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Jubileo
Febrero
ABRIL
2013
Bolivia
25
Págs. 8-9
El 2012 se registró el mayor
desembolso de deuda
La emisión de bonos soberanos
explican el incremento récord.
Págs. 10-11
El nuevo control social
debía aplicarse desde mayo
La Ley Nº 341 dio plazo de 90
días para la implementación.
Págs. 12-14
La Paz está rezagada y
debe generar una estrategia
El Pacto Fiscal será una
oportunidad para el desarrollo.
Sólo dos megacampos de gas generan la mayor cantidad
de ingresos que SOLVENTAN AL PAÍS
Transferencias público-privadas podrían dinamizar la economía
Páginas 6-7
ENtidades del estado tienen
más de $us 3.800 millones de
presupuestos no ejecutados
Páginas 2-3
L
os saldos sin ejecutar en
cuentas fiscales del Sector
Público se han duplicado
en menos de tres años. A
febrero de 2013 se guardaban en
bancos 26.736 millones de bolivianos,
equivalentes a más de 3.800 millones
de dólares, de acuerdo con datos del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Las entidades públicas que no ejecutaron
suspresupuestossonlosmunicipios(35%),
los gobiernos departamentales (21%), las
instituciones de Seguridad Social (17%) y
las universidades públicas (9%).
Los 3.800 millones de dólares estanca-
dos en cuentas fiscales son equivalentes
a más de un año y medio de recaudación
de la renta hidrocarburífera del país.
En gestiones anteriores, Bolivia figuraba
entre los países más pobres y el Estado
arrastraba cifras rojas en su economía.
Como efecto de la subida de precios
del gas y el petróleo en el contexto in-
ternacional, y debido a la creación del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos,
el país comenzó a recibir más recursos
desde el año 2005.
En menos de tres años se duplican saldos
sin ejecutar y llegan a $us 3.800 MILLONES
Las instituciones que más dinero reciben
por IDH y regalías hidrocarburíferas son
los municipios y los gobiernos departa-
mentales, estos gobiernos subnacionales
guardan la mayor cantidad de recursos.
La falta de ejecución está relacionada a
diferentes factores como las insuficientes
capacidades técnicas, los pesados sistemas
y procedimientos de gestión, la falta de
planificación, las inconsistencias en la
distribución de recursos públicos y otros.
Por otro lado, a pesar de los anuncios
de que el país avanzaría hacia un
cambio de matriz productiva, menos de
10% del total de la inversión pública es
orientada a sectores productivos como
agropecuario, industria y turismo,
que son los sectores alternativos a
hidrocarburos y minerales, y los que
generarían fuentes de trabajo.
El último dato ejecutado de inversión
para esos sectores productivos
alternativos es de 8,7% para la gestión
2012, insuficiente para transformar la
economía.
Estas dos situaciones revelan las
limitaciones que tiene el Sector
Público para ejecutar su presupuesto
y especialmente para impulsar la
diversificación económica a través de
la inversión productiva. Éste es uno
de los desafíos más importantes para
Diciembre 2004 2.307
Septiembre 2005 3.982
Noviembre 2006 7.751
Diciembre 2007 9.190
Octubre 2008 11.618
Diciembre 2009 10.621
Diciembre 2010 13.827
Diciembre 2011 19.800
Diciembre 2012 24.993
Marzo 2013 26.736
Saldos en bancos de entidades del Sector Público
Al 31 de marzo de 2013
En millones de bolivianos
Nivel de Gobierno/Entidad
Órgano Ejecutivo 851
Órgano Legislativo 1
Órgano Judicial 546
Órgano Electoral 17
Instituciones de Control y Defensa del Estado 10
Instituciones Públicas Descentralizadas 820
Universidades Públicas 2.286
Instituciones de Seguridad Social 4.393
Empresas Nacionales 1.136
Empresas Regionales 106
Empresas Municipales 126
Gobiernos Autónomos Departamentales 5.733
Gobiernos Autónomos Municipales 9.328
Instituciones Financieras no Bancarias 1.383
Total General 26.736
Gobiernos Autónomos
Municipales
35%
Instituciones de
Seguridad Social
16%
Universidades Públicas
9%
Instituciones Financieras
no Bancarias
5%
Instituciones de Control y
Defensa del Estado
0,04%
Instituciones Públicas
Descentralizadas
3%
Órgano Ejecutivo
3%
Órgano Legislativo
0,003%
Órgano Judicial
2%
Órgano Electoral
0,1%Empresas Municipales
1% Empresas Regionales
0,4%
Empresas Nacionales
4%
Gobiernos Autónomos
Departamentales
22%
Saldos en bancos de entidades del Sector Público
A marzo 2013 (En porcentaje)
Saldos en bancos de entidades del Sector Público por gestión
En millones de bolivianos
2 Revista Jubileo
el sector público para aprovechar el
momento actual que ofrece el escenario
internacional con precios altos por
los recursos naturales no renovables
extraídos en el país.
Pero si el Sector Público no logra
cumplir con tan importante misión,
queda el otro actor de la economía
que es el sector privado, por lo que las
transferencias público–privadas surgen
como una opción viable, tal como
prevé la normativa actual.
Transferencias
público–privadas
Al advertirse que el Estado no está
logrando diversificar e impulsar la
economía a través de la inversión
productiva y que los diferentes
niveles de gobierno, principalmente
subnacionales, siguen acumulando
saldos de presupuestos sin ejecutar,
surge la alternativa de las transferencias
público–privadas, como un mecanismo
alternativo que contribuya a una mayor
ejecución y que se orienten recursos
públicos hacia fines productivos.
La determinación de autorizar las trans-
ferencias público–privadas permitiría
reconocer las limitaciones que tiene el
sector público y la necesidad de incor-
porar al sector privado en la dinámica
en la que se dispone de un mayor flujo
de recursos que el país recibe y el ob-
jetivo de que a partir de éstos se cons-
truya una economía más diversificada,
sostenible y que genere empleo.
Una determinación así no implica un
retorno al modelo anterior, cuando el
sector privado era el principal actor
de la economía y controlaba las
empresas estratégicas, dejando muy
poco beneficio para el Estado. Esta
vez se tratan de recursos del Estado
complementados con la acción y las
iniciativas privadas para fomentar
la productividad. Un acuerdo entre
Estado, empresarios y trabajadores
podría dinamizar la economía.
Normativa
El artículo 110 de la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización
establece las transferencias público–
privadas por parte de los gobiernos
subnacionales para que éstos puedan
estimular la actividad productiva.
Adicionalmente, la ley del Presupuesto
General 2012 y la ley de modificacio-
nes al presupuesto 2012 establecen las
transferencias público–privadas para
entidades del Órgano Ejecutivo del Ni-
vel Central y para el Fondo Indígena,
instancia beneficiaria de recursos del
IDH. Esta ley fue reglamentada me-
diante Decreto que incluso determina
específicamente las entidades del ni-
vel central autorizadas para realizar
las transferencias público–privadas.
Sin embargo, la Ley Nº 317 del
Presupuesto General del Estado 2013
incorpora algunas complementaciones
o cambios a las transferencias
público–privadas de las entidades
territoriales autónomas en sentido
de que éstas pueden realizar esas
transferencias, pero a instituciones
privadas nacionales sin fines de lucro.
Esta ley es reglamentada mediante De-
creto Supremo Nº 1460, instrumento
que determina que el Viceministerio
de Inversión Pública deberá habilitar
la solicitud de entidad beneficiaria de
las transferencias público–privadas de
capital.
Sobre esta última determinación queda
el cuestionamiento con relación a la
autonomía que tienen los gobiernos
subnacionales sobre la administración
y el uso de sus recursos; además que,
en cierta manera, esta norma cambia el
espíritu de los establecido inicialmente
por la Ley Marco de Autonomías
en sentido de que no se restringía
las transferencias a instituciones
sin fines de lucro y que eran los
propios gobiernos subnacionales
los que debían reglamentar estas
transferencias.
Perspectivas
Queda el desafío que los gobiernos
subnacionales implementen y regla-
menten este mecanismo para que con
el concurso del sector privado se con-
tribuya a la construcción de una eco-
nomía más diversificada, sostenible
y que genere empleo. Y que estas de-
terminaciones sean realizadas por los
gobiernos subnacionales, conforme a
su carácter autónomo, que implica una
autonomía en la administración y uso
de sus recursos.
Finalmente, para una mayor
participación del sector privado en la
economía y para impulsar el desarrollo
quedan otras tareas pendientes,
relacionadas al marco normativo, como
una Ley de Inversiones concertada,
el tema de la propiedad privada, la
tenencia de la tierra y otros.
Mientras no se tengan emprendimientos
productivos por vía de la inversión, ya
sea pública o privada, prevalecerá el
desempleo, subempleo e informalidad.
Nuestra preocupación institucional
está enfocada a favorecer a sectores
más postergados con oportunidades
de empleo e ingresos, siendo la misión
luchar contra la pobreza y lograr el
desarrollo humano integral y sostenible
en el tiempo.
Artículo 110 de la
Ley Marco de Autonomías:
Las entidades territoriales
Autónomas podrán...:
Transferir recursos públicos,
en efectivo o en especie, a
organizaciones económico
productivas y organizaciones
territoriales, con el objeto de
estimular la actividad productiva
y generación de proyectos de
desarrollo, seguridad alimentaria,
reconversión productiva y salud,
en el marco del Plan General de
Desarrollo; el uso y destino de estos
recursos será autorizado mediante
norma del Órgano Legislativo de los
gobiernos autónomos...
3Revista Jubileo
L
a explotación de hidrocarbu-
ros genera importantes ingre-
sos para países y empresas en
el mundo. Algunos de esos
países, aunque pocos, destinan esos
recursos a inversiones que multipli-
can sus ingresos y que luego generan
más beneficios y bienestar para su po-
blación. Otros, en cambio, destinan
principalmente al gasto, sin garantizar
su sostenibilidad ni su diversificación
económica; por el contrario, corren el
riesgo de frenar su desarrollo.
Un país ejemplo de aprovechamiento
de la bonanza es Noruega, el cual desti-
na sus recursos provenientes de la renta
petrolera a la adquisición de activos fi-
nancieros, específicamente acciones de
empresas y bonos que garanticen impor-
tantes niveles de rentabilidad, así acumu-
la importantes recursos que se convierten
nuevamente en inversiones.
En el otro extremo se encuentra Nige-
ria, país que ha priorizado el gasto in-
necesario y que, adicionalmente, pre-
senta altos indicadores de corrupción.
El que un país cuente con bastantes re-
cursos no renovables, como hidrocar-
buros y otros, no garantiza el desarrollo
económico y social, siendo necesarias
políticas y estrategias orientadas a diver-
sificar el aparato productivo.
Por esta razón, el análisis de las políti-
cas y estrategias que se implementan
en Bolivia respecto a su riqueza gasífera
adquiere prioridad, más aún cuando la
renta obtenida por su comercialización
representa alrededor de 50% de las ex-
portaciones del país.
Nigeria
Este país es el mayor productor de crudo
de África, con una producción que
alcanza a 25% de todo el petróleo crudo
de ese continente y 3% del total mundial.
Los sectores de gas y petróleo han sido
los más importantes dentro de su eco-
nomía desde el auge de los precios del
petróleo en los años 70. En 1977 creó su
propia empresa estatal Nigerian Natio-
nal Petroleum Company (NNPC). El país
cuenta con grandes reservas petrolíferas.
En términos de su economía interna, la
producción de crudo representa cerca
de 21,5% del PIB nacional, un 90% de
las exportaciones y cerca de 80% de
los ingresos fiscales del Estado.
La mayor parte de la producción de
hidrocarburos en Nigeria proviene de
acuerdos de riesgo compartido (joint
venture), en las que la empresa nacional
de petróleo tiene una participación
mayoritaria y empresas como Shell,
Chevron, Mobil, Agip, Elf y Texaco
son accionistas minoritarias, las cuales
operan esos campos. En años recientes,
el Gobierno ha tenido problemas para
cumplir con su aporte de capital para
esos acuerdos de riesgo compartido.
El gobierno federal de Nigeria administra
los ingresos por la producción y
comercialización de petróleo crudo.
Desde el 2004, el presupuesto federal
considera como referencia un precio de
59 dólares por barril de petróleo y los
ingresos recibidos por encima de ese
precio son depositados en una cuenta
del Banco Central. El resto se asigna a los
tres niveles de gobierno: federal, estatal
y local, con 13% adicional destinado a
los estados productores de petróleo.
Sin embargo, a pesar que el primer des-
cubrimiento de petróleo en Nigeria data
del año 1956, ese país no ha podido ca-
nalizar los ingresos obtenidos del petró-
leo para desarrollar su economía debido
a una mala política de gasto y una ges-
tión inadecuada, caracterizada, además,
por constantes cambios de gobierno en
medio de escándalos de corrupción y
profundos conflictos sociales, incluso
varias guerras civiles por mayor control
del petróleo y participación política en-
tre las regiones y tribus del Norte y del
Este. Asimismo, una parte importante de
los ingresos del sector ha sido desper-
diciada en diferentes gastos corrientes.
De acuerdo con el informe “African
Economic Outlook”, las inmensas re-
servas de petróleo de Nigeria y su dina-
mismo empresarial no han repercutido
en el progreso social ni en el desarrollo
sostenible. Los indicadores del desarro-
llo humano muestran que el país toda-
vía no ha alcanzado los Objetos de De-
sarrollo del Milenio (ODM). El Informe
sobre Desarrollo Humano de Naciones
Unidas colocó a Nigeria en el puesto
154 de 179 países, por detrás de la me-
dia del continente africano.
Noruega
Noruega es un estado monárquico de
Europa. Es el tercer exportador de petró-
leo del mundo después de Rusia y Arabia
Saudita, y su industria petrolera represen-
ta una cuarta parte de su PIB nacional.
Noruega descubrió su potencial hidro-
carburífero en los años 60, cuando tenía
una economía basada principalmente
en la industria pesquera y muy poco
dependiente de las importaciones de
petróleo debido a importantes avances
en el desarrollo de la hidroelectricidad.
