MASTER CPSV UPC. Instrumentos de políticas de suelo/vivienda en derecho comparado autonómico.

UPC – CPSV – MASTER EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA CURSO: POLÍTICA DE SUELO Y VIVIENDA Francisco Javier Burón Cuadrado jueves 18 de diciembre de 2009

INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS DE SUELO Y VIVIENDA EN DERECHO COMPARADO AUTONÓMICO ESPAÑOL; ESPECIAL REFERENCIA AL MODELO VASCO. Francisco Javier Burón Cuadrado. Abogado Economista Área Derecho Público Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Ex Director de Planificación y Ex Viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco Grupo de Estudios EKITEN THINKING

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1. UN MARCO NORMATIVO PARA LA VIVIENDA EN ESPAÑA

UN MARCO NORMATIVO PARA LA VIVIENDA EN ESPAÑA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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[object Object],Nuestra jurisprudencia interna (ordinaria y constitucional) utiliza la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como elemento interpretativo para la resolución de conflictos. En este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 14 de septiembre de 2005 sintetiza lo apuntado: ”. “ Es verdad que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue proclamada solemnemente el 7 de diciembre de 2000 en el Consejo Europeo de Niza sin valor jurídico alguno obligatorio o vinculante (valor que de momento queda condicionado a la ratificación del mencionado Tratado constitucional) pero no es menos cierto que viene siendo utilizada como parámetro interpretativo tanto por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (cfr. su sentencia de 30 de enero de 2002 dictada en el asunto maxmobil telekommunikation Service GmbH contra Comisión, en donde se cita igualmente el art. 41 de la Carta), como por los más altos órganos jurisdiccionales internos (entre ellos, el Tribunal Constitucional –vid. STC 53/2002, de 27 de febrero, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2994/1994- o el Tribunal Supremo –entre otras muchas, STS, Sala Contencioso-Administrativa, de 26 de marzo de 2002, recurso 8220/1997; de 27 de marzo de 2002, recurso 8218/1997; y de 2 de abril de 2002, recurso 9932/1997-). Y es que, en cualquier caso, la Carta –como ella misma expresa en su preámbulo- reafirma, respetando las competencias y misiones de la Unión, así como el principio de subsidiariedad, los derechos reconocidos especialmente por las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de los estados miembros, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así como por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

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[object Object],(…) debiendo recordarse que este mandato del artículo 49, pese a estar incluido bajo la rúbrica «de los principios rectores de la política social y económica», no es una mera norma programática, que limite su eficacia al campo de la retórica política o de la estéril semántica de una declaración demagógica. Porque como ya precisó hace años el Tribunal Supremo norteamericano, en el caso Trop versus Duller, las declaraciones de la Constitución no son adagios gastados por el tiempo; ni una contraseña vacía de sentido. Son principios vitales, vivos, que otorgan y limitan los poderes del Gobierno de nuestra Nación. Son regulaciones de Gobierno. Y esta doctrina, aunque establecida por un Tribunal extranjero con referencia a la Constitución de su país es perfectamente trasladable a nuestro ámbito para subrayar el sentido de los artículos 9,1 y número 3 de la Disposición Derogatoria de la Constitución española . De manera que ese artículo 49, como los demás de esa misma rúbrica (entre los cuales cabe incluir el art. 47 relativo al derecho de acceso a la vivienda), como la totalidad de los que integran la Constitución, tienen valor normativo y vinculan a los poderes públicos, cada uno en su respectiva esfera, a hacerlos eficazmente operativos.”

[object Object],Tales viviendas están directa e inmediatamente preordenadas a satisfacer un interés público y a paliar un problema social, estando, por ello, sujetas a un régimen de intervención administrativa, demandado desde las mismas previsiones del párrafo primero del artículo 47 de la Constitución. Éste consagra un derecho social o de prestación que exige, consiguientemente, una intervención del Estado en la esfera social y económica y un hacer positivo de los poderes públicos para la consecución de la igualdad material que propugna el artículo 9.2 de la Constitución.” Una vez establecido por el Tribunal Constitucional la normatividad plena del artículo 47 de la Constitución en tanto que principio rector de política social y económica, cabe preguntarse ¿a que obliga la Constitución a los poderes públicos en materia de vivienda, antes de la acción legislativa de las CCAA? Como sostiene buena parte de la doctrina, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las AAPP están jurídicamente obligadas a determinados comportamientos (legislación, normativa, planificación, políticas públicas, actos administrativos, etc) y los administrados son titulares de un verdadero derecho subjetivo en relación a esas obligaciones de la Administración.

