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ENJ-500 Seminario Reglamento General de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria - Módulo II

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ENJ-500 Seminario Reglamento General de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria - Módulo II Docente: Catalina Ferrera Cuevas

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ENJ-500 Seminario Reglamento General de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria - Módulo II

  • 1. ENJ. 31/8/2023 SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA MODULO II Disposiciones Generales del Reglamento de los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria Seminario Reglamento General de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria por Docentes de la Escuela Nacional de la Judicatura se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
  • 2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS Propósito general: Proporcionar una visión general sobre las resolución núm. 787-2022, del pleno de la Suprema Corte de Justicia, sobre las modificaciones producidas y las nuevas figuras jurídicas y técnicas, a fin de efectivizar la respuesta debida a todas las personas que procuran una solución a sus necesidades y garantizar sus derechos de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Propósitos específicos: - Precisar los aportes del reglamento de los tribunales que conforman la jurisdicción inmobiliaria. - Estudiar las novedades contenidas en el nuevo Reglamento General de los Tribunales Inmobiliarios.
  • 3. Contenido del Módulo Módulo II. Los Procesos Recursivos y especiales ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria:  Novedades de los recursos administrativos  Novedades en cuanto al Recurso de apelación  Novedades en cuanto la revisión por Causa de Fraude  Métodos Alternos de Resolución de Disputas  Derecho Penal Inmobiliario  La Restitución de Derechos  El Deslinde
  • 4. Generalidades. Arts. 74-78 Ley 108-05 164 al 182 Reglamento 788-2023, de Registro de Títulos. 224 al 242 del Reglamento 789-2023, General de Mensuras Catastrales 187 al 208 Reglamento 787-2023, del Reglamento de los Tribunales Concepto de Recurso Administrativo. Art. 74 ley 108-05. Calidad: Cualquier persona que se considere afectada. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  • 5. Requisitos de admisibilidad: a) Que el acto sea administrativo b) Que exista un alegado perjuicio c) Que sea interpuesto en plazo hábil Efectos de los recursos administrativos Efectos de la Reconsideración: Retractación. Efectos de los Recursos Jerárquico y Jurisdiccional ¿suspensivo?. Carácter optativo Artículos 49, 50 y 51 de la ley 107-13 LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  • 6. En el Reglamento General de Registro de Títulos, en su título VI, Capítulo I, art. 164, establece que: “Párrafo I. La prioridad que surge de la inscripción de la actuación involucrada en los recursos administrativos debe permanecer de acuerdo con lo establecido en el Libro Diario, hasta tanto estos se solucionen de manera definitiva.” “Párrafo II. La interposición de un recurso por la vía administrativa implica una anotación preventiva en el Registro Complementario del o de los inmuebles involucrados.” “Párrafo III. Si durante el conocimiento de los recursos por la vía administrativa se solicita al Registro de Títulos una actuación contradictoria o incompatible con el acto recurrido, la calificación de ella se suspende hasta tanto se solucionen de manera definitiva.”
  • 7. Procedimiento para la Reconsideración Actos recurribles: Administrativos únicamente Contenido de la instancia: Principio de Especialidad. Identificación tipo de recurso. Calidad e interés. Fecha, firma y motivos Pruebas: Depósito conjunto con la instancia recursiva Útil para probar los argumentos Notificación parte interesada/terceros Sanción legal/Validez Publicidad: Acto de alguacil. Retiro vía secretaría del tribunal. ¿Como se interpone? -Depósito ante la Secretaría del Tribunal: a) Notificación a las partes involucradas, a pena de nulidad. b)Depósito de las objeciones ante la Secretaría del Tribunal apoderado, por terceras personas notificadas (si las hubiere) c) El Tribunal conoce de la solicitud en Cámara de Consejo. d) El Tribunal apoderado tiene un plazo de quince (15) días hábiles/ o al vencimiento del plazo para objeciones. Es competente el mismo órgano que dictó el acto Plazos legales: 15 días hábiles a partir de la publicidad de la actuación. Notificación a las partes involucradas, la cual debe ser depositada dentro del plazo de dos (2) días francos, a partir del depósito del recurso. Depósito de objeciones ante la Secretaría del Tribunal en un plazo de cinco (5) días calendarios, a partir de la fecha de notificación El órgano apoderado tiene un plazo de quince (15) días hábiles, a partir del depósito recursivo o al vencimiento del plazo de cinco (5) días para objeciones.
  • 8. Procedimiento para el Recurso Jerárquico Resoluciones o actos recurribles: Administrativos únicamente Contenido de la instancia: Principio de Especialidad. Identificación tipo de recurso y copia de la resolución Calidad e interés. Fecha, firma y motivos Pruebas: Depósito conjunto con la instancia recursiva Útil para probar los argumentos, a partir de los motivos dados en primer grado Notificación parte interesada/terceros Sanción legal/Validez Publicidad/habilita ción: Retiro vía secretaría del tribunal. Transcurridos 15 días hábiles sin decidir la reconsideración. A partir de la fecha de publicidad, cuando no se ejerza la reconsideración. ¿Como se interpone? -Depósito ante la Secretaría del Tribunal: a) Notificación a las partes involucradas, a pena de nulidad. b)Depósito de las objeciones ante la Secretaría del Tribunal apoderado, por terceras personas notificadas (si las hubiere) c) El Tribunal conoce de la solicitud en Cámara de Consejo. d) El Tribunal apoderado tiene un plazo de quince (15) días hábiles/ o al vencimiento del plazo para objeciones. Plazos legales: 15 días hábiles a partir de la publicidad de la actuación o silencio administrativo. Notificación a las partes involucradas, la cual debe ser depositada dentro del plazo de dos (2) días francos, a partir del depósito del recurso. Depósito de objeciones ante la Secretaría del Tribunal en un plazo de cinco (5) días calendarios, a partir de la fecha de notificación El órgano apoderado tiene un plazo de quince (15) días hábiles, a partir del depósito recursivo o al vencimiento del plazo de cinco (5) días para objeciones.
  • 9. Recurso Jurisdiccional contra resoluciones y actos definitivos Artículo 200. Objetivo y tribunal competente. El recurso jurisdiccional tiene por objetivo que el Tribunal Superior de Tierras examine nuevamente lo que se ha decidido, o bien conocer el asunto decidido administrativamente por algún órgano de la Jurisdicción Inmobiliaria, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que el recurso queda habilitado, sin que sea obligatorio agotar la estructura escalonada de los recursos de reconsideración y jerárquico. Artículo 201. Recursos jurisdiccionales contra resoluciones. Cuando la decisión recurrida provenga de un Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria el recurso jurisdiccional lo conoce el Tribunal Superior de Tierras. Párrafo I. Cuando el recurso jurisdiccional se interponga contra una resolución emanada de una terna del Tribunal Superior de Tierras, es conocido por el Pleno del Tribunal Superior de Tierras, con exclusión de los jueces que dictaron el acto impugnado. Artículo 202. Recursos jurisdiccionales contra actos de otros órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria. Cuando la decisión sea dictada por algún otro de los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria, el recurso jurisdiccional lo conoce una terna del Tribunal Superior de Tierras.
