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Ejecución y extinción de los contratos públicos 2018

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Ejecución y extinción de los contratos públicos 2018

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Ejecución de los contratos, modificación objetiva, revisión de precios y extinción de los contratos públicos en la nueva Ley de contratos del sector público, Ley 9/2017.

Ejecución de los contratos, modificación objetiva, revisión de precios y extinción de los contratos públicos en la nueva Ley de contratos del sector público, Ley 9/2017.

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  1. 1. Curso de Contratación del Sector Público 2018 José Manuel Rodríguez Muñoz Doctor en Derecho. Prof. de Derecho Administrativo UEX Letrado de la Junta de Extremadura
  2. 2. Ejecución de los contratos
  3. 3. 3
  4. 4. La LCSP como debería ser: 4
  5. 5. La LSCP de 1965, 1985, 2000, 2007, 2011, perdón, 2017. 5
  6. 6. El único artículo que necesitaría una LCSP si todos fuéramos “Justos y benéficos”  Artículo 1. Objeto y finalidad 1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 2. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. 3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. 6
  7. 7. Artículo 188. Régimen jurídico. Artículo 189. Vinculación al contenido contractual. Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace referencia el artículo 25.2 y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y o documento descriptivo que sustituya a éstos. 25.2 Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas. Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas.
  8. 8. JCCAMEH Informe 15/04. <Ejecución y cumplimiento del contrato en base a lo establecido en los pliegos>. Los contratos han de ser cumplidos en sus estrictos términos, recogidos en los pliegos, en las ofertas, en la adjudicación y en la formalización de los contratos. STS de fecha 27 de mayo de 2009. <Los pliegos son ley entre las partes, ajustándose a ellos el contenido de los contratos >. “...el pliego de condiciones es la legislación del contrato para la contratista y para la administración contratante teniendo por ende fuerza de ley entre las partes (...) lo significativo es que la participación en el concurso por los licitadores comporta la asunción de los derechos y deberes definidos en el pliego que, como ley primordial del contrato, constituye la fuente a la que debe acudirse para resolver todas las cuestiones que se susciten en relación al cumplimiento, interpretación y efectos del contrato en cuestión. No conviene olvidar que los contratos se ajustarán al contenido de los Pliegos Particulares cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los respectivos contratos ”. STSJ Castilla y León de fecha 26 de enero de 2012. <Los pliegos son ley entre las partes , ajustándose a ellos el contenido de los contratos> . “...como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo (sentencias, entre otras, de 6 de febrero y 8 de noviembre de 1988 , 22 de enero de 1990 y 21 de enero de 1994 ) el Pliego de Condiciones constituye la "lex contractus" con fuerza vinculante para el contratante y la Administración” STSJ Cataluña de 9 de mayo de 2012. <Los pliegos son ley entre partes, si se modifican deben procederse a una nueva convocatoria> “los pliegos de cláusulas constituyen la lex contractus, y que vinculan tanto a la Administración como a los participantes en el procedimiento de contratación. De ello deriva necesariamente que cualquier modificación del pliego, y en especial de los criterios de valoración, deba ir seguida de una nueva convocatoria”.
  9. 9. Artículo 197. Principio de riesgo y ventura. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239. 239.- Fuerza mayor. 1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato. 2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público. FUERZA MAYOR SÓLO EN OBRAS ???????????
  10. 10. JCCA Aragón Informe 18/2012. <La crisis económica no sirve de fundamento para el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión>.“...la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, la sentencia del de 2 de marzo de 1999, advierte que « no puede entenderse que al amparo de la teoría del riesgo imprevisible los entes locales deban paliar o subsanar todas las situaciones de crisis económica en que puedan encontrarse las empresas concesionarias...> (...) No es posible, con carácter general, entender que la crisis económica constituye uno de los supuestos que motivan la obligación del reestablecimiento económico de la concesión a que se refiere el artículo 282.4 TRLCSP. JCCA Canarias Informe 6/2008. <Inviabilidad de modificación de la fórmula de revisión de precios en un contrato de gestión de servicios públicos a fin de mantener el equilibrio económico financiero>. “… no resultando viable introducir a posteriori elementos no incluidos inicialmente, en la medida en que el sistema de revisión de precios establecido en el pliego constituye una de las condiciones con las que se licitó y adjudicó el contrato (...) La aceptación de tales condiciones lleva implícita la asunción del riesgo y ventura por parte del contratista”. JCCA Cataluña Informe 2/2011. <Un incremento salarial por convenio no justifica la modificación del contrato>. “La adecuación del precio del contrato durante su ejecución a la realidad del mercado se tiene que efectuar, ordinariamente, por el sistema de la revisión de precios (...) es especialmente significativo el pronunciamiento del Tribunal Supremo en la Sentencia de 15 de marzo de 2007, dictada en el Recurso 7679/2004, por la cual, en definitiva, el Tribunal desestima en casación la pretensión de la adjudicataria de repercutir el incremento de los costes salariales acordados por convenio colectivo con posterioridad a la perfección del contrato. Los principales argumentos de la Sentencia niegan que el incremento de costes generados por el convenio colectivo justifique la concurrencia de un riesgo imprevisible y de la necesidad de mantener el equilibrio financiero del contrato sobre la base de un precio justo”.
