IV Informe sobre la dependencia en Navarra 2020

José María Olayo olayo.blogspot.com
Navarra
2020
IV Informe
sobre la
dependencia

Las personas con discapacidad conforman
un colectivo de especial relevancia para las
políticas públicas, tanto por su peso numérico
como por las necesidades específicas de apoyo
que requieren para su inclusión social.
En el año 2008, la Encuesta sobre Discapacidad,
Autonomía personal y situaciones de Dependencia
(EDAD) estimaba que en Navarra había un total de
41.600 personas con discapacidad de 6 años y más,
de las cuales más de 24 mil eran mujeres y más de
28 mil tenía 65 años o más. Este colectivo suponía
el 7,42% del total de la población navarra.

En la actualidad, de acuerdo con los datos
de los servicios de valoración, 32.229 personas
cuentan con certificado de discapacidad (es
decir, con un grado de discapacidad mayor o
igual al 33%), más del 5% de nuestra población.
A ellas habría que añadir a otras personas que,
sin certificado de discapacidad, presentan
limitaciones funcionales para las actividades
básicas en la vida diaria y que también son
objeto de atención de las políticas públicas,
como pueden ser las personas en situación
de dependencia o, en el ámbito educativo,
el alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de una discapacidad,
así como niños y niñas de 0 a 3 años atendidos
en los servicios de atención temprana.

Los poderes públicos tienen la obligación
de implementar políticas de discapacidad
transversales e integrales, que tengan en
cuenta las necesidades de las personas
con discapacidad en todos los campos
de las políticas públicas: en la sanidad,
la educación, los servicios sociales, el
empleo, la vivienda, pero también en la
cultura, el ocio o la participación social
y política, garantizando su acceso a todos
los ámbitos de la vida cotidiana en igualdad
de condiciones que el resto de la población.

Por esta razón, el Gobierno de Navarra ha
impulsado el Plan de Discapacidad 2019-2025,
que tiene en cuenta todas estas cuestiones y
que, partiendo de un exhaustivo análisis de la
realidad del colectivo, se plantea un conjunto
amplio y coordinado de actuaciones que tienen
como objetivo alcanzar el mayor grado de
inclusión posible de las personas con
discapacidad para que puedan gozar de
una vida plena y autónoma.

Hablar de discapacidad implica hacerlo
desde una perspectiva de derechos
humanos, la cual incorpora en primer
lugar una dimensión moral: las personas
con discapacidad, en tanto que personas
y en tanto que ciudadanas, son sujetos
provistos de una dignidad intrínseca y
han de ver reconocidos sus derechos en
igualdad de condiciones que el resto de la
población, estableciendo los poderes públicos
los medios necesarios para alcanzar tal fin.

Este IV Informe sobre la dependencia en Navarra
2020 forma parte de la Colección Informes Anuales
que realiza el Observatorio de la Realidad Social
sobre distintos temas. En este caso se aborda la
temática de la dependencia, que se inició en 2018
con el Informe sobre la dependencia en Navarra
(2010-2017) y que se ha venido realizando en años
sucesivos, siendo el informe precedente el III
Informe sobre la dependencia en Navarra.
En esta ocasión se han considerado los datos desde
el año 2015 a 2020. Como en anteriores informes se
incorporan los datos disponibles a partir de las
estadísticas oficiales y de los registros
administrativos, tanto a nivel estatal como navarro.
Con ello se observa la evolución de los diferentes
indicadores desde 2015, aunque con especial
atención a lo ocurrido durante 2020.

En esta ocasión se han considerado los datos desde el año 2015 a 2020. Como en
anteriores informes se incorporan los datos disponibles a partir de las estadísticas
oficiales y de los registros administrativos, tanto a nivel estatal como navarro.
Con ello se observa la evolución de los diferentes indicadores desde 2015, aunque
con especial atención a lo ocurrido durante 2020.
Este informe refleja la excepcionalidad vivida el último año por la crisis sanitaria
derivada de la pandemia provocada por la COVID-19. Este sistema se ha visto sometido
a una gran tensión debido a la propia naturaleza de la dependencia (el 20,9% de este
colectivo en diciembre de 2020 era atendido a través de centros residenciales) y a la
alta mortalidad sufrida entre las personas de edad avanzada (según datos del MoMo).
En estos momentos, la situación parece aliviarse en 2021 con el proceso de vacunación.

Las fuentes utilizadas han sido el Instituto de Estadística de Navarra, el Instituto Nacional
de Estadística, los informes mensuales del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia) y la estadística mensual elaborada a partir de registros del Departamento
de Derechos Sociales y cuyos datos principales se hallan en la web del Observatorio de
la Realidad Social, en su sección dedicada a la Dependencia. Las dos primeras se han
utilizado especialmente para la obtención de la información demográfica, que también
se puede encontrar en la sección Demografía de la web del Observatorio de la Realidad
Social, mientras que las otras dos han servido para la elaboración de la información
sobre el sistema para la dependencia.
La estructura del documento comienza con un primer epígrafe, “Datos demográficos”,
donde se detalla el perfil sociodemográfico de la población dependiente. Se ha analizado
el avance del envejecimiento de la población navarra a través de los indicadores más
significativos. Se ha señalado la evolución de la población, de la población dependiente
y su ratio. Finalmente, se han desagregado los dependientes por franjas de edad y sexo
y se incluye la pirámide de población para mayores de 65 años mostrando claramente
la feminización de la dependencia.

En el capítulo sobre dependencia se desarrollan cuatro aspectos: a) la evolución
de las valoraciones y su plazo medio; b) la evolución de la dependencia en
Navarra por grados y sexo y su posterior comparación con el resto del Estado;
c) la evolución de la dependencia por áreas y una aproximación al impacto de
la Covid-19; d) un análisis de la atención que se recibe dentro del sistema
navarro para la dependencia en forma de servicios y prestaciones.
Una novedad del presente informe, de manera pionera, es el análisis de las tasas
de pobreza que tienen las personas dependientes en Navarra, que se ha realizado
a partir de datos de Nastat.
Como en informes anteriores, se realiza una aproximación al empleo generado por
el sistema de dependencia en Navarra (no sólo en términos cuantitativos sino también
cualitativos como la temporalidad y la presencia femenina) y a la financiación del sistema.

Con todo ello, a modo de avance hemos de señalar alguna idea clave obtenida:
En 2020, rompiendo la tendencia de años anteriores, se observa una disminución
de la población dependiente, 370 personas menos respecto a 2019.
Asimismo, es posible ver como este descenso es soportado principalmente por la
población mayor de 80 años, 303 personas dependientes menos, en correspondencia
con sus condiciones de mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad. En consonancia
con esta tendencia el porcentaje de población navarra que tenía reconocido algún
grado de dependencia bajó del 2,44% a 2,36%.

La cifra total de personas dependientes se situó en diciembre de 2020 en 15.615
De ellas, el 78,9% tiene más de 65 años y suponen el 9,4% de las personas de la
población de su mismo grupo de edad. Pero todavía el dato es mayor en las personas
mayores de 80 años, ya que son el 61,9% de las dependientes en Navarra, cuyas cifras
alcanzan al 23,5% de la población de su misma edad.
Dichos fenómenos se han visto reflejados en un desigual descenso en los servicios
(-3,6%) y en las prestaciones económicas (-2,0%). Destacan las bajadas en la atención
residencial (-9,5%), en la atención diurna (-10,2%), en el transporte adaptado (-10,8%)
y en el servicio de atención domiciliaria (-7,8%). Estas bajadas están claramente
relacionadas con los efectos de la pandemia, con un menor número de dependientes
debido a la mayor mortalidad y a la mayor dificultad para proporcionar los servicios.

A pesar de todo, cabe señalar que la ratio de prestaciones por persona dependiente
se mantuvo estable respecto al año anterior, pasando de 1,14 a 1,13 prestaciones
por persona a finales de 2020. Esta ratio se encuentra por encima de 1 únicamente
desde 2017.
Para finalizar esta introducción, conviene señalar otro hecho importante. Mientras
que derivado de la pandemia se ha dado una destrucción de empleo, en el caso de las
ramas relacionadas con la dependencia se ha seguido creando empleo a lo largo del año.

LA DEPENDENCIA.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia define la dependencia como “el estado de
carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas
de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligados a la falta o a la pérdida de
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra
u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida
diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad
mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.
Los datos aquí presentados son a 31 de diciembre de cada año y proceden de los registros
administrativos del Departamento de Derechos Sociales y sirven para nutrir el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El SAAD se creó al amparo de la
Ley de Dependencia y tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las condiciones
y niveles de protección mínimos que la ley recoge para todas las CCAA.