  • 10. Forma de habilitación del plazo recursivo. Art. 203 El recurso jurisdiccional queda habilitado cuando: a) El recurrente haya tomado conocimiento de la decisión sobre el recurso jerárquico en la Secretaría del órgano correspondiente. b) Si le ha sido notificada esta por acto de alguacil competente. c) Haya transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles desde la interposición del recurso jerárquico sin que el Tribunal Superior de Tierras o el órgano de la Jurisdicción Inmobiliaria correspondiente haya emitido su decisión. d) Cuando el recurrente no haya ejercido la solicitud de reconsideración o el recurso jerárquico, a partir de la fecha de publicidad de los actos definitivos. e) Le haya sido notificada por medios telemáticos (cuando aplique)
  • 11. Procedimiento para el Recurso Jurisdiccional Resoluciones o actos recurribles: Administrativos únicamente Contenido de la instancia: Principio de Especialidad. Identificación tipo de recurso y copia de la resolución o acto Calidad e interés. Fecha, firma y motivos Pruebas: Depósito conjunto con la instancia recursiva Útil para probar los argumentos, a partir de los motivos dados en primer grado Notificación parte interesada/terceros Sanción legal/Validez Cuando el recurso sea contra actos de la DNR o sus dependencias, se puede adicionar documentos complementarios, sin modificar la rogación original. Cuando el recurso contra actos de la DNMC o sus dependencias, se puede adicionar documentos complementarios, sin modificar la documentación ya depositada por ante la DRMC. ¿Como se interpone? -Depósito ante la Secretaría del Tribunal: a) Notificación a las partes involucradas, a pena de nulidad. b)Depósito de las objeciones ante la Secretaría del Tribunal apoderado, por terceras personas notificadas (si las hubiere) c) El Tribunal conoce de la solicitud en Cámara de Consejo/o en audiencia d) El Tribunal apoderado tiene un plazo de treinta (30) días hábiles/o al vencimiento del plazo para objeciones. Plazos legales: 30 días hábiles a partir de la publicidad de la actuación o silencio administrativo. Notificación a las partes involucradas, la cual debe ser depositada dentro del plazo de dos (2) días francos, a partir del depósito del recurso. Depósito de objeciones ante la Secretaría del Tribunal en un plazo de diez (10) días calendarios, a partir de la fecha de notificación El Tribunal apoderado tiene un plazo de treinta (30) días hábiles, a partir del depósito recursivo o al vencimiento del plazo de los diez (10) días para objeciones.
  • 12. En el caso de tratarse de un recurso jurisdiccional contra un acto emanado del Registro de Títulos, el recurrente debe notificarlo al Registro de Títulos correspondiente, a los fines de publicidad. (esto es, además de los posibles terceros). Es facultativo del Tribunal Superior de Tierras fijar audiencia, con arreglo al proceso establecido para las litis de derechos registrados, para conocer contradictoriamente el recurso jurisdiccional, cuando así lo sugieran las circunstancias, pero manteniendo la brevedad de los plazos definidos por la Ley núm. 108-05. (aquí no existen etapas procesales). Los criterios a considerar la fijación de audiencia son: • La existencia de una parte contraria y, además, que haya un punto controvertido que amerite una discusión de forma contradictoria. • La sola situación de que exista otra parte no implica, necesariamente, la fijación de una audiencia. • Siempre que el tribunal prudentemente lo estime necesario Artículo. 208. Publicidad del recurso jurisdiccional. El Tribunal, en los casos que considere pertinente, puede ordenar la anotación del recurso jurisdiccional en el Registro Complementario. Párrafo. El Tribunal comunica al Registro de Títulos y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales su decisión, cuando proceda, ordenando el levantamiento de cualquier anotación preventiva que se haya podido generar (cuando aplique).
  • 13. NOVEDADES DE LA REVISION POR CAUSA DE FRAUDE La base legal del Recurso de Revisión por Causa de Fraude se encuentra en los artículos 86 al 88 de la Ley 108-05, y los artículos 126, 216 y 217 del Reglamento 787-2022, de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria. • Por definición legal, el Recurso de Revisión por Causa de Fraude es la acción mediante la cual se impugna una sentencia que el interesado considera que fue obtenida fraudulentamente durante el proceso de saneamiento. (art. 86 Ley) • La jurisprudencia lo ha definido también como un recurso de carácter excepcional tendente a demostrar que el proceso de saneamiento se llevó a cabo de manera fraudulenta, en base a maniobras e informaciones falsas o por lo menos reticentes por parte del beneficiario adjudicatario.
  • 14. El fraude es sinónimo de engaño. Es una actuación fraudulenta es toda contraria a la verdad. Contraria a la rectitud que se debe guardar en toda actuación legal, judicial o personal. Nuestra Corte de Casación se ha encargado de establecer cuál es el fraude que da lugar a la sanción contra la sentencia de saneamiento: todo acto de malicia cometido por una persona con la intención deliberada de obtener un beneficio injustificable para sí, pero con daño para el proceso, ejecutado con la intención de sorprender a los jueces. El elemento intencional es indispensable para configurar el fraude. Es necesario demostrar que el adjudicatario del saneamiento obró de forma maliciosa, intencional, con conocimiento y propósito determinado, definido y consciente de beneficiarse indebidamente. Los jueces del fondo son soberanos para apreciar los hechos que constituyen el fraude, su alcance moral y el carácter fraudulento de los hechos alegados. Las decisiones que así lo consagran escapan al control de la casación, siempre que no desnaturalicen los hechos.
  • 15. Criterios generales/Valoración del Fraude Acto de malicia cometido con la intención deliberada de obtener un beneficio injustificable para sí, pero con daño para el proceso Rol del Abogado del Estado/Ministerio Público- Ejecutor CONTRARIO A LA VERDAD SANEAMIENTO FRAUDULENTO Elemento intencional es indispensable para configurar el fraude. Es necesario demostrar que el adjudicatario del saneamiento obró de forma maliciosa, intencional Los jueces del fondo son soberanos para apreciar los hechos, su alcance moral y el carácter fraudulento. Las decisiones escapan al control de la casación, siempre que no desnaturalicen los hechos Libertad de pruebas/Rol activo de los jueces del TST Nulidad del proceso, de la sentencia y del CT/nuevo saneamiento
  • 16. Procedimiento: La instancia contentiva de recurso debe ir acompañada del acto de alguacil mediante el cual se notificó la misma a la parte recurrida dentro del plazo de la octava franca de ley, previo al depósito. Recibida la instancia, el Abogado del Estado debe ser comunicado vía Secretaría del Despacho Judicial (plazo de cinco días a partir de su interposición)/Toma de conocimiento previo a la audiencia. La obligación legal de notificación al abogado del Estado corresponde al tribunal y no de las partes, por aplicación combinada del artículo 88, párrafo de la ley 108-05. Se debe citar por lo menos con 5 días de anticipación a la audiencia fijada. Las partes se citan en la octava franca o avenir, según corresponda. Durante la instrucción probatoria, lo que persigue el recurrente es probar el fraude en que se haya incurrido durante el proceso de saneamiento, porque la revisión por causa de fraude es un recurso excepcional, no un tercer grado de jurisdicción, en el cual las pruebas y testimonios deben limitarse a demostrar el fraude alegado, para configurarlo. Cuando se trate de doble saneamiento sobre el mismo terreno y a favor de personas distintas, corresponde al tribunal superior apoderado establecer cuál de los dos procesos fue debidamente agotado, el que subsistirá. (TC/Sentencia número 0426/16, de fecha 13/9/16)
  • 17. NOVEDADES EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÒN Según el artículo 79 de la ley 108-05, el recurso de apelación es la acción mediante la cual se impugna una decisión dictada por un tribunal de jurisdicción original. El artículo 210 del Reglamento 787-2022, lo define como el recurso interpuesto por la parte que se considera perjudicada, contra una decisión emanada de un juez de jurisdicción original, por ante el Tribunal Superior de Tierras, con el objeto de que se disponga su modificación, revocación o nulidad, es decir, que el reglamento amplió el concepto contemplado en la ley, a la vez que agrega la modalidad de apelación nulidad. Los artículos 69.9 y 149.3 de nuestra Carta Magna establecen que toda decisión, toda sentencia emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, siempre sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes, es decir, que el límite lo coloca el legislador, dada su reserva de ley con tal que no quede ninguna decisión sin alguna vía recursiva.
  • 18. Los plazos para ejercer el recurso de apelación en son francos. Al tenor de la actualización normativa, el Reglamento establece en su artículo 211 que el recurso de apelación será interpuesto dentro del plazo de los 30 días francos, a partir de la notificación de la sentencia, lo cual representa una novedad, ya que el reglamento anterior no especificaba el tipo de plazo. Las fracciones mayores de quince kilómetros aumentarán el término de un día, y en las menores no se contarán para el aumento, salvo el caso en que la única distancia existente, aunque menor de quince kilómetros, sea mayor de ocho, en cuyo caso, dicha distancia aumentará el plazo de un día completo. Todo plazo cuyo vencimiento cayere en día feriado, será prorrogado hasta el siguiente día hábil.