  11. 11. Prerrogativas de las AAPP Artículo 190. Enumeración. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de:  interpretar los contratos administrativos,  resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,  declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato,  suspender la ejecución del mismo,  acordar su resolución y  determinar los efectos de ésta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar underecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 12
  12. 12. Prerrogativas de las AAPP Artículo 191. Procedimiento de ejercicio.  1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.  2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.  3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación:  a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista.  b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.  c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que ésta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.  4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 13
  13. 13. Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley y a los medios propios personificados.  Disposición final cuarta.  1. Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en sus normas complementarias.  2. En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, al ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, cumplimiento o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado esta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.  3. En relación con el régimen jurídico de los medios propios personificados, en lo no previsto en la presente Ley, resultará de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 14
  14. 14. La modificación de los contratos
  15. 15. Fundamento de la modificación de los contratos del sector público  Ius Variandi = Factum principis = Prerrogativa del órgano de contratiación  Se fraguó en torno a los contratos de concesión de servicios públicos, pues su excesiva duración justificaba que la Administración no quedase rígidamente vinculada por largos periodos de tiempo en los cuales podían surgir necesidades nuevas o producirse avances técnicos que mejorasen la gestión. Inicialmente, esta facultad no se recogió en la ley sino en los mismos contratos administrativos y en los pliegos de cláusulas de la contratación
  16. 16.  tradicionalmente la modificación de los contratos administrativos se ha configurado como una prerrogativa de la Administración que sólo puede ejercitarse por razones de interés público.  Como tal prerrogativa o potestad emanaba directamente del ordenamiento jurídico y comportaba que el contratista tenía la obligación de someterse, salvo que se superase un margen del 20 % del precio.
  17. 17. García de Enterría:  “Límites en este sentido no existen ni pueden existir, porque las exigencias del interés público, el servicio de la comunidad, no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la Administración contratante o por un cambio en las circunstancias originariamente tenidas en cuenta en el momento de contratar. El interés general debe prevalecer en todo caso y en cualesquiera circunstancias, porque de otro modo, sería la propia comunidad la que habría de padecer las consecuencias.  Obligar a la comunidad a soportar una carretera, un puerto o un embalse mal planteado ab initio, inútiles o ineficaces desde su misma concepción, por un simple respeto al contractus lex no tendría sentido”.
  18. 18. La modificación en la jurisprudencia y la doctrina administrativa  Tribunal Supremo: no puede modificarse esencialmente el contrato administrativo.  Cierto que en la doctrina del Tribunal Supremo había dos líneas diferentes.  Para una de ellas debía prevalecer el fin sobre el objeto ya que lo que se persigue es satisfacer el interés público, o lo que es lo mismo el poder de modificación es ilimitado en extensión e intensidad ( Sentencia de 2 de julio de 1979, ,RJ 2866, y 1 de febrero de 2000 (RJ 318).  Otra línea jurisprudencial no admitía que la potestad de modificación abárquese las alteraciones sustanciales ( ej. la sentencia de 28 de febrero de 1989,RJ 1461, o la sentencia del TS de 21 de enero de 1994,RJ 144)
  19. 19. La modificación e la jurisprudencia y la doctrina administrativa  Para el Consejo de Estado las modificaciones no podían extenderse a las alteraciones sustanciales (dictamen 79/93, de 1 de abril).  Como señaló el dictamen 4350/97 convertir una obra de simple acondicionamiento de una carretera en la construcción de un tramo prácticamente nuevo comporta la variación en la voluntad administrativa que habrá de dar lugar a un expediente nuevo de contratación y en definitiva a un contrato administrativo distinto.  No puede modificarse sustancialmente el contrato entiende la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, pues de alterarse las bases y criterios a los que responde la adjudicación se resentirían los principios de libre concurrencia y de buena fe ( informe 47/1998 de 17 de marzo , el informe 52/00, de 5 de marzo de 2001, l informe 50/03, de 12 de marzo de 2004, n el informe 18/06, de 20 de junio de 2006, l informe 54/06, de 11 de diciembre de 2006).