[object Object],No hay, antes del marco normativo autonómico (estatutos y leyes de las CCAA) un derecho del administrado en situación de necesidad a acceder a una concreta vivienda que sea puesta a su disposición por parte de la Administración. Pero que no exista esta facultad a favor del administrado y que este no pueda esgrimir esta exigencia ante los tribunales, no quiere decir, en modo alguno, que no estemos en presencia de un verdadero y genuino derecho subjetivo. Siguiendo en esto a JULI PONCE SOLÉ, las AAPP españolas, ex constituione, tienen un deber de medios (no de fines) que consiste en poner en marcha una serie de leyes, reglamentos, políticas públicas y actuaciones administrativas que, una vez desplegada la debida diligencia administrativa, den al administrado una OPORTUNIDAD REALISTA de acceder a una vivienda digna en su comunidad. Sobre la categoría “oportunidad realista” en relación a derecho sociales constitucionalizados en occidente hay una amplia tradición jurídica tanto en los EE.UU de Norteamérica (realistic oportunity presente en la jurisprudencia de los tribunales supremos de los Estados y el Tribunal Supremo de los EE.UU; por todas Sentencia del Tribunal Supremo de New Jersey de 1 de agosto de 2002 en el caso Toll Brothers, Inc vs. Township of West Windsord), como en Francia (el Consejo Constitucional francés considera la vivienda como un objetivo de valor constitucional y entiende que las AAPP están obligadas a poner ,los medios necesarios para que la ciudadanía disfrute de ese derecho de forma efectiva y real, por todas Decisión nº 2000-436 DC, de 7 de diciembre de 2000 del Consejo Constitucional francés) o Alemania (la doctrina constitucional alemana utiliza desde hace muchos años el concepto “mandatos de optimización” – optimierungsgebot- como una obligación jurídicamente debida de los poderes públicos de actuar de forma efectiva en materia de derechos sociales).

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[object Object],Art. 148.1.3ª de la CE (reparto competencial en materia de vivienda) el establece con claridad que la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda son competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas. Esto implica que, de forma similar a lo que ocurre con la competencia de urbanismo, será preciso recurrir al análisis de cada normativa autonómica para conocer la regulación del derecho de acceso a la vivienda.

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[object Object],De tal forma que hay un MANDATO-DEBER de puesta a disposición de suelo al servicio de la efectividad del derecho a la vivienda, que debe darse una ocupación equilibrada del territorio ponderando todos los intereses en juego (medioambientales, sociales, económicos, etc), que la vivienda para poder cumplir con los requisitos de esta ley debe contener los componentes físicos (accesibilidad), medioambientales y económicos (accesibilidad) que generalmente no se han ponderado en otras normas legales y que son las CCAA y los ayuntamientos a través de sus leyes, reglamentos, políticas y actos administrativos lo que tiene que garantizar la efectividad real del derecho a la vivienda de la ciudadanía (debiendo ser esa vivienda físicamente y económicamente accesible, insertada en un medioambiente urbano respetuoso con la naturaleza y las personas y susceptible de uso por todo tipo de personas en todo tipo de etapas vitales.

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[object Object],ANDALUCÍA: proyecto de ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía El pasado mes de junio la Junta de Andalucía remitió al Parlamento Andaluz un Proyecto de Ley relativo al derecho a la vivienda. En estos momentos (noviembre del 2009) se encuentra en el trámite de debate en ponencia de las enmiendas parciales, una vez que en septiembre se debatieron y rechazaron las dos enmiendas a la totalidad, una con texto alternativo, que fueron presentadas. Este proyecto de ley debe entenderse como una continuación de la labor iniciada por la Ley 13/2005 de medidas para la vivienda protegida y el suelo y el Decreto 146/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía. Y debe ser leída de forma armónica con los mandatos de Ley 1/1994 de ordenación del territorio de la CA de Andalucía y la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

[object Object],El artículo 10 del Proyecto de Ley pone el planeamiento urbanístico al servicio de la cohesión social, en tanto en cuanto que los PGOU deben poner la ordenación y gestión urbanística al servicio de la satisfacción de las necesidades de vivienda que puedan existir en el municipio. Esta obligación de la Administración municipal se despliega en una doble estrategia: provisión de suelo suficiente a corto/medio plazo y adecuadamente localizada territorialmente y acciones de rehabilitación de tejidos urbanos ya existentes (con especial atención a la eliminación de la infravivienda).

