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Soberanía y gobernanza digital
Sally Burch. ALAI AMLATINA, 23/12/2014.-
¿Podemos imaginar la vida sin tecnologías digitales? Sin celular, sin
SMS ni email, sin redes sociales; con semáforos descompuestos,
computadoras en huelga, centrales telefónicas colapsadas, congestión
en los bancos, satélites desconectados… y un largo etcétera. Hace
solo dos décadas, desconocíamos estos inconvenientes, y la pesadilla
que sería tener que prescindir de ellas, ahora que las tecnologías
digitales se han convertido en el sistema nervioso central de la
economía, la información, la investigación, la política, los modos de
organización de la sociedad e incluso, en buena medida, de las
formas de interrelación personal.
Cabe, entonces, preguntarnos, qué implicaciones podría tener esta
revolución digital para nuestro futuro; cómo incidir en su rumbo; y
cómo reducir la vulnerabilidad que engendra esta alta dependencia
tecnológica.
Al ser tan ubicuas, estas tecnologías se han vuelto transparentes:
muchas veces ya ni las percibimos; y justamente por ello, poco nos
preocupamos de considerar los riesgos o eventuales impactos
negativos. Sin duda, las denuncias de Edward Snowden sobre
ciberespionaje constituyeron un campanazo de alerta respecto a los
peligros de un sistema capaz de vigilar a todo el mundo todo el
tiempo. Pero las implicaciones son mucho más amplias. Dejar “al
azar” la evolución de estos cambios significa, en la práctica, dejar que
los determinen el mercado (mundial) u otros poderes, –por fuera de
criterios democráticos o del interés público–, hecho que incide en la
configuración del poder mismo.(1)
EE.UU., la superpotencia en esta materia, lo tiene claro. Sus grandes
corporaciones dominan casi todas las áreas del quehacer digital,
desde la infraestructura base de la red de redes, hasta el comercio
electrónico, el mercado publicitario, los buscadores o el
almacenamiento de datos(2). Para mantener su posición dominante,
el gobierno estadounidense defiende un mercado desregulado para
sus corporaciones transnacionales (si bien con regulación máxima en
la protección de propiedad intelectual), que lo impulsa mediante la
negociación de tratados de libre comercio o en organismos mundiales
como la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, impulsa su
supremacía tecnológica, que abarca, la capacidad de vigilancia y
espionaje, la minería (exploración) de datos y el desarrollo de
ciberarmas, entre otras. Y busca mantener el control de los
mecanismos de gobernanza global de Internet.
En América Latina, si bien los responsables políticos de la región han
ido entendiendo cada vez más el alcance de esta revolución digital y
la importancia de sacarle provecho, parece haber aún poca capacidad
de respuesta respecto a sus implicaciones en términos de
redistribución de poder, o frente al riesgo subyacente de exponer a
los países de la región a nuevas formas de dependencia y
neocolonialismo. Entre las áreas clave de intervención estarían la
soberanía y seguridad, y la gobernanza global.
Soberanía y seguridad
El ciberespacio ha dejado de ser simplemente realidad virtual, al
convertirse en el corazón de un sistema supranacional, que
constituye una nueva dimensión del planeta, que se agrega al
territorio, al subsuelo, a la atmósfera y al espacio ultraterrestre. Su
particularidad es ser un espacio ilimitado; pero al igual que las otras
dimensiones, puede ser colonizado y objeto de luchas de poder y
dominio. Por lo tanto, más allá de su potencial para el desarrollo,
tiene implicaciones fundamentales para la soberanía nacional y
regional; sin embargo, por ese mismo carácter supranacional, ningún
país puede ejercer esta soberanía en forma aislada.