  20. 20. La Jurisprudencia del TJUE  la sentencia del TJCE de 29 abril 2004, caso Comisión de las Comunidades Europeas contra CAS Succhi di Frutta C-496-99 P (TJCE 2004125). Esa sentencia abordó un asunto en el que la Comisión se había comprometido a pagar unos suministros con la entrega de manzanas y de naranjas de los almacenes de intervención, y acordó modificar la modalidad de pagosustituyendo la entrega de manzanas y naranjas por la entrega de melocotones, de acuerdo con unos coeficientes de equivalencia; además el adjudicatario principal en su oferta indicó que, en caso de insuficiencia de manzanas, estaba dispuesto a aceptar melocotones, mientras que los demás licitadores se sometieron estrictamente a las condiciones de la licitación, que no preveían la sustitución de las frutas . Respecto de ese caso, en el que claramente se vislumbra un trato de favor al adjudicatario y una evidente vulneración del principio de transparencia, el Tribunal de Justicia sienta la siguiente doctrina:  1. La entidad adjudicadora está obligada a respetar el principio de igualdad de trato entre los licitadores. Este principio “ impone que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas e implica, por tanto, que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores”.  2. Asimismo la entidad adjudicadora tiene que respetar el principio de transparencia que “tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Implica que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que, por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se trata”.
  21. 21. La Jurisprudencia del TJUE  3. La entidad adjudicadora debe cumplir estrictamente los criterios que ella misma ha establecido, no sólo durante el procedimiento de licitación propiamente dicho, que tiene por objeto la evaluación de las ofertas y la selección del adjudicatario, sino, más en general, hasta la finalización de la fase de ejecución del contrato de que se trata.  4. La entidad adjudicadora no “está autorizada a alterar el sistema general de la licitación modificando unilateralmente más tarde una de sus condiciones esenciales y, en particular, una estipulación que, si hubiese figurado en el anuncio de licitación, habría permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente diferente”.  5. “Si la entidad adjudicadora desea que, por determinadas razones, puedan modificarse ciertas condiciones de la licitación tras haber seleccionado al adjudicatario, está obligada a prever expresamente esta posibilidad de adaptación, así como sus modalidades de aplicación, en el anuncio de licitación elaborado por ella y que establece el marco en el que debe desarrollarse el procedimiento, de forma que todas las empresas interesadas en participar en la licitación tengan conocimiento de ello desde el principio y se hallen así en condiciones de igualdad en el momento de formular su oferta”.
  22. 22.  “En el supuesto de que no se haya previsto expresamente tal posibilidad, pero la entidad adjudicadora pretenda desvincularse de una de las modalidades esenciales estipuladas durante la fase posterior a la adjudicación del contrato, no puede continuar válidamente el procedimiento aplicando condiciones distintas a las estipuladas inicialmente”.  “Si la entidad adjudicadora estuviera autorizada para modificar a su arbitrio, durante la fase de ejecución del contrato, las propias condiciones de licitación, sin que las disposiciones pertinentes aplicables contengan una habilitación expresa en tal sentido, los términos de la adjudicación del contrato, tal como se estipularon inicialmente, resultarían desnaturalizados”. Por lo demás “dicha práctica supondría inevitablemente la vulneración de los principios de transparencia y de igualdad de trato entre los licitadores, puesto que la aplicación uniforme de las condiciones de licitación y la objetividad del procedimiento dejarían de estar garantizadas”.
  23. 23. En el mismo sentido:  la sentencia de 19 junio 2008 ( TJCE 2008132), caso Pressetext Nachrichtenagentur GmbH contra Austria, asunto C-454/06. Se dilucidaba en la sentencia en qué condiciones puede considerarse que las modificaciones de un contrato existente entre una entidad adjudicadora y un prestador de servicios constituyen una nueva adjudicación de un contrato público de servicios en el sentido de la Directiva 92/50.  La Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 31 de enero de 2013 (Asunto T 235/11) relativa a un recurso del Reino de España contra la Decisión de la Comisión C 20111 – 1023 final de 18 de febrero de 2011 por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a distintas proyectos relativos a la ejecución de determinadas líneas ferroviarias de alta velocidad en España – AVE- señaló que permitir a la entidad adjudicadora modificar el contrato inicial, además de por razones de interés público motivadas por causas imprevistas, únicamente por necesidades nuevas permitiría a la entidad adjudicadora modificar a su arbitrio durante la fase de ejecución del contrato, las propias condiciones de licitación
  24. 24. Síntesis de la Jurisprudencia del TJUE  Según la jurisprudencia del TJUE la modificación sustancial de un contrato exige una nueva adjudicación, salvo que exista una habilitación expresa en el anuncio de licitación o en los pliegos para hacer esa modificación. Si quiere modificarse una condición esencial y la posibilidad no está prevista en el anuncio o en el pliego, no puede continuarse con el contrato, este debe resolverse y celebrarse una nueva licitación.  Pero cuando no se altere una condición esencial, la modificación contractual no desvirtúa los términos del contrato, tal y como quedaron al tiempo de la adjudicación, y no es preciso que se haya previsto expresamente esa posibilidad.