[object Object],En relación a las reservas de suelo para vivienda protegida, el artículo 15 del Proyecto de Ley, se limita a establecer la competencia de la Junta de Andalucía para establecer las que consideres oportunas, dentro del marco delimitado por la legislación urbanística (en estos momentos 30% del aprovechamiento urbanístico residencial de cada sector o área, que puede ser eximido total o parcialmente en los sectores de menos de 15 viviendas por hectárea o en los que la vivienda protegida no sea un tipología de vivienda cohonestable con las características físicas del sector -artículo 10.1 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía-).

[object Object],El artículo 20 del Proyecto de Ley regula el alojamiento transitorio, una situación intermedia entre la vivienda habitual y las residencias colectivas que se da en caso de exclusión social o riesgo de la misma, cuando habiendo necesidad de vivienda es imposible en ese momento el acceso a una vivienda protegida. En el caso más que frecuente de promoción pública sobre suelo dotacional, estamos ante equipamientos públicos que, en cualquier caso, nunca serán susceptibles de inscripción registral separada o unitaria.

[object Object],CATALUÑA: La Ley 18/2007 Del Derecho A La Vivienda Ley 18/2007 del derecho a la vivienda de Cataluña debe considerarse una continuación, aunque en este caso accediendo al rango legal, del trabajo normativo iniciado por el Decreto 244/2005 de actualización del plan para el derecho a la vivienda 2004-2007 que, a su vez, trae causa de la veterana y derogada Ley 24/21191 del derecho a la vivienda de Cataluña. La ley 18/2007 debe ser leída de forma armónica con el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, el Decreto-ley 1/2007, de 16 octubre, de Medidas urgentes en materia urbanística, Ley 3/2009, de 10 marzo de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos y la Ley 23/1983, de 21 noviembre de política territorial de Cataluña.

[object Object],Son menciones clásicas en este tipo de normas todas las relativas a la provisión de suelo para edificar vivienda protegida , a la edificación de este tipo de viviendas, al alquiler protegido , a la rehabilitación de vivienda o las viviendas de inserción social . Más novedosas son las referencias a la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler (Dictamen del Consejo Consultivo 282/2007: función social de la propiedad, interés general y principio de igualdad) u otras formas de cesión de uso, a la medicación social en el alquiler o a los contratos de copropiedad . Caso contrario es el de las relativamente extendidas por otras CCAA (y conocidas con nombres varios que hacen referencia a la emergencia social en materia de vivienda y la necesidad de inserción también residencial) ayudas al alquiler vinculadas a la exclusión social reguladas en el artículo 72 de la Ley.

[object Object],Artículo 74. Definición de viviendas destinadas a políticas sociales A efectos de lo establecido por el artículo 73, se consideran viviendas destinadas a políticas sociales todas las acogidas a cualquiera de las modalidades de protección establecidas por la presente Ley o por los planes y programas de vivienda, los cuales pueden incluir, además de las viviendas de protección oficial de compra o alquiler o de otras formas de cesión de uso, las viviendas de titularidad pública, las viviendas dotacionales públicas, los alojamientos de acogida de inmigrantes, las viviendas cedidas a la Administración pública, las viviendas de inserción, las viviendas de copropiedad, las viviendas privadas de alquiler administradas por redes de mediación social, las viviendas privadas de alquiler de prórroga forzosa, las viviendas cedidas en régimen de masovería urbana, las viviendas de empresas destinadas a sus trabajadores y las demás viviendas promovidas por operadores públicos, de precio intermedio entre la vivienda de protección oficial y la vivienda del mercado libre pero que no se rigen por las reglas del mercado libre.

[object Object],El fondo de solidaridad urbana, además de los recursos presupuestarios específicos que destine al mismo el departamento competente en materia de vivienda, debe integrar asimismo las cantidades que generen las sanciones establecidas por los artículos 123.3, 124.3 y 125.3. El fondo de solidaridad urbana debe financiarse también con las cantidades económicas que deben aportar los ayuntamientos que no cumplan las obligaciones quinquenales de construcción establecidas por el artículo 73. Dichas cantidades son fijas por cada unidad de vivienda no construida. Deben establecerse por decreto la forma y condiciones en que debe efectuarse la aportación y su cuantía. El fondo de solidaridad urbana puede ser utilizado, subsidiariamente, para atender los gastos derivados del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a que se refiere el artículo 15, cuando el comprador final sea la Administración pública.

