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1 
REGISTRO CALIFICADO 
PROGRAMA DE DERECHO 
UNIVERSIDAD MARIANA 
SAN JUAN DE PASTO 
2014
2 
REGISTRO CALIFICADO 
PROGRAMA DE DERECHO 
“La calidad, un compromiso de todos” 
UNIVERSIDAD MARIANA 
SAN JUAN DE PASTO 
2014
3 
COMITÉ CENTRAL 
Ph.D. Oscar Olmedo Valverde Riascos 
Mag. RicardoEfraín Díaz Martínez 
Doctora (c) Carmen Cecilia Cabezas Cortés 
Mag. Oscar Arturo Montenegro Coral 
COMITÉ DE APOYO 
Esp. Mónica Julieta Cruz Ordierez 
Esp. Ruth Magaly Tapia Fierro 
Mag. Myriam Constanza Caicedo Enríquez 
Esp. Paula Giovanna Solarte Benavides 
Esp. Álvaro Alfonso Patiño Yépez 
Mag. Cristian Alexander Pereira Otero 
Esp. Orlando Alberto Chávez Bravo 
Mag. Diego Fernando Yanten Cabrera 
Mag. Henry Orlando Burbano Villota 
Esp. Oscar Damián Montufar Andrade 
Mag. Mauricio Guillermo Ceballos Burbano 
Esp. Jaime Darwin Hernández Chávez 
Esp. Jorge Santiago Bravo Guerrero 
Corrector de estilo 
Mag. Carlos Arcos Guerrero
4 
CONTENIDO 
pág. 
INTRODUCCIÓN 
12 
1. 
DENOMINACIÓN 
13 
1.1 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
14 
2. 
JUSTIFICACIÓN 
15 
2.1 
ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 
16 
2.1.1 
Estado del derecho en los ámbitos nacional e internacional 
17 
2.1.2 
Estado de la profesión en los ámbitos internacional y nacional 
18 
2.2 
NECESIDADES AL NIVEL DEL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL 
22 
2.3 
RASGOS DISTINTIVOS DEL PROGRAMA 
33 
2.4 
APORTES ACADÉMICOS E IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA 
35 
3. 
CONTENIDOS CURRICULARES 
38 
3.1 
EL DERECHO EN SU HISTORIA Y OBJETO DE ESTUDIO 
38 
3.2 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN, COMPETENCIAS Y PERFILES 
58 
3.3 
ELABORACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR 
61 
3.3.1 
Áreas, componentes y cursos 
62 
3.3.2 
Plan General de Estudios, representado en créditos académicos 
68 
3.4 
COMPONENTE DE INTERDISCIPLINARIEDAD DEL PROGRAMA 
77 
3.5 
ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACION PARA EL PROGRAMA DE DERECHO 
78 
3.6 
LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDACTICOS INSTITUCIONALES 
80 
3.7 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN UN SEGUNDO IDIOMA 
81 
4. 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 
83 
5. 
INVESTIGACIÓN 
90 
5.1 
MARCO INSTITUCIONAL 
90 
5.2 
LINEAMIENTOS SOBRE INVESTIGACIÓN 
93 
5.3 
SECTORES ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
96 
5.3.1 
Centro de Investigaciones 
97 
5.3.2 
Funciones del Centro de Investigaciones 
97 
5.3.3 
Líneas de acción 
98 
5.3.4 
Medios de difusión de los resultados de investigación 
99 
5.4 
GRUPOS, ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
100
5 
5.4.1 
Fundamentos del grupo Saber socio jurídico 
100 
5.4.2 
Actividad investigativa de los docentes del Programa 
103 
5.4.3 
Profesores con experiencia acreditada en investigación 
105 
5.4.4 
Producción investigativa de grupos reconocidos por Colciencias 
106 
5.5 
FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES 
111 
5.5.1 
La investigación en la formación del estudiante 
112 
5.5.2 
Modalidades de Trabajo de grado 
113 
5.5.3 
Los Semilleros de investigación 
114 
5.6 
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL ESPÍRITU INVESTIGATIVO 
116 
5.7 
LAS TIC EN LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES 
119 
6. 
MODELO DE PROYECCIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 
121 
6.1 
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
122 
6.1.1 
Convenios regionales, nacionales e internacionales 
122 
6.1.2 
Diplomados 
130 
6.1.3 
Proyectos de investigación estudiantil y profesoral 
130 
6.1.4 
Participación en convocatorias y eventos académicos 
131 
6.1.5 
Consultorio Jurídico y Centro de conciliación -Laboratorio 
135 
6.2 
TRABAJO CON LA COMUNIDAD 
136 
6.3 
IMPACTO DE LA FORMACIÓN DE LOS EDUCANDOS 
137 
6.4 
GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 
137 
6.5 
ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
137 
7. 
PERSONAL DOCENTE 
139 
7.1 
PLANTA DE PERSONAL DOCENTE 
140 
7.2 
PLAN DE CUALIFICACION DOCENTE 
150 
7.3 
REGLAMENTO DE EDUCADORES PROFESIONALES 
153 
8. 
MEDIOS EDUCATIVOS 
154 
8.1 
BIBLIOTECA HERMANA ELIZABETH GUERRERO 
154 
8.1.1 
Misión, Visión y objetivos de la Biblioteca 
154 
8.1.2 
Descripción, estructura administrativa y funciones de la Biblioteca 
155 
8.1.3 
Colecciones bibliográficas y bases de datos 
157 
8.1.4 
Estadística de ingreso de docentes a la Biblioteca 
161 
8.1.5 
Recursos informáticos en la Biblioteca 
163 
8.1.6 
Estrategias orientadas a incentivar la consulta en Biblioteca 
163 
8.1.7 
Convenios inter-bibliotecarios 
164 
8.1.8 
Políticas de desarrollo de la Biblioteca y proyección 
166 
8.2 
CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN 
167 
9. 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
168
6 
9.1 
BLOQUES DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA 
168 
9.2 
ZONAS VERDES, DE CIRCULACIÓN Y DE USO COMÚN 
176 
9.3 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DE BIENESTAR 
176 
9.4 
INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRAMA DE DERECHO 
178 
9.4.1 
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Reinaldo Herbrand 
179 
10. 
MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 
180 
10.1 
PROCESO DE SELECCÓN Y ADMINISÓN DE EDUCANDOS 
180 
10.2 
SELECCIÓN DE EDUCADORES PROFESIONALES 
183 
10.3 
PERMANENCIA DE ESTUDIANTES 
185 
10.4 
PERMANENCIA DE EDUCADORES PROFESIONALES 
187 
10.5 
EVALUACIÓN 
188 
10.5.1 
Evaluación de educandos 
188 
10.5.2 
Evaluación de educadores profesionales 
189 
11. 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA 
191 
11.1 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
191 
11.2 
ESTRUCTURA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA, DERECHO 
192 
11.3 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
193 
11.4 
ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CURRICULAR 
194 
12. 
AUTOEVALUACIÓN 
195 
12.1 
SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO 
195 
12.2 
EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
196 
12.3 
PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA DE DERECHO 
197 
12.3.1 
Resultados del Primer proceso de autoevaluación 2008 – 2010 
197 
12.3.2 
Proceso de la Segunda Autoevaluación 2010-2013 
199 
13. 
PROGRAMA DE EGRESADOS 
212 
13.1 
SEGUIMIENTO A EGRESADOS DEL PROGRAMA DE DERECHO 
212 
13.2 
ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA 
216 
13.3 
RESULTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO 
216 
13.4 
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMA DE DERECHO 
217 
14. 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
218 
14.1 
DIMENSIONES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
218 
14.2 
IDENTIDAD TELEOLÓGICA 
219 
14.3 
PRINCIPIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
219 
14.4 
POLÍTICAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
220 
14.5 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
220 
14.6 
SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
222 
15. 
RECURSOS FINANCIEROS 
229 
BIBLIOGRAFÍA 
233
7 
LISTA DE TABLAS 
pág. 
Tabla 1. 
Características básicas del Programa de Derecho 
13 
Tabla 2. 
Áreas y Componentes de formación 
51 
Tabla 3. 
Competencias genéricas 
59 
Tabla 4. 
Competencias transversales (Institucionales) 
59 
Tabla 5. 
Competencias específicas disciplinares 
60 
Tabla 6. 
Competencias específicas profesionales 
61 
Tabla 7. 
Modalidades de trabajo de grado 
65 
Tabla 8. 
Número de créditos por área 
70 
Tabla 9. 
Criterios de clasificación de desempeño en segunda lengua 
82 
Tabla 10. 
Docentes investigadores y tiempo de dedicación 
103 
Tabla 11. 
Investigadores con financiación institucional en curso para el año 2014 
105 
Tabla 12. 
Investigaciones terminadas durante los años 2011-2013 
106 
Tabla 13. 
Proyectos de investigación vigentes de semilleros de investigación Iussum 
114 
Tabla 14. 
Semilleristas que homologaron su investigación como Trabajo de grado 
115 
Tabla 15. 
Publicaciones de integrantes del semillero de investigación 
115 
Tabla 16. 
Semilleristas con puntajes sobresalientes en encuentros nodales RedCOLSI 
116 
Tabla 17. 
Actividades desarrolladas por el Programa de Derecho 
117 
Tabla 18. 
Entidades de práctica para estudiantes del Programa de Derecho 
122 
Tabla 19. 
Convenios nacionales 
128 
Tabla 20. 
Convenios Internacionales 
129 
Tabla 21. 
Proyectos de investigación profesoral con proyección social 
131 
Tabla 22. 
Participación en convocatoria 
131 
Tabla 23. 
Reconocimientos institucionales 
136 
Tabla 24. 
Modalidades de vinculación y nivel académico 
140 
Tabla 25. 
Planta docente, modalidades de vinculación y formación académica 
141 
Tabla 26. 
Titulación académica de planta docente y perfil 
143 
Tabla 27. 
Reseña histórica vinculación docente en el Programa de Derecho 
146 
Tabla 28. 
Composición de la planta docente y funciones asignadas 
147 
Tabla 29. 
Capacitación docente Programa de Derecho 
152 
Tabla 30. 
Total de volúmenes por área del conocimiento 
158 
Tabla 31. 
Revistas de Derecho existentes en la Biblioteca 
158 
Tabla 32. 
Bases de datos existentes en Biblioteca 
160 
Tabla 33. 
Bases de datos gratuitas en la Biblioteca 
161 
Tabla 34. 
Estadísticas de ingreso de docentes a la Biblioteca 
162 
Tabla 35. 
Ingreso de estudiantes del Programa de Derecho a Biblioteca 
163
8 
Tabla 36. 
Recursos informáticos existentes en la Biblioteca 
163 
Tabla 37. 
Bloque Madre Caridad dependencias y aulas de clase 
169 
Tabla 38. 
Bloque Santa Clara, dependencias y aulas de clase 
169 
Tabla 39. 
Bloque San Francisco 
170 
Tabla 40. 
Bloque San Buenaventura dependencias y aulas 
170 
Tabla 41. 
Bloque Jesús de Nazareth, laboratorios, aulas y recreativos 
171 
Tabla 42. 
Bloque María Inmaculada 
172 
Tabla 43. 
Número de aulas por bloque 
173 
Tabla 44. 
Servicios de las salas de proyecciones 
174 
Tabla 45. 
Salas de Proyección 
175 
Tabla 46. 
Laboratorios y salas de informática 
175 
Tabla 47. 
Porcentajes de admisión 
181 
Tabla 48. 
Muestra de población en el Programa de Derecho 
202 
Tabla 49. 
Porcentajes de las encuestas aplicadas a estudiantes 
203 
Tabla 50. 
Porcentajes de las encuestas aplicadas a docentes 
203 
Tabla 51. 
Porcentajes de las encuestas aplicadas a los directivos 
204 
Tabla 52. 
Resultados definitivos de las encuestas aplicadas 
205 
Tabla 53. 
Clasificación de las condiciones por prioridades 
205 
Tabla 54 a. 
Deserción estudiantil en el Programa de Derecho 
209 
Tabla 54b. 
Porcentaje deserción estudiantil en el Programa de Derecho 
209 
Tabla 55a. 
Pruebas Saber –PRO 2012, Programa de Derecho 
209 
Tabla 55b. 
Pruebas Saber –PRO 2013, Programa de Derecho 
210 
Tabla 56. 
Número de cohortes en proceso de titulación 
210 
Tabla 57. 
Plan Operativo Institucional para egresados 
215 
Tabla 58. 
Deserción y retención por cohortes 2008-2 a 2013-2 
223 
Tabla 59a. 
Relación de auxilios económicos y alimentarios, julio - diciembre 2013 
226 
Tabla 59b. 
Relación de auxilios económicos y alimentarios, julio - diciembre 2013 
226 
Tabla 59c. 
Relación de auxilios económicos y alimentarios, julio - diciembre 2013 
227 
Tabla 59d. 
Relación de auxilios económicos y alimentaros a hijo de administrativo 
227 
Tabla 59e. 
Relación de auxilios económicos y alimentarios a hijo de directivo 
227 
Tabla 59f. 
Relación de auxilios económicos y alimentarios monitoria 
227 
Tabla 59g. 
Auxilios por participación destacada en deporte y cultura 
228 
Tabla 59h. 
Relación de auxilios de alimentación, julio - diciembre 2013 
228 
Tabla 60a. 
Montos y fuentes de origen 
231 
Tabla 60b. 
Recursos de inversión y funcionamiento 
231
9 
LISTA DE CUADROS 
pág. 
Cuadro 1. 
Modelos de Educación legal norteamericana 
16 
Cuadro 2. 
Macro problema y macro competencias 
57 
Cuadro 3. 
Área de formación genérica 
62 
Cuadro 4. 
Área de formación institucional 
63 
Cuadro 5. 
Área de formación disciplinar 
64 
Cuadro 6. 
Área de formación profesional 
66 
Cuadro 7. 
Número de créditos por componente de formación 
70 
Cuadro 8. 
Plan de estudios del Programa de Derecho, 2014 
72 
Cuadro 9. 
Plan de Estudios en Créditos académicos y Prerrequisitos 
74 
Cuadro 10. 
Formato de micro-currículo 
84 
Cuadro 11. 
Proyección de trabajo del Grupo Saber Socio jurídico 
104 
Cuadro 12. 
Participación docente en eventos de investigación 
109 
Cuadro 13. 
Curso de formación en investigación, nuevo Plan de Estudios 
113 
Cuadro 14. 
Disertantes, actividades y número de asistentes 
118 
Cuadro 15. 
Proyectos de intervención desde práctica profesional 2013-2014 
124 
Cuadro 16. 
Eventos académicos 
132 
Cuadro 17. 
Otros eventos del Programa de Derecho 
134 
Cuadro 18. 
Fases del Modelo de Autoevaluación 
197 
Cuadro 19. 
Educandos inscritos en el Programa de Derecho 
207 
Cuadro 20. 
Estudiantes matriculados en el Programa por jornada 
208 
Cuadro 21. 
Plan de acción Programa de Derecho 
217
10 
LISTA DE FIGURAS 
pág. 
Figura 1. 
Organigrama del Centro de Investigaciones y Publicaciones 
97 
Figura 2. 
Líneas de investigación del Programa de Derecho 
103 
Figura 3. 
Estructura organizacional de la Biblioteca 
156 
Figura 4. 
Estadística de ingreso de docentes a la Biblioteca, 2009-2013 
162 
Figura 5. 
Bloques Madre Caridad y Santa Clara 
168 
Figura 6. 
Bloques San Francisco y San Buenaventura 
170 
Figura 7. 
Bloques Jesús de Nazareth y María Inmaculada 
171 
Figura 8a. 
Salas de audiovisulaes 
173 
Figura 8b. 
Salas de audiovisuales 
174 
Figura 9. 
Estructura académico administrativa del Programa de Derecho 
192 
Figura 10. 
Deserción acumulada de la cohorte 2008-2 a 2013-2 
223 
Figura 11. 
Deserción acumulada cohorte 2008-2 a 2013-2 
224
11 
LISTA DE ANEXOS* 
Anexo A. 
Programas académicos de Derecho a nivel nacional 
Anexo B. 
Programas de Derecho con acreditación de Alta calidad en Colombia 
Anexo C. 
Análisis de mallas curriculares 
Anexo D. 
Micro-currículos 
Anexo E. 
Ejes en la práctica de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 
Anexo F. 
Estadísticas 2012-2014 Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 
Anexo G. 
Las brigadas y capacitaciones, estadísticas e imágenes 
Anexo H. 
Convocatorias a monitores judicantes 
Anexo I. 
Reglamento de Bibliotecas 011 
Anexo J. 
Informes evaluación a los Educadores del Programa de Derecho 
Anexo K. 
Primer Informe de Auto evaluación 2008-2010 
Anexo L. 
Segundo Informe de Autoevaluación 2010 -2013 
Anexo M. 
Modelo y Reglamento de Bienestar Universitario 
Anexo N. 
Generalidades de la Investigación en el Programa 
* Los anexos aquí listados, están contenidos en el CD adjunto a este documento.
12 
INTRODUCCIÓN 
Es un privilegio que mis colegas del Programa de Derecho perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana, me hayan designado para hacer la presentación de este Documento Maestro, fruto de la autoevaluación para la renovación de Registro Calificado. Lo he aceptado, porque es una oportunidad para expresarles mi mensaje de gratitud, admiración y respeto por la magnífica labor, compromiso y reto asumido en beneficio de dicho Programa y de la educación superior colombiana en general. 
Esta labor y compromiso constituyen el esfuerzo e interés de un colectivo humano, de un trabajo en equipo colaborativo y participativo, de una buena disposición, honestidad, ética, sentido crítico y rigor en las diversas actividades desarrolladas en las fases definidas en el modelo institucional de autoevaluación orientada al fin arriba mencionado. Asimismo, el reto inicia ahora, a partir de los hallazgos de la autoevaluación, donde se encontraron fortalezas; sin embargo, las debilidades descubiertas se han convertido, entre otros aspectos, en oportunidades para elaborar planes de mejoramiento que nos permita seguir consolidando el Programa en la región e igualmente a nivel nacional e internacional. 
En este sentido, la tarea emprendida por los Comités Central y de Apoyo de Autoevaluación del Programa de Derecho con la finalidad de renovar el Registro Calificado y de autorregulación, se han convertido en parte del quehacer de directivos, docentes y administrativos como un trabajo académico necesario y de alta responsabilidad social, ahora que los recursos son escasos, que la sociedad y los grupos humanos se debaten en profundas crisis, cuando los antivalores y la falta de credibilidad en los servicios son predominantes. 
Pues bien, a pesar de dichas adversidades mundiales, nacionales y locales, la formación se convierte en un valor fundamental en el desarrollo de los seres humanos y de las sociedades. De esta manera, el Programa de Derecho, soportado en valores del Humanismo Franciscano y del Evangelio de Jesucristo, busca construir un rasgo distinto en su objeto de estudio y en su estructura macro y micro-curricular; asimismo, asume con entusiasmo el proyecto para lograr el mejoramiento continuo de la calidad en la formación, la investigación, la proyección social e internacionalización, como se refleja en los dos procesos de autoevaluación y en la re- estructuración curricular que a continuación se presenta. 
Por lo tanto, estos procesos -de autoevaluación y re-estructuración curricular-, se han constituido, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y, en particular, en nuestro Programa de Derecho, en oportunidades para dinamizar la participación colectiva y los espacios de formación, de reflexión e identificación de estrategias de cambio interno como respuesta eficiente frente a los retos de la globalización y como contribución al Proyecto Educativo de la Facultad: Calidad educativa con calidez humana. 
El siguiente documento presenta las condiciones de calidad construidas de forma participativa y colaborativa por parte de la comunidad educativa del Programa para contribuir con calidad al mejoramiento continuo, haciendo enfatizar en la práctica de los atributos del humanismo: pertenencia, identidad, competencia, accesibilidad, credibilidad, seguridad, empatía, pertinencia y responsabilidad social. 
Finalmente, el equipo de trabajo pretende que este documento represente una narración de la experiencia vivida y estimule el trabajo de nuestra comunidad académica inscrita en el campo del saber socio-jurídico. 
Ph.D. OSCAR VALVERDE RIASCOS 
Decano Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Mariana
13 
1. DENOMINACIÓN 
1.1 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
A propósito de la creación del Programa de Derecho de la Universidad Mariana, se realizó el proceso de construcción del Documento Maestro, tendiente a solicitar el Registro Calificado, en cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, para su aprobación. Mediante resolución 3830 del 25 de junio de 2008, dicho Ministerio otorgó el Registro Calificado, para el mencionado Programa, por el término de 7 años. En consecuencia, la Universidad expide los Acuerdos 107 del 25 de septiembre de 2008 y 115 del 20 de noviembre del mismo año, mediante los cuales se adoptan los prerrequisitos y codificación del Plan de estudios, correspondiente a la jornada diurna y nocturna, y se les asigna los códigos 220 y 230 respectivamente. 
En cuanto a la denominación de los programas de pregrado en derecho, orientados a la formación de abogados en Colombia, la Resolución 2768 de 2003, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, hace la designación y expone las características específicas de calidad que deben cumplir. En este sentido, la Universidad Mariana define el nombre de su Programa de Derecho, según dicha regulación, y el título que otorga es el de “Abogado (a)”, el nivel de formación es de pregrado, en coherencia con los contenidos curriculares, los cuales son descritos en el Capítulo tres de este documento. 
A continuación, en la tabla 1 se presenta la información detallada del Programa de Derecho de la Universidad Mariana. 