  25. 25. La modificación de contratos desde 2007  La Comisión Europea inició contra España el procedimiento de infracción 2008/2004, al considerar que el régimen de modificación de los contratos con posterioridad a su adjudicación, tal como lo regulaba la LCSP, no estaba en consonancia con los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia derivados del artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE sobre contratos públicos y de los artículos 12, 43 y 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.  A tal efecto, remitió a España una carta de emplazamiento el 8 de mayo de 2008 y un dictamen motivado de fecha 27 de noviembre de 2008. Después de contestar a la carta y al dictamen, España aceptó modificar la LCSP en cuanto a la modificación de los contratos
  26. 26.  Disposición adicional decimosexta de la a Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible la que modificó los preceptos de la LCSP sobre modificación de los contratos, para así poner fin a ese procedimiento de infracción. Así lo indica la propia exposición de motivos de la LES:  “En especial, se modifica por completo la normativa de los modificados de obras, de acuerdo con las prácticas recomendadas por la Unión Europea, y teniendo en cuenta, especialmente, la postura manifestada por la Comisión sobre modificaciones no previstas en los documentos de licitación y sobre el carácter de alteración sustancial de aquellas que excedan en más de un 10 por ciento el precio inicial del contrato”
  27. 27. La regulación actual: LCSP 9/2017  LIBRO SEGUNDO, De los contratos de las Administraciones Pública,  TÍTULO I, Disposiciones generales,  CAPÍTULO I. De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas,  subsección 4ª, Modificación de los contratos,  artículos 203 a 207.
  28. 28. Los modificados en los PANAPS  respecto de los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas, aunque los efectos y extinción de los contratos que celebren se rigen por las por normas de derecho privado, se les aplican lo dispuesto en los artículos 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato (art. 319).  No prosperó el anteproyecto que preveía que se les aplicara las normas de modificación solo para los contratos sujetos a regulación armonizada.  En estos casos la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las impugnación de las modificaciones contractuales cuando se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, y se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación (art. 27)
  29. 29. Los modificados en los PANAPS  “asimismo, en los casos en que la modificación del contrato no estuviera prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre que su importe sea igual o superior a 6.000.000 de euros y la cuantía de la modificación, aislada o conjuntamente, fuera superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, será necesaria la autorización del Departamento ministerial u órgano de la administración autonómica o local al que esté adscrita o corresponda la tutela de la entidad contratante, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.  En estos contratos será en todo caso causa de resolución la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205” (art. 319)
  30. 30. Modificación en entidades del sector publico NO poder adjudicador  la modificación de los contratos de las entidades del Sector Público que no ostenten la condición de poder adjudicador (art. 322).  se regularán por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación
  31. 31. El recurso especial en la modificación de los contratos  El Recurso especial en materia de contratación pública, e deja de estar vinculado con carácter exclusivo a los contratos SARA, pues se puede interponer en el caso de contratos de obras, concesiones de obras y de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones y contratos de servicios y de suministros cuyo valor supere los cien mil euros  Sigue teniendo carácter potestativo (art. 44),  Ahora entre las actuaciones impugnable se recoge las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación (art. 45.2 d)).  En cambio el TR en el art. 40.2 disponía que “sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación”.  En estos casos el plazo de quince días hábiles para interponer el recurso se computará desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante (art. 50.1 d).
  32. 32. 33 33 Regla general LOS MODIFICADOS EN LA DIRECTIVA 2014/24 Toda modificación que introduzca un cambio fundamental en un contrato exige una nueva licitación
  33. 33. 34 34 Cambio sustancial I El que tiene como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente a la del celebrado en un principio
  34. 34. 35 35 Cambio sustancial II Se considerará como tal Si de haberse licitado inicialmente podrían haber acudido más u otros interesados o haberse aceptado una oferta distinta Cuando se amplié de forma importante el ámbito del contrato Cuando se sustituya al contratista inicial fuera de los casos permitidos Cuando se altere el equilibrio económico en beneficio del contratista
  35. 35. 36 36 Modificados de escaso valor Modificados previstos en los pliegos iniciales Modificados no sustanciales Modificados de escaso valor Modificados basados en causas imprevisibles
  36. 36. 37 37 Modificados previstos Cláusulas de revisión claras, precisas e inequívocas Las cláusulas determinarán el alcance y naturaleza de las modificaciones Las cláusulas determinarán las condiciones en que pueden utilizare.