Este hecho, combinado con la lógica de convergencia de las nuevas
tecnologías (todo es código binario, entonces todo puede pasar por
los mismos canales) implica que la creciente dependencia frente a los
sistemas digitales, en casi todos los ámbitos, crea una gran
vulnerabilidad, en proporciones que nuestros países no han conocido
antes y que están mal preparados para enfrentarla. Para citar un
ejemplo, el 98% del tráfico de Internet entre América Latina y el
resto del mundo, y un estimado 70 a 80% del tráfico interno de la
región, transita por servidores en EE.UU. para llegar a su destino. O
sea, un mensaje que se envía de Montevideo a Buenos Aires puede
transitar por varios servidores de EE.UU. en su camino. Ello no solo
aumenta el costo de las comunicaciones, sino que vulnera su
seguridad.
La región recién se está despertando a la necesidad de desarrollar
una capacidad de soberanía tecnológica. La construcción en curso del
anillo óptico suramericano, y el proyecto de un cable submarino entre
Brasil y Europa, son signos positivos en este sentido, mas no
suficientes.
Entre los temas a considerar con urgencia están el cifrado de los
mensajes como norma obligatoria para toda comunicación. Brasil lo
contempla en su Marco Digital, adoptado este año; pero para ser
efectivo se necesitan acuerdos internacionales.(3) Un paso
intermedio, más sencillo de implementar, sería tener acuerdos entre
países que obliguen a sus empresas de telecomunicaciones a cifrar
las comunicaciones entre ellas. Como punto de partida, podría
acordarse en el marco de espacios de integración como UNASUR.
Además, para mayor seguridad, sería conveniente no depender de los
sistemas de cifrado desarrollados en potencias mundiales como
EE.UU., al menos para las comunicaciones intrarregionales, lo cual
implica desarrollar capacidades propias.
También se podría pensar en la instalación de grandes servidores
nacionales y/o regionales para el almacenamiento seguro de datos en
la nube, con legislaciones adecuadas para proteger la propiedad y
confidencialidad.
Otro aspecto, quizás más complejo de abordar, es la enorme
influencia cultural que ejercen las empresas transnacionales de la
comunicación. Sus modelos comerciales y algoritmos determinan, en
buena parte, las modalidades de las comunicaciones personales e
institucionales: qué aparece primero en los buscadores, cómo nos
interrelacionamos con “amigos” y “seguidores” en las redes sociales,
cuáles noticias se destacan en Internet, etc. Si bien existen algunas
iniciativas para desarrollar plataformas alternativas, no es fácil que
despeguen, debido al fenómeno del “efecto red”, donde todos acuden
al espacio más exitoso. ¿Se podría pensar en desarrollar alternativas
propias a nivel regional?
A estos problemas se añaden el rastreo permanente del
comportamiento en línea de los usuarios que hacen estas empresas
transnacionales de Internet; la apropiación, sin autorización, de sus
datos personales; el almacenamiento, procesamiento y venta de
éstos, cuando no su entrega a agencias de seguridad. Frente a ello,
cuando menos hace falta reglamentar ciertos aspectos de cómo
actúan estas empresas en nuestros países.
Gobernanza global de Internet
Al volverse un universo tan complejo, con tantas ramificaciones, la
gobernanza de Internet ya no se puede encarar solo como una
cuestión de especialistas de la informática. Tiene múltiples
implicaciones para políticas públicas. Veamos, por ejemplo, el caso
del poder de los monopolios. El “efecto red” de Internet tiende a
generar lo que los economistas llaman “monopolios naturales”, que
son espacios de concentración de poder. Hace muchas décadas que
los Estados han reconocido la necesidad de adoptar leyes que limiten
los monopolios privados, o de declarar ciertas áreas estratégicas
como servicios públicos. No es solo para evitar distorsiones del
mercado, sino porque permitir tales concentraciones de poder en un
sector estratégico implica un peligro para la democracia misma: las
empresas terminan controlando los Estados. Pero en el ámbito
global, ¿qué organismo puede controlar los monopolios? Por ahora,
no existe.
