1. Más de 600 vulneraciones de DDHH durante las protestas
sociales en Colombia
9 DE JULIO DE 2014 YHOBAN CAMILO HERNANDEZ CIFUENTES
Agencia de Prensa IPC
El 2013 fue uno de los años más activos en cuanto a movilizaciones
sociales en Colombia: 1.027 protestas según registros del Cinep[1]. A
su vez fue uno de los periodos con mayor represión por parte de la
Fuerza Pública, que habría originado más 600 vulneraciones de
Derechos Humanos, solo en los paros cafetero, agrario y minero.
Así fue denunciado durante la audiencia “Criminalización de la
protesta y límites de la Fuerza Pública”, realizada en Medellín por
el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE y la
Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos –CCEEU.
El registro de vulneraciones documentadas por el MOVICE y la
CCEEU, indica que durante las protestas sociales de 2013, hubo 262
detenciones arbitrarias; 485 casos de personas lesionadas; 21 casos
de personas heridas, varias por armas de fuego; 12 muertos por
arma de fuego y 4 desaparecidos.
Además hubo 52 casos de hostigamiento y amenazas contra
manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques
indiscriminados contra la población civil en diferentes regiones. Sólo
en Antioquia fueron documentados 187 casos de agresiones, entre
ellas 125 casos de agresiones y lesiones personales por parte del
ESMAD, y 55 casos de detenciones arbitrarias.
Debido a estos excesos, el MOVICE y la CCEEU decidieron realizar
esta audiencia pública para llamar la atención sobre tres temas
principales: 1. Que el derecho a la protesta social y el derecho de
asociación son derechos legítimos y constitucionales 2. Que la Fuerza
Pública tiene unos límites al momento de realizar sus funciones de

2. control y seguridad en desarrollo de protestas sociales y 3. Que los
entes de control, Fiscalía y Procuraduría, deben mejor sus acciones
de vigilancia y sanción cuando se denuncian violaciones de derechos
humanos por parte de la Fuerza Pública.
En relación con este último punto, Alejandro Sierra, miembro del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –
Movice, capítulo Antioquia, explicó que en la mayoría de los casos, la
Fiscalía y la Procuraduría “trasladan las denuncias a asuntos internos
de la Policía, y allí las denuncia son prosperan porque se archivan o
porque se intimida a los que denuncian. En esa medida no hay una
sanción correspondiente.”
Respecto a la actuación de las autoridades, el defensor de derechos
humanos manifestó que la Fuerza Pública debe hacer un uso
adecuado de los instrumentos que tienen para intervenir las
movilizaciones. “Esto porque vemos como se han utilizado de manera
desmedida los gases lacrimógenos, las pistolas eléctricas y las
bombas de aturdimiento.”
La audiencia sobre la criminalización de la protesta social se realizó
en Medellín en la Casa Museo de la Memoria, el 9 de julio de 2014
Criminalización: la respuesta a la protesta social
Para Jorge Ceballos, abogado experto en derechos humanos y
ex personero delegado para los DDHH en Medellín, “por reglas
generales la protesta es criminalizada y lo grave es que es
criminalizada por la fuerza pública que en Colombia tiene un poder

3. inmenso y aunque debiera ser parte del Gobierno es una fuerza
independiente como lo vimos en las últimas elecciones (…) La Fuerza
Pública debe entender que la función de ellos es garantizar el
ejercicio del derecho, no reprimirlo.”
Además de esto, agregó el jurista, “en Colombia se pasa por encima
de la Constitución en cualquier momento. Todos sabemos que la
libertad de movilización está consagrada constitucionalmente, sin
embargo los Gobiernos locales pretenden reglamentarla cuando la
Constitución dice que es el Congreso el que la debe reglamentar y
hasta el momento no lo ha hecho.”
Aquí habría que agregar que tanto las acciones represivas de la
Fuerza Pública como las reformas que pretenden coartar la
movilización social, tienen en común que acuden a la criminalización
de la protesta como su principal argumento. De manera que desde el
principio se niega la posibilidad del diálogo para resolver las
demandas de los manifestantes.
Sobre este asunto, Alejandro Sierra, indicó que durante las
movilizaciones de 2013, “el Estado incurrió en abusos de autoridad en
protestas como el paro cafetero, el agrario y el minero, y lejos de
intentar resolver las exigencias y reclamaciones de los ciudadanos, lo
único que tuvo como salida, en un primer momento, fue el uso de la
Fuerza Pública para impedir las protestas. En ese primer momento el
Gobierno nunca tuvo voluntad de generar condiciones para solucionar
los problemas que estaban afectando a los ciudadanos."
Boletín Nº 17 del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Para analizar este tipo de prácticas de Estado, vale retomar el Boletín
Nº 17 del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, titulado
“Modelo de desarrollo y conflictividad social”, según el cual:
“Esas tácticas de cerrar las puertas al diálogo previo: desconociendo
las peticiones o rehusando cualquier concertación, y de minimizar la
protesta: refiriéndola como asunto de unos pocos y aduciendo
intereses particulares, serían el comienzo de una serie de prácticas

4. que suelen usarse en el tratamiento de las movilizaciones sociales en
Colombia.
Dichas estrategias pasarían por la minimización, la estigmatización y
la represión. Tácticas que no serían utilizadas únicamente por el
Gobierno, también las élites y los gremios usarían esas maniobras de
acuerdo con sus intereses.”[2]
A manera de conclusión, Alejandro Sierra explicó que “las
movilizaciones ocurridas en Colombia durante 2013 dan cuenta de
que en el país existe una gran cantidad de insatisfacciones sociales
que han llevado a los ciudadanos a expresarse de diferentes
maneras: paros, huelgas de hambre, marchas, bloqueos de vías,
entre otros.” Entonces se debe entender que cuando se movilizan los
ciudadanos están acudiendo a un derecho constitucional y legítimo
que no debe ser vulnerado ni mucho menos reprimido.
Información relacionada:
 Boletín Nº 17 del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
 Modelo de desarrollo y conflictividad social: agendas y territorios en
disputa
 Más de 120 agresiones a la prensa en Colombia durante 2013
 Agresiones a un refugio de campesinos
[1] La Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP/PPP, registró
1.027 protestas, solamente durante el año 2013 en Colombia, el
mayor número de luchas desde 1975.
Cinep, 2014, abril, informe especial “Luchas sociales en Colombia
2013”, en sitio Web Cinep/programa por la paz, disponible en
Internet: http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&I
temid=117&lang=es
[2] Instituto Popular de Capacitación, 2013, diciembre, Observatorio
de Derechos Humanos Nº 17 “Modelo de desarrollo y conflictividad
social”, en sitio Web Agencia de Prensa IPC, sección Producción
Académica, p. 40, disponible en
Internet:http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/files/Observatorio%
2017%20Modelo%20de%20Desarrollo%20y%20conflictividad%20soc
ial.pdf