Cuando el país nórdico comenzó la eta-
pa de producción petrolera, en 1971,
decidió desarrollar, primero, una serie
de normativas que garanticen el mayor
beneficio para toda su población y una
Algunos países NO invierten su renta
hidrocarburífera en desarrollo
4 Revista Jubileo
importante participación estatal en esta
actividad. Durante la década de los 80,
el Gobierno tuvo que fortalecer con
significativas inversiones a Statoil, a fin
de garantizar una importante participa-
ción estatal en el rubro petrolero.
En 1990 creó un Fondo Petrolero
también denominado Fondo de
Pensiones, para administrar los
ingresos por hidrocarburos. Este Fondo
comprende todos los ingresos derivados
del petróleo, así como los beneficios de
las inversiones, menos una porción que
se destina al presupuesto del gobierno,
que alcanza solamente a 4% de los
retornos de dicho Fondo.
Uno de los aspectos más interesantes
del caso noruego es que los recursos
de este Fondo se invierten en activos
financieros, que son acciones en
empresas y bonos (incluyendo deuda
soberana) en todo el mundo. Es decir
que no consumen su renta sino la
invierten en el exterior y, además,
estas inversiones, a su vez, les generan
mayores rendimientos; constituyéndose
en un círculo virtuoso generador
creciente de ingresos para su país.
A la fecha, el Fondo de Pensiones
Noruego acumuló más de 710 mil
millones de dólares americanos como
resultado de la aplicación de un
impuesto de 78% sobre las utilidades
de las empresas petroleras que operan
en ese país.
Bolivia
Bolivia, especialmente desde la
gestión 2005 con la creación del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) y el incremento de los precios
internacionales, ha estado recibiendo
cuantiosos recursos por concepto de la
renta hidrocarburífera.
El IDH y las regalías constituyen casi
una tercera parte de los ingresos
fiscales. Asimismo, cerca de la mitad
de las exportaciones corresponden al
sector hidrocarburos.
Recursos para varios usos
Por un lado, dos terceras partes del
IDH son destinadas a gastos corrientes,
mientras que solamente un tercio está
orientado a inversión. Estos recursos
están siendo dispersados en diferentes
finalidades y sólo una pequeña parte
(4%) se destinada a lo productivo,
como los sectores agropecuario y
desarrollo económico.
Por otro lado, en el caso de 18% del
valor de la producción, correspondiente
a las regalías, una tercera parte de éstas
es asignada al nivel central (TGN),
que básicamente financia gastos
corrientes. Dos terceras partes reciben
las gobernaciones, las cuales pueden
destinar hasta 25% a gastos corrientes, y
el resto a la inversión en sectores como
caminos, agropecuario, electrificación
y otros. Por lo tanto, aproximadamente,
50% de las regalías son destinadas a
inversión y otro 50% a gastos corrientes.
En razón a que la renta por hidrocarbu-
ros proviene de fuentes no renovables,
asignar a gastos corrientes puede oca-
sionar problemas de insostenibilidad a
futuro, además que implica una pérdi-
da de patrimonio si se destina a gastos
de consumo del gobierno.
Por otro lado, al analizar el
planteamiento del cambio de matriz
productiva, tampoco se advierte que
el Estado esté asignando recursos a los
sectores productivos alternativos al de
hidrocarburos y minerales, como son
los sectores agropecuario, industria
y turismo. En 2011 solamente 7%
de la inversión pública (de todo el
sector público y con todas las fuentes
de financiamiento) fue destinada a
estos sectores, por lo que el Estado no
estaría impulsando la diversificación
económica por esta vía.
En síntesis, no se percibe que la
renta por hidrocarburos esté siendo
utilizada de manera estratégica hacia
un proyecto de desarrollo y el logro de
cambios estructurales, como ser una
economía productiva, sostenible y que
genere ingresos y empleo.
El análisis comparativo es imprescin-
dible. ¿Estamos más cerca de un buen
ejemplo como el caso de Noruega, que
aprovecha la renta para multiplicar sus
recursos, o más cerca de Nigeria, país
africano que no ha aprovechado sus
grandes recursos para mejorar y proyec-
tar su economía más allá del corto pla-
zo, con un enfoque de sostenibilidad?
Es también cierto que las realidades
son distintas puesto que, a diferencia
de Bolivia, cuando Noruega descubrió
su potencial hidrocarburífero, en
la década de los años 60, ya había
alcanzado importantes niveles de
desarrollo socioeconómico; empero,
es importante observar y comparar las
experiencias para tener una idea de los
resultados que el país podría alcanzar.
Por un lado, se está asignando una
parte muy importante de los recursos
de la renta hacia gastos corrientes que
implica una pérdida de patrimonio,
y no se percibe que el Estado esté
orientando los excedentes económicos
hacia una economía productiva,
diversificada y más sostenible.
Por otro lado, algunas señales indican
que el país estaría yendo en camino
opuesto al ejemplo de Noruega, ya que
a diferencia de ese país –que invierte
en activos financieros en el extranjero
que además le generan rendimientos-,
Bolivia, a pesar de contar también
con grandes ingresos provenientes de
la renta hidrocarburífera, actualmente
acomoda activos financieros a través de
bonos soberanos, comprometiéndose
a pagar intereses a los acreedores e
incrementando la deuda externa.
Como perspectiva, queda el escenario
del pacto fiscal en el cual, entre otros
temas, se pueda discutir nuevamente
sobreeldestinodelosrecursospúblicos,
como la renta extractiva, conforme a
un proyecto de país y orientado a un
desarrollo más sostenible.
5Revista Jubileo
DOS MEGACAMPOS DE gas SOSTIENEN el
mayor aporte a la RENTA PETROLERA
Luego de cinco años sin registrar mayor variación en la producción de hidrocarburos en Bolivia, el año 2012, YPFB anunció per-
manentes incrementos a partir de abril, siendo en el mes de noviembre que se alcanzó el valor histórico de 59 MMmcd (millones
de metros cúbicos por día) de gas natural. Este aspecto, entre otros, motivó a Fundación Jubileo a realizar tres nuevas publicacio-
nes sobre la situación actual de los hidrocarburos, la renta petrolera y la volatilidad de precios.
Situación de los
hidrocarburos
Los importantes incrementos de
producción alcanzados el año
2012, si bien se constituyen en una
buena noticia, sumado al beneficioso
contexto de precios internacionales,
representa mayores ingresos por con-
cepto de regalías, IDH e impuestos;
pero resulta preocupante que se deba
principalmente al aporte de sólo dos
campos: Sábalo y Margarita, pues se
estaría acelerando la explotación de
la reserva ya existente en esos cam-
pos, ya que no ha existido ningún
nuevo resultado de exploración que
le permita al país contar con nuevas
reservas hidrocarburíferas.
Una pregunta constante es por qué
no se está realizando exploración de
nuevas reservas hidrocarburíferas, de
modo que permitan incrementar las
ya existentes o al menos reponer las
que se vienen consumiendo median-
te la explotación de gas natural y pe-
tróleo. Si bien YPFB cuenta con nue-
vas áreas reservadas para exploración
y explotación de hidrocarburos, tanto
en zonas tradicionales como no tra-
dicionales, no existe interés de em-
presas petroleras por asociarse con la
empresa estatal boliviana para reali-
zar actividades de exploración y ex-
plotación, muy a pesar del potencial
hidrocarburífero de Bolivia.
Uno de los principales aspectos es la
falta de una nueva ley de hidrocarbu-
ros, que por una parte refleje los li-
neamientos asignados al sector por la
Constitución, pero también que otor-
gue un marco jurídico más estable y
seguro a las empresas interesadas en
invertir, pues el sector, desde el año
2009, está siendo normado mayor-
mente a través de decretos supremos
que no dan seguridad jurídica porque
pueden ser cambiados de acuerdo a
estrategias políticas del gobierno de
turno.
Por otro lado, en el marco de
la política de reactivación de la
exploración hidrocarburífera a cargo
del Gobierno, resulta importante para
la sociedad conocer el contenido
de los Contratos de Servicio para
la exploración y explotación de
hidrocarburos en áreas reservadas a
favor de YPFB, de acuerdo con una
política de transparencia que debiera
asumir la estatal petrolera, al tratarse
de un sector estratégico.
Asimismo, si bien hay avances
en temas de transparencia, existe
información que aún no es pública;
un claro ejemplo es el contenido
de los Programas de Trabajo y
Presupuesto para cada contrato
de operación, instrumento que
permitiría a la población conocer
las principales actividades que se
realizan dentro de los planes de
exploración y explotación, así como
las inversiones asociadas a cada una
de ellas.
Aproximadamente, 85% de los in-
gresos por la venta de hidrocarburos
proviene del gas natural exportado
a Brasil y Argentina. En el caso del
primero, el contrato de compra–ven-
ta de gas finaliza el 2019, por lo
que Bolivia debe diseñar estrategias
para una eventual renegociación, así
como para prever los cambios que
puedan derivarse.
Otro aspecto que continúa llamando
la atención es el destino y uso
de los ingresos que obtiene YPFB
por la participación adicional
en las ganancias de los contratos
de operación, este dato debe ser
transparentado y reglamentado. De
fuentes extraoficiales se conoce que
cerca de 97% de la participación que
obtiene YPFB en las utilidades de los
contratos de operación provendría
solamente de dos campos.
Por otro lado, considerando los
incrementos de producción y el
registro de precios históricos de
exportación de gas natural, resulta
cada vez más imperiosa la necesidad
de contar con políticas estatales
destinadas a transferir recursos
obtenidos por la explotación de
hidrocarburos a otros sectores de
la economía, generadores de valor
agregado y empleo.
6 Revista Jubileo
Renta hidrocarburífera
Al ser Bolivia un país productor de
hidrocarburos resulta imprescin-
dible hacer seguimiento a la renta que
percibe el Estado por regalías e Impues-
to Directo a los Hidrocarburos; pero
este monitoreo se limita al monto que
perciben las regiones por regalías e IDH
que beneficia a los departamentos pro-
ductores, no productores, pueblos indí-
genas, universidades públicas y hasta
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Sin embargo, la renta petrolera es defi-
nida como la diferencia entre el valor
de los hidrocarburos extraídos del sub-
suelo a precios de venta en el merca-
do internacional, menos los costos de
extracción o, dicho de otra manera, es
la diferencia de los ingresos menos los
costos, de modo que la renta petrolera
es lo que queda para repartir entre el Es-
tado y las empresas privadas o públicas
que participan de la actividad petrolera.
Desde esta perspectiva, la renta petro-
lera es dividida en la renta estatal y
la renta privada, por lo que la pobla-
ción no solamente debiera monitorear
el valor de las regalías e IDH, sino
también el uso y destino del pago de
patentes que realizan las empresas pe-
troleras, la participación en las ganan-
cias por los contratos petroleros, tan-
to de la empresa estatal YPFB como
de las empresas privadas, así como
los impuestos que pagan tanto YPFB
como las empresas que conforman el
Titular de los contratos.
En este sentido, la renta petrolera del
país viene determinada por los ingre-
sos que se captan por la explotación
de hidrocarburos, así como por los
costos en que se incurre para su ex-
plotación y comercialización.
La renta petrolera generada por las
actividades de exploración y explota-
ción, compuesta tanto por la porción
que se lleva la empresa privada como
la que se lleva el Estado, alcanza a
80% de los ingresos obtenidos por la
venta de hidrocarburos, en tanto que
la participación del Estado en los in-
gresos obtenidos por la exploración
y explotación de hidrocarburos se
encuentra próxima a 71%, explica-
do principalmente por la aplicación
del IDH, creado el 2005 mediante
la Ley de Hidrocarburos N° 3058.
A partir del análisis efectuado en el
documento sobre renta petrolera,
Fundación Jubileo encuentra preocu-
pante el grado de dependencia que
tienen las finanzas públicas de los
ingresos captados del sector hidro-
carburos, ya que se trata de ingresos
obtenidos por la explotación de un
recurso natural que es no renovable,
por tanto finito, y que además es co-
mercializado a precios que depen-
den de la cotización internacional
del barril de petróleo, en especial el
gas natural exportado, que se carac-
teriza por su elevada volatilidad.
Al tratarse de recursos que son suscep-
tibles a la volatilidad de los precios
internacionales o a cambios bruscos
de demanda (en el caso de las exporta-
ciones) por el contexto de la economía
internacional, no se constituyen en una
fuente segura de financiamiento de
gastos corrientes y bonificaciones.
Finalmente, si bien en los últimos
7 años el país ha percibido un flujo
histórico de ingresos por concepto de
renta hidrocarburífera, no se han dise-
ñado las políticas públicas adecuadas
para transferir estos ingresos a otros
sectores de la economía y fomentar
así el desarrollo productivo y la diver-
sificación económica.
Volatilidad de ingresos
El nivel de ingresos por la producción
de hidrocarburos que percibe el Es-
tado boliviano depende, principalmen-
te, de dos variables: del nivel de pro-
ducción y de los precios utilizados para
la valoración de esa producción.
En el caso del gas natural exportado,
el precio de venta es actualizado tri-
mestralmente y los precios se encuen-
tran indexados a fuels internacionales
que guardan una estrecha correlación
con las cotizaciones del precio del
petróleo WTI (West Texas Interme-
diate) y, por lo tanto, la porción de la
producción de gas que se destina al
mercado externo es valorada consi-
derando cotizaciones internacionales
de petróleo, hecho que repercute en
mejores niveles de ingresos debido a
la coyuntura actual de precios altos.
Si bien durante los últimos años se han
observado incrementos constantes en
la recaudación de renta petrolera, los
mismosrespondenprincipalmenteauna
coyuntura de precios altos del petróleo
y no tanto a incrementos significativos
en la producción de hidrocarburos, a
excepción del año 2012.
El producto que genera los mejores
niveles de ingresos es el gas natural.
En caso de que esta coyuntura de
precios altos se revierta, una variación
negativa del precio WTI puede generar
serias disminuciones en los niveles
de ingresos percibidos por el Estado
y, en consecuencia, posibles déficits
presupuestarios para el Gobierno
Central y gobiernos subnacionales,
considerando la dependencia que
tiene el funcionamiento del aparato
estatal de estos ingresos.
7Revista Jubileo
desembolsos por deuda externa
llegaron a cifra récord el 2012
L
os desembolsos de deuda
externa alcanzaron una cifra
histórica de 1.135 millones de
dólares durante el año 2012.
Además de los flujos que anualmente
se programan para cada crédito, el
mayor nivel de desembolsos registrado
el año pasado se debe principalmente
a los bonos soberanos, siendo la cifra
más alta registrada en las últimas
décadas.