Otro ejemplo: la ciudadanía está expuesta, mundialmente, al robo y
la explotación de sus datos personales en la nube por parte de
empresas inescrupulosas o agencias de seguridad. Pero existe un
vacío legal para saber qué legislación se aplica para proteger sus
derechos: la del país donde vive, la del país donde se ubica el
servidor donde se almacenan los datos, o la del país sede de la
empresa. Tampoco existe organismo internacional responsable de
zanjar estas situaciones.
Actualmente, en los círculos –aún estrechos– que se preocupan de la
gobernanza de Internet, se está librando una intensa pugna mundial
sobre cómo se la debe configurar. Está claro que no será viable
mantener a futuro el statu quo, que es un sistema bajo tutela del
gobierno estadounidense. Formalmente, el ICANN (Corporación para
la asignación de nombres y números en Internet, entidad no
gubernamental, creada bajo ley estadounidense) tiene bajo su
gestión la IANA (Autoridad de Números Asignados de Internet), que
asigna los nombres de dominio y números IP, mediante contrato con
el Departamento de Comercio de EEUU. Este contrato vence en 2015
y, según ha anunciado Washington, será traspasado a un organismo
multisectorial, que podría ser la propia ICANN reconfigurada. En
cuanto a las decisiones en el plano de la infraestructura de Internet,
se toman en el IETF (Internet Engineering Task Force), donde
participa principalmente el sector privado. Si bien el rol de estos
organismos es esencialmente técnico, es sabido que las decisiones
técnicas a veces implican aspectos políticos.
EE.UU. defiende el modelo de “gobierno multisectorial en pie de
igualdad” (equal-footing multistakeholderism – donde gobiernos,
sector privado y sociedad civil tendrían voz y poder igual en las
decisiones), lo que implica, en la práctica, que una corporación
privada tendría poder de veto sobre cualquier decisión de política
pública que le afecte. Asimismo, rechaza cualquier sistema
multilateral en el marco de Naciones Unidas con el argumento de que
la pugna entre gobiernos terminaría fraccionando o “balcanizando” la
Internet. Es un sistema diseñado para asegurar la mayor impunidad
de las grandes corporaciones de Internet.
Varios gobiernos no están conformes. China, por ejemplo, país que
ya cuenta con casi una cuarta parte de los internautas del mundo,
acaba de anunciar que sí defiende una sola Internet global, pero
afirmando su derecho de poder participar en su gobernanza. En tal
sentido, ha expresado su disposición a integrar el Consejo de un
ICANN renovado, siempre y cuando este se disocie del contrato
suscrito con el gobierno de EEUU.(4)
En este escenario, acaba de emerger un nuevo espacio: la llamada
Iniciativa NetMundial (INM), lanzada por el Foro Económico Mundial
(FEM), la cual ha conseguido el respaldo de ICANN y del CGI.br
(Comité Gestor de Internet de Brasil). La INM, que se ha apropiado
del nombre de la reunión multisectorial que Brasil organizó en abril
pasado, pretende ser un espacio multisectorial que opere “desde las
bases”, con miras a tratar cuestiones que los otros organismos
existentes no abordan, tales como “las cuestiones relativas al uso de
Internet (como la libertad de expresión, la privacidad, el ciberdelito,
etc.)”(5). Es decir, temas de política pública.
La invitación a actores de la sociedad civil a nombrar representantes
al Consejo de Coordinación desató un intenso debate y división de
aguas en los círculos (aún bastante especializados) de sociedad civil
que siguen estos temas.
La Coalición por una Internet Justa y Equitativa (Just Net) emitió un
pronunciamiento deslindándose de la iniciativa, en la cual expresa
preocupación por “el asalto neoliberal a la democracia” que se está
dando en el área de la gobernanza global, que ha significado el
descuido de la creciente desigualdad económica y social, en defensa
de los intereses del 1% global. En este marco, señala, está claro que
este asalto ha priorizado la gobernanza de Internet, por muchas
razones: “La primera es que es un territorio en el que los
mecanismos y modelos de gobernanza aún están en construcción. Es
evidentemente más fácil captar los procesos y protocolos de
gobernanza donde no existen aún o que son débiles, que presionar
contra estructuras y mecanismos preexistentes. Segundo, en la
medida en que exista una autoridad estatal en el ámbito de la
gobernanza de Internet, estas riendas de tecno-gobierno están
firmemente en manos del gobierno estadounidense, principal aliado y
beneficiario de la ofensiva neoliberal”(6).
