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INTRODUCCCIÓN
En el presente trabajo encontraremos antecedentes históricos generales del Juicio
de Amparo estudiaremos diversos sistemas sociales y políticos, históricamente
dados para poder saber si podemos hallar alguna institución que se refiera a la
utilización y aplicación de las Garantías Individuales. Presentaremos los datos más
esenciales de lo que es el origen del Juicio de Amparo las figuras más similares que
podemos encontrar en los diversos ordenamientos jurídicos que han regido a
nuestro país, en las diversas etapas en el andar histórico de nuestra nación.
El amparo, en la forma como se lo conoce en la actualidad es producto de las luchas
sociales iniciadas por los grupos de presión y se cristaliza, tanto constitucional,
como legalmente, en el siglo XIX.
Vamos a profundizar sobre las instituciones jurídicas que en los principales
regímenes estatales o sociales históricos, que pudieran presentar alguna similitud
o parentesco con nuestro juicio de amparo, similitud ya que es hasta la constitución
de 1836 cuando surge el primer antecedente de juicio de Amparo porque antes los
derechos favorecían a las Autoridades de la época, y fue en la constitución de 1857
en su artículo 101 donde se prevé la precedencia del juicio de Amparo que se
encuentra ahora en nuestra constitución vigente que se dio 1917
El Amparo ha sido conceptualizado de diversas formas como garantía y proceso
judicial, medio o forma de protección contra los abusos del poder o control
constitucional, entre otras categorías jurídicas. Pero, sin lugar a dudas, el amparo
es un mecanismo de protección de las libertades y derechos fundamentales del
hombre. Es a partir de dicha idea que debemos reflexionar sobre su evolución.
ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES DEL JUICIO
DE AMPARO
Época primitiva.
A través de estudios de las diferentes culturas se ha podido conocer. Que el hombre
desde sus orígenes ha tenido derechos y obligaciones o mejor dicho permisiones
las cuales iban en proporción a su trabajo dentro de su comunidad donde
pertenecía. En los tiempos más primitivos se regían primero por matriarcado,
posteriormente Patriarcado, en donde ambos padres tenían a cargo la educación
de sus hijos, el orden, y respeto, trabajo que desempeñaban todos los miembros
que integraban una familia donde cuyo conjunto componía una tribu en la cual sé
tenía un absoluto respeto y veneración a las gentes que los antecedían es decir a
las personas más a viejas por el concepto de eran las personas más cultas de la
comunidad. También existía la esclavitud en las comunidades, por lo tanto se puede
deducir que se aplicaba el derecho al estar señalada esta sanción, la cual se
aplicaba a la rebeldía de los hombres a los mandatos de sus jefes y la sanción más
grave era el "Destierro".
Egipto, Babilonia y las primeras culturas.
Se basaba en un sistema de jerarquías. Se buscaron medios de control para el
poder que adquirieron los gobernantes.
Grecia.
Existe una delegación de funciones, se elegía un cuerpo de ancianos con
facultades legislativas y judiciales y el monarca era el titular de las ejecutivas.
Aristóteles desarrollo la teoría de este sistema de división de funciones para que el
Estado resulte bien organizado.
Roma.
El autor Arellano García señala que el interdicto romano, puede considerarse un
antecedente del juicio de amparo, se denominó “de homine libero exhibendo”. Este
interdicto se interponía contra particulares que privaba de su libertad a otro, no va
directamente a las autoridades y consistía exhibir ante el pretor (magistrado que
ejercía funciones judiciales en Roma) al hombre bajo su dominio. Antecedente del
habeas hábeas.
Existió también en Roma un procedimiento muy corto que buscaba “restituir en el
goce de sus derechos al preso” sin importar el tipo de delito por el cual se
encontraba privado de su libertad. Se buscaba también proteger la libertad como un
derecho natural. Arellano García señala que, fue en Roma, donde se obtuvieron
más avances en cuanto a las formas de frenar el poder de quienes gobernaban. “La
intercesión romana posee los caracteres propios de una posibilidad jurídica de
defensa contra los actos arbitrarios de una autoridad mediante el control ejercido
por otros órganos de autoridad”.
Edad Media
La situación del individuo en esta época puede decir que se comprendía en tres
periodos:
Época de invasiones donde los pueblos estaban formados por diferentes tribus y en
donde la libertad no estaba reglamentada, prevalecía la justicia por propia mano.
En la época Feudal todo estaba a control del señor feudal tanto del trabajo como
también de la libertad de sus siervos los rendían homenaje, respeto y obediencia al
poseedor de las tierras, en que podemos ver que no existía en si una idea del
derecho que garantizaba la libertad de hombre como algo inherente al él.
En el derecho cartulario durante el avance de las ciudades libres de esa época y su
situación económica fueron adquiriendo importancia. Y se crea un régimen de
legalidad en que se limitaba la autoridad del señor feudal en beneficio de los
habitantes, sin embargo estos regímenes no eran considerados como garantías ya
que estas, en cualquier momento eran contravenidas y violadas, frente a estas
situaciones no había sanción.
Con el Cristianismo se pretendió suavizar las desigualdades que existían. Y donde
su principal pensamiento era " Que los hombres eran iguales ante Dios y que todos
están regidos por una ley Universal. La existencia de un derecho natural y la idea
de este pensamiento no formo una institución jurídica medieval que protegiera las
garantías del individuo.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS MEXICANOS DEL JUICIO
DE AMPARÓ
Época prehispánica.
En esta época no hay ninguna institución consuetudinaria o de derecho escrito que
acuse una antecedencia de las garantías individuales, los regímenes sociales en
que estaban estructurados los principales pueblos prehispánicos se vaciaron en
formas primitivas y rudimentarias y conforme a las cuales la autoridad suprema con
facultades omnímodas, era el rey o emperador.
Régimen colonial.
La autoridad suprema en las colonias Españolas de América era el mismo rey de
España, quien está representado por virreyes o capitanes generales, según la
importancia de la colonia de que se trate, concentraba el monarca Español los tres
poderes porque era administrador público, legislador y juez.
Se observa en esta época la tendencia permanente de proteger a los indígenas; en
el Derecho Español existía una verdadera garantía jurídica para los gobernados en
la jerarquía normativa. Se podían apelar los actos de autoridad, se apelaba al rey
ante el rey mismo.
Encontramos un precedente de nuestro juicio de amparo cuando nos referimos en
el recurso de: obedézcase pero no se cumpla, obedecer significa la sumisión o el
acatamiento que el criado debe a su amo; y cumplir implica la idea de realización,
cumplir o llevar a efecto. Cuando el rey expedía alguna orden que se estimara
contraria a los derechos, prerrogativas o privilegios del gobernado, éste obedecía
pero no cumplía esta orden, mientras se convencía el propio monarca de que esta
afectaba, para el efecto de que en su caso la revocara.
Otro medio de control de la legalidad y el Derecho fue el “recurso de la fuerza”
ejercitable contra actos de Autoridades judiciales cuyos bienes lesionaron en sus
bienes jurídicos a alguna persona, entre ellos la posesión.
México independiente.
La preocupación más importante para los primeros mexicanos era la organización
y funcionamiento del gobierno estatal. El primer documento constitucional de
México independiente fue la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814,
nunca entro en vigor. El artículo 37 señalo que: “a ningún ciudadano debe coartarse
la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública”
Constitución federal de 1824.
Se depositó el poder judicial en una Corte Suprema, Tribunales de Circuito y
Juzgados, fue esta la que tuvo el mérito de ser el primer ordenamiento que
estructuró al México que acababa de consumar su independencia.
Sin embargo, En cuanto a la declaración de las garantías individuales es deficiente,
por lo tanto la constitución de 1824 tampoco consigna medio jurídico de tutelarlas.
Constitución centralista de 1836.
Las Siete Leyes Constitucionales del año de 1836 cambian el régimen federativo
por el centralista, manteniendo la separación de poderes. La característica de este
cuerpo normativo, es la creación de un superpoder, llamado el "Supremo Poder
Conservador", fruto, de la imitación del Senado Constitucional de Sieyes, habiendo
sido su propugnador Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Estaba este organismo
integrado por cinco miembros, cuyas facultades eran desmedidas, hasta tal punto
de constituir una verdadera oligarquía., su primordial función consistía en velar por
la conservación del régimen constitucional No presenta ningún antecedente del
juicio de amparo.