[object Object],MADRID: La Ley 6/1997 De Viviendas De Protección Pública La Ley 6/1997 de viviendas de protección pública de Madrid ha sido recientemente desarrollada reglamentariamente por el Decreto 74/2009 y fue complementada en uno de sus aspectos por la Ley 9/2003 de régimen sancionador de la vivienda protegida . Este corpus normativo debe integrarse sistemáticamente junto a la Ley 9/2001 de suelo de Madrid (modificada parcialmente por la Ley 2/2005 ) y la Ley 9/1995 de medidas en materia de Ordenación del Territorio, Suelo y Urbanismo. En concreto, el Preámbulo de la Ley 6/1997, a diferencia de lo que ocurre con otros textos normativos autonómicos, no conceptúa el derecho de acceso a la vivienda previsto en el art. 47 de la CE como un derecho de todo ciudadano, sino como un principio rector de la política social y económica que ha de inspirar la actuación de las diferentes Administraciones Públicas:

[object Object],“ La exigencia social y jurídica de hacer efectivo el principio social que establece el artículo 47 de la Constitución que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, la conveniencia de satisfacer necesidades no cubiertas por las viviendas de protección oficial, pese a su indudable relevancia, y la posibilidad de que la Comunidad de Madrid destine recursos propios a estos fines ha conducido a la creación de un régimen de vivienda distinto de los que existen en la actualidad, la vivienda con protección pública. Con la finalidad de establecer medidas específicas para fomentar el acceso a la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid y establecer mediante norma con rango legal determinadas previsiones relativas al régimen de infracciones y sanciones y a las afecciones de los terrenos destinados por el planeamiento a la construcción de vivienda protegida, la Comunidad de Madrid ha decidido promover una serie de medidas legislativas entre las que se encuentra la presente Ley.”

[object Object],No hay en materia de vivienda obligación legal cierta alguna para la Administración en esta norma. Simplemente se apunta que la Comunidad de Madrid podrá intervenir directamente o mediante convenios con entidades públicas o privadas. Pero, ni siquiera queda claro que esa intervención administrativa en la vivienda sea obligatoria, inclinándose más el texto por una intervención pública facultativa o voluntaria. Obviamente, ante la falta de certeza y concreción de obligaciones administrativas en materia de vivienda, la ciudadanía de esta CA poco puede reclamar a los tribunales, pues no hay obligación de medios establecida en la normativa. No se puede exigir a la jurisdicción que obligue a la Administración a una diligencia tal que provoque una oportunidad realista para acceder a una vivienda digna por parte de la población, pues tales obligaciones no existen en el marco legal autonómico madrileño. Obviamente los ciudadanos de esta CA podrán defender en sede jurisdiccional y constitucional sus derechos fundamentales y ello puede permitir también una defensa jurídica indirecta del derecho a la vivienda, en función de su conexión con otros derechos constitucional con tutela judicial y constitucional cierta. Es decir, que frente al marco catalán o andaluz, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid están en una posición jurídica mucho más desfavorable en lo que se refiere a la exigencia de cumplimiento real y efectivo del derecho a la vivienda .

[object Object],La gran paradoja de este artículo es que crea obligaciones ciertas de actuar a favor de la efectividad del derecho a la vivienda para los poderes públicos y agentes privados urbanísticos, mientras que las administraciones competentes en materia de vivienda no han recibido expresamente ese mandato. Se dirá que estamos antes los mismos sujetos (AAPP y agentes privados). Pero es claro que el urbanismo es un mundo de mayor presencia competencial de los Ayuntamientos y menor de las CCAA. Con lo que, como se ha dicho, paradójicamente la CA de Madrid no tiene obligaciones ciertas en materia de vivienda, mientras que los Ayuntamientos (a través de sus competencias urbanísticas) sí. Y mirando la paradoja desde el anverso, los ciudadanos si pueden acudir a los tribunales exigiendo la acción de los poderes públicos locales en materia de vivienda (a través del urbanismo), mientras que ese acceso a la jurisdicción es más difícil en el caso de atacar actos no urbanísticos de la CA de Madrid. Nada que no se pueda solucionar con buena asesoría jurídica y una justificada conexión funcional entre la vivienda y el urbanismo, pero llama poderosamente la atención el abstencionismo militante de la normativa de vivienda de la CA de Madrid.

[object Object],Estas poderosas reservas de suelo para vivienda protegida (al menos, la mitad del suelo urbanizable de destino residencial), en línea con las CCAA con reservas más altas (Navarra y País Vasco) hasta cierto punto pierden virtualidad, pues los cortos periodos de calificación de la vivienda protegida de Madrid no permiten consolidar un parque de vivienda protegida al servicio del derecho a una vivienda digna de la ciudadanía al hechas ser en condiciones de mercado libre la casi totalidad de las segundas y posteriores transmisiones de vivienda protegida.