Cada CCAA tiene competencias propias en materia de servicios sociales, por lo
que puede legislar otorgando derecho a estas mismas prestaciones, aunque no
se sea dependiente tal como lo define el SAAD. Este es el caso de Navarra que ha
ampliado el ámbito de aplicación establecido por la Ley 39/2006 de 14 de diciembre,
reconociendo el acceso al servicio residencial a personas con dependencia moderada y
situación sociofamiliar que les impide permanecer en su entorno. Asimismo, reconoce
también determinados servicios a personas, que sin tener un reconocimiento de
dependencia, sí tienen necesidad de los mismos, es el caso de la “dependencia social”.
En este sentido, Navarra ha autorizado un número mucho mayor de compatibilidades
que el Estado, cuya legislación es más restrictiva en este ámbito. Las personas
dependientes en Navarra pueden hacer uso de un mayor número de ayudas debido
al alto grado de compatibilidad de estas (ver Anexo).

En cuanto al impulso legislativo de la atención a la dependencia en Navarra, ésta se
enmarca principalmente en dos normas: la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre,
de Servicios Sociales y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Ambas normas se aprueban al mismo tiempo, por lo que en Navarra el desarrollo de
la ley estatal se refleja en primer lugar a través del Decreto Foral 69/2008, de 17 de
junio, en el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General y en
sus posteriores desarrollos, que adaptan la Ley 39/2006 a la particularidad de Navarra.

COSTE Y FINANCIACIÓN.
La financiación del sistema de dependencia viene regulada en el artículo 9 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia. Este artículo indica que el sistema se financia a
través de la aportación de la propia Comunidad Autónoma, la contribución de las personas
beneficiarias y de un nivel mínimo a cuenta de la Administración General del Estado (AGE).
Con el fin de mejorar el procedimiento y la transparencia en la gestión, ya que las
comunidades autónomas tenían problemas para asignar presupuestos al gasto generado
por la aplicación de la Ley 39/2006, en julio de 2012 se firmó un Acuerdo para la mejora
del SAAD. Este Acuerdo se plasma en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por
el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia. En este decreto se recogen los nuevos criterios de asignación del nivel
mínimo de protección a las CC.AA. y se establece que, además de las variables que se
aplicaban, número de beneficiarios y grados de dependencia, se incorpora un criterio
adicional de reparto del presupuesto del Estado entre las Comunidades Autónomas en
base al número y tipo de prestaciones reconocidas, de manera que se pondera
positivamente aquellas prestaciones que atienden a los beneficiarios a través de
servicios, en relación a la prestación para cuidados en el entorno familiar.

Este criterio adicional de reparto ha supuesto un porcentaje creciente del total del
presupuesto destinado por el Estado como nivel mínimo de financiación: en 2014 sólo el
10% de la cuantía total calculada en función del número de personas dependientes y su
grado de dependencia se repartía entre las CCAA atendiendo a la proporción de servicios
que estas prestaban. Desde 2018 la cuantía que se somete a reparto ronda el 50%.
Como vemos, en la práctica para Navarra esto supone que desde 2015 este ajuste es
negativo, de forma que la cantidad se resta del pago que el Estado debiera realizar
teóricamente a Navarra en concepto de aportación mínima. En concreto, en estos
últimos cinco años se han dejado de recibir 2.311.334,16€; de esta suma, el segundo
mayor ajuste se ha dado precisamente en 2020. Todo ello supone que el esfuerzo del
Gobierno de Navarra ha tenido que ser mayor para poder garantizar los servicios que
la Ley de Dependencia reconoce a las personas dependientes.

Podemos

CONCLUSIONES.
1. El aumento continuado de la población en Navarra que los
últimos años venía produciéndose se ha reducido en su
mayor parte durante el primer semestre de 2020.
Según la Estadística del Padrón Continuo el crecimiento entre 2019 y 2020
fue del 1,07% en Navarra. Si acudimos a la población residente este crecimiento
fue del 1,01%, mientras que de enero a julio de 2020 ha sido únicamente del 0,11%.

CONCLUSIONES.
2. El colectivo de dependientes ha roto su tendencia de crecimiento
situándose en 15.615 personas a finales de 2020.
El año 2020 acabó con 370 personas dependientes menos que en 2019, obviamente
por el efecto de la COVID-19. Su porcentaje ha pasado de suponer el 2,44% de la
población navarra en 2019 a ser el 2,36% en 2020.

CONCLUSIONES.
3. El proceso de envejecimiento de la población continúa avanzando
a la par que se produce un descenso del sobre-envejecimiento.
Mientras que el índice de envejecimiento viene aumentando de manera ininterrumpida,
el índice de sobre-envejecimiento viene descendiendo ligeramente desde 2017. Esto se
traduce en que está aumentando el peso de los mayores de 65 años, pero dentro de
éstos los mayores de 80 años vienen perdiendo peso sobre el conjunto.

CONCLUSIONES.
4. La estructura demográfica de las personas dependientes muestra una
población con tres características principales: es una población envejecida,
feminizada y con un grado de dependencia principalmente moderado.
A finales de 2020 el grupo con edad comprendida entre los 80 y los 94 años contenía a más
de la mitad del total de dependientes, el 54,1%. Por otra parte, en torno a dos tercios de las
personas dependientes fueron mujeres, el 64,1% en 2020. Por último, se debe indicar que el
grupo de los moderados es el mayoritario, ya que representa al 42,9% de los dependientes y
además presenta una tendencia al alza; en cambio, los dependientes severos, relativamente
estables entre el 38% y el 37% disminuyeron 1 punto en 2020 quedando en el 37,1% y los
grandes dependientes rompieron su tendencia decreciente aumentando 6 décimas para
quedar en el 20,1% en 2020.

CONCLUSIONES.
5. El envejecimiento y su relación con la dependencia no ha traído
consigo un aumento en el número de valoraciones de dependencia
ni de la población dependiente.
Un aumento del envejecimiento debería, en principio, ir en paralelo con un aumento de
las valoraciones de dependencia y de la población dependiente. En cambio, durante 2020
ocurrió lo contrario, las valoraciones descendieron un 5,4%, hasta las 6.079, y disminuyó
la población dependiente. Podemos buscar la causa de estas bajadas en el aumento de la
mortalidad sobre las franjas de edad superiores causada por la pandemia de COVID-19 y a
la situación de parálisis que vivió el país durante el estado de alama. Esto impide en este
momento hacer una previsión sobre la evolución de las valoraciones y de la población
dependiente que habrá en 2021, pero es de suponer que la vacunación revierta estas
tendencias.

CONCLUSIONES.
6. El plazo medio de valoración mejoró durante 2020 y se mantiene
dentro del plazo de 3 meses establecido en la Cartera de Servicios
Sociales de Ámbito General.
El plazo medio de valoración pasó de 2,97 meses en 2019 a 2,86 meses en 2020.
Aunque el descenso pueda calificarse de leve, dada la situación vivida a lo largo
de 2020 debe ponerse en valor ya que, tras la declaración del estado de alarma,
la restricción de la movilidad, el cierre de los lugares públicos y la implantación
del teletrabajo no sólo se mantuvo, sino que rompió la tendencia creciente de 2019.

CONCLUSIONES.
7. Se mantiene la distribución de los tres grados de dependencia
de años anteriores con el aumento continuado desde 2015 de
la proporción de dependientes moderadas.
En términos absolutos destaca el descenso de las dependientes severas con
305 personas menos, 85 menos dependientes moderadas y el aumento
en 19 personas valoradas como grandes dependientes.

CONCLUSIONES.
8. El conjunto de las prestaciones del sistema de dependencia
en Navarra se caracteriza por un ligero predominio de los
servicios frente a las prestaciones económicas.
Aunque se ha mantenido la preponderancia de los servicios sobre las prestaciones
económicas en 2020 (51% frente a 49%), los servicios se redujeron en mayor medida
que las prestaciones económicas, un -3,6% frente al -2,0%. Este cambio respecto a
2019 puede achacarse a la nueva coyuntura dada por la pandemia, con un descenso
de personas dependientes y la mayor dificultad que se ha dado para prestar ciertos
servicios presenciales frente a las ayudas económicas.

CONCLUSIONES.
9. La ratio de prestaciones por persona dependiente se mantiene
desde 2017 en más de una prestación por persona, desde entonces
se ha consolidado en esta proporción.
La proporción en 2020 prácticamente se mantuvo respecto a 2019, con una ligera
disminución de 1,14 a 1,13. Así pues, pese al contexto de la COVID-19 el sistema
ha podido proporcionar prácticamente el mismo número de ayudas por dependiente
que en años anteriores.

