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La responsabilidad civil de los profesionales de la medicina

   1.   Planteamiento
   2.   Naturaleza de la responsabilidad
   3.   Sujetos responsables
   4.   Variables que intervienen en el proceso
   5.   Supuestos concretos
   6.   Conclusión
   7.   Bibliografía
   8.   Jurisprudencia consultada

PLANTEAMIENTO
La mayor parte de supuestos de responsabilidad médica son objeto,
actualmente, del contencioso-administrativo, así lo establecen la Ley
30/1992 y la Ley 29/1998, entre otras. El conflictivo tema del orden
jurisdiccional competente para conocer de las pretensiones sobre
responsabilidad civil respecto los actos médicos que lo originan, a la
Administración Sanitaria o entidad de la Seguridad Social, se había
manifestado en problemas, sobre todo a partir de la promulgación de la Ley
30/1992, dando ocasión a criterios jurisprudenciales no concordes, según el
orden jurisdiccional al que se acudía en petición de tutela judicial. En este
momento, no cabe duda que corresponde al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo el conocimiento de las pretensiones dirigidas
contra la Administración sanitaria y sus entidades, cualquier que sea la
naturaleza    de   la   actividad   que   determine   el   nacimiento   de   la
responsabilidad, según las disposiciones en vigor (artículo 2 de la Ley
29/1998, disposición adicional duodécima de la Ley 4/1999 incorporada a la
Ley 30/1992; y el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En particular, el Derecho Civil se encarga concretamente de aquellos
supuestos que se planteen en el ámbito de la medicina privada. La
Jurisdicción Civil enjuiciará la actuación de las entidades públicas siempre y
cuando esta no se produzca dentro de las facultades soberanas de la
Administración Pública, sino que su actuación ha de asimilarse a las
privadas.
Una vez centrada la competencia de la Jurisdicción Civil, en este trabajo, se
va a proceder a exponer los tipos de responsabilidad susceptibles de
generarse a partir de dichos daños, se nombrarán los sujetos que
intervienen en dichos procesos relatando sus derechos y obligaciones y se
describirán las principales variables que hemos de tener en cuenta para
determinar las consecuencias jurídicas. En un apartado posterior, se hará
referencia al campo de la cirugía, el cual se considera específico por las
puntuales características de esta materia que se mostrarán en dicho
capítulo. Finalmente, se concluirá haciendo un juicio final a la luz de la
materia recogida en este trabajo.
NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD
La diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual ha sido
una cuestión polémica, de hecho, la jurisprudencia no ha llegado a ofrecer
una diferenciación clara sino que además en algunos casos califica la
responsabilidad como contractual y extracontractual simultáneamente. De
esta forma, incluso en ocasiones se puede optar entre exigir una u otra y, se
admite la compatibilidad entre la culpa contractual y extracontractual,
produciendo ambas el deber indiscutible de reparar las consecuencias
dañosas causadas.
Por otro lado, respecto a las diferencias entre una y otra responsabilidad, la
sentencia de 18 de octubre de 1983 establece que "siendo manifiesta la
incompatibilidad entre la responsabilidad contractual, que presupone la
existencia de un contrato, y la extracontractual establecida precisamente
para los supuestos en que no exista relación alguna entre el responsable y
el perjudicado, pues si bien es cierto que ambas responsabilidades tienen
presupuestos comunes, especialmente la producción de un daño y la
existencia de culpa, las acciones son distintas tanto en la existencia de
contrato en la primera y no en la segunda, cuanto en la graduación de la
    responsabilidad,   más    fuerte   en    la acción     contractual   que    en la
    extracontractual y finalmente en cuanto a los plazos de prescripción que son
    el de 15 años en la contractual y en de un año en la extracontractual. [...]
    Cierta la diferenciación entre el régimen de la responsabilidad contractual
    (arts. 1101 y siguientes) y extracontractual (1902 y siguientes), en los
    supuestos de las de una y otra naturaleza se inscribe una conducta
    antijurídica originadora de un mal que ha de ser reparado, como el propio
    motivo recuerda, por lo cual, al lado de las diferencias entre ambos
    regímenes (distinto origen; exigencia de capacidad para contratar cuando la
    aquiliana pueda nacer sin ella; diferente plazo prescriptivo; obligación en la
    aquiliana de probar la culpa, que no se precisa en la contractual; grado de
    culpa exigible; extensión de la reparación; responsabilidad solidaria de las
    nacidas «ex delicto», etc.) lo que ciertamente importa es evitar la duplicidad
    de las indemnizaciones pues siquiera en principio la responsabilidad
    contractual desplaza a la aquiliana, ni faltan ejemplos en contrario -como los
    significados por las SS. de esta Sala de 8 junio 1962 y 3 octubre 1967 (RJ
    19673712)-   ni   la   separación      originaria   impide   que    se    apliquen
    indistintamente preceptos que por ello deben reputarse comunes".
    La Doctrina moderna está cada vez más acercando estos dos sectores de la
    responsabilidad civil. Aunque no faltan los autores, como YZQUIERDO
    TOLSADA que se replantean su postura, unas veces abogando por la
    unificación total de regímenes y otras apuntando una opinión moderada al
    respecto.
    Sin más preámbulo, se va a desarrollar cada una de estas esferas de
    responsabilidad.

•   Responsabilidad contractual
En términos generales, la responsabilidad civil contractual es aquella en la
que el hecho dañoso viene producido como resultado del incumplimiento de
un contrato. De esta forma el artículo 1101 del C.C. establece que "quedan
sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o
morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas".
Para determinar la existencia de responsabilidad contractual, es preciso un
contrato válido entre el supuesto responsable y la víctima, así como que el
daño sea directamente imputable al incumplimiento.
De esta forma, se requiere una relación jurídica precedente, ello implica que
n es necesario que exista propiamente un contrato sino que con una
relación previa y análoga es suficiente.
En la responsabilidad contractual, , tal y como reconoce la Sentencia del
Tribunal Supremo de 13 de abril del 1999 "el acreedor o perjudicado que
acciona el proceso deberá acreditar la obligación y características de la
prestación -si es de hacer o de dar, si es de medios o de resultado- así
como el no cumplimiento porque el deudor no ha actuado bajo la
observancia de los deberes de esa prestación (art. 1101 CC), al no concurrir
la exoneración del "casus" del art. 1105 CC, mientras que el deudor puede
oponer, previa prueba, el pago o cumplimiento".
Por el contrario, en la responsabilidad extracontractual, "el perjudicado o
dañado, habrá de acreditar no sólo ese daño -es el subrogado de la
obligación precedente- sino la autoría de la conducta dañosa, el nexo causal
y la voluntariedad de esa autoría por infringirse deberes de prevención o el
general "naeminem laedere"" Una jurisprudencia muy vetusta establece
perjudicado que accione le basta con acreditar el daño, del que ya, sin más,
resultarán los demás presupuestos de la responsabilidad del autor -acción,
culpa o infracción, deberes y nexo-, salvo prueba de no culpa a cargo de
éste o demandado.
•   Responsabilidad extracontractual

    La responsabilidad aquiliana surge sin previa relación obligatoria, sino del
    deber de conducta de no dañar a los demásy que recoge el artículo 1902
    del CC "el que por acción u omisión causa daños a otro, interviniendo culpa
    o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". Por tanto, la
    responsabilidad extracontractual es la derivada de un acto ilícito, según
    reiterada jurisprudencia. Los requisitos para exigir dicha responsabilidad
    son:

             1. Una acción u omisión ilícita
             2. La constancia de un daño causado
             3. La culpabilidad
             4. Un nexo causal entre el acto ilícito y el daño producido

    En el art. 1903 del CC se constata que dicha responsabilidad no existirá
    cuando se pruebe que ha sido empleada la diligencia debida para prevenir
    el daño. A contrario sensu, existirá responsabilidad si el sujeto no empleó la
    digiligencia requerida.
    Según la sentencia de 9 de julio de 1984, la peculiaridad de este tipo de
    responsabilidad es que "en la reclamación extracontractual el vínculo
    obligacional surge después de producido el evento indemnizable, como
    consecuencia de las normas generales impuestas por la convivencia y de la
    aplicación del principio alterum non laedere, por lo que dicho nexo no
    constituye un prius como en la culpa contractual, sino un posterius, lo que
    indica que el ámbito de aplicación de ambas clases de culpa es
    competamente diferente e independiente".
    De esta forma, la indemnización exigible en el acto ilícito extracontactual, la
    relación obligatoria emana por primera vez al producirse el daño.
    SUJETOS RESPONSABLES
En general, los sujetos que pueden ser responsables en el campo de la
    medicina privada son:

•   El médico
•   La clínica
•   La aseguradora
•   Sujetos diferentes a los contratantes

    Sin embargo, para determinar quién es responsable, contractual o
    extracontractualmente, de un daño producido en el ámbito de la medicina
    privada, hemos de acudir al caso concreto; y sólo después de un examen
    sobre el supuesto planteado se podrá determinar cuál o cuáles son los
    sujetos responsables.