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2. LAS VANGUARDIAS Y BUENAS PRACTICAS EN LA UNION EOROPEA

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3. EL DESARROLLO DE UNA POLITICA PUBLICA (EJECUCIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES DE VIVIENDA 2002-2005 Y 2006-2009 DEL GOBIERNO VASCO)

MORFOLOGÍA SOCIAL DEL PROBLEMA 85.000 SOLICITANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA INSCRITOS EN ETXEBIDE 56.000 INSCRITOS COMO SOLICITANTES DE VIVIENDA EN ALQUILER EL 48% INSCRITOS TIENE UNOS INGRESOS INFERIORES A 21.100 EUROS EL 47% DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE VIVIENDA EN PRIMER ACCESO NO PUEDE COSTEAR UN PRECIO SUPERIOR A 150.000 EUROS PRECIO MEDIO MÁXIMO ASUMIBLE EN COMPRA 158.000 EUROS / CANTIDAD MENSUAL PAGO ACCESO A LA MISMA 457 EUROS LA VIVIENDA LIBRE MEDIA EN COMPRA SE SITÚAN EN 346.000 EUROS Y EL ALQUILER PRIVADO MEDIO EN 919 EUROS

LOS FALSOS DILEMAS DE LAS ADMINISTRACIONES NO INTERVENIR vs INTERVENIR 1 SUBVENCIONAR vs OFRECER AYUDAS FINANCIERAS vs CONSTRUIR 2 CONSTRUIR + MOVILIZAR VIVIENDA VACÍA 3 VIVIENDA LIBRE + VIVIENDA PROTEGIDA 4 PROPIEDAD + DERECHO DE SUPERFICIE Y ALQUILER PUBLICO 5 PERMITIR EL LUCRO PRIVADO INDEBIDO A COSTA DE ESFUERZOS PÚBLICOS vs DIGNIFICAR LA VIVIENDA PROTEGIDA 6

EL MODELO VASCO DE VIVIENDA 2001-2009 INTERVENCION PUBLICA 1 POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA AL SERVICIO DEL DERECHO CIUDADANO A LA VIVIENDA 2 LAS NOCIONES DE SERVICIO Y DOTACIONES PUBLICAS DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SISTEMA PUBLICO DE VIVIENDA (GOBIERNO VASCO Y AYUNTAMIENTOS) 3 4 PAPEL CENTRAL DEL ALQUILER (50% DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO VASCO Y 20% DEL TOTAL DEL PARQUE DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA)

EL MODELO VASCO DE VIVIENDA 2001 - 2009 CALIFICACIÓN PERMANENTE DE LA VIVIENDA PROTEGIDA (2002) 5 FUERTE INTERVENCIÓN PÚBLICA SOBRE EL SUELO (RESERVAS: 75% SUELO URBANIZABLE Y 40% SUELO URBANO) 6 ALTA CUOTA DE VIVIENDA PROTEGIDA (40% EN EUSKADI, 55% EN ALAVA, 70% EN VITORIA) 7 AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO EN VIVIENDA 8 AMPLIO ABANICO DE VIVIENDA PUBLICA (VS, VPO, VT, ADAs) 9 CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER Y DERECHO DE SUPERFICIE (FRENTE A LA PROPIEDAD PLENA) 10 INEXISTENCIA DE LA VENTA EN PROPIEDAD PLENA POR PARTE DE GOBIERNO VASCO (solo alquiler y derecho de superficie) 11

EL MODELO VASCO DE VIVIENDA 2001 - 2009 PREBAREMACIÓN, SORTEO Y CUPOS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN CASO DE ETXEBIDE Y OBLIGACION DE SORTEO EN TODOS LOS DEMÁS CASOS (AYUNTAMIENTOS, PROMOTORES PRIVADOS Y COOPERATIVAS) 12 DESAPARICIÓN DEL MERCADO PRIVADO SECUNDARIO DE VIVIENDA PROTEGIDA (EXIGENCIA DE VISADO DE CONTRATOS Y EL EJERCICIO UNIVERSAL DEL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO) 13 APUESTA POR LA REHABILITACIÓN Y LA REGENERACIÓN 14 SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA A PRECIOS PUBLICOS Y PRESIÓN SOBRE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA LIBRE 15

VIVIENDA PROTEGIDA INICIADA ANUAL: 1990-2008

VIVIENDA PROTEGIDA INICIADA 1990-2008 CALIFICACION PERMANENTE DESCALIFICABLES DESCALIFICABLES

CUOTA MERCADO VIVIENDA PROTEGIDA: 1990-2008

PARQUE VIVIENDA PROTEGIDA: 2001 - 2008 DESCALIFICABLES CALIFICACION PERMANENTE (restos de descalificables) CALIFICACION PERMANENTE

PARQUE ALQUILER PUBLICO: 1990-2008

LA APUESTA POR EL ALQUILER: PARQUE DE ALQUILER 2001 - 2008

LA APUESTA POR EL ALQUILER: PRODUCCION DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER Y COMPRA

MOVILIZACION VIVIENDA VACIA ALQUILER PUBLICO

EVOLUCION DE ALOKABIDE: 2003-2008

PARQUE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ALQUILER DE AYTOS Y CAJAS PARQUE DE VIVIENDAS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO BIZIGUNE LA APUESTA POR EL ALQUILER PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER PARQUE DE VIVIENDAS SOCIALES DE ALOKABIDE, S.A. 143 € 240 € 280 € 271 € 17.000 VIVIENDAS 229 EUROS MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA PROPIETARIO INQUILINO > 1 AÑO VACÍA RENTA < 660 € < 120 M 2 CARENCIA DE VIVIENDA INGRESOS <21.000 € EMPADRON. CAPV > 1 AÑO 553 € 282 € SUBVENCIÓN 271 € RENTA PAGO RENTA (70% MERCADO) GARANTÍAS REFORMA RENTA (<30% INGRESOS) ADJUDICA ARRIENDA

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y PROMOTORES PRIVADOS FOMENTO DEL ALQUILER PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PARA ARRENDAMIENTO PROTEGIDO PLAZO ALQUILER 15 AÑOS 50 AÑOS AYUDA DIRECTA Y SUBSIDIACIÓN DE PRÉSTAMO PRÉSTAMO CUALIF. TIPO DE ACTUACIÓN PROTEGIBLE 20 (+3) AÑOS 30 (+3) AÑOS PROMOCIÓN PARA VENTA A TERCERO Y POSTERIOR ALQUILER PROTEGIDO CON RENTA DE VP DE RÉGIMEN ESPECIAL PROMOCIÓN PARA ARRENDAMIENTO PROTEGIDO CON RENTA DE VP DE RÉGIMEN ESPECIAL O <75% VPO DE RÉGIMEN GENERAL 100% COSTES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COSTES VINCULADOS A LA URBANIZACIÓN EN PROMOCIÓN CONCERTADA/ CONVENIADA (MÁXIMO 3.000 EUROS/VIVIENDA O 5.500 EUROS/VIVIENDA EN ARI) 0% (MÁXIMO 20 AÑOS) 1% (MÁXIMO 20 AÑOS) 10.000 EUROS/VIVIENDA 20.000 EUROS/VIVIENDA 18.000 EUROS/VIVIENDA 40.000 EUROS/VIVIENDA PROMOCIÓN PARA ARRENDAMIENTO PROTEGIDO CON RENTA DE VPO DE RÉGIMEN GENERAL 0% (MÁXIMO 20 AÑOS) 24.000 EUROS/VIVIENDA 24.000 EUROS/VIVIENDA 1% (MÁXIMO 20 AÑOS) SIN SUBSIDIACIÓN SIN SUBSIDIACION

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y PROMOTORES PRIVADOS FOMENTO DEL ALQUILER ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PARA ARRENDAMIENTO PROTEGIDO PLAZO ALQUILER 15 AÑOS 50 AÑOS AYUDA DIRECTA Y SUBSIDIACIÓN DE PRÉSTAMO PRÉSTAMO CUALIF. TIPO DE ACTUACIÓN PROTEGIBLE 20 (+3) AÑOS 30 (+3) AÑOS ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA ARRENDAMIENTO PROTEGIDO CON RENTA DE VP DE RÉGIMEN ESPECIAL ADQUISICIÓN PARA ARRENDAMIENTO PROTEGIDO CON RENTA DE VP DE RÉGIMEN ESPECIAL O <75% VPO DE RÉGIMEN GENERAL 1% (MÁXIMO 20 AÑOS) 1% (MÁXIMO 20 AÑOS) 10.000 EUROS/VIVIENDA 20.000 EUROS/VIVIENDA 18.000 EUROS/VIVIENDA 40.000 EUROS/VIVIENDA ADQUISICIÓN PARA ARRENDAMIENTO PROTEGIDO CON RENTA DE VPO DE RÉGIMEN GENERAL 1% (MÁXIMO 20 AÑOS) 20.000 EUROS/VIVIENDA 18.000 EUROS/VIVIENDA 1% (MÁXIMO 20 AÑOS) SIN SUBSIDIACIÓN SIN SUBSIDIACION

SUBVENCIONES A DISPOSICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS PROMOCIÓN DE ALOJAMIENTOS DOTACIONALES AYUDA DIRECTA Y SUBSIDIACIÓN DE PRÉSTAMO PRÉSTAMO CUALIF. 30 (+3) AÑOS PROMOCIÓN DE ALOJAMIENTOS DOTACIONALES CON RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA PROMOCIÓN DIRECTA DE ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SIN RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA SIN SUBSIDIACIÓN 0% (0-10 AÑOS) Y 1% (11-20 AÑOS) 40.000 EUROS/ALOJAMIENTO 40.000 EUROS/ALOJAMIENTO PROMOCIÓN INDIRECTA DE ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SIN RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 3.000 EUROS/ALOJAMIENTO 0% (0-10 AÑOS) Y 1% (11-20 AÑOS) FOMENTO DEL ALQUILER REHABILITACIÓN Y PUESTA EN ARRENDAMIENTO EN MEDIOS RURALES (>3.000 HAB) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE, HASTA 600 EUROS/M 2 GASTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y HONORARIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRA, HASTA 3.000 EUROS/VIVIENDA PLAZO ALQUILER 15 A 50 AÑOS TIPO DE ACTUACIÓN PROTEGIBLE TIPO DE ACTUACIÓN PROTEGIBLE

AYUDAS A LA REHABILITACION: 1990-2008

AYUDAS MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA: 2001-2008

INSPECCION VIVIENDA PROTEGIDA: 1990-2008 OBJETIVO 2009

SINIESTRALIDAD LABORAL OBRAS DPTO-VISESA

¿QUIEN HA HECHO TODO ESTO? SUELO URBANIZACIÓN EDIFICACIÓN CALIFICACIÓN DEMANDA ADJUDICACIÓN VENTA ALQUILER INSPECCIÓN SANCIÓN DIRECCIÓN DE SUELO DIRECCIÓN DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TOLOSA, SS, BILBAO, SESTAO, EIBAR, AMURRIO, ESKORIATZA, ONDARROA, UGAO AMURRIO, IRUÑA DE OCA, SALVATIERRA, VITORIA, LLODIO, OKONDO, ARRASATE, AZKOITIA, SS, IRÚN, ORIO, SONDIKA, ARRIGORRIAGA, SOPUERTA, … ORTUELLA, ZARAUTZ, LEKEITIO, USÚRBIL, URNIETA GERNIKA, ARRASATE, LEZO, EIBAR, LASARTE, MUTRIKU, TOLOSA, AZKOITIA, AZPEITIA, ESKORIATZA, ZARAUTZ, LEGAZPI, BERGARA, ARETXABALETA, ANTZUOLA, OÑATI, DURANGO, ELORRIO, ORTUELLA, URRETXU, AMOREBIETA, BERRIZ, IGORRE, ELGETA, HERNANI, ASPARRENA, URKABUSTAITZ, .. AYUNTAMIENTOS GOBIERNO AYUNTAMIENTOS CAJAS DE AHORROS CIUDADANIA

MUY BAJO NIVEL DE VIVIENDA VACIA (29.000 / 891.000) 1 MUY BAJO NIVEL DE SEGUNDAS RESIDENCIAS 2 BAJA PRODUCCION RELATIVA VIVIENDA LIBRE Y ALTA PRODUCCION VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA / 1.000 HAB 3 INFERIOR CRECIMIENTO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE RESPECTO A LA A LA MEDIA DEL ESTADO ( INTER ALIA, POR PRESION DE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA ) 4 ATENCION DIRECTA A PRECIOS ENTRE DOS Y TRES VECES INFERIORES A LOS DEL MERCADO DE VENTA Y ALQUILER DE CASI DE 50.000 PERSONAS / FAMILIAS 5 EFECTOS DE ESTAS POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA EN EUSKADI: EN CICLO ECONOMICO/INMOBILIARIO EXPANSIVO

EQUIPAR A LO PÚBLICO CON UN PATRIMONIO QUE NO SE ENAJENA Y SIRVE PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS DE LA SOCIEDAD VASCA EN MATERIA DE VIVIENDA. 6 EFECTOS DE ESTAS POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA EN EUSKADI: EN ECONOMICO/INMOBILIARIO CICLO EXPANSIVO MENOR PRESION URBANISTICA SOBRE EL TERRITORIO / MENOR NIVEL DE CORRUPCION / INCIPIENCIA DE PRACTICAS SOCIALES DE CONTROL DEL URBANISMO 7 MENOR PATRIMONILIZACION PRIVADA DE PLUSVALIAS URBANISTICAS POR PARTE DE PROPIETARIOS DE SUELO Y PROMOTORES DE VIVIENDA 8