Una característica de la fuente de
financiamiento a través de la venta
de bonos soberanos es que se obtiene
la totalidad de los recursos de una
sola vez. Por lo tanto, para un uso
eficiente, eficaz y económico de estos
fondos se esperaría que los proyectos
o programas a financiarse ya hubieran
estado previstos, incluso antes de la
emisión, y que estén actualmente en
ejecución, ya que la venta de los bonos
fue realizada hace más de seis meses
(octubre de 2012) y, en consecuencia,
se espera que los 500 millones de
dólares no estén acumulándose en
los saldos de cuentas bancarias del
sector público, más aún por el pago de
intereses que debe cubrir el país.
Costo de la deuda por bonos
Toda deuda tiene un costo a partir del
pago de intereses. En el caso de los
bonos emitidos el 2012, la tasa anual
que pagará el país es de 4,875%, más
cara que otros créditos contratados el
mismo año, por ejemplo a 3,13% de la
CAF y a 2% de Venezuela.
Tasas de interés promedio
ponderadas de créditos contratados
de deuda externa - 2012
ACREEDOR
TASA DE INTERÉS
PROMEDIO
PONDERADO
MULTILATERAL 1,93%
CAF 3,13%
BID 0,83%
BILATERAL 2,00%
VENEZUELA 2,00%
PRIVADOS 4,87%
TOTAL 3,36%
Fuente: Banco Central de Bolivia
A partir de las condonaciones de
la deuda, sumado a que los nuevos
créditos tienen condiciones más
caras, los niveles de concesionalidad
(créditos blandos) han cambiado
sustancialmente. El año 2002, el 34%
de la deuda externa no era concesional;
pero el año 2012, sólo el 34% fue
concesional y, en consecuencia, el
66% fue más cara. Este porcentaje
creció más el último año a raíz de las
condiciones de los bonos soberanos.
¿Quién ejecuta y paga?
Hasta la gestión 2011, la deuda externa
era principalmente ejecutada (en 36%)
por la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC) –antes Servicio Nacional
de Caminos-, sin embargo, a partir del
2012 el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEFP) figura como el principal ejecutor de
la deuda externa (44%), porque los bonos
soberanos figuran en su presupuesto. Entre
otros ejecutores importantes se encuentran
el Ministerio de Medio Ambiente y
Aguas, algunos gobiernos municipales y
departamentales, además deYPFB.
El pago de la deuda externa (capital e
intereses) está principalmente a cargo del
Tesoro General de la Nación (TGN), como
una más de las obligaciones de gasto que
tiene esta instancia y que, en suma, está
a cargo de pagar el 86% de la deuda
externa, con lo cual se observa la carga que
representa esta deuda para el TGN que,
además, ha registrado déficit o ha estado
cerca de él en los últimos años y, por ende,
Desembolsos de deuda 1970-2012
(En millones de dólares)
1200
1000
800
600
400
200
0
1973
1979
1985
1991
1997
2003
2009
2012
1970
1976
1982
1988
1994
2000
2006
Multilateral Bilateral Privado
Fuente: Banco Central de Bolivia
Fuente: Banco Central de Bolivia
Porcentaje de concesionalidad
deuda externa
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
No Concesional Concesional
2002
34%
66%
2012
66%
34%
8 Revista Jubileo
tiene mayor necesidad de recursos, en cuyo
caso la emisión de bonos representaría una
importante fuente de recursos frescos.
Sectores que se financian
con deuda
El sector económico que por décadas
se ha beneficiado más con la deuda
pública externa es transportes, referido
a la construcción de infraestructura
caminera, con 36% del total adeudado
el 2012, seguido por el sector de apoyo
multisectorial, con 17%, y luego por el
sector denominado apoyo presupuestario,
con 12% (los bonos soberanos).
Bonos soberanos también
para transportes
Fundación Jubileo solicitó al
Viceministerio de Tesoro y Crédito
Público información sobre el destino
de los bonos soberanos; sin embargo,
la respuesta escrita indica solamente
que es un apoyo presupuestario.
Según declaraciones del Viceministro
de Tesoro y Crédito Público, Edwin
Rojas, publicadas en medios de prensa,
el 100% de los recursos provenientes
de los bonos soberanos fue destinado a
la construcción de:
Infraestructura caminera
Monto
estimado en
millones de
dólares
Carretera Trinidad-San
Ignacio de Moxos
77,9
Carretera Turco-Copasa 42,7
Doble vía Río Seco-
Huarina
nd
Doble vía Huarina-Tiquina nd
Doble vía Huarina-
Achacachi
nd
Puente Beni II (*) 23,2
Puente Beni III nd
Puente Mamoré nd
Puente Madre de Dios 36,2
(*) 70% con recursos TGN y 30% con
recursos BID
En el primer ítem de la tabla se
advierte que 77,9 millones de dólares
serían destinados a la conexión por
carretera asfaltada entre Cochabamba
y Trinidad, en una continuación al
tramo III de la controvertida carretera
Villa Tunari-San Ignacio de Moxos
(que atraviesa el TIPNIS), que tendrá
una extensión de 78 kilómetros y será
construida en dos fases: San Ignacio
de Moxos-Fátima y Fátima-Puerto
Varador-Trinidad.
La transparencia es un requisito
esencial para que la sociedad civil
pueda conocer los proyectos que
serán o están siendo financiados
con estos recursos, así como los
impactos, tanto positivos como
negativos para la población y el
medio ambiente.
Saldo deuda externa por ejecutor
Otros S. Público
YPFB
MEFP
Gob. Subnales
MMAyA
ABC
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1200
1000
800
600
400
200
0
(EnmillonesdeUSD)(EnmillonesdeUSD)
Otros S. Público
YPFB
Gob. Dptales
Gob. Mpales
TGN
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Deuda externa por deudor
Ajuste estructural
Fortalecimiento Institucional
Energia
Comunicaciones
Hidrocarburos
Otros
Apoyo Presupuestario
Agropecuario
Saneamiento Basico
Multisectorial
Deuda externa por sector económico
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012
9Revista Jubileo
El nuevo control social para los
municipios debía funcionar desde mayo
L
a Ley Nº 341 de Participación
y Control Social, vigente desde
febrero de 2013, define las
nuevas competencias que
adquiere este derecho ciudadano y que
debe implementarse en los gobiernos
municipales a partir del 6 de mayo de 2013.
Esta nueva norma es complementaria
a los artículos 241 y 242 de la
Constitución que reconoce a la
participación y ejercicio del control
social como un derecho ciudadano,
con aplicación en todos los poderes del
Estado, entidades públicas e incluso
privadas que reciban recursos fiscales
y/o administren recursos naturales.
Ámbito municipal
La ley señala que “los Gobiernos Autó-
nomos Municipales establecerán por Ley
Municipal, en un lapso no mayor a noven-
ta (90) días, el funcionamiento e imple-
mentación de la Participación y Control
Social”. (Tercera disposición transitoria)
Con esta medida también se cierra el
ciclo de vigencia de los Comités de
Vigilancia, creadas en 1994, a través de
la Ley de Participación Popular.
Actualmente hay 326 gobiernos autóno-
mos municipales a los que corresponde
dar inicio a un nuevo ciclo de vida y ex-
periencia de la participación y control
social, sin contar a 11 municipios en
proceso de conversión a la autonomía
indígena originario campesina.
Fondo de Control Social
Los recursos antes destinados a
los Comités de Vigilancia pasan al
fortalecimiento de la Participación y
Control Social.
Para tener una referencia de cuánto
significa el Fondo de Control Social,
según datos del Presupuesto General
del Estado de la gestión 2011, el monto
llegó aproximadamente a 40 millones
de bolivianos y en la gestión 2012 a 50
millones de bolivianos, distribuidos a
los 337 municipios del país.
El Fondo de Control Social proviene
de la transferencia de recursos de
coparticipación de impuestos y es
calculado en cada municipio según
la cantidad de población en un
porcentaje determinado en la Ley de
Municipalidades de la siguiente forma:
Hasta 10.000 habitantes: 1%
De 10.000 a 25.000
habitantes:
0,75%
De 25.000 a 100.000
habitantes:
0,5%
Más de 100.000 habitantes: 0,25%
	 De esa manera, hay municipios con
bastantes recursos para el ejercicio
del derecho de la participación y
control social en comparación con
municipios medianos y pequeños
con pocas condiciones para este fin.
RECURSOS DESTINADOS A LOS
COMITÉS DE VIGILANCIA (en
bolivianos)
MUNICIPIO FONDO DE
CONTROL
SOCIAL
La Paz 1.162.401
El Alto 952.374
Cochabamba 757.588
Yacuiba 244.755
Tarija 224.858
Riberalta 222.656
Villa Tunari 152.905
Challapata 115.971
Cobija 98.133
Ayo Ayo 41.942
Nazacara de
Pacajes
1.565
Yunguyo de
Litoral
1.295
Fuente: Presupuesto General del Estado 2013
Con base en la Constitución y la Ley Mar-
co de Autonomías, las entidades territo-
riales autónomas deben garantizar la par-
ticipación y control social a través de sus
estatutos autonómicos departamentales,
cartas orgánicas municipales, estatutos
regionales y estatutos indígena originario
campesinos.
Los concejos municipales tienen la tarea
de elaborar –de forma participativa- una
ley municipal que norme y posibilite la
implementación del nuevo control social
municipal.
Este escenario plantea la oportunidad de
solucionar las deficiencias observadas en
la experiencia de los comités de vigilancia,
así como fortalecer los buenos resultados
de esta experiencia.
Algunos temas de análisis son:
1.	 La inclusión de actores no territoriales en el
ejercicio de la participación y control social.
2.	La independencia de la participación
y control social respecto a partidos
políticos y autoridades.
3.	Recursos y asistencia técnica suficientes
para la cualificación del control social.
4.	Alcance de las decisiones de la parti-
cipación y control social, y su carácter
vinculante en la gestión municipal.
5.	El ejercicio de la participación y control
social en ámbitos sectoriales como salud,
educación, medio ambiente, servicios
básicos y otros que no dependen de la
gestión del gobierno municipal.
6.	 Las atribuciones establecidas en la
Constitución y en la Ley Marco de
Autonomías para la participación y control
social, como por ejemplo: la iniciativa
legislativa, la revocatoria de mandato, el
La aplicación de
la norma desde la
experiencia municipal
10 Revista Jubileo
Artículos de la ley
a)	Ámbito de aplicación (Artículo 2):
Define a todas las entidades públi-
cas de los cuatro órganos del Esta-
do (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y
Electoral, incluyendo al Ministerio
Público, Defensor del Pueblo, Con-
traloría del Estado, Procuraduría
del Estado, Fuerzas Armadas y Po-
licía, y a las entidades territoriales
autónomas y empresas privadas
que reciban recursos fiscales.
	 Incluye a las empresas privadas
que presten servicios básicos
(como cooperativas) y a las que
administren recursos naturales.
b)	Actores (Artículos 6 y 7): La socie-
dad civil organizada, sin ninguna
discriminación. Éstos pueden ser:
orgánicos, comunitarios y circuns-
tanciales.
	 Tiene una clara inclinación a priori-
zar la participación de los sectores
sociales, juntas vecinales, sindica-
tos, organizaciones de las naciones
y pueblos indígena originario cam-
pesinos, las comunidades intercul-
turales y afrobolivianas.
c)	Derechos (Artículos 8): Define
como derecho de participación y
control social participar en procesos
de planificación, seguimiento
a la ejecución y evaluación de
la gestión pública en todos los
niveles del Estado, incluyendo el
presupuesto.
	 También menciona el derecho de
la sociedad civil organizada a:
•	 Realizar control social sobre la
calidad de los servicios básicos,
incluyendo los prestados por
empresas privadas o cooperativas.
•	 Ser consultados e informados sobre
decisiones que pudieran afectar al
medio ambiente.
•	 Ejercer control social en el desarro-
llo energético, hidrocarburífero, fo-
restal y en toda la cadena produc-
tiva minera.
•	 Participar en la gestión del sistema
de salud y del sistema educativo.
d)	Financiamiento (Artículos 41):
Define que es responsabilidad
de las máximas autoridades de
todas las entidades públicas (ej.
Ministros, Gobernadores, Alcaldes)
garantizar los recursos necesarios
para efectivizar el derecho de la
participación y control social.
Sin embargo, deja claramente
establecido que esos recursos deben
servir para el cumplimiento de las
tareas de participación y control
social; pero en ningún caso para
el pago de remuneraciones a los
representantes de la sociedad civil.
control social a las empresas privadas que
reciben recursos fiscales, entre otros.
7.	 El ejercicio de la participación y control so-
cial que supere el enfoque “obrista” (prio-
rización de obras) de la gestión municipal
y avance hacia la propuesta de una gestión
por resultados en términos de reducción de
la pobreza y promueva el desarrollo pro-
ductivo y la generación de empleo.
Primera norma
Fundación Jubileo participó brindando
asistencia técnica en el proceso de
construcción participativa de la Ley
Autonómica Nº 025 de Participación y
Control Social del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz, aprobado el 8
de octubre de 2012, norma que fue
elaborada y debatida en la 3ra Asamblea
de la Paceñidad, luego de un proceso de
consultas y concertación.
Esta norma cuenta con su reglamentación, la
misma que dará el marco para la implemen-
tación del Sistema Municipal de Participa-
ción y Control Social que, por el tamaño del
municipio, descentralizará el control social
para que sea ejercido desde los macrodistri-
tos y distritos del municipio paceño.
Por otro lado, esta ley municipal propone es-
pacios de inclusión de actores sectoriales (ej.
gremiales, empresarios, profesionales) y fun-
cionales (ej. jóvenes, mujeres, tercera edad)
al accionar del control social; propone tam-
bién el desarrollo de instrumentos de control
social (por ejemplo el presupuesto participa-
tivo, los peritajes técnicos, la participación
del control social en las licitaciones, con-
sejos de planificación, etc.), establece los
recursos financieros y asistencia técnica
necesaria que cualifique el ejercicio de la
participación y control social, cuya finalidad
sea coadyuvar a una mejor calidad de vida.