Voto de JOSÉ F. RAMÍREZ.
Se palpó la necesidad de reformar las Siete Leyes constitucionales de 1836, en
breve lapso, pues en el año de 1840 se produce un Proyecto de Reformas,
elaborado por un grupo de Diputados al Congreso Nacional, constituidos en una
comisión que elaboraría un código fundamental. Los integrantes de la comisión
fueron los diputados Jiménez, Castillo Fernández y Ramírez.
En la historia del derecho público mexicano no se debe pasar inadvertido el voto
particular emitido en junio de 1840 por José Fernando Ramírez, en ocasión a la
reforma de la Constitución centralista de 1836.
El mencionado jurisconsulto se declaraba partidario de la división de poderes,
abogaba por que la suprema corte desempeñara mejor su cometido, estuviese
dotada de absoluta autonomía e independencia frente al ejecutivo y legislativo.
Es José F. Ramírez en quien podemos advertir la influencia del sistema de control
constitucional imperante en la constitución americana, al apuntar en su voto la
conveniencia de que México existiera un medio de mantener el régimen
constitucional. Proponía, que fuese la suprema corte la que conociera de la
constitucionalidad de las leyes o actos de las autoridades.
Constitución Yucateca de 1840
Ya casi llegando a la recta final del año de 1840, en el Estado de Yucatán hubo
bastantes movimientos, y los jurídicos no eran la excepción pues se acordó la
inserción de varias garantías individuales (religiosa, de tránsito, etc.) que por
consiguiente generaron la creación de un medio de control de la constitución
llamado amparo. La razón por la cual aparece el amparo en una entidad federativa
es que en aquel entonces se libraba una lucha entre los simpatizantes del
restablecimiento del sistema federal y los conservadores, y en el estado de Yucatán
regía un gobierno partidario de la Unión federal.
Con severa objetividad, es de admitirse que Manuel Crescencio Rejón, autor
material de dicho proyecto; fue el precursor directo de la fórmula fundamental que
se desarrolló posteriormente en el juicio de Amparo; sin embargo, han surgido al
respecto algunas discusiones entre eminentes tratadistas del derecho
constitucional: unos, defienden a Rejón como creador del juicio de Amparo; otros,
exigen para Mariano Otero esta consideración.
Rejón explica, la facultad del Poder Judicial para vigilar la constitucionalidad de la
legislación, que las leyes así censuradas no quedarían destruidas, sólo se
disminuiría su fuerza moral "con los golpes redoblados de la jurisprudencia". En los
artículos 63 y 64, respectivamente, se establecía:
Los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos garantizados
por el artículo anterior (el artículo 62 formaba parte del, capítulo denominado
"garantías individuales" y enumeraba en IX fracciones los derechos de los
habitantes), a los que les pidan su protección contra cualesquier funcionario que no
corresponda al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que
se susciten sobre los asuntos indicados.
De los atentados cometidos por los Jueces contra los citados derechos conocerán
sus respectivos superiores, con la misma preferencia de que se ha hablado en el
artículo precedente, remediando desde luego, el mal que se les reclame,
enjuiciando inmediatamente al conculcador de las mencionadas garantías”.
Constitución de 1857
Esta Constitución adopta principalmente dos posturas: la individualista y el
liberalismo como régimen de relaciones entre el Estado y los gobernados.
El sistema individualista opta por la realización de un objetivo, que estriba
necesariamente en la protección y conservación de la personalidad individual. Por
el contrario el liberalismo implica la actitud que el Estado adopta o asume por
conducto de sus órganos frente a la actividad particular, en el sentido de garantizar
a ésta un amplio desarrollo mientras no provoque el desorden dentro del medio
social.
El Código Político de 1857 consideró que los derechos del hombre no sólo son el
objeto de las instituciones jurídicas, sino su base misma, lo que da a entender su
fidelidad a la tesis individualista, además los autores de dicha Constitución
implícitamente se declararon partidarios del iusnaturalismo en materia de derechos
del hombre, ya que en una parte del texto se puede leer que “se debe respetar los
derechos concedidos al hombre por su creador”
La Carta Magna de 1857 reputa al Estado como un mero vigilante de las relaciones
entre particulares, cuya injerencia surge cuando el desenfrenado desarrollo de la
libertad individual acarrea disturbios en la convivencia social.
La novedad de la Constitución del 57 radica en que se constituye el Juicio de
Amparo. Se pugna porque fuese la autoridad judicial la que proveyese a la
protección de la Ley Fundamental en los casos concretos en que se denunciase por
cualquier particular alguna violación a sus mandamientos y mediante la instauración
de un verdadero juicio, en que los fallos no tuvieran efectos declarativos generales.
Se consideraban competentes para conocer de los casos por infracción a la Ley
Fundamental, tanto a los tribunales federales como a los de los Estados, “previa la
garantía de un jurado compuesto de vecinos del distrito respectivo”. Sin embargo,
al expedirse ésta se suprimió dicho jurado, para atribuir la competencia exclusiva
de conocer de todas las controversias que se suscitaren por leyes o actos de
cualquier autoridad que violaran las garantías individuales o que vulnerasen el
régimen federal, a los tribunales de la Federación.
En la fracción II del artículo 107 de este cuerpo normativo, Mariano Otero redacta la
fórmula jurídica que encierra los efectos de la sentencia recaída en juicio de amparo
y federaliza este procedimiento.
“La sentencia se ocupará únicamente de individuos particulares, limitándose a
ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer
declaración general respecto de la ley o acto que la motiva”
El juicio de amparo queda consagrado en los artículos 101 y 102 constitucionales,
atribuyéndose a Ponciano Arraiga, el proyecto del artículo 102 que contenía la base
y razonamiento que justifican el derecho de los particulares a solicitar un juicio
cuando se vulneren alguna de sus garantías por un acto de autoridad, o cuando
existiera una invasión de soberanía entre la esfera federal y estatal.
Constitución Federal de 1917
Es en la Constitución de 1917 donde el Amparo adquiere, definitivamente, una gran
trascendencia y sirve de ejemplo para los demás pueblos de América. Es el célebre
Art. 107 de dicha Constitución el que norma esta institución jurídica tal como la
conocemos hasta el día de hoy.
En él menciona varios cambios que, el tratadista Alfonso Noriega resume así:
1. “Se reguló, con todo detalle, la naturaleza y procedencia del Amparo, fijando las
bases de su reglamentación;
2. Se hizo una distinción definitiva, dictada en juicios civiles o penales, y el Amparo
indirecto procedían ante la Suprema Corte, únicamente en contra de sentencias
definitivas, dictadas en juicios civiles o penales y el amparo indirecto que procedía
ante los jueces de Distrito, contra actos de autoridades distintas de la judicial; así
como también, en contra de actos judiciales, ejecutados fuera de juicio, después de
concluido éste, o bien, dentro del juicio, cuando tuviere sobre las personas o cosas,
una ejecución de imposible reparación; así como cuando el amparo se pedía por un
tercero extraño al procedimiento; y, por último, cuando el amparo se solicita con
fundamento en fracciones II y III del Art. 103 Constitucional;
3.Se estableció un engorroso recurso que denominó “Reparación Constitucional”, a
fin de las que las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, se
hicieran valer, exclusivamente, al reclamarse la sentencia definitiva, siempre que
esas violaciones se hubieren impugnado y protestado en contra de ellas
oportunamente, en el momento de cometerse la violación, y
4. Se reguló lo relativo a las responsabilidades en que incurran las autoridades
responsables, cuando nos suspendan el acto reclamado, debiendo hacerlo,
conforme a la ley y, asimismo, las responsabilidades en que pudieran incurrir las
mismas autoridades responsables cuando habiéndose concedido el amparo a favor
de un quejoso, se insistiera en la repetición del acto reclamado o bien, se eludiera
el cumplimiento de la sentencia que concediera el amparo”.
Además, esta Constitución se aparta ya de la doctrina individualista, considera a los
derechos del hombre como un conjunto de garantías individuales que el Estado
concede u otorga a los habitantes de su territorio.
En esta Carta Magna ya no se hace figurar a los derechos del hombre como el
exclusivo contenido de los fines estatales. La ley fundamental se inclina más hacia
la teoría rousseauniana, que asevera que las garantías de que pueden gozar los
individuos frente al poder público son otorgadas a éstos por la propia sociedad,
única titular de la soberanía.