  • 19. Una vez apoderada la Corte, según el artículo 10 del reglamento, el Tribunal Superior de Tierras, se conformará en ternas, de acuerdo con los mecanismos de organización interna. El juez presidente, asistido de la Secretaria, realiza el sorteo en un plazo no mayor de cinco (5) días, una vez transcurrido los diez (10) días para su notificación previsto en la ley a cargo del recurrente, entre las salas divididas, para los fines de su instrucción, conocimiento y fallo, si las hubiere.
  • 20. • Si el tribunal superior no se encuentra dividido en salas, el presidente del Tribunal Superior de Tierras, organiza las ternas provisionales para el conocimiento del caso, es decir, las ternas para las audiencias, quedando a su cargo realizar el sorteo definitivo de los expedientes para fallo, estableciendo una terna fija a tales fines (una vez instruido el proceso). • Conforme dispone el reglamento, una vez integrada la terna definitiva para fallo del expediente, debe ser la misma que dicte la decisión, ya que los jueces que integran la terna fija no pueden ser removidos de ella más que por las razones de ausencia temporal o definitiva, por inhabilitación, renuncia, destitución, muerte, recusación, inhibición o por cualquier otro motivo que le impida el conocimiento del caso asignado.
  • 21. La modalidad de ternas provisionales y ternas fijas implica que: a) si el Tribunal Superior de Tierras no se encuentra dividido en salas, los expedientes se instruyen en modalidad de ternas provisionales; b) de ser así, las ternas fijas serán designadas cuando el asunto se encuentre en estado de fallo; c) en caso de que el tribunal se encuentre dividido en salas, la terna siempre será la misma, tanto para la instrucción como para el fallo, con la diferencia de que, cuando el asunto se encuentre en estado, el presidente de la sala distribuye o sortea equitativamente los expedientes entre ellos, a fin de elaborar el proyecto de sentencia. d) La sentencia siempre saldrá encabezado por el presidente de la Sala, pero con la mención del juez responsable ponente. El juez presidente de la corte siempre puede formar parte de las ternas para el conocimiento y fallo de los expedientes, pero cuando así ocurra, lo presidirá. La fórmula de ternas fijas y provisionales no aplica en materia de referimientos, ya que la instrucción y fallo del expediente corresponderá siempre a la misma terna, lo cual quiere decir que impera el principio de inmediación, dada la naturaleza del proceso urgente.
  • 22. • La novedad en este reglamento, en términos de notificación, consiste en que por primera vez se regula el plazo que debe mediar entre la citación y la audiencia. • También deviene en una novedad el hecho de que se establecen los requisitos de admisibilidad de la prueba, la cual queda subordinada a que su producción y comunicación se realice en el tiempo y en la forma determinada por el reglamento. • En consonancia con lo anterior el juez apreciará, en cada caso, la utilidad y pertinencia de las pruebas presentadas, dada su máxima de experiencia y conforme los motivos y justificaciones de las partes en el proceso. • Es responsabilidad exclusiva de las partes presentar e identificar sus medios de pruebas mediante su inventario depositado y notificado a las partes, el cual debe ser leído en la audiencia.
  • 23. • También deviene en una novedad reglamentaria el hecho de que se establecen los requisitos de admisibilidad de la prueba, la cual queda subordinada a que su producción y comunicación se realice en el tiempo y en la forma determinada por el reglamento. • En consonancia con lo anterior el juez apreciará, en cada caso, la utilidad y pertinencia de las pruebas presentadas, dada su máxima de experiencia y conforme los motivos y justificaciones de las partes en el proceso. • Es responsabilidad exclusiva de las partes presentar e identificar sus medios de pruebas mediante su inventario depositado y notificado a las partes, el cual debe ser leído en la audiencia. • El procedimiento a seguir es el mismo de las Litis
  • 24. DE LA SENTENCIA Toda sentencia debe estar debidamente sellada y rubricada por el juez o los jueces que conformen el Tribunal en cada una de sus páginas, pero se agrega como novedad la firma electrónica, en cuyo caso no es necesario sellar y rubricar cada página, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos para su validez, debiendo acreditar la firma, la calidad del juez o jueces firmantes y garantizar la inalterabilidad del contenido del documento firmado. El protocolo también puede llevarse digitalmente. También es novedad el hecho de que las copias de las decisiones pueden ser expedidas en soporte físico o digital, cumpliendo con la legislación y normativa vigente para su validez y los requerimientos establecidos por el Poder Judicial. (no vigente lo digital) Se agrega la obligación de expedir tres copias. También es novedad el mandato de remitir copias certificadas a los Registros de Títulos y a las direcciones de mensuras catastrales, cuando la decisión contuviere mandato de ejecución a cargo de estos órganos, dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de los plazos de los recursos de lugar.
  • 26. Los artículos 113 y 114 de la Ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario regulan las infracciones penales. El Reglamento 787-2022 es el primero que regula el procedimiento penal inmobiliario, desglosa las tipologías contempladas en la norma y organiza el procedimiento. Los elementos de las infracciones son: la acción antijurídica, la culpabilidad y la punibilidad. • El concepto antijuricidad o conducta antijurídica, es el comportamiento humano cuyas actuaciones típicas pueden verse como contrarias al derecho penal, o, por lo menos, a ciertas disposiciones legales de carácter penal, cuya violación afecta el orden público. • La conducta antijurídica que importa a la teoría del delito, para que pueda derivar en una pena, debe estar prevista en un tipo de delito o infracción. • La culpabilidad implica que una persona únicamente debe ser condenada o castigada con una pena criminal siempre que su conducta típica y antijurídica pueda ser personalmente reprochada.
  • 27. Acción antijurídica, culpabilidad y punibilidad • La culpabilidad es un principio de derecho penal, el cual implica que una persona únicamente debe ser condenada o castigada con una pena criminal siempre que su conducta típica y antijurídica pueda ser personalmente reprochada. • Es decir, que la persona imputada ha exhibido una conducta contraria a derecho, de forma consciente y deliberada, o por negligencia. • De su lado, la punibilidad no es más que la posibilidad de castigar la acción típica, antijurídica y culpable cometida por una persona, siempre salvando las causas de exclusión penal.
  • 28. EL DOLO La característica esencial del tipo penal es el dolo, definido por la teoría penalista como el grado de conocimiento y voluntad necesarios para realizar actuaciones típicas punibles, el cual ha sido clasificado en tres categorías: • a) dolo intencional (o directo de primer grado); • b) dolo directo (de segundo grado o de consecuencias necesarias); • c) dolo eventual. El Dolo intencional presupone que el autor persigue la realización del delito; El Dolo directo o de consecuencias necesarias, ocurre cuando la acción ejecutada no va dirigida a la realización del hecho típico, pero tiene conocimiento de que si la realiza se producirá el resultado. El Dolo eventual es la modalidad más relevante en cuanto a sus efectos prácticos, en razón de que determina el límite con la imprudencia, aunque por lo general conllevará una pena inferior a las demás.
  • 29. Principios rectores del proceso Penal Inmobiliario Principios de Legalidad e irretroactividad de la norma. A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. No puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad, ni puede prohibir más que lo que la perjudica Sentencia TC/0200/13: “el principio de legalidad, dispuesto en el artículo 69.7 de la Constitución se erige como una de las condiciones básicas que permiten la configuración del Estado de Derecho, pues en su esencia encierra la exigencia de seguridad jurídica, la cual permite que el ciudadano tenga la oportunidad de conocer qué puede o no hacer, así como la pena que sufrirá por la inobservancia de esa obligación. La ley penal tiene que ser escrita, por lo tanto, queda prohibido fundamentar la culpabilidad en la costumbre, la jurisprudencia o la doctrina. Igualmente, la ley tiene que ser previa, ya que la propia Constitución prohíbe en su artículo 110 la retroactividad de la ley penal, sino cuando le sea favorable al que se encuentra subjúdice o esté cumpliendo condena. De conformidad con el principio de legalidad, la ley tiene que ser estricta, por lo tanto, el derecho penal no admite interpretación por analogía.