Al señalar que esta es “una coyuntura decisiva para la gobernanza
global”, Just Net apela al gobierno de Brasil y a las organizaciones de
la sociedad civil a repensar su apoyo a una iniciativa impulsada por el
Foro Económico Mundial.
Para los países latinoamericanos, abordar estos temas de soberanía,
ciberseguridad y la participación en la gobernanza global de Internet
podría ser mucho más efectivo si se lo hace con políticas concertadas
y actuando como bloque, que si se procede en forma individual.
Unasur, por cierto, ha dado un primer paso hacia la elaboración de
una política de ciberseguridad y ciberdefensa en el Consejo de
Defensa. Pero en muchos aspectos sigue siendo un tema pendiente.
- Sally Burch es periodista e integrante del Consejo de ALAI.
Este texto es parte de la Revista América Latina en Movimiento,
No.500 de diciembre de 2014, que trata sobre el tema "América
Latina: Cuestiones de fondo" -http://alainet.org/publica/500.phtml
(1) Sobre estos temas, ver la revista “Internet, poder y democracia”,
América Latina en Movimiento, No 494, abril
2014. http://www.alainet.org/publica/494.phtml
(2) Ver la entrevista con Robert McChesney: “Cómo desmonopolizar
Internet”, http://www.alainet.org/active/72995
(3) Esto se vuelve más factible ya que los varios organismos
internacionales de Internet, incluyendo la Internet Society (ISOC), lo
están planteando como necesidad.
(4) Ver https://www.youtube.com/watch?v=bhFk-
fcuTEM&feature=youtu.be
(5) https://www.netmundial.org/es/preguntas-frecuentes
(6) http://justnetcoalition.org/NMI-neoliberal-caravan
URL de este artículo: http://alainet.org/active/79703
Agencia Latinoamericana de Informacion
email: info@alainet.org

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Soberanía y gobernanza digital

  • 1. Soberanía y gobernanza digital Sally Burch. ALAI AMLATINA, 23/12/2014.- ¿Podemos imaginar la vida sin tecnologías digitales? Sin celular, sin SMS ni email, sin redes sociales; con semáforos descompuestos, computadoras en huelga, centrales telefónicas colapsadas, congestión en los bancos, satélites desconectados… y un largo etcétera. Hace solo dos décadas, desconocíamos estos inconvenientes, y la pesadilla que sería tener que prescindir de ellas, ahora que las tecnologías digitales se han convertido en el sistema nervioso central de la economía, la información, la investigación, la política, los modos de organización de la sociedad e incluso, en buena medida, de las formas de interrelación personal. Cabe, entonces, preguntarnos, qué implicaciones podría tener esta revolución digital para nuestro futuro; cómo incidir en su rumbo; y cómo reducir la vulnerabilidad que engendra esta alta dependencia tecnológica. Al ser tan ubicuas, estas tecnologías se han vuelto transparentes: muchas veces ya ni las percibimos; y justamente por ello, poco nos preocupamos de considerar los riesgos o eventuales impactos negativos. Sin duda, las denuncias de Edward Snowden sobre ciberespionaje constituyeron un campanazo de alerta respecto a los peligros de un sistema capaz de vigilar a todo el mundo todo el tiempo. Pero las implicaciones son mucho más amplias. Dejar “al azar” la evolución de estos cambios significa, en la práctica, dejar que los determinen el mercado (mundial) u otros poderes, –por fuera de criterios democráticos o del interés público–, hecho que incide en la configuración del poder mismo.(1) EE.UU., la superpotencia en esta materia, lo tiene claro. Sus grandes corporaciones dominan casi todas las áreas del quehacer digital,