Los constituyentes de 1917 cambian radicalmente no sólo de texto, sino el espíritu
mismo de la Constitución de 1857 en lo tocante a las garantías individuales. Al
introducirse garantías de carácter social, la declaración individualista que resultan
incongruente.
Esta Constitución, reconoce las garantías sociales, las cuales son un conjunto de
derechos otorgados a determinadas clases sociales, que tienden a mejorar y
consolidar su situación económica, contenidos principalmente en los artículos 123
y 127 constitucionales.
La Constitución vigente evidencia el régimen de intervencionismo del Estado,
aunque alterna con otros regímenes, como son el liberal-individualista, en cuanto a
varias de las garantías individuales, y el nacionalista por lo que respecta al artículo
tercero constitucional.
En síntesis, mientras que la Constitución de 1857 reputa a los derechos del hombre
como elementos súper estatales, la Constitución vigente los considera como fruto
de una concesión por parte del orden jurídico del Estado. En ambos ordenamientos
constitucionales el Estado adopta distinta postura frente a los gobernados, ya que
en la Constitución de 57 son los principios liberales los que regulan las relaciones
respectivas, y en la vigente los postulados pertenecientes a diversas tendencias
político-jurídicas y sociales.
El medio de control o protección de los derechos del hombre principalmente, pues
su procedencia general es exactamente igual en ambos regímenes constitucionales
con la sola diferencia de que, mientras la Constitución de 57 es muy concisa por lo
que se refiere a la formación del juicio de Amparo, la vigente en su artículo 107, es
mucho más explícita y contiene, una completa regulación de su ejercicio, detallado
por la Ley reglamentaria correspondiente.
La Creación del Amparo
El juicio de Amparo, en México, tiene como precursor al Proyecto de Constitución
de reformas para la Administración interior del Estado, patrocinado y redactado en
su mayor parte, por don Manuel Crescencio Rejón en el año de 1840.
El Art. 53 de este Proyecto decía: “Corresponde a la Suprema Corte de Justicia”:
1. Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección, contra las
leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarios a la Constitución o contra las
providencias del gobernador Ejecutivo, reunido, cuando en ellas se hubiere
infringido el Código fundamental o las leyes, limitándose en ambos casi reparar el
agravio en la parte en la que éstas o la Constitución hubiese sido violadas”. Y,
Así mismo el Art. 63 disponía: “Los jueces del artículo anterior, a los que les pidan
su protección contra cualesquiera funcionario que no corresponda al orden judicial
decidiendo y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos
indicados".
En esta forma nace el juicio de Amparo mexicano con sus características
esenciales: la actuación de la justicia federal cuando fueren violados los derechos
constitucionales por la Función Ejecutiva o por la Función Legislativa y la protección
de carácter particular para quien solicita el Amparo, pero, sin hacer declaraciones
de carácter general.
En febrero de 1852 se presentó ante el Congreso de la Unión un Proyecto de Ley
Reglamentaria del Art. 25 del Acta de reforma y aquí, por primera vez, se da el
nombre de Recurso de Amparo, pero este proyecto, no fue aprobado.
La Constituyente de 1856-1857 es la última del siglo pasado en la cual vuelve a
tratar sobre el Recurso de Amparo y se lo configura en mejor forma: con más
precisión y con un alcance mayor al experimentado anteriormente.
El 18 de octubre de 1919 se expidió la denominada Ley de Amparo que hizo viable
el Amparo establecido en la Constitución de 1917 y más tarde se introdujeron varias
reformas a la ley, así: el 10 de enero de 1936 se promulgó una nueva Ley Orgánica
de los Arts. 103 y 107 de la Constitución Federal; el 19 de enero de 1951 y el 14 de
marzo del mismo año se promulgaron reformas sustanciales a esta ley y luego el 30
de abril de 1968.
El juicio de Amparo, en sus aspectos de procedencia y mecanismo procesal asume
perfiles típicamente nacionales. Tanto Manuel Crescencio Rejón como Mariano
Otero contribuyeron a crear esta institución del juicio de Amparo.
Don Manuel Crescencio Rejón, contribuyó en establecer dentro de las facultades
del poder judicial, la consistente en amparar en el goce de sus derechos a los que
le pidan, su protección contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean
contrarios a la Constitución, o contra las providencias del Gobernador o del
ejecutivo, limitándose en todo caso a reparar el agravio en la parte en que éstas o
la Constitución hubiesen sido violadas.
Rejón también reputaba como órganos de control a las jueces de primera instancia.
Aportación de Rejón a la estructura jurídica del Amparo:
Procedencia ante la Corte Suprema para preservar la Constitución contra cualquier
acto que se tradujese en un agravio individual imputable a los poderes ejecutivo o
legislativo,
Procedencia del Amparo ante los jueces de primera instancia contra autos de
autoridades distintas del gobernador o de la legislatura, que afectaran garantías
individuales;
Consignación constitucional del principio de la instancia de parte en la procedencia
del Amparo y del de la relatividad de las sentencias respectivas.
Importante es la aportación de Mariano Otero en su intervención en el Proyecto de
Minoría de 1842, así como en el Acta de Reformas de 1847.
Se otorgaba competencia a los Tribunales de la Federación para proteger a
cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos
que le conceden esta Constitución y las leyes Constitucionales, contra todo ataque
de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados,
limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el
que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o
acto que la motivare.
Otero, introdujo un régimen de preservación de la Constitución en el que el
Congreso Federal fungía como entidad de tutela, ya que podía declarar nula una ley
local que pugnare con disposiciones del ordenamiento fundamental o de las leyes
generales.
Podemos afirmar que el pensamiento de Rejón y de Otero es, en términos generales
claramente coincidente. Con Rejón se introdujo este control constitucional por
primera vez en Yucatán, pero con Otero se instituyó de local, en federal, y, por ende
en nacional.
Leyes Reglamentarias de Amparo.
Son aquellas que establecen el procedimiento con todas sus derivaciones y
aspectos, mediante el cual los órganos constitucionalmente competentes ejercen el
control de los actos de las autoridades estatales lesivos de las garantías
individuales.
Como a través de la historia debemos comprender que en el Derecho Positivo
mexicano, es en donde encontramos de mucha importancia el juicio de Amparo, ya
que a través del tiempo podemos decir que desde el proyecto de la Constitución
para el Estado de Yucatán, el cual fue elaborado por Manuel Crescencio Rejón en
1840 aparece ya una necesidad primordial o sea un procedimiento para proteger a
los individuos en el goce de sus derechos fundamentales, se está hablando de las
garantías individuales.
Nueva Ley de Amparo 2013.
Artículo 1.
El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
I. por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la
constitución politica de los estados unidos mexicanos, así como por los tratados
internacionales de los que el estado mexicano sea parte;
II. por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o
restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del distrito
federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las
garantías otorgadas para su protección por la constitución politica de los estados
unidos mexicanos; y
III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o
del distrito federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal,
siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías
otorgadas por la constitución politica de los estados unidos mexicanos.
El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por
parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la
presente ley.
Bases Constitucionales del Juicio de Amparo
Las bases constitucionales del Juicio de Amparo se establecen en los artículos 103
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados
del Estado mexicano, que tiene por finalidad “hacer respetar los imperativos
constitucionales en beneficio de aquellos”, esto es, sus garantías individuales.
El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia de
impugnación de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y
aun de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra
las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se
traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una
persona jurídica, sea individual o colectiva.
Las fuentes legislativas actuales del juicio de amparo están formadas por los
artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la Ley de Amparo de 30 de diciembre
de 1935; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la misma fecha, y
el Código Federal de Procedimientos Civiles de 31 de diciembre de 1942, que es de
aplicación supletoria respecto del segundo ordenamiento.
Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se
suscite
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte;
II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la
soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y
III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas
que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
El Artículo 107 prevé las bases que se deben seguir en el procedimiento que
estipula la ley reglamentaria.
El objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite, por leyes
o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de la
autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados; y, por leyes o actos
de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal. (Art. 1°
L.A.)