•   El médico

    La naturaleza de la obligación del médico, tanto si procede de contrato
    (contrato de prestación de servicios, de obra...) o como si deriva de una
    relación extracontractual, se trata de una obligación de medios, no de
    resultado. De esta forma, el médico está obligado a recobrar la salud del
    paciente (resultado) sino a prestar el servicio más adecuado para obtener
    un resultado satisfactorio. El deudor de obligación de actividad (médico)
    ejecuta la prestación consistente en una ejecución adecuada, sin requerir
    que llegue a darse el resultado. Para apreciar incumplimiento, por tanto, se
    requiere     negligencia   por   parte   del   prestador    de    servicios,
    independientemente de la consecución del resultado.
    El médico se obliga a emplear la diligencia adecuada, y no garantiza la
    sanidad del enfermo el médico no se compromete a curar, sino a intentar
    curar. La obligación de medios comprende:
1. Utilizar cuantos elementos conozca la ciencia médica de
              acuerdo con las circunstancias del paciente concreto.
         2. La información al paciente, o a los familiares del mismo, del
              diagnóstico, pronóstico, tratamiento y riesgos, especialmente
              en el supuesto de intervenciones quirúrgicas. El deber en las
              afecciones crónicas se extiende a los avatares que comporta el
              control de la enfermedad.
         3. la continuidad del tratamiento hasta el alta.

Llegado a este punto, se ha de destacar la la lex artis ad hoc para la
valoración de la negligencia profesional, cuya regla significa que "los
criterios médicos a desarrollar se ceñirán a los que se estiman correctos
para una actuación concreta, siempre en base a la libertad clínica y a la
prudencia".
Según las SSTS de 25 de abril de 1994 (RJ 19943073) y 2 de octubre de
1997 (RJ 19977405), tal y como se ha señalado en este trabajo, se debe
tomar en consideración el caso concreto donde se produce la actuación
médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla, así como las
incidencias inseparables a una actuación profesional normal, teniendo en
cuenta las especiales características del realizador del acto médico, de la
profesión, de la complejidad del caso, de la transcendencia vital del paciente
y, en su caso, de la influencia de otros factores para calificar dicho acto
como conforme o no a la técnica media normal requerida.
En cuanto a la naturaleza de la obligación del médico se ha de probar una
conducta productora, en nexo causal, del daño y se acreditado que su
actuación no fue correcta. En este sentido, se sigue la posición mantenida
por la STS de 29 de junio de 1999 (RJ 19994895), que transcribimos
literalmente: "conviene recordar la doctrina jurisprudencial muy reiterada;
como dice la STS de 13 de diciembre de 1997 (RJ 19978816) y reitera la
de 9 de diciembre de 1998 (RJ 19989427), la naturaleza de la obligación
    del médico, tanto si procede de contrato (contrato de prestación de
    servicios; distinto es el caso si el contrato es de obra, lo que se da en ciertos
    supuestos, como cirugía estética, odontología, vasectomía), como si deriva
    de una relación extracontractual, es obligación de actividad (o de medios),
    no de resultado".
    En el tema de la responsabilidad médica, que constituye un espacio del
    campo de la responsabilidad sanitaria (responsabilidad del centro médico
    por deficiencias de funcionamiento u organización, negligencias del
    personal, etc.), según indica la STS de 29 de junio de 1999, que "como una
    subespecie de la responsabilidad médica más cerca de la responsabilidad
    sanitaria en general, se sitúa la derivada de conductas que supongan una
    falta de coordinación entre los especialistas que tratan a un paciente, más
    aún cuando tal evento sucede dentro del mismo centro hospitalario".

•   El paciente

    El paciente, es titular de una serie de derechos y obligaciones como tal que
    se resumen en los derechos a procurarse la salud y a obtener asistencia
    sanitaria. En este escrito nos vamos a centrar en el derecho de información
    (que sería también un deber del médico) por su relevancia que vamos a
    detallar a continuación.
    Existe la obligación informar al paciente o en su caso a los familiares del
    mismo, siempre que esto resulte posible, del diagnóstico de la enfermedad
    o lesión que padece, del pronóstico que de su tratamiento pueda
    normalmente esperarse, de los riesgos que del mismo, especialmente si
    éste es quirúrgico, pueden derivarse y, finalmente, y en el caso de que los
    medios de que se disponga en el lugar donde se aplica el tratamiento
    puedan resultar insuficientes, debe hacerse constar tal circunstancia, de
manera que si resultase posible, opte el paciente o sus familiares por el
tratamiento del mismo en otro centro médico más adecuado.
Es alegado en la ST del TC de 17 de enero de 1994 que "La inexistencia de
información es un hecho negativo cuya demostración no puede imponerse a
quien lo alega so pena de imponerle una prueba que puede calificarse de
perversa, contraria al principio de tutela efectiva por implicar indefensión,
prohibida en el art. 24.1 de la CE".
Hemos de destacar que un elemento esencial de la lex artis ad hoc y
esencia del contrato de arrendamiento de servicios médicos es el de la
obligación de informar al paciente o, en su caso, a los familiares del mismo.
Para definir lo que se puede estimar como información correcta hay que
recurrir al art. 10.5 Ley 14/1986, de 25 de abril (Ley General de Sanidad)
(RCL 19861316), precepto que especifica que el paciente o sus familiares
tienen derecho a que, en términos comprensibles para él y sus allegados,
se les dé información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su
proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.
En resumen, el consentimiento prestado por el enfermo o sus parientes ha
de ser informado. Tal información comprenderá, para no incurrir en
responsabilidad, el diagnóstico de la enfermedad o lesión que se padece, el
pronóstico que de su tratamiento puede esperarse y los riesgos del mismo.
En Sentencia de 16 de octubre de 1998 se decía: " es cierto que la Ley
26/1984, de 19 de julio (RCL 19841906 y ApNDL 2943), General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, determinó la expresa obligación
de informar al paciente [...] se desprende que el derecho del enfermo de ser
informado de las posibles consecuencias de las intervenciones quirúrgicas,
y, por otro lado, resulta incuestionable que el deber informativo forma parte
de las normas deontológicas de los Colegios Médicos y su observancia,
además, es una elemental aplicación derivada de principios lógicos, morales
y éticos indiscutibles, sin que, por tanto, la obligación informativa quepa
reducirla al rango de una costumbre usual existente en el ámbito médico-
    hospitalario".

•   La clínica

    La responsabilidad de la clínica por los daños imputados al médico que
    ejerce su profesión mediante el uso de instalaciones en virtud de acuerdos
    con ella a este fin, dependerá si el profesional está unido a ella por
    relaciones de dependencia o subordinación.
    Así, el vínculo contractual de un paciente con un centro hospitalario
    implicará la asunción de las obligaciones y responsabilidades por parte de
    este. El contrato de hospitalización o de clínica engloba los supuestos en
    que se puedan contratar servicios extramédicos como el alojamiento y
    asistenciales, además de los servicios médicos propiamente dichos.