  • 2. desde la infraestructura base de la red de redes, hasta el comercio electrónico, el mercado publicitario, los buscadores o el almacenamiento de datos(2). Para mantener su posición dominante, el gobierno estadounidense defiende un mercado desregulado para sus corporaciones transnacionales (si bien con regulación máxima en la protección de propiedad intelectual), que lo impulsa mediante la negociación de tratados de libre comercio o en organismos mundiales como la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, impulsa su supremacía tecnológica, que abarca, la capacidad de vigilancia y espionaje, la minería (exploración) de datos y el desarrollo de ciberarmas, entre otras. Y busca mantener el control de los mecanismos de gobernanza global de Internet. En América Latina, si bien los responsables políticos de la región han ido entendiendo cada vez más el alcance de esta revolución digital y la importancia de sacarle provecho, parece haber aún poca capacidad de respuesta respecto a sus implicaciones en términos de redistribución de poder, o frente al riesgo subyacente de exponer a los países de la región a nuevas formas de dependencia y neocolonialismo. Entre las áreas clave de intervención estarían la soberanía y seguridad, y la gobernanza global. Soberanía y seguridad El ciberespacio ha dejado de ser simplemente realidad virtual, al convertirse en el corazón de un sistema supranacional, que constituye una nueva dimensión del planeta, que se agrega al territorio, al subsuelo, a la atmósfera y al espacio ultraterrestre. Su particularidad es ser un espacio ilimitado; pero al igual que las otras dimensiones, puede ser colonizado y objeto de luchas de poder y dominio. Por lo tanto, más allá de su potencial para el desarrollo, tiene implicaciones fundamentales para la soberanía nacional y regional; sin embargo, por ese mismo carácter supranacional, ningún país puede ejercer esta soberanía en forma aislada. Este hecho, combinado con la lógica de convergencia de las nuevas tecnologías (todo es código binario, entonces todo puede pasar por los mismos canales) implica que la creciente dependencia frente a los sistemas digitales, en casi todos los ámbitos, crea una gran vulnerabilidad, en proporciones que nuestros países no han conocido antes y que están mal preparados para enfrentarla. Para citar un ejemplo, el 98% del tráfico de Internet entre América Latina y el resto del mundo, y un estimado 70 a 80% del tráfico interno de la región, transita por servidores en EE.UU. para llegar a su destino. O sea, un mensaje que se envía de Montevideo a Buenos Aires puede transitar por varios servidores de EE.UU. en su camino. Ello no solo aumenta el costo de las comunicaciones, sino que vulnera su seguridad.
  • 3. La región recién se está despertando a la necesidad de desarrollar una capacidad de soberanía tecnológica. La construcción en curso del anillo óptico suramericano, y el proyecto de un cable submarino entre Brasil y Europa, son signos positivos en este sentido, mas no suficientes. Entre los temas a considerar con urgencia están el cifrado de los mensajes como norma obligatoria para toda comunicación. Brasil lo contempla en su Marco Digital, adoptado este año; pero para ser efectivo se necesitan acuerdos internacionales.(3) Un paso intermedio, más sencillo de implementar, sería tener acuerdos entre países que obliguen a sus empresas de telecomunicaciones a cifrar las comunicaciones entre ellas. Como punto de partida, podría acordarse en el marco de espacios de integración como UNASUR. Además, para mayor seguridad, sería conveniente no depender de los sistemas de cifrado desarrollados en potencias mundiales como EE.UU., al menos para las comunicaciones intrarregionales, lo cual implica desarrollar capacidades propias. También se podría pensar en la instalación de grandes servidores nacionales y/o regionales para el almacenamiento seguro de datos en la nube, con legislaciones adecuadas para proteger la propiedad y confidencialidad. Otro aspecto, quizás más complejo de abordar, es la enorme influencia cultural que ejercen las empresas transnacionales de la comunicación. Sus modelos comerciales y algoritmos determinan, en buena parte, las modalidades de las comunicaciones personales e institucionales: qué aparece primero en los buscadores, cómo nos interrelacionamos con “amigos” y “seguidores” en las redes