PROCESO DEL JUICIO DE AMPARO
En su regulación actual, los órganos competentes para conocer del juicio de amparo
son: la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los tribunales colegiados de circuito;
los tribunales unitarios de circuito; los juzgados de distrito, y los órganos
jurisdiccionales de las entidades federativas, en auxilio de la justicia federal. Se
tramita en vía directa cuando se impugnan sentencias definitivas, laudos y
resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo; y en vía indirecta, contra actos u omisiones en juicio
cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido,
contra actos que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales y
contra actos u omisiones de autoridad administrativa. Tratándose del amparo
directo, la parte que haya obtenido sentencia favorable puede presentar amparo en
forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el
juicio, lo que constituye una figura novedosa, tendente a dar celeridad al juicio en
tanto propicia el análisis de todas las violaciones procesales en un mismo fallo.
Principios que rigen el Juicio de Amparo
Existen, entre otros:
a) Principio de instancia de parte. El juicio sólo puede iniciarse una vez que la
parte agraviada lo solicite, es decir, no procede de oficio.
b) Principio de existencia de un agravio personal y directo. Debe existir
necesariamente un menoscabo u ofensa que afecte específicamente al
agraviado. Esa afectación debe haberse ya producido, o estar en ejecución,
o bien, debe ser de realización inminente.
c) Principio de definitividad. Antes de acudir al amparo es necesario agotar
todos los medios de defensa que para el caso concreto prevean las leyes,
tales como la apelación en materia civil o penal, el juicio de nulidad en materia
fiscal, etcétera. Sinembargo, hay algunas excepciones a este principio, entre
las cuales sobresalen cuando el acto reclamado importe peligro de privación
de la vida o se restrinja la libertad del quejoso.
d) Principio de prosecución judicial del amparo. Significa que es necesario
sujetarse a los procedimientos y formas establecidos por la Ley de Amparo.
e) Principio de relatividad de las sentencias de amparo. Se refiere a que la
sentencia que concede el amparo sólo beneficia a la persona que lo
promovió, pero no a la generalidad de la población.
f) Principio de estricto derecho. El juzgador debe limitarse a resolver sobre la
constitucionalidad de los actos reclamados, hechos valer en la demanda.
Existen algunas excepciones a este principio, entre ellas, cuando se trate de
las materias penal, laboral o agraria, casos en los que puede operar la
suplencia de algunas deficiencias de la demanda.
Las Partes y la Legitimación
Las partes en el juicio son el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado
y el Ministerio Público Federal. Es en este ámbito de la legitimación procesal en
donde se verificaron algunos de los cambios más trascendentales para la eficacia
del amparo: por cuanto hace a la legitimación activa, ya no se exige la demostración
de un interés jurídico, sino de un interés legítimo individual o colectivo derivado de
una afectación a la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en
virtud de su especial situación frente al orden jurídico, manteniéndose la exigencia
de un derecho subjetivo afectado de manera personal y directa, únicamente para la
impugnación de actos de autoridades jurisdiccionales.
Respecto a la legitimación pasiva, se privilegia un criterio de identificación material,
al señalarse que tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo la que con
independencia de su naturaleza formal intervenga en el acto que crea, modifica o
extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que
de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones, con lo que el
ámbito de protección se amplió a las omisiones. Además, se establece que los
particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando en ejercicio de
funciones determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los
de autoridad que afecten derechos, previsión con la que se logra una protección
horizontal de los derechos fundamentales.
Como medida cautelar, los actos que se impugnen en amparo pueden ser objeto de
suspensión, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo deberá realizar una
ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social.
Sentencias
Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de las
personas que lo hayan solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso
especial sobre el que verse la demanda; sin embargo, cuando el Pleno o las salas
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito
emitan jurisprudencia por reiteración en la que se declare la inconstitucionalidad de
normas generales no tributarias, la Corte emitirá una declaratoria general de
inconstitucionalidad, siempre que fuere aprobada por una mayoría de al menos ocho
votos.
En amparo directo, las sentencias deben contener el pronunciamiento respecto de
todas las violaciones que se hayan hecho valer y aquellas que se adviertan en
suplencia dela queja, cuando proceda, además de los términos precisos en que
deba pronunciarse la nueva resolución. Los efectos de la concesión del amparo,
tratándose de actos positivos, consistirán en restituir al quejoso en el pleno goce del
derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la
violación; tratándose de actos negativos o que impliquen una omisión, la autoridad
estará obligada a cumplir lo que el derecho violado exija.
En amparo contra leyes, de declararse la inconstitucionalidad, los efectos se
extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia
norma invalidada. Procede la suplencia de la queja en cualquier materia, cuando el
acto reclamado se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los plenos de
circuito; en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte
el orden y desarrollo de la familia; en favor del inculpado o sentenciado, así como
en favor de ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso
adherente; en materia agraria, tratándose de actos de privación de bienes o
derechos agrarios, a los núcleos de población ejidal o comunal, así como a los
ejidatarios y comuneros en particular; en materia laboral, en favor del trabajador; en
otras materias cuando se advierta una violación evidente de la ley que haya dejado
sin defensa al quejoso o particular recurrente; así como en favor de quienes por sus
condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social
para su defensa en el juicio.
Recursos
El sistema de recursos fue simplificado, de manera que solo se admiten los de
revisión, queja y reclamación, y tratándose del cumplimiento de sentencias, el de
inconformidad.
Son muchos los aspectos novedosos del juicio de amparo, pero el cambio más
profundo provino, por un lado, de la reforma al art. 1o. constitucional que establece
una serie de principios interpretativos -interpretación conforme, principio pro
persona, principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad- que obligan
a todas las autoridades del Estado, incluyendo a los órganos jurisdiccionales, a
resolver adoptando la interpretación más favorable al derecho de que se trate, de
manera tal que se logre dar operatividad a los derechos fundamentales en juego.
Por otra parte, la apertura del ordenamiento jurídico mexicano al derecho
internacional de los derechos humanos permite que el juicio de amparo se conciba
como un instrumento protector de los derechos fundamentales consagrados
también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en
tanto conforman junto con la Constitución el parámetro de validez de todo el orden
jurídico mexicano.
Tipos de Juicios de Amparo
Existen dos tipos: el indirecto y el directo. El amparo indirecto lo resuelven los
Juzgados de Distrito y, en ciertos casos, los Tribunales Unitarios de Circuito.
Procede, entre otros casos, contra:
 Leyes, tratados internacionales o reglamentos que, por su sola entrada en
vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso;
 Actos de tribunales, ejecutados fuera de juicio o después de concluido;
 Actos emitidos en un juicio que, de ejecutarse, no puedan ser reparados;
 Leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía
de los Estados o de éstos, cuando invadan la esfera de competencia de la
autoridad federal, y
 Resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el
desistimiento de la acción penal.
Por su parte, el amparo directo lo resuelven los Tribunales Colegiados de Circuito
y, en ciertos casos por la relevancia del asunto, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a través del ejercicio de la facultad de atracción. Procede contra sentencias
definitivas, laudos –decisiones de litigios en materia laboral– y resoluciones que
pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo,
respecto de los cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser
modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o durante el
procedimiento y afecte la defensa del quejoso en forma trascendente para el sentido
de la resolución definitiva.
CONCLUSIÓN
Por medio de este trabajo, hemos conocido y entendido mejor, que ésta institución
jurídica, el amparo, ha tenido una evolución lenta, pero constante, a través de la
historia, que con el paso del tiempo se ha ido enriqueciendo y perfeccionando hasta
llegar a nuestros días con todos los elementos que le son propios.
Este medio de control constitucional es el resultado de las conquistas jurídicas de
los ciudadanos frente a la autoridad. Nuestro objeto de estudio es pieza fundamental
del ordenamiento constitucional de 1917.
La esencia de este juicio, como lo hemos podido constatar en esta investigación, es
la protección, el auxilio de la justicia federal cuando un gobernado es restringido,
limitado, afectado, en sus derechos públicos subjetivos.
El amparo fue la aspiración e inspiración más profunda de muchos estudiosos del
derecho y defensores de los derechos humanos. Se puede atribuir la paternidad de
este juicio tanto a Manuel Crescencio Rejón como a Mariano Otero.
Ellos entendieron que se requería de un instrumento práctico para la defensa de
estas garantías individuales.