  37. 37. 38 38 Modificados basados en causas imprevisibles Causa no previsible por un adjudicador diligente La modificación no debe afectar a la naturaleza del contrato La modificación no puede superar al 50% del valor inicial
  38. 38. 39 39 Modificados de escaso valor Que el valor de la modificación sea inferior al umbral Y que sea inferior al 10% del valor inicial en servicios y suministros o al 15% en obras No podrá alterar la naturaleza global del contrato
  39. 39. 40 40 Cambio de contratista No es modificado según la vigente legislación española Se admite Previsión en el contrato Sucesión empresarial Asunción por el poder frente a subcontratistas 40
  40. 40. 41 41 Complementarios I Obras, suministros o servicios adicionales, necesarios y no previstos en el contrato inicial Que cambiar al contratista no sea factible o genere inconvenientes significativos La modificación no puede superar al 50% del valor inicial
  41. 41. 42 42 Complementarios II Art. 32.3 b) dentro de la regulación del procedimiento negociado sin publicidad Se refiere a suministros e instalaciones. La duración no podrá ser superior a tres años, por regla general
  42. 42. 43 Artículo 203. Potestad de modificación del contrato. 1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207. 2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204; b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.
  43. 43. 44 En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina. 3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63.
  44. 44. 45 Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. (Art. 204) 1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial (TRLCSP 10 %) cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes: a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
  45. 45. 46 La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos. 2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. - En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. - No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.
  46. 46. 47 Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (Art. 205) Tres tipos: • Prestaciones Adicionales (antiguos complementarios) • Circunstancias Imprevisibles • Modificaciones no sustanciales 1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: REQUISITOS GENERALES: a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo. b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes:
  47. 47. 48 a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. • Prestaciones Adicionales (antiguos complementarios)
  48. 48. 49 b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. • Circunstancias Imprevisibles
  49. 49. 50 c) En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original. Modificaciones no sustanciales
  50. 50. 51 2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato. 3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23. (SARA) (ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.
  51. 51. 52 Obligatoriedad de las modificaciones del contrato. (art. 206) En los supuestos de modificación del contrato no recogidas en los pliegos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario.
  52. 52. 53 Art. 207: Además de lo previsto en el art. 191 (Proced. Ejercicio de las prerrogativas) En el caso de las modificaciones contractuales se acordarán en la forma que se hubiese especificado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Antes de proceder a la modificación del contrato no recogidas en los pliegos, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato SARA, a excepción de los contratos de servicios y de concesión de servicios enumerados en el anexo IV, en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205 deberán publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el correspondiente anuncio de modificación conforme a lo establecido en esta Ley. Especialidades procedimentales.
  53. 53. 54 Asimismo los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, con independencia de si este es SARA y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación.
  54. 54. 55 Contratos de suministros y servicios en función de las necesidades. Disposición adicional trigésima tercera. En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público con presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo. En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 204 de esta Ley. La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
  55. 55. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso Artículo 192. 1. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. (20% en el TRLCSP) 2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. 3. Los pliegos reguladores de los acuerdos marco podrán prever las penalidades establecidas en el presente artículo en relación con las obligaciones derivadas del acuerdo marco y de los contratos en él basados. 56
  56. 56. Demora en la ejecución. Artículo 193. 1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. (0,20€ en el TRLCSP). 57
  57. 57. Demora en la ejecución. El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 5. La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 58
  58. 58. Daños y perjuicios e imposición de penalidades. Artículo 194. 1. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 2. Las penalidades previstas en los dos artículos anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 59
  59. 59. Desistimiento o renuncia de la Administración a la celebración del contrato durante la licitación(152) 1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común. 60
  60. 60. Desistimiento o Renuncia de la Administración a la celebración del contrato durante la licitación(152) 3. Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión. 4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 61
  61. 61. Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratos.  Artículo 195. 1. En el supuesto de demora en la ejecución, si la Administración optase por la resolución ésta deberá acordarse por el órgano de contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de este, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. 2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 62
  62. 62. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros.  Artículo 196. 1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315, o en el contrato de suministro de fabricación. 3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 4. La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 63
  63. 63. Facultad de suspender unilateralmente (art. 208 LCSP).  Artículo 208. Suspensión de los contratos. 1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, (demora en el pago superior a cuatro meses) se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 64
  64. 64. Facultad de suspender unilateralmente (art. 208 LCSP). a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono sólo comprenderá, siempre que en los puntos 1º a 4º se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 1º) Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 2º) Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 3º) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión. 4º) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 5º) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. 6º) Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el Pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. b) Sólo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. c) El derecho a reclamar prescribe en un año contados desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. 65
  65. 65. Responsable del contrato(art. 62 LCSP). 1. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246. 3. En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra. 66
  66. 66. EL RESPONSABLE DEL CONTRATO. ●Es un hecho que la ejecución de los contratos discurren por senderos al margen del procedimiento legal y, quizá las dos principales causas sean: oEl cambio del perfil profesional de los que se ocupan de una y otra fase. oLa lentitud de la la forma escrita. ●Con esta figura se pretende: oCoordinar la ejecución del contrato y asegurar una adecuada colaboración entre el personal de los servicios interesados en la contratación y el personal de los órganos de contratación. oAsegurar el cumplimiento del procedimiento legal y responsabilizarles de su incumplimiento. oGarantizar una adecuada gestión del dinero público.