sociales, cuáles noticias se destacan en Internet, etc. Si bien existen algunas iniciativas para desarrollar plataformas alternativas, no es fácil que despeguen, debido al fenómeno del “efecto red”, donde todos acuden al espacio más exitoso. ¿Se podría pensar en desarrollar alternativas propias a nivel regional? A estos problemas se añaden el rastreo permanente del comportamiento en línea de los usuarios que hacen estas empresas transnacionales de Internet; la apropiación, sin autorización, de sus datos personales; el almacenamiento, procesamiento y venta de éstos, cuando no su entrega a agencias de seguridad. Frente a ello, cuando menos hace falta reglamentar ciertos aspectos de cómo actúan estas empresas en nuestros países. Gobernanza global de Internet Al volverse un universo tan complejo, con tantas ramificaciones, la
  • 4. gobernanza de Internet ya no se puede encarar solo como una cuestión de especialistas de la informática. Tiene múltiples implicaciones para políticas públicas. Veamos, por ejemplo, el caso del poder de los monopolios. El “efecto red” de Internet tiende a generar lo que los economistas llaman “monopolios naturales”, que son espacios de concentración de poder. Hace muchas décadas que los Estados han reconocido la necesidad de adoptar leyes que limiten los monopolios privados, o de declarar ciertas áreas estratégicas como servicios públicos. No es solo para evitar distorsiones del mercado, sino porque permitir tales concentraciones de poder en un sector estratégico implica un peligro para la democracia misma: las empresas terminan controlando los Estados. Pero en el ámbito global, ¿qué organismo puede controlar los monopolios? Por ahora, no existe. Otro ejemplo: la ciudadanía está expuesta, mundialmente, al robo y la explotación de sus datos personales en la nube por parte de empresas inescrupulosas o agencias de seguridad. Pero existe un vacío legal para saber qué legislación se aplica para proteger sus derechos: la del país donde vive, la del país donde se ubica el servidor donde se almacenan los datos, o la del país sede de la empresa. Tampoco existe organismo internacional responsable de zanjar estas situaciones. Actualmente, en los círculos –aún estrechos– que se preocupan de la gobernanza de Internet, se está librando una intensa pugna mundial sobre cómo se la debe configurar. Está claro que no será viable mantener a futuro el statu quo, que es un sistema bajo tutela del gobierno estadounidense. Formalmente, el ICANN (Corporación para la asignación de nombres y números en Internet, entidad no gubernamental, creada bajo ley estadounidense) tiene bajo su gestión la IANA (Autoridad de Números Asignados de Internet), que asigna los nombres de dominio y números IP, mediante contrato con el Departamento de Comercio de EEUU. Este contrato vence en 2015 y, según ha anunciado Washington, será traspasado a un organismo multisectorial, que podría ser la propia ICANN reconfigurada. En cuanto a las decisiones en el plano de la infraestructura de Internet, se toman en el IETF (Internet Engineering Task Force), donde participa principalmente el sector privado. Si bien el rol de estos organismos es esencialmente técnico, es sabido que las decisiones técnicas a veces implican aspectos políticos. EE.UU. defiende el modelo de “gobierno multisectorial en pie de igualdad” (equal-footing multistakeholderism – donde gobiernos, sector privado y sociedad civil tendrían voz y poder igual en las decisiones), lo que implica, en la práctica, que una corporación privada tendría poder de veto sobre cualquier decisión de política pública que le afecte. Asimismo, rechaza cualquier sistema