En Conclusión podemos decir Juicio de Amparo hecho indispensable para los
Proyectos de vida social que se ha ido transformando con el tiempo. Debido a los
requerimientos económicos, presiones sociales y a los Trastornos políticos del país
Y Mediante estas características en los derechos fundamentales, la ciudadanía
hace valer sus derechos frente al poder del Estado, trazando los límites de actuación
de éste frente a los particulares. Y que consisten en el respeto a los derechos del
hombre, que a su vez están constituidos por la facultad de los individuos para
disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la propiedad y de la seguridad.
BIBLIOGRAFIA
Antecedentes históricos generales del juicio de amparo:
https://es.slideshare.net/IxchelAlzaga/antecedentes-del-juicio-de-amparo-
71938186?from_action=save
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
21472011000100009
Antecedentes del juicio de amparo en México:
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16
066&revista_caderno=9
https://prezi.com/xk9d0bwvfwlk/historia-y-antecedentes-del-juicio-de-amparo/
La creación del amparo:
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16
066&revista_caderno=9
Leyes Reglamentarias de Amparo.
https://prezi.com/xk9d0bwvfwlk/historia-y-antecedentes-del-juicio-de-amparo/
Nueva Ley de Amparo 2013.
https://prezi.com/xk9d0bwvfwlk/historia-y-antecedentes-del-juicio-de-amparo/
Bases Constitucionales del Juicio de Amparo.
https://www.gestiopolis.com/juicio-de-amparo-en-mexico/
Proceso del juicio de amparo.
http://mexico.leyderecho.org/amparo/

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Juicio de amparo

  • 1. INTRODUCCCIÓN En el presente trabajo encontraremos antecedentes históricos generales del Juicio de Amparo estudiaremos diversos sistemas sociales y políticos, históricamente dados para poder saber si podemos hallar alguna institución que se refiera a la utilización y aplicación de las Garantías Individuales. Presentaremos los datos más esenciales de lo que es el origen del Juicio de Amparo las figuras más similares que podemos encontrar en los diversos ordenamientos jurídicos que han regido a nuestro país, en las diversas etapas en el andar histórico de nuestra nación. El amparo, en la forma como se lo conoce en la actualidad es producto de las luchas sociales iniciadas por los grupos de presión y se cristaliza, tanto constitucional, como legalmente, en el siglo XIX. Vamos a profundizar sobre las instituciones jurídicas que en los principales regímenes estatales o sociales históricos, que pudieran presentar alguna similitud o parentesco con nuestro juicio de amparo, similitud ya que es hasta la constitución de 1836 cuando surge el primer antecedente de juicio de Amparo porque antes los derechos favorecían a las Autoridades de la época, y fue en la constitución de 1857 en su artículo 101 donde se prevé la precedencia del juicio de Amparo que se encuentra ahora en nuestra constitución vigente que se dio 1917 El Amparo ha sido conceptualizado de diversas formas como garantía y proceso judicial, medio o forma de protección contra los abusos del poder o control constitucional, entre otras categorías jurídicas. Pero, sin lugar a dudas, el amparo es un mecanismo de protección de las libertades y derechos fundamentales del hombre. Es a partir de dicha idea que debemos reflexionar sobre su evolución.
  • 2. ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES DEL JUICIO DE AMPARO Época primitiva. A través de estudios de las diferentes culturas se ha podido conocer. Que el hombre desde sus orígenes ha tenido derechos y obligaciones o mejor dicho permisiones las cuales iban en proporción a su trabajo dentro de su comunidad donde pertenecía. En los tiempos más primitivos se regían primero por matriarcado, posteriormente Patriarcado, en donde ambos padres tenían a cargo la educación de sus hijos, el orden, y respeto, trabajo que desempeñaban todos los miembros que integraban una familia donde cuyo conjunto componía una tribu en la cual sé tenía un absoluto respeto y veneración a las gentes que los antecedían es decir a las personas más a viejas por el concepto de eran las personas más cultas de la comunidad. También existía la esclavitud en las comunidades, por lo tanto se puede deducir que se aplicaba el derecho al estar señalada esta sanción, la cual se aplicaba a la rebeldía de los hombres a los mandatos de sus jefes y la sanción más grave era el "Destierro". Egipto, Babilonia y las primeras culturas. Se basaba en un sistema de jerarquías. Se buscaron medios de control para el poder que adquirieron los gobernantes. Grecia. Existe una delegación de funciones, se elegía un cuerpo de ancianos con facultades legislativas y judiciales y el monarca era el titular de las ejecutivas. Aristóteles desarrollo la teoría de este sistema de división de funciones para que el Estado resulte bien organizado. Roma. El autor Arellano García señala que el interdicto romano, puede considerarse un antecedente del juicio de amparo, se denominó “de homine libero exhibendo”. Este interdicto se interponía contra particulares que privaba de su libertad a otro, no va directamente a las autoridades y consistía exhibir ante el pretor (magistrado que ejercía funciones judiciales en Roma) al hombre bajo su dominio. Antecedente del habeas hábeas.
  • 3. Existió también en Roma un procedimiento muy corto que buscaba “restituir en el goce de sus derechos al preso” sin importar el tipo de delito por el cual se encontraba privado de su libertad. Se buscaba también proteger la libertad como un derecho natural. Arellano García señala que, fue en Roma, donde se obtuvieron más avances en cuanto a las formas de frenar el poder de quienes gobernaban. “La intercesión romana posee los caracteres propios de una posibilidad jurídica de defensa contra los actos arbitrarios de una autoridad mediante el control ejercido por otros órganos de autoridad”. Edad Media La situación del individuo en esta época puede decir que se comprendía en tres periodos: Época de invasiones donde los pueblos estaban formados por diferentes tribus y en donde la libertad no estaba reglamentada, prevalecía la justicia por propia mano. En la época Feudal todo estaba a control del señor feudal tanto del trabajo como también de la libertad de sus siervos los rendían homenaje, respeto y obediencia al poseedor de las tierras, en que podemos ver que no existía en si una idea del derecho que garantizaba la libertad de hombre como algo inherente al él. En el derecho cartulario durante el avance de las ciudades libres de esa época y su situación económica fueron adquiriendo importancia. Y se crea un régimen de legalidad en que se limitaba la autoridad del señor feudal en beneficio de los habitantes, sin embargo estos regímenes no eran considerados como garantías ya que estas, en cualquier momento eran contravenidas y violadas, frente a estas situaciones no había sanción. Con el Cristianismo se pretendió suavizar las desigualdades que existían. Y donde su principal pensamiento era " Que los hombres eran iguales ante Dios y que todos están regidos por una ley Universal. La existencia de un derecho natural y la idea de este pensamiento no formo una institución jurídica medieval que protegiera las garantías del individuo.
  • 4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS MEXICANOS DEL JUICIO DE AMPARÓ Época prehispánica. En esta época no hay ninguna institución consuetudinaria o de derecho escrito que acuse una antecedencia de las garantías individuales, los regímenes sociales en que estaban estructurados los principales pueblos prehispánicos se vaciaron en formas primitivas y rudimentarias y conforme a las cuales la autoridad suprema con facultades omnímodas, era el rey o emperador. Régimen colonial. La autoridad suprema en las colonias Españolas de América era el mismo rey de España, quien está representado por virreyes o capitanes generales, según la importancia de la colonia de que se trate, concentraba el monarca Español los tres poderes porque era administrador público, legislador y juez. Se observa en esta época la tendencia permanente de proteger a los indígenas; en el Derecho Español existía una verdadera garantía jurídica para los gobernados en la jerarquía normativa. Se podían apelar los actos de autoridad, se apelaba al rey ante el rey mismo. Encontramos un precedente de nuestro juicio de amparo cuando nos referimos en el recurso de: obedézcase pero no se cumpla, obedecer significa la sumisión o el acatamiento que el criado debe a su amo; y cumplir implica la idea de realización, cumplir o llevar a efecto. Cuando el rey expedía alguna orden que se estimara contraria a los derechos, prerrogativas o privilegios del gobernado, éste obedecía pero no cumplía esta orden, mientras se convencía el propio monarca de que esta afectaba, para el efecto de que en su caso la revocara. Otro medio de control de la legalidad y el Derecho fue el “recurso de la fuerza” ejercitable contra actos de Autoridades judiciales cuyos bienes lesionaron en sus bienes jurídicos a alguna persona, entre ellos la posesión. México independiente. La preocupación más importante para los primeros mexicanos era la organización y funcionamiento del gobierno estatal. El primer documento constitucional de México independiente fue la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, nunca entro en vigor. El artículo 37 señalo que: “a ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública”
  • 5. Constitución federal de 1824. Se depositó el poder judicial en una Corte Suprema, Tribunales de Circuito y Juzgados, fue esta la que tuvo el mérito de ser el primer ordenamiento que estructuró al México que acababa de consumar su independencia. Sin embargo, En cuanto a la declaración de las garantías individuales es deficiente, por lo tanto la constitución de 1824 tampoco consigna medio jurídico de tutelarlas. Constitución centralista de 1836. Las Siete Leyes Constitucionales del año de 1836 cambian el régimen federativo por el centralista, manteniendo la separación de poderes. La característica de este cuerpo normativo, es la creación de un superpoder, llamado el "Supremo Poder Conservador", fruto, de la imitación del Senado Constitucional de Sieyes, habiendo sido su propugnador Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Estaba este organismo integrado por cinco miembros, cuyas facultades eran desmedidas, hasta tal punto de constituir una verdadera oligarquía., su primordial función consistía en velar por la conservación del régimen constitucional No presenta ningún antecedente del juicio de amparo. Voto de JOSÉ F. RAMÍREZ. Se palpó la necesidad de reformar las Siete Leyes constitucionales de 1836, en breve lapso, pues en el año de 1840 se produce un Proyecto de Reformas, elaborado por un grupo de Diputados al Congreso Nacional, constituidos en una comisión que elaboraría un código fundamental. Los integrantes de la comisión fueron los diputados Jiménez, Castillo Fernández y Ramírez. En la historia del derecho público mexicano no se debe pasar inadvertido el voto particular emitido en junio de 1840 por José Fernando Ramírez, en ocasión a la reforma de la Constitución centralista de 1836. El mencionado jurisconsulto se declaraba partidario de la división de poderes, abogaba por que la suprema corte desempeñara mejor su cometido, estuviese dotada de absoluta autonomía e independencia frente al ejecutivo y legislativo. Es José F. Ramírez en quien podemos advertir la influencia del sistema de control constitucional imperante en la constitución americana, al apuntar en su voto la conveniencia de que México existiera un medio de mantener el régimen constitucional. Proponía, que fuese la suprema corte la que conociera de la constitucionalidad de las leyes o actos de las autoridades.
  • 6. Constitución Yucateca de 1840 Ya casi llegando a la recta final del año de 1840, en el Estado de Yucatán hubo bastantes movimientos, y los jurídicos no eran la excepción pues se acordó la inserción de varias garantías individuales (religiosa, de tránsito, etc.) que por consiguiente generaron la creación de un medio de control de la constitución llamado amparo. La razón por la cual aparece el amparo en una entidad federativa es que en aquel entonces se libraba una lucha entre los simpatizantes del restablecimiento del sistema federal y los conservadores, y en el estado de Yucatán regía un gobierno partidario de la Unión federal. Con severa objetividad, es de admitirse que Manuel Crescencio Rejón, autor material de dicho proyecto; fue el precursor directo de la fórmula fundamental que se desarrolló posteriormente en el juicio de Amparo; sin embargo, han surgido al respecto algunas discusiones entre eminentes tratadistas del derecho constitucional: unos, defienden a Rejón como creador del juicio de Amparo; otros, exigen para Mariano Otero esta consideración. Rejón explica, la facultad del Poder Judicial para vigilar la constitucionalidad de la legislación, que las leyes así censuradas no quedarían destruidas, sólo se disminuiría su fuerza moral "con los golpes redoblados de la jurisprudencia". En los artículos 63 y 64, respectivamente, se establecía: Los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos garantizados por el artículo anterior (el artículo 62 formaba parte del, capítulo denominado "garantías individuales" y enumeraba en IX fracciones los derechos de los habitantes), a los que les pidan su protección contra cualesquier funcionario que no corresponda al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados. De los atentados cometidos por los Jueces contra los citados derechos conocerán sus respectivos superiores, con la misma preferencia de que se ha hablado en el artículo precedente, remediando desde luego, el mal que se les reclame, enjuiciando inmediatamente al conculcador de las mencionadas garantías”.
  • 7. Constitución de 1857 Esta Constitución adopta principalmente dos posturas: la individualista y el liberalismo como régimen de relaciones entre el Estado y los gobernados. El sistema individualista opta por la realización de un objetivo, que estriba necesariamente en la protección y conservación de la personalidad individual. Por el contrario el liberalismo implica la actitud que el Estado adopta o asume por conducto de sus órganos frente a la actividad particular, en el sentido de garantizar a ésta un amplio desarrollo mientras no provoque el desorden dentro del medio social. El Código Político de 1857 consideró que los derechos del hombre no sólo son el objeto de las instituciones jurídicas, sino su base misma, lo que da a entender su fidelidad a la tesis individualista, además los autores de dicha Constitución implícitamente se declararon partidarios del iusnaturalismo en materia de derechos del hombre, ya que en una parte del texto se puede leer que “se debe respetar los derechos concedidos al hombre por su creador” La Carta Magna de 1857 reputa al Estado como un mero vigilante de las relaciones entre particulares, cuya injerencia surge cuando el desenfrenado desarrollo de la libertad individual acarrea disturbios en la convivencia social. La novedad de la Constitución del 57 radica en que se constituye el Juicio de Amparo. Se pugna porque fuese la autoridad judicial la que proveyese a la protección de la Ley Fundamental en los casos concretos en que se denunciase por cualquier particular alguna violación a sus mandamientos y mediante la instauración de un verdadero juicio, en que los fallos no tuvieran efectos declarativos generales. Se consideraban competentes para conocer de los casos por infracción a la Ley Fundamental, tanto a los tribunales federales como a los de los Estados, “previa la garantía de un jurado compuesto de vecinos del distrito respectivo”. Sin embargo, al expedirse ésta se suprimió dicho jurado, para atribuir la competencia exclusiva de conocer de todas las controversias que se suscitaren por leyes o actos de cualquier autoridad que violaran las garantías individuales o que vulnerasen el régimen federal, a los tribunales de la Federación. En la fracción II del artículo 107 de este cuerpo normativo, Mariano Otero redacta la fórmula jurídica que encierra los efectos de la sentencia recaída en juicio de amparo y federaliza este procedimiento. “La sentencia se ocupará únicamente de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que la motiva”
  • 8. El juicio de amparo queda consagrado en los artículos 101 y 102 constitucionales, atribuyéndose a Ponciano Arraiga, el proyecto del artículo 102 que contenía la base y razonamiento que justifican el derecho de los particulares a solicitar un juicio cuando se vulneren alguna de sus garantías por un acto de autoridad, o cuando existiera una invasión de soberanía entre la esfera federal y estatal. Constitución Federal de 1917 Es en la Constitución de 1917 donde el Amparo adquiere, definitivamente, una gran trascendencia y sirve de ejemplo para los demás pueblos de América. Es el célebre Art. 107 de dicha Constitución el que norma esta institución jurídica tal como la conocemos hasta el día de hoy. En él menciona varios cambios que, el tratadista Alfonso Noriega resume así: 1. “Se reguló, con todo detalle, la naturaleza y procedencia del Amparo, fijando las bases de su reglamentación; 2. Se hizo una distinción definitiva, dictada en juicios civiles o penales, y el Amparo indirecto procedían ante la Suprema Corte, únicamente en contra de sentencias definitivas, dictadas en juicios civiles o penales y el amparo indirecto que procedía ante los jueces de Distrito, contra actos de autoridades distintas de la judicial; así como también, en contra de actos judiciales, ejecutados fuera de juicio, después de concluido éste, o bien, dentro del juicio, cuando tuviere sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación; así como cuando el amparo se pedía por un tercero extraño al procedimiento; y, por último, cuando el amparo se solicita con fundamento en fracciones II y III del Art. 103 Constitucional; 3.Se estableció un engorroso recurso que denominó “Reparación Constitucional”, a fin de las que las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, se hicieran valer, exclusivamente, al reclamarse la sentencia definitiva, siempre que esas violaciones se hubieren impugnado y protestado en contra de ellas oportunamente, en el momento de cometerse la violación, y 4. Se reguló lo relativo a las responsabilidades en que incurran las autoridades responsables, cuando nos suspendan el acto reclamado, debiendo hacerlo, conforme a la ley y, asimismo, las responsabilidades en que pudieran incurrir las mismas autoridades responsables cuando habiéndose concedido el amparo a favor de un quejoso, se insistiera en la repetición del acto reclamado o bien, se eludiera el cumplimiento de la sentencia que concediera el amparo”. Además, esta Constitución se aparta ya de la doctrina individualista, considera a los derechos del hombre como un conjunto de garantías individuales que el Estado concede u otorga a los habitantes de su territorio.
  • 9. En esta Carta Magna ya no se hace figurar a los derechos del hombre como el exclusivo contenido de los fines estatales. La ley fundamental se inclina más hacia la teoría rousseauniana, que asevera que las garantías de que pueden gozar los individuos frente al poder público son otorgadas a éstos por la propia sociedad, única titular de la soberanía. Los constituyentes de 1917 cambian radicalmente no sólo de texto, sino el espíritu mismo de la Constitución de 1857 en lo tocante a las garantías individuales. Al introducirse garantías de carácter social, la declaración individualista que resultan incongruente. Esta Constitución, reconoce las garantías sociales, las cuales son un conjunto de derechos otorgados a determinadas clases sociales, que tienden a mejorar y consolidar su situación económica, contenidos principalmente en los artículos 123 y 127 constitucionales. La Constitución vigente evidencia el régimen de intervencionismo del Estado, aunque alterna con otros regímenes, como son el liberal-individualista, en cuanto a varias de las garantías individuales, y el nacionalista por lo que respecta al artículo tercero constitucional. En síntesis, mientras que la Constitución de 1857 reputa a los derechos del hombre como elementos súper estatales, la Constitución vigente los considera como fruto de una concesión por parte del orden jurídico del Estado. En ambos ordenamientos constitucionales el Estado adopta distinta postura frente a los gobernados, ya que en la Constitución de 57 son los principios liberales los que regulan las relaciones respectivas, y en la vigente los postulados pertenecientes a diversas tendencias político-jurídicas y sociales. El medio de control o protección de los derechos del hombre principalmente, pues su procedencia general es exactamente igual en ambos regímenes constitucionales con la sola diferencia de que, mientras la Constitución de 57 es muy concisa por lo que se refiere a la formación del juicio de Amparo, la vigente en su artículo 107, es mucho más explícita y contiene, una completa regulación de su ejercicio, detallado por la Ley reglamentaria correspondiente.
  • 10. La Creación del Amparo El juicio de Amparo, en México, tiene como precursor al Proyecto de Constitución de reformas para la Administración interior del Estado, patrocinado y redactado en su mayor parte, por don Manuel Crescencio Rejón en el año de 1840. El Art. 53 de este Proyecto decía: “Corresponde a la Suprema Corte de Justicia”: 1. Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección, contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarios a la Constitución o contra las providencias del gobernador Ejecutivo, reunido, cuando en ellas se hubiere infringido el Código fundamental o las leyes, limitándose en ambos casi reparar el agravio en la parte en la que éstas o la Constitución hubiese sido violadas”. Y, Así mismo el Art. 63 disponía: “Los jueces del artículo anterior, a los que les pidan su protección contra cualesquiera funcionario que no corresponda al orden judicial decidiendo y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados". En esta forma nace el juicio de Amparo mexicano con sus características esenciales: la actuación de la justicia federal cuando fueren violados los derechos constitucionales por la Función Ejecutiva o por la Función Legislativa y la protección de carácter particular para quien solicita el Amparo, pero, sin hacer declaraciones de carácter general. En febrero de 1852 se presentó ante el Congreso de la Unión un Proyecto de Ley Reglamentaria del Art. 25 del Acta de reforma y aquí, por primera vez, se da el nombre de Recurso de Amparo, pero este proyecto, no fue aprobado. La Constituyente de 1856-1857 es la última del siglo pasado en la cual vuelve a tratar sobre el Recurso de Amparo y se lo configura en mejor forma: con más precisión y con un alcance mayor al experimentado anteriormente. El 18 de octubre de 1919 se expidió la denominada Ley de Amparo que hizo viable el Amparo establecido en la Constitución de 1917 y más tarde se introdujeron varias reformas a la ley, así: el 10 de enero de 1936 se promulgó una nueva Ley Orgánica de los Arts. 103 y 107 de la Constitución Federal; el 19 de enero de 1951 y el 14 de marzo del mismo año se promulgaron reformas sustanciales a esta ley y luego el 30 de abril de 1968. El juicio de Amparo, en sus aspectos de procedencia y mecanismo procesal asume perfiles típicamente nacionales. Tanto Manuel Crescencio Rejón como Mariano Otero contribuyeron a crear esta institución del juicio de Amparo. Don Manuel Crescencio Rejón, contribuyó en establecer dentro de las facultades del poder judicial, la consistente en amparar en el goce de sus derechos a los que
  • 11. le pidan, su protección contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarios a la Constitución, o contra las providencias del Gobernador o del ejecutivo, limitándose en todo caso a reparar el agravio en la parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas. Rejón también reputaba como órganos de control a las jueces de primera instancia. Aportación de Rejón a la estructura jurídica del Amparo: Procedencia ante la Corte Suprema para preservar la Constitución contra cualquier acto que se tradujese en un agravio individual imputable a los poderes ejecutivo o legislativo, Procedencia del Amparo ante los jueces de primera instancia contra autos de autoridades distintas del gobernador o de la legislatura, que afectaran garantías individuales; Consignación constitucional del principio de la instancia de parte en la procedencia del Amparo y del de la relatividad de las sentencias respectivas. Importante es la aportación de Mariano Otero en su intervención en el Proyecto de Minoría de 1842, así como en el Acta de Reformas de 1847. Se otorgaba competencia a los Tribunales de la Federación para proteger a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceden esta Constitución y las leyes Constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Otero, introdujo un régimen de preservación de la Constitución en el que el Congreso Federal fungía como entidad de tutela, ya que podía declarar nula una ley local que pugnare con disposiciones del ordenamiento fundamental o de las leyes generales. Podemos afirmar que el pensamiento de Rejón y de Otero es, en términos generales claramente coincidente. Con Rejón se introdujo este control constitucional por primera vez en Yucatán, pero con Otero se instituyó de local, en federal, y, por ende en nacional.
  • 12. Leyes Reglamentarias de Amparo. Son aquellas que establecen el procedimiento con todas sus derivaciones y aspectos, mediante el cual los órganos constitucionalmente competentes ejercen el control de los actos de las autoridades estatales lesivos de las garantías individuales. Como a través de la historia debemos comprender que en el Derecho Positivo mexicano, es en donde encontramos de mucha importancia el juicio de Amparo, ya que a través del tiempo podemos decir que desde el proyecto de la Constitución para el Estado de Yucatán, el cual fue elaborado por Manuel Crescencio Rejón en 1840 aparece ya una necesidad primordial o sea un procedimiento para proteger a los individuos en el goce de sus derechos fundamentales, se está hablando de las garantías individuales. Nueva Ley de Amparo 2013. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución politica de los estados unidos mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del distrito federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución politica de los estados unidos mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o del distrito federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la constitución politica de los estados unidos mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley.
  • 13. Bases Constitucionales del Juicio de Amparo Las bases constitucionales del Juicio de Amparo se establecen en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados del Estado mexicano, que tiene por finalidad “hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquellos”, esto es, sus garantías individuales. El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia de impugnación de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aun de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva. Las fuentes legislativas actuales del juicio de amparo están formadas por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la Ley de Amparo de 30 de diciembre de 1935; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la misma fecha, y el Código Federal de Procedimientos Civiles de 31 de diciembre de 1942, que es de aplicación supletoria respecto del segundo ordenamiento. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. El Artículo 107 prevé las bases que se deben seguir en el procedimiento que estipula la ley reglamentaria. El objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados; y, por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal. (Art. 1° L.A.)
  • 14. PROCESO DEL JUICIO DE AMPARO En su regulación actual, los órganos competentes para conocer del juicio de amparo son: la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los tribunales colegiados de circuito; los tribunales unitarios de circuito; los juzgados de distrito, y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas, en auxilio de la justicia federal. Se tramita en vía directa cuando se impugnan sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y en vía indirecta, contra actos u omisiones en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, contra actos que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales y contra actos u omisiones de autoridad administrativa. Tratándose del amparo directo, la parte que haya obtenido sentencia favorable puede presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio, lo que constituye una figura novedosa, tendente a dar celeridad al juicio en tanto propicia el análisis de todas las violaciones procesales en un mismo fallo. Principios que rigen el Juicio de Amparo Existen, entre otros: a) Principio de instancia de parte. El juicio sólo puede iniciarse una vez que la parte agraviada lo solicite, es decir, no procede de oficio. b) Principio de existencia de un agravio personal y directo. Debe existir necesariamente un menoscabo u ofensa que afecte específicamente al agraviado. Esa afectación debe haberse ya producido, o estar en ejecución, o bien, debe ser de realización inminente. c) Principio de definitividad. Antes de acudir al amparo es necesario agotar todos los medios de defensa que para el caso concreto prevean las leyes, tales como la apelación en materia civil o penal, el juicio de nulidad en materia fiscal, etcétera. Sinembargo, hay algunas excepciones a este principio, entre las cuales sobresalen cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida o se restrinja la libertad del quejoso. d) Principio de prosecución judicial del amparo. Significa que es necesario sujetarse a los procedimientos y formas establecidos por la Ley de Amparo. e) Principio de relatividad de las sentencias de amparo. Se refiere a que la sentencia que concede el amparo sólo beneficia a la persona que lo promovió, pero no a la generalidad de la población. f) Principio de estricto derecho. El juzgador debe limitarse a resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, hechos valer en la demanda. Existen algunas excepciones a este principio, entre ellas, cuando se trate de las materias penal, laboral o agraria, casos en los que puede operar la suplencia de algunas deficiencias de la demanda.
  • 15. Las Partes y la Legitimación Las partes en el juicio son el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal. Es en este ámbito de la legitimación procesal en donde se verificaron algunos de los cambios más trascendentales para la eficacia del amparo: por cuanto hace a la legitimación activa, ya no se exige la demostración de un interés jurídico, sino de un interés legítimo individual o colectivo derivado de una afectación a la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, manteniéndose la exigencia de un derecho subjetivo afectado de manera personal y directa, únicamente para la impugnación de actos de autoridades jurisdiccionales. Respecto a la legitimación pasiva, se privilegia un criterio de identificación material, al señalarse que tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo la que con independencia de su naturaleza formal intervenga en el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones, con lo que el ámbito de protección se amplió a las omisiones. Además, se establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando en ejercicio de funciones determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, previsión con la que se logra una protección horizontal de los derechos fundamentales. Como medida cautelar, los actos que se impugnen en amparo pueden ser objeto de suspensión, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo deberá realizar una ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Sentencias Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de las personas que lo hayan solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda; sin embargo, cuando el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito emitan jurisprudencia por reiteración en la que se declare la inconstitucionalidad de normas generales no tributarias, la Corte emitirá una declaratoria general de inconstitucionalidad, siempre que fuere aprobada por una mayoría de al menos ocho votos. En amparo directo, las sentencias deben contener el pronunciamiento respecto de todas las violaciones que se hayan hecho valer y aquellas que se adviertan en suplencia dela queja, cuando proceda, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución. Los efectos de la concesión del amparo, tratándose de actos positivos, consistirán en restituir al quejoso en el pleno goce del
  • 16. derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; tratándose de actos negativos o que impliquen una omisión, la autoridad estará obligada a cumplir lo que el derecho violado exija. En amparo contra leyes, de declararse la inconstitucionalidad, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Procede la suplencia de la queja en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los plenos de circuito; en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; en favor del inculpado o sentenciado, así como en favor de ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso adherente; en materia agraria, tratándose de actos de privación de bienes o derechos agrarios, a los núcleos de población ejidal o comunal, así como a los ejidatarios y comuneros en particular; en materia laboral, en favor del trabajador; en otras materias cuando se advierta una violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso o particular recurrente; así como en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Recursos El sistema de recursos fue simplificado, de manera que solo se admiten los de revisión, queja y reclamación, y tratándose del cumplimiento de sentencias, el de inconformidad. Son muchos los aspectos novedosos del juicio de amparo, pero el cambio más profundo provino, por un lado, de la reforma al art. 1o. constitucional que establece una serie de principios interpretativos -interpretación conforme, principio pro persona, principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad- que obligan a todas las autoridades del Estado, incluyendo a los órganos jurisdiccionales, a resolver adoptando la interpretación más favorable al derecho de que se trate, de manera tal que se logre dar operatividad a los derechos fundamentales en juego. Por otra parte, la apertura del ordenamiento jurídico mexicano al derecho internacional de los derechos humanos permite que el juicio de amparo se conciba como un instrumento protector de los derechos fundamentales consagrados también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en tanto conforman junto con la Constitución el parámetro de validez de todo el orden jurídico mexicano.
  • 17. Tipos de Juicios de Amparo Existen dos tipos: el indirecto y el directo. El amparo indirecto lo resuelven los Juzgados de Distrito y, en ciertos casos, los Tribunales Unitarios de Circuito. Procede, entre otros casos, contra:  Leyes, tratados internacionales o reglamentos que, por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso;  Actos de tribunales, ejecutados fuera de juicio o después de concluido;  Actos emitidos en un juicio que, de ejecutarse, no puedan ser reparados;  Leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o de éstos, cuando invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, y  Resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Por su parte, el amparo directo lo resuelven los Tribunales Colegiados de Circuito y, en ciertos casos por la relevancia del asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ejercicio de la facultad de atracción. Procede contra sentencias definitivas, laudos –decisiones de litigios en materia laboral– y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o durante el procedimiento y afecte la defensa del quejoso en forma trascendente para el sentido de la resolución definitiva.
  • 18. CONCLUSIÓN Por medio de este trabajo, hemos conocido y entendido mejor, que ésta institución jurídica, el amparo, ha tenido una evolución lenta, pero constante, a través de la historia, que con el paso del tiempo se ha ido enriqueciendo y perfeccionando hasta llegar a nuestros días con todos los elementos que le son propios. Este medio de control constitucional es el resultado de las conquistas jurídicas de los ciudadanos frente a la autoridad. Nuestro objeto de estudio es pieza fundamental del ordenamiento constitucional de 1917. La esencia de este juicio, como lo hemos podido constatar en esta investigación, es la protección, el auxilio de la justicia federal cuando un gobernado es restringido, limitado, afectado, en sus derechos públicos subjetivos. El amparo fue la aspiración e inspiración más profunda de muchos estudiosos del derecho y defensores de los derechos humanos. Se puede atribuir la paternidad de este juicio tanto a Manuel Crescencio Rejón como a Mariano Otero. Ellos entendieron que se requería de un instrumento práctico para la defensa de estas garantías individuales. En Conclusión podemos decir Juicio de Amparo hecho indispensable para los Proyectos de vida social que se ha ido transformando con el tiempo. Debido a los requerimientos económicos, presiones sociales y a los Trastornos políticos del país Y Mediante estas características en los derechos fundamentales, la ciudadanía hace valer sus derechos frente al poder del Estado, trazando los límites de actuación de éste frente a los particulares. Y que consisten en el respeto a los derechos del hombre, que a su vez están constituidos por la facultad de los individuos para disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la propiedad y de la seguridad.
  • 19. BIBLIOGRAFIA Antecedentes históricos generales del juicio de amparo: https://es.slideshare.net/IxchelAlzaga/antecedentes-del-juicio-de-amparo- 71938186?from_action=save http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 21472011000100009 Antecedentes del juicio de amparo en México: http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16 066&revista_caderno=9 https://prezi.com/xk9d0bwvfwlk/historia-y-antecedentes-del-juicio-de-amparo/ La creación del amparo: http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16 066&revista_caderno=9 Leyes Reglamentarias de Amparo. https://prezi.com/xk9d0bwvfwlk/historia-y-antecedentes-del-juicio-de-amparo/ Nueva Ley de Amparo 2013. https://prezi.com/xk9d0bwvfwlk/historia-y-antecedentes-del-juicio-de-amparo/ Bases Constitucionales del Juicio de Amparo. https://www.gestiopolis.com/juicio-de-amparo-en-mexico/ Proceso del juicio de amparo. http://mexico.leyderecho.org/amparo/