CONCLUSIONES.
10. Navarra presenta un menor porcentaje de personas pendientes de
prestación que la media estatal y que las CCAA limítrofes. Mejora
desde 2015 y alcanzó el valor más bajo de la serie en 2019 con
un 6% de personas pendientes de prestación, el mismo porcentaje
que en 2020.
Pese a la eficacia que muestra este indicador es preciso prestar atención a que de
noviembre a diciembre de 2020 las personas pendientes de prestación fuera de plazo
aumentaron de 343 a 598, cifra superior a la de diciembre de 2019 en 93 personas.

CONCLUSIONES.
11. El conjunto de las prestaciones del sistema de dependencia en
Navarra permite a las personas reconocidas como dependientes
evitar en gran medida situaciones de pobreza severa, ya que
muestran menores tasas de pobreza severa que el resto de la población.
De manera innovadora, en este informe se presentan por primera vez las tasas de
pobreza del colectivo de personas dependientes, que además se comparan con las del
resto de la población. La tasa de riesgo de pobreza muestra una situación más precaria
que para el conjunto de la población, pero aparentemente la intervención de diferentes
ayudas y prestaciones incide en que la tasa de pobreza severa sea menor para las
personas dependientes que para el resto de la población. Además, dicha tasa es menor
conforme mayor es el grado de dependencia.

CONCLUSIONES.
12. El sistema de dependencia sigue generando empleo, pero es un
empleo claramente feminizado con unas tasas de temporalidad
significativamente superiores a la media.
Los datos de afiliación muestran cómo las ramas directamente relacionadas con
la dependencia continúan generando empleo de manera creciente desde 2012.
A pesar de la crisis, en 2020 las afiliaciones en estas ramas crecieron un 2,8%
respecto al año anterior.
Es cierto que el crecimiento ha sido menos intenso que el producido en los años
anteriores, pero dadas las circunstancias resulta de especial relevancia. En este caso,
es probable que haya influido la propia idiosincrasia de esta crisis sanitaria y sus efectos
e impactos sociolaborales.
Por otra parte, desde la perspectiva de género, cabe añadir y dimensionar el mayoritario
protagonismo de las mujeres en este sector. En el caso de la contratación anual, ocho de
cada diez personas contratadas en 2020 fueron mujeres.

CONCLUSIONES.
13. El sistema para la dependencia en Navarra se ha mostrado resiliente
pese al desafío que ha planteado la pandemia por la COVID-19.
Como hemos visto, tanto los indicadores demográficos (con un parón en el crecimiento
de la población y un descenso del número de dependientes), como la evolución de los
servicios y prestaciones (-2,8%), en general no han sido positivos.
Sin embargo, hay una serie de indicadores positivos: ha disminuido el tiempo medio de
valoración de la dependencia, la variación de las personas dependientes sufrió el menor
descenso de nuestro entorno, la relación entre los servicios y las prestaciones se ha
mantenido a favor de los primeros, la implantación de la ayuda económica para el entorno
familiar avanza en su implantación, las prestaciones por persona dependiente se han
mantenido estables así como las personas pendientes de prestación. Por lo tanto,
podemos considerar que el sistema para la dependencia en Navarra ha mostrado una
fortaleza reseñable frente a la situación vivida el último año.

CONCLUSIONES.
14. La estrategia del Departamento de Derechos Sociales con respecto
a la dependencia se ha destacado por el importante esfuerzo para
poner a la persona y sus necesidades en el centro del sistema.
Esto se ha concretado en el impulso dado a la ayuda económica para la contratación de
cuidadores profesionales desde 2019, que ha permitido la permanencia en el domicilio
de las personas dependientes y la reducción de costes económicos para las familias.
Igualmente, refuerzan esta idea los Acuerdos Marco de 2018 y 2019, que pretenden
ofrecer una atención integral a las necesidades básicas, terapéuticas, de rehabilitación
y socioculturales de las personas mayores en situación de dependencia mediante la
atención centrada en la persona. En ellos, además, se refuerza la atención residencial,
con la licitación de hasta 3.000 plazas concertadas durante el periodo de 2019-2020,
que son prorrogables hasta 2022.
Del mismo modo, la puesta en marcha de los programas de promoción de la autonomía
personal y prevención de la dependencia, junto con el aumento de las plazas en centros
de día, son un paso más en la estrategia para favorecer la permanencia de las personas
dependientes y sus cuidadores/as en sus domicilios.

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