  • 30. Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, y nadie puede ser reducido a prisión ni castigado penalmente sin antes haber sido juzgado La prohibición de la doble persecución penal o non bis in ídem. Artículo 69.5. CD. Inmediación, publicidad y oralidad Juez Natural, estrechamente vinculado con la garantía de independencia e imparcialidad de los jueces. Presunción de inocencia, principio que implica no necesariamente que la persona sea inocente, sino que debe ser considerado como tal hasta tanto sobreviene una sentencia condenatoria con la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, Principio de Lesividad. Según el cual, para que exista sanción, tiene que haber un bien jurídico protegido que ha sufrido un daño social.
  • 31. Los sujetos penales / la conducta sancionable Según la doctrina más socorrida, los elementos estructurales de la parte objetiva del tipo penal son: la conducta, los sujetos y el objeto. La conducta debe quedar integrada como un elemento estructural del tipo penal, lo cual quiere decir, que si la conducta del tipo de infracción es la obstaculización de las medidas de publicidad técnica, entonces la conducta típica no será la acción de quitar, esconder, destruir los carteles de publicidad, sino que dichas acciones efectivamente tengan como resultado el fin deseado: evitar que los terceros con interés tengan acceso al conocimiento de que en el lugar se está practicando el trabajo técnico.
  • 32. Los sujetos penales/objeto El sujeto activo no solo es aquel que ejecute la conducta, sino, además, aquél a quien se le pueda imputar como un hecho propio, en el sentido de que tiene el dominio sobre la persona o sobre la cosa. El sujeto pasivo podrá ser una persona física, como en los delitos de golpes y heridas, también puede ser una persona jurídica, o el propio Estado. El sujeto pasivo no siempre es la persona sobre la cual recae directamente la acción típica, sino que puede ser un tercero distinto de aquellos terceros que se ven privados de su derecho a la publicidad técnica que ha sido violentada. El objeto del delito es aquel sobre el cual recae físicamente la conducta del infractor, la que puede ser una persona o una cosa; el objeto puede ser que coincida con el sujeto pasivo si se trata de delitos contra particulares, pero puede suceder, como ocurre en los delitos patrimoniales, que mientras el sujeto pasivo es el titular del bien sustraído, el objeto material es dicho bien, es decir, que se combinan.
  • 33. Artículo 6. “Las penas en materia criminal son aflictivas e infamantes; o infamante solamente”. • Artículo 7. “Las penas aflictivas e infamantes son: 1ro. La de reclusión mayor; 2do. La detención y 3ro. La reclusión menor, también cae en lo delictual. Artículo 9. “Las penas en materia correccional son: 1o., el destierro; 2o., el confinamiento; 3o., la prisión temporal; 4o., la interdicción por determinado tiempo de ciertos derechos cívicos, civiles o de familia; 5o., la multa”. • Artículo 10. “Las penas que pronuncia la ley para los crímenes delitos y contravenciones se impondrán siempre, sin perjuicio de las restituciones y daños y perjuicios que puedan resultar en favor de los agraviados”. Artículo 11. “Son penas comunes a las materias criminales y correccionales: la sujeción del condenado a la vigilancia de la alta policía, la multa y la confiscación especial del cuerpo del delito, cuando sea propiedad del condenado, la de las cosas producidas por el delito, y, por último, la de aquellas que sirvieron para su comisión o que se destinaron a ese fin”. • Artículo 464. “Las penas en materia de policía son: el arresto, la multa y el comiso de ciertos objetos embargados”. Artículo 465. “El arresto por contravenciones de policía, es de uno a cinco días, según los casos y distinciones que más adelante se establecerán. Los días de arresto constan de veinticuatro horas”.
  • 34. Infracciones penales inmobiliarias Los artículos 113 y 114 de la Ley 108-05 contemplan las infracciones que se pueden cometer por ante la Jurisdicción Inmobiliaria, las que, según expresamente contempla la ley, son las mismas contempladas en el derecho común y conllevan las mismas sanciones, salvando los criterios de especialidad de que goza esta jurisdicción. Según la parte capital del artículo 114, en lo referente a las siguientes infracciones deben contemplarse, además de las características establecidas en el derecho común, las particularidades precisadas en relación con el carácter de especialidad de la Jurisdicción Inmobiliaria. Se enumeran de la siguiente manera:
  • 35. Delito de audiencia. De la combinación de los artículos 114, párrafo I, y 218 del Reglamento, de acuerdo con el Derecho común, se consideran delitos de audiencia: a) El interrumpir el silencio del tribunal haciendo señales de aprobación o desaprobación, sea a la defensa de las partes, sea a los discursos de los jueces o del Abogado del Estado, sea a las advertencias u órdenes del presidente, sea a las sentencias o autos; b) El causar alboroto o excitación a ello, de cualquier manera, que sea. Este delito se puede cometer en las audiencias celebradas en el salón de audiencias, como aquellas celebradas en el terreno. Por lo anterior, según el artículo 219 del reglamento de los tribunales, si después de la advertencia de los alguaciles, del personal de seguridad o de los jueces, las personas que cometan los hechos anteriormente descritos no se contuvieren, se les ordena que se retiren del salón de audiencias. Los que se resistieren serán aprehendidos por el personal de seguridad, por orden del juez o tribunal pudiendo ser detenidos en la cárcel pública hasta por veinticuatro horas.
  • 36. Delitos en audiencia El artículo 220 del Reglamento de los Tribunales establece que, sin perjuicio de las medidas derivadas de la policía de la audiencia a cargo de los jueces, el ultraje y las amenazas proferidas a jueces y personal del Tribunal, en el ejercicio de sus funciones, son investigados por el Ministerio Público, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. El mismo procedimiento sigue cualquier otra infracción a las leyes penales que sea cometida en ese contexto. De todo lo ocurrido, se levanta acta y se remite al Ministerio Público. Complementan estas disposiciones los artículos 89 al 92 del Código de Procedimiento Civil
  • 37. Perjurio El Perjurio consiste en la acción de faltar a la verdad al declarar, confesar o traducir ante un juez o ante una autoridad competente, siempre que se haga bajo juramento. • El Código Penal dominicano lo define en el artículo 361 como la afirmación de un hecho falso, bajo juramento o promesa de decir verdad; sea al declarar por ante algún tribunal, juez, funcionario u otra persona competente para recibir el juramento o la promesa; sea en algún documento suscrito por la persona que haga la declaración, en cualquier procedimiento civil o criminal, en cualquier caso, en que la ley exija o admita el juramento o la promesa. • Son cómplices de perjurio los que por amenazas, promesas, persuasión, inducción, súplica o dádivas hubieren conseguido que otra persona cometa el perjurio. • Igualmente, esta infracción incluye, además, las declaraciones falsas prestadas bajo la fe del juramento a los registradores de títulos, y a los agrimensores cuando están investidos del carácter de oficial público. • El Perjurio se comete aún en el caso de que el juramento o la promesa sean irregulares por vicios de forma y se castiga; a su cómplice se le impondrá la misma pena que al autor del perjurio. • Cuando existan causas atenuantes o eximentes no aplica la pena de perjurio.
  • 38. Obstaculización de los trabajos de Mensura Según el artículo 114.III, cualquier persona que voluntariamente se niegue a proporcionar a los agrimensores que lleven a cabo una mensura catastral: a) los informes que les deben ser dados de acuerdo con esta ley y sus reglamentos b) o que altere dichos informes c) o que en alguna forma impida u obstaculice los trabajos de mensura d) o que destruya o remueva los avisos de mensura o los hitos colocados sobre el terreno Será castigado con una multa equivalente de veinticinco por ciento (25%) a cinco (5) veces el salario mínimo del sector público, a prisión correccional de un (1) mes a dos (2) años, o ambas penas a la vez.