  67. 67. Prerrogativas de las AAPP •Facultades ligadas a la recepción (art. 210.2 LCSP).  –La constatación del cumplimiento exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.  –A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 68
  68. 68. Garantías del contratista  Penalización por mora en el pago del precio (art. 198 y 199 LCSP):  –La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.  –Si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 69
  69. 69.  la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 70
  70. 70. Garantías del contratista  Art. 199–Transcurrido el plazo de 30 días, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.  El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro. 71
  71. 71. Garantías del contratista  –Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.  –Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 72
  72. 72. Garantías del contratista •Abonos a cuenta (art. 198.2 y .3 TRLCSP):  -En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión  –El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 73
  73. 73. Garantías del contratista •Inembargabilidad (art. 216.7):  –Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:  •Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.  •Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato. 74
  74. 74. Garantías del contratista •Transmisión de derechos de cobro (art. 200 LCSP):  –1. Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.  –2. Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión.  –3. La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por el contratista quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior.  –4. Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista o del cedente surtirán efectos liberatorios.  -5. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual. 75
  75. 75. Garantías del contratista •Cesión del contrato (art. 214 LCSP): 1. Al margen de los supuestos de sucesión del contratista y sin perjuicio de la subrogación que pudiera producirse a favor del acreedor hipotecario o del adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria, la modificación subjetiva de los contratos solamente será posible por cesión contractual, cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos, dentro de los límites establecidos en el párrafo siguiente. A tales efectos, los pliegos establecerán necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b), no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan una sociedad específicamente para la ejecución del contrato, establecerán la posibilidad de cesión de las participaciones de esa sociedad; así como el supuesto en que, por implicar un cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a una cesión contractual a los efectos de su autorización de acuerdo con lo previsto en el presente artículo. Los pliegos podrán prever mecanismos de control de la cesión de participaciones que no impliquen un cambio de control en supuestos que estén suficientemente justificados. 76
  76. 76.  Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:  a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en la letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.  b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.  No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 77
  77. 77.  No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrá solicitar la cesión en aquellos supuestos en que los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios los pliegos prevean, mediante cláusulas claras e inequívocas, la posibilidad de subrogación de un tercero en todos los derechos y obligaciones del concesionario en caso de concurrencia de algún indicio claro y predeterminado de la inviabilidad, presente o futura, de la concesión, con la finalidad de evitar su resolución anticipada.  c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.  d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.  3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 78
  78. 78. STS de fecha 14 de octubre de 2005. <La cesión de contrato puede tener efectos, respecto de derechos y obligaciones, previos o posteriores a la cesión, en función de los términos del acuerdo de cesión y siempre que el interés público quede garantizado>. “… a tenor del párrafo segundo del artículo 182 del Reglamento, el cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían al cedente, debiendo entenderse que esta subrogación se refiere a la totalidad del tracto de la relación contractual, y no se produce solo a partir del momento en que se suscribe el contrato de cesión STS de fecha 29 de diciembre de 2004. <La cesión de contrato a favor de una entidad que no tiene capacidad es un acto nulo>. “... Ya ha quedado constatado que el contrato de cesión de obra era nulo de derecho puesto que Fondomar carecía de la necesaria capacidad para subrogarse como contratista del Estado. Y también conviene recordar que esa clase de nulidad es incluso apreciable de oficio por los Tribunales en su misión revisora de la actuación de la Administración. (Sentencias de esta Sala de 24 de abril y 25 de septiembre de 1989 y la ya citada de 2 de octubre de 2000). Consiguientemente, hubiese o no sido declarada formalmente la nulidad de la cesión del contrato de obra, lo que en modo alguno puede pretenderse es obtener de los Tribunales una declaración de su validez y vigencia que vendría a convalidar con fuerza de cosa juzgada un acto nulo de derecho”.
