1. 16/12/12 Por una abogacía cooperativ a | ORBY T
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL
16/12/2012 Pág. ESP AÑA
Por una abogacía cooperativa
La abogacía no tiene en la actualidad el peso social que debería para contribuir a
vertebrar la sociedad civil
Ha pasado demasiado tiempo para que el ejercicio de la defensa siga sin una
regulación unitaria y sistemática
Vivimos en una comunidad cada vez
más diversa donde los cambios
suceden demasiado deprisa; una
sociedad líquida, en la metáfora feliz
de Zygmunt Bauman, donde, como
en alta mar, es difícil situar el
horizonte y seguir las huellas de
quienes nos han precedido.
El derecho y las instituciones
deberían orientarnos en ese
escenario complejo y voluble, pero
tampoco son buenos tiempos para el
Derecho y la Justicia. Tenemos la
sensación de que la realidad social
va por delante de las reglas con que
tratamos de ordenarla. Y de esta
situación desestructurada
pretendemos a veces salir alzando
palabras como piedras,
autoerigiéndonos cada uno en
exponentes únicos de la razón, la
dignidad o el prestigio dispuestos a
Taller de confección de togas para abogados en Alcalá Meco. / EFE
replicar sin querer el Duelo a
garrotazos que Goya pintó para la Quinta del Sordo.
Personalmente, después de 38 años de ejercicio como abogado de tribunales desde un pequeño
despacho artesanal, de haber obtenido algunos reconocimientos académicos y profesionales, y
de cinco años como decano del Colegio de Abogados de Madrid, cargo al que he tratado de
servir con rigor y austeridad, me encuentro envuelto en una contienda electoral de alto voltaje
donde parece que todo vale.
Estoy convencido de que unas elecciones a Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de
Madrid, como las que se van a celebrar el próximo 18 de diciembre, no justifican semejante
estruendo, por importante que sea esta corporación fundada en 1596 para ayudar a los
abogados de Madrid y también, premonitoriamente, para defender ante los tribunales a personas
sin recursos de modo que el decano y los abogados por él nombrados se ocupaban, «por su
turno y rueda», de la defensa de los «pobres de solemnidad»; el antecedente, incluso en el
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nombre, del Turno de Oficio.
Aparentemente, otros candidatos a decano prefieren no discutir sus programas de gobierno para
los próximos años. A algunos les basta con ofrecer cafés humeantes o togas limpias. A otros,
decir que ellos sí que van a defender a los abogados o a recuperar el prestigio de la abogacía.
Como nadie puede poner en cuestión la eficacia de una gestión que ha permitido más que doblar
el patrimonio neto del Colegio en cinco años subiendo las cuotas sólo un 2%, algunos me acusan
de no haber formulado querella contra determinado juez que, efectivamente, violó de forma
gravísima el derecho de defensa al acordar la intervención de las comunicaciones personales
entre abogados y clientes en el locutorio de una prisión. La Junta de Gobierno que presido
estuvo, desde luego, dispuesta a tal querella, e inicialmente la autorizó (no la ordenó), por si
hubiera sido necesaria para restablecer el derecho de defensa. Pero no lo fue: el Colegio,
invocando su legitimación para tutelar el derecho de defensa, consiguió antes personarse en el
caso Gürtel y recurrió todas las resoluciones judiciales que ordenaron o prorrogaron las
escuchas.
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de marzo de 2010, que anuló las
resoluciones recurridas poniendo en valor con máxima claridad el derecho de defensa
quebrantado, refleja de forma inequívoca los argumentos del Colegio. Cualquiera puede
encontrar en la web del Colegio el recurso y la resolución y hacer una sencilla comparación.
Entendió entonces unánimemente la Junta de Gobierno que, restablecido el derecho, la
institución no debía actuar en persecución de las responsabilidades personales de los jueces y
fiscales que intervinieron en la causa. Nunca lo había hecho en sus 400 años de historia. Por
supuesto que aceptamos la crítica de quienes opinan que hicimos poco o mucho (también los
hay). Pero no es cierto que el Colegio no hiciera nada. Tampoco lo es que fuera en la posterior
causa penal contra el juez donde el derecho de defensa se tutelara en ausencia del Colegio. El
derecho de defensa se protegió, como tiene que ser, en el proceso donde se había violado. La
querella posterior tenía por objeto acusar al juez (no defender a los abogados) y obtener su
condena en sede penal por prevaricación. Y así sucedió porque era justo que sucediera. Un poco
más de ecuanimidad, por favor.
Dicho lo anterior, hablemos del futuro. Como a Thomas Jefferson, «me gustan más los sueños del
futuro que la historia del pasado». Desde luego, sólo con sueños de futuro se progresa. Es cierto
que la abogacía hoy no tiene el peso social que debería para contribuir a vertebrar la sociedad
civil, aunque los abogados tengamos la competencia para abordar situaciones complejas y la
imaginación entrenada para diseñar las instituciones que nos faltan. Ese déficit de imagen
pública, en realidad, no es privativo de la abogacía sino del sistema todo de la Justicia, que los
abogados integramos, en tanto que valor constitucional y administración pública. A diferencia de
lo que sucede con otros servicios públicos, como la sanidad o la educación, no hay una
valoración social de la Justicia congruente con su importancia en tiempos de crisis.
Pero esa voz no se adquiere pronunciando frases vacías y descalificando al otro. Se adquiere
ejercitándola en el discurso cooperativo y comprometido para proponer, por ejemplo, mejoras
normativas como una ley orgánica de la defensa que acabe con la regulación fragmentaria e
insuficiente del ejercicio de la defensa, haga más difícil que sobrevengan accidentes como el del
caso Gürtel, y sitúe a la abogacía al nivel de la actuación de jueces y magistrados, que tienen
desde 1985 una Ley Orgánica del Poder Judicial, o al nivel de los fiscales, que disponen desde
1981 de un Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
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Ha pasado demasiado tiempo desde 1978 para que este derecho fundamental -de los
ciudadanos y no de los abogados- siga sin una regulación unitaria y sistemática. O para mejorar
normas obsoletas como la Ley Hipotecaria y los procesos de ejecución, reforzando el papel de las
defensas. O para combatir, antes y después de aprobarse, una norma socialmente regresiva,
económicamente desmesurada y precipitada en su elaboración como la Ley de Tasas. O para
adaptar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 a la actual realidad social, garantizando
los derechos de los ciudadanos y estableciendo un marco digno y justo para que los abogados
puedan seguir desempeñando con libertad e independencia su labor de defensa.
La abogacía institucional, y especialmente un Colegio que aglutina un tercio de la abogacía
española, tiene que ser cauce de solidaridad con la sociedad y de cooperación entre los
abogados para multiplicar la eficacia de nuestra voz colectiva y ayudar a poner el sistema de la
justicia en el lugar que merece. Mal podrá desempeñarse esa función cooperativa si desde el
momento germinal de unas elecciones, que deberían ser un rito higiénico más frecuente, el
Colegio se convierte en escenario de una confrontación desproporcionada.
Richard Sennet, profesor de la London School of Economics y músico aficionado, recuerda en
Juntos, un libro sobre los ritos, los placeres y las políticas de cooperación, que los músicos
cuando ensayan necesitan interactuar, intercambiar, para su beneficio mutuo. «Necesitan
cooperar», dice, «para hacer arte». Los rituales de confrontación son primitivos. Yo desde aquí,
decano en funciones y aspirante de nuevo, antes que pedir nada para mi candidatura a unos
días de las elecciones, ofrezco a todos sumar mi voz a la de los demás, salga quien salga
elegido, y tratar de entonar armónicamente el himno de una sociedad más justa.
Antonio Hernández Gil es decano en funciones del Colegio de Abogados de Madrid y candidato a
las elecciones.
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