  • 39. Obstaculización de Medidas de Publicidad El mismo artículo 114, párrafo IV, establece que la obstaculización de medidas de publicidad se materializan cuando una persona voluntariamente destruya o impida la publicación de decisiones y/o resoluciones en las instalaciones de los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, la que será castiga con la misma pena anteriormente indicada.
  • 40. Procedimiento-Apoderamiento Según las etapas procesales de todo juicio penal, el mismo cuenta con tres etapas o fases: a) coerción; b) intermedia; c) fondo. Para el inicio del proceso, indica el reglamento que cualquiera de las partes que se considere afectada por un ilícito penal inmobiliario podrá apoderar Tribunal de Jurisdicción Original de: • a) una solicitud de medida de coerción; • b) de una solicitud de resolución de peticiones; • c) de cualquier acto conclusivo; • d) o de cualquier otro requerimiento que amerite la intervención de un juez de garantía y control del proceso, todo ello, vía la secretaría del tribunal. La secretaria, una vez recibida la instancia, lo comunicará a la presidencia del Tribunal Superior de Tierras correspondiente, a fin de que este designe un juez o jueza para conocer de la solicitud de medida de coerción y la etapa preliminar.
  • 41. Siempre que el Tribunal de Jurisdicción Original se encuentre dividido en salas, el presidente del Tribunal Superior de Tierras designará un juez de una sala diferente, pero del mismo tribunal, a fin de que conozca de la solicitud; en los demás casos será designado un juez que reúna las condiciones requeridas por la ley para desempeñar las funciones de juez de Jurisdicción Original. En los distritos judiciales donde no exista división de salas. ¿Que hacemos?
  • 42. Etapas del Proceso Medida de Coerción El juez o jueza que resulte designado para conocer de la medida de coerción y la etapa preliminar, tiene las mismas competencias que de conformidad con la normativa procesal penal posee el juez de la instrucción en las fases de investigación e intermedia del proceso. Por lo anterior, dicho juez o jueza podrá: a) confirmar o revocar los dictámenes de admisibilidad de querella o de archivo dispuestos por el Abogado del Estado; b) dictar sentencia conforme con el procedimiento abreviado, c) dictar auto de apertura a juicio o de no ha lugar, según corresponda, d) cualquier otra decisión que sea de la competencia del juez de la instrucción, apegado a la especialidad de la materia. Todo el procedimiento relativo a la imposición de las medidas de coerción, su revisión, las medidas de garantías y los recursos, se encuentran estipulados en los artículos 222 a al 245 del Código Procesal Penal dominicano. La etapa preliminar, se consagra en los artículos 298 al 304 del mismo código, los que deben ser estudiados minuciosamente y aplicados por los jueces designados para conocer las infracciones penales inmobiliarias.
  • 43. Etapa preliminar Etapa de fondo La etapa preliminar del juicio penal es aquella donde el juez o juez de la instrucción lleva a cabo el juicio sobre la legalidad y la admisibilidad de la prueba, ordenando al Abogado del Estado que ponga a disposición de las partes los elementos de prueba reunidos durante la investigación, quienes pueden examinarlos en el plazo común de cinco días. Por el mismo acto de notificación del inicio de la etapa preliminar, se hace invitación a la oferta de pruebas; también se convoca a las partes a una audiencia oral y pública, que debe realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte. Durante esta etapa, la cual se llevará con estricto rigor procesal según los artículos 298 al 304 del Código, las partes harán sus defensas sobre las imputaciones y la prueba, la cual culmina con un auto de apertura a juicio, o con un auto de no ha lugar. Según las disposiciones del artículo 224 del Reglamento de los Tribunales, si se dictare auto de apertura a juicio, el asunto es conocido por el Tribunal de Jurisdicción Original apoderado del conocimiento del litigio inmobiliario, de conformidad con la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario. El juez tiene la misma competencia que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, posee el Tribunal de juicio de la jurisdicción penal para dictar sentencias absolutorias o condenatorias, o cualquiera otra decisión de la competencia de dicho Tribunal. Los artículos 305 y siguientes del Código contemplan las formalidades del juicio penal, las que serán supletorias en esta materia penal inmobiliaria en todo lo que resulte aplicable, a las que nos remitimos.
  • 44. Rol del Abogado del Estado Artículos 11 y 12 de la ley 108-05: representante del Estado, a la vez que ejerce las funciones de ministerio público. Dicho funcionario es competente para someter ante la jurisdicción que corresponda a los autores de las infracciones castigadas por la ley para que se le impongan, si procede, las sanciones establecidas, a la vez que emite dictámenes, opiniones, mandamientos y todas las demás atribuciones que como ministerio público le correspondan También ejecuta las sentencias penales dictadas por la Jurisdicción Inmobiliaria. Según el artículo 222 del reglamento de los tribunales, las funciones de investigación y persecución se encuentran a cargo del Abogado del Estado, con la responsabilidad de impulsar el proceso. Las actuaciones que, de acuerdo con el Código Procesal Penal son de la competencia del Ministerio Público, así como aquellas que las partes deban realizar ante ese órgano, son de la competencia del Abogado del Estado o realizadas por ante este; es decir, que las competencias del fiscal en materia penal ordinaria, se extrapola al Abogado del Estado.
  • 45. Las infracciones penales cometidas por ante el Tribunal Superior de Tierras Cuando ocurriere la comisión de una infracción penal en grado de apelación, por ante el Tribunal Superior de Tierras, el asunto se remite por ante el juez presidente, con el mismo procedimiento en cuanto a la forma de apoderamiento, para la designación de un juez especial de la instrucción para las fases de coerción y preliminar. Artículo 225 del reglamento dispone que las decisiones emanadas del juez que haga las veces de juez de la instrucción, así como aquellas que provengan del juez que conoce de la etapa de juicio, son recurridas en apelación ante el, conforme con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, según el caso. • El procedimiento para la apelación en materia penal inmobiliaria necesariamente debe ceñirse a las reglas del derecho común, conforme las previsiones del artículo 410 y siguientes del Código. Según el artículo 226 del Reglamento: “cualquier otro asunto se rige por el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, en cuanto fuere compatible con la materia”.
  • 46. RESOLUCION ALTERNA DE DISPUTAS La vía alternativa de resolución de disputas por ante la Jurisdicción Inmobiliaria que se implementa por el reglamento de los tribunales número 787-22 es de mucha importancia, ya que, mediante este procedimiento se podrán solucionar una serie de conflictos que son de la competencia de los tribunales inmobiliarios, pero, sin necesariamente tener que llegar a la judicialización. El reglamento de los tribunales en sus artículos 227 al 234 establece el procedimiento de Conciliación como la Mediación.
  • 47. El Mediador es un tercero imparcial que no puede ubicarse en el lugar ni posición de los jueces, sino que es un experto en la materia de resolución alterna de disputas, quien facilita el camino para que las partes arriben a la solución que así decidan. • Es responsabilidad del Mediador, darles a las partes el enfoque legal respecto a la trayectoria del procedimiento si deciden continuar con la judicialización, un panorama de futuro, y, en contraposición, un panorama de resultados inmediatos si se decantan por la vía amigable. • En materia de Conciliación y Mediación nadie pierde, todos ganan, si todos ceden, lo cual quiere decir que cada una de las partes debe estar abiertas para la negociación de acuerdos. • El Mediador no está llamado a emitir asesoría legal, tampoco a opinar ni dar consejos; No debe tener ningún interés personal en el asunto, sino que su única misión es la de conducir la comunicación asegurándose de que se ha logrado el propósito que es la comunicación y la apertura de las partes.
  • 48. El Conciliador Inmobiliario • El conciliador debe ser experto porque en su rol está facultado para dar recomendaciones de solución a las partes, es decir, que este funcionario es más intervencionista que el Mediador. • De lo anterior, queda claro el hecho de que, en cuanto al alcance de la gestión del Conciliador Inmobiliario, este puede proponer soluciones, pero debe velar porque lo pactado entre las partes sea de posible ejecución registral y que cumpla con los principios esenciales del derecho inmobiliario, especialmente la legalidad, la legitimidad, la especialidad, la publicidad, el tracto sucesivo y la rogación, entre otros. • En materia inmobiliaria no existe Conciliación ni Mediación obligatoria, como ocurre con otras materias, como en lo laboral.
  • 49. Características • Su flexibilidad. En razón de que por esta vía no persigue un orden legal predeterminado. • Su voluntariedad, porque las personas ingresan a ellos por propia decisión y determinan cuál es la información que transmiten y cuál ocultan, a la vez que son libre de decidir si arriban o no a algún acuerdo. • La eficacia de sus acuerdos, ya que tienen mayor probabilidad de éxitos debido a la carga emocional que conllevan. • Su Equidad, ya que los acuerdos contemplan los intereses de ambas partes, convirtiéndose en un proceso de ganar-ganar. • Su confidencialidad, ya que su firma es confidencial, donde se establecen las reglas del proceso y se garantiza que nada de lo que allí se hable será transmitido fuera del ámbito del procedimiento. • Su celeridad y economía procesal. • Mejora las relaciones, ya que reducen la rivalidad por medio de la comunicación, lo cual posibilita la corrección de las respectivas percepciones particulares.
  • 50. Modalidades de la Mediación y la Conciliación Conforme distingue el artículo 230 del Reglamento, la Conciliación y la Mediación pueden llevarse a cabo sin previo apoderamiento judicial, o posterior al apoderamiento judicial en el curso del proceso ante un Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria, es decir, que puede ser extrajudicial o judicial. • La Mediación y la Conciliación intentadas de manera extrajudicial están encaminadas a resolver las controversias sin que tengan las partes que llegar al litigio judicial frente al juez, aunque en esta materia la ley no las contempla como obligatorias, sino que es puramente facultativa. • La Mediación y la Conciliación Judicial se derivan del momento procesal en que las partes así lo intentan, es decir, que, encontrándose el juez apoderado de la Litis, el juez ejerza su rol de amigable componedor intentando llegar a las partes a un acuerdo amigable, o que la propuesta salga de ellas. • En uno u otro caso se sigue el procedimiento que más adelante se indica.
  • 51. La Conciliación o Mediación Sin Previo Apoderamiento Judicial En este contexto, a fin de materializar la Conciliación o la Mediación de forma extrajudicial se debe seguir el procedimiento que se describe a continuación, conforme el artículo 231: Se apodera al Centro de Conciliación y Mediación del Poder Judicial mediante una comunicación escrita solicitando la apertura del expediente de mediación o conciliación, en cuyo caso, una vez apoderado el Centro, procederá a abrir un expediente administrativo para fines de seguimiento. • Las partes deben ser citadas, todas las que estén envueltas en el conflicto. En principio, dicha citación estará a cargo del Centro de Conciliación y Mediación, según el literal (a) del artículo 231. • Se procede a la celebración de la vista o sesión para ventilar el caso ante el amigable componedor asignado al efecto, en la fecha así fijada y previamente notificada a las partes. • Podría realizarse más de una vista, según la experiencia del amigable componedor, si estima que es útil. • Allegados al acuerdo, o no acuerdo, se redacta un acta que contenga lo decidido por las partes. Dicho documento que es el documento que contendrá y consignará los acuerdos en que las partes quedan obligadas a cumplir, así como los compromisos que de ella deriven, si procediere.
  • 52. Conciliación o Mediación posterior a un Apoderamiento Judicial Cuanto un juez o tribunal se encuentre apoderado de un proceso litigioso, y siempre que las partes estén en interés de conciliar o mediar, ya sea que la motivación venga del juez, de las partes o de un tercero, el procedimiento a seguir es el instituido en el artículo 232 del reglamento de los tribunales, en la siguiente forma. • Formulación de la solicitud de remisión del caso ante el Centro de Conciliación y Mediación del Poder Judicial, mediante simples conclusiones vertidas en estrados, es decir, que las partes presentan sus conclusiones en ese sentido, ya que el juez no puede presumir tal interés. • Emisión, por parte del juez derivador –juez apoderado de la causa-, de la derivación, la cual constituye la decisión adoptada por los tribunales para remitir a las partes ante el Centro de Conciliación y Mediación, en los casos que procede, ya que en materia de orden público inmobiliario no procede. • Gestión, a cargo de la parte más diligente, de la fecha para la vista o sesión conciliatoria ante el Centro de Conciliación y Mediación, es decir, que aquí las partes deben ser activas en el seguimiento de esta fase. • Celebración de la vista, o sesión conciliatoria, o mediación, ante el amigable componedor o mediador. • Dictado del acta de conciliación o mediación, o del acta de no acuerdo, según el caso, aquí se plasma todo lo acordado o simplemente se establece que no hubo acuerdo. • Redacción de la correspondiente planilla de resultado, que es el formulario para remitir el resultado del proceso de conciliación o mediación al Juez derivador. Esto es similar al oficio de remisión del resultado, anexo el inventario de documentos, especialmente el Acta. • Emisión de la convalidación, que es el acta que libra el juez derivador -juez apoderado-, convalidando el acuerdo al cual han llegado las partes en el proceso de conciliación o mediación. • En caso de no materializarse un avenimiento, en vez de la convalidación descrita en la actuación anterior, el juez derivador libra acta de la no existencia de acuerdo y prosigue con la sustanciación de la causa en sede judicial. • Durante un proceso se encuentre en instrucción, las partes tienen la oportunidad para promover la conciliación.
  • 53. Materias en que procede Conforme lo dispone el artículo 52 del Reglamento 2142-18, General sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en la República Dominicana, en los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria se implementará la Conciliación como método de resolución alternativa de conflictos, en los siguientes casos: • Conflictos entre condóminos o de vecindad, es decir, todo conflicto en materia de condominios. • En las Litis entre familiares, cónyuges o ex cónyuges, entiéndase: particiones y determinación de herederos. • Litis sobre servidumbres de paso. • Recursos sobre Litis diversas, de común acuerdo entre las partes, y cuando se advierta la posibilidad de acuerdo. • En los conflictos jurisdiccionales cuando las partes deciden de mutuo acuerdo acudir al centro de conciliación. • Cuando la conciliación se materialice en grado de apelación, es necesario que las partes recuerden que existe una sentencia con la autoridad de cosa juzgada, y que, por efecto del acta levantada en el Centro de Conciliación, la misma será probablemente modificada o descartada en sus efectos, de todo lo cual el juez derivador –ahora en su rol de validación-, deberá estatuir motivadamente. • Igualmente, cuando hablamos de conflictos jurisdiccionales pasibles de conciliación y de mediación, hemos de entenderlos como aquellos de orden contencioso y contradictorio, así como aquellos derivados del recurso jurisdiccional administrativo judicializado.
  • 54. Procedimiento de Ejecución del Acta de Conciliación o Mediación Siempre que las partes lograsen acuerdo, el juez o tribunal lo convalidará mediante sentencia, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados a partir de su recepción; en caso de que el acuerdo no requiera ninguna actuación técnica o registral, únicamente se ordenará la radiación de la anotación preventiva del registro complementario del inmueble, así como el envío del expediente al archivo permanente, si procediere. Cuando el juez o tribunal detecte algún error u omisión en el acta de Mediación o Conciliación, podrá ordenar su corrección de oficio, igualmente puede proponer a las partes los medios de subsanación. Procede la corrección o subsanación a solicitud de las partes, así como por solicitud de los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria, a fin de ajustar ese acuerdo a los parámetros legales de la Ley, pero siempre respetando la voluntad de las partes. En caso de que el acuerdo resulte inejecutable y dicha dificultad no pueda ser subsanada directamente ante el juez, entonces el juez o tribunal procederá a devolver el expediente al Centro Conciliación para su subsanación.
  • 55. Novedades del Procedimiento de Deslinde Resolución 790-2022 Artículo 10. El deslinde es el proceso contradictorio mediante el cual se ubican, determinan e individualizan los derechos amparados en constancias anotadas. Párrafo I. En caso de que los derechos de una persona estén sustentados en un acto de transferencia de derechos amparados en constancias anotadas, el adquiriente puede iniciar el proceso de deslinde, presentando la documentación propia del deslinde, así como el acto de transferencia original. Dicho acto debe estar acompañado de una Certificación de Estado Jurídico del inmueble.
  • 56. • Son reglas generales del deslinde: Art. 10. El Juez o Tribunal que resulte apoderado del deslinde establece la legalidad de la documentación que le sea sometida. Ningún otro órgano puede establecer tal aspecto. El titular registral puede realizar un deslinde de los derechos sustentados en una Constancia Anotada, correspondiente al predio que ocupa, pudiendo quedar un resto sin deslindar, siempre que justifique técnica y jurídicamente el motivo por el que no deslinda la totalidad.
  • 57. Etapas del Deslinde Técnica • Ubica, determina e individualiza el terreno sobre el que se consolida el derecho de propiedad. • Esta etapa finaliza con la aprobación técnica de las operaciones realizadas por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. Judicial • Se dan las garantías para que todos los titulares de constancias anotadas sobre la misma parcela y los titulares de cargas y gravámenes puedan hacer los reclamos pertinentes. • Finaliza con la sentencia de aprobación del deslinde firme. Registral •Registro de los derechos que recaen sobre la parcela y que acreditan la existencia del derecho. •Finaliza con la expedición del certificado de títulos y la habilitación del correspondiente registro complementario.
  • 58. Criterios y condiciones particulares de publicidad Artículo 12. Con la finalidad de garantizar una mayor publicidad del proceso técnico del deslinde, es necesario que este cumpla con las condiciones de publicidad siguientes: A. Comunicación, por escrito con acuse de recibo, dirigida por el agrimensor autorizado, o notificación por acto de alguacil: a los colindantes, a los titulares de derechos reales principales o accesorios, beneficiarios de anotaciones o medidas provisionales, al causante del derecho en caso de deslinde a partir de un acto de transferencia, y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. B. Indicación de la fecha, hora y lugar de inicio de los trabajos de campo con por lo menos diez (10) días calendarios de anticipación a la fecha de su inicio. C. Debe cumplir con todos los demás requisitos de publicidad allí previstos.
  • 59. C) La comunicación la hace directamente el agrimensor, o el alguacil a solicitud de este, por escrito en el lugar o en el domicilio de las personas citadas con las previsiones siguientes: • Entrega del original de la comunicación a los colindantes, titulares de derechos o parte interesada en la parcela, los cuales firman la copia como constancia de recibo; • Cuando las partes se nieguen a recibir la comunicación o a firmar el acuse de recibo, o no estuvieren presentes, o no se conocieren sus nombres o se nieguen a darlos, el agrimensor o el alguacil, hace constar dicha situación en la copia de la comunicación, indicando dónde fue dejada; • En el caso de que una de las partes tenga domicilio desconocido, se comunica siguiendo el procedimiento establecido para las notificaciones en el Derecho común, por acto de alguacil competente; • En caso de colindancia con dominio privado del Estado, la comunicación o notificación se realiza a la entidad u órgano correspondiente, cuyo representante ejerce la calidad de colindante. • En caso de colindancia con el dominio público, se debe comunicar o notificar al organismo que ejerce la función de control sobre él.
  • 60. D) Fijación de un aviso en el terreno, el cual debe colocarse antes de su realización, y que debe permanecer hasta tanto haya concluido la etapa registral del proceso, con las características que establece el reglamento. E) Publicación en un diario de circulación nacional y en uno de circulación regional o local, si lo hubiere, que debe ser realizada por lo menos diez (10) días calendarios antes del inicio de los trabajos de campo, con los requisitos reglamentarios.
  • 61. Rol de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales A) Una vez autorizados los trabajos de mensura, la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, informa al Registro de Títulos correspondiente a los fines de que se genere una anotación en la que se haga constar que el inmueble es objeto de un proceso de deslinde. B) La Dirección Regional de Mensuras Catastrales, una vez reciba la comunicación del aviso de mensuras por parte de agrimensor, le da publicidad dentro de su ámbito a través de los medios oficiales de la Jurisdicción Inmobiliaria. C) En el caso que se trate de deslindes fundamentados en actos de transferencia y del levantamiento parcelario resulte una diferencia de área entre este y la parcela resultante, el agrimensor debe comunicar o notificarla al titular registral causante del derecho, quien puede presentar sus objeciones ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. D) El incumplimiento de las formalidades de publicidad por parte del agrimensor da lugar al rechazo del trabajo técnico, mediante oficio debidamente motivado.
  • 62. De las especificaciones técnicas. Art. 13 Al ejecutar un deslinde, el agrimensor debe cumplir con las disposiciones del Reglamento General de Mensuras Catastrales, relativas a las mensuras catastrales en general, con las especificaciones siguientes: Para la ubicación de la porción a deslindar, el agrimensor se rige en primer lugar, por la ocupación material del propietario y, en segundo lugar, por los linderos indicados en la constancia anotada. En los casos de inmuebles adquiridos de cualquier organismo del Estado dominicano, la ubicación resulta de los antecedentes de la documentación suministrada por el organismo correspondiente, la que tiene que ser incorporada al expediente. Las parcelas resultantes deben estar vinculadas a la parcela originaria, debiendo graficarse esta circunstancia en el plano general. En caso de imposibilidad de la reconstrucción geométrica de la parcela originaria, ya sea por inexistencia del plano individual o por deterioro de este, se debe dejar constancia tanto en el plano general como en el informe técnico.
  • 63. Salvo causa debidamente justificada, no se deslindan porciones de terreno separadas para cubrir una misma constancia anotada. Cuando del proceso de deslinde resultan varios inmuebles NO contiguos, amparados en un mismo documento de derecho, las causas deben ser explicadas en el acta de hitos y mensura, tanto en lo referente a aspectos técnicos como de otra índole.  Salvo causa debidamente justificada, no se deslindan partes de una porción de parcela de derechos avalados en una misma constancia anotada. Cuando del proceso de deslinde resulte un resto, de derechos amparados en una misma constancia anotada, las causas deben ser explicadas en el acta de hitos y mensura, y en el informe técnico.
  • 64. En el caso de deslindes fundamentados en actos de transferencia, este debe ser sobre la totalidad de los derechos amparados en dicha constancia anotada. Para lograr coincidencia con la ocupación material, sólo se admite una variación de hasta un cinco por ciento (5%). Cuando la superficie de ocupación exceda el cinco por ciento (5%), no es permitida la presentación de área por exceso más allá de las tolerancias planimétricas definidas en el Reglamento General de Mensuras Catastrales. Cuando existan variaciones, la diferencia debe hacerse constar en la carta de conformidad.
  • 65. Cuando el inmueble no se encuentra totalmente cerrado por límites materiales, no se permiten diferencias entre la constancia anotada, o con el acto de transferencia que sustenta la operación, y la superficie de la porción a deslindar. Todos los colindantes deben ser indicados con sus respectivos nombres y apellidos en la representación gráfica del plano individual, igualmente se coloca la designación catastral de las parcelas colindantes. Es admisible realizar el deslinde de varias porciones de parcela contiguas sustentadas en varias constancias anotadas. En el mismo acto de levantamiento parcelario se pueden realizar varios deslindes simultáneamente referidos a la misma parcela. En tales casos se puede unificar la documentación.
  • 66. Las objeciones en el Deslinde. Art. 14 A partir de la solicitud de autorización hasta la remisión del trabajo al Tribunal de Jurisdicción Original competente, el Director Regional de Mensuras Catastrales recibe cualquier objeción que se presente, estando facultado para conocer los asuntos relativos solo a los aspectos técnicos. En caso de que se presenten objeciones que cuestionen el derecho de propiedad, o cualquier otro aspecto de derecho, si el trabajo técnico procede, este ser aprobado y anexadas dichas objeciones al expediente técnico. El Tribunal de Jurisdicción Original competente es quien dirimirá las objeciones cuando conozca del proceso judicial. Las objeciones por sí solas no suspenden el procedimiento técnico de medición en la etapa de Mensuras.
  • 67. • Artículo 16. El proceso del deslinde. El proceso de deslinde se conoce de manera contradictoria por el Tribunal de Jurisdicción Original competente, aplicándole las características y principios del proceso de saneamiento; en consecuencia, no es obligatorio el ministerio de abogado, salvo que el proceso se torne litigioso. • El proceso de deslinde se torna litigioso desde el momento en que la operación técnica de mensura, el derecho de propiedad o cualquier otro derecho real relativo al inmueble o inmuebles objeto de deslinde, se encuentra en discusión entre dos o más personas. • Una vez fijada la audiencia, la parte interesada debe notificar esta a los colindantes, a los titulares de derechos reales, al causante del derecho si fuere fundamentado en acto de transferencia, y demás partes interesadas, y a quienes hubieren presentado objeciones al proceso.
  • 68. • La citación a la audiencia debe hacerse respetando la octava (8va.) franca. Si en el plazo inicial de la octava franca se notifica al solicitante una constitución de abogado, debe cursarse el acto de avenir de rigor, en un plazo de dos (2) días francos de antelación para las convocatorias a audiencias posteriores a la primera, si fuere necesaria su celebración. • Dentro de los diez (10) días posteriores a la fijación de la audiencia, la parte interesada debe publicar, a su cargo, un aviso en un periódico de circulación nacional y uno de circulación regional o local, cuando existiere, informando de la primera audiencia y emplazando a todos a quienes pueda interesar. Con todas las descripciones del aviso para saneamiento.
  • 69. • Sin perjuicio de otras medidas de publicidad que pudiere ordenar la jurisdicción apoderada, la parte interesada, una vez llevada a cabo la medida de publicidad prevista en al párrafo anterior, procederá a publicar una copia certificada del aviso en un lugar visible del terreno a deslindar, en las instalaciones del Ayuntamiento y del Juzgado de Paz del municipio o de los municipios en que se encuentre dicho terreno, y en las instalaciones del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria competente, incluyendo los medios digitales oficiales de ésta, por lo menos quince (15) días antes de la fecha de la primera audiencia. • La forma de probar el cumplimiento de las medidas de publicidad contempladas en el párrafo VI del presente artículo, se realiza mediante de proceso verbal instrumentado por alguacil de la Jurisdicción Inmobiliaria competente, o por certificaciones de los secretarios o encargados de los organismos indicados, sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba. • El Juez o Tribunal puede celebrar una sola audiencia cuando:  tenga constancia del cumplimiento de todas las medidas de publicidad. siempre que no se haya presentado objeción o contestación alguna, o que éstas puedan ser resueltas en la audiencia.
  • 70. Restitución de Derechos La Restitución de Derechos es el procedimiento judicial mediante el cual se persigue restaurar el asiento registral y el derecho de propiedad cancelado por sentencia de deslinde o regularización parcelaria debido a diferencias de área entre la realidad del campo y la constancia anotada, pero que por el impedimento de expedición de constancias restos, se ordenó la cancelación total. Objeto de la restitución de derechos. Su objeto es devolverle la vida jurídica a la propiedad cancelada y colocarlos en el tráfico inmobiliario, mejorando las operaciones, negocios legales y el crédito territorial sobre los bienes inmuebles. Art. 18. los casos que se hayan desconocido derechos amparados en Constancias Anotadas que fueron objeto de deslinde o regularización parcelaria bajo la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, del 23 marzo de 2005, como resultando de una ocupación material inferior a la registrada, habiendo sido cancelados en consecuencia la totalidad de los derechos restantes, el titular puede demandar por ante los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria la restitución de sus derechos mediante una litis sobre derechos registrados o en el curso de un proceso de deslinde contradictorio. Requisitos de forma y de fondo para su procedencia La demanda puede ser intentada por: El propietario original de la constancia cancelada; Por sus continuadores jurídicos determinados. Los adquirientes afectados. Esta demanda debe ser fundamentada jurídicamente y únicamente en la preexistencia del derecho de propiedad, ninguna otra razón es admisible.
  • 71. Procedimiento Procedimiento para la demanda principal • La demanda se interpone siguiendo el procedimiento instituido para las litis sobre derechos registrados, de conformidad con los artículos 28 al 30, y 58 al 66 de la Ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario y el Reglamento de los tribunales. • También puede perseguirse la Restitución conjuntamente con un procedimiento técnico de deslinde, pero aquí se trata como una demanda accesoria que se debate conjuntamente con el deslinde, aunque igualmente se ciñe a los parámetros probatorios. • El tribunal competente para su conocimiento es aquel tribunal de jurisdicción original donde se encuentre el objeto de la demanda. • Dicha petición consiste en la elaboración de una instancia contentiva de la demanda, con estricto cumplimiento de los criterios de redacción contemplados en el artículo 42 del reglamento de los tribunales.
  • 72. • La demanda lleva anexa la prueba de lo alegado. • Dicha prueba consiste, básicamente, en el informe técnico de títulos y antecedentes que lo justifique, realizado por un profesional habilitado. • Ese informe debe ser capaz de probar que el terreno es útil materialmente, es decir, que no se trata de terrenos destinados para calles, áreas verdes, áreas pantanosas, o afectado a un área protegida, sin que ésta lista sea limitativa. • También se debe establecer que la cancelación de la constancia anotada no se debe a una diferencia admisible producto de la mensura realizada, es decir, que no se trate de una indeterminación planimétrica cuya tolerancia, según sus coordenadas locales de los vértices de propiedad, no superan: a) cinco centímetros (5cm), si se trataba de parcelas ubicadas en zonas urbanas y suburbanas, o de diez centímetros (10cm) en las zonas rurales, según el reglamento del año 2007, o una diferencia en defecto admisible por el reglamento de deslinde.
  • 73. La prueba • El demandante en Restitución de Derechos puede hacer oferta libre de la prueba, su único límite es la utilidad de la prueba, pero es esencial el informe técnico de títulos y antecedentes que lo justifique, realizado por un profesional habilitado. • Durante la instrucción del proceso, el juez podrá ordenar oficiosamente todas las medidas de instrucción que estime útiles para la sustentación del proceso, es decir, que se asocia a los procedimientos de orden público inmobiliario, donde los jueces tienen un rol activo. • El proceso se sigue en las etapas procesales de las litis, pero nada impide que el juez lo decida incluso en una única audiencia, ya que, según se advierte, en principio no hay contraparte en el proceso, sino, más bien, se asocia a un proceso contra el propio Estado, por lo cual estimamos que es oportuno citar al Abogado del Estado, aunque el reglamento no lo indica. • Igualmente, se citará a todo aquel que, según criterio del juez, deba ser citado.
  • 74. La sentencia • La sentencia a intervenir debe contener todos los requisitos de forma y de fondo establecidos en el reglamento de los tribunales, pero, muy especialmente, debe razonar en cuanto a los medios de pruebas y su incidencia para determinar la procedencia o no de la demanda. • La sentencia se limitará, en resumidas, a acoger la Restitución de derechos o rechazarla; si la acoge, ordenará restaurar la constancia anotada que ya había sido cancelada, únicamente en cuanto al área útil probada. • Siempre que sea ordenada la Restitución de los Derechos, la sentencia ordenará que se haga constar dicha situación en el Registro Complementario del inmueble. • Los derechos restituidos mediante este procedimiento no podrán ser individualizados, determinados o ubicados sino por la vía del procedimiento de deslinde contradictorio, donde los colindantes y terceros con interés podrán intervenir y opinar.
  • 75. Etapa Registral • Al igual que las litis sobre derechos registrados, el deslinde o cualquier otro procedimiento contradictorio, esta sentencia debe cumplir con las medidas de publicidad de rigor, incluida la notificación a terceros con interés, a fin de poner a correr el plazo de apelación. • Notificada la sentencia, cuya prueba se deduce del depósito de acto de alguacil y la constancia de no apelación (o no casación), la sentencia se convierte en ejecutable, por lo cual, la secretaría procederá a notificarla al Registro de Títulos, que la calificará en cuanto a la forma y la inscribirá para darle cumplimiento.