  79. 79. Artículo 215. Subcontratación. 1.El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero. En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. 2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: a)Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
  80. 80. e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75, en los contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser éstas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, cuando así se hubiera previsto en los pliegos: a) la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 3.Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. 4.En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71. 5.El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
  81. 81. 82 Pagos directos a los subcontratistas. Disposición adicional quincuagésima primera. 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas. 2. El subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200. 3. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 4. En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 5. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública para desarrollar, en el ámbito del sector público estatal, las previsiones contenidas en los apartados anteriores relativas a las características de la documentación que debe aportarse, el régimen de notificaciones, y el de certificaciones, operativa contable y facturación.
  82. 82. CCCA Andalucía Informe 17/08. <Subcontratación sin límites porcentuales en caso de empresas vinculadas. Régimen de solvencia para la subcontratación y posibilidad de clasificación>. “Se puede subcontratar hasta el 100 por cien del contrato con empresas vinculadas que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio”. STSJ de Andalucía de 17 de septiembre de 2001 . “En una relación sinalagmática, como es la derivada del contrato de obras, si el subcontratista queda obligado sólo ante el contratista principal (excluyendo a la Administración Pública) sólo a éste podrá exigir la satisfacción de sus derechos”, y en igual sentido se pronuncia la Audiencia Nacional en su Sentencia de 22 de noviembre de 2005 (Recurso núm. 1538/2002). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 9 de junio de 2006 (recurso núm. 563/2003) añade que “el subcontratista puede accionar contra el contratista, pero no existe propiamente una relación directa entre la Administración y el subcontratista ni, en consecuencia, está reconocida la posibilidad de entablar una acción contra aquella”. STJUE de 23 de diciembre de 2009 (CoNISMa) Asunto C-305/08. <Posibilidad de acreditar la solvencia a través de medios ajenos o mediante la subcontratación de parte del contrato>. “Por último, de conformidad también con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las normas comunitarias no exigen que la persona que celebra un contrato con una entidad adjudicadora sea capaz de realizar la prestación pactada directamente con sus propios recursos para que pueda ser calificada de contratista, esto es, de operador económico. Basta con que esté en condiciones de ejecutar la prestación de que se trate, aportando las garantías necesarias para ello (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2001, Ordine degli Architetti y otros, C-399/98, Rec. p. I-5409, apartado 90) (...) Así pues, tanto de las normas comunitarias como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que puede licitar o presentarse como candidato toda persona o entidad que, a la vista de los requisitos previstos en un anuncio de licitación, se considere apta para garantizar la ejecución del contrato público, directamente o recurriendo a la subcontratación”.
  83. 83. Artículo 216. Pagos a subcontratistas y suministradores. Artículo 217. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas, serán obligatorias para las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá ampliarse el ámbito de los contratos en los que estas actuaciones de comprobación e imposición de penalidades previstas en el apartado 1 sean obligatorias.
  84. 84. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación: EL PERÍODO DE GARANTÍA 1.El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. 3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 243, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija,y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante.
  85. 85. No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
  86. 86. JCCAMEH Informe 17/05. <Posibilidad de que los funcionarios, laborales o miembros de la Corporación firmen la prestación de la conformidad en factura que acredita la recepción en los contratos menores>. Aunque no se comprenden las razones que impiden el cumplimiento del requisito de la firma de facturas en contratos menores por funcionarios municipales, la interpretación necesariamenteflexible y simplificadora del régimen jurídico de dichos contratos, conduce a la conclusión de que la firma puede corresponder a contratados laborales o a miembros de la Corporación Local. JCCA Islas Baleares Informe 9/2000. <Recepción delos contratosde servicio (anteriores contratos de consultorio y asistencia)>. “El artículo 213 de la LCAP complementa y desarrolla las especificidades de la recepción para los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios que con carácter general se regula en el art. 110, no constituyendo actos o trámites distintos (...) El órgano de contratación es quien tiene la facultad de determinar si la prestación objeto de estos contratos se ha cumplido y, en consecuencia, de recepcionar; sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo por representación”. JCCA Madrid Informe 6/2000. <La liquidación de los contratos>. “Que en el TRLCAP la liquidación se configura para todos los tipos de contratos como de obligada cumplimentación. Que la liquidación en el contrato de obras se materializa en un momento final una vez transcurrido el plazo de garantía, a diferencia de su configuración en el resto de los contratos regulados en el TRLCAP que se produce al inicio de dicho plazo de garantía. Que en el contrato de gestión de servicios públicos, se deberá regular en los pliegos de cláusulas administrativas particulares el régimen aplicable para su liquidación”.
