuota de expedición de las tarifas señaladas. b) Por el resto del ejercicio fiscal se pagarán los derechos en la parte proporcional de acuerdo al mes en que se solicite la expedición. b) Por el resto del ejercicio fiscal se pagarán los derechos en la parte proporcional de acuerdo al mes en que se solicite la expedición. VI. No se causarán los derechos a que se refiere este artículo, tratándose de anuncios denominativos que se ubiquen en las fachadas de inmuebles, únicamente pintados o rotulados, para la debida identificación de establecimientos, en los cuales se produzcan o enajenen bienes o se presten servicios, y que son aquellos en los que se expresa únicamente el nombre, denominación o razón social de la persona física o moral de que se trate; profesión o actividad a la que se dedique; y/o el signo, símbolo o figura con la que se identifique como empresa o establecimiento mercantil, industrial o de servicios. VI. No se causarán los derechos a que se refiere éste artículo, tratándose de anuncios denominativos que se ubiquen en las fachadas de inmuebles, únicamente pintados o rotulados, para la debida identificación de establecimientos, en los cuales se produzcan o enajenen bienes o se presten servicios, y que son aquellos en los que se expresa únicamente el nombre, denominación o razón social de la persona física o moral de que se trate; profesión o actividad a la que se dedique; y/o el signo, símbolo o figura con la que se identifique como empresa o establecimiento mercantil, industrial o de servicios. VII. Tampoco se causarán los derechos a que se refiere éste artículo por los anuncios de los partidos políticos, instituciones gubernamentales, de asistencia o beneficencia pública o privada o religiosa, así como los ubicados dentro de los establecimientos, para promocionar única y exclusivamente su negocio. VII. Se considera como responsable solidario del pago de derechos por anuncios publicitarios, al propietario del local o establecimiento o predio, donde se encuentre el anuncio publicitario. VIII. Se considera como responsable solidario del pago de derechos por anuncios publicitarios, al propietario del local o establecimiento o predio, donde se encuentre el anuncio publicitario. Los sujetos de este derecho o responsables solidarios que no cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y sean instalados de forma irregular, además de cubrir los derechos correspondientes por el tiempo que lo hubieren ejercido, deberán cubrir la multa correspondiente y los anuncios serán retirados por el Municipio con costo para el propietario u obligado solidario. Los sujetos de este derecho o responsables solidarios que no cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y sean instalados de forma irregular, además de cubrir los derechos correspondientes por el tiempo que lo hubieren ejercido, deberán cubrir la multa correspondiente y los anuncios serán retirados por el Municipio con costo para el propietario u obligado solidario. VIII. Para la expedición de licencias para la colocación de anuncios en estructuras, se requerirá invariablemente la Constancia de Terminación de Obra o Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano. IX. Para la expedición de licencias para la colocación de anuncios en estructuras, se requerirá invariablemente la Constancia de Terminación de Obra o Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano. IX. Así mismo en ningún caso se otorgará licencia o permiso para la colocación de los anuncios que por su ubicación, dimensiones o materiales empleados en su estructura o para su instalación, puedan representar un riesgo para la X. Asimismo en ningún caso se otorgará licencia o permiso para la colocación de los anuncios que por su ubicación, dimensiones o materiales empleados en su estructura o para su instalación, puedan representar un riesgo para la seguridad o la integridad física de las

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