  • 5. multilateral en el marco de Naciones Unidas con el argumento de que la pugna entre gobiernos terminaría fraccionando o “balcanizando” la Internet. Es un sistema diseñado para asegurar la mayor impunidad de las grandes corporaciones de Internet. Varios gobiernos no están conformes. China, por ejemplo, país que ya cuenta con casi una cuarta parte de los internautas del mundo, acaba de anunciar que sí defiende una sola Internet global, pero afirmando su derecho de poder participar en su gobernanza. En tal sentido, ha expresado su disposición a integrar el Consejo de un ICANN renovado, siempre y cuando este se disocie del contrato suscrito con el gobierno de EEUU.(4) En este escenario, acaba de emerger un nuevo espacio: la llamada Iniciativa NetMundial (INM), lanzada por el Foro Económico Mundial (FEM), la cual ha conseguido el respaldo de ICANN y del CGI.br (Comité Gestor de Internet de Brasil). La INM, que se ha apropiado del nombre de la reunión multisectorial que Brasil organizó en abril pasado, pretende ser un espacio multisectorial que opere “desde las bases”, con miras a tratar cuestiones que los otros organismos existentes no abordan, tales como “las cuestiones relativas al uso de Internet (como la libertad de expresión, la privacidad, el ciberdelito, etc.)”(5). Es decir, temas de política pública. La invitación a actores de la sociedad civil a nombrar representantes al Consejo de Coordinación desató un intenso debate y división de aguas en los círculos (aún bastante especializados) de sociedad civil que siguen estos temas. La Coalición por una Internet Justa y Equitativa (Just Net) emitió un pronunciamiento deslindándose de la iniciativa, en la cual expresa preocupación por “el asalto neoliberal a la democracia” que se está dando en el área de la gobernanza global, que ha significado el descuido de la creciente desigualdad económica y social, en defensa de los intereses del 1% global. En este marco, señala, está claro que este asalto ha priorizado la gobernanza de Internet, por muchas razones: “La primera es que es un territorio en el que los mecanismos y modelos de gobernanza aún están en construcción. Es evidentemente más fácil captar los procesos y protocolos de gobernanza donde no existen aún o que son débiles, que presionar contra estructuras y mecanismos preexistentes. Segundo, en la medida en que exista una autoridad estatal en el ámbito de la gobernanza de Internet, estas riendas de tecno-gobierno están firmemente en manos del gobierno estadounidense, principal aliado y beneficiario de la ofensiva neoliberal”(6). Al señalar que esta es “una coyuntura decisiva para la gobernanza global”, Just Net apela al gobierno de Brasil y a las organizaciones de
  • 6. la sociedad civil a repensar su apoyo a una iniciativa impulsada por el Foro Económico Mundial. Para los países latinoamericanos, abordar estos temas de soberanía, ciberseguridad y la participación en la gobernanza global de Internet podría ser mucho más efectivo si se lo hace con políticas concertadas y actuando como bloque, que si se procede en forma individual. Unasur, por cierto, ha dado un primer paso hacia la elaboración de una política de ciberseguridad y ciberdefensa en el Consejo de Defensa. Pero en muchos aspectos sigue siendo un tema pendiente. - Sally Burch es periodista e integrante del Consejo de ALAI. Este texto es parte de la Revista América Latina en Movimiento, No.500 de diciembre de 2014, que trata sobre el tema "América Latina: Cuestiones de fondo" -http://alainet.org/publica/500.phtml (1) Sobre estos temas, ver la revista “Internet, poder y democracia”, América Latina en Movimiento, No 494, abril 2014. http://www.alainet.org/publica/494.phtml (2) Ver la entrevista con Robert McChesney: “Cómo desmonopolizar Internet”, http://www.alainet.org/active/72995 (3) Esto se vuelve más factible ya que los varios organismos internacionales de Internet, incluyendo la Internet Society (ISOC), lo están planteando como necesidad. (4) Ver https://www.youtube.com/watch?v=bhFk- fcuTEM&feature=youtu.be (5) https://www.netmundial.org/es/preguntas-frecuentes (6) http://justnetcoalition.org/NMI-neoliberal-caravan URL de este artículo: http://alainet.org/active/79703 Agencia Latinoamericana de Informacion email: info@alainet.org