  87. 87. Precio (Art. 102)  1. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.  2. Con carácter general el precio deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que ésta u otras Leyes así lo prevean.  No obstante lo anterior, en los contratos podrá preverse que la totalidad o parte del precio sea satisfecho en moneda distinta del euro. En este supuesto se expresará en la correspondiente divisa el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se incluirá una estimación en euros del importe total del contrato
  88. 88. PRECIO, PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO • Presupuesto base de licitación (PBL) Documento anexo al pliego prescripciones técnicas. Partida independiente: IVA /IGIC / IPSI Presupuesto gasto máximo estimado (PGME) /Acuerdos marco Documento anexo al pliego prescripciones técnicas Partida independiente: IVA /IGIC / IPSI Valor Estimado del Contrato (VEC), siempre IVA excluido Formas de cálculo según diferentes contratos. Suministros. Modificaciones previstas. • Precio del contrato (PC) • Retribución del Contratista, siempre IVA incluido, aunque deba figurar como partida independiente. Forma: precios unitarios / a tanto alzado.  Términos conceptuales/Informe nº 43/08, de 28 de julio de 2008, JCCAEstado  Pago cesión de terrenos/Informe 12/2010, de 3 de noviembre, de la JCCAAragón  Acuerdos marco/Presupuesto máximo  El término “precio” en la Ley de Contratos del Sector Público. Precio y conceptos afines
  89. 89. LA FACTURA ELECTRÓNICA. ● Los empresarios que sean proveedores del Sector Público ESTATAL deben facturar electrónicamente. ● Ello no obsta, para que los proveedores de cualquier otro ente del Sector Público puedan, haciendo uso de su derecho a relacionarse electrónicamente, presentar su factura en formato electrónico. ● El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo modificó el régimen de las facturas electrónicas excluyendo de la regulación general contenida en la disposición adicional decimosexta sobre el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación estableciendo en la letra f) del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta que: “No obstante lo anterior, las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación se regirán en este punto por lo dispuesto en la normativa especial que resulte de aplicación.” ● La disposición adicional decimosexta Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su apartado 2 dice: "Ajustándose a los requisitos establecidos en el apartado anterior y a los señalados en las normas que regulen con carácter general su uso en el tráfico jurídico, las disposiciones de desarrollo de esta Ley establecerán las condiciones en que podrán utilizarse facturas electrónicas en la contratación del sector público."
  90. 90. Precio  3. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados.  En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios.
  91. 91. Precio formulación En términos de precios unitarios:  Referidos a los distintos componentes de la prestación  Referidos a las unidades de la prestación que se entreguen o ejecuten En términos de precios aplicables a tanto alzado  A la totalidad  A la parte de las prestaciones del contrato
  92. 92. Precio Provisional Carácter Excepcional Procedimiento negociado o diálogo competitivo. El contrato debe iniciarse antes de la determinación del precio: Complejidad/Técnica nueva No existe información sobre coste Debe establecerse el procedimiento para determinar el precio definitivo. En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios
  93. 93. Valor estimado del contrato Comprende el “Importe total”: Sin I.V.A. Considerando las eventuales prórrogas  Y cualquier forma de opción eventual  Las primas o pagos a los licitadores  El importe total de las modificaciones previstas
  94. 94. Valor estimado del contrato En los “Acuerdos Marcos” y en los “Sistemas Dinámicos de Contratación”  Será el valor máximo estimado de los contratos que puedan celebrarse durante la vigencia  Excluido el IVA
  95. 95. Pago aplazado  Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca  - mediante la modalidad de arrendamiento financiero (LEASING)  - o de arrendamiento con opción de compra (RENTING),  - así como en los casos en que ésta u otra Ley lo autorice expresamente. 96
  96. 96. EL IVA. EL “SALTO” DE RÉGIMEN JURÍDICO. ●Según el informe 43/08, de 28 de julio de 2008: oAntes de la formalización, todas las cantidades o importes son IVA EXCLUIDO. oNo obstante, para determinar la competencia del órgano de contratación (incoación) se incluye el IVA. oDespués de la formalización, las cantidades son IVA INCLUIDO. ●La inclusión del IVA en esta fase puede suponer un cambio o un “salto” de régimen jurídico. Ejemplo: oContrato servicios valor estimado (98.000,00€); procedimiento negociado con publicidad; la publicidad obligatoria sería exclusivamente el perfil de contratante. oPrecio de adjudicación, IVA incluido, (106.200,00€) es superior a 106.200,00€ hay obligación de publicar en un diario oficial la formalización de un contrato cuya licitación no se ha publicado en ese medio.
  97. 97. La revisión de precios. 98
  98. 98. Normativa Estatal Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo de desindexación de la economía española. Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, publica el Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2016, por el que aprueba la instrucción relativa a al remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local. Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017. Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer trimestre natural del año 2017. Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Orden HFP/1904/2016,de 29 de noviembre, por la que se aprueban las normas contables de los fondos para la liquidación de activos y pasivos previstos en el artículo 13.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (Fondo sin personalidad jurídica que queda adscrito al municipio resultante de una fusión voluntