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VALLE DE LA PASCUA – ESTADO GUARICO
DERECHO ADMINISTRATIVO III
Procuraduría General de la
República
Integrante:
* Alí Carrillo C.I: 12.841.152
Junio de 2016
2
Explique los privilegios y prerrogativas procesales de la República
Inicio de Demanda Patrimonial, Deben Manifestarlo por escrito al órgano
correspondiente y exponer sus pretensiones. Además de dar recibido al interesado y
su recepción. Basamento legal Artículo 56 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De
Ley De Reforma Parcial Del Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La
Procuraduría General De La Republica
Lapsos, El órgano pertinente, posee Veinte (20) días hábiles poster
subsiguientes a la consignación del escrito contentivo de las pretensiones, para
proceder a formalizar el expediente con el asunto sometido, debe especificar cuáles
son los instrumentos donde figure la obligación, la fecha en que ocasiono, la
certificación de la deuda, el acta de conciliación admitida entre el solicitante y el
representante, la opinión jurídica en relación a la procedencia o improcedencia de la
pretensión, y los demás documentos que se consideren indefectibles. Basamento legal
Artículo 57 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del
Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La Republica
Remisión, al día hábil siguiente a la conclusión de la sustentación del
expediente, el órgano debe remitir a la Procuraduría General de la República, con su
foliado respectivo ya sea en original o copia certificada, a razón de que en un plano
no mayor a (30) días hábiles, este pueda expresar y remitir al órgano la opinión
jurídica en relación a la procedencia o no de la pretensión. Si existiese el caso de
improcedencia, a fines de resguardar los bienes, derechos e intereses patrimoniales de
la república, el dictamen de la Procuraduría General de la República será de carácter
vinculante para el órgano respectivo. Y en caso de que se trate de una reclamación
cuyo monto sea igual o menor a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) y hayan
sido declaradas procedentes por la máxima autoridad del órgano respectivo, no se
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Artículo 58 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del
Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La Republica
3
Notificación, El órgano respectivo debe notificar al interesado sobre la
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continuado por la Procuraduría General de la República Basamento legal Artículo 59
Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del Decreto Con
Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La Republica
Respuesta, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, el
demandante debe dar réplica al órgano que corresponda, sobre si acoge o no la
decisión notificada. En caso de desacuerdo, queda facultado para acudir a la vía
judicial. Basamento legal Artículo 60 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley
De Reforma Parcial Del Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría
General De La Republica.
Ausencia de respuesta, Si en los lapsos previstos en el Decreto de Rango,
Valor y Fuerza de Ley, no se obtiene una respuesta oportuna por parte de la
Administración, autoriza al demandante para acudir a la vía judicial. Basamento legal
Artículo 61 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del
Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La
Republica.
Inadmisibilidad, todas aquellas acciones o tercerías que se intenten contra la
República, sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento
administrativo previo se declaran inadmisibles por los funcionarios judiciales.
Basamento legal Artículo 62 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De
Reforma Parcial Del Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría
General De La Republica.
4
Indique si los mismos son extensivos a los Estados, Municipios y otras personales
jurídicas estatales.
En cuanto a las prerrogativas y privilegios que posee la República son de
interpretación restrictiva y no pueden ser extendidas a otros entres u órganos
públicos, salvo previsión expresa de ley, ya que suponen una limitación legal de los
derechos fundamentales de igualdad y de tutela judicial efectiva, por lo que -se
insiste- estas prerrogativas deben encontrarse reconocidas expresamente en la ley.
En relación a los Estados, estos privilegios y prerrogativas procesales, fueron
extendidas a través de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y
Transferencia de Competencias del Poder Público, de fecha 20 de diciembre de 1989,
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.153 del 28 de
diciembre de 1989, en cuyo artículo 33 se dispuso: “…Los Estados tendrán, los
mismos privilegios y prerrogativas fiscales y procesales de que goza la
República…”, reformada el 17 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140 de la misma fecha, en cuyo artículo
36, en los mismos términos se dispuso: “…Los Estados tendrán, los mismos
privilegios y prerrogativas fiscales y procesales de que goza la República…”.
También cabe destacar, que en la mayoría de los ordenamientos regionales, se
prevé la aplicación de los privilegios y prerrogativas procesales establecidas en la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, así, por ejemplo, en la Ley de la
Procuraduría del Estado Carabobo, publicada en la Gaceta Oficial del Estado N°
3.787 Extraordinario, de fecha 1° de noviembre de 2011, en cuyo artículo 65, se
dispone: “…Las prerrogativas y privilegios procesales que goza el Estado Carabobo
son irrenunciables y serán ejercidos por la Procuraduría del Estado Carabobo, en
todos los procesos ordinarios y especiales en que éste sea parte, de conformidad con
lo establecido en la legislación aplicable…”, y en su artículo 66, se dispone: “…En
5
todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicará en forma supletoria, lo establecido
en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República…”.
En similares términos, la Ley de la Procuraduría del Estado Mérida, publicada
en la Gaceta Oficial del Estado N° Extraordinario, de fecha 2 de noviembre de 2011,
en su artículo 56, se dispone: “…Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley que regule la
descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público
y demás leyes que puedan reconocer o establecer privilegios y prerrogativas fiscales
y procesales para todo lo dispuesto en esta Ley en materia de procedimientos
administrativos y juicios, será de aplicación supletoria la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República…”.
En cuanto al ámbito municipal, en la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 (Extraordinaria) del 28 de
diciembre de 2010, en el Capítulo IV, referido a la Actuación del Municipio, estableció
las siguientes prerrogativas ―más limitadas que las que se le conceden a la
República―, esto es: 1) citación del Síndico Procurador de toda demanda o solicitud
directa o indirecta contra los intereses patrimoniales (artículo 153); 2) lapso especial
para contestar la demanda (artículo 153); 3) no aplicabilidad de la confesión ficta
(artículo 154); 4) prohibición de medidas preventivas y ejecutivas sobre los bienes de
uso público o afectados a la prestación de un servicio público, (artículo 156), 5)
limitaciones de las actuaciones procesales del Síndico Procurador (art. 155), 6)
limitación de la condenatoria en costas (art. 157), y 7) especial mecanismo de
ejecución de sentencias (art. 158 al 159).
Cuando los privilegios procesales derivan de normas legales, ciertamente es
necesario reflexionar acerca de su alcance. En especial, el intérprete debe ser en
extremo cuidadoso, su aplicación no puede alterar, afectar ni vulnerar derechos de
rango constitucional, de allí que, no puedan hacerse extensivos, por ejemplo, a las
empresas del Estado, las cuales gozan de los mismos sólo cuando la Ley expresamente
así lo establezca. (Vid. Sentencia N° 2291/2006, del 14.12, caso: Compañía Anónima
6
de Electricidad del Centro, C.A. (ELECENTRO) y que, en ocasiones puedan ceder ante
casos muy particulares de abuso de derecho o de manifiesta injusticia. (Vid. Sentencia
N° 3524/2005, del 14.11, caso: Procurador del Estado Zulia).
Por lo tanto, las prerrogativas y privilegios establecidos en la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República a favor de la República, al ser de
interpretación restrictiva y excepcional, no son extensibles a los municipios, salvo los
que se les establezca por ley
Analice las consecuencias procesales de los mencionados privilegios y
prerrogativas.
El Estado es quien posee la gestión directa del bien común en todos los
ámbitos y en la función judicial lo reconoce con el propósito de solucionar los
conflictos entre las partes garantizando el alcance de su justica breve y oportuna; esto
aún más cuando es el propio Estado quien forma parte del proceso. Es por esto que el
Estado se halla en la posibilidad de aplicar mecanismos hetero compositivo del poder
judicial. Todo esto con el propósito de garantizar el equilibrio y justa aplicación de la
justicia en todos los procesos, donde se encuentre presente el Estado y hacer valer sus
garantías tanto para personas Naturales y Jurídicas.
El Estado responden a una razón social que se encamina exclusivamente a
preservar el bien común para todo el colectivo, justificándose la existencia de éstas,
en el hecho de que, dada la delicada misión que tiene en sus manos, y siendo el estado
una figura intangible y máxima expresión de una ficción legal, su desenvolvimiento
procesal va a depender de las destrezas o ineptitudes de sus funcionarios, los cuales
de no cumplir su misión, son severamente sancionados penal, administrativa y
pecuniariamente. No obstante ello, no quiere afirmarse tampoco, que estos privilegios
sean infinitos o ilimitados, pues como excepciones a los principios fundamentales del
proceso deben interpretarse y aplicarse, de manera restrictiva. Por ello, a los fines de
7
que no se confundan con actos discriminatorios o abusivos de poder, deben aplicarse
con la sutileza que la propia ley describe.
“…Los privilegios y prerrogativas procesales de la República son
irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los
procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República…” Hasta ahora
tenemos que de los artículos 8 y 65 ambos de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, evidenciamos que, siendo la letra de esta ley de orden
público y de aplicación preferente a cualquier otra, los Juzgadores en donde el Estado
sea parte de un proceso, deben indefectiblemente, aplicar los privilegios y
prerrogativas que en su favor disponga nuestro ordenamiento jurídico, sin diferenciar
si éste se tramita por vía del procedimiento ordinario o alguno especial.
“…En aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los
derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales
deben observar los privilegios y prerrogativas consagrados en las leyes especiales…”.
Se puede resumir que, conforme a los artículos 8 y 65 de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República y 12 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, en todo juzgamiento que se incoe en sede laboral, y en donde el Estado sea
parte en juicio, deberán aplicarse las prerrogativas y privilegios que se le reconocen
procesalmente, por ser estas disposiciones de orden público (no pueden ser relajadas
por las partes ni los juzgadores) y de atención preferente.
En resumen, el Estado aplicando sus privilegios y prerrogativas procesales,
actúa con responsabilidad de sus actos y actuaciones, cumpliendo con sus funciones
primordiales de los cuales es responsable, como lo es el lograr impartir justicia y
garantizar el bienestar de los particulares.

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Procuraduría general

  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDADBICENTENARIA DE ARAGUA VALLE DE LA PASCUA – ESTADO GUARICO DERECHO ADMINISTRATIVO III Procuraduría General de la República Integrante: * Alí Carrillo C.I: 12.841.152 Junio de 2016
  • 2. 2 Explique los privilegios y prerrogativas procesales de la República Inicio de Demanda Patrimonial, Deben Manifestarlo por escrito al órgano correspondiente y exponer sus pretensiones. Además de dar recibido al interesado y su recepción. Basamento legal Artículo 56 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La Republica Lapsos, El órgano pertinente, posee Veinte (20) días hábiles poster subsiguientes a la consignación del escrito contentivo de las pretensiones, para proceder a formalizar el expediente con el asunto sometido, debe especificar cuáles son los instrumentos donde figure la obligación, la fecha en que ocasiono, la certificación de la deuda, el acta de conciliación admitida entre el solicitante y el representante, la opinión jurídica en relación a la procedencia o improcedencia de la pretensión, y los demás documentos que se consideren indefectibles. Basamento legal Artículo 57 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La Republica Remisión, al día hábil siguiente a la conclusión de la sustentación del expediente, el órgano debe remitir a la Procuraduría General de la República, con su foliado respectivo ya sea en original o copia certificada, a razón de que en un plano no mayor a (30) días hábiles, este pueda expresar y remitir al órgano la opinión jurídica en relación a la procedencia o no de la pretensión. Si existiese el caso de improcedencia, a fines de resguardar los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la república, el dictamen de la Procuraduría General de la República será de carácter vinculante para el órgano respectivo. Y en caso de que se trate de una reclamación cuyo monto sea igual o menor a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) y hayan sido declaradas procedentes por la máxima autoridad del órgano respectivo, no se requerirá la opinión de la Procuraduría General de la República. Basamento legal Artículo 58 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La Republica
  • 3. 3 Notificación, El órgano respectivo debe notificar al interesado sobre la decisión, en un lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del criterio continuado por la Procuraduría General de la República Basamento legal Artículo 59 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La Republica Respuesta, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, el demandante debe dar réplica al órgano que corresponda, sobre si acoge o no la decisión notificada. En caso de desacuerdo, queda facultado para acudir a la vía judicial. Basamento legal Artículo 60 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La Republica. Ausencia de respuesta, Si en los lapsos previstos en el Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley, no se obtiene una respuesta oportuna por parte de la Administración, autoriza al demandante para acudir a la vía judicial. Basamento legal Artículo 61 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La Republica. Inadmisibilidad, todas aquellas acciones o tercerías que se intenten contra la República, sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo se declaran inadmisibles por los funcionarios judiciales. Basamento legal Artículo 62 Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma Parcial Del Decreto Con Fuerza De Ley Orgánica De La Procuraduría General De La Republica.
  • 4. 4 Indique si los mismos son extensivos a los Estados, Municipios y otras personales jurídicas estatales. En cuanto a las prerrogativas y privilegios que posee la República son de interpretación restrictiva y no pueden ser extendidas a otros entres u órganos públicos, salvo previsión expresa de ley, ya que suponen una limitación legal de los derechos fundamentales de igualdad y de tutela judicial efectiva, por lo que -se insiste- estas prerrogativas deben encontrarse reconocidas expresamente en la ley. En relación a los Estados, estos privilegios y prerrogativas procesales, fueron extendidas a través de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, de fecha 20 de diciembre de 1989, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.153 del 28 de diciembre de 1989, en cuyo artículo 33 se dispuso: “…Los Estados tendrán, los mismos privilegios y prerrogativas fiscales y procesales de que goza la República…”, reformada el 17 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140 de la misma fecha, en cuyo artículo 36, en los mismos términos se dispuso: “…Los Estados tendrán, los mismos privilegios y prerrogativas fiscales y procesales de que goza la República…”. También cabe destacar, que en la mayoría de los ordenamientos regionales, se prevé la aplicación de los privilegios y prerrogativas procesales establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así, por ejemplo, en la Ley de la Procuraduría del Estado Carabobo, publicada en la Gaceta Oficial del Estado N° 3.787 Extraordinario, de fecha 1° de noviembre de 2011, en cuyo artículo 65, se dispone: “…Las prerrogativas y privilegios procesales que goza el Estado Carabobo son irrenunciables y serán ejercidos por la Procuraduría del Estado Carabobo, en todos los procesos ordinarios y especiales en que éste sea parte, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable…”, y en su artículo 66, se dispone: “…En
  • 5. 5 todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicará en forma supletoria, lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República…”. En similares términos, la Ley de la Procuraduría del Estado Mérida, publicada en la Gaceta Oficial del Estado N° Extraordinario, de fecha 2 de noviembre de 2011, en su artículo 56, se dispone: “…Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley que regule la descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público y demás leyes que puedan reconocer o establecer privilegios y prerrogativas fiscales y procesales para todo lo dispuesto en esta Ley en materia de procedimientos administrativos y juicios, será de aplicación supletoria la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República…”. En cuanto al ámbito municipal, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 (Extraordinaria) del 28 de diciembre de 2010, en el Capítulo IV, referido a la Actuación del Municipio, estableció las siguientes prerrogativas ―más limitadas que las que se le conceden a la República―, esto es: 1) citación del Síndico Procurador de toda demanda o solicitud directa o indirecta contra los intereses patrimoniales (artículo 153); 2) lapso especial para contestar la demanda (artículo 153); 3) no aplicabilidad de la confesión ficta (artículo 154); 4) prohibición de medidas preventivas y ejecutivas sobre los bienes de uso público o afectados a la prestación de un servicio público, (artículo 156), 5) limitaciones de las actuaciones procesales del Síndico Procurador (art. 155), 6) limitación de la condenatoria en costas (art. 157), y 7) especial mecanismo de ejecución de sentencias (art. 158 al 159). Cuando los privilegios procesales derivan de normas legales, ciertamente es necesario reflexionar acerca de su alcance. En especial, el intérprete debe ser en extremo cuidadoso, su aplicación no puede alterar, afectar ni vulnerar derechos de rango constitucional, de allí que, no puedan hacerse extensivos, por ejemplo, a las empresas del Estado, las cuales gozan de los mismos sólo cuando la Ley expresamente así lo establezca. (Vid. Sentencia N° 2291/2006, del 14.12, caso: Compañía Anónima
  • 6. 6 de Electricidad del Centro, C.A. (ELECENTRO) y que, en ocasiones puedan ceder ante casos muy particulares de abuso de derecho o de manifiesta injusticia. (Vid. Sentencia N° 3524/2005, del 14.11, caso: Procurador del Estado Zulia). Por lo tanto, las prerrogativas y privilegios establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a favor de la República, al ser de interpretación restrictiva y excepcional, no son extensibles a los municipios, salvo los que se les establezca por ley Analice las consecuencias procesales de los mencionados privilegios y prerrogativas. El Estado es quien posee la gestión directa del bien común en todos los ámbitos y en la función judicial lo reconoce con el propósito de solucionar los conflictos entre las partes garantizando el alcance de su justica breve y oportuna; esto aún más cuando es el propio Estado quien forma parte del proceso. Es por esto que el Estado se halla en la posibilidad de aplicar mecanismos hetero compositivo del poder judicial. Todo esto con el propósito de garantizar el equilibrio y justa aplicación de la justicia en todos los procesos, donde se encuentre presente el Estado y hacer valer sus garantías tanto para personas Naturales y Jurídicas. El Estado responden a una razón social que se encamina exclusivamente a preservar el bien común para todo el colectivo, justificándose la existencia de éstas, en el hecho de que, dada la delicada misión que tiene en sus manos, y siendo el estado una figura intangible y máxima expresión de una ficción legal, su desenvolvimiento procesal va a depender de las destrezas o ineptitudes de sus funcionarios, los cuales de no cumplir su misión, son severamente sancionados penal, administrativa y pecuniariamente. No obstante ello, no quiere afirmarse tampoco, que estos privilegios sean infinitos o ilimitados, pues como excepciones a los principios fundamentales del proceso deben interpretarse y aplicarse, de manera restrictiva. Por ello, a los fines de
  • 7. 7 que no se confundan con actos discriminatorios o abusivos de poder, deben aplicarse con la sutileza que la propia ley describe. “…Los privilegios y prerrogativas procesales de la República son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República…” Hasta ahora tenemos que de los artículos 8 y 65 ambos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, evidenciamos que, siendo la letra de esta ley de orden público y de aplicación preferente a cualquier otra, los Juzgadores en donde el Estado sea parte de un proceso, deben indefectiblemente, aplicar los privilegios y prerrogativas que en su favor disponga nuestro ordenamiento jurídico, sin diferenciar si éste se tramita por vía del procedimiento ordinario o alguno especial. “…En aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagrados en las leyes especiales…”. Se puede resumir que, conforme a los artículos 8 y 65 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en todo juzgamiento que se incoe en sede laboral, y en donde el Estado sea parte en juicio, deberán aplicarse las prerrogativas y privilegios que se le reconocen procesalmente, por ser estas disposiciones de orden público (no pueden ser relajadas por las partes ni los juzgadores) y de atención preferente. En resumen, el Estado aplicando sus privilegios y prerrogativas procesales, actúa con responsabilidad de sus actos y actuaciones, cumpliendo con sus funciones primordiales de los cuales es responsable, como lo es el lograr impartir justicia y garantizar el bienestar de los particulares.