Tabla 1. Características básicas del Programa de Derecho 
Característica 
Detalle Denominación: Programa de Derecho 
Título que otorga: 
Abogado (a) Norma Institucional de adopción de Plan de estudios: Acuerdo No. 021 de noviembre 27 de 2006 emanada por el Consejo Directivo 
Representante legal: 
Hna. Amanda Lucero Vallejo Domicilio principal: San Juan de Pasto, Calle 18 No. 34 – 104 
Sitio oficial web: 
www.umanrian.edu.co Norma externa de reconocimiento: Resolución número 3830 del 25 junio de 2008 
Código SNIES: 
53740 Jornada: Diurna – Nocturna* 
Modalidad: 
Presencial Metodología: Teórico – práctica 
Periodicidad de la admisión: 
Semestral Número de estudiantes para el primer semestre: Diurna 50* Nocturno 50* 
Número total de estudiantes matriculados al primer semestre: 
100*
14 
Característica 
Detalle Facultad a la que está adscrito: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Lugar de funcionamiento del programa: 
Universidad Mariana - Sede central Valor de la matricula: Sujeto a los Acuerdos de aprobación del presupuesto anual y fijación de derechos pecuniarios 
Área de conocimiento principal: 
Ciencias Sociales Área de conocimiento secundaria: Derecho y Ciencias políticas 
Número de créditos académicos: 
165 Porcentaje de inclusión de tecnologías de la información y la comunicación en el plan: 20% 
*Información que se actualiza semestralmente.
15 
2. JUSTIFICACIÓN 
En el presente Capítulo de justificación del Programa de Derecho de la Universidad Mariana, en primer lugar, se hace un recorrido por las tendencias de la enseñanza del derecho a nivel regional, nacional e internacional; en segundo lugar, se aborda un análisis de las necesidades del país y la región con base en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal e institucional, bajo los cuales se contextualiza y fundamenta la propuesta pedagógica, curricular, didáctica y evaluativa, lo cual se plasma en sus contenidos curriculares, actividades académicas, docencia, investigación, proyección institucional e internacionalización. 
2.1 ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 
Una aproximación a la enseñanza del derecho, implica reconocer aspectos clave de las escuelas clásicas y contemporáneas que marcan el pensamiento jurídico occidental en el contexto internacional, las mismas que han influenciado hasta el presente las doctrinas nacionales. 
2.1.1 Estado del derecho en los ámbitos nacional e internacional. En la antigüedad grecorromana, el pensamiento jurídico inicia la reflexión sobre el Iusnaturalismo, el cual concibe el derecho como un fenómeno consubstancial al hombre o a otras formas jurídicas positivas de creación humana. Sin embargo, el derecho natural logró articularse a las formas políticas y económicas imperantes en la edad antigua y medieval; así, el iusnaturalismo es identificado con la teoría aristotélica, en tanto el iusnaturalismo racional llega a su máxima expresión a comienzos del siglo XVIII, cuando el Derecho natural se erige, legitima y estructura en un sistema normativo creado por iniciativa divina, pero resultante del comportamiento humano y de las fuerzas exteriores que se encuentran en superioridad a él; lo instituyen principios y valores que son un todo sistemático e inmutable (Sócrates y Aristóteles, 469 a 399 a. d. C., Zenón 342 a 270 a. d. C., Santo Tomás y San Agustín). Posteriormente, las gestas revolucionarias -francesa, inglesa y americana-, y con el transito del teocentrismo al antropocentrismo, la humanidad se autoproclama moderna, con lo cual adviene el positivismo jurídico y sus variantes -positivismo legalista, conceptualista y normativista-, fundado en las siguientes cuatro aristas: el determinismo, el empirismo, la exactitud y la capacidad técnica. Desde estas cuatro posturas, la ley es considerada como un axioma de certeza y verificabilidad según Kant y Rousseau, entre otros. 
Ahora bien, en cuanto a las teorías contemporáneas, éstas reorientan al derecho hacia las Ciencias sociales y, con ello, lo jurídico se asume no como un hecho natural, ni como una ciencia a estudiar con el rigor del método científico, sino como un fenómeno de la vida. En el período de postguerra y en la actualidad -amen otras consideraciones-, el derecho se comprende desde las normas jurídicas, en su sentido más amplio, como dispositivo que
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construye y dinamiza las respuestas a fenómenos que emergen de las sociedades en las cuales opera. De esta manera se estructuran las tendencias jurídicas que toman distancia de las escuelas clásicas -iusnaturalismo y positivismo-, como las teorías sociológicas, por medio de las siguientes corrientes: la escuela de la teoría sociológico jurídica francesa, el movimiento del derecho libre y el realismo jurídico en sus derivaciones norteamericana y escandinava, explicación que se desarrollará en la condición sobre contenidos curriculares. 
2.1.2 Estado de la profesión en los ámbitos internacional y nacional. A continuación se presentan las tendencias de formación y el estado de la profesión a nivel internacional según tres regiones estratégicas, éstas son: Norteamérica, tomando el referente estadounidense, Europa, para lo cual se presentará el caso de España, y Latinoamérica, desde México y Argentina. 
Para Norteamérica, Gordon (2002) identifica diez modelos de enseñanza, los cuales se indican en el siguiente cuadro: 
Cuadro 1. Modelos de educación legal norteamericana 
Modelos de educación legal Tradicionales El Derecho como política Otras perspectivas 
Capacitación de aprendices practicantes. 
La política como suplemento de la educación tradicional. 
El desinteresado estudio del derecho científico-socia. Enseñanza del derecho positivo (black-letter law). La política como una técnica instrumental. Perspectivas críticas. 
Enseñar a los estudiantes a “pensar como un abogado”. 
La política como educación del arte de gobernar (statecraft) -modelos liberales y economicistas. 
Educación de una vanguardia de activistas para el cambio social. Educación en la “ciencia legal”. 
Fuente: elaboración propia con base en: Gordon, R. W. (2002). 
El autor, al finalizar el análisis sobre la formación de los abogados y su campo ocupacional, teniendo en cuenta el complejo escenario en el cual deben desempeñarse, concluye lo siguiente: 
Tanto en los Estados Unidos como en otros lugares, los abogados siguen necesitando una educación liberal en el arte de gobernar, es decir, en las normas y condiciones sociales y económicas ideales que sus ciencias y técnicas jurídicas deben servir. La visión social sin técnica, como se ha dicho a menudo, es inútil; pero la técnica sin visión es una amenaza. Las preguntas que este trabajo intenta empezar a pensar son: ¿Cuáles son las condiciones sociales bajo las cuáles la capacitación del derecho suministrará tal educación? y ¿Cuáles son las condiciones sociales bajo las cuáles prosperará? (p. 18) 
Según lo anterior, el autor al hablar de gobernar, no sólo está haciendo referencia al establecimiento o a las instituciones políticas, sino que, también, se trata de gobernar la misma profesión y el quehacer del abogado, en este sentido dice:
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El realismo jurídico y el New Deal introdujeron en la investigación y educación del derecho los estudios políticos, el análisis político y la ciencia social. En gran parte esto es lo que he llamado la política como suplemento, más que política como un objeto del estudio sistemático. Era “pensando como un abogado” con algo de política que encajaba de varias formas muy bien en el rol de los graduados de derecho de las escuelas de élite en el período de postguerra. (párr. 41) 
En el proceso de formación de abogados a nivel mundial, éstos emergen de distintos modelos y tendencias; según los planteamientos de Manzo (2008), se puede comprender la enseñanza del derecho desde dos modelos curriculares a saber: el primero influenciado por las escuelas clásicas del derecho -iusnaturalismo y el positivismo jurídico-, desde las cuales el perfil de abogado es el de aquel que se desempeña como técnico del derecho y tiende a ejercer su carrera de manera independiente; en esta perspectiva, la práctica legal está permeada por discursos hegemónicos e independentistas, por cuanto el derecho se concibe como un ordenamiento internamente desarticulado y como una ciencia constructivista y deductiva que refleja un criterio de formalismo normativo, bajo grado de compatibilidad entre las disposiciones y el supuesto de que las leyes no presentan vacíos jurídicos, porque se encuentran articuladas en la tríada: unidad-coherencia-plenitud, instaurada a partir de la dogmática jurídica que elabora conceptos inmutables, orientada por un estatuto epistemológico rigurosamente jurídico, donde lo que está por fuera de esta lógica no se acepta ni es reconocido. 
Por otra parte, se encuentran los modelos curriculares articulados con las escuelas contemporáneas del derecho material o alternativo, las cuales incorporan elementos valorativos e ideológicos de lo “pensable” y lo “impensable” en el derecho, al tiempo que buscan la contextualización de las normas con lo social, lo político, lo cultural y ambiental; orientan su actuar tanto en la legalidad como en la legitimidad del derecho; son concepciones teórico-críticas que reconocen las manifestaciones de la realidad, la función reflexiva y emancipadora del derecho, la aplicación de la ley vigente desde una orientación racional-valorativa, y reconocen que la producción y fuentes jurídicas se encuentran y surgen de las prácticas sociales, porque la justicia se asume como fuente movilizadora de la conducta. 
A propósito de lo anterior, en el documento relacionado con el estado del arte del Programa de Derecho de la Universidad Mariana (2012), se establece lo siguiente: 
En América Latina, se estima que existe un número importante de abogados, que ha crecido en el siglo XX. “Brasil tiene aproximadamente medio millón, México 200.000 y al menos dos países sobrepasan los 100.000. El crecimiento ha sido rápido. De unos 30 abogados por 100.000 probablemente nos acerquemos a la cifra de 200 por 100.000” (Universidad Mariana, 2012, p. 6). 
En cuanto a la participación por género, la dinámica ha sido cambiante; en los inicios de las primeras facultades de derecho, el mayor registro de matrícula era masculina; pero, a mediados de los años 50`s, la matricula se diferencia por la participación de las mujeres: “Los abogados dejaron de ser hombres de los estratos altos de la sociedad. Cada vez hay más mujeres y personas de distintos estratos sociales” (Universidad Mariana, 2012, p. 6).
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En América Latina, el ejercicio del derecho se vio definido, seguramente, como el de muchas profesiones, por las dinámicas históricas de los estados; de esta manera, Rogelio Pérez manifiesta que en la década de los 80`s, la tendencia de formación era sobre la especialidad del derecho jurídico y administrativo, cuyos cargos se dedicaban a las áreas públicas en roles propios del Estado. 
En la época de la sociedad del conocimiento y de la información, en el contexto de la globalización, el rol del abogado se determina hacia el reconocimiento del desarrollo y de la participación social. Se aumentó entonces un número considerable de matriculados en programas de derecho. Pérez define varios campos de actuación de los abogados, abriendo áreas como los negocios o familia, lo cual ha obligado a modificaciones en los currículos de los programas académicos. (p. 11) 
En cuanto a las “generaciones” en los programas de derecho, Rodríguez (2008) sitúa a la primera entre los años 60 y 70 y a la segunda entre los 80 y 90 del siglo XX. La primera generación se define a partir de la aparición de los programas de derecho, gracias a una fuerte influencia de los Estados Unidos en las políticas de desarrollo de los países latinoamericanos y una marcada funcionalidad de las sociedades. De esta manera, los programas académicos se constituyen a partir de la influencia de la Fundación Ford y la Agencia Interamericana de Desarrollo; según el mismo autor: “Los programas le dieron prioridad a los dos primeros aspectos del modelo, esto es, a la transmisión de un método de enseñanza que combinaba la pedagogía socrática con el análisis de casos” (p. 23). La segunda generación se desarrolla en el contexto del estudio de los derechos humanos y del desarrollo, y con la caída del comunismo y del socialismo como hecho político. Los programas académicos mantuvieron una gran influencia por parte de Naciones Unidas y del Banco Mundial. En el Anexo A, se puede apreciar una descripción de la orientación que cada universidad colombiana propone para implementar su programa de derecho. 
Bocanegra (2012), respecto al panorama jurídico en Latinoamérica, opina lo siguiente: 
El desarrollo del pensamiento jurídico latinoamericano pasa por un impulso decidido a la investigación socio-jurídica, acompañado de reformas de carácter curricular que permiten una formación científica y humanística de los abogados, y no una elemental instrucción en aspectos técnico-formales del derecho. (p. 329) 
Igualmente, es importante considerar la presencia de los programas de derecho en el territorio nacional; en la actualidad no se concentran, como otrora, en las ciudades de mayor crecimiento, sino que se ha ampliado su distribución geográfica con nuevos centros de enseñanza en ciudades intermedias y pequeños municipios, cuya oferta institucional representa una cobertura cercana al 50%; de este porcentaje, un 19% corresponde a 26 municipios no capitales de diferentes departamentos, especialmente del Departamento de Antioquia. Pese a esta diversificación, las ciudades más pobladas y con mayor actividad económica como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, aún concentran aproximadamente el 65% de la población de estudiantes de los programas de derecho.
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Según el documento: “Estado de la educación del Programa de Derecho de la Universidad Mariana” (2012, p. 26-40), en los últimos veinte años, el número de ciudades y departamentos que ofertan formación jurídica, aumentó significativamente; mientras en 1990, 54 programas tenían una cobertura territorial de 13 departamentos y 14 ciudades, en su mayoría capitales, en el 2000, los 175 programas se habían extendido a 24 departamentos y a 42 ciudades, y, hasta el 2010, se encuentran 211 programas en 25 departamentos (de un total de 32) y en 57 ciudades. Así, en el periodo mencionado, se cuadruplicó el número de ciudades con programas de derecho, aunque este aumento se concentró más en determinadas ciudades y departamentos. 
En cuanto a la situación laboral de los egresados en Derecho, el mismo documento, con base en datos del Observatorio Laboral para la Educación y el MEN, presenta las siguientes cifras: 
El Observatorio Laboral para la Educación (2009) muestra que de cada 100 graduados de la educación superior, 78 están vinculados al sector formal de la economía y que el nivel de ingreso promedio de los nuevos profesionales también ha aumentado entre 2006 y 2009, presentando una tasa de crecimiento anual de 2,2%. 
Según los datos del Ministerio de Educación Nacional, que realizó la llamada “Encuesta de seguimiento a graduados”, la proporción de graduados en 2009 que ya venía trabajando cuando recibió el título es cercana al 63% y se aumentó la proporción de los graduados en 2008 y 2009, de 27,9% a 30,9%, que encontraron su primer empleo dentro de los seis primeros meses después de obtener el título profesional. Por otro lado, la mayor parte de los encuestados aseguró que cuenta con condiciones laborales estables, destacándose que el 52,7% tiene un contrato a término indefinido con sus empleadores, el 24,9% tiene contrato a término fijo, el 19,8% maneja un contrato de prestación de servicios, y el 2,6% restante tiene otro tipo de contrato. 
Al preguntarles a los profesionales graduados en 2009 y que llevan un año o más trabajando, sobre qué tan relacionado estaba su trabajo con la carrera que estudiaron, el 83,8% de los universitarios piensa que está directamente relacionado, así como el 68% de los tecnólogos y el 65% de los técnicos. En contraste, el 3,7%, 10,5% y 12,3%, respectivamente, opina que su trabajo no tiene ninguna relación con sus estudios. 
Por último, frente a las dificultades de los graduados para conseguir el trabajo que desean, el 36,5% de los graduados en 2009 señaló que se debe a la falta de experiencia; el 23,1% respondió que no hay trabajo disponible en la ciudad en la que vive y el 16,7% asegura que no encuentran un trabajo que sea apropiado a su profesión. Los bajos salarios, no saber cómo buscar empleo, la carencia de competencias requeridas para un cargo y que los empleadores los vean muy jóvenes, son otras de las razones por las que, según los nuevos profesionales, no encuentran trabajo. (p. 45-46) 
Según el Observatorio de la Universidad Colombiana (OUC) (2007), en el artículo titulado: Abogados recién graduados ganan 1.6 millones de pesos, en cuanto a demanda, salarios y deserción en los programas de derecho, dice lo siguiente:
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Derecho o medicina siguen siendo las profesiones preferidas por los jóvenes bachilleres colombianos; sin embargo, muchas veces los salarios de estos profesionales no están a tono con el esfuerzo e inversión de seis o más años de estudios universitarios. De acuerdo con los resultados del Observatorio Laboral del Ministerio, un abogado recién egresado gana en promedio, un millón 603 mil pesos1. Esta cifra es relativamente alta si se compara con el promedio salarial de los 54 restantes programas y áreas de conocimiento evaluados por el Observatorio estatal. Según dichas estadísticas, los profesionales de los segmentos investigados tienen asignaciones salariales que en promedio equivalen a un millón 183 mil pesos, es decir 420 mil pesos menos que un abogado. 
De la misma manera, de los graduados en el nivel universitario de Derecho, el 68,8 por ciento es cotizante al régimen de seguridad social, porcentaje que está por encima del promedio nacional. De los afiliados a la seguridad social, el 76,7 por ciento es empleado, mientras que 23,3 por ciento de la muestra, realiza sus actividades de manera independiente. Así mismo, un 40,5 por ciento de los ocupados en esta profesión se encuentra vinculado a empresas privadas, 36,4 por ciento de la muestra es empleado público y un 21,4 por ciento trabaja por su cuenta. 
El estudio del Ministerio de Educación también concluye que los abogados recién egresados consiguen trabajo rápidamente. Es así como el 51,9 por ciento consigue ubicación laboral antes del tercer mes de graduado, mientras que el promedio de las demás carreras es del 24 por ciento. 
El Observatorio de la Universidad Colombiana - Abogados recién graduados ganan 1,6 millones de pesos. La capital de la República concentra el mayor número de abogados del país, pues de esta ciudad se gradúo el 34 por ciento del total nacional en 2006. Le siguen en su orden Atlántico con el 13 por ciento, Valle del Cauca con el 12 por ciento y Antioquia con el 8 por ciento. El Chocó sólo participa con el 0,39 por ciento de los egresados en Derecho del país. Es decir cerca de 18 juristas. Según información del Ministerio de Educación hay una elevada satisfacción de los egresados con respecto a su profesión. El 94,2 por ciento afirma que su trabajo le permite crecer y desarrollar sus capacidades, mientras que el 78,6 asegura que su trabajo está relacionado con su profesión. 
A juicio del Colegio Nacional de Abogados Litigantes (CNAL), "no existe una cultura estandarizada para el cobro de honorarios y, por esta circunstancia, el abogado regala su trabajo resolviendo constantemente consultas que suelen formularle las personas con quienes interactúa, absolviéndolas con la esperanza de conseguir un negocio, que a la postre resulta fallido". 
De igual manera, hay que recordar que en litigio, todo se cobra, desde la consulta, la llamada telefónica, el informe, los desplazamientos dentro de la localidad o fuera de ella, la asistencia a otras oficinas para atender los clientes e independientemente del valor de la consulta. 
Ahora bien, la deserción universitaria en los programas de Derecho es muy alta. Durante el 2006, se matricularon en las diferentes universidades del país 74.422 personas, de los cuales, sólo se graduaron 4.680. De los egresados, 2.439 fueron mujeres y 2.241 hombres. 
1 Actualmente (2014), el Derecho ocupa el quinto puesto como la profesión mejor remunerada. Un abogado recién graduado devenga en Colombia un promedio $2.088.624. (recuperado el 26 de marzo de 2014, disponible en http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/06/22/945205/son-profesionales- mejores-salarios.html
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Desde otra vertiente, la práctica legal se ubica en el cumplimiento del Estado Social de Derecho y el sentido ético del ejercicio del mismo. Por ello, la Honorable Corte Constitucional Colombiana, en un reciente pronunciamiento, advierte sobre las dimensiones ocupacionales de los abogados en Colombia, dentro del ámbito tradicional de la representación judicial y fuera de ella; la Corte dice: 
La profesión «se orienta a concretar importantes fines constitucionales» y que su práctica inadecuada o irresponsable “pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe. (C- 398 de 2011, párr. 12). 
Interpretando la doctrina constitucional, los abogados nacionales deben reconocer y aplicar estratégicamente, en los escenarios ocupacionales, los postulados del Estado Social de Derecho, y éstos en articulación con los grandes problemas que el ejercicio del derecho plantea, pues la idoneidad profesional no se reduce al dominio disciplinar, sino que se dimensiona como un imperativo ético social del abogado contemporáneo y un compromiso de las facultades que intervienen en su formación; al respecto la Corte Constitucional dice: 
La actuación del abogado ha de ser adecuada a la atención debida al cliente, pero, conforme lo ha estimado la jurisprudencia constitucional, el alcance del ejercicio de su profesión “no se limita a resolver problemas de orden técnico, sino que se proyecta también en el ámbito ético” y de tal modo que la regulación de la conducta de los togados por normas de carácter ético, no significa “una indebida intromisión en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal”, justamente porque la conducta individual se halla vinculada a la protección del interés comunitario y porque los fines perseguidos mediante el ejercicio de la profesión del derecho, a diferencia de los objetivos buscados por otras profesiones, admiten incluso un mayor nivel de exigencia en cuanto hace al comportamiento de los profesionales del Derecho, “como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia. (C- 398 de 2011, párr. 13). 
García (2001) al igual que Gordon –antes referenciado- ha estudiado la relación entre las escuelas, tendencias o pensamiento jurídico y educación en derecho, con lo cual demuestra la forma cómo están concebidos los contenidos del estudio del derecho. Toma como ejes de comparación el método, la política que subyace al método, la teoría en que se inspiran y los temas centrales de convergencia de dichos estudios. Para el autor, el método derecho y sociedad (law and society) se funda en el positivismo y el empirismo, apostando por una visión instrumental del derecho, en tanto los estudios críticos (Critical legal studies) se enfocan en el deconstructivismo de las teorías clásicas jurídicas, oponiéndose al positivismo y apostando a las tendencias del reformismo judicial, atribuyéndole un función políticamente legitimadora al pensamiento jurídico; los estudios de conciencia jurídica son una corriente post positivista e interpretativa del derecho que plantea una línea teórica sobre las complejidades de los fenómenos que son transversales entre el derecho y el cambio social.
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Sobre el punto arriba tratado, Bocanegra (2012) resalta lo siguiente: 
La corriente del Critical Legal Studies en la enseñanza del derecho: «Pero quizás los más importantes principios de los CLS sean que el sistema jurídico no es simple ni íntegro, sino que es una abigarrada jungla en movimiento, de múltiples y superpuestos sistemas contradictorios, cada uno de ellos impregnado en cada momento histórico con múltiples interpretaciones alternativas, posibilidades y trayectorias de desarrollo futuro, y que cada alternativa es perfectamente coherente con las premisas operativas del sistema y lógicas de procesamiento, pero sólo unos pocos, en un momento dado, resultan en definitiva adoptados». (p. 337) 
En el Anexo B se presenta la información del Ministerio de Educación Nacional – actualizada a marzo de 2014-, disponible en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), en la cual se registran los programas de derecho que se encuentran activos en Colombia; de éstos, 32 programas han alcanzado acreditación de alta calidad y 142 mantienen su registro calificado. Ello evidencia el gran nivel de competitividad por la amplia oferta de la profesión en el ámbito nacional. 
2.2 NECESIDADES AL NIVEL DEL CONTEXO NACIONAL Y REGIONAL DONDE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE DERECHO 
Para desarrollar este aparte de importancia para el Programa de Derecho de la Universidad Mariana, se toma información relevante de los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental, Municipal y del Documento: Estado del Arte del Programa de Derecho. Tendencias educativas y lineamientos educacionales desde los ámbitos internacional, nacional y regional (2014). 
El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” (2010-2014) es la ruta del Gobierno para orientar el progreso económico y social del país; es un documento de significativa relevancia en diversos ámbitos, porque establece las políticas públicas que se desarrollarán en el periodo de gobierno conjuntamente con los recursos que se destinarán para las mismas. En su Capítulo 1, dice: 
Estamos frente a un optimismo auténtico en nuestro futuro, una confianza incomparable en las potencialidades del país y una imagen en el exterior que es claramente positiva. De ser percibidos en el mundo como un Estado fallido nos convertimos en una economía emergente, atractiva para la inversión y para el turismo. (p. 21) 
Desde esta perspectiva, la economía colombiana es apreciada a nivel internacional con grandes expectativas de crecimiento para las nuevas décadas, lo cual le ha permitido ingresar a organizaciones de carácter mundial con un alto desarrollo económico. Sin embargo, el Gobierno reconoce que existen grandes retos para enfrentar en los próximos años, como consolidar la seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza y enfrentar los desafíos del cambio climático. El Estado colombiano ha dado importantes pasos en el camino hacia la prosperidad democrática al generar empleo, disminuir la pobreza y mayor seguridad, fortaleciendo el principio de: el mercado hasta donde sea posible y el Estado
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hasta donde sea necesario, con políticas que conduzcan a una mayor cohesión social a través de la educación y la igualdad de oportunidades, promoviendo la participación ciudadana y la responsabilidad social (PND, 2010). 
Para comprender el desarrollo nacional es necesario tener en cuenta que Colombia es un país de contrastes regionales, multiétnico y pluricultural, de talentos y de riquezas naturales. Pero esa riqueza contrasta con las brechas regionales que dividen el territorio en zonas con condiciones sociales y económicas poco favorables, que no se ignoran en el PND y, por el contrario, se comprende la transcendencia de caracterizar las necesidades locales como una herramienta esencial de impulso socioeconómico, procurando mayor convergencia y progreso con un enfoque regional que reconoce las diferencias locales para formular políticas públicas y programas sociales. 
En este sentido, el Gobierno Nacional tiene en cuenta: 
La necesidad de implementar políticas nacionales que reconozcan las diferentes capacidades y niveles de desarrollo regionales, tanto entre departamentos como al interior de los mismos. Lo anterior, con el objetivo de orientar el diseño de estrategias de desarrollo, subregionales y regionales, y promover la estructuración y consolidación de ejes y áreas de desarrollo local que movilicen las capacidades endógenas territoriales de los municipios en torno a las áreas de influencia cercanas. (p. 5) 
Para alcanzar las metas de convergencia y desarrollo regional, el Plan Nacional de Desarrollo establece estrategias como las siguientes: 
- Diseñar e implementar un programa nacional de creación y fortalecimiento de capacidades institucionales territoriales. 
- Promover procesos de formulación de visiones de desarrollo de largo plazo. 
- Estructurar un sistema de indicadores que facilite el análisis, la planificación, el seguimiento y la evaluación de políticas diferenciadas de desarrollo regional. 
- Crear un programa nacional para la formación, articulación y consolidación de ejes y áreas de desarrollo territorial. 
- Identificar, caracterizar y replicar iniciativas regionales de tipo económico, ambiental, cultural y étnico, especialmente para la Región Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) y de la Región Sur colombiana (Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo y Tolima). 
- Ejecutar proyectos de gran impacto regional como la consolidación del corredor vial que permitirá la conexión Sur Colombia–Ecuador. 
- Nuevos macro proyectos de vivienda 
- Cobertura de fibra óptica 
- Programa Nacional de Observación de la Tierra. (p. 48) 
Además de estas estrategias generales, se establecen otras diferenciadas para las regiones y departamentos; para el caso de Nariño se plantean las siguientes: 
- Elaborar programas piloto para estructurar áreas de desarrollo de la Región Pacífico.
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- Adoptar medidas de mitigación o reducción del riesgo a los efectos del cambio climático por aumentos en el nivel del mar, y erosión costera. 
- Desarrollar un programa de gestión del territorio fronterizo, marítimo, costero e insular. (p. 40 - 48) 
Con respecto al crecimiento económico sostenible y la competitividad, aunque reconoce que solamente el crecimiento económico no es garantía para alcanzar los objetivos de progreso social o de reducción de la pobreza e inequidad, esta ha sido impulsada por la inversión local y extranjera y por el dinamismo de las exportaciones, lo cual le permitió sortear la crisis internacional por desajustes en los sistemas financieros de los países desarrollados, pero que rápidamente permeó al sector real y se propagó al resto del mundo. Ante esta situación, para el Gobierno es prioritario definir los lineamientos necesarios para que el crecimiento económico sea continuo y sostenible social y ambientalmente. Para alcanzar estos objetivos, ha definido tres grandes pilares: 1) la innovación; 2) las políticas de competitividad y productividad; y 3) el impulso a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. 
Con respecto al primero, el propósito es fortalecer una cultura de la innovación y emprendimiento en todas las esferas del Estado, en el sector empresarial y en la sociedad en general, por cuanto esta debe constituirse en el mecanismo para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y la competitividad del país, y tener en cuenta que no sólo significa desarrollar nuevos productos y transformar otros, sino que también en crear nuevas formas de organizar, gestionar, producir, entregar, comercializar, vender y relacionarse con clientes y proveedores para generar valor agregado con la innovación y la inversión en investigación. 
En relación al segundo pilar, el PND considera que: 
Un país competitivo es un país con empresas productivas y pujantes que generan riqueza y empleo de calidad. Es un país con condiciones institucionales, económicas y sociales favorables al crecimiento sistemático y sostenido de la productividad de todos los sectores económicos. (p. 105) 
Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la productividad, es la elevada informalidad laboral y empresarial de la economía colombiana; los trabajadores de este tipo, representan más del 60% del total de ocupados, cifra que se ha reducido poco en los últimos años. En consecuencia, para impulsar la productividad y competitividad es conveniente el desarrollo de competencias laborales, promover el per a la educación superior, la vinculación de la población a la educación técnica y tecnológica y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación e iniciar el bilingüismo. Igualmente, se debe contar con un conjunto de apoyos transversales, como: i) un ambiente de negocios sencillo y predecible con reglas de juego claras que incentiven la generación y el desarrollo de negocios; ii) fácil acceso a un sistema financiero competitivo y profundo; y (iii) alianzas público-privadas sólidas.
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Algunos lineamientos estratégicos para promover la competitividad y la productividad, según el PND, son: 
1. Desarrollo de competencias básicas, laborales y ciudadanas en los procesos de formación, fortaleciendo el uso y apropiación de las TIC y el bilingüismo. 
2. Formalización laboral y empresarial. 
3. Mejorar los Servicios de transporte y logística. 
4. El desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
5. Mejorar el acceso a servicios financieros y desarrollo del mercado de capitales. 
6. El mejoramiento del entorno de negocios. 
7. La participación privada en la oferta de bienes públicos. 
Respecto al impulso de las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo, el PND dice lo siguiente: 
Son sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía. Encontramos, en ese sentido, que el sector minero-energético, la vivienda y la infraestructura de transporte ya son sectores con motores prendidos y avanzando a un ritmo mayor que los demás. Las locomotoras que están calentando motores para realmente arrancar con fuerza son los sectores basados en la innovación. Finalmente, el sector agropecuario es una locomotora que se encuentra en movimiento, pero a una velocidad inferior a su verdadero potencial. 
Es pertinente considerar que cada locomotora cumple un propósito específico en el desarrollo económico y social del país, esto se puede sintetizar de los siguientes puntos: 
1. En el sector agropecuario se debe aprovechar la riqueza y el potencial del campo colombiano para dar un salto económico y social en las zonas rurales, y considerar la demanda mundial de alimentos, las perspectivas de precios altos para las próximas décadas y las ventajas comparativas de Colombia en este sector. 
Con esta panorámica, el desafío del Estado colombiano es abordar los retos que enfrenta el sector agropecuario, como son: i) los altos costos de producción, transformación y comercialización; ii) la restitución de tierras a quienes les fueron despojadas; iii) la baja productividad generalizada del sector; iv) las limitaciones para desarrollar proyectos de gran escala; v) las dificultades de acceso a infraestructura, servicios financieros y nuevas tecnologías; vi) la pobreza y el bajo nivel educativo de los habitantes del campo colombiano; y vii) la ausencia de una cultura para la gestión de los riesgos climáticos. 
2. A través de la locomotora de vivienda y ciudades amables, impulsar la generación de empleo, especialmente en las zonas urbanas, aprovechando el incremento en la demanda de vivienda que se genera con el mayor dinamismo económico, abarcando, no sólo la actividad de la construcción, sino también el concepto más amplio de ciudades amables. 
3. El mejoramiento de la infraestructura de transporte como locomotora estratégica de crecimiento para unir todo el sector productivo del país y llevar, con mayor seguridad,
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prontitud y a menores costos, los productos y las ideas de los colombianos al resto del país y al mundo. 
4. Impulsar la locomotora del sector minero-energético para aprovechar, de manera responsable, nuestra riqueza en recursos naturales que permita generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e inter-generacional. Las elevadas proyecciones de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de los precios internacionales de la canasta minero-energética y la creciente actividad de exploración en el territorio nacional, muestran el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en los próximos años, el cual no debe desconocer la responsabilidad de gestión ambiental, que no puede ir en contravía del desarrollo sostenible y de su conservación para las próximas generaciones. 
5. Con respecto a la locomotora de la innovación, esta apunta hacia un mayor desarrollo y el deseo de competir a la par con países de mayores ingresos en los mercados internacionales. La estructura productiva de Colombia es de baja productividad, conformada por bienes y servicios de escaso valor agregado, y su concentración en bienes primarios basados en los recursos minero-energéticos es cada vez mayor; esto implica que se requiere una transformación productiva hacia productos basados en la innovación, especialmente hacia servicios de alto valor agregado que generen empleo calificado. Para este propósito, será necesario concentrar los esfuerzos en algunos cuellos de botella, como los siguientes: i) baja inversión en investigación y desarrollo; ii) debilidad de las alianzas universidad-empresa-Estado; iii) limitado acceso al financiamiento de nuevos emprendimientos; iv) dispersión de los esfuerzos institucionales y de la asignación de recursos; y v) baja capacidad de formulación de proyectos de innovación en las regiones. 
Afín a los problemas que son objeto de estudio del Derecho, y para los cuales se deben preparar sus profesionales, el PND hace referencia a temas tan complejos como la seguridad social, la cual se enfoca en las personas en condición de desplazados, para garantizar el goce efectivo de sus derechos y establecer los mecanismos y criterios necesarios para cesar dicha condición. Asimismo, pretende garantizar la igualdad de oportunidades para toda la población, al consolidar sistemas de salud y educación con cobertura universal, sostenibles y de calidad. 
La educación es entendida como la herramienta más efectiva para reducir la inequidad y garantizar la igualdad de condiciones en la generación de ingresos, por lo cual se debe asegurar una atención total e integral desde la primera infancia, con cobertura para regiones distantes y mejora de la pertinencia de la educación durante todas sus etapas, ampliar la participación en educación superior, en la educación técnica y tecnológica y en postgrados de maestría y doctorado, todo lo anterior con el establecimiento de un esquema educativo equitativo y de calidad para posibilitar la generación de ingresos de manera sostenible con empleo o emprendimientos exitosos en empresas o negocios. 
Así mismo, para el cumplimiento de las estrategias en cuanto a igualdad de oportunidades para la población, es trascendente la igualdad de género como un reto,
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especialmente en temas como la violencia intrafamiliar, las condiciones equitativas de remuneración salarial, el reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte a la economía, el apoyo a las madres cabeza de hogar y la garantía de las libertades de la población LGBT, con la promoción de políticas dirigidas a segmentos específicos, como son los grupos étnicos, que representan cerca del 13% de la población nacional y se encuentran en estado de indefensión y altos índices de pobreza, la población en situación de discapacidad, los jóvenes y adultos mayores. 
La calidad de vida de un individuo no sólo depende de los ingresos que genera o del estado de salud o la educación a la que tiene acceso, sino que depende, además, de otros elementos críticos como la cultura, el deporte y la recreación para formar capital humano integral que impulse el desarrollo del país en sus dimensiones social, cultural, política, económica y ambiental. 
Para concluir estos comentarios alrededor del PND, constituye tema relevante para el Gobierno, la consolidación de la paz con prevalencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional, lo cual implica consolidar la seguridad, garantizar la observancia plena de los derechos humanos y proveer un sistema de justicia ágil y eficaz, no solamente enfrentando al delito y su posterior sometimiento a la justicia, sino también cimentando apoyos básicos para la justicia transicional, como la verdad, la reparación y la garantía de no reincidencia, en lo cual se ha dado pasos significativos atendiendo las dificultades que, en términos de acceso, eficiencia y eficacia, presenta el sistema judicial colombiano, donde se tiene un inventario grande de expedientes represados, dificultades de acceso para la población vulnerable, congestión en los despachos judiciales, obsolescencia del sistema para adaptarse a nuevas modalidades delictivas y una tasa de hacinamiento en las cárceles. Todo esto dificulta la observancia de los Derechos humanos y el cumplimiento del Derecho internacional humanitario; entonces, se requiere complementarlos con el fortalecimiento de la cultura ciudadana en derechos humanos, los derechos a la vida, la libertad e integridad personal, la lucha contra la discriminación y el respeto a las identidades. 
Para consolidar la paz, tener una justicia pronta y eficaz y garantizar el respeto a los derechos humanos, entre otros lineamientos estratégicos, el PND plantea mejorar la seguridad nacional, ciudadana y el orden público, haciendo énfasis en una justicia eficaz, para lo cual se plantea como necesario lo siguiente: 
- Definir políticas ambiciosas que permitan avanzar hacia una justicia más eficiente y al día, para lo cual es necesario implementar gradualmente la oralidad en las distintas jurisdicciones y especialidades, flexibilizar y armonizar procedimientos judiciales e incorporar nuevas tecnologías de información y modelos de gestión al Sistema Judicial. 
- Fortalecer la defensa judicial del Estado. 
- Consolidar la justicia no formal, con la generación de espacios y figuras para promover la solución pacífica de controversias. 
- Desarrollar una política criminal coherente y eficaz. 
- Establecer una política penitenciaria comprensiva a través de un plan maestro de reposición, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria, la
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tecnificación del INPEC y el fortalecimiento de los programas de tratamiento y desarrollo de los internos. 
- Crear el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
- Elaborar la Política Nacional Integral de DDHH y DIH. 
- Construir una política de atención y reparación integral a víctimas de graves violaciones de los DDHH e infracciones al DIH y un Sistema Nacional de Atención y reparación para esas víctimas. (p. 27 - 28) 
Ahora, en cuanto al Plan de Desarrollo del Departamento de Nariño “Nariño mejor” (2012 – 2015), éste enfoca su atención en el desarrollo humano sostenible, lo cual se entiende como un proceso que no sólo genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios equitativamente, reivindica el medio ambiente, potencia a las personas y amplía las oportunidades de su participación en las decisiones que afectan sus vidas, se ubica a favor de los pobres, de la naturaleza y de la mujer. Para esto, pone énfasis en el crecimiento del empleo, la protección del medio ambiente, la distribución equitativa de la riqueza y garantizar un contexto para que los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades con creatividad y productividad conforme a sus necesidades e intereses. 
Para garantizar este desarrollo, se proponen los siguientes objetivos: 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2. Lograr la enseñanza primaria universal 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
4. Reducir la mortalidad infantil 
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
7. Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
Igualmente, el Plan subraya un desarrollo consistente con la base de la propiedad agraria familiar campesina, las prácticas culturales de los pueblos indígenas y las comunidades afronariñenses, la sostenibilidad ambiental, el reconocimiento de la equidad en todas sus manifestaciones y la oposición a toda clase de discriminación y prácticas económicas que atenten contra el medio ambiente y el buen vivir, especialmente de quienes tienen menos oportunidades sociales y procurando dar respuesta a las diversas problemáticas de la región en cuanto a pobreza, el conflicto armado, la violencia y la insatisfacción de las necesidades básicas, situaciones que requieren de inmediatas y reales transformaciones. 
Según el mencionado Plan, uno de los problemas más relevantes es la violencia y la inseguridad ciudadana; los indicadores de homicidios muestran una realidad que afecta con mayor intensidad a la población infantil, adolescente y juvenil, la tasa de homicidios en el último año, es del 34,88% y la de suicidios es de 4.82%.
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En cuanto a salud, es importante tener en cuenta que el acceso a los alimentos, los hábitos alimenticios y la prevalencia de enfermedades como la diarrea y la neumonía, constituyen problemas relevantes, sobre los cuales es necesario incidir para garantizar unas condiciones nutricionales apropiadas que permitan el adecuado crecimiento físico e intelectual de niñas y niños. 
Respecto al trabajo infantil, constituye otra situación social que se debe atender; debido a las condiciones económicas de las familias que han visto reducidos sus ingresos, 5.980 niños, niñas y adolescentes participaron de alguna actividad remunerada durante el último año; se desempeñaron en trabajos relacionados con servicios, agropecuarios y domésticos. 
En el Plan de Desarrollo, se reconoce que un factor adverso para garantizar el derecho a la educación, la salud, la nutrición, la cultura, la recreación y otros, es el conflicto armado, por lo que es ineludible trabajar en modelos y pautas de crianza contextualizadas, adecuadas y pertinentes con la convivencia, hacer que las familias se constituyan en el espacio educativo que fortalezca capacidades, principios valores y actitudes para la prevención de riesgos y conflictos. 
Por su parte, el Gobierno departamental pone de presente que en Nariño los cultivos ilícitos y el narcotráfico han originado comportamientos que riñen con la idiosincrasia de la población, lo cual ha modificado comportamientos, costumbres y ha originado una cultura de la ilegalidad. Las masacres, secuestros y atentados contra la integridad física de la población por la presencia de minas antipersona, son factores que impactan negativamente a la infancia, adolescencia y juventud, en especial a quienes habitan en la Costa Pacífica y la Cordillera, con generación de otros problemas conexos con el desplazamiento forzado. 
Con respecto a la participación de la mujer, el Plan de Desarrollo afirma que desde la Escuela de Género para el Desarrollo Local y Regional, se ha obtenido información sobre sus problemáticas, identificando prioridades, intereses, recomendaciones y estrategias para diseñar, formular y aprobar la política pública para la Equidad de las mujeres nariñenses desde su diversidad étnica y cultural, en procura de disminuir las agresiones, la discriminación y la falta de oportunidades. 
En lo concerniente a la situación de la población de lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI), como minorías sexuales son una población invisibilizada, pues no se ha levantado información sobre ella, por lo que se hace necesario promover la articulación entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas para trabajar en favor de la promoción y protección de los derechos de estos grupos. 
En lo tocante al sector de adultos mayores, también constituyen un número significativo de población nariñense y, según el PDN, su problemática está asociada básicamente al deficiente acceso a servicios de atención en salud, aumento del riesgo en las enfermedades propias de la edad, desnutrición, discriminación social, económica y familiar, baja calidad de vida e insuficientes ingresos, menguada participación política, económica y social, niveles bajos de organización y productividad, precarios recursos económicos de sus
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familias, desprotección por parte de entidades, baja cobertura de los programas nacionales, y subvaloración del adulto mayor por parte de la sociedad. A través de un accionar conjunto desde los Consejos de Política Social y apoyados en el Comité Departamental del Adulto Mayor, se busca mejorar sus condiciones de vida y preparar a esta población para alcanzar una vejez activa y saludable, en especial a los estratos 1 y 2 del Sistema subsidiado de salud (SISBEN). 
Así mismo, el PDN tiene en cuenta a la población en condición de discapacidad, afectada por situaciones sociales, económicas, políticas e incluso demográficas resultantes del conflicto armado, la violencia, los niveles de pobreza, el desplazamiento y el envejecimiento; esto hace que la discapacidad física, mental y sensorial se convierta en un fenómeno complejo que afecta a un grupo importante de personas para quienes es necesario garantizar un acceso equitativo a la atención en salud, educación, recreación, igualdad de condiciones y oportunidades laborales y plena participación en la sociedad, lo cual permita contribuir a su propio desarrollo y al de la comunidad. 
La situación de las víctimas del conflicto armado en Nariño, igualmente, es preocupante ya que el 13% de su población ha sufrido algún tipo de violación de sus derechos humanos. El Departamento se ve enfrentado a una situación histórica estructural de pobreza y marginalidad que, unido a la presencia de grupos armados ilegales y de cultivos de uso ilícito, presenta un cuadro de crisis humanitaria, expresada en el desplazamiento forzado, la amenaza, el asesinato selectivo y de configuración múltiple, la desaparición, el secuestro y la extorsión, la afectación por minas antipersonales y el confinamiento, entre otros, vulnerabilidad que se acentúa en las comunidades afro e indígenas, en donde se expone su vida, su territorio y su cultura en una situación cercana a la desaparición y exterminio. A nivel nacional, Nariño es el segundo departamento con mayor afectación por desplazamiento masivo, registrando, a diciembre de 2011, al menos 179.232 personas en esta situación. 
Correspondiente a las víctimas por minas antipersona, también constituye un problema complejo y de impacto en la población civil; sin embargo, hoy el Departamento se encuentra mejor preparado para la atención y reparación de las víctimas, contando con la Unidad Especial de Restitución, encargada de promover la construcción de un Programa de Protección de Tierras para pueblos indígenas, afronariñenses y campesinos, un plan de devolución y restitución de territorios despojados por causa de la violencia, así como la titulación, saneamiento y compra de tierras. 
En cuanto a grupos étnicos, el PDN menciona además la importancia del progreso con identidad, al considerar que los pueblos indígenas y comunidades afronariñenses constituyen activos que aportan con sus cosmovisiones integradoras de la naturaleza, su manejo de la economía, el hábitat y su ethos cultural. No obstante existir planificación y gestión de sus modelos de gobierno, aún persisten las consecuencias de un proceso de exclusión, opresión y marginamiento, expresados en el despojo de territorios y consecuente desplazamiento y desarraigo, desconocimiento cultural, precarias condiciones de vida y
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violación sistemática de los derechos humanos asociada al conflicto armado y al narcotráfico. 
Nariño, históricamente, ha afrontado una serie de problemáticas sociales y económicas, algunas de tipo estructural, que han incrementado los índices de pobreza extrema en el Departamento. Como consecuencia de la desaceleración y contracción de su PIB, en los últimos años hubo menores ingresos para la población, incremento considerable del desempleo y la subsecuente pobreza, condiciones que no favorecen para que un grueso de la población acceda a la educación superior. 
En lo que respecta al Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto “Pasto: transformación productiva” (2012-2015), es necesario destacar que su justificación se hace a partir de la búsqueda de oportunidades de desarrollo productivo para sus habitantes; el Consejo Municipal al aprobarlo mediante el Acuerdo No. 008 de 2012, en el artículo 1º argumenta lo siguiente: 
Este gobierno tiene el compromiso del cambio para llevar a Pasto, como ciudad capital de una región de frontera, y a todos sus habitantes y moradores a superar sus niveles de pobreza; a mejorar las condiciones de empleo y de ingreso, así como garantizar mejores índices de seguridad ciudadana y de integridad social con respeto y buena atención para toda situación de vida humana, en términos, no sólo de buena y sana convivencia, sino también de respeto y acatamiento de los derechos humanos, civiles, económicos, sociales, políticos y culturales como derechos colectivos inherentes a toda la población, sin distinciones de orientación política, origen social o cultural. 
Las condiciones actuales de la planeación del desarrollo de Pasto, representan unas serias limitaciones para alcanzar y convertir en sostenibles, justas y equitativas metas concretas de bienestar social con responsabilidades específicas de sostenibilidad social y ambiental, buenas para todos. 
Pasto y sus actuales condiciones de gobernabilidad determinan unos índices que la localizan, según los indicadores de pobreza que se referencian a continuación, en un atraso considerable. Para salir de esta situación es imprescindible avanzar hacia metas más integrales de desarrollo socio—económico y socio—cultural, con metas públicas y sociales mucho más sostenibles, incluyentes y sensibles a todo aquello que le transfiera al desarrollo del ser humano en todas las escalas de su inserción, en un marco de derechos sociales y políticos, que respeten y salvaguarden sus derechos fundamentales, y después derechos de segunda y de tercera generación, como los derechos ambientales o los derechos colectivos. 
Sólo si aceptamos y adoptamos un cambio cualitativo en el proceso y en los mecanismos y los recursos de la Planeación, nuestra ciudad capital y su entorno rural comenzarán a superar la brecha que permita un desarrollo más armónico, incluyente y sostenible con metas de universalidad e integralidad que todavía suenan distantes. 
Para transitar hacia una ciudad—capital que mejore, en forma significativa, las oportunidades para las personas, y para que nuestra ciudad sea más justa, equitativa e incluyente, se hace necesario transformar los principios de nuestra relación acrecentada en unas costumbres de
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dependencia de lo público que ha aumentado, en forma preocupante, los niveles de informalidad y de dependencia. Si no abocamos bajo concepciones diferentes esta realidad, correremos el riesgo de volver a una planeación operativa y funcional, concentrada en lo sectorial, en contraste con una Planeación más integral que persiga grandes y estratégicos objetivos de ciudad. 
El Plan de Desarrollo aborda una dinámica en la que se caracteriza como problema a un conjunto estructural de, como su nombre lo indica, problemas de vieja data que requieren un nuevo modelo de gobierno y de atención integral. Esta problematización nos facilitará el ordenamiento en varios rangos lo suficientemente diferenciados, niveles que nos orientarán y conectarán mejor con sus necesidades imperativas, de solución estructural, continuada y de impacto. Entendemos que sólo mediante esta gran concepción problemática, las soluciones serán más integrales y totales, que bajo los enfoques clásicos, que ya no responden a lo que la Ciudad necesita, dados los tamaños, los enormes costos y las complejidades que éstas problemáticas exhiben. Así, se presenta este Plan de Desarrollo como un instrumento diverso y estructurado, que dará el primer paso hacia la nueva planeación que Pasto necesita. (p. 1-3). 
Dentro de los objetivos de calidad, el Plan de Desarrollo establece lo siguiente: 
1. Aumentar la satisfacción del cliente ofreciendo servicios con calidad. 
2. Mejorar el desarrollo de las actividades económicas que conlleve a una transformación productiva, social, ambiental y cultural del Municipio de Pasto. 
3. Garantizar el acceso a los servicios de salud, la vigilancia en salud pública y salud ambiental a toda la población del Municipio de Pasto. 
4. Apoyar y fortalecer los diferentes programas sociales, con el fin de brindar asistencia y promover la equidad de género y la armonización de la implementación de la política pública de adolescencia y juventud en el Municipio de Pasto. 
5. Generar seguridad visible, perceptible y real al ciudadano, creando espacios de sana convivencia. 
6. Fortalecer los procesos de participación comunitaria que permita recuperar la legitimidad y credibilidad para la toma de decisiones económicas y sociales de la Administración Municipal. 
7. Promover la gestión del riesgo de desastres con el fin de reducir las condiciones de su ocurrencia a través de la realización de estudios técnicos y la atención oportuna de los incidentes que originen emergencias o desastres. 
8. Desarrollar y mantener el territorio local garantizando su adecuada distribución, aprovechamiento físico y espacial contribuyendo al progreso y desarrollo del Municipio de Pasto. 
9. Propender por el buen manejo de los recursos naturales y el medio ambiente del Municipio de Pasto. 
10. Fortalecer las competencias del talento humano de la Administración Municipal. 
11. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
La Universidad Mariana y su Programa de Derecho comparten los enfoques que tienden a la transformación social de los planes de desarrollo comentados, por cuanto eso mismo es compartido en su Misión y Visión, en donde se plantean principios para alcanzar una sociedad más justa, que propicie las condiciones necesarias para que sus integrantes tengan una existencia digna con seguridad social, educación, igualdad de oportunidades y hechos de justicia, corolario que debe pretenderse siempre desde la comprensión y aplicación del
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derecho, llamado a garantizar tales principios para la convivencia y calidad de vida, contextos frente a los cuales la Universidad no es ajena, por el contrario, se compromete con un tratamiento reflexionado de la problemática social con herramientas jurídicas e investigativas. 
En este sentido, la Universidad y el Programa de Derecho, en sus procesos de formación parten de un contexto nacional estructurado por el Ministerio de Educación, y al hacer uso de la autonomía universitaria que le concede la Constitución Política de Colombia, establece los fines, estrategias y principios de la formación profesional de acuerdo a las necesidades y entornos en los cuales conviven sus estudiantes y en donde deberán desempeñarse competitivamente. 
2.3 RASGOS DISTINTIVOS DEL PROGRAMA 
Para determinar los rasgos distintivos del Programa de Derecho de la Universidad Mariana, es importante tener en cuenta los principios y objetivos de la educación superior colombiana reglamentados por la Ley 30 de 1992, donde se propende por la formación integral y el desarrollo de potencialidades y competencias del ser humano de una manera plena, como se expone en el artículo 4º: 
La educación superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. (p. 1) 
Para esto, las instituciones de educación superior tienen autonomía para definir un proyecto educativo específico, acorde con su naturaleza, origen y con los valores y objetivos particulares que promuevan. Así, la Universidad Mariana ha definido su Programa de Derecho de tal manera que permita el desarrollo de competencias, capacidades y valores comunes en todos sus estudiantes. Para el caso de los valores, éstos se determinan como conjuntos de principios y convicciones que guían el comportamiento y hacen referencia a los pensamientos e ideas que mueven a una persona para actuar y relacionarse con el entorno de una forma concertada. En el caso de una institución universitaria, los valores se encuentran en sus orígenes mismos, y constituyen parte esencial de la explicación de su fundación y del legado que los fundadores desean transmitir y preservar entre generaciones. 
De esta manera, la Institución pretende que, a partir de los principios y valores que la orientan -consignados en la Misión, Visión y demás proyectos institucionales-, se logre una identidad en sus egresados, con independencia de las especificidades de los distintos saberes. Esa impronta se constituye como transversalidad en su quehacer educativo, se erige en presupuesto de configuración de todos sus programas y como base para las buenas prácticas pedagógicas y administrativas, acordes con la vocación de excelencia y calidad académica, investigativa y de proyección social. Para alcanzar estos propósitos
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institucionales, ofrece a la comunidad nariñense y del sur occidente colombiano, un Programa de Derecho con identidad, que parte de una redefinición del concepto mismo de universidad, reelaborándolo desde una perspectiva Católica y Franciscana; Hans Paul Bahrdt (s. f.) al respecto dice: 
Desde el momento en que propicia un estudio que no consiste en la simple asimilación de un saber ya acabado y prácticamente utilizable en las respectivas profesiones, sino en una consideración crítica y filosófica del mundo de las ciencias, mediante un repensar las ideas científicas originales. 
Lo anterior, en dialogo con los preceptos morales y éticos desde el evangelio, como un sustento del verdadero desempeño humano y profesional. En este sentido, la enseñanza académica no ha de ser una conferencia magistral de repetición de manuales, sino una comunicación estrecha y activa entre profesores y estudiantes que crece recíprocamente en su interacción para formar tanto en lo científico como también en lo ético y moral, propiciando espacios congruentes para un aprendizaje problémico y constructivo, en íntima relación entre la docencia, la investigación y la proyección social, en el sentido que quien investiga enseña y quien enseña también investiga. 
La formación humana, como un rasgo distintivo del Programa de Derecho, se concibe a la luz de las vivencias y enseñanzas doctrinales de San Francisco de Asís y la Beata Madre Caridad Brader, cuyos preceptos se acogen en el Modelo Pedagógico, desde donde se brinda a sus educandos, una formación integral con identidad institucional, se promueve el desarrollo de competencias, capacidades y valores sociales que permitan comprender, resignificar y conceptualizar los conocimientos del saber socio-jurídico, para superar el tecnicismo normativo, es decir, que no solamente sea el saber hacer, sino también el saber conocer, acompañado de un espíritu crítico, reflexivo y creativo que interprete el ideal de justicia social y sea propositivo en el desarrollo regional y nacional, para así cumplir con la Visión de ser reconocidos en el ámbito profesional y comunitario, como juristas altamente calificados para desempeñarse con competencias específicas en lo jurídico, lo social, lo político y económico, y complementar su formación académica mediante prácticas formativas que los capacite para la asesoría y consultoría, la defensa administrativa o judicial de los derechos de sus representados y la eficiente gestión de asuntos legales al servicios de entidades públicas y privadas. (PEPD, 2014). 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Programa de Derecho construye su objeto de estudio en torno a los siguientes ejes: EL Humanismo Franciscano, la Dignidad Humana, el Derecho como Norma Jurídica y la relación bidireccional de los contextos con el Derecho. Así pues, consolida sus propósitos de formación en torno a la calidad, en la observancia y práctica de valores humanos, cristianos y franciscanos, con una sólida educación disciplinar y competencias para conocer, comprender, interpretar y dar respuestas eficaces y creativas a problemáticas del entorno y a la solución pacífica de conflictos con el uso de diferentes metodologías, ya sean tradicionales o alternativas, pero siempre con un compromiso ético, social y respeto por la dignidad humana, a fin de participar consciente y activamente en la construcción de un Estado Social de Derecho.
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2.4 APORTES ACADÉMICOS E IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA 
En el contexto de la Universidad Mariana, el Programa de Derecho es reciente; sin embargo, en sus seis años de funcionamiento ha logrado posicionarse como uno de los de mejor organización, actividad académica e investigativa y proyección social, lo que le ha merecido un alto reconocimiento por parte de la sociedad pastusa, nariñense, sur- colombiana e, incluso, de la vecina República de Ecuador; todo esto apoyado por el talento humano representado en la entrega, responsabilidad y profesionalismo de sus docentes, directivos y personal administrativo, lo mismo que por el entusiasmo y compromiso de sus educandos, factores con los que se ha impactado positivamente en la comunidad educativa como en los sectores público y privado, que dan su voto de confianza por los profesionales de la Universidad Mariana. 
En efecto, los procesos de autoevaluación y mejoramiento que se han realizado, permiten hacer un reconocimiento a los principales aportes del Programa en el campo académico, investigativo y de proyección social, como los siguientes: 
- Consolidación de los diez semestres que componen el Programa de Derecho, lo cual ha permitido ofrecer a la comunidad un importante conjunto de estudiantes, fruto de dos cohortes, con la formación y los conocimientos necesarios para iniciar su desempeño como profesionales del Derecho. 
- Fortalecimiento, a nivel del Programa de Derecho, del Modelo Pedagógico Institucional Constructivista, mediante la orientación y aplicación de sus principios en los procesos de aprendizaje y evaluación académica, lo cual se ha constatado en los procesos de seguimiento a las estrategias pedagógicas desarrolladas por los docentes en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 
- Estructuración del diseño curricular del Programa en torno a las competencias que necesitan desarrollar los educandos, para responder a los nuevos perfiles de formación, a los contextos y a las exigencias institucionales y gubernamentales, lo mismo que aplicarlas en la solución de problemas socioculturales, políticos, económicos y jurídicos a partir de un objeto de estudio, de un macroproblema y unas macrocompetencias, las cuales obedecen a cuatro áreas de formación: genérica, institucional, disciplinar y profesional. 
- Reestructuración de los procesos de investigación, con la reorientación de sus líneas hacia las áreas específicas del derecho -laboral, penal, público y privado-, lo cual ha permitido fortalecer la cultura de la investigación profesoral y estudiantil, este último sector con una notable participación en los semilleros de investigación, e intervención en los encuentros regionales y nacionales programados por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI).
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- Contar con un importante número de personas que optan por ingresar al Programa de Derecho semestralmente, lo mismo que presentar un bajo índice de deserción, el 0.5%, lo cual revela que el Programa tiene gran aceptación entre los estudiantes y en la comunidad en general, al brindar respuestas oportunas a las necesidades que se evidencian, para satisfacer aspiraciones intelectuales y personales. 
- Consolidación de la reglamentación y los requisitos propios del Programa, respecto a la presentación de preparatorios y las modalidades de trabajo de grado. 
- Reorganización de la oferta de espacios electivos tendientes a fortalecer las áreas disciplinares, las líneas de investigación y las prácticas formativas y jurídicas. 
Con respecto al impacto que ha generado el Programa en la comunidad académica, estudiantil y en la sociedad en general, han sido muchos los logros alcanzados gracias a los lazos iniciales y profundos que se han establecido con los organismos públicos, la empresa privada, organismos no gubernamentales y organizaciones sociales al nivel regional, nacional e internacional. Ese impacto se puede percibir en aspectos tan importantes como los siguientes: 
- La formación integral del abogado mariano con una sólida preparación académica para su desempeño profesional, acompañada del fortalecimiento de valores humanos y cristianos que contribuyen en la aplicación de un derecho más justo, ético y moral en procura de construir una sociedad con corresponsabilidad, que promueva la dignidad humana como un soporte insoslayable de sus fines y principios. 
- Afianzamiento de una importante planta de personal docente, en equilibrio de número de vinculados en las diversas modalidades -tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra-; se cuenta, actualmente, con 18 docentes de tiempo completo, 24 de medio tiempo y 14 de hora cátedra, en atención a las políticas institucionales de reducir la hora cátedra y tener en el Programa un mayor porcentaje de profesores de tiempo completo para atender con mayor propiedad y disponibilidad de tiempo, los aspectos académicos, de organización e institucionales que exige el Programa. Docentes con alta cualificación a nivel de postgrado, según las exigencias de la Institución y el Programa, tendiente a la conformación de una comunidad académica competente, con diferentes perspectivas sobre el derecho, lo cual enriquece su objeto, con un pensamiento crítico e histórico que aporte, no solamente a la Universidad, sino a la región y al país. 
- Incremento de la movilidad estudiantil y profesoral en la modalidad de extensión, se cuenta con varios convenios interuniversitarios e interinstitucionales que han propiciado una participación activa de estudiantes y docentes en eventos regionales, nacionales e internacionales, lo cual permite que se conozca el Programa de Derecho, a la Universidad Mariana y a la región en diferentes contextos. 
- Creación de los Consultorios Jurídicos y del Centro de Conciliación del Programa de Derecho, que ha permitido la apertura y consolidación de vínculos con comunidades menos
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favorecidas, las cuales pueden contar con asesoría jurídica para solucionar sus problemas y dificultades. Mediante la estrategia de las brigadas, se ha llevado el servicio de Consultorios Jurídicos a varios municipios del Departamento de Nariño, incluso a la vecina República de Ecuador. Igualmente, se ha apoyado a la población desplazada por la violencia a través de los convenios con la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). 
- Otorgamiento institucional de estímulos económicos a estudiantes de escasos recursos pertenecientes al Programa, con beca de matrícula y apoyo a quienes se destacan a partir del sexto semestre. Esto, igualmente, ha permitido la continuidad de los educandos en el ciclo formativo. 
- Se ha logrado fortalecer la cultura de la participación de los docentes y estudiantes, a través de la realización de seminarios, talleres y conferencias a nivel nacional e internacional. En este aspecto, docentes y estudiantes del Programa han participado en los Concursos de debate con bastante éxito como se relaciona en las condiciones 6 y 7, la destacada participación en las pruebas SABER PRO, la confianza de las entidades del sector público y privado para recibir a los estudiantes de los consultorios jurídicos en pasantías y en judicaturas (Ver condición 6 Relación con el sector externo).
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3. CONTENIDOS CURRICULARES 
3.1 EL DERECHO EN SU HISTORIA Y OBJETO DE ESTUDIO 
Para la fundamentación teórica e histórica del derecho, se analizan las escuelas que han orientado el saber jurídico en occidente, las cuales, igualmente, han influenciado la construcción curricular y sus elementos integradores, como se desarrollará más adelante. En este sentido, su estudio se cumple con base en los postulados de dos grandes escuelas filosóficas que han marcado su evolución y desarrollo, estas son: el iusnaturalismo y el iuspositivismo. 
IUSNATURALISMO. Esta concepción considera que existen principios universales, a- históricos e inmutables previos a cualquier forma de organización sociopolítica, que validan los diferentes ordenamientos jurídicos y se extraen de la naturaleza. Algunas posturas que hacen referencia a dicha escuela, son las siguientes: 
Teológica: según esta, el hombre por su naturaleza y por ser hijo de Dios, es objeto de los principios y derechos inherentes a su persona. Sustentan esta teoría: San Agustín, Santo Tomás, Hugo Grocio, Francisco de Vitoria con la Escuela de Salamanca, entre otros. Estos autores concuerdan en la idea según la cual, la ley humana deriva de la ley natural; según Santo Tomás (Atienza, 2012, p. 113): “la participación de la ley eterna (o sea, el orden de la creación), en la criatura racional”. 
Racional: esta postura considera la existencia de principios universales e inmutables que se reconocen a través de la razón humana; algunos de sus principales exponentes son: Tomasio, Wolff, Pufendorf e Inmanuel Kant. (Atienza, 2012, p. 113), en el racionalismo “se defiende la idea de que hay ciertos derechos de los hombres, inalienables e imprescriptibles que se imponen al legislador, al poder político, porque derivan de la naturaleza humana”. Según esto, la razón no solamente es el instrumento por el cual se conoce el derecho natural, sino también la base o fundamento de su existencia (Cabra, 2010, p. 16). 
IUSPOSITIVISMO. Esta concepción nace con la corriente del positivismo expuesta por Augusto Comte, quien utiliza el método científico -originalmente aplicado a las ciencias naturales-, para explicar los fenómenos sociales, entre los que se ubica al derecho. Esta escuela no es conceptualmente uniforme, aunque sus postulados son opuestos a los planteados por el Iusnaturalismo ya que al responder la pregunta sobre qué es derecho, esta considera como tal, al conjunto de normas emanadas del poder político sin ningún otro tipo de justificación valorativa, distanciando al derecho, de la moral (Bonorino & Peña Ayazo, 2006, p. 23)
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Al interior de esta postura existen algunas divisiones que aparecen en el siglo XIX, principalmente, en las obras de Bentham y Austin; para el siglo XX, aparecen por un lado, el normativismo, en cabeza de Kelsen y Hart y, por otra parte, las visiones realistas norteamericanas, representadas por autores como: Pound, Llewelyn, Frank y Holmes, y escandinavas abordadas por Olivecrona y Ross. (Bonorino & Peña Ayazo, 2006, p. 24). 
Del normativismo cabe destacar a Kelsen, quien plantea que el derecho es un ordenamiento normativo que pertenece al mundo del deber ser, el cual se depura de elementos no jurídicos como los históricos, sociológicos y filosóficos; el derecho es la ley emanada del Estado, al considerar que existe una identidad entre éste y el derecho; según Jaramillo (1996): “todo lo que realiza el Estado es jurídico y todo lo jurídico está en el Estado. La validez de una norma jurídica depende de que esta sea producto del Estado siguiendo los lineamientos fijados por el mismo” (p. 99 - 104). De igual manera, es relevante el pensamiento de Hart, quien pese a pertenecer a esta escuela, expresa que el derecho y la moral tienen una relación cercana, al punto que la moral permea al derecho, idea diferente a lo propuesto por Kelsen. 
A partir de estas posturas filosóficas, se han fundamentado una serie de teorías del derecho que han influido en la concepción del mismo y afectan el desarrollo del ordenamiento jurídico, a saber: 
Exégesis. Anclada en el Código Civil Napoleónico y la idea legocéntrica del derecho; plantea que la norma jurídica no es objeto de interpretación, sino de aplicación por parte de los jueces. 
Conceptualismo. Surge a manera de contraposición a la escuela exegética, en la medida que busca los conceptos subyacentes a la norma jurídica y, por lo tanto, la labor de interpretación cobra relevancia. 
Histórica. En cabeza de Karl Von Savigny, quien observa el derecho como un proceso histórico, y aporta reglas de interpretación para la lectura de fuentes jurídicas: gramatical, lógico, histórico y sistemático. 
Finalista. Surge como reacción al abuso de la lógica formal en el derecho y, en consecuencia, busca la causa final de éste. Aquí se encuentra, entre otras, la jurisprudencia de intereses y la escuela libre del derecho. 
Normativismo. Encabezado por Kelsen, sistema basado en la jerarquía normativa. 
Realismo Jurídico. Según Jaramillo (1996): “Los rasgos comunes de los realistas son tres, a saber: a) la creación judicial del Derecho; b) la consideración del Derecho como medio para el logro de determinados fines sociales; y c) el estudio del comportamiento efectivo de los tribunales” (p. 116). Aquí se tienen autores como: Holmes, Cardozo, Frank y Dworking, entre otros.
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Documento Maestro del Programa de Derecho

  • 1. 1 REGISTRO CALIFICADO PROGRAMA DE DERECHO UNIVERSIDAD MARIANA SAN JUAN DE PASTO 2014
  • 2. 2 REGISTRO CALIFICADO PROGRAMA DE DERECHO “La calidad, un compromiso de todos” UNIVERSIDAD MARIANA SAN JUAN DE PASTO 2014
  • 3. 3 COMITÉ CENTRAL Ph.D. Oscar Olmedo Valverde Riascos Mag. RicardoEfraín Díaz Martínez Doctora (c) Carmen Cecilia Cabezas Cortés Mag. Oscar Arturo Montenegro Coral COMITÉ DE APOYO Esp. Mónica Julieta Cruz Ordierez Esp. Ruth Magaly Tapia Fierro Mag. Myriam Constanza Caicedo Enríquez Esp. Paula Giovanna Solarte Benavides Esp. Álvaro Alfonso Patiño Yépez Mag. Cristian Alexander Pereira Otero Esp. Orlando Alberto Chávez Bravo Mag. Diego Fernando Yanten Cabrera Mag. Henry Orlando Burbano Villota Esp. Oscar Damián Montufar Andrade Mag. Mauricio Guillermo Ceballos Burbano Esp. Jaime Darwin Hernández Chávez Esp. Jorge Santiago Bravo Guerrero Corrector de estilo Mag. Carlos Arcos Guerrero
  • 4. 4 CONTENIDO pág. INTRODUCCIÓN 12 1. DENOMINACIÓN 13 1.1 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 14 2. JUSTIFICACIÓN 15 2.1 ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 16 2.1.1 Estado del derecho en los ámbitos nacional e internacional 17 2.1.2 Estado de la profesión en los ámbitos internacional y nacional 18 2.2 NECESIDADES AL NIVEL DEL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL 22 2.3 RASGOS DISTINTIVOS DEL PROGRAMA 33 2.4 APORTES ACADÉMICOS E IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA 35 3. CONTENIDOS CURRICULARES 38 3.1 EL DERECHO EN SU HISTORIA Y OBJETO DE ESTUDIO 38 3.2 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN, COMPETENCIAS Y PERFILES 58 3.3 ELABORACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR 61 3.3.1 Áreas, componentes y cursos 62 3.3.2 Plan General de Estudios, representado en créditos académicos 68 3.4 COMPONENTE DE INTERDISCIPLINARIEDAD DEL PROGRAMA 77 3.5 ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACION PARA EL PROGRAMA DE DERECHO 78 3.6 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDACTICOS INSTITUCIONALES 80 3.7 DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN UN SEGUNDO IDIOMA 81 4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 83 5. INVESTIGACIÓN 90 5.1 MARCO INSTITUCIONAL 90 5.2 LINEAMIENTOS SOBRE INVESTIGACIÓN 93 5.3 SECTORES ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 96 5.3.1 Centro de Investigaciones 97 5.3.2 Funciones del Centro de Investigaciones 97 5.3.3 Líneas de acción 98 5.3.4 Medios de difusión de los resultados de investigación 99 5.4 GRUPOS, ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 100
  • 5. 5 5.4.1 Fundamentos del grupo Saber socio jurídico 100 5.4.2 Actividad investigativa de los docentes del Programa 103 5.4.3 Profesores con experiencia acreditada en investigación 105 5.4.4 Producción investigativa de grupos reconocidos por Colciencias 106 5.5 FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES 111 5.5.1 La investigación en la formación del estudiante 112 5.5.2 Modalidades de Trabajo de grado 113 5.5.3 Los Semilleros de investigación 114 5.6 ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL ESPÍRITU INVESTIGATIVO 116 5.7 LAS TIC EN LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES 119 6. MODELO DE PROYECCIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 121 6.1 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 122 6.1.1 Convenios regionales, nacionales e internacionales 122 6.1.2 Diplomados 130 6.1.3 Proyectos de investigación estudiantil y profesoral 130 6.1.4 Participación en convocatorias y eventos académicos 131 6.1.5 Consultorio Jurídico y Centro de conciliación -Laboratorio 135 6.2 TRABAJO CON LA COMUNIDAD 136 6.3 IMPACTO DE LA FORMACIÓN DE LOS EDUCANDOS 137 6.4 GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 137 6.5 ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 137 7. PERSONAL DOCENTE 139 7.1 PLANTA DE PERSONAL DOCENTE 140 7.2 PLAN DE CUALIFICACION DOCENTE 150 7.3 REGLAMENTO DE EDUCADORES PROFESIONALES 153 8. MEDIOS EDUCATIVOS 154 8.1 BIBLIOTECA HERMANA ELIZABETH GUERRERO 154 8.1.1 Misión, Visión y objetivos de la Biblioteca 154 8.1.2 Descripción, estructura administrativa y funciones de la Biblioteca 155 8.1.3 Colecciones bibliográficas y bases de datos 157 8.1.4 Estadística de ingreso de docentes a la Biblioteca 161 8.1.5 Recursos informáticos en la Biblioteca 163 8.1.6 Estrategias orientadas a incentivar la consulta en Biblioteca 163 8.1.7 Convenios inter-bibliotecarios 164 8.1.8 Políticas de desarrollo de la Biblioteca y proyección 166 8.2 CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN 167 9. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 168
  • 6. 6 9.1 BLOQUES DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA 168 9.2 ZONAS VERDES, DE CIRCULACIÓN Y DE USO COMÚN 176 9.3 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DE BIENESTAR 176 9.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRAMA DE DERECHO 178 9.4.1 Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Reinaldo Herbrand 179 10. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 180 10.1 PROCESO DE SELECCÓN Y ADMINISÓN DE EDUCANDOS 180 10.2 SELECCIÓN DE EDUCADORES PROFESIONALES 183 10.3 PERMANENCIA DE ESTUDIANTES 185 10.4 PERMANENCIA DE EDUCADORES PROFESIONALES 187 10.5 EVALUACIÓN 188 10.5.1 Evaluación de educandos 188 10.5.2 Evaluación de educadores profesionales 189 11. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA 191 11.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 191 11.2 ESTRUCTURA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA, DERECHO 192 11.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 193 11.4 ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CURRICULAR 194 12. AUTOEVALUACIÓN 195 12.1 SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO 195 12.2 EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 196 12.3 PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA DE DERECHO 197 12.3.1 Resultados del Primer proceso de autoevaluación 2008 – 2010 197 12.3.2 Proceso de la Segunda Autoevaluación 2010-2013 199 13. PROGRAMA DE EGRESADOS 212 13.1 SEGUIMIENTO A EGRESADOS DEL PROGRAMA DE DERECHO 212 13.2 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA 216 13.3 RESULTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO 216 13.4 PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMA DE DERECHO 217 14. BIENESTAR UNIVERSITARIO 218 14.1 DIMENSIONES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 218 14.2 IDENTIDAD TELEOLÓGICA 219 14.3 PRINCIPIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 219 14.4 POLÍTICAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 220 14.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 220 14.6 SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 222 15. RECURSOS FINANCIEROS 229 BIBLIOGRAFÍA 233
  • 7. 7 LISTA DE TABLAS pág. Tabla 1. Características básicas del Programa de Derecho 13 Tabla 2. Áreas y Componentes de formación 51 Tabla 3. Competencias genéricas 59 Tabla 4. Competencias transversales (Institucionales) 59 Tabla 5. Competencias específicas disciplinares 60 Tabla 6. Competencias específicas profesionales 61 Tabla 7. Modalidades de trabajo de grado 65 Tabla 8. Número de créditos por área 70 Tabla 9. Criterios de clasificación de desempeño en segunda lengua 82 Tabla 10. Docentes investigadores y tiempo de dedicación 103 Tabla 11. Investigadores con financiación institucional en curso para el año 2014 105 Tabla 12. Investigaciones terminadas durante los años 2011-2013 106 Tabla 13. Proyectos de investigación vigentes de semilleros de investigación Iussum 114 Tabla 14. Semilleristas que homologaron su investigación como Trabajo de grado 115 Tabla 15. Publicaciones de integrantes del semillero de investigación 115 Tabla 16. Semilleristas con puntajes sobresalientes en encuentros nodales RedCOLSI 116 Tabla 17. Actividades desarrolladas por el Programa de Derecho 117 Tabla 18. Entidades de práctica para estudiantes del Programa de Derecho 122 Tabla 19. Convenios nacionales 128 Tabla 20. Convenios Internacionales 129 Tabla 21. Proyectos de investigación profesoral con proyección social 131 Tabla 22. Participación en convocatoria 131 Tabla 23. Reconocimientos institucionales 136 Tabla 24. Modalidades de vinculación y nivel académico 140 Tabla 25. Planta docente, modalidades de vinculación y formación académica 141 Tabla 26. Titulación académica de planta docente y perfil 143 Tabla 27. Reseña histórica vinculación docente en el Programa de Derecho 146 Tabla 28. Composición de la planta docente y funciones asignadas 147 Tabla 29. Capacitación docente Programa de Derecho 152 Tabla 30. Total de volúmenes por área del conocimiento 158 Tabla 31. Revistas de Derecho existentes en la Biblioteca 158 Tabla 32. Bases de datos existentes en Biblioteca 160 Tabla 33. Bases de datos gratuitas en la Biblioteca 161 Tabla 34. Estadísticas de ingreso de docentes a la Biblioteca 162 Tabla 35. Ingreso de estudiantes del Programa de Derecho a Biblioteca 163
  • 8. 8 Tabla 36. Recursos informáticos existentes en la Biblioteca 163 Tabla 37. Bloque Madre Caridad dependencias y aulas de clase 169 Tabla 38. Bloque Santa Clara, dependencias y aulas de clase 169 Tabla 39. Bloque San Francisco 170 Tabla 40. Bloque San Buenaventura dependencias y aulas 170 Tabla 41. Bloque Jesús de Nazareth, laboratorios, aulas y recreativos 171 Tabla 42. Bloque María Inmaculada 172 Tabla 43. Número de aulas por bloque 173 Tabla 44. Servicios de las salas de proyecciones 174 Tabla 45. Salas de Proyección 175 Tabla 46. Laboratorios y salas de informática 175 Tabla 47. Porcentajes de admisión 181 Tabla 48. Muestra de población en el Programa de Derecho 202 Tabla 49. Porcentajes de las encuestas aplicadas a estudiantes 203 Tabla 50. Porcentajes de las encuestas aplicadas a docentes 203 Tabla 51. Porcentajes de las encuestas aplicadas a los directivos 204 Tabla 52. Resultados definitivos de las encuestas aplicadas 205 Tabla 53. Clasificación de las condiciones por prioridades 205 Tabla 54 a. Deserción estudiantil en el Programa de Derecho 209 Tabla 54b. Porcentaje deserción estudiantil en el Programa de Derecho 209 Tabla 55a. Pruebas Saber –PRO 2012, Programa de Derecho 209 Tabla 55b. Pruebas Saber –PRO 2013, Programa de Derecho 210 Tabla 56. Número de cohortes en proceso de titulación 210 Tabla 57. Plan Operativo Institucional para egresados 215 Tabla 58. Deserción y retención por cohortes 2008-2 a 2013-2 223 Tabla 59a. Relación de auxilios económicos y alimentarios, julio - diciembre 2013 226 Tabla 59b. Relación de auxilios económicos y alimentarios, julio - diciembre 2013 226 Tabla 59c. Relación de auxilios económicos y alimentarios, julio - diciembre 2013 227 Tabla 59d. Relación de auxilios económicos y alimentaros a hijo de administrativo 227 Tabla 59e. Relación de auxilios económicos y alimentarios a hijo de directivo 227 Tabla 59f. Relación de auxilios económicos y alimentarios monitoria 227 Tabla 59g. Auxilios por participación destacada en deporte y cultura 228 Tabla 59h. Relación de auxilios de alimentación, julio - diciembre 2013 228 Tabla 60a. Montos y fuentes de origen 231 Tabla 60b. Recursos de inversión y funcionamiento 231
  • 9. 9 LISTA DE CUADROS pág. Cuadro 1. Modelos de Educación legal norteamericana 16 Cuadro 2. Macro problema y macro competencias 57 Cuadro 3. Área de formación genérica 62 Cuadro 4. Área de formación institucional 63 Cuadro 5. Área de formación disciplinar 64 Cuadro 6. Área de formación profesional 66 Cuadro 7. Número de créditos por componente de formación 70 Cuadro 8. Plan de estudios del Programa de Derecho, 2014 72 Cuadro 9. Plan de Estudios en Créditos académicos y Prerrequisitos 74 Cuadro 10. Formato de micro-currículo 84 Cuadro 11. Proyección de trabajo del Grupo Saber Socio jurídico 104 Cuadro 12. Participación docente en eventos de investigación 109 Cuadro 13. Curso de formación en investigación, nuevo Plan de Estudios 113 Cuadro 14. Disertantes, actividades y número de asistentes 118 Cuadro 15. Proyectos de intervención desde práctica profesional 2013-2014 124 Cuadro 16. Eventos académicos 132 Cuadro 17. Otros eventos del Programa de Derecho 134 Cuadro 18. Fases del Modelo de Autoevaluación 197 Cuadro 19. Educandos inscritos en el Programa de Derecho 207 Cuadro 20. Estudiantes matriculados en el Programa por jornada 208 Cuadro 21. Plan de acción Programa de Derecho 217
  • 10. 10 LISTA DE FIGURAS pág. Figura 1. Organigrama del Centro de Investigaciones y Publicaciones 97 Figura 2. Líneas de investigación del Programa de Derecho 103 Figura 3. Estructura organizacional de la Biblioteca 156 Figura 4. Estadística de ingreso de docentes a la Biblioteca, 2009-2013 162 Figura 5. Bloques Madre Caridad y Santa Clara 168 Figura 6. Bloques San Francisco y San Buenaventura 170 Figura 7. Bloques Jesús de Nazareth y María Inmaculada 171 Figura 8a. Salas de audiovisulaes 173 Figura 8b. Salas de audiovisuales 174 Figura 9. Estructura académico administrativa del Programa de Derecho 192 Figura 10. Deserción acumulada de la cohorte 2008-2 a 2013-2 223 Figura 11. Deserción acumulada cohorte 2008-2 a 2013-2 224
  • 11. 11 LISTA DE ANEXOS* Anexo A. Programas académicos de Derecho a nivel nacional Anexo B. Programas de Derecho con acreditación de Alta calidad en Colombia Anexo C. Análisis de mallas curriculares Anexo D. Micro-currículos Anexo E. Ejes en la práctica de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Anexo F. Estadísticas 2012-2014 Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Anexo G. Las brigadas y capacitaciones, estadísticas e imágenes Anexo H. Convocatorias a monitores judicantes Anexo I. Reglamento de Bibliotecas 011 Anexo J. Informes evaluación a los Educadores del Programa de Derecho Anexo K. Primer Informe de Auto evaluación 2008-2010 Anexo L. Segundo Informe de Autoevaluación 2010 -2013 Anexo M. Modelo y Reglamento de Bienestar Universitario Anexo N. Generalidades de la Investigación en el Programa * Los anexos aquí listados, están contenidos en el CD adjunto a este documento.
  • 12. 12 INTRODUCCIÓN Es un privilegio que mis colegas del Programa de Derecho perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana, me hayan designado para hacer la presentación de este Documento Maestro, fruto de la autoevaluación para la renovación de Registro Calificado. Lo he aceptado, porque es una oportunidad para expresarles mi mensaje de gratitud, admiración y respeto por la magnífica labor, compromiso y reto asumido en beneficio de dicho Programa y de la educación superior colombiana en general. Esta labor y compromiso constituyen el esfuerzo e interés de un colectivo humano, de un trabajo en equipo colaborativo y participativo, de una buena disposición, honestidad, ética, sentido crítico y rigor en las diversas actividades desarrolladas en las fases definidas en el modelo institucional de autoevaluación orientada al fin arriba mencionado. Asimismo, el reto inicia ahora, a partir de los hallazgos de la autoevaluación, donde se encontraron fortalezas; sin embargo, las debilidades descubiertas se han convertido, entre otros aspectos, en oportunidades para elaborar planes de mejoramiento que nos permita seguir consolidando el Programa en la región e igualmente a nivel nacional e internacional. En este sentido, la tarea emprendida por los Comités Central y de Apoyo de Autoevaluación del Programa de Derecho con la finalidad de renovar el Registro Calificado y de autorregulación, se han convertido en parte del quehacer de directivos, docentes y administrativos como un trabajo académico necesario y de alta responsabilidad social, ahora que los recursos son escasos, que la sociedad y los grupos humanos se debaten en profundas crisis, cuando los antivalores y la falta de credibilidad en los servicios son predominantes. Pues bien, a pesar de dichas adversidades mundiales, nacionales y locales, la formación se convierte en un valor fundamental en el desarrollo de los seres humanos y de las sociedades. De esta manera, el Programa de Derecho, soportado en valores del Humanismo Franciscano y del Evangelio de Jesucristo, busca construir un rasgo distinto en su objeto de estudio y en su estructura macro y micro-curricular; asimismo, asume con entusiasmo el proyecto para lograr el mejoramiento continuo de la calidad en la formación, la investigación, la proyección social e internacionalización, como se refleja en los dos procesos de autoevaluación y en la re- estructuración curricular que a continuación se presenta. Por lo tanto, estos procesos -de autoevaluación y re-estructuración curricular-, se han constituido, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y, en particular, en nuestro Programa de Derecho, en oportunidades para dinamizar la participación colectiva y los espacios de formación, de reflexión e identificación de estrategias de cambio interno como respuesta eficiente frente a los retos de la globalización y como contribución al Proyecto Educativo de la Facultad: Calidad educativa con calidez humana. El siguiente documento presenta las condiciones de calidad construidas de forma participativa y colaborativa por parte de la comunidad educativa del Programa para contribuir con calidad al mejoramiento continuo, haciendo enfatizar en la práctica de los atributos del humanismo: pertenencia, identidad, competencia, accesibilidad, credibilidad, seguridad, empatía, pertinencia y responsabilidad social. Finalmente, el equipo de trabajo pretende que este documento represente una narración de la experiencia vivida y estimule el trabajo de nuestra comunidad académica inscrita en el campo del saber socio-jurídico. Ph.D. OSCAR VALVERDE RIASCOS Decano Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Mariana
  • 13. 13 1. DENOMINACIÓN 1.1 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA A propósito de la creación del Programa de Derecho de la Universidad Mariana, se realizó el proceso de construcción del Documento Maestro, tendiente a solicitar el Registro Calificado, en cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, para su aprobación. Mediante resolución 3830 del 25 de junio de 2008, dicho Ministerio otorgó el Registro Calificado, para el mencionado Programa, por el término de 7 años. En consecuencia, la Universidad expide los Acuerdos 107 del 25 de septiembre de 2008 y 115 del 20 de noviembre del mismo año, mediante los cuales se adoptan los prerrequisitos y codificación del Plan de estudios, correspondiente a la jornada diurna y nocturna, y se les asigna los códigos 220 y 230 respectivamente. En cuanto a la denominación de los programas de pregrado en derecho, orientados a la formación de abogados en Colombia, la Resolución 2768 de 2003, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, hace la designación y expone las características específicas de calidad que deben cumplir. En este sentido, la Universidad Mariana define el nombre de su Programa de Derecho, según dicha regulación, y el título que otorga es el de “Abogado (a)”, el nivel de formación es de pregrado, en coherencia con los contenidos curriculares, los cuales son descritos en el Capítulo tres de este documento. A continuación, en la tabla 1 se presenta la información detallada del Programa de Derecho de la Universidad Mariana. Tabla 1. Características básicas del Programa de Derecho Característica Detalle Denominación: Programa de Derecho Título que otorga: Abogado (a) Norma Institucional de adopción de Plan de estudios: Acuerdo No. 021 de noviembre 27 de 2006 emanada por el Consejo Directivo Representante legal: Hna. Amanda Lucero Vallejo Domicilio principal: San Juan de Pasto, Calle 18 No. 34 – 104 Sitio oficial web: www.umanrian.edu.co Norma externa de reconocimiento: Resolución número 3830 del 25 junio de 2008 Código SNIES: 53740 Jornada: Diurna – Nocturna* Modalidad: Presencial Metodología: Teórico – práctica Periodicidad de la admisión: Semestral Número de estudiantes para el primer semestre: Diurna 50* Nocturno 50* Número total de estudiantes matriculados al primer semestre: 100*
  • 14. 14 Característica Detalle Facultad a la que está adscrito: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Lugar de funcionamiento del programa: Universidad Mariana - Sede central Valor de la matricula: Sujeto a los Acuerdos de aprobación del presupuesto anual y fijación de derechos pecuniarios Área de conocimiento principal: Ciencias Sociales Área de conocimiento secundaria: Derecho y Ciencias políticas Número de créditos académicos: 165 Porcentaje de inclusión de tecnologías de la información y la comunicación en el plan: 20% *Información que se actualiza semestralmente.
  • 15. 15 2. JUSTIFICACIÓN En el presente Capítulo de justificación del Programa de Derecho de la Universidad Mariana, en primer lugar, se hace un recorrido por las tendencias de la enseñanza del derecho a nivel regional, nacional e internacional; en segundo lugar, se aborda un análisis de las necesidades del país y la región con base en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal e institucional, bajo los cuales se contextualiza y fundamenta la propuesta pedagógica, curricular, didáctica y evaluativa, lo cual se plasma en sus contenidos curriculares, actividades académicas, docencia, investigación, proyección institucional e internacionalización. 2.1 ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO Una aproximación a la enseñanza del derecho, implica reconocer aspectos clave de las escuelas clásicas y contemporáneas que marcan el pensamiento jurídico occidental en el contexto internacional, las mismas que han influenciado hasta el presente las doctrinas nacionales. 2.1.1 Estado del derecho en los ámbitos nacional e internacional. En la antigüedad grecorromana, el pensamiento jurídico inicia la reflexión sobre el Iusnaturalismo, el cual concibe el derecho como un fenómeno consubstancial al hombre o a otras formas jurídicas positivas de creación humana. Sin embargo, el derecho natural logró articularse a las formas políticas y económicas imperantes en la edad antigua y medieval; así, el iusnaturalismo es identificado con la teoría aristotélica, en tanto el iusnaturalismo racional llega a su máxima expresión a comienzos del siglo XVIII, cuando el Derecho natural se erige, legitima y estructura en un sistema normativo creado por iniciativa divina, pero resultante del comportamiento humano y de las fuerzas exteriores que se encuentran en superioridad a él; lo instituyen principios y valores que son un todo sistemático e inmutable (Sócrates y Aristóteles, 469 a 399 a. d. C., Zenón 342 a 270 a. d. C., Santo Tomás y San Agustín). Posteriormente, las gestas revolucionarias -francesa, inglesa y americana-, y con el transito del teocentrismo al antropocentrismo, la humanidad se autoproclama moderna, con lo cual adviene el positivismo jurídico y sus variantes -positivismo legalista, conceptualista y normativista-, fundado en las siguientes cuatro aristas: el determinismo, el empirismo, la exactitud y la capacidad técnica. Desde estas cuatro posturas, la ley es considerada como un axioma de certeza y verificabilidad según Kant y Rousseau, entre otros. Ahora bien, en cuanto a las teorías contemporáneas, éstas reorientan al derecho hacia las Ciencias sociales y, con ello, lo jurídico se asume no como un hecho natural, ni como una ciencia a estudiar con el rigor del método científico, sino como un fenómeno de la vida. En el período de postguerra y en la actualidad -amen otras consideraciones-, el derecho se comprende desde las normas jurídicas, en su sentido más amplio, como dispositivo que
  • 16. 16 construye y dinamiza las respuestas a fenómenos que emergen de las sociedades en las cuales opera. De esta manera se estructuran las tendencias jurídicas que toman distancia de las escuelas clásicas -iusnaturalismo y positivismo-, como las teorías sociológicas, por medio de las siguientes corrientes: la escuela de la teoría sociológico jurídica francesa, el movimiento del derecho libre y el realismo jurídico en sus derivaciones norteamericana y escandinava, explicación que se desarrollará en la condición sobre contenidos curriculares. 2.1.2 Estado de la profesión en los ámbitos internacional y nacional. A continuación se presentan las tendencias de formación y el estado de la profesión a nivel internacional según tres regiones estratégicas, éstas son: Norteamérica, tomando el referente estadounidense, Europa, para lo cual se presentará el caso de España, y Latinoamérica, desde México y Argentina. Para Norteamérica, Gordon (2002) identifica diez modelos de enseñanza, los cuales se indican en el siguiente cuadro: Cuadro 1. Modelos de educación legal norteamericana Modelos de educación legal Tradicionales El Derecho como política Otras perspectivas Capacitación de aprendices practicantes. La política como suplemento de la educación tradicional. El desinteresado estudio del derecho científico-socia. Enseñanza del derecho positivo (black-letter law). La política como una técnica instrumental. Perspectivas críticas. Enseñar a los estudiantes a “pensar como un abogado”. La política como educación del arte de gobernar (statecraft) -modelos liberales y economicistas. Educación de una vanguardia de activistas para el cambio social. Educación en la “ciencia legal”. Fuente: elaboración propia con base en: Gordon, R. W. (2002). El autor, al finalizar el análisis sobre la formación de los abogados y su campo ocupacional, teniendo en cuenta el complejo escenario en el cual deben desempeñarse, concluye lo siguiente: Tanto en los Estados Unidos como en otros lugares, los abogados siguen necesitando una educación liberal en el arte de gobernar, es decir, en las normas y condiciones sociales y económicas ideales que sus ciencias y técnicas jurídicas deben servir. La visión social sin técnica, como se ha dicho a menudo, es inútil; pero la técnica sin visión es una amenaza. Las preguntas que este trabajo intenta empezar a pensar son: ¿Cuáles son las condiciones sociales bajo las cuáles la capacitación del derecho suministrará tal educación? y ¿Cuáles son las condiciones sociales bajo las cuáles prosperará? (p. 18) Según lo anterior, el autor al hablar de gobernar, no sólo está haciendo referencia al establecimiento o a las instituciones políticas, sino que, también, se trata de gobernar la misma profesión y el quehacer del abogado, en este sentido dice:
  • 17. 17 El realismo jurídico y el New Deal introdujeron en la investigación y educación del derecho los estudios políticos, el análisis político y la ciencia social. En gran parte esto es lo que he llamado la política como suplemento, más que política como un objeto del estudio sistemático. Era “pensando como un abogado” con algo de política que encajaba de varias formas muy bien en el rol de los graduados de derecho de las escuelas de élite en el período de postguerra. (párr. 41) En el proceso de formación de abogados a nivel mundial, éstos emergen de distintos modelos y tendencias; según los planteamientos de Manzo (2008), se puede comprender la enseñanza del derecho desde dos modelos curriculares a saber: el primero influenciado por las escuelas clásicas del derecho -iusnaturalismo y el positivismo jurídico-, desde las cuales el perfil de abogado es el de aquel que se desempeña como técnico del derecho y tiende a ejercer su carrera de manera independiente; en esta perspectiva, la práctica legal está permeada por discursos hegemónicos e independentistas, por cuanto el derecho se concibe como un ordenamiento internamente desarticulado y como una ciencia constructivista y deductiva que refleja un criterio de formalismo normativo, bajo grado de compatibilidad entre las disposiciones y el supuesto de que las leyes no presentan vacíos jurídicos, porque se encuentran articuladas en la tríada: unidad-coherencia-plenitud, instaurada a partir de la dogmática jurídica que elabora conceptos inmutables, orientada por un estatuto epistemológico rigurosamente jurídico, donde lo que está por fuera de esta lógica no se acepta ni es reconocido. Por otra parte, se encuentran los modelos curriculares articulados con las escuelas contemporáneas del derecho material o alternativo, las cuales incorporan elementos valorativos e ideológicos de lo “pensable” y lo “impensable” en el derecho, al tiempo que buscan la contextualización de las normas con lo social, lo político, lo cultural y ambiental; orientan su actuar tanto en la legalidad como en la legitimidad del derecho; son concepciones teórico-críticas que reconocen las manifestaciones de la realidad, la función reflexiva y emancipadora del derecho, la aplicación de la ley vigente desde una orientación racional-valorativa, y reconocen que la producción y fuentes jurídicas se encuentran y surgen de las prácticas sociales, porque la justicia se asume como fuente movilizadora de la conducta. A propósito de lo anterior, en el documento relacionado con el estado del arte del Programa de Derecho de la Universidad Mariana (2012), se establece lo siguiente: En América Latina, se estima que existe un número importante de abogados, que ha crecido en el siglo XX. “Brasil tiene aproximadamente medio millón, México 200.000 y al menos dos países sobrepasan los 100.000. El crecimiento ha sido rápido. De unos 30 abogados por 100.000 probablemente nos acerquemos a la cifra de 200 por 100.000” (Universidad Mariana, 2012, p. 6). En cuanto a la participación por género, la dinámica ha sido cambiante; en los inicios de las primeras facultades de derecho, el mayor registro de matrícula era masculina; pero, a mediados de los años 50`s, la matricula se diferencia por la participación de las mujeres: “Los abogados dejaron de ser hombres de los estratos altos de la sociedad. Cada vez hay más mujeres y personas de distintos estratos sociales” (Universidad Mariana, 2012, p. 6).
  • 18. 18 En América Latina, el ejercicio del derecho se vio definido, seguramente, como el de muchas profesiones, por las dinámicas históricas de los estados; de esta manera, Rogelio Pérez manifiesta que en la década de los 80`s, la tendencia de formación era sobre la especialidad del derecho jurídico y administrativo, cuyos cargos se dedicaban a las áreas públicas en roles propios del Estado. En la época de la sociedad del conocimiento y de la información, en el contexto de la globalización, el rol del abogado se determina hacia el reconocimiento del desarrollo y de la participación social. Se aumentó entonces un número considerable de matriculados en programas de derecho. Pérez define varios campos de actuación de los abogados, abriendo áreas como los negocios o familia, lo cual ha obligado a modificaciones en los currículos de los programas académicos. (p. 11) En cuanto a las “generaciones” en los programas de derecho, Rodríguez (2008) sitúa a la primera entre los años 60 y 70 y a la segunda entre los 80 y 90 del siglo XX. La primera generación se define a partir de la aparición de los programas de derecho, gracias a una fuerte influencia de los Estados Unidos en las políticas de desarrollo de los países latinoamericanos y una marcada funcionalidad de las sociedades. De esta manera, los programas académicos se constituyen a partir de la influencia de la Fundación Ford y la Agencia Interamericana de Desarrollo; según el mismo autor: “Los programas le dieron prioridad a los dos primeros aspectos del modelo, esto es, a la transmisión de un método de enseñanza que combinaba la pedagogía socrática con el análisis de casos” (p. 23). La segunda generación se desarrolla en el contexto del estudio de los derechos humanos y del desarrollo, y con la caída del comunismo y del socialismo como hecho político. Los programas académicos mantuvieron una gran influencia por parte de Naciones Unidas y del Banco Mundial. En el Anexo A, se puede apreciar una descripción de la orientación que cada universidad colombiana propone para implementar su programa de derecho. Bocanegra (2012), respecto al panorama jurídico en Latinoamérica, opina lo siguiente: El desarrollo del pensamiento jurídico latinoamericano pasa por un impulso decidido a la investigación socio-jurídica, acompañado de reformas de carácter curricular que permiten una formación científica y humanística de los abogados, y no una elemental instrucción en aspectos técnico-formales del derecho. (p. 329) Igualmente, es importante considerar la presencia de los programas de derecho en el territorio nacional; en la actualidad no se concentran, como otrora, en las ciudades de mayor crecimiento, sino que se ha ampliado su distribución geográfica con nuevos centros de enseñanza en ciudades intermedias y pequeños municipios, cuya oferta institucional representa una cobertura cercana al 50%; de este porcentaje, un 19% corresponde a 26 municipios no capitales de diferentes departamentos, especialmente del Departamento de Antioquia. Pese a esta diversificación, las ciudades más pobladas y con mayor actividad económica como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, aún concentran aproximadamente el 65% de la población de estudiantes de los programas de derecho.
  • 19. 19 Según el documento: “Estado de la educación del Programa de Derecho de la Universidad Mariana” (2012, p. 26-40), en los últimos veinte años, el número de ciudades y departamentos que ofertan formación jurídica, aumentó significativamente; mientras en 1990, 54 programas tenían una cobertura territorial de 13 departamentos y 14 ciudades, en su mayoría capitales, en el 2000, los 175 programas se habían extendido a 24 departamentos y a 42 ciudades, y, hasta el 2010, se encuentran 211 programas en 25 departamentos (de un total de 32) y en 57 ciudades. Así, en el periodo mencionado, se cuadruplicó el número de ciudades con programas de derecho, aunque este aumento se concentró más en determinadas ciudades y departamentos. En cuanto a la situación laboral de los egresados en Derecho, el mismo documento, con base en datos del Observatorio Laboral para la Educación y el MEN, presenta las siguientes cifras: El Observatorio Laboral para la Educación (2009) muestra que de cada 100 graduados de la educación superior, 78 están vinculados al sector formal de la economía y que el nivel de ingreso promedio de los nuevos profesionales también ha aumentado entre 2006 y 2009, presentando una tasa de crecimiento anual de 2,2%. Según los datos del Ministerio de Educación Nacional, que realizó la llamada “Encuesta de seguimiento a graduados”, la proporción de graduados en 2009 que ya venía trabajando cuando recibió el título es cercana al 63% y se aumentó la proporción de los graduados en 2008 y 2009, de 27,9% a 30,9%, que encontraron su primer empleo dentro de los seis primeros meses después de obtener el título profesional. Por otro lado, la mayor parte de los encuestados aseguró que cuenta con condiciones laborales estables, destacándose que el 52,7% tiene un contrato a término indefinido con sus empleadores, el 24,9% tiene contrato a término fijo, el 19,8% maneja un contrato de prestación de servicios, y el 2,6% restante tiene otro tipo de contrato. Al preguntarles a los profesionales graduados en 2009 y que llevan un año o más trabajando, sobre qué tan relacionado estaba su trabajo con la carrera que estudiaron, el 83,8% de los universitarios piensa que está directamente relacionado, así como el 68% de los tecnólogos y el 65% de los técnicos. En contraste, el 3,7%, 10,5% y 12,3%, respectivamente, opina que su trabajo no tiene ninguna relación con sus estudios. Por último, frente a las dificultades de los graduados para conseguir el trabajo que desean, el 36,5% de los graduados en 2009 señaló que se debe a la falta de experiencia; el 23,1% respondió que no hay trabajo disponible en la ciudad en la que vive y el 16,7% asegura que no encuentran un trabajo que sea apropiado a su profesión. Los bajos salarios, no saber cómo buscar empleo, la carencia de competencias requeridas para un cargo y que los empleadores los vean muy jóvenes, son otras de las razones por las que, según los nuevos profesionales, no encuentran trabajo. (p. 45-46) Según el Observatorio de la Universidad Colombiana (OUC) (2007), en el artículo titulado: Abogados recién graduados ganan 1.6 millones de pesos, en cuanto a demanda, salarios y deserción en los programas de derecho, dice lo siguiente:
  • 20. 20 Derecho o medicina siguen siendo las profesiones preferidas por los jóvenes bachilleres colombianos; sin embargo, muchas veces los salarios de estos profesionales no están a tono con el esfuerzo e inversión de seis o más años de estudios universitarios. De acuerdo con los resultados del Observatorio Laboral del Ministerio, un abogado recién egresado gana en promedio, un millón 603 mil pesos1. Esta cifra es relativamente alta si se compara con el promedio salarial de los 54 restantes programas y áreas de conocimiento evaluados por el Observatorio estatal. Según dichas estadísticas, los profesionales de los segmentos investigados tienen asignaciones salariales que en promedio equivalen a un millón 183 mil pesos, es decir 420 mil pesos menos que un abogado. De la misma manera, de los graduados en el nivel universitario de Derecho, el 68,8 por ciento es cotizante al régimen de seguridad social, porcentaje que está por encima del promedio nacional. De los afiliados a la seguridad social, el 76,7 por ciento es empleado, mientras que 23,3 por ciento de la muestra, realiza sus actividades de manera independiente. Así mismo, un 40,5 por ciento de los ocupados en esta profesión se encuentra vinculado a empresas privadas, 36,4 por ciento de la muestra es empleado público y un 21,4 por ciento trabaja por su cuenta. El estudio del Ministerio de Educación también concluye que los abogados recién egresados consiguen trabajo rápidamente. Es así como el 51,9 por ciento consigue ubicación laboral antes del tercer mes de graduado, mientras que el promedio de las demás carreras es del 24 por ciento. El Observatorio de la Universidad Colombiana - Abogados recién graduados ganan 1,6 millones de pesos. La capital de la República concentra el mayor número de abogados del país, pues de esta ciudad se gradúo el 34 por ciento del total nacional en 2006. Le siguen en su orden Atlántico con el 13 por ciento, Valle del Cauca con el 12 por ciento y Antioquia con el 8 por ciento. El Chocó sólo participa con el 0,39 por ciento de los egresados en Derecho del país. Es decir cerca de 18 juristas. Según información del Ministerio de Educación hay una elevada satisfacción de los egresados con respecto a su profesión. El 94,2 por ciento afirma que su trabajo le permite crecer y desarrollar sus capacidades, mientras que el 78,6 asegura que su trabajo está relacionado con su profesión. A juicio del Colegio Nacional de Abogados Litigantes (CNAL), "no existe una cultura estandarizada para el cobro de honorarios y, por esta circunstancia, el abogado regala su trabajo resolviendo constantemente consultas que suelen formularle las personas con quienes interactúa, absolviéndolas con la esperanza de conseguir un negocio, que a la postre resulta fallido". De igual manera, hay que recordar que en litigio, todo se cobra, desde la consulta, la llamada telefónica, el informe, los desplazamientos dentro de la localidad o fuera de ella, la asistencia a otras oficinas para atender los clientes e independientemente del valor de la consulta. Ahora bien, la deserción universitaria en los programas de Derecho es muy alta. Durante el 2006, se matricularon en las diferentes universidades del país 74.422 personas, de los cuales, sólo se graduaron 4.680. De los egresados, 2.439 fueron mujeres y 2.241 hombres. 1 Actualmente (2014), el Derecho ocupa el quinto puesto como la profesión mejor remunerada. Un abogado recién graduado devenga en Colombia un promedio $2.088.624. (recuperado el 26 de marzo de 2014, disponible en http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/06/22/945205/son-profesionales- mejores-salarios.html
  • 21. 21 Desde otra vertiente, la práctica legal se ubica en el cumplimiento del Estado Social de Derecho y el sentido ético del ejercicio del mismo. Por ello, la Honorable Corte Constitucional Colombiana, en un reciente pronunciamiento, advierte sobre las dimensiones ocupacionales de los abogados en Colombia, dentro del ámbito tradicional de la representación judicial y fuera de ella; la Corte dice: La profesión «se orienta a concretar importantes fines constitucionales» y que su práctica inadecuada o irresponsable “pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe. (C- 398 de 2011, párr. 12). Interpretando la doctrina constitucional, los abogados nacionales deben reconocer y aplicar estratégicamente, en los escenarios ocupacionales, los postulados del Estado Social de Derecho, y éstos en articulación con los grandes problemas que el ejercicio del derecho plantea, pues la idoneidad profesional no se reduce al dominio disciplinar, sino que se dimensiona como un imperativo ético social del abogado contemporáneo y un compromiso de las facultades que intervienen en su formación; al respecto la Corte Constitucional dice: La actuación del abogado ha de ser adecuada a la atención debida al cliente, pero, conforme lo ha estimado la jurisprudencia constitucional, el alcance del ejercicio de su profesión “no se limita a resolver problemas de orden técnico, sino que se proyecta también en el ámbito ético” y de tal modo que la regulación de la conducta de los togados por normas de carácter ético, no significa “una indebida intromisión en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal”, justamente porque la conducta individual se halla vinculada a la protección del interés comunitario y porque los fines perseguidos mediante el ejercicio de la profesión del derecho, a diferencia de los objetivos buscados por otras profesiones, admiten incluso un mayor nivel de exigencia en cuanto hace al comportamiento de los profesionales del Derecho, “como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia. (C- 398 de 2011, párr. 13). García (2001) al igual que Gordon –antes referenciado- ha estudiado la relación entre las escuelas, tendencias o pensamiento jurídico y educación en derecho, con lo cual demuestra la forma cómo están concebidos los contenidos del estudio del derecho. Toma como ejes de comparación el método, la política que subyace al método, la teoría en que se inspiran y los temas centrales de convergencia de dichos estudios. Para el autor, el método derecho y sociedad (law and society) se funda en el positivismo y el empirismo, apostando por una visión instrumental del derecho, en tanto los estudios críticos (Critical legal studies) se enfocan en el deconstructivismo de las teorías clásicas jurídicas, oponiéndose al positivismo y apostando a las tendencias del reformismo judicial, atribuyéndole un función políticamente legitimadora al pensamiento jurídico; los estudios de conciencia jurídica son una corriente post positivista e interpretativa del derecho que plantea una línea teórica sobre las complejidades de los fenómenos que son transversales entre el derecho y el cambio social.
  • 22. 22 Sobre el punto arriba tratado, Bocanegra (2012) resalta lo siguiente: La corriente del Critical Legal Studies en la enseñanza del derecho: «Pero quizás los más importantes principios de los CLS sean que el sistema jurídico no es simple ni íntegro, sino que es una abigarrada jungla en movimiento, de múltiples y superpuestos sistemas contradictorios, cada uno de ellos impregnado en cada momento histórico con múltiples interpretaciones alternativas, posibilidades y trayectorias de desarrollo futuro, y que cada alternativa es perfectamente coherente con las premisas operativas del sistema y lógicas de procesamiento, pero sólo unos pocos, en un momento dado, resultan en definitiva adoptados». (p. 337) En el Anexo B se presenta la información del Ministerio de Educación Nacional – actualizada a marzo de 2014-, disponible en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), en la cual se registran los programas de derecho que se encuentran activos en Colombia; de éstos, 32 programas han alcanzado acreditación de alta calidad y 142 mantienen su registro calificado. Ello evidencia el gran nivel de competitividad por la amplia oferta de la profesión en el ámbito nacional. 2.2 NECESIDADES AL NIVEL DEL CONTEXO NACIONAL Y REGIONAL DONDE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE DERECHO Para desarrollar este aparte de importancia para el Programa de Derecho de la Universidad Mariana, se toma información relevante de los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental, Municipal y del Documento: Estado del Arte del Programa de Derecho. Tendencias educativas y lineamientos educacionales desde los ámbitos internacional, nacional y regional (2014). El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” (2010-2014) es la ruta del Gobierno para orientar el progreso económico y social del país; es un documento de significativa relevancia en diversos ámbitos, porque establece las políticas públicas que se desarrollarán en el periodo de gobierno conjuntamente con los recursos que se destinarán para las mismas. En su Capítulo 1, dice: Estamos frente a un optimismo auténtico en nuestro futuro, una confianza incomparable en las potencialidades del país y una imagen en el exterior que es claramente positiva. De ser percibidos en el mundo como un Estado fallido nos convertimos en una economía emergente, atractiva para la inversión y para el turismo. (p. 21) Desde esta perspectiva, la economía colombiana es apreciada a nivel internacional con grandes expectativas de crecimiento para las nuevas décadas, lo cual le ha permitido ingresar a organizaciones de carácter mundial con un alto desarrollo económico. Sin embargo, el Gobierno reconoce que existen grandes retos para enfrentar en los próximos años, como consolidar la seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza y enfrentar los desafíos del cambio climático. El Estado colombiano ha dado importantes pasos en el camino hacia la prosperidad democrática al generar empleo, disminuir la pobreza y mayor seguridad, fortaleciendo el principio de: el mercado hasta donde sea posible y el Estado
  • 23. 23 hasta donde sea necesario, con políticas que conduzcan a una mayor cohesión social a través de la educación y la igualdad de oportunidades, promoviendo la participación ciudadana y la responsabilidad social (PND, 2010). Para comprender el desarrollo nacional es necesario tener en cuenta que Colombia es un país de contrastes regionales, multiétnico y pluricultural, de talentos y de riquezas naturales. Pero esa riqueza contrasta con las brechas regionales que dividen el territorio en zonas con condiciones sociales y económicas poco favorables, que no se ignoran en el PND y, por el contrario, se comprende la transcendencia de caracterizar las necesidades locales como una herramienta esencial de impulso socioeconómico, procurando mayor convergencia y progreso con un enfoque regional que reconoce las diferencias locales para formular políticas públicas y programas sociales. En este sentido, el Gobierno Nacional tiene en cuenta: La necesidad de implementar políticas nacionales que reconozcan las diferentes capacidades y niveles de desarrollo regionales, tanto entre departamentos como al interior de los mismos. Lo anterior, con el objetivo de orientar el diseño de estrategias de desarrollo, subregionales y regionales, y promover la estructuración y consolidación de ejes y áreas de desarrollo local que movilicen las capacidades endógenas territoriales de los municipios en torno a las áreas de influencia cercanas. (p. 5) Para alcanzar las metas de convergencia y desarrollo regional, el Plan Nacional de Desarrollo establece estrategias como las siguientes: - Diseñar e implementar un programa nacional de creación y fortalecimiento de capacidades institucionales territoriales. - Promover procesos de formulación de visiones de desarrollo de largo plazo. - Estructurar un sistema de indicadores que facilite el análisis, la planificación, el seguimiento y la evaluación de políticas diferenciadas de desarrollo regional. - Crear un programa nacional para la formación, articulación y consolidación de ejes y áreas de desarrollo territorial. - Identificar, caracterizar y replicar iniciativas regionales de tipo económico, ambiental, cultural y étnico, especialmente para la Región Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) y de la Región Sur colombiana (Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo y Tolima). - Ejecutar proyectos de gran impacto regional como la consolidación del corredor vial que permitirá la conexión Sur Colombia–Ecuador. - Nuevos macro proyectos de vivienda - Cobertura de fibra óptica - Programa Nacional de Observación de la Tierra. (p. 48) Además de estas estrategias generales, se establecen otras diferenciadas para las regiones y departamentos; para el caso de Nariño se plantean las siguientes: - Elaborar programas piloto para estructurar áreas de desarrollo de la Región Pacífico.
  • 24. 24 - Adoptar medidas de mitigación o reducción del riesgo a los efectos del cambio climático por aumentos en el nivel del mar, y erosión costera. - Desarrollar un programa de gestión del territorio fronterizo, marítimo, costero e insular. (p. 40 - 48) Con respecto al crecimiento económico sostenible y la competitividad, aunque reconoce que solamente el crecimiento económico no es garantía para alcanzar los objetivos de progreso social o de reducción de la pobreza e inequidad, esta ha sido impulsada por la inversión local y extranjera y por el dinamismo de las exportaciones, lo cual le permitió sortear la crisis internacional por desajustes en los sistemas financieros de los países desarrollados, pero que rápidamente permeó al sector real y se propagó al resto del mundo. Ante esta situación, para el Gobierno es prioritario definir los lineamientos necesarios para que el crecimiento económico sea continuo y sostenible social y ambientalmente. Para alcanzar estos objetivos, ha definido tres grandes pilares: 1) la innovación; 2) las políticas de competitividad y productividad; y 3) el impulso a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. Con respecto al primero, el propósito es fortalecer una cultura de la innovación y emprendimiento en todas las esferas del Estado, en el sector empresarial y en la sociedad en general, por cuanto esta debe constituirse en el mecanismo para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y la competitividad del país, y tener en cuenta que no sólo significa desarrollar nuevos productos y transformar otros, sino que también en crear nuevas formas de organizar, gestionar, producir, entregar, comercializar, vender y relacionarse con clientes y proveedores para generar valor agregado con la innovación y la inversión en investigación. En relación al segundo pilar, el PND considera que: Un país competitivo es un país con empresas productivas y pujantes que generan riqueza y empleo de calidad. Es un país con condiciones institucionales, económicas y sociales favorables al crecimiento sistemático y sostenido de la productividad de todos los sectores económicos. (p. 105) Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la productividad, es la elevada informalidad laboral y empresarial de la economía colombiana; los trabajadores de este tipo, representan más del 60% del total de ocupados, cifra que se ha reducido poco en los últimos años. En consecuencia, para impulsar la productividad y competitividad es conveniente el desarrollo de competencias laborales, promover el per a la educación superior, la vinculación de la población a la educación técnica y tecnológica y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación e iniciar el bilingüismo. Igualmente, se debe contar con un conjunto de apoyos transversales, como: i) un ambiente de negocios sencillo y predecible con reglas de juego claras que incentiven la generación y el desarrollo de negocios; ii) fácil acceso a un sistema financiero competitivo y profundo; y (iii) alianzas público-privadas sólidas.
  • 25. 25 Algunos lineamientos estratégicos para promover la competitividad y la productividad, según el PND, son: 1. Desarrollo de competencias básicas, laborales y ciudadanas en los procesos de formación, fortaleciendo el uso y apropiación de las TIC y el bilingüismo. 2. Formalización laboral y empresarial. 3. Mejorar los Servicios de transporte y logística. 4. El desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones. 5. Mejorar el acceso a servicios financieros y desarrollo del mercado de capitales. 6. El mejoramiento del entorno de negocios. 7. La participación privada en la oferta de bienes públicos. Respecto al impulso de las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo, el PND dice lo siguiente: Son sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía. Encontramos, en ese sentido, que el sector minero-energético, la vivienda y la infraestructura de transporte ya son sectores con motores prendidos y avanzando a un ritmo mayor que los demás. Las locomotoras que están calentando motores para realmente arrancar con fuerza son los sectores basados en la innovación. Finalmente, el sector agropecuario es una locomotora que se encuentra en movimiento, pero a una velocidad inferior a su verdadero potencial. Es pertinente considerar que cada locomotora cumple un propósito específico en el desarrollo económico y social del país, esto se puede sintetizar de los siguientes puntos: 1. En el sector agropecuario se debe aprovechar la riqueza y el potencial del campo colombiano para dar un salto económico y social en las zonas rurales, y considerar la demanda mundial de alimentos, las perspectivas de precios altos para las próximas décadas y las ventajas comparativas de Colombia en este sector. Con esta panorámica, el desafío del Estado colombiano es abordar los retos que enfrenta el sector agropecuario, como son: i) los altos costos de producción, transformación y comercialización; ii) la restitución de tierras a quienes les fueron despojadas; iii) la baja productividad generalizada del sector; iv) las limitaciones para desarrollar proyectos de gran escala; v) las dificultades de acceso a infraestructura, servicios financieros y nuevas tecnologías; vi) la pobreza y el bajo nivel educativo de los habitantes del campo colombiano; y vii) la ausencia de una cultura para la gestión de los riesgos climáticos. 2. A través de la locomotora de vivienda y ciudades amables, impulsar la generación de empleo, especialmente en las zonas urbanas, aprovechando el incremento en la demanda de vivienda que se genera con el mayor dinamismo económico, abarcando, no sólo la actividad de la construcción, sino también el concepto más amplio de ciudades amables. 3. El mejoramiento de la infraestructura de transporte como locomotora estratégica de crecimiento para unir todo el sector productivo del país y llevar, con mayor seguridad,
  • 26. 26 prontitud y a menores costos, los productos y las ideas de los colombianos al resto del país y al mundo. 4. Impulsar la locomotora del sector minero-energético para aprovechar, de manera responsable, nuestra riqueza en recursos naturales que permita generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e inter-generacional. Las elevadas proyecciones de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de los precios internacionales de la canasta minero-energética y la creciente actividad de exploración en el territorio nacional, muestran el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en los próximos años, el cual no debe desconocer la responsabilidad de gestión ambiental, que no puede ir en contravía del desarrollo sostenible y de su conservación para las próximas generaciones. 5. Con respecto a la locomotora de la innovación, esta apunta hacia un mayor desarrollo y el deseo de competir a la par con países de mayores ingresos en los mercados internacionales. La estructura productiva de Colombia es de baja productividad, conformada por bienes y servicios de escaso valor agregado, y su concentración en bienes primarios basados en los recursos minero-energéticos es cada vez mayor; esto implica que se requiere una transformación productiva hacia productos basados en la innovación, especialmente hacia servicios de alto valor agregado que generen empleo calificado. Para este propósito, será necesario concentrar los esfuerzos en algunos cuellos de botella, como los siguientes: i) baja inversión en investigación y desarrollo; ii) debilidad de las alianzas universidad-empresa-Estado; iii) limitado acceso al financiamiento de nuevos emprendimientos; iv) dispersión de los esfuerzos institucionales y de la asignación de recursos; y v) baja capacidad de formulación de proyectos de innovación en las regiones. Afín a los problemas que son objeto de estudio del Derecho, y para los cuales se deben preparar sus profesionales, el PND hace referencia a temas tan complejos como la seguridad social, la cual se enfoca en las personas en condición de desplazados, para garantizar el goce efectivo de sus derechos y establecer los mecanismos y criterios necesarios para cesar dicha condición. Asimismo, pretende garantizar la igualdad de oportunidades para toda la población, al consolidar sistemas de salud y educación con cobertura universal, sostenibles y de calidad. La educación es entendida como la herramienta más efectiva para reducir la inequidad y garantizar la igualdad de condiciones en la generación de ingresos, por lo cual se debe asegurar una atención total e integral desde la primera infancia, con cobertura para regiones distantes y mejora de la pertinencia de la educación durante todas sus etapas, ampliar la participación en educación superior, en la educación técnica y tecnológica y en postgrados de maestría y doctorado, todo lo anterior con el establecimiento de un esquema educativo equitativo y de calidad para posibilitar la generación de ingresos de manera sostenible con empleo o emprendimientos exitosos en empresas o negocios. Así mismo, para el cumplimiento de las estrategias en cuanto a igualdad de oportunidades para la población, es trascendente la igualdad de género como un reto,
  • 27. 27 especialmente en temas como la violencia intrafamiliar, las condiciones equitativas de remuneración salarial, el reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte a la economía, el apoyo a las madres cabeza de hogar y la garantía de las libertades de la población LGBT, con la promoción de políticas dirigidas a segmentos específicos, como son los grupos étnicos, que representan cerca del 13% de la población nacional y se encuentran en estado de indefensión y altos índices de pobreza, la población en situación de discapacidad, los jóvenes y adultos mayores. La calidad de vida de un individuo no sólo depende de los ingresos que genera o del estado de salud o la educación a la que tiene acceso, sino que depende, además, de otros elementos críticos como la cultura, el deporte y la recreación para formar capital humano integral que impulse el desarrollo del país en sus dimensiones social, cultural, política, económica y ambiental. Para concluir estos comentarios alrededor del PND, constituye tema relevante para el Gobierno, la consolidación de la paz con prevalencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional, lo cual implica consolidar la seguridad, garantizar la observancia plena de los derechos humanos y proveer un sistema de justicia ágil y eficaz, no solamente enfrentando al delito y su posterior sometimiento a la justicia, sino también cimentando apoyos básicos para la justicia transicional, como la verdad, la reparación y la garantía de no reincidencia, en lo cual se ha dado pasos significativos atendiendo las dificultades que, en términos de acceso, eficiencia y eficacia, presenta el sistema judicial colombiano, donde se tiene un inventario grande de expedientes represados, dificultades de acceso para la población vulnerable, congestión en los despachos judiciales, obsolescencia del sistema para adaptarse a nuevas modalidades delictivas y una tasa de hacinamiento en las cárceles. Todo esto dificulta la observancia de los Derechos humanos y el cumplimiento del Derecho internacional humanitario; entonces, se requiere complementarlos con el fortalecimiento de la cultura ciudadana en derechos humanos, los derechos a la vida, la libertad e integridad personal, la lucha contra la discriminación y el respeto a las identidades. Para consolidar la paz, tener una justicia pronta y eficaz y garantizar el respeto a los derechos humanos, entre otros lineamientos estratégicos, el PND plantea mejorar la seguridad nacional, ciudadana y el orden público, haciendo énfasis en una justicia eficaz, para lo cual se plantea como necesario lo siguiente: - Definir políticas ambiciosas que permitan avanzar hacia una justicia más eficiente y al día, para lo cual es necesario implementar gradualmente la oralidad en las distintas jurisdicciones y especialidades, flexibilizar y armonizar procedimientos judiciales e incorporar nuevas tecnologías de información y modelos de gestión al Sistema Judicial. - Fortalecer la defensa judicial del Estado. - Consolidar la justicia no formal, con la generación de espacios y figuras para promover la solución pacífica de controversias. - Desarrollar una política criminal coherente y eficaz. - Establecer una política penitenciaria comprensiva a través de un plan maestro de reposición, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria, la
  • 28. 28 tecnificación del INPEC y el fortalecimiento de los programas de tratamiento y desarrollo de los internos. - Crear el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. - Elaborar la Política Nacional Integral de DDHH y DIH. - Construir una política de atención y reparación integral a víctimas de graves violaciones de los DDHH e infracciones al DIH y un Sistema Nacional de Atención y reparación para esas víctimas. (p. 27 - 28) Ahora, en cuanto al Plan de Desarrollo del Departamento de Nariño “Nariño mejor” (2012 – 2015), éste enfoca su atención en el desarrollo humano sostenible, lo cual se entiende como un proceso que no sólo genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios equitativamente, reivindica el medio ambiente, potencia a las personas y amplía las oportunidades de su participación en las decisiones que afectan sus vidas, se ubica a favor de los pobres, de la naturaleza y de la mujer. Para esto, pone énfasis en el crecimiento del empleo, la protección del medio ambiente, la distribución equitativa de la riqueza y garantizar un contexto para que los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades con creatividad y productividad conforme a sus necesidades e intereses. Para garantizar este desarrollo, se proponen los siguientes objetivos: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 2. Lograr la enseñanza primaria universal 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 4. Reducir la mortalidad infantil 5. Mejorar la salud materna 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 7. Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo Igualmente, el Plan subraya un desarrollo consistente con la base de la propiedad agraria familiar campesina, las prácticas culturales de los pueblos indígenas y las comunidades afronariñenses, la sostenibilidad ambiental, el reconocimiento de la equidad en todas sus manifestaciones y la oposición a toda clase de discriminación y prácticas económicas que atenten contra el medio ambiente y el buen vivir, especialmente de quienes tienen menos oportunidades sociales y procurando dar respuesta a las diversas problemáticas de la región en cuanto a pobreza, el conflicto armado, la violencia y la insatisfacción de las necesidades básicas, situaciones que requieren de inmediatas y reales transformaciones. Según el mencionado Plan, uno de los problemas más relevantes es la violencia y la inseguridad ciudadana; los indicadores de homicidios muestran una realidad que afecta con mayor intensidad a la población infantil, adolescente y juvenil, la tasa de homicidios en el último año, es del 34,88% y la de suicidios es de 4.82%.
  • 29. 29 En cuanto a salud, es importante tener en cuenta que el acceso a los alimentos, los hábitos alimenticios y la prevalencia de enfermedades como la diarrea y la neumonía, constituyen problemas relevantes, sobre los cuales es necesario incidir para garantizar unas condiciones nutricionales apropiadas que permitan el adecuado crecimiento físico e intelectual de niñas y niños. Respecto al trabajo infantil, constituye otra situación social que se debe atender; debido a las condiciones económicas de las familias que han visto reducidos sus ingresos, 5.980 niños, niñas y adolescentes participaron de alguna actividad remunerada durante el último año; se desempeñaron en trabajos relacionados con servicios, agropecuarios y domésticos. En el Plan de Desarrollo, se reconoce que un factor adverso para garantizar el derecho a la educación, la salud, la nutrición, la cultura, la recreación y otros, es el conflicto armado, por lo que es ineludible trabajar en modelos y pautas de crianza contextualizadas, adecuadas y pertinentes con la convivencia, hacer que las familias se constituyan en el espacio educativo que fortalezca capacidades, principios valores y actitudes para la prevención de riesgos y conflictos. Por su parte, el Gobierno departamental pone de presente que en Nariño los cultivos ilícitos y el narcotráfico han originado comportamientos que riñen con la idiosincrasia de la población, lo cual ha modificado comportamientos, costumbres y ha originado una cultura de la ilegalidad. Las masacres, secuestros y atentados contra la integridad física de la población por la presencia de minas antipersona, son factores que impactan negativamente a la infancia, adolescencia y juventud, en especial a quienes habitan en la Costa Pacífica y la Cordillera, con generación de otros problemas conexos con el desplazamiento forzado. Con respecto a la participación de la mujer, el Plan de Desarrollo afirma que desde la Escuela de Género para el Desarrollo Local y Regional, se ha obtenido información sobre sus problemáticas, identificando prioridades, intereses, recomendaciones y estrategias para diseñar, formular y aprobar la política pública para la Equidad de las mujeres nariñenses desde su diversidad étnica y cultural, en procura de disminuir las agresiones, la discriminación y la falta de oportunidades. En lo concerniente a la situación de la población de lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI), como minorías sexuales son una población invisibilizada, pues no se ha levantado información sobre ella, por lo que se hace necesario promover la articulación entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas para trabajar en favor de la promoción y protección de los derechos de estos grupos. En lo tocante al sector de adultos mayores, también constituyen un número significativo de población nariñense y, según el PDN, su problemática está asociada básicamente al deficiente acceso a servicios de atención en salud, aumento del riesgo en las enfermedades propias de la edad, desnutrición, discriminación social, económica y familiar, baja calidad de vida e insuficientes ingresos, menguada participación política, económica y social, niveles bajos de organización y productividad, precarios recursos económicos de sus
  • 30. 30 familias, desprotección por parte de entidades, baja cobertura de los programas nacionales, y subvaloración del adulto mayor por parte de la sociedad. A través de un accionar conjunto desde los Consejos de Política Social y apoyados en el Comité Departamental del Adulto Mayor, se busca mejorar sus condiciones de vida y preparar a esta población para alcanzar una vejez activa y saludable, en especial a los estratos 1 y 2 del Sistema subsidiado de salud (SISBEN). Así mismo, el PDN tiene en cuenta a la población en condición de discapacidad, afectada por situaciones sociales, económicas, políticas e incluso demográficas resultantes del conflicto armado, la violencia, los niveles de pobreza, el desplazamiento y el envejecimiento; esto hace que la discapacidad física, mental y sensorial se convierta en un fenómeno complejo que afecta a un grupo importante de personas para quienes es necesario garantizar un acceso equitativo a la atención en salud, educación, recreación, igualdad de condiciones y oportunidades laborales y plena participación en la sociedad, lo cual permita contribuir a su propio desarrollo y al de la comunidad. La situación de las víctimas del conflicto armado en Nariño, igualmente, es preocupante ya que el 13% de su población ha sufrido algún tipo de violación de sus derechos humanos. El Departamento se ve enfrentado a una situación histórica estructural de pobreza y marginalidad que, unido a la presencia de grupos armados ilegales y de cultivos de uso ilícito, presenta un cuadro de crisis humanitaria, expresada en el desplazamiento forzado, la amenaza, el asesinato selectivo y de configuración múltiple, la desaparición, el secuestro y la extorsión, la afectación por minas antipersonales y el confinamiento, entre otros, vulnerabilidad que se acentúa en las comunidades afro e indígenas, en donde se expone su vida, su territorio y su cultura en una situación cercana a la desaparición y exterminio. A nivel nacional, Nariño es el segundo departamento con mayor afectación por desplazamiento masivo, registrando, a diciembre de 2011, al menos 179.232 personas en esta situación. Correspondiente a las víctimas por minas antipersona, también constituye un problema complejo y de impacto en la población civil; sin embargo, hoy el Departamento se encuentra mejor preparado para la atención y reparación de las víctimas, contando con la Unidad Especial de Restitución, encargada de promover la construcción de un Programa de Protección de Tierras para pueblos indígenas, afronariñenses y campesinos, un plan de devolución y restitución de territorios despojados por causa de la violencia, así como la titulación, saneamiento y compra de tierras. En cuanto a grupos étnicos, el PDN menciona además la importancia del progreso con identidad, al considerar que los pueblos indígenas y comunidades afronariñenses constituyen activos que aportan con sus cosmovisiones integradoras de la naturaleza, su manejo de la economía, el hábitat y su ethos cultural. No obstante existir planificación y gestión de sus modelos de gobierno, aún persisten las consecuencias de un proceso de exclusión, opresión y marginamiento, expresados en el despojo de territorios y consecuente desplazamiento y desarraigo, desconocimiento cultural, precarias condiciones de vida y
  • 31. 31 violación sistemática de los derechos humanos asociada al conflicto armado y al narcotráfico. Nariño, históricamente, ha afrontado una serie de problemáticas sociales y económicas, algunas de tipo estructural, que han incrementado los índices de pobreza extrema en el Departamento. Como consecuencia de la desaceleración y contracción de su PIB, en los últimos años hubo menores ingresos para la población, incremento considerable del desempleo y la subsecuente pobreza, condiciones que no favorecen para que un grueso de la población acceda a la educación superior. En lo que respecta al Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto “Pasto: transformación productiva” (2012-2015), es necesario destacar que su justificación se hace a partir de la búsqueda de oportunidades de desarrollo productivo para sus habitantes; el Consejo Municipal al aprobarlo mediante el Acuerdo No. 008 de 2012, en el artículo 1º argumenta lo siguiente: Este gobierno tiene el compromiso del cambio para llevar a Pasto, como ciudad capital de una región de frontera, y a todos sus habitantes y moradores a superar sus niveles de pobreza; a mejorar las condiciones de empleo y de ingreso, así como garantizar mejores índices de seguridad ciudadana y de integridad social con respeto y buena atención para toda situación de vida humana, en términos, no sólo de buena y sana convivencia, sino también de respeto y acatamiento de los derechos humanos, civiles, económicos, sociales, políticos y culturales como derechos colectivos inherentes a toda la población, sin distinciones de orientación política, origen social o cultural. Las condiciones actuales de la planeación del desarrollo de Pasto, representan unas serias limitaciones para alcanzar y convertir en sostenibles, justas y equitativas metas concretas de bienestar social con responsabilidades específicas de sostenibilidad social y ambiental, buenas para todos. Pasto y sus actuales condiciones de gobernabilidad determinan unos índices que la localizan, según los indicadores de pobreza que se referencian a continuación, en un atraso considerable. Para salir de esta situación es imprescindible avanzar hacia metas más integrales de desarrollo socio—económico y socio—cultural, con metas públicas y sociales mucho más sostenibles, incluyentes y sensibles a todo aquello que le transfiera al desarrollo del ser humano en todas las escalas de su inserción, en un marco de derechos sociales y políticos, que respeten y salvaguarden sus derechos fundamentales, y después derechos de segunda y de tercera generación, como los derechos ambientales o los derechos colectivos. Sólo si aceptamos y adoptamos un cambio cualitativo en el proceso y en los mecanismos y los recursos de la Planeación, nuestra ciudad capital y su entorno rural comenzarán a superar la brecha que permita un desarrollo más armónico, incluyente y sostenible con metas de universalidad e integralidad que todavía suenan distantes. Para transitar hacia una ciudad—capital que mejore, en forma significativa, las oportunidades para las personas, y para que nuestra ciudad sea más justa, equitativa e incluyente, se hace necesario transformar los principios de nuestra relación acrecentada en unas costumbres de
  • 32. 32 dependencia de lo público que ha aumentado, en forma preocupante, los niveles de informalidad y de dependencia. Si no abocamos bajo concepciones diferentes esta realidad, correremos el riesgo de volver a una planeación operativa y funcional, concentrada en lo sectorial, en contraste con una Planeación más integral que persiga grandes y estratégicos objetivos de ciudad. El Plan de Desarrollo aborda una dinámica en la que se caracteriza como problema a un conjunto estructural de, como su nombre lo indica, problemas de vieja data que requieren un nuevo modelo de gobierno y de atención integral. Esta problematización nos facilitará el ordenamiento en varios rangos lo suficientemente diferenciados, niveles que nos orientarán y conectarán mejor con sus necesidades imperativas, de solución estructural, continuada y de impacto. Entendemos que sólo mediante esta gran concepción problemática, las soluciones serán más integrales y totales, que bajo los enfoques clásicos, que ya no responden a lo que la Ciudad necesita, dados los tamaños, los enormes costos y las complejidades que éstas problemáticas exhiben. Así, se presenta este Plan de Desarrollo como un instrumento diverso y estructurado, que dará el primer paso hacia la nueva planeación que Pasto necesita. (p. 1-3). Dentro de los objetivos de calidad, el Plan de Desarrollo establece lo siguiente: 1. Aumentar la satisfacción del cliente ofreciendo servicios con calidad. 2. Mejorar el desarrollo de las actividades económicas que conlleve a una transformación productiva, social, ambiental y cultural del Municipio de Pasto. 3. Garantizar el acceso a los servicios de salud, la vigilancia en salud pública y salud ambiental a toda la población del Municipio de Pasto. 4. Apoyar y fortalecer los diferentes programas sociales, con el fin de brindar asistencia y promover la equidad de género y la armonización de la implementación de la política pública de adolescencia y juventud en el Municipio de Pasto. 5. Generar seguridad visible, perceptible y real al ciudadano, creando espacios de sana convivencia. 6. Fortalecer los procesos de participación comunitaria que permita recuperar la legitimidad y credibilidad para la toma de decisiones económicas y sociales de la Administración Municipal. 7. Promover la gestión del riesgo de desastres con el fin de reducir las condiciones de su ocurrencia a través de la realización de estudios técnicos y la atención oportuna de los incidentes que originen emergencias o desastres. 8. Desarrollar y mantener el territorio local garantizando su adecuada distribución, aprovechamiento físico y espacial contribuyendo al progreso y desarrollo del Municipio de Pasto. 9. Propender por el buen manejo de los recursos naturales y el medio ambiente del Municipio de Pasto. 10. Fortalecer las competencias del talento humano de la Administración Municipal. 11. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. La Universidad Mariana y su Programa de Derecho comparten los enfoques que tienden a la transformación social de los planes de desarrollo comentados, por cuanto eso mismo es compartido en su Misión y Visión, en donde se plantean principios para alcanzar una sociedad más justa, que propicie las condiciones necesarias para que sus integrantes tengan una existencia digna con seguridad social, educación, igualdad de oportunidades y hechos de justicia, corolario que debe pretenderse siempre desde la comprensión y aplicación del
  • 33. 33 derecho, llamado a garantizar tales principios para la convivencia y calidad de vida, contextos frente a los cuales la Universidad no es ajena, por el contrario, se compromete con un tratamiento reflexionado de la problemática social con herramientas jurídicas e investigativas. En este sentido, la Universidad y el Programa de Derecho, en sus procesos de formación parten de un contexto nacional estructurado por el Ministerio de Educación, y al hacer uso de la autonomía universitaria que le concede la Constitución Política de Colombia, establece los fines, estrategias y principios de la formación profesional de acuerdo a las necesidades y entornos en los cuales conviven sus estudiantes y en donde deberán desempeñarse competitivamente. 2.3 RASGOS DISTINTIVOS DEL PROGRAMA Para determinar los rasgos distintivos del Programa de Derecho de la Universidad Mariana, es importante tener en cuenta los principios y objetivos de la educación superior colombiana reglamentados por la Ley 30 de 1992, donde se propende por la formación integral y el desarrollo de potencialidades y competencias del ser humano de una manera plena, como se expone en el artículo 4º: La educación superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. (p. 1) Para esto, las instituciones de educación superior tienen autonomía para definir un proyecto educativo específico, acorde con su naturaleza, origen y con los valores y objetivos particulares que promuevan. Así, la Universidad Mariana ha definido su Programa de Derecho de tal manera que permita el desarrollo de competencias, capacidades y valores comunes en todos sus estudiantes. Para el caso de los valores, éstos se determinan como conjuntos de principios y convicciones que guían el comportamiento y hacen referencia a los pensamientos e ideas que mueven a una persona para actuar y relacionarse con el entorno de una forma concertada. En el caso de una institución universitaria, los valores se encuentran en sus orígenes mismos, y constituyen parte esencial de la explicación de su fundación y del legado que los fundadores desean transmitir y preservar entre generaciones. De esta manera, la Institución pretende que, a partir de los principios y valores que la orientan -consignados en la Misión, Visión y demás proyectos institucionales-, se logre una identidad en sus egresados, con independencia de las especificidades de los distintos saberes. Esa impronta se constituye como transversalidad en su quehacer educativo, se erige en presupuesto de configuración de todos sus programas y como base para las buenas prácticas pedagógicas y administrativas, acordes con la vocación de excelencia y calidad académica, investigativa y de proyección social. Para alcanzar estos propósitos
  • 34. 34 institucionales, ofrece a la comunidad nariñense y del sur occidente colombiano, un Programa de Derecho con identidad, que parte de una redefinición del concepto mismo de universidad, reelaborándolo desde una perspectiva Católica y Franciscana; Hans Paul Bahrdt (s. f.) al respecto dice: Desde el momento en que propicia un estudio que no consiste en la simple asimilación de un saber ya acabado y prácticamente utilizable en las respectivas profesiones, sino en una consideración crítica y filosófica del mundo de las ciencias, mediante un repensar las ideas científicas originales. Lo anterior, en dialogo con los preceptos morales y éticos desde el evangelio, como un sustento del verdadero desempeño humano y profesional. En este sentido, la enseñanza académica no ha de ser una conferencia magistral de repetición de manuales, sino una comunicación estrecha y activa entre profesores y estudiantes que crece recíprocamente en su interacción para formar tanto en lo científico como también en lo ético y moral, propiciando espacios congruentes para un aprendizaje problémico y constructivo, en íntima relación entre la docencia, la investigación y la proyección social, en el sentido que quien investiga enseña y quien enseña también investiga. La formación humana, como un rasgo distintivo del Programa de Derecho, se concibe a la luz de las vivencias y enseñanzas doctrinales de San Francisco de Asís y la Beata Madre Caridad Brader, cuyos preceptos se acogen en el Modelo Pedagógico, desde donde se brinda a sus educandos, una formación integral con identidad institucional, se promueve el desarrollo de competencias, capacidades y valores sociales que permitan comprender, resignificar y conceptualizar los conocimientos del saber socio-jurídico, para superar el tecnicismo normativo, es decir, que no solamente sea el saber hacer, sino también el saber conocer, acompañado de un espíritu crítico, reflexivo y creativo que interprete el ideal de justicia social y sea propositivo en el desarrollo regional y nacional, para así cumplir con la Visión de ser reconocidos en el ámbito profesional y comunitario, como juristas altamente calificados para desempeñarse con competencias específicas en lo jurídico, lo social, lo político y económico, y complementar su formación académica mediante prácticas formativas que los capacite para la asesoría y consultoría, la defensa administrativa o judicial de los derechos de sus representados y la eficiente gestión de asuntos legales al servicios de entidades públicas y privadas. (PEPD, 2014). Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Programa de Derecho construye su objeto de estudio en torno a los siguientes ejes: EL Humanismo Franciscano, la Dignidad Humana, el Derecho como Norma Jurídica y la relación bidireccional de los contextos con el Derecho. Así pues, consolida sus propósitos de formación en torno a la calidad, en la observancia y práctica de valores humanos, cristianos y franciscanos, con una sólida educación disciplinar y competencias para conocer, comprender, interpretar y dar respuestas eficaces y creativas a problemáticas del entorno y a la solución pacífica de conflictos con el uso de diferentes metodologías, ya sean tradicionales o alternativas, pero siempre con un compromiso ético, social y respeto por la dignidad humana, a fin de participar consciente y activamente en la construcción de un Estado Social de Derecho.
  • 35. 35 2.4 APORTES ACADÉMICOS E IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA En el contexto de la Universidad Mariana, el Programa de Derecho es reciente; sin embargo, en sus seis años de funcionamiento ha logrado posicionarse como uno de los de mejor organización, actividad académica e investigativa y proyección social, lo que le ha merecido un alto reconocimiento por parte de la sociedad pastusa, nariñense, sur- colombiana e, incluso, de la vecina República de Ecuador; todo esto apoyado por el talento humano representado en la entrega, responsabilidad y profesionalismo de sus docentes, directivos y personal administrativo, lo mismo que por el entusiasmo y compromiso de sus educandos, factores con los que se ha impactado positivamente en la comunidad educativa como en los sectores público y privado, que dan su voto de confianza por los profesionales de la Universidad Mariana. En efecto, los procesos de autoevaluación y mejoramiento que se han realizado, permiten hacer un reconocimiento a los principales aportes del Programa en el campo académico, investigativo y de proyección social, como los siguientes: - Consolidación de los diez semestres que componen el Programa de Derecho, lo cual ha permitido ofrecer a la comunidad un importante conjunto de estudiantes, fruto de dos cohortes, con la formación y los conocimientos necesarios para iniciar su desempeño como profesionales del Derecho. - Fortalecimiento, a nivel del Programa de Derecho, del Modelo Pedagógico Institucional Constructivista, mediante la orientación y aplicación de sus principios en los procesos de aprendizaje y evaluación académica, lo cual se ha constatado en los procesos de seguimiento a las estrategias pedagógicas desarrolladas por los docentes en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. - Estructuración del diseño curricular del Programa en torno a las competencias que necesitan desarrollar los educandos, para responder a los nuevos perfiles de formación, a los contextos y a las exigencias institucionales y gubernamentales, lo mismo que aplicarlas en la solución de problemas socioculturales, políticos, económicos y jurídicos a partir de un objeto de estudio, de un macroproblema y unas macrocompetencias, las cuales obedecen a cuatro áreas de formación: genérica, institucional, disciplinar y profesional. - Reestructuración de los procesos de investigación, con la reorientación de sus líneas hacia las áreas específicas del derecho -laboral, penal, público y privado-, lo cual ha permitido fortalecer la cultura de la investigación profesoral y estudiantil, este último sector con una notable participación en los semilleros de investigación, e intervención en los encuentros regionales y nacionales programados por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI).
  • 36. 36 - Contar con un importante número de personas que optan por ingresar al Programa de Derecho semestralmente, lo mismo que presentar un bajo índice de deserción, el 0.5%, lo cual revela que el Programa tiene gran aceptación entre los estudiantes y en la comunidad en general, al brindar respuestas oportunas a las necesidades que se evidencian, para satisfacer aspiraciones intelectuales y personales. - Consolidación de la reglamentación y los requisitos propios del Programa, respecto a la presentación de preparatorios y las modalidades de trabajo de grado. - Reorganización de la oferta de espacios electivos tendientes a fortalecer las áreas disciplinares, las líneas de investigación y las prácticas formativas y jurídicas. Con respecto al impacto que ha generado el Programa en la comunidad académica, estudiantil y en la sociedad en general, han sido muchos los logros alcanzados gracias a los lazos iniciales y profundos que se han establecido con los organismos públicos, la empresa privada, organismos no gubernamentales y organizaciones sociales al nivel regional, nacional e internacional. Ese impacto se puede percibir en aspectos tan importantes como los siguientes: - La formación integral del abogado mariano con una sólida preparación académica para su desempeño profesional, acompañada del fortalecimiento de valores humanos y cristianos que contribuyen en la aplicación de un derecho más justo, ético y moral en procura de construir una sociedad con corresponsabilidad, que promueva la dignidad humana como un soporte insoslayable de sus fines y principios. - Afianzamiento de una importante planta de personal docente, en equilibrio de número de vinculados en las diversas modalidades -tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra-; se cuenta, actualmente, con 18 docentes de tiempo completo, 24 de medio tiempo y 14 de hora cátedra, en atención a las políticas institucionales de reducir la hora cátedra y tener en el Programa un mayor porcentaje de profesores de tiempo completo para atender con mayor propiedad y disponibilidad de tiempo, los aspectos académicos, de organización e institucionales que exige el Programa. Docentes con alta cualificación a nivel de postgrado, según las exigencias de la Institución y el Programa, tendiente a la conformación de una comunidad académica competente, con diferentes perspectivas sobre el derecho, lo cual enriquece su objeto, con un pensamiento crítico e histórico que aporte, no solamente a la Universidad, sino a la región y al país. - Incremento de la movilidad estudiantil y profesoral en la modalidad de extensión, se cuenta con varios convenios interuniversitarios e interinstitucionales que han propiciado una participación activa de estudiantes y docentes en eventos regionales, nacionales e internacionales, lo cual permite que se conozca el Programa de Derecho, a la Universidad Mariana y a la región en diferentes contextos. - Creación de los Consultorios Jurídicos y del Centro de Conciliación del Programa de Derecho, que ha permitido la apertura y consolidación de vínculos con comunidades menos
  • 37. 37 favorecidas, las cuales pueden contar con asesoría jurídica para solucionar sus problemas y dificultades. Mediante la estrategia de las brigadas, se ha llevado el servicio de Consultorios Jurídicos a varios municipios del Departamento de Nariño, incluso a la vecina República de Ecuador. Igualmente, se ha apoyado a la población desplazada por la violencia a través de los convenios con la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). - Otorgamiento institucional de estímulos económicos a estudiantes de escasos recursos pertenecientes al Programa, con beca de matrícula y apoyo a quienes se destacan a partir del sexto semestre. Esto, igualmente, ha permitido la continuidad de los educandos en el ciclo formativo. - Se ha logrado fortalecer la cultura de la participación de los docentes y estudiantes, a través de la realización de seminarios, talleres y conferencias a nivel nacional e internacional. En este aspecto, docentes y estudiantes del Programa han participado en los Concursos de debate con bastante éxito como se relaciona en las condiciones 6 y 7, la destacada participación en las pruebas SABER PRO, la confianza de las entidades del sector público y privado para recibir a los estudiantes de los consultorios jurídicos en pasantías y en judicaturas (Ver condición 6 Relación con el sector externo).
  • 38. 38 3. CONTENIDOS CURRICULARES 3.1 EL DERECHO EN SU HISTORIA Y OBJETO DE ESTUDIO Para la fundamentación teórica e histórica del derecho, se analizan las escuelas que han orientado el saber jurídico en occidente, las cuales, igualmente, han influenciado la construcción curricular y sus elementos integradores, como se desarrollará más adelante. En este sentido, su estudio se cumple con base en los postulados de dos grandes escuelas filosóficas que han marcado su evolución y desarrollo, estas son: el iusnaturalismo y el iuspositivismo. IUSNATURALISMO. Esta concepción considera que existen principios universales, a- históricos e inmutables previos a cualquier forma de organización sociopolítica, que validan los diferentes ordenamientos jurídicos y se extraen de la naturaleza. Algunas posturas que hacen referencia a dicha escuela, son las siguientes: Teológica: según esta, el hombre por su naturaleza y por ser hijo de Dios, es objeto de los principios y derechos inherentes a su persona. Sustentan esta teoría: San Agustín, Santo Tomás, Hugo Grocio, Francisco de Vitoria con la Escuela de Salamanca, entre otros. Estos autores concuerdan en la idea según la cual, la ley humana deriva de la ley natural; según Santo Tomás (Atienza, 2012, p. 113): “la participación de la ley eterna (o sea, el orden de la creación), en la criatura racional”. Racional: esta postura considera la existencia de principios universales e inmutables que se reconocen a través de la razón humana; algunos de sus principales exponentes son: Tomasio, Wolff, Pufendorf e Inmanuel Kant. (Atienza, 2012, p. 113), en el racionalismo “se defiende la idea de que hay ciertos derechos de los hombres, inalienables e imprescriptibles que se imponen al legislador, al poder político, porque derivan de la naturaleza humana”. Según esto, la razón no solamente es el instrumento por el cual se conoce el derecho natural, sino también la base o fundamento de su existencia (Cabra, 2010, p. 16). IUSPOSITIVISMO. Esta concepción nace con la corriente del positivismo expuesta por Augusto Comte, quien utiliza el método científico -originalmente aplicado a las ciencias naturales-, para explicar los fenómenos sociales, entre los que se ubica al derecho. Esta escuela no es conceptualmente uniforme, aunque sus postulados son opuestos a los planteados por el Iusnaturalismo ya que al responder la pregunta sobre qué es derecho, esta considera como tal, al conjunto de normas emanadas del poder político sin ningún otro tipo de justificación valorativa, distanciando al derecho, de la moral (Bonorino & Peña Ayazo, 2006, p. 23)
  • 39. 39 Al interior de esta postura existen algunas divisiones que aparecen en el siglo XIX, principalmente, en las obras de Bentham y Austin; para el siglo XX, aparecen por un lado, el normativismo, en cabeza de Kelsen y Hart y, por otra parte, las visiones realistas norteamericanas, representadas por autores como: Pound, Llewelyn, Frank y Holmes, y escandinavas abordadas por Olivecrona y Ross. (Bonorino & Peña Ayazo, 2006, p. 24). Del normativismo cabe destacar a Kelsen, quien plantea que el derecho es un ordenamiento normativo que pertenece al mundo del deber ser, el cual se depura de elementos no jurídicos como los históricos, sociológicos y filosóficos; el derecho es la ley emanada del Estado, al considerar que existe una identidad entre éste y el derecho; según Jaramillo (1996): “todo lo que realiza el Estado es jurídico y todo lo jurídico está en el Estado. La validez de una norma jurídica depende de que esta sea producto del Estado siguiendo los lineamientos fijados por el mismo” (p. 99 - 104). De igual manera, es relevante el pensamiento de Hart, quien pese a pertenecer a esta escuela, expresa que el derecho y la moral tienen una relación cercana, al punto que la moral permea al derecho, idea diferente a lo propuesto por Kelsen. A partir de estas posturas filosóficas, se han fundamentado una serie de teorías del derecho que han influido en la concepción del mismo y afectan el desarrollo del ordenamiento jurídico, a saber: Exégesis. Anclada en el Código Civil Napoleónico y la idea legocéntrica del derecho; plantea que la norma jurídica no es objeto de interpretación, sino de aplicación por parte de los jueces. Conceptualismo. Surge a manera de contraposición a la escuela exegética, en la medida que busca los conceptos subyacentes a la norma jurídica y, por lo tanto, la labor de interpretación cobra relevancia. Histórica. En cabeza de Karl Von Savigny, quien observa el derecho como un proceso histórico, y aporta reglas de interpretación para la lectura de fuentes jurídicas: gramatical, lógico, histórico y sistemático. Finalista. Surge como reacción al abuso de la lógica formal en el derecho y, en consecuencia, busca la causa final de éste. Aquí se encuentra, entre otras, la jurisprudencia de intereses y la escuela libre del derecho. Normativismo. Encabezado por Kelsen, sistema basado en la jerarquía normativa. Realismo Jurídico. Según Jaramillo (1996): “Los rasgos comunes de los realistas son tres, a saber: a) la creación judicial del Derecho; b) la consideración del Derecho como medio para el logro de determinados fines sociales; y c) el estudio del comportamiento efectivo de los tribunales” (p. 116). Aquí se tienen autores como: Holmes, Cardozo, Frank y Dworking, entre otros.