•   La aseguradora

    La responsabilidad contractual entre aseguradora y asegurado obliga a
    aquélla a prestar la asistencia no sólo correspondiente al padecimiento de
    cada enfermo, sino la más segura y eficaz que alcanza a la elección del
    facultativo adecuado y que se pone al servicio del cliente, el que resulta
    defraudado si la asistencia recibida resulta incorrecta con graves
    consecuencias en su salud, derivadas de la actuación carente de la
    diligencia y pericia debida del facultativo que practicó la operación y atendió
    también al enfermo; acreditando todo ello una actuación carente de cuidado,

•   Sujetos diferentes a los contratantes

    Ya que la prestación del médico es personalísima, no podrá ser realizada
    por medio de representantes. La utilización de auxiliares y ayudantes
comporta su responsabilidad in vigilando para los actos perjudiciales de
    éstos, aplicando el art. 1903 del CC.
    La responsabilidad civil de los sanitarios no es, por tanto, consecuencia de
    la conducta de sujetos ajenos a la relación que colaboran como sanitarios
    en el mismo nivel profesional o en concepto de auxiliares y dependientes.
    La responsabilidad derivada de la propia conducta se regula en el art. 1902
    del CC. la derivada de actos de terceros se prevé en el art. 1903. En este
    segundo supuesto ha de distinguirse la actuación en equipo de grupos de
    médicos y cuando el médico o equipo depende de una clínica, o, cuando
    por el contrario, no existe esa dependencia del establecimiento sanitario.
    Desde la perspectiva privada, la dirección de la clínica ha de responder por
    los daños causados por sus auxiliares y dependientes, siempre y cuando
    exista relación de dependencia o colaboración del responsable con el autor
    del daño y que éste se cause en el servicio que se le mandó.
    Respecto a los casos en que pueda concurrir responsabilidad solidaria entre
    los diferentes sujetos cuando existe "pluralidad de agentes a los que
    alcanza la responsabilidad por ilícito culposo, con la convergencia de
    incidencia causal única, sin que sea posible individualizar los respectivos
    comportamientos y las derivadas responsabilidades".
    VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO

•   La carga de la prueba

    A este respecto debemos tener en cuenta, según reiterada jurisprudencia
    que se resumía en Sentencia de 16 de diciembre de 1997 (RJ 19978690):
    1) Ante todo conflicto tendente a exigir responsabilidad al autor de una
    conducta o ilícito, la carga de la prueba prevista en el art. 1214 CC, es
    inevitable: El actor o perjudicado debe probar la obligación cuyo
    cumplimiento reclama, y el demandado la extinción de esa obligación por su
no incumplimiento; en consecuencia, aquel actor habrá de acreditar no sólo
la existencia de la obligación, sino que el obligado no la ha cumplido por no
actuar adecuadamente en la observancia de su prestación.
2) Trasladada esa teoría a las clases de responsabilidad contractual y
extracontractual -pues en ambas opera.
3) Respecto a la responsabilidad médica, normalmente, de tipo contractual,
porque haya un contrato de asistencia, directo o a través de Entidad o SS, o
se integre merced al mismo acto médico, el mecanismo de prueba de
responsabilidad será contractual: el actor o paciente habrá de acreditar, no
sólo el daño sino la autoría y relación de causalidad y hasta la infracción de
los deberes profesionales o "lex artis ad hoc"; de ahí que se afirme, desde
siempre, que al ser la obligación del médico, la de observar esos deberes
asistenciales y no el resultado sin derivar el daño o mal del paciente, sin
más, la responsabilidad del médico.
4) Cuando se califica la responsabilidad del médico de extracontractual la
jurisprudencia ha sostenido la excepción a referida inversión del "onus
probandi" o el seguimiento de que "al actor le incumbe la prueba", con lo
que, por este camino, se alcanza igual solución a la de la contractual.
5) Es incorrecto presumir la culpa del médico en base al art. 1183 CC que
implica simplificar el problema y desconocer que este artículo sólo se refiere
a las obligaciones de dar al incumplirse. Tampoco se presume la culpa del
deudor en base al art. 1098, 1099,1103 ni del 1104 del CC.
También debemos mencionar que en sede de responsabilidad médica
(contractual y extracontractual) la culpa requiere relación de causalidad
entre el daño o mal del paciente y la actuación médica ha de probarla el
paciente, salvo las excepciones sobre la inversión de la carga de la prueba.
No puede olvidarse que la carga de la prueba se atribuye a la víctima, y así
lo contemplan las STS de 16 de octubre de 1989 y 24 de mayo de 1990 que
afirman que "en los supuestos de responsabilidad por infracción de deberes
profesionales o de la lex artis no es de general aplicación la inversión de la
    carga de la prueba. Siendo entonces el paciente el que debe probar la
    relación de causalidad y de la culpa.
    Tal y como se ha evidenciado en este escrito, la jurisprudencia tiene
    reiteradamente declarado que la obligación del profesional sanitario no es la
    de obtener en todo caso la recuperación del enfermo, o lo que es igual, no
    es la suya una obligación de resultados, sino una obligación de medios,
    estando obligado solamente a proporcionar al enfermo todos los cuidados
    que éste requiera, según el estado de la ciencia y la denominada lex artis
    ad hoc.
    Según Sentencia del Tribunal Supremo de 28 diciembre "En la conducta de
    los profesionales de la medicina queda, en general, descartada toda clase
    de responsabilidad más o menos objetiva, no operando en estos casos la
    inversión de la carga de la prueba, admitida para otros supuestos; corriendo
    finalmente a cargo del demandante la carga de la prueba de la existencia de
    culpa, así como el de la relación o nexo causal entre ésta y el resultado
    dañoso".

•   Relación entre médico y enfermo

    En general, la relación entre médico y enfermo tiene su base en el contrato
    de servicios, aunque presenta relevantes diferencias con el típico contrato
    de servicios que implica una obligación de resultado. Mientras que el
    contrato de servicios celebrado entre médico y paciente es una obligación
    de medios. Ya se ha explicado ampliamente en qué consiste dicha
    obligación, de modo que a continuación enumeraremos las diferentes
    relaciones contractuales que pueden surgir:
    CONTRATO DE SERVICIOS
Los daños derivados del tratamiento se originan en el cumplimiento
defectuaoso del contrato, por ello sus efectos vendrían recogidos en los
arts. 1101 y ss del CC. Sin embargo, pueden existir numerosos supuestos
de hecho y es posible que puedan surgir relaciones extracontracuales
aunque de origen contractual.
A la forma normal de contrato de servicios, puede añadirse contratos de
obra de asistencia médica, así como los casos en que la misma asistencia
se basa en una gestión de negocios sin mandato (arts. 1888 y ss. del CC).
Si la asistencia es consecuencia del accidente de una persona inconsciente
que no puedo prestar su consentimiento expreso, el médico respondería por
los perjuicios derivados de su culpa o negligencia (art. 1889 CC). Para el
caso que el paciente obtenga beneficio de esta asistencia, este debe
indemnizar al medico respecto los gastos necesarios y también por las
obligaciones contraidas en su interés (art. 1893). De esta forma, deberá
pagar los honorarios del profesional en medicina que haya ido encaminado
a evitar algún daño inminente.
Para el caso que las consecuencias perjudiciales de la asistencia médica no
deriven de un contrato, tal como se ha mencionado, han de regularse por
los arts. 1902 CC. Si la conducta puede ser calificada como incumplimiento
de una obligación y acto ilícito, el perjudicado podrá elegir entre invocar el
arto 1902 o las normas contractuales infringidas. El incumplimiento del
contrato de servicios implica la lesión de los derechos de la personalidad del
paciente, lo que justifica la aplicación de normas extracontractuales. El acto
ilícito por omisión de curas urgentes y ausencia de asistencia pedida
estarían   encardinadas     en    el   supuesto    de    la   responsabilidad
extracontractual.
Otra forma de contrato de servicios consiste en facilitar el tratamiento
médico además del alojamiento y cuidados. El enfermo realizaría dos
contratos: uno con el médico, para el tratamiento oportuno, y otro con el
hospital para alojamiento y cuidados. Respecto a al relación con el médico,
no se trata de una relación contractual con el paciente, aunque ello no es
óbice de que puedan derivarse responsabilidades por culpa, es decir,
extracontractuales. En este caso, se debe tener en cuenta si los daños tiene
su origen en el incumplimiento por parte del hospital o por parte del médico
y, de esta forma, determinar cuáles son los sujetos responsables.
En función de la tipología de la relación entre el enfermo y el profesional
médico, las consecuencias legales del daño causado serán diferentes. Así
se expone un cuadro ejemplificativo de distintas situaciones que pueden
plantearse:

RELACIÓN           TIPO         DE SUPUESTO                   CONSECUENCIA
CONTRACTUAL RELACIÓN                                          JURÍDICA
Sí                 Contrato     de Daños derivados de Ar. 1101 CC
                   servicios       la       culpa        o
                   entre médico negligencia             del
                   y paciente      médico
                   Contrato     de Daños por culpa o Ar.1889.1 CC
                   servicios más negligencia            del
Sí
                   contrato     de médico
                   asistencia      Culpa o negligencia Ar. 1893 CC
                   médica          del paciente
No                 ---             No   asistir     a   un 1902 y ss CC
                                   sujeto   en      estado
                                   grave
Debe señalarse que se puede plantear tipología específica, por ejemplo el
"Contrato desdoblado de asistencia en hospital" que implica la celebración
de dos contratos: contrato con el médico para tratamiento y contrato con
hospital para cuidados y alojamiento. En este caso, la responsabilidad
    puede ser tanto contractual como extracontractual.
    SUPUESTOS CONCRETOS

•   Cirugía

    Los supuestos de cirugía estética son regulados no por contratos de
    prestación de servicios, sino de contrato de ejecución de obra , por tanto en
    este tipo de contrato sí existe una obligación de resultado. Existe diferencias
    doctrinales sobre la separación entre una cirugía estética y otra reparadora,
    dudando incluso si la obligación es medios o de resultado. Delimitando, por
    ejemplo, FERNÁNDEZ COSTALES dichas precisiones, aunque a grandes
    rasgos podemos decir que la cirugía estética sería aquella que tiene por
    finalidad reparar los defectos de la naturaleza, mientras que la cirugía
    reparadora tiene como fin reparar diversas enfermedad congénitas o
    adquiridas.
    Constatan las Sentencias de 3 de diciembre de 1991 y 16 de abril de 1991,
    entre otras, que la cirugía estética no puede realizarse sin tener en cuenta
    las complicaciones que pueden sobrevenirle al paciente por dolencias o que
    puedan surgir.

•   Anestesistas

    La doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Civil de 12 de
    diciembre de 1998 establece que "La responsabilidad civil de los
    anestesistas se exige cuando éstos no son rigurosos en la observancia y
    aplicación de las reglas y técnicas de esta especialidad médica, cuya
    funcionalidad no es la directa curación del enfermo, sino la de facilitar
    medios y proporcionar estados insensibles al dolor para propiciar la
    realización de actividades de diagnóstico, quirúrgicas y terapéuticas, lo que
necesariamente impone la máxima atención y concentración en la
aplicación del acto anestésico de los estándares que tienen como objetivo
su seguridad y éxito, y entre éstos resulta imprescindible en todo momento
la oxigenación, ventilación y circulación del paciente".
En todo caso, para que el anestesista sea responsable deben concurrir los 3
requisitos de :

   1. Producción de un daño
   2. Negligencia en la conducta de quien lo causó
   3. Relación de causalidad entre la conducta de agente y del daño
      causado.

CONCLUSIÓN
Es claro que el ejercicio de la profesión médica no es una ciencia exacta
que pueda garantizar unos resultados satisfactorios en todo caso. Sin
embargo, como ya se ha visto, sí se exigen unos cuidados y actuaciones en
cuanto al médico, los instrumentos que utiliza, la clínica... que deben ser
respetadas y sin cuyo respeto sí pueden surgir responsabilidades.
Independiente es, como se ha dicho también que la responsabilidad sea
contractual o extracontractual, porque en ambos casos será posible el
resarcimiento del daño si se prueba que ha sido este consecuencia directa
de negligencia.
Ante todo, se ha de tener en cuanta que la medicina ha evolucionado
mucho en estos años, por un lado en procesos técnicos y también en el
aspecto de la realación médico-paciente. Atrás quedaron bases de datos los
años en que el doctor era una persona de confianza, ahora que el
profesional de la medicina sea un desconocido influye en que el paciente no
tenga ningún reparo en reclamar indemnización a un sujeto extraño. Esta
situación ha influido positiva y negativamente, por un lado el paciente siente
que tiene "armas" para defenderse en caso de daños, por otro lado se le
    imputarán al médico resultados nefastos, cuando como ya se ha tratado
    extensamente, el profesional de la medicina está únicamente obligado a
    poner la diligencia y medios adecuados pero no podrá asegurar un
    resultado favorable en todo caso.
    Por otro lado, la finalidad de la responsabilidad civil de reparar el daño
    causado, debe tenerse en cuenta en todo momento. Es por ello que se
    deben moderar los principios de causalidad, culpa y carga de la prueba,
    teniendo en cuenta el caso concreto y las circunstancias que han motivado
    la exigencia de responsabilidad.
    De cualquier forma, hay muchos aspectos a tener en cuenta, y por ello se
    recomienda encarecidamente la cobertura de un seguro de responsabilidad
    civil profesional para todos los sujetos implicados.
    BIBLIOGRAFÍA

•   CLARA I. ASÚA GONZÁLEZ, AAVV, Tratado de responsabilidad civil,
    Elcano, Aranzadi, 2002
•   P. GONZÁLEZ POVEDA, AAVV, Tratado de derecho civil : teoría y práctica,
    Barcelona, Bosch, 2003
•   JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ,. Derecho de daños, Barcelona,
    Bosch, 1997
•   JUAN     ANTONIO      MORENO        MARTÍNEZ,      AAVV,   Perfiles   de   la
    responsabilidad civil en el nuevo milenio, Madrid, Dykinson, 2000
•   SANTOS BRIZ, J., La responsabilidad civil. Temas actuales, Montecorvo,
    Madrid, 2001
•   YZQUIERDO T., La responsabilidad civil contractual y la responsabilidad
    civil extracontractual, Madrid , 1993

    JURISPRUDENCIA CONSULTADA
•   RJ 19999150 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1189/1999 (Sala de lo
    Civil), de 31 diciembre
•   RJ 19999496 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1136/1999 (Sala de lo
    Civil), de 30 diciembre
•   RJ 19999752 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1181/1999 (Sala de lo
    Civil), de 30 diciembre
•   RJ 19999754 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1167/1999 (Sala de lo
    Civil), de 30 diciembre
•   RJ 19999747 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1087/1999 (Sala de lo
    Civil), de 21 diciembre
•   RJ 19998532 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1045/1999 (Sala de lo
    Civil), de 3 diciembre
•   RJ 19998527 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1020/1999 (Sala de lo
    Civil), de 1 diciembre
•   RJ 19998057 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 923/1999 (Sala de lo
    Civil), de 10 noviembre
•   RJ 19997998 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 922/1999 (Sala de lo
    Civil), de 2 noviembre
•   RJ 19997272 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 766/1999 (Sala de lo
    Civil), de 24 septiembre
•   RJ 19994895 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 593/1999 (Sala de lo
    Civil), de 29 junio
•   RJ 19993359 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 445/1999 (Sala de lo
    Civil), de 24 mayo
•   RJ 19993925 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 450/1999 (Sala de lo
    Civil), de 24 mayo
•   RJ 19992615 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 306/1999 (Sala de lo
    Civil), de 14 abril
•   RJ 19992611 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 325/1999 (Sala de lo
    Civil), de 13 abril
•   RJ 19991997 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 195/1999 (Sala de lo
    Civil), de 12 marzo
•   RJ 19991368 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 184/1999 (Sala de lo
    Civil), de 9 marzo
•   RJ 19909994 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 11
    diciembre 1990
•   RJ 19909042 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 23
    noviembre 1990
•   RJ 19908528 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 6
    noviembre 1990
•   RJ 19905780 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 6 julio
    1990
•   RJ 1990668 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 7 febrero
    1990
•   RJ 19987565 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 956/1998 (Sala de lo
    Civil), de 16 octubre
•   RJ 19984074 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 492/1998 (Sala de lo
    Civil), de 29 mayo
•   RJ 19982055 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 361/1998 (Sala de lo
    Civil), de 17 abril
•   RJ 19981284 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 221/1998 (Sala de lo
    Civil), de 12 marzo
•   RJ 20009303 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1086/2000 (Sala de lo
    Civil), de 28 noviembre
•   RJ 20009206 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1009/2000 (Sala de lo
    Civil), de 2 noviembre
•   RJ 20009197 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 942/2000 (Sala de lo
    Civil), de 23 octubre
•   RJ 20008808 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 962/2000 (Sala de lo
    Civil), de 17 octubre
•   RJ 20042323 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 274/2004 (Sala de lo
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•   RJ 20041668 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 267/2004 (Sala de lo
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•   RJ 20042146 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 203/2004 (Sala de lo
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    Carmen García M.
    carmen.garcia@ua.es
    Licenciada en Derecho
    Elche

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  • 1. La responsabilidad civil de los profesionales de la medicina 1. Planteamiento 2. Naturaleza de la responsabilidad 3. Sujetos responsables 4. Variables que intervienen en el proceso 5. Supuestos concretos 6. Conclusión 7. Bibliografía 8. Jurisprudencia consultada PLANTEAMIENTO La mayor parte de supuestos de responsabilidad médica son objeto, actualmente, del contencioso-administrativo, así lo establecen la Ley 30/1992 y la Ley 29/1998, entre otras. El conflictivo tema del orden jurisdiccional competente para conocer de las pretensiones sobre responsabilidad civil respecto los actos médicos que lo originan, a la Administración Sanitaria o entidad de la Seguridad Social, se había manifestado en problemas, sobre todo a partir de la promulgación de la Ley 30/1992, dando ocasión a criterios jurisprudenciales no concordes, según el orden jurisdiccional al que se acudía en petición de tutela judicial. En este momento, no cabe duda que corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las pretensiones dirigidas contra la Administración sanitaria y sus entidades, cualquier que sea la naturaleza de la actividad que determine el nacimiento de la responsabilidad, según las disposiciones en vigor (artículo 2 de la Ley 29/1998, disposición adicional duodécima de la Ley 4/1999 incorporada a la Ley 30/1992; y el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En particular, el Derecho Civil se encarga concretamente de aquellos supuestos que se planteen en el ámbito de la medicina privada. La Jurisdicción Civil enjuiciará la actuación de las entidades públicas siempre y cuando esta no se produzca dentro de las facultades soberanas de la
  • 2. Administración Pública, sino que su actuación ha de asimilarse a las privadas. Una vez centrada la competencia de la Jurisdicción Civil, en este trabajo, se va a proceder a exponer los tipos de responsabilidad susceptibles de generarse a partir de dichos daños, se nombrarán los sujetos que intervienen en dichos procesos relatando sus derechos y obligaciones y se describirán las principales variables que hemos de tener en cuenta para determinar las consecuencias jurídicas. En un apartado posterior, se hará referencia al campo de la cirugía, el cual se considera específico por las puntuales características de esta materia que se mostrarán en dicho capítulo. Finalmente, se concluirá haciendo un juicio final a la luz de la materia recogida en este trabajo. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD La diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual ha sido una cuestión polémica, de hecho, la jurisprudencia no ha llegado a ofrecer una diferenciación clara sino que además en algunos casos califica la responsabilidad como contractual y extracontractual simultáneamente. De esta forma, incluso en ocasiones se puede optar entre exigir una u otra y, se admite la compatibilidad entre la culpa contractual y extracontractual, produciendo ambas el deber indiscutible de reparar las consecuencias dañosas causadas. Por otro lado, respecto a las diferencias entre una y otra responsabilidad, la sentencia de 18 de octubre de 1983 establece que "siendo manifiesta la incompatibilidad entre la responsabilidad contractual, que presupone la existencia de un contrato, y la extracontractual establecida precisamente para los supuestos en que no exista relación alguna entre el responsable y el perjudicado, pues si bien es cierto que ambas responsabilidades tienen presupuestos comunes, especialmente la producción de un daño y la existencia de culpa, las acciones son distintas tanto en la existencia de
  • 3. contrato en la primera y no en la segunda, cuanto en la graduación de la responsabilidad, más fuerte en la acción contractual que en la extracontractual y finalmente en cuanto a los plazos de prescripción que son el de 15 años en la contractual y en de un año en la extracontractual. [...] Cierta la diferenciación entre el régimen de la responsabilidad contractual (arts. 1101 y siguientes) y extracontractual (1902 y siguientes), en los supuestos de las de una y otra naturaleza se inscribe una conducta antijurídica originadora de un mal que ha de ser reparado, como el propio motivo recuerda, por lo cual, al lado de las diferencias entre ambos regímenes (distinto origen; exigencia de capacidad para contratar cuando la aquiliana pueda nacer sin ella; diferente plazo prescriptivo; obligación en la aquiliana de probar la culpa, que no se precisa en la contractual; grado de culpa exigible; extensión de la reparación; responsabilidad solidaria de las nacidas «ex delicto», etc.) lo que ciertamente importa es evitar la duplicidad de las indemnizaciones pues siquiera en principio la responsabilidad contractual desplaza a la aquiliana, ni faltan ejemplos en contrario -como los significados por las SS. de esta Sala de 8 junio 1962 y 3 octubre 1967 (RJ 19673712)- ni la separación originaria impide que se apliquen indistintamente preceptos que por ello deben reputarse comunes". La Doctrina moderna está cada vez más acercando estos dos sectores de la responsabilidad civil. Aunque no faltan los autores, como YZQUIERDO TOLSADA que se replantean su postura, unas veces abogando por la unificación total de regímenes y otras apuntando una opinión moderada al respecto. Sin más preámbulo, se va a desarrollar cada una de estas esferas de responsabilidad. • Responsabilidad contractual
  • 4. En términos generales, la responsabilidad civil contractual es aquella en la que el hecho dañoso viene producido como resultado del incumplimiento de un contrato. De esta forma el artículo 1101 del C.C. establece que "quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas". Para determinar la existencia de responsabilidad contractual, es preciso un contrato válido entre el supuesto responsable y la víctima, así como que el daño sea directamente imputable al incumplimiento. De esta forma, se requiere una relación jurídica precedente, ello implica que n es necesario que exista propiamente un contrato sino que con una relación previa y análoga es suficiente. En la responsabilidad contractual, , tal y como reconoce la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril del 1999 "el acreedor o perjudicado que acciona el proceso deberá acreditar la obligación y características de la prestación -si es de hacer o de dar, si es de medios o de resultado- así como el no cumplimiento porque el deudor no ha actuado bajo la observancia de los deberes de esa prestación (art. 1101 CC), al no concurrir la exoneración del "casus" del art. 1105 CC, mientras que el deudor puede oponer, previa prueba, el pago o cumplimiento". Por el contrario, en la responsabilidad extracontractual, "el perjudicado o dañado, habrá de acreditar no sólo ese daño -es el subrogado de la obligación precedente- sino la autoría de la conducta dañosa, el nexo causal y la voluntariedad de esa autoría por infringirse deberes de prevención o el general "naeminem laedere"" Una jurisprudencia muy vetusta establece perjudicado que accione le basta con acreditar el daño, del que ya, sin más, resultarán los demás presupuestos de la responsabilidad del autor -acción, culpa o infracción, deberes y nexo-, salvo prueba de no culpa a cargo de éste o demandado.
  • 5. Responsabilidad extracontractual La responsabilidad aquiliana surge sin previa relación obligatoria, sino del deber de conducta de no dañar a los demásy que recoge el artículo 1902 del CC "el que por acción u omisión causa daños a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". Por tanto, la responsabilidad extracontractual es la derivada de un acto ilícito, según reiterada jurisprudencia. Los requisitos para exigir dicha responsabilidad son: 1. Una acción u omisión ilícita 2. La constancia de un daño causado 3. La culpabilidad 4. Un nexo causal entre el acto ilícito y el daño producido En el art. 1903 del CC se constata que dicha responsabilidad no existirá cuando se pruebe que ha sido empleada la diligencia debida para prevenir el daño. A contrario sensu, existirá responsabilidad si el sujeto no empleó la digiligencia requerida. Según la sentencia de 9 de julio de 1984, la peculiaridad de este tipo de responsabilidad es que "en la reclamación extracontractual el vínculo obligacional surge después de producido el evento indemnizable, como consecuencia de las normas generales impuestas por la convivencia y de la aplicación del principio alterum non laedere, por lo que dicho nexo no constituye un prius como en la culpa contractual, sino un posterius, lo que indica que el ámbito de aplicación de ambas clases de culpa es competamente diferente e independiente". De esta forma, la indemnización exigible en el acto ilícito extracontactual, la relación obligatoria emana por primera vez al producirse el daño. SUJETOS RESPONSABLES
  • 6. En general, los sujetos que pueden ser responsables en el campo de la medicina privada son: • El médico • La clínica • La aseguradora • Sujetos diferentes a los contratantes Sin embargo, para determinar quién es responsable, contractual o extracontractualmente, de un daño producido en el ámbito de la medicina privada, hemos de acudir al caso concreto; y sólo después de un examen sobre el supuesto planteado se podrá determinar cuál o cuáles son los sujetos responsables. • El médico La naturaleza de la obligación del médico, tanto si procede de contrato (contrato de prestación de servicios, de obra...) o como si deriva de una relación extracontractual, se trata de una obligación de medios, no de resultado. De esta forma, el médico está obligado a recobrar la salud del paciente (resultado) sino a prestar el servicio más adecuado para obtener un resultado satisfactorio. El deudor de obligación de actividad (médico) ejecuta la prestación consistente en una ejecución adecuada, sin requerir que llegue a darse el resultado. Para apreciar incumplimiento, por tanto, se requiere negligencia por parte del prestador de servicios, independientemente de la consecución del resultado. El médico se obliga a emplear la diligencia adecuada, y no garantiza la sanidad del enfermo el médico no se compromete a curar, sino a intentar curar. La obligación de medios comprende:
  • 7. 1. Utilizar cuantos elementos conozca la ciencia médica de acuerdo con las circunstancias del paciente concreto. 2. La información al paciente, o a los familiares del mismo, del diagnóstico, pronóstico, tratamiento y riesgos, especialmente en el supuesto de intervenciones quirúrgicas. El deber en las afecciones crónicas se extiende a los avatares que comporta el control de la enfermedad. 3. la continuidad del tratamiento hasta el alta. Llegado a este punto, se ha de destacar la la lex artis ad hoc para la valoración de la negligencia profesional, cuya regla significa que "los criterios médicos a desarrollar se ceñirán a los que se estiman correctos para una actuación concreta, siempre en base a la libertad clínica y a la prudencia". Según las SSTS de 25 de abril de 1994 (RJ 19943073) y 2 de octubre de 1997 (RJ 19977405), tal y como se ha señalado en este trabajo, se debe tomar en consideración el caso concreto donde se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla, así como las incidencias inseparables a una actuación profesional normal, teniendo en cuenta las especiales características del realizador del acto médico, de la profesión, de la complejidad del caso, de la transcendencia vital del paciente y, en su caso, de la influencia de otros factores para calificar dicho acto como conforme o no a la técnica media normal requerida. En cuanto a la naturaleza de la obligación del médico se ha de probar una conducta productora, en nexo causal, del daño y se acreditado que su actuación no fue correcta. En este sentido, se sigue la posición mantenida por la STS de 29 de junio de 1999 (RJ 19994895), que transcribimos literalmente: "conviene recordar la doctrina jurisprudencial muy reiterada; como dice la STS de 13 de diciembre de 1997 (RJ 19978816) y reitera la
  • 8. de 9 de diciembre de 1998 (RJ 19989427), la naturaleza de la obligación del médico, tanto si procede de contrato (contrato de prestación de servicios; distinto es el caso si el contrato es de obra, lo que se da en ciertos supuestos, como cirugía estética, odontología, vasectomía), como si deriva de una relación extracontractual, es obligación de actividad (o de medios), no de resultado". En el tema de la responsabilidad médica, que constituye un espacio del campo de la responsabilidad sanitaria (responsabilidad del centro médico por deficiencias de funcionamiento u organización, negligencias del personal, etc.), según indica la STS de 29 de junio de 1999, que "como una subespecie de la responsabilidad médica más cerca de la responsabilidad sanitaria en general, se sitúa la derivada de conductas que supongan una falta de coordinación entre los especialistas que tratan a un paciente, más aún cuando tal evento sucede dentro del mismo centro hospitalario". • El paciente El paciente, es titular de una serie de derechos y obligaciones como tal que se resumen en los derechos a procurarse la salud y a obtener asistencia sanitaria. En este escrito nos vamos a centrar en el derecho de información (que sería también un deber del médico) por su relevancia que vamos a detallar a continuación. Existe la obligación informar al paciente o en su caso a los familiares del mismo, siempre que esto resulte posible, del diagnóstico de la enfermedad o lesión que padece, del pronóstico que de su tratamiento pueda normalmente esperarse, de los riesgos que del mismo, especialmente si éste es quirúrgico, pueden derivarse y, finalmente, y en el caso de que los medios de que se disponga en el lugar donde se aplica el tratamiento puedan resultar insuficientes, debe hacerse constar tal circunstancia, de
  • 9. manera que si resultase posible, opte el paciente o sus familiares por el tratamiento del mismo en otro centro médico más adecuado. Es alegado en la ST del TC de 17 de enero de 1994 que "La inexistencia de información es un hecho negativo cuya demostración no puede imponerse a quien lo alega so pena de imponerle una prueba que puede calificarse de perversa, contraria al principio de tutela efectiva por implicar indefensión, prohibida en el art. 24.1 de la CE". Hemos de destacar que un elemento esencial de la lex artis ad hoc y esencia del contrato de arrendamiento de servicios médicos es el de la obligación de informar al paciente o, en su caso, a los familiares del mismo. Para definir lo que se puede estimar como información correcta hay que recurrir al art. 10.5 Ley 14/1986, de 25 de abril (Ley General de Sanidad) (RCL 19861316), precepto que especifica que el paciente o sus familiares tienen derecho a que, en términos comprensibles para él y sus allegados, se les dé información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. En resumen, el consentimiento prestado por el enfermo o sus parientes ha de ser informado. Tal información comprenderá, para no incurrir en responsabilidad, el diagnóstico de la enfermedad o lesión que se padece, el pronóstico que de su tratamiento puede esperarse y los riesgos del mismo. En Sentencia de 16 de octubre de 1998 se decía: " es cierto que la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 19841906 y ApNDL 2943), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, determinó la expresa obligación de informar al paciente [...] se desprende que el derecho del enfermo de ser informado de las posibles consecuencias de las intervenciones quirúrgicas, y, por otro lado, resulta incuestionable que el deber informativo forma parte de las normas deontológicas de los Colegios Médicos y su observancia, además, es una elemental aplicación derivada de principios lógicos, morales y éticos indiscutibles, sin que, por tanto, la obligación informativa quepa
  • 10. reducirla al rango de una costumbre usual existente en el ámbito médico- hospitalario". • La clínica La responsabilidad de la clínica por los daños imputados al médico que ejerce su profesión mediante el uso de instalaciones en virtud de acuerdos con ella a este fin, dependerá si el profesional está unido a ella por relaciones de dependencia o subordinación. Así, el vínculo contractual de un paciente con un centro hospitalario implicará la asunción de las obligaciones y responsabilidades por parte de este. El contrato de hospitalización o de clínica engloba los supuestos en que se puedan contratar servicios extramédicos como el alojamiento y asistenciales, además de los servicios médicos propiamente dichos. • La aseguradora La responsabilidad contractual entre aseguradora y asegurado obliga a aquélla a prestar la asistencia no sólo correspondiente al padecimiento de cada enfermo, sino la más segura y eficaz que alcanza a la elección del facultativo adecuado y que se pone al servicio del cliente, el que resulta defraudado si la asistencia recibida resulta incorrecta con graves consecuencias en su salud, derivadas de la actuación carente de la diligencia y pericia debida del facultativo que practicó la operación y atendió también al enfermo; acreditando todo ello una actuación carente de cuidado, • Sujetos diferentes a los contratantes Ya que la prestación del médico es personalísima, no podrá ser realizada por medio de representantes. La utilización de auxiliares y ayudantes
  • 11. comporta su responsabilidad in vigilando para los actos perjudiciales de éstos, aplicando el art. 1903 del CC. La responsabilidad civil de los sanitarios no es, por tanto, consecuencia de la conducta de sujetos ajenos a la relación que colaboran como sanitarios en el mismo nivel profesional o en concepto de auxiliares y dependientes. La responsabilidad derivada de la propia conducta se regula en el art. 1902 del CC. la derivada de actos de terceros se prevé en el art. 1903. En este segundo supuesto ha de distinguirse la actuación en equipo de grupos de médicos y cuando el médico o equipo depende de una clínica, o, cuando por el contrario, no existe esa dependencia del establecimiento sanitario. Desde la perspectiva privada, la dirección de la clínica ha de responder por los daños causados por sus auxiliares y dependientes, siempre y cuando exista relación de dependencia o colaboración del responsable con el autor del daño y que éste se cause en el servicio que se le mandó. Respecto a los casos en que pueda concurrir responsabilidad solidaria entre los diferentes sujetos cuando existe "pluralidad de agentes a los que alcanza la responsabilidad por ilícito culposo, con la convergencia de incidencia causal única, sin que sea posible individualizar los respectivos comportamientos y las derivadas responsabilidades". VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO • La carga de la prueba A este respecto debemos tener en cuenta, según reiterada jurisprudencia que se resumía en Sentencia de 16 de diciembre de 1997 (RJ 19978690): 1) Ante todo conflicto tendente a exigir responsabilidad al autor de una conducta o ilícito, la carga de la prueba prevista en el art. 1214 CC, es inevitable: El actor o perjudicado debe probar la obligación cuyo cumplimiento reclama, y el demandado la extinción de esa obligación por su
  • 12. no incumplimiento; en consecuencia, aquel actor habrá de acreditar no sólo la existencia de la obligación, sino que el obligado no la ha cumplido por no actuar adecuadamente en la observancia de su prestación. 2) Trasladada esa teoría a las clases de responsabilidad contractual y extracontractual -pues en ambas opera. 3) Respecto a la responsabilidad médica, normalmente, de tipo contractual, porque haya un contrato de asistencia, directo o a través de Entidad o SS, o se integre merced al mismo acto médico, el mecanismo de prueba de responsabilidad será contractual: el actor o paciente habrá de acreditar, no sólo el daño sino la autoría y relación de causalidad y hasta la infracción de los deberes profesionales o "lex artis ad hoc"; de ahí que se afirme, desde siempre, que al ser la obligación del médico, la de observar esos deberes asistenciales y no el resultado sin derivar el daño o mal del paciente, sin más, la responsabilidad del médico. 4) Cuando se califica la responsabilidad del médico de extracontractual la jurisprudencia ha sostenido la excepción a referida inversión del "onus probandi" o el seguimiento de que "al actor le incumbe la prueba", con lo que, por este camino, se alcanza igual solución a la de la contractual. 5) Es incorrecto presumir la culpa del médico en base al art. 1183 CC que implica simplificar el problema y desconocer que este artículo sólo se refiere a las obligaciones de dar al incumplirse. Tampoco se presume la culpa del deudor en base al art. 1098, 1099,1103 ni del 1104 del CC. También debemos mencionar que en sede de responsabilidad médica (contractual y extracontractual) la culpa requiere relación de causalidad entre el daño o mal del paciente y la actuación médica ha de probarla el paciente, salvo las excepciones sobre la inversión de la carga de la prueba. No puede olvidarse que la carga de la prueba se atribuye a la víctima, y así lo contemplan las STS de 16 de octubre de 1989 y 24 de mayo de 1990 que afirman que "en los supuestos de responsabilidad por infracción de deberes
  • 13. profesionales o de la lex artis no es de general aplicación la inversión de la carga de la prueba. Siendo entonces el paciente el que debe probar la relación de causalidad y de la culpa. Tal y como se ha evidenciado en este escrito, la jurisprudencia tiene reiteradamente declarado que la obligación del profesional sanitario no es la de obtener en todo caso la recuperación del enfermo, o lo que es igual, no es la suya una obligación de resultados, sino una obligación de medios, estando obligado solamente a proporcionar al enfermo todos los cuidados que éste requiera, según el estado de la ciencia y la denominada lex artis ad hoc. Según Sentencia del Tribunal Supremo de 28 diciembre "En la conducta de los profesionales de la medicina queda, en general, descartada toda clase de responsabilidad más o menos objetiva, no operando en estos casos la inversión de la carga de la prueba, admitida para otros supuestos; corriendo finalmente a cargo del demandante la carga de la prueba de la existencia de culpa, así como el de la relación o nexo causal entre ésta y el resultado dañoso". • Relación entre médico y enfermo En general, la relación entre médico y enfermo tiene su base en el contrato de servicios, aunque presenta relevantes diferencias con el típico contrato de servicios que implica una obligación de resultado. Mientras que el contrato de servicios celebrado entre médico y paciente es una obligación de medios. Ya se ha explicado ampliamente en qué consiste dicha obligación, de modo que a continuación enumeraremos las diferentes relaciones contractuales que pueden surgir: CONTRATO DE SERVICIOS
  • 14. Los daños derivados del tratamiento se originan en el cumplimiento defectuaoso del contrato, por ello sus efectos vendrían recogidos en los arts. 1101 y ss del CC. Sin embargo, pueden existir numerosos supuestos de hecho y es posible que puedan surgir relaciones extracontracuales aunque de origen contractual. A la forma normal de contrato de servicios, puede añadirse contratos de obra de asistencia médica, así como los casos en que la misma asistencia se basa en una gestión de negocios sin mandato (arts. 1888 y ss. del CC). Si la asistencia es consecuencia del accidente de una persona inconsciente que no puedo prestar su consentimiento expreso, el médico respondería por los perjuicios derivados de su culpa o negligencia (art. 1889 CC). Para el caso que el paciente obtenga beneficio de esta asistencia, este debe indemnizar al medico respecto los gastos necesarios y también por las obligaciones contraidas en su interés (art. 1893). De esta forma, deberá pagar los honorarios del profesional en medicina que haya ido encaminado a evitar algún daño inminente. Para el caso que las consecuencias perjudiciales de la asistencia médica no deriven de un contrato, tal como se ha mencionado, han de regularse por los arts. 1902 CC. Si la conducta puede ser calificada como incumplimiento de una obligación y acto ilícito, el perjudicado podrá elegir entre invocar el arto 1902 o las normas contractuales infringidas. El incumplimiento del contrato de servicios implica la lesión de los derechos de la personalidad del paciente, lo que justifica la aplicación de normas extracontractuales. El acto ilícito por omisión de curas urgentes y ausencia de asistencia pedida estarían encardinadas en el supuesto de la responsabilidad extracontractual. Otra forma de contrato de servicios consiste en facilitar el tratamiento médico además del alojamiento y cuidados. El enfermo realizaría dos contratos: uno con el médico, para el tratamiento oportuno, y otro con el
  • 15. hospital para alojamiento y cuidados. Respecto a al relación con el médico, no se trata de una relación contractual con el paciente, aunque ello no es óbice de que puedan derivarse responsabilidades por culpa, es decir, extracontractuales. En este caso, se debe tener en cuenta si los daños tiene su origen en el incumplimiento por parte del hospital o por parte del médico y, de esta forma, determinar cuáles son los sujetos responsables. En función de la tipología de la relación entre el enfermo y el profesional médico, las consecuencias legales del daño causado serán diferentes. Así se expone un cuadro ejemplificativo de distintas situaciones que pueden plantearse: RELACIÓN TIPO DE SUPUESTO CONSECUENCIA CONTRACTUAL RELACIÓN JURÍDICA Sí Contrato de Daños derivados de Ar. 1101 CC servicios la culpa o entre médico negligencia del y paciente médico Contrato de Daños por culpa o Ar.1889.1 CC servicios más negligencia del Sí contrato de médico asistencia Culpa o negligencia Ar. 1893 CC médica del paciente No --- No asistir a un 1902 y ss CC sujeto en estado grave Debe señalarse que se puede plantear tipología específica, por ejemplo el "Contrato desdoblado de asistencia en hospital" que implica la celebración de dos contratos: contrato con el médico para tratamiento y contrato con
  • 16. hospital para cuidados y alojamiento. En este caso, la responsabilidad puede ser tanto contractual como extracontractual. SUPUESTOS CONCRETOS • Cirugía Los supuestos de cirugía estética son regulados no por contratos de prestación de servicios, sino de contrato de ejecución de obra , por tanto en este tipo de contrato sí existe una obligación de resultado. Existe diferencias doctrinales sobre la separación entre una cirugía estética y otra reparadora, dudando incluso si la obligación es medios o de resultado. Delimitando, por ejemplo, FERNÁNDEZ COSTALES dichas precisiones, aunque a grandes rasgos podemos decir que la cirugía estética sería aquella que tiene por finalidad reparar los defectos de la naturaleza, mientras que la cirugía reparadora tiene como fin reparar diversas enfermedad congénitas o adquiridas. Constatan las Sentencias de 3 de diciembre de 1991 y 16 de abril de 1991, entre otras, que la cirugía estética no puede realizarse sin tener en cuenta las complicaciones que pueden sobrevenirle al paciente por dolencias o que puedan surgir. • Anestesistas La doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Civil de 12 de diciembre de 1998 establece que "La responsabilidad civil de los anestesistas se exige cuando éstos no son rigurosos en la observancia y aplicación de las reglas y técnicas de esta especialidad médica, cuya funcionalidad no es la directa curación del enfermo, sino la de facilitar medios y proporcionar estados insensibles al dolor para propiciar la realización de actividades de diagnóstico, quirúrgicas y terapéuticas, lo que
  • 17. necesariamente impone la máxima atención y concentración en la aplicación del acto anestésico de los estándares que tienen como objetivo su seguridad y éxito, y entre éstos resulta imprescindible en todo momento la oxigenación, ventilación y circulación del paciente". En todo caso, para que el anestesista sea responsable deben concurrir los 3 requisitos de : 1. Producción de un daño 2. Negligencia en la conducta de quien lo causó 3. Relación de causalidad entre la conducta de agente y del daño causado. CONCLUSIÓN Es claro que el ejercicio de la profesión médica no es una ciencia exacta que pueda garantizar unos resultados satisfactorios en todo caso. Sin embargo, como ya se ha visto, sí se exigen unos cuidados y actuaciones en cuanto al médico, los instrumentos que utiliza, la clínica... que deben ser respetadas y sin cuyo respeto sí pueden surgir responsabilidades. Independiente es, como se ha dicho también que la responsabilidad sea contractual o extracontractual, porque en ambos casos será posible el resarcimiento del daño si se prueba que ha sido este consecuencia directa de negligencia. Ante todo, se ha de tener en cuanta que la medicina ha evolucionado mucho en estos años, por un lado en procesos técnicos y también en el aspecto de la realación médico-paciente. Atrás quedaron bases de datos los años en que el doctor era una persona de confianza, ahora que el profesional de la medicina sea un desconocido influye en que el paciente no tenga ningún reparo en reclamar indemnización a un sujeto extraño. Esta situación ha influido positiva y negativamente, por un lado el paciente siente
  • 18. que tiene "armas" para defenderse en caso de daños, por otro lado se le imputarán al médico resultados nefastos, cuando como ya se ha tratado extensamente, el profesional de la medicina está únicamente obligado a poner la diligencia y medios adecuados pero no podrá asegurar un resultado favorable en todo caso. Por otro lado, la finalidad de la responsabilidad civil de reparar el daño causado, debe tenerse en cuenta en todo momento. Es por ello que se deben moderar los principios de causalidad, culpa y carga de la prueba, teniendo en cuenta el caso concreto y las circunstancias que han motivado la exigencia de responsabilidad. De cualquier forma, hay muchos aspectos a tener en cuenta, y por ello se recomienda encarecidamente la cobertura de un seguro de responsabilidad civil profesional para todos los sujetos implicados. BIBLIOGRAFÍA • CLARA I. ASÚA GONZÁLEZ, AAVV, Tratado de responsabilidad civil, Elcano, Aranzadi, 2002 • P. GONZÁLEZ POVEDA, AAVV, Tratado de derecho civil : teoría y práctica, Barcelona, Bosch, 2003 • JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ,. Derecho de daños, Barcelona, Bosch, 1997 • JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ, AAVV, Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio, Madrid, Dykinson, 2000 • SANTOS BRIZ, J., La responsabilidad civil. Temas actuales, Montecorvo, Madrid, 2001 • YZQUIERDO T., La responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual, Madrid , 1993 JURISPRUDENCIA CONSULTADA
  • 19. RJ 19999150 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1189/1999 (Sala de lo Civil), de 31 diciembre • RJ 19999496 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1136/1999 (Sala de lo Civil), de 30 diciembre • RJ 19999752 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1181/1999 (Sala de lo Civil), de 30 diciembre • RJ 19999754 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1167/1999 (Sala de lo Civil), de 30 diciembre • RJ 19999747 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1087/1999 (Sala de lo Civil), de 21 diciembre • RJ 19998532 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1045/1999 (Sala de lo Civil), de 3 diciembre • RJ 19998527 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1020/1999 (Sala de lo Civil), de 1 diciembre • RJ 19998057 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 923/1999 (Sala de lo Civil), de 10 noviembre • RJ 19997998 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 922/1999 (Sala de lo Civil), de 2 noviembre • RJ 19997272 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 766/1999 (Sala de lo Civil), de 24 septiembre • RJ 19994895 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 593/1999 (Sala de lo Civil), de 29 junio • RJ 19993359 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 445/1999 (Sala de lo Civil), de 24 mayo • RJ 19993925 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 450/1999 (Sala de lo Civil), de 24 mayo • RJ 19992615 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 306/1999 (Sala de lo Civil), de 14 abril
  • 20. RJ 19992611 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 325/1999 (Sala de lo Civil), de 13 abril • RJ 19991997 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 195/1999 (Sala de lo Civil), de 12 marzo • RJ 19991368 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 184/1999 (Sala de lo Civil), de 9 marzo • RJ 19909994 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 11 diciembre 1990 • RJ 19909042 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 23 noviembre 1990 • RJ 19908528 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 6 noviembre 1990 • RJ 19905780 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 6 julio 1990 • RJ 1990668 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 7 febrero 1990 • RJ 19987565 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 956/1998 (Sala de lo Civil), de 16 octubre • RJ 19984074 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 492/1998 (Sala de lo Civil), de 29 mayo • RJ 19982055 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 361/1998 (Sala de lo Civil), de 17 abril • RJ 19981284 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 221/1998 (Sala de lo Civil), de 12 marzo • RJ 20009303 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1086/2000 (Sala de lo Civil), de 28 noviembre • RJ 20009206 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1009/2000 (Sala de lo Civil), de 2 noviembre
  • 21. RJ 20009197 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 942/2000 (Sala de lo Civil), de 23 octubre • RJ 20008808 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 962/2000 (Sala de lo Civil), de 17 octubre • RJ 20042323 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 274/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 31 marzo • RJ 20041668 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 267/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 26 marzo • RJ 20042149 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 254/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 25 marzo • RJ 20042146 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 203/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 12 marzo Carmen García M. carmen.garcia@ua.es Licenciada en Derecho Elche