TODOS LOS LOGROS PARA EL SECTOR PUBLICO DE VIVIENDA DEL CICLO EXPANSIVO SE MANTIENEN 1 PERO ES VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA “VASCA” 2bis LA PRODUCCION DE VIVIENDA LIBRE SE REDUCE EN MUCHA MENOR MEDIDA QUE LA MEDIA DEL ESTADO 3 LA CUOTA DE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA SE PUEDE IR POR ENCIMA DEL 50% DEL MERCADO 4 EFECTOS DE ESTAS POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA EN EUSKADI : EN ECONOMICO/INMOBILIARIO CICLO RECESIVO LA PRODUCCION DE VIVIENDA LIBRE BAJA NOTABLEMENTE Y LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA ES EL REFUGIO DEL SECTOR 2

6 EFECTOS DE ESTAS POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA EN EUSKADI: EN CICLO ECONOMICO/INMOBILIARIO EXPANSIVO AUN MAS BAJO NIVEL DE VIVIENDA VACIA (18.000 / 891.000) LAS OPERACIONES URBANISTICAS EMPIEZAN A REQUERIR INELUDIBLEMENTE LIDERAZGO PUBLICO 7 5 AYUNTAMIENTOS Y EMPRESAS EMPIEZAN A MIRAR AL ALQUILER, E INCLUSO EL DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

EL MODELO VASCO DE VIVIENDA 2009 - MENOR INTERVENCION PUBLICA 1 OTRAS POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA AL SERVICIO DEL DERECHO CIUDADANO A LA VIVIENDA 2 NO SE MANEJAN LAS NOCIONES DE SERVICIO Y DOTACIONES PUBLICAS DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SISTEMA PUBLICO DE VIVIENDA (GOBIERNO VASCO Y AYUNTAMIENTOS) 3 4 PAPEL CENTRAL DEL ALQUILER (BUSQUEDA DE NUEVAS FORMULAS DE FINANCIACION DEL PARQUE DE ALQUILER PROTEGIDO: CONCESION ADMINISTRATIVA)

EL MODELO VASCO DE VIVIENDA 2009 - RELATIVIZACION DE LA CALIFICACIÓN PERMANENTE DE LA VP 5 POSIBLE REDUCCION DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA SOBRE EL SUELO (RESERVAS: 75% Y 40%) 6 PUED DEJAR DE SER UN OBJETIVO LA ALTA CUOTA DE VIVIENDA PROTEGIDA 7 REDUCCION DEL GASTO PÚBLICO EN VIVIENDA 8 AMPLIO ABANICO DE VIVIENDA PUBLICA (VS, VPO, VT, ADAs) 9 CUESTIONAMIENTO DEL DERECHO DE SUPERFICIE (POSIBLE PROCESO DE VENTA DEL MISMO) 10 REINTRODUCCION DE LA VENTA EN PROPIEDAD PLENA (INCUSO COMO VIVIENDA LIBRE) 11

EL MODELO VASCO DE VIVIENDA 2009 - POSIBLE ELIMINACION DEL SISTEMA DE SORTEO Y VUELTA A LA BAREMACIÓN 12 FORMALMENTE SE MANTIENE LA DESAPARICIÓN DEL MERCADO PRIVADO SECUNDARIO DE VIVIENDA PROTEGIDA (EXIGENCIA DE VISADO DE CONTRATOS Y EL EJERCICIO UNIVERSAL DEL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO), PERO PUEDE APARECER LA DESCALIFICACION TACITA. 13 APUESTA POR LA REHABILITACIÓN Y LA REGENERACIÓN 14 ABANDONO DEL OBJETIVO DE PRESION SOBRE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA LIBRE 15

LOS CAMINOS HACIA EL DERECHO A LA VIVIENDA 1 EL LIDERAZGO PUBLICO EN MATERIA DE URBANISMO, ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE, ETC 3 MAS Y MEJOR GASTO PÚBLICO EN VIVIENDA (GASTO DIRECTO vs. DEDUCCIONES COMPRA) NECESIDAD DE OTRA POLITICA TRIBUTARIA PARA LA VIVIENDA (FISCALIDAD ALQUILER, VIVIENDA PROTEGIDA, VIVIENDA VACÍA) LIMITACIONES LEGALES AL SOBRE-ENDEUDAMIENTO HIPOTECARIO

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