Corresponde que los municipios del país,
gradualmente, elaboren y aprueben tanto sus
cartas orgánicas como sus leyes municipales,
cada uno con sus propias características,
más allá del plazo de 90 días establecido en
febrero pasado, para lo cual será coadyuvante
que la Asamblea Legislativa Plurinacional y
el Ministerio de Autonomías orienten para la
aplicabilidad del derecho de la sociedad civil
organizada a ejercer la participación y control
social en los municipios.
Revista Jubileo 11
LA PAZ tiene en el pacto fiscal una
oportunidad para su DESARROLLO
L
a Paz es un departamento con
una economía principalmente
dedicada a servicios antes que
a la producción de bienes; es
el segundo con mayor población en el
país y casi la mitad de ella en situación
de pobreza. Ante los indicadores
de retraso surgen propuestas para
promover un pacto para el desarrollo.
Los resultados preliminares del Censo
2012 confirman la tendencia de que el
departamento de Santa Cruz concentra
ahora la mayor proporción de
población en el país (27%); seguido de
La Paz (26%) y Cochabamba (19%). La
Paz tiene, incluso, tasas de crecimiento
poblacional inferiores a la década de
los setenta.
Por otra parte, desde 1997, el
departamento de La Paz dejó de ser el
primero en aportar al Producto Interno
Bruto y fue desplazado por Santa Cruz.
En la última década, el crecimiento
económico del departamento de La Paz
tuvo una tasa promedio de 4,4%; en
tanto que el país creció, en promedio, a
4,7%. Comparando con otras regiones,
se observa menor crecimiento respecto
a Tarija (10,7%) y Potosí (6,9%).
Con referencia a las exportaciones,
La Paz se constituye en el cuarto
departamento con mayor valor de
exportaciones; pero aporta apenas con
10% del total nacional, por detrás de
Tarija, Santa Cruz y Potosí.
Los indicadores sociales también
llaman la atención. El 44% de la
población del departamento es pobre y
21% de la población vive en extrema
pobreza; es el tercer departamento
detrás de Potosí y Chuquisaca donde
existe mayor desigualdad en la
distribución del ingreso.
De continuar esta situación, el
departamento de La Paz se verá
postergado y relegado por las demás
regiones.
Frente a estos indicadores, se hace
necesario un gran acuerdo público
–un pacto para el desarrollo- que
comprometaaautoridadesdegobiernos
locales, comunidades, organizaciones
de base, grupos de ciudadanos locales,
empresarios y otros sectores.
En la perspectiva de que en la próxima
gestión se contemple la propuesta
metodológica para el pacto fiscal
nacional, como mecanismo de
concertación entre sociedad civil y
Estado, con miras a la construcción del
desarrollo, del país, el departamento
de La Paz debe aprovechar y tener
preparada una propuesta para construir
las bases de su desarrollo.
Una de las tareas importantes del
diálogo debe ser la definición de los
contenidos del pacto para el desarrollo
u objetivos de política pública
departamental.
Estos contenidos deben considerar al
menos cinco componentes, a partir del
rol del sector público en la economía
y guardando relación con el ciclo de
la política pública y su financiamiento,
con una clara orientación hacia el
ciudadano receptor de los beneficios
de la aplicación de la acción
gubernamental. Éstos son:
1.	Generación de recursos. La
política de este componente debe
estar dirigida a la necesidad de
la transformación productiva del
departamento. Durante la última
década, la participación del sector
terciario, específicamente del
comercio transporte y servicios
financieros, públicos y personales
como contribución al PIB
departamental correspondió a más
de la mitad, 54%. (Grafico 1)
	 En cambio, actividades económicas
que inciden en la generación de
mayor valor agregado del sector
secundario sólo contribuyen
con 15% y el sector primario
–fundamentalmente agrícola y
extractivo- con 12%. Por tanto, se
hace necesario el incremento de
la productividad y la creación de
empleo digno.
12 Revista Jubileo
2.	Captación de recursos. A mediano
plazo, el departamento de La Paz
debe aplicar una normativa clara
respecto a los temas impositivos en
los sectores estratégicos, en el marco
de una reforma tributaria nacional.
	 Analizando la estructura de recursos
disponibles en el presupuesto 2013
(Gráfico Nº 2 y Nº 3), respecto
a la gobernación, se muestra la
importancia del apoyo del Gobierno
Central mediante transferencias de
capital que representan 17%. El IDH
representa 11%.
	 En cuanto a los gobiernos
municipales, los recursos por
coparticipación tributaria de
la participación popular e IDH
representan 44% y los ingresos por
impuestos 13%.
	 Entonces, La Paz debe generar
políticas que incorporen al conjunto
de la población, mediante el apoyo
a las actividades económicas
productivas, además de decisiones
claras respecto a inversión pública y
privada, de tal forma que la región
pueda captar una mayor proporción
de la riqueza generada en su
economía.
3.	Gestión Pública. Los objetivos del
componente de gestión pública
deben estar centrados en el beneficio
hacia el ciudadano paceño,
orientando todo el esfuerzo de los
gobiernos locales de La Paz, para
satisfacer sus necesidades de forma
eficiente y eficaz.
	 Los recursos disponibles no ejecuta-
dos en la gobernación y municipios,
guardados en cuentas bancarias,
equivalen a 36% y 21%, respectiva-
mente. (Ver gráficos Nº 2 y Nº 3)
	 Los gobiernos municipales del país
tienen saldos de presupuestos no
ejecutados hasta 2013 por un valor
de 3.711 millones de bolivianos. De
este total, los municipios de La Paz
Gráfico 2
La Paz: Estructura de recursos de la Gobernación 2013
Transferencias de
Capital del Sector
Público
17%
Transferencias
corrientes del Sector
Público
4%
Impuesto Directo a los
Hidrocarburos IDH
11%
Coparticipación
Tributaria IEHD
7%
Fondo de
Compensación
10%
Regalías
4%
Saldos en bancos de
gestiones anteriores
36%
Recursos Propios
(recaudados por
la Gobernación)
11%
Gráfico 1
La Paz: Participación de los Sectores Económicos
en el Producto Interno Bruto
(En porcentaje)
70
60
50
40
30
20
10
0
10 10 10 10 1011 11 11 13 1313
18 18 17 17 16 15 15 15 1514 1414 14
58 58 57 57 56
52 52
50 50
53 53
58
Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p)
Gráfico 3
La Paz: Estructura de recursos de los Gobiernos Municipales, 2013
Coparticipación
tributaria
45%
Tasas derechos y
otros ingresos
5%Ingresos por
impuestos
13%
Venta de Bienes y
Servicios
1%
Préstamos internos
0,3%
Otros activos
financieros
2%
Saldo en Bancos
21%
Transferencias de
capital
4%
Otras transferencias
corrientes
8%
Regalías
0,15%
Revista Jubileo 13
tienen en sus cuentas el mayor valor
de recursos no ejecutados hasta
el 2013, más de 855 millones de
bolivianos. (Gráfico 4)
	 Entonces el departamento debe
asumir una posición que permita
una mejor dotación de instrumentos
adecuados a su realidad y sus
entidades, que proponga un
replanteo al modelo de gestión
pública y de los sistemas SAFCO,
una definición más clara en
cuanto a sistemas de planificación,
presupuestos y recursos humanos,
y un nuevo enfoque de gestión por
resultados.
4.	Distribución de recursos. Este
componente debe tener un
planteamiento que tenga como
objetivo clarificar la distribución
vertical y horizontal de los recursos
fiscales entre los distintos entes
institucionales del sector público,
tanto en transferencias, incluyendo
regalías; como en impuestos,
así como normas para un mejor
ordenamiento de las fuentes.
	 Porejemplo,conlosactualescriterios
de distribución los departamentos
más perjudicados son Santa Cruz y
La Paz, éste último recibe per cápita
Bs 1.530, cinco veces menos en
comparación con un habitante de
Tarija (Bs 7.848) y 300% menos que
los habitantes de Pando (Bs 6.263).
5.	Utilización de recursos. Este
componente servirá para plantear la
eliminación de ciertas restricciones
al gasto de la gobernación y
de los municipios, así como la
necesidad de una nueva propuesta
de responsabilidad fiscal vinculada
a una evaluación del costo de
las competencias y a un modelo
abierto de retroalimentación hacia la
ciudadanía, de tal forma que el sector
público pueda hacer un uso eficiente
de los recursos públicos asignados.
	 La estructura planteada en el
presupuesto de 2013 respecto a la
inversión pública en el departamento
continua haciendo énfasis en
el transporte, principalmente
caminos (51%), dejando de lado la
inversión en sectores productivos
que sólo representa 6% y el sector
agropecuaria 10%. (Gráfico Nº 5)
Gráfico 5
La Paz: Distribución de la Inversión de la Gobernacion, 2013
Agropecuario
10%
Transportes
51%
Energía
9%
Urbanismo y
Vivienda
8%
Industria y
Turismo
6%
Educación y
Cultura
5%
Recursos
Hídricos
5%
Salud y Seguridad
Social
3%
Justicia y Policía
1%
Saneamiento Básico
1% Recursos Naturales
y Medio Ambiente
1%
Saneamiento Básico
1%
Multisectorial
0,4%
Gráfico 4
Saldo de presupuesto no ejecutado en los Gobiernos
Municipales según Departamento, hasta 2013
En millones de bolivianos
855,8
774,1
458,0 437,0 418,4
262,9 255,2
177,1
72,7
La Paz Cochabamba Tarija Santa Cruz Potosí Chuquisaca Oruro Beni Pando
14 Revista Jubileo
L
a discusión ideológica de años
anteriores, incluso del siglo
pasado, hoy se ha trasladado
a otro ámbito: ya no se
discute sobre marxismo, capitalismo,
socialismo o (neo) liberalismo, sino
sobre los nuevos modelos de desarrollo:
la economía verde, el vivir bien, el
extractivismo, el índice de felicidad o
el decrecimiento.
Lo que tienen en común estos modelos,
o ideas, es la búsqueda de una visión
más holística e integral del ser humano
que no sea reducida solamente a sus
necesidades económicas.
Este intento ya se plasma en el Índice
de Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas, creado a fines de la década de
1980 e influenciado por el economista
bengalí Amartya Sen, que toma en
cuenta los indicadores de vida larga y
saludable (medida según la esperanza
de vida al nacer), de educación (medida
por la tasa de alfabetización de adultos
y la tasa de matriculación, así como
los años de duración de la educación
obligatoria) y el nivel de vida digna
(medido por el PIB per cápita).
Pero, obviamente, faltan aquí elementos
de la convivencia equitativa y pacífica:
el valor de la comunidad, tanto social
y cultural, y como dijo Amartya Sen,
premio nobel de economía de 1998,
sobre el Índice de Desarrollo Humano:
“es el comienzo de la discusión sobre
cómo medir desarrollo, y no el final”.
La Doctrina Social de la Iglesia ha
aportado a esta discusión con el
paradigma del Desarrollo Humano
Integral que Juan Pablo II describía de
la siguiente manera:
“Todo desarrollo digno de este nombre
ha de ser integral, es decir, ha de buscar
el verdadero bien de toda persona
y de toda la persona. El auténtico
desarrollo no puede consistir en la
simple acumulación del bienestar y en
una mayor disponibilidad de bienes y
servicios, sino hay que buscarlo con el
debido respeto a las dimensiones social,
cultural y espiritual del ser humano.
Los programas de desarrollo han de
elaborarse basándose en la justicia y en
la igualdad. Para que permitan que la
gente viva de manera digna, armoniosa y
pacífica. Tienen que respetar la herencia
cultural de los pueblos y naciones, y las
cualidadesyvirtudessocialesquereflejan
la dignidad que Dios ha dado a todas las
personas y el plan divino que invita a la
unidad. Es importante que los hombres y
mujeres sean protagonistas activos de su
propio desarrollo, porque tratarlos como
meros objetos de un esquema o de un
plan podría anular su capacidad de ser
libres y responsables, fundamental para
el bien de la persona humana”.
Muchos de estos elementos se pueden
encontrar también en las definiciones
del bien común como conjunto de
condiciones concretas que permitan
a todos los miembros en comunidad
alcanzar un nivel de vida a la altura de
la dignidad de la persona humana.
En el centro de esta concepción está la
persona con las diversas dimensiones
de su ser humano: la dimensión social,
ambiental, económica y cultural.
Las diferentes propuestas de desarrollo
buscan establecer un equilibrio en
la satisfacción de las necesidades en
las diversas dimensiones que según
región y cultura tienen una valoración
y satisfacción diferente.
En Alemania, por ejemplo, una
comisión parlamentaria investiga,
desde hace dos años, nuevos
indicadores de bienestar porque
el Índice de Desarrollo Humano
no capta los desafíos y avances
de la sociedad alemana actual. En
Bolivia, la Agenda Patriótica 2025,
presentada por el Presidente en enero,
enfoca la lucha contra la extrema
pobreza, plantea empleos dignos y
la satisfacción de las necesidades
básicas como alimentación, servicios
básicos, educación y otros, las que
siguen siendo prioridades imperantes.
Entonces, los modelos de desarrollo
no son y no pueden ser idénticos.
Se requiere una pluralidad de
conceptos, adaptados a las necesidades
concretas y reflejando la pluralidad del
mundo. Desde este punto de vista, se
sobreentiende porqué las recetas de
décadas anteriores (como el consenso
de Washington) no podían funcionar,
más allá de que los países que las
medicaron nunca las aplicaron.
Al mismo tiempo, se tienen desafíos en
común –como el calentamiento global-
a los cuales, todos y juntos, deben dar
respuestas adecuadas. El concepto de
Desarrollo Humano Integral llama la
atención para que, de cualquier modo,
no se deje de lado ninguna de las
dimensiones del ser humano.
Las necesidades básicas son
inseparables, son parte de los derechos
humanos, de la participación, de
la protección del medio ambiente
y de cultura, y tienen que ser parte
de cualquier tipo de desarrollo que
sea digno de llevar este nombre. No
son “otras áreas” de desarrollo, sino
principios que tienen que atravesar el
actuar de la sociedad y del Estado, a
favor del bienestar de todos y todas.
el Desarrollo Humano Integral es un
aporte para modelos de desarrollo
Revista Jubileo 15
Director Ejecutivo:
Juan Carlos Núñez V.
Coordinador General
Waldo Gómez R.
Responsable de edición:
Jorge Jiménez Jemio
fundajub@entelnet.bo
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Dirección: Edif. Esperanza,
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Casilla 5870 La Paz, Bolivia
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Equipo técnico:
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Patricia Miranda
Jaime Pérez
Herbert Irahola
Raúl Velásquez
Irene Tokarski
Célica Hernández
Wilson Gisbert
Bernarda Sarue
Guillermo Zamorano
2013
Administración:
Mirian Clavijo
María Apaza
Olga Machicado
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Raquel Ortuño
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Publicación con apoyo de
KZE-Misereor Alemania,
Oxfam GB
D.L. 4-3-61-12
Presupuestos de
gobernaciones 2013
El Presupuesto General del
Estado 2013 presenta a los
gobiernos departamentales con
un incremento significativo de sus
presupuestos, principalmente por
los ingresos por hidrocarburos.
Los nueve departamentos del país
disponen, en suma, de Bs 10.070
millones. Sólo 3% de la inversión
se destinará a industria y turismo,
este año.
La cartilla incluye una lista de
proyectos con mayores recursos
para cada región.
Fundación Jubileo elabora esta
cartillaporoctavoañoconsecutivo,
con el propósito de que la sociedad
civil tenga mejor conocimiento
sobre la gestión de los gobiernos
subnacionales, siendo instancias
determinantes para el desarrollo
regional y nacional.
Trabajo en grupos
sobre medio ambiente
La Carta Pastoral sobre Medio
Ambiente y Desarrollo Humano en
Bolivia “El Universo, Don de Dios
para la Vida” exige una respuesta
personal e inmediata de todos y
todas para preservar la creación.
Esta guía es un complemento
de la Carta Pastoral y explica los
argumentos de los capítulos de
ese documento eclesial.
En una segunda parte, aporta
con herramientas para el trabajo
en grupos. La guía contiene
información precisa y reflexiones
aplicables a diversos grupos y
realidades, bajo la metodología
del Ver-Juzgar-Actuar.
Guía de impactos
socioambientales
La exploración y explotación de
hidrocarburos genera cambios
y alteraciones en la vida de los
pueblos indígenas donde éstas se
realizan. La repentina aparición
de personal técnico ajeno al
entorno natural, la maquinaria
pesada, el ruido, la apertura de
zanjas y muchas otras actividades
transforman la zona y los hábitos
de comunidades y pueblos.
La Guía para la identificación
de impactos socioambientales
en hidrocarburos sistematiza
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Jubileo 25

  • 1. Jubileo Febrero ABRIL 2013 Bolivia 25 Págs. 8-9 El 2012 se registró el mayor desembolso de deuda La emisión de bonos soberanos explican el incremento récord. Págs. 10-11 El nuevo control social debía aplicarse desde mayo La Ley Nº 341 dio plazo de 90 días para la implementación. Págs. 12-14 La Paz está rezagada y debe generar una estrategia El Pacto Fiscal será una oportunidad para el desarrollo. Sólo dos megacampos de gas generan la mayor cantidad de ingresos que SOLVENTAN AL PAÍS Transferencias público-privadas podrían dinamizar la economía Páginas 6-7 ENtidades del estado tienen más de $us 3.800 millones de presupuestos no ejecutados Páginas 2-3
  • 2. L os saldos sin ejecutar en cuentas fiscales del Sector Público se han duplicado en menos de tres años. A febrero de 2013 se guardaban en bancos 26.736 millones de bolivianos, equivalentes a más de 3.800 millones de dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Las entidades públicas que no ejecutaron suspresupuestossonlosmunicipios(35%), los gobiernos departamentales (21%), las instituciones de Seguridad Social (17%) y las universidades públicas (9%). Los 3.800 millones de dólares estanca- dos en cuentas fiscales son equivalentes a más de un año y medio de recaudación de la renta hidrocarburífera del país. En gestiones anteriores, Bolivia figuraba entre los países más pobres y el Estado arrastraba cifras rojas en su economía. Como efecto de la subida de precios del gas y el petróleo en el contexto in- ternacional, y debido a la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, el país comenzó a recibir más recursos desde el año 2005. En menos de tres años se duplican saldos sin ejecutar y llegan a $us 3.800 MILLONES Las instituciones que más dinero reciben por IDH y regalías hidrocarburíferas son los municipios y los gobiernos departa- mentales, estos gobiernos subnacionales guardan la mayor cantidad de recursos. La falta de ejecución está relacionada a diferentes factores como las insuficientes capacidades técnicas, los pesados sistemas y procedimientos de gestión, la falta de planificación, las inconsistencias en la distribución de recursos públicos y otros. Por otro lado, a pesar de los anuncios de que el país avanzaría hacia un cambio de matriz productiva, menos de 10% del total de la inversión pública es orientada a sectores productivos como agropecuario, industria y turismo, que son los sectores alternativos a hidrocarburos y minerales, y los que generarían fuentes de trabajo. El último dato ejecutado de inversión para esos sectores productivos alternativos es de 8,7% para la gestión 2012, insuficiente para transformar la economía. Estas dos situaciones revelan las limitaciones que tiene el Sector Público para ejecutar su presupuesto y especialmente para impulsar la diversificación económica a través de la inversión productiva. Éste es uno de los desafíos más importantes para Diciembre 2004 2.307 Septiembre 2005 3.982 Noviembre 2006 7.751 Diciembre 2007 9.190 Octubre 2008 11.618 Diciembre 2009 10.621 Diciembre 2010 13.827 Diciembre 2011 19.800 Diciembre 2012 24.993 Marzo 2013 26.736 Saldos en bancos de entidades del Sector Público Al 31 de marzo de 2013 En millones de bolivianos Nivel de Gobierno/Entidad Órgano Ejecutivo 851 Órgano Legislativo 1 Órgano Judicial 546 Órgano Electoral 17 Instituciones de Control y Defensa del Estado 10 Instituciones Públicas Descentralizadas 820 Universidades Públicas 2.286 Instituciones de Seguridad Social 4.393 Empresas Nacionales 1.136 Empresas Regionales 106 Empresas Municipales 126 Gobiernos Autónomos Departamentales 5.733 Gobiernos Autónomos Municipales 9.328 Instituciones Financieras no Bancarias 1.383 Total General 26.736 Gobiernos Autónomos Municipales 35% Instituciones de Seguridad Social 16% Universidades Públicas 9% Instituciones Financieras no Bancarias 5% Instituciones de Control y Defensa del Estado 0,04% Instituciones Públicas Descentralizadas 3% Órgano Ejecutivo 3% Órgano Legislativo 0,003% Órgano Judicial 2% Órgano Electoral 0,1%Empresas Municipales 1% Empresas Regionales 0,4% Empresas Nacionales 4% Gobiernos Autónomos Departamentales 22% Saldos en bancos de entidades del Sector Público A marzo 2013 (En porcentaje) Saldos en bancos de entidades del Sector Público por gestión En millones de bolivianos 2 Revista Jubileo
  • 3. el sector público para aprovechar el momento actual que ofrece el escenario internacional con precios altos por los recursos naturales no renovables extraídos en el país. Pero si el Sector Público no logra cumplir con tan importante misión, queda el otro actor de la economía que es el sector privado, por lo que las transferencias público–privadas surgen como una opción viable, tal como prevé la normativa actual. Transferencias público–privadas Al advertirse que el Estado no está logrando diversificar e impulsar la economía a través de la inversión productiva y que los diferentes niveles de gobierno, principalmente subnacionales, siguen acumulando saldos de presupuestos sin ejecutar, surge la alternativa de las transferencias público–privadas, como un mecanismo alternativo que contribuya a una mayor ejecución y que se orienten recursos públicos hacia fines productivos. La determinación de autorizar las trans- ferencias público–privadas permitiría reconocer las limitaciones que tiene el sector público y la necesidad de incor- porar al sector privado en la dinámica en la que se dispone de un mayor flujo de recursos que el país recibe y el ob- jetivo de que a partir de éstos se cons- truya una economía más diversificada, sostenible y que genere empleo. Una determinación así no implica un retorno al modelo anterior, cuando el sector privado era el principal actor de la economía y controlaba las empresas estratégicas, dejando muy poco beneficio para el Estado. Esta vez se tratan de recursos del Estado complementados con la acción y las iniciativas privadas para fomentar la productividad. Un acuerdo entre Estado, empresarios y trabajadores podría dinamizar la economía. Normativa El artículo 110 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece las transferencias público– privadas por parte de los gobiernos subnacionales para que éstos puedan estimular la actividad productiva. Adicionalmente, la ley del Presupuesto General 2012 y la ley de modificacio- nes al presupuesto 2012 establecen las transferencias público–privadas para entidades del Órgano Ejecutivo del Ni- vel Central y para el Fondo Indígena, instancia beneficiaria de recursos del IDH. Esta ley fue reglamentada me- diante Decreto que incluso determina específicamente las entidades del ni- vel central autorizadas para realizar las transferencias público–privadas. Sin embargo, la Ley Nº 317 del Presupuesto General del Estado 2013 incorpora algunas complementaciones o cambios a las transferencias público–privadas de las entidades territoriales autónomas en sentido de que éstas pueden realizar esas transferencias, pero a instituciones privadas nacionales sin fines de lucro. Esta ley es reglamentada mediante De- creto Supremo Nº 1460, instrumento que determina que el Viceministerio de Inversión Pública deberá habilitar la solicitud de entidad beneficiaria de las transferencias público–privadas de capital. Sobre esta última determinación queda el cuestionamiento con relación a la autonomía que tienen los gobiernos subnacionales sobre la administración y el uso de sus recursos; además que, en cierta manera, esta norma cambia el espíritu de los establecido inicialmente por la Ley Marco de Autonomías en sentido de que no se restringía las transferencias a instituciones sin fines de lucro y que eran los propios gobiernos subnacionales los que debían reglamentar estas transferencias. Perspectivas Queda el desafío que los gobiernos subnacionales implementen y regla- menten este mecanismo para que con el concurso del sector privado se con- tribuya a la construcción de una eco- nomía más diversificada, sostenible y que genere empleo. Y que estas de- terminaciones sean realizadas por los gobiernos subnacionales, conforme a su carácter autónomo, que implica una autonomía en la administración y uso de sus recursos. Finalmente, para una mayor participación del sector privado en la economía y para impulsar el desarrollo quedan otras tareas pendientes, relacionadas al marco normativo, como una Ley de Inversiones concertada, el tema de la propiedad privada, la tenencia de la tierra y otros. Mientras no se tengan emprendimientos productivos por vía de la inversión, ya sea pública o privada, prevalecerá el desempleo, subempleo e informalidad. Nuestra preocupación institucional está enfocada a favorecer a sectores más postergados con oportunidades de empleo e ingresos, siendo la misión luchar contra la pobreza y lograr el desarrollo humano integral y sostenible en el tiempo. Artículo 110 de la Ley Marco de Autonomías: Las entidades territoriales Autónomas podrán...: Transferir recursos públicos, en efectivo o en especie, a organizaciones económico productivas y organizaciones territoriales, con el objeto de estimular la actividad productiva y generación de proyectos de desarrollo, seguridad alimentaria, reconversión productiva y salud, en el marco del Plan General de Desarrollo; el uso y destino de estos recursos será autorizado mediante norma del Órgano Legislativo de los gobiernos autónomos... 3Revista Jubileo
  • 4. L a explotación de hidrocarbu- ros genera importantes ingre- sos para países y empresas en el mundo. Algunos de esos países, aunque pocos, destinan esos recursos a inversiones que multipli- can sus ingresos y que luego generan más beneficios y bienestar para su po- blación. Otros, en cambio, destinan principalmente al gasto, sin garantizar su sostenibilidad ni su diversificación económica; por el contrario, corren el riesgo de frenar su desarrollo. Un país ejemplo de aprovechamiento de la bonanza es Noruega, el cual desti- na sus recursos provenientes de la renta petrolera a la adquisición de activos fi- nancieros, específicamente acciones de empresas y bonos que garanticen impor- tantes niveles de rentabilidad, así acumu- la importantes recursos que se convierten nuevamente en inversiones. En el otro extremo se encuentra Nige- ria, país que ha priorizado el gasto in- necesario y que, adicionalmente, pre- senta altos indicadores de corrupción. El que un país cuente con bastantes re- cursos no renovables, como hidrocar- buros y otros, no garantiza el desarrollo económico y social, siendo necesarias políticas y estrategias orientadas a diver- sificar el aparato productivo. Por esta razón, el análisis de las políti- cas y estrategias que se implementan en Bolivia respecto a su riqueza gasífera adquiere prioridad, más aún cuando la renta obtenida por su comercialización representa alrededor de 50% de las ex- portaciones del país. Nigeria Este país es el mayor productor de crudo de África, con una producción que alcanza a 25% de todo el petróleo crudo de ese continente y 3% del total mundial. Los sectores de gas y petróleo han sido los más importantes dentro de su eco- nomía desde el auge de los precios del petróleo en los años 70. En 1977 creó su propia empresa estatal Nigerian Natio- nal Petroleum Company (NNPC). El país cuenta con grandes reservas petrolíferas. En términos de su economía interna, la producción de crudo representa cerca de 21,5% del PIB nacional, un 90% de las exportaciones y cerca de 80% de los ingresos fiscales del Estado. La mayor parte de la producción de hidrocarburos en Nigeria proviene de acuerdos de riesgo compartido (joint venture), en las que la empresa nacional de petróleo tiene una participación mayoritaria y empresas como Shell, Chevron, Mobil, Agip, Elf y Texaco son accionistas minoritarias, las cuales operan esos campos. En años recientes, el Gobierno ha tenido problemas para cumplir con su aporte de capital para esos acuerdos de riesgo compartido. El gobierno federal de Nigeria administra los ingresos por la producción y comercialización de petróleo crudo. Desde el 2004, el presupuesto federal considera como referencia un precio de 59 dólares por barril de petróleo y los ingresos recibidos por encima de ese precio son depositados en una cuenta del Banco Central. El resto se asigna a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y local, con 13% adicional destinado a los estados productores de petróleo. Sin embargo, a pesar que el primer des- cubrimiento de petróleo en Nigeria data del año 1956, ese país no ha podido ca- nalizar los ingresos obtenidos del petró- leo para desarrollar su economía debido a una mala política de gasto y una ges- tión inadecuada, caracterizada, además, por constantes cambios de gobierno en medio de escándalos de corrupción y profundos conflictos sociales, incluso varias guerras civiles por mayor control del petróleo y participación política en- tre las regiones y tribus del Norte y del Este. Asimismo, una parte importante de los ingresos del sector ha sido desper- diciada en diferentes gastos corrientes. De acuerdo con el informe “African Economic Outlook”, las inmensas re- servas de petróleo de Nigeria y su dina- mismo empresarial no han repercutido en el progreso social ni en el desarrollo sostenible. Los indicadores del desarro- llo humano muestran que el país toda- vía no ha alcanzado los Objetos de De- sarrollo del Milenio (ODM). El Informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas colocó a Nigeria en el puesto 154 de 179 países, por detrás de la me- dia del continente africano. Noruega Noruega es un estado monárquico de Europa. Es el tercer exportador de petró- leo del mundo después de Rusia y Arabia Saudita, y su industria petrolera represen- ta una cuarta parte de su PIB nacional. Noruega descubrió su potencial hidro- carburífero en los años 60, cuando tenía una economía basada principalmente en la industria pesquera y muy poco dependiente de las importaciones de petróleo debido a importantes avances en el desarrollo de la hidroelectricidad. Cuando el país nórdico comenzó la eta- pa de producción petrolera, en 1971, decidió desarrollar, primero, una serie de normativas que garanticen el mayor beneficio para toda su población y una Algunos países NO invierten su renta hidrocarburífera en desarrollo 4 Revista Jubileo
  • 5. importante participación estatal en esta actividad. Durante la década de los 80, el Gobierno tuvo que fortalecer con significativas inversiones a Statoil, a fin de garantizar una importante participa- ción estatal en el rubro petrolero. En 1990 creó un Fondo Petrolero también denominado Fondo de Pensiones, para administrar los ingresos por hidrocarburos. Este Fondo comprende todos los ingresos derivados del petróleo, así como los beneficios de las inversiones, menos una porción que se destina al presupuesto del gobierno, que alcanza solamente a 4% de los retornos de dicho Fondo. Uno de los aspectos más interesantes del caso noruego es que los recursos de este Fondo se invierten en activos financieros, que son acciones en empresas y bonos (incluyendo deuda soberana) en todo el mundo. Es decir que no consumen su renta sino la invierten en el exterior y, además, estas inversiones, a su vez, les generan mayores rendimientos; constituyéndose en un círculo virtuoso generador creciente de ingresos para su país. A la fecha, el Fondo de Pensiones Noruego acumuló más de 710 mil millones de dólares americanos como resultado de la aplicación de un impuesto de 78% sobre las utilidades de las empresas petroleras que operan en ese país. Bolivia Bolivia, especialmente desde la gestión 2005 con la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el incremento de los precios internacionales, ha estado recibiendo cuantiosos recursos por concepto de la renta hidrocarburífera. El IDH y las regalías constituyen casi una tercera parte de los ingresos fiscales. Asimismo, cerca de la mitad de las exportaciones corresponden al sector hidrocarburos. Recursos para varios usos Por un lado, dos terceras partes del IDH son destinadas a gastos corrientes, mientras que solamente un tercio está orientado a inversión. Estos recursos están siendo dispersados en diferentes finalidades y sólo una pequeña parte (4%) se destinada a lo productivo, como los sectores agropecuario y desarrollo económico. Por otro lado, en el caso de 18% del valor de la producción, correspondiente a las regalías, una tercera parte de éstas es asignada al nivel central (TGN), que básicamente financia gastos corrientes. Dos terceras partes reciben las gobernaciones, las cuales pueden destinar hasta 25% a gastos corrientes, y el resto a la inversión en sectores como caminos, agropecuario, electrificación y otros. Por lo tanto, aproximadamente, 50% de las regalías son destinadas a inversión y otro 50% a gastos corrientes. En razón a que la renta por hidrocarbu- ros proviene de fuentes no renovables, asignar a gastos corrientes puede oca- sionar problemas de insostenibilidad a futuro, además que implica una pérdi- da de patrimonio si se destina a gastos de consumo del gobierno. Por otro lado, al analizar el planteamiento del cambio de matriz productiva, tampoco se advierte que el Estado esté asignando recursos a los sectores productivos alternativos al de hidrocarburos y minerales, como son los sectores agropecuario, industria y turismo. En 2011 solamente 7% de la inversión pública (de todo el sector público y con todas las fuentes de financiamiento) fue destinada a estos sectores, por lo que el Estado no estaría impulsando la diversificación económica por esta vía. En síntesis, no se percibe que la renta por hidrocarburos esté siendo utilizada de manera estratégica hacia un proyecto de desarrollo y el logro de cambios estructurales, como ser una economía productiva, sostenible y que genere ingresos y empleo. El análisis comparativo es imprescin- dible. ¿Estamos más cerca de un buen ejemplo como el caso de Noruega, que aprovecha la renta para multiplicar sus recursos, o más cerca de Nigeria, país africano que no ha aprovechado sus grandes recursos para mejorar y proyec- tar su economía más allá del corto pla- zo, con un enfoque de sostenibilidad? Es también cierto que las realidades son distintas puesto que, a diferencia de Bolivia, cuando Noruega descubrió su potencial hidrocarburífero, en la década de los años 60, ya había alcanzado importantes niveles de desarrollo socioeconómico; empero, es importante observar y comparar las experiencias para tener una idea de los resultados que el país podría alcanzar. Por un lado, se está asignando una parte muy importante de los recursos de la renta hacia gastos corrientes que implica una pérdida de patrimonio, y no se percibe que el Estado esté orientando los excedentes económicos hacia una economía productiva, diversificada y más sostenible. Por otro lado, algunas señales indican que el país estaría yendo en camino opuesto al ejemplo de Noruega, ya que a diferencia de ese país –que invierte en activos financieros en el extranjero que además le generan rendimientos-, Bolivia, a pesar de contar también con grandes ingresos provenientes de la renta hidrocarburífera, actualmente acomoda activos financieros a través de bonos soberanos, comprometiéndose a pagar intereses a los acreedores e incrementando la deuda externa. Como perspectiva, queda el escenario del pacto fiscal en el cual, entre otros temas, se pueda discutir nuevamente sobreeldestinodelosrecursospúblicos, como la renta extractiva, conforme a un proyecto de país y orientado a un desarrollo más sostenible. 5Revista Jubileo
  • 6. DOS MEGACAMPOS DE gas SOSTIENEN el mayor aporte a la RENTA PETROLERA Luego de cinco años sin registrar mayor variación en la producción de hidrocarburos en Bolivia, el año 2012, YPFB anunció per- manentes incrementos a partir de abril, siendo en el mes de noviembre que se alcanzó el valor histórico de 59 MMmcd (millones de metros cúbicos por día) de gas natural. Este aspecto, entre otros, motivó a Fundación Jubileo a realizar tres nuevas publicacio- nes sobre la situación actual de los hidrocarburos, la renta petrolera y la volatilidad de precios. Situación de los hidrocarburos Los importantes incrementos de producción alcanzados el año 2012, si bien se constituyen en una buena noticia, sumado al beneficioso contexto de precios internacionales, representa mayores ingresos por con- cepto de regalías, IDH e impuestos; pero resulta preocupante que se deba principalmente al aporte de sólo dos campos: Sábalo y Margarita, pues se estaría acelerando la explotación de la reserva ya existente en esos cam- pos, ya que no ha existido ningún nuevo resultado de exploración que le permita al país contar con nuevas reservas hidrocarburíferas. Una pregunta constante es por qué no se está realizando exploración de nuevas reservas hidrocarburíferas, de modo que permitan incrementar las ya existentes o al menos reponer las que se vienen consumiendo median- te la explotación de gas natural y pe- tróleo. Si bien YPFB cuenta con nue- vas áreas reservadas para exploración y explotación de hidrocarburos, tanto en zonas tradicionales como no tra- dicionales, no existe interés de em- presas petroleras por asociarse con la empresa estatal boliviana para reali- zar actividades de exploración y ex- plotación, muy a pesar del potencial hidrocarburífero de Bolivia. Uno de los principales aspectos es la falta de una nueva ley de hidrocarbu- ros, que por una parte refleje los li- neamientos asignados al sector por la Constitución, pero también que otor- gue un marco jurídico más estable y seguro a las empresas interesadas en invertir, pues el sector, desde el año 2009, está siendo normado mayor- mente a través de decretos supremos que no dan seguridad jurídica porque pueden ser cambiados de acuerdo a estrategias políticas del gobierno de turno. Por otro lado, en el marco de la política de reactivación de la exploración hidrocarburífera a cargo del Gobierno, resulta importante para la sociedad conocer el contenido de los Contratos de Servicio para la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas reservadas a favor de YPFB, de acuerdo con una política de transparencia que debiera asumir la estatal petrolera, al tratarse de un sector estratégico. Asimismo, si bien hay avances en temas de transparencia, existe información que aún no es pública; un claro ejemplo es el contenido de los Programas de Trabajo y Presupuesto para cada contrato de operación, instrumento que permitiría a la población conocer las principales actividades que se realizan dentro de los planes de exploración y explotación, así como las inversiones asociadas a cada una de ellas. Aproximadamente, 85% de los in- gresos por la venta de hidrocarburos proviene del gas natural exportado a Brasil y Argentina. En el caso del primero, el contrato de compra–ven- ta de gas finaliza el 2019, por lo que Bolivia debe diseñar estrategias para una eventual renegociación, así como para prever los cambios que puedan derivarse. Otro aspecto que continúa llamando la atención es el destino y uso de los ingresos que obtiene YPFB por la participación adicional en las ganancias de los contratos de operación, este dato debe ser transparentado y reglamentado. De fuentes extraoficiales se conoce que cerca de 97% de la participación que obtiene YPFB en las utilidades de los contratos de operación provendría solamente de dos campos. Por otro lado, considerando los incrementos de producción y el registro de precios históricos de exportación de gas natural, resulta cada vez más imperiosa la necesidad de contar con políticas estatales destinadas a transferir recursos obtenidos por la explotación de hidrocarburos a otros sectores de la economía, generadores de valor agregado y empleo. 6 Revista Jubileo
  • 7. Renta hidrocarburífera Al ser Bolivia un país productor de hidrocarburos resulta imprescin- dible hacer seguimiento a la renta que percibe el Estado por regalías e Impues- to Directo a los Hidrocarburos; pero este monitoreo se limita al monto que perciben las regiones por regalías e IDH que beneficia a los departamentos pro- ductores, no productores, pueblos indí- genas, universidades públicas y hasta las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sin embargo, la renta petrolera es defi- nida como la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del sub- suelo a precios de venta en el merca- do internacional, menos los costos de extracción o, dicho de otra manera, es la diferencia de los ingresos menos los costos, de modo que la renta petrolera es lo que queda para repartir entre el Es- tado y las empresas privadas o públicas que participan de la actividad petrolera. Desde esta perspectiva, la renta petro- lera es dividida en la renta estatal y la renta privada, por lo que la pobla- ción no solamente debiera monitorear el valor de las regalías e IDH, sino también el uso y destino del pago de patentes que realizan las empresas pe- troleras, la participación en las ganan- cias por los contratos petroleros, tan- to de la empresa estatal YPFB como de las empresas privadas, así como los impuestos que pagan tanto YPFB como las empresas que conforman el Titular de los contratos. En este sentido, la renta petrolera del país viene determinada por los ingre- sos que se captan por la explotación de hidrocarburos, así como por los costos en que se incurre para su ex- plotación y comercialización. La renta petrolera generada por las actividades de exploración y explota- ción, compuesta tanto por la porción que se lleva la empresa privada como la que se lleva el Estado, alcanza a 80% de los ingresos obtenidos por la venta de hidrocarburos, en tanto que la participación del Estado en los in- gresos obtenidos por la exploración y explotación de hidrocarburos se encuentra próxima a 71%, explica- do principalmente por la aplicación del IDH, creado el 2005 mediante la Ley de Hidrocarburos N° 3058. A partir del análisis efectuado en el documento sobre renta petrolera, Fundación Jubileo encuentra preocu- pante el grado de dependencia que tienen las finanzas públicas de los ingresos captados del sector hidro- carburos, ya que se trata de ingresos obtenidos por la explotación de un recurso natural que es no renovable, por tanto finito, y que además es co- mercializado a precios que depen- den de la cotización internacional del barril de petróleo, en especial el gas natural exportado, que se carac- teriza por su elevada volatilidad. Al tratarse de recursos que son suscep- tibles a la volatilidad de los precios internacionales o a cambios bruscos de demanda (en el caso de las exporta- ciones) por el contexto de la economía internacional, no se constituyen en una fuente segura de financiamiento de gastos corrientes y bonificaciones. Finalmente, si bien en los últimos 7 años el país ha percibido un flujo histórico de ingresos por concepto de renta hidrocarburífera, no se han dise- ñado las políticas públicas adecuadas para transferir estos ingresos a otros sectores de la economía y fomentar así el desarrollo productivo y la diver- sificación económica. Volatilidad de ingresos El nivel de ingresos por la producción de hidrocarburos que percibe el Es- tado boliviano depende, principalmen- te, de dos variables: del nivel de pro- ducción y de los precios utilizados para la valoración de esa producción. En el caso del gas natural exportado, el precio de venta es actualizado tri- mestralmente y los precios se encuen- tran indexados a fuels internacionales que guardan una estrecha correlación con las cotizaciones del precio del petróleo WTI (West Texas Interme- diate) y, por lo tanto, la porción de la producción de gas que se destina al mercado externo es valorada consi- derando cotizaciones internacionales de petróleo, hecho que repercute en mejores niveles de ingresos debido a la coyuntura actual de precios altos. Si bien durante los últimos años se han observado incrementos constantes en la recaudación de renta petrolera, los mismosrespondenprincipalmenteauna coyuntura de precios altos del petróleo y no tanto a incrementos significativos en la producción de hidrocarburos, a excepción del año 2012. El producto que genera los mejores niveles de ingresos es el gas natural. En caso de que esta coyuntura de precios altos se revierta, una variación negativa del precio WTI puede generar serias disminuciones en los niveles de ingresos percibidos por el Estado y, en consecuencia, posibles déficits presupuestarios para el Gobierno Central y gobiernos subnacionales, considerando la dependencia que tiene el funcionamiento del aparato estatal de estos ingresos. 7Revista Jubileo
  • 8. desembolsos por deuda externa llegaron a cifra récord el 2012 L os desembolsos de deuda externa alcanzaron una cifra histórica de 1.135 millones de dólares durante el año 2012. Además de los flujos que anualmente se programan para cada crédito, el mayor nivel de desembolsos registrado el año pasado se debe principalmente a los bonos soberanos, siendo la cifra más alta registrada en las últimas décadas. Una característica de la fuente de financiamiento a través de la venta de bonos soberanos es que se obtiene la totalidad de los recursos de una sola vez. Por lo tanto, para un uso eficiente, eficaz y económico de estos fondos se esperaría que los proyectos o programas a financiarse ya hubieran estado previstos, incluso antes de la emisión, y que estén actualmente en ejecución, ya que la venta de los bonos fue realizada hace más de seis meses (octubre de 2012) y, en consecuencia, se espera que los 500 millones de dólares no estén acumulándose en los saldos de cuentas bancarias del sector público, más aún por el pago de intereses que debe cubrir el país. Costo de la deuda por bonos Toda deuda tiene un costo a partir del pago de intereses. En el caso de los bonos emitidos el 2012, la tasa anual que pagará el país es de 4,875%, más cara que otros créditos contratados el mismo año, por ejemplo a 3,13% de la CAF y a 2% de Venezuela. Tasas de interés promedio ponderadas de créditos contratados de deuda externa - 2012 ACREEDOR TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO MULTILATERAL 1,93% CAF 3,13% BID 0,83% BILATERAL 2,00% VENEZUELA 2,00% PRIVADOS 4,87% TOTAL 3,36% Fuente: Banco Central de Bolivia A partir de las condonaciones de la deuda, sumado a que los nuevos créditos tienen condiciones más caras, los niveles de concesionalidad (créditos blandos) han cambiado sustancialmente. El año 2002, el 34% de la deuda externa no era concesional; pero el año 2012, sólo el 34% fue concesional y, en consecuencia, el 66% fue más cara. Este porcentaje creció más el último año a raíz de las condiciones de los bonos soberanos. ¿Quién ejecuta y paga? Hasta la gestión 2011, la deuda externa era principalmente ejecutada (en 36%) por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) –antes Servicio Nacional de Caminos-, sin embargo, a partir del 2012 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEFP) figura como el principal ejecutor de la deuda externa (44%), porque los bonos soberanos figuran en su presupuesto. Entre otros ejecutores importantes se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, algunos gobiernos municipales y departamentales, además deYPFB. El pago de la deuda externa (capital e intereses) está principalmente a cargo del Tesoro General de la Nación (TGN), como una más de las obligaciones de gasto que tiene esta instancia y que, en suma, está a cargo de pagar el 86% de la deuda externa, con lo cual se observa la carga que representa esta deuda para el TGN que, además, ha registrado déficit o ha estado cerca de él en los últimos años y, por ende, Desembolsos de deuda 1970-2012 (En millones de dólares) 1200 1000 800 600 400 200 0 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009 2012 1970 1976 1982 1988 1994 2000 2006 Multilateral Bilateral Privado Fuente: Banco Central de Bolivia Fuente: Banco Central de Bolivia Porcentaje de concesionalidad deuda externa 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% No Concesional Concesional 2002 34% 66% 2012 66% 34% 8 Revista Jubileo
  • 9. tiene mayor necesidad de recursos, en cuyo caso la emisión de bonos representaría una importante fuente de recursos frescos. Sectores que se financian con deuda El sector económico que por décadas se ha beneficiado más con la deuda pública externa es transportes, referido a la construcción de infraestructura caminera, con 36% del total adeudado el 2012, seguido por el sector de apoyo multisectorial, con 17%, y luego por el sector denominado apoyo presupuestario, con 12% (los bonos soberanos). Bonos soberanos también para transportes Fundación Jubileo solicitó al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público información sobre el destino de los bonos soberanos; sin embargo, la respuesta escrita indica solamente que es un apoyo presupuestario. Según declaraciones del Viceministro de Tesoro y Crédito Público, Edwin Rojas, publicadas en medios de prensa, el 100% de los recursos provenientes de los bonos soberanos fue destinado a la construcción de: Infraestructura caminera Monto estimado en millones de dólares Carretera Trinidad-San Ignacio de Moxos 77,9 Carretera Turco-Copasa 42,7 Doble vía Río Seco- Huarina nd Doble vía Huarina-Tiquina nd Doble vía Huarina- Achacachi nd Puente Beni II (*) 23,2 Puente Beni III nd Puente Mamoré nd Puente Madre de Dios 36,2 (*) 70% con recursos TGN y 30% con recursos BID En el primer ítem de la tabla se advierte que 77,9 millones de dólares serían destinados a la conexión por carretera asfaltada entre Cochabamba y Trinidad, en una continuación al tramo III de la controvertida carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (que atraviesa el TIPNIS), que tendrá una extensión de 78 kilómetros y será construida en dos fases: San Ignacio de Moxos-Fátima y Fátima-Puerto Varador-Trinidad. La transparencia es un requisito esencial para que la sociedad civil pueda conocer los proyectos que serán o están siendo financiados con estos recursos, así como los impactos, tanto positivos como negativos para la población y el medio ambiente. Saldo deuda externa por ejecutor Otros S. Público YPFB MEFP Gob. Subnales MMAyA ABC 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1200 1000 800 600 400 200 0 (EnmillonesdeUSD)(EnmillonesdeUSD) Otros S. Público YPFB Gob. Dptales Gob. Mpales TGN 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Deuda externa por deudor Ajuste estructural Fortalecimiento Institucional Energia Comunicaciones Hidrocarburos Otros Apoyo Presupuestario Agropecuario Saneamiento Basico Multisectorial Deuda externa por sector económico 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 9Revista Jubileo
  • 10. El nuevo control social para los municipios debía funcionar desde mayo L a Ley Nº 341 de Participación y Control Social, vigente desde febrero de 2013, define las nuevas competencias que adquiere este derecho ciudadano y que debe implementarse en los gobiernos municipales a partir del 6 de mayo de 2013. Esta nueva norma es complementaria a los artículos 241 y 242 de la Constitución que reconoce a la participación y ejercicio del control social como un derecho ciudadano, con aplicación en todos los poderes del Estado, entidades públicas e incluso privadas que reciban recursos fiscales y/o administren recursos naturales. Ámbito municipal La ley señala que “los Gobiernos Autó- nomos Municipales establecerán por Ley Municipal, en un lapso no mayor a noven- ta (90) días, el funcionamiento e imple- mentación de la Participación y Control Social”. (Tercera disposición transitoria) Con esta medida también se cierra el ciclo de vigencia de los Comités de Vigilancia, creadas en 1994, a través de la Ley de Participación Popular. Actualmente hay 326 gobiernos autóno- mos municipales a los que corresponde dar inicio a un nuevo ciclo de vida y ex- periencia de la participación y control social, sin contar a 11 municipios en proceso de conversión a la autonomía indígena originario campesina. Fondo de Control Social Los recursos antes destinados a los Comités de Vigilancia pasan al fortalecimiento de la Participación y Control Social. Para tener una referencia de cuánto significa el Fondo de Control Social, según datos del Presupuesto General del Estado de la gestión 2011, el monto llegó aproximadamente a 40 millones de bolivianos y en la gestión 2012 a 50 millones de bolivianos, distribuidos a los 337 municipios del país. El Fondo de Control Social proviene de la transferencia de recursos de coparticipación de impuestos y es calculado en cada municipio según la cantidad de población en un porcentaje determinado en la Ley de Municipalidades de la siguiente forma: Hasta 10.000 habitantes: 1% De 10.000 a 25.000 habitantes: 0,75% De 25.000 a 100.000 habitantes: 0,5% Más de 100.000 habitantes: 0,25% De esa manera, hay municipios con bastantes recursos para el ejercicio del derecho de la participación y control social en comparación con municipios medianos y pequeños con pocas condiciones para este fin. RECURSOS DESTINADOS A LOS COMITÉS DE VIGILANCIA (en bolivianos) MUNICIPIO FONDO DE CONTROL SOCIAL La Paz 1.162.401 El Alto 952.374 Cochabamba 757.588 Yacuiba 244.755 Tarija 224.858 Riberalta 222.656 Villa Tunari 152.905 Challapata 115.971 Cobija 98.133 Ayo Ayo 41.942 Nazacara de Pacajes 1.565 Yunguyo de Litoral 1.295 Fuente: Presupuesto General del Estado 2013 Con base en la Constitución y la Ley Mar- co de Autonomías, las entidades territo- riales autónomas deben garantizar la par- ticipación y control social a través de sus estatutos autonómicos departamentales, cartas orgánicas municipales, estatutos regionales y estatutos indígena originario campesinos. Los concejos municipales tienen la tarea de elaborar –de forma participativa- una ley municipal que norme y posibilite la implementación del nuevo control social municipal. Este escenario plantea la oportunidad de solucionar las deficiencias observadas en la experiencia de los comités de vigilancia, así como fortalecer los buenos resultados de esta experiencia. Algunos temas de análisis son: 1. La inclusión de actores no territoriales en el ejercicio de la participación y control social. 2. La independencia de la participación y control social respecto a partidos políticos y autoridades. 3. Recursos y asistencia técnica suficientes para la cualificación del control social. 4. Alcance de las decisiones de la parti- cipación y control social, y su carácter vinculante en la gestión municipal. 5. El ejercicio de la participación y control social en ámbitos sectoriales como salud, educación, medio ambiente, servicios básicos y otros que no dependen de la gestión del gobierno municipal. 6. Las atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley Marco de Autonomías para la participación y control social, como por ejemplo: la iniciativa legislativa, la revocatoria de mandato, el La aplicación de la norma desde la experiencia municipal 10 Revista Jubileo
  • 11. Artículos de la ley a) Ámbito de aplicación (Artículo 2): Define a todas las entidades públi- cas de los cuatro órganos del Esta- do (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, incluyendo al Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Con- traloría del Estado, Procuraduría del Estado, Fuerzas Armadas y Po- licía, y a las entidades territoriales autónomas y empresas privadas que reciban recursos fiscales. Incluye a las empresas privadas que presten servicios básicos (como cooperativas) y a las que administren recursos naturales. b) Actores (Artículos 6 y 7): La socie- dad civil organizada, sin ninguna discriminación. Éstos pueden ser: orgánicos, comunitarios y circuns- tanciales. Tiene una clara inclinación a priori- zar la participación de los sectores sociales, juntas vecinales, sindica- tos, organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario cam- pesinos, las comunidades intercul- turales y afrobolivianas. c) Derechos (Artículos 8): Define como derecho de participación y control social participar en procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de la gestión pública en todos los niveles del Estado, incluyendo el presupuesto. También menciona el derecho de la sociedad civil organizada a: • Realizar control social sobre la calidad de los servicios básicos, incluyendo los prestados por empresas privadas o cooperativas. • Ser consultados e informados sobre decisiones que pudieran afectar al medio ambiente. • Ejercer control social en el desarro- llo energético, hidrocarburífero, fo- restal y en toda la cadena produc- tiva minera. • Participar en la gestión del sistema de salud y del sistema educativo. d) Financiamiento (Artículos 41): Define que es responsabilidad de las máximas autoridades de todas las entidades públicas (ej. Ministros, Gobernadores, Alcaldes) garantizar los recursos necesarios para efectivizar el derecho de la participación y control social. Sin embargo, deja claramente establecido que esos recursos deben servir para el cumplimiento de las tareas de participación y control social; pero en ningún caso para el pago de remuneraciones a los representantes de la sociedad civil. control social a las empresas privadas que reciben recursos fiscales, entre otros. 7. El ejercicio de la participación y control so- cial que supere el enfoque “obrista” (prio- rización de obras) de la gestión municipal y avance hacia la propuesta de una gestión por resultados en términos de reducción de la pobreza y promueva el desarrollo pro- ductivo y la generación de empleo. Primera norma Fundación Jubileo participó brindando asistencia técnica en el proceso de construcción participativa de la Ley Autonómica Nº 025 de Participación y Control Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aprobado el 8 de octubre de 2012, norma que fue elaborada y debatida en la 3ra Asamblea de la Paceñidad, luego de un proceso de consultas y concertación. Esta norma cuenta con su reglamentación, la misma que dará el marco para la implemen- tación del Sistema Municipal de Participa- ción y Control Social que, por el tamaño del municipio, descentralizará el control social para que sea ejercido desde los macrodistri- tos y distritos del municipio paceño. Por otro lado, esta ley municipal propone es- pacios de inclusión de actores sectoriales (ej. gremiales, empresarios, profesionales) y fun- cionales (ej. jóvenes, mujeres, tercera edad) al accionar del control social; propone tam- bién el desarrollo de instrumentos de control social (por ejemplo el presupuesto participa- tivo, los peritajes técnicos, la participación del control social en las licitaciones, con- sejos de planificación, etc.), establece los recursos financieros y asistencia técnica necesaria que cualifique el ejercicio de la participación y control social, cuya finalidad sea coadyuvar a una mejor calidad de vida. Corresponde que los municipios del país, gradualmente, elaboren y aprueben tanto sus cartas orgánicas como sus leyes municipales, cada uno con sus propias características, más allá del plazo de 90 días establecido en febrero pasado, para lo cual será coadyuvante que la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Ministerio de Autonomías orienten para la aplicabilidad del derecho de la sociedad civil organizada a ejercer la participación y control social en los municipios. Revista Jubileo 11
  • 12. LA PAZ tiene en el pacto fiscal una oportunidad para su DESARROLLO L a Paz es un departamento con una economía principalmente dedicada a servicios antes que a la producción de bienes; es el segundo con mayor población en el país y casi la mitad de ella en situación de pobreza. Ante los indicadores de retraso surgen propuestas para promover un pacto para el desarrollo. Los resultados preliminares del Censo 2012 confirman la tendencia de que el departamento de Santa Cruz concentra ahora la mayor proporción de población en el país (27%); seguido de La Paz (26%) y Cochabamba (19%). La Paz tiene, incluso, tasas de crecimiento poblacional inferiores a la década de los setenta. Por otra parte, desde 1997, el departamento de La Paz dejó de ser el primero en aportar al Producto Interno Bruto y fue desplazado por Santa Cruz. En la última década, el crecimiento económico del departamento de La Paz tuvo una tasa promedio de 4,4%; en tanto que el país creció, en promedio, a 4,7%. Comparando con otras regiones, se observa menor crecimiento respecto a Tarija (10,7%) y Potosí (6,9%). Con referencia a las exportaciones, La Paz se constituye en el cuarto departamento con mayor valor de exportaciones; pero aporta apenas con 10% del total nacional, por detrás de Tarija, Santa Cruz y Potosí. Los indicadores sociales también llaman la atención. El 44% de la población del departamento es pobre y 21% de la población vive en extrema pobreza; es el tercer departamento detrás de Potosí y Chuquisaca donde existe mayor desigualdad en la distribución del ingreso. De continuar esta situación, el departamento de La Paz se verá postergado y relegado por las demás regiones. Frente a estos indicadores, se hace necesario un gran acuerdo público –un pacto para el desarrollo- que comprometaaautoridadesdegobiernos locales, comunidades, organizaciones de base, grupos de ciudadanos locales, empresarios y otros sectores. En la perspectiva de que en la próxima gestión se contemple la propuesta metodológica para el pacto fiscal nacional, como mecanismo de concertación entre sociedad civil y Estado, con miras a la construcción del desarrollo, del país, el departamento de La Paz debe aprovechar y tener preparada una propuesta para construir las bases de su desarrollo. Una de las tareas importantes del diálogo debe ser la definición de los contenidos del pacto para el desarrollo u objetivos de política pública departamental. Estos contenidos deben considerar al menos cinco componentes, a partir del rol del sector público en la economía y guardando relación con el ciclo de la política pública y su financiamiento, con una clara orientación hacia el ciudadano receptor de los beneficios de la aplicación de la acción gubernamental. Éstos son: 1. Generación de recursos. La política de este componente debe estar dirigida a la necesidad de la transformación productiva del departamento. Durante la última década, la participación del sector terciario, específicamente del comercio transporte y servicios financieros, públicos y personales como contribución al PIB departamental correspondió a más de la mitad, 54%. (Grafico 1) En cambio, actividades económicas que inciden en la generación de mayor valor agregado del sector secundario sólo contribuyen con 15% y el sector primario –fundamentalmente agrícola y extractivo- con 12%. Por tanto, se hace necesario el incremento de la productividad y la creación de empleo digno. 12 Revista Jubileo
  • 13. 2. Captación de recursos. A mediano plazo, el departamento de La Paz debe aplicar una normativa clara respecto a los temas impositivos en los sectores estratégicos, en el marco de una reforma tributaria nacional. Analizando la estructura de recursos disponibles en el presupuesto 2013 (Gráfico Nº 2 y Nº 3), respecto a la gobernación, se muestra la importancia del apoyo del Gobierno Central mediante transferencias de capital que representan 17%. El IDH representa 11%. En cuanto a los gobiernos municipales, los recursos por coparticipación tributaria de la participación popular e IDH representan 44% y los ingresos por impuestos 13%. Entonces, La Paz debe generar políticas que incorporen al conjunto de la población, mediante el apoyo a las actividades económicas productivas, además de decisiones claras respecto a inversión pública y privada, de tal forma que la región pueda captar una mayor proporción de la riqueza generada en su economía. 3. Gestión Pública. Los objetivos del componente de gestión pública deben estar centrados en el beneficio hacia el ciudadano paceño, orientando todo el esfuerzo de los gobiernos locales de La Paz, para satisfacer sus necesidades de forma eficiente y eficaz. Los recursos disponibles no ejecuta- dos en la gobernación y municipios, guardados en cuentas bancarias, equivalen a 36% y 21%, respectiva- mente. (Ver gráficos Nº 2 y Nº 3) Los gobiernos municipales del país tienen saldos de presupuestos no ejecutados hasta 2013 por un valor de 3.711 millones de bolivianos. De este total, los municipios de La Paz Gráfico 2 La Paz: Estructura de recursos de la Gobernación 2013 Transferencias de Capital del Sector Público 17% Transferencias corrientes del Sector Público 4% Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH 11% Coparticipación Tributaria IEHD 7% Fondo de Compensación 10% Regalías 4% Saldos en bancos de gestiones anteriores 36% Recursos Propios (recaudados por la Gobernación) 11% Gráfico 1 La Paz: Participación de los Sectores Económicos en el Producto Interno Bruto (En porcentaje) 70 60 50 40 30 20 10 0 10 10 10 10 1011 11 11 13 1313 18 18 17 17 16 15 15 15 1514 1414 14 58 58 57 57 56 52 52 50 50 53 53 58 Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) Gráfico 3 La Paz: Estructura de recursos de los Gobiernos Municipales, 2013 Coparticipación tributaria 45% Tasas derechos y otros ingresos 5%Ingresos por impuestos 13% Venta de Bienes y Servicios 1% Préstamos internos 0,3% Otros activos financieros 2% Saldo en Bancos 21% Transferencias de capital 4% Otras transferencias corrientes 8% Regalías 0,15% Revista Jubileo 13
  • 14. tienen en sus cuentas el mayor valor de recursos no ejecutados hasta el 2013, más de 855 millones de bolivianos. (Gráfico 4) Entonces el departamento debe asumir una posición que permita una mejor dotación de instrumentos adecuados a su realidad y sus entidades, que proponga un replanteo al modelo de gestión pública y de los sistemas SAFCO, una definición más clara en cuanto a sistemas de planificación, presupuestos y recursos humanos, y un nuevo enfoque de gestión por resultados. 4. Distribución de recursos. Este componente debe tener un planteamiento que tenga como objetivo clarificar la distribución vertical y horizontal de los recursos fiscales entre los distintos entes institucionales del sector público, tanto en transferencias, incluyendo regalías; como en impuestos, así como normas para un mejor ordenamiento de las fuentes. Porejemplo,conlosactualescriterios de distribución los departamentos más perjudicados son Santa Cruz y La Paz, éste último recibe per cápita Bs 1.530, cinco veces menos en comparación con un habitante de Tarija (Bs 7.848) y 300% menos que los habitantes de Pando (Bs 6.263). 5. Utilización de recursos. Este componente servirá para plantear la eliminación de ciertas restricciones al gasto de la gobernación y de los municipios, así como la necesidad de una nueva propuesta de responsabilidad fiscal vinculada a una evaluación del costo de las competencias y a un modelo abierto de retroalimentación hacia la ciudadanía, de tal forma que el sector público pueda hacer un uso eficiente de los recursos públicos asignados. La estructura planteada en el presupuesto de 2013 respecto a la inversión pública en el departamento continua haciendo énfasis en el transporte, principalmente caminos (51%), dejando de lado la inversión en sectores productivos que sólo representa 6% y el sector agropecuaria 10%. (Gráfico Nº 5) Gráfico 5 La Paz: Distribución de la Inversión de la Gobernacion, 2013 Agropecuario 10% Transportes 51% Energía 9% Urbanismo y Vivienda 8% Industria y Turismo 6% Educación y Cultura 5% Recursos Hídricos 5% Salud y Seguridad Social 3% Justicia y Policía 1% Saneamiento Básico 1% Recursos Naturales y Medio Ambiente 1% Saneamiento Básico 1% Multisectorial 0,4% Gráfico 4 Saldo de presupuesto no ejecutado en los Gobiernos Municipales según Departamento, hasta 2013 En millones de bolivianos 855,8 774,1 458,0 437,0 418,4 262,9 255,2 177,1 72,7 La Paz Cochabamba Tarija Santa Cruz Potosí Chuquisaca Oruro Beni Pando 14 Revista Jubileo
  • 15. L a discusión ideológica de años anteriores, incluso del siglo pasado, hoy se ha trasladado a otro ámbito: ya no se discute sobre marxismo, capitalismo, socialismo o (neo) liberalismo, sino sobre los nuevos modelos de desarrollo: la economía verde, el vivir bien, el extractivismo, el índice de felicidad o el decrecimiento. Lo que tienen en común estos modelos, o ideas, es la búsqueda de una visión más holística e integral del ser humano que no sea reducida solamente a sus necesidades económicas. Este intento ya se plasma en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, creado a fines de la década de 1980 e influenciado por el economista bengalí Amartya Sen, que toma en cuenta los indicadores de vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer), de educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de matriculación, así como los años de duración de la educación obligatoria) y el nivel de vida digna (medido por el PIB per cápita). Pero, obviamente, faltan aquí elementos de la convivencia equitativa y pacífica: el valor de la comunidad, tanto social y cultural, y como dijo Amartya Sen, premio nobel de economía de 1998, sobre el Índice de Desarrollo Humano: “es el comienzo de la discusión sobre cómo medir desarrollo, y no el final”. La Doctrina Social de la Iglesia ha aportado a esta discusión con el paradigma del Desarrollo Humano Integral que Juan Pablo II describía de la siguiente manera: “Todo desarrollo digno de este nombre ha de ser integral, es decir, ha de buscar el verdadero bien de toda persona y de toda la persona. El auténtico desarrollo no puede consistir en la simple acumulación del bienestar y en una mayor disponibilidad de bienes y servicios, sino hay que buscarlo con el debido respeto a las dimensiones social, cultural y espiritual del ser humano. Los programas de desarrollo han de elaborarse basándose en la justicia y en la igualdad. Para que permitan que la gente viva de manera digna, armoniosa y pacífica. Tienen que respetar la herencia cultural de los pueblos y naciones, y las cualidadesyvirtudessocialesquereflejan la dignidad que Dios ha dado a todas las personas y el plan divino que invita a la unidad. Es importante que los hombres y mujeres sean protagonistas activos de su propio desarrollo, porque tratarlos como meros objetos de un esquema o de un plan podría anular su capacidad de ser libres y responsables, fundamental para el bien de la persona humana”. Muchos de estos elementos se pueden encontrar también en las definiciones del bien común como conjunto de condiciones concretas que permitan a todos los miembros en comunidad alcanzar un nivel de vida a la altura de la dignidad de la persona humana. En el centro de esta concepción está la persona con las diversas dimensiones de su ser humano: la dimensión social, ambiental, económica y cultural. Las diferentes propuestas de desarrollo buscan establecer un equilibrio en la satisfacción de las necesidades en las diversas dimensiones que según región y cultura tienen una valoración y satisfacción diferente. En Alemania, por ejemplo, una comisión parlamentaria investiga, desde hace dos años, nuevos indicadores de bienestar porque el Índice de Desarrollo Humano no capta los desafíos y avances de la sociedad alemana actual. En Bolivia, la Agenda Patriótica 2025, presentada por el Presidente en enero, enfoca la lucha contra la extrema pobreza, plantea empleos dignos y la satisfacción de las necesidades básicas como alimentación, servicios básicos, educación y otros, las que siguen siendo prioridades imperantes. Entonces, los modelos de desarrollo no son y no pueden ser idénticos. Se requiere una pluralidad de conceptos, adaptados a las necesidades concretas y reflejando la pluralidad del mundo. Desde este punto de vista, se sobreentiende porqué las recetas de décadas anteriores (como el consenso de Washington) no podían funcionar, más allá de que los países que las medicaron nunca las aplicaron. Al mismo tiempo, se tienen desafíos en común –como el calentamiento global- a los cuales, todos y juntos, deben dar respuestas adecuadas. El concepto de Desarrollo Humano Integral llama la atención para que, de cualquier modo, no se deje de lado ninguna de las dimensiones del ser humano. Las necesidades básicas son inseparables, son parte de los derechos humanos, de la participación, de la protección del medio ambiente y de cultura, y tienen que ser parte de cualquier tipo de desarrollo que sea digno de llevar este nombre. No son “otras áreas” de desarrollo, sino principios que tienen que atravesar el actuar de la sociedad y del Estado, a favor del bienestar de todos y todas. el Desarrollo Humano Integral es un aporte para modelos de desarrollo Revista Jubileo 15
  • 16. Director Ejecutivo: Juan Carlos Núñez V. Coordinador General Waldo Gómez R. Responsable de edición: Jorge Jiménez Jemio fundajub@entelnet.bo www.jubileobolivia.org.bo Dirección: Edif. Esperanza, Av. Mcal. Santa Cruz, Piso 2 Casilla 5870 La Paz, Bolivia Telf: (591-2) 2125177 – 2311074 Equipo técnico: René Martínez Patricia Miranda Jaime Pérez Herbert Irahola Raúl Velásquez Irene Tokarski Célica Hernández Wilson Gisbert Bernarda Sarue Guillermo Zamorano 2013 Administración: Mirian Clavijo María Apaza Olga Machicado Distribución: Amparo Mallea Raquel Ortuño Pamela Pizarro Publicación con apoyo de KZE-Misereor Alemania, Oxfam GB D.L. 4-3-61-12 Presupuestos de gobernaciones 2013 El Presupuesto General del Estado 2013 presenta a los gobiernos departamentales con un incremento significativo de sus presupuestos, principalmente por los ingresos por hidrocarburos. Los nueve departamentos del país disponen, en suma, de Bs 10.070 millones. Sólo 3% de la inversión se destinará a industria y turismo, este año. La cartilla incluye una lista de proyectos con mayores recursos para cada región. Fundación Jubileo elabora esta cartillaporoctavoañoconsecutivo, con el propósito de que la sociedad civil tenga mejor conocimiento sobre la gestión de los gobiernos subnacionales, siendo instancias determinantes para el desarrollo regional y nacional. Trabajo en grupos sobre medio ambiente La Carta Pastoral sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano en Bolivia “El Universo, Don de Dios para la Vida” exige una respuesta personal e inmediata de todos y todas para preservar la creación. Esta guía es un complemento de la Carta Pastoral y explica los argumentos de los capítulos de ese documento eclesial. En una segunda parte, aporta con herramientas para el trabajo en grupos. La guía contiene información precisa y reflexiones aplicables a diversos grupos y realidades, bajo la metodología del Ver-Juzgar-Actuar. Guía de impactos socioambientales La exploración y explotación de hidrocarburos genera cambios y alteraciones en la vida de los pueblos indígenas donde éstas se realizan. La repentina aparición de personal técnico ajeno al entorno natural, la maquinaria pesada, el ruido, la apertura de zanjas y muchas otras actividades transforman la zona y los hábitos de comunidades y pueblos. La Guía para la identificación de impactos socioambientales en hidrocarburos sistematiza testimonios de indígenas del Pueblo Guaraní y experiencias de trabajo en procesos de consulta y participación de la zona tradicional hidrocarburífera del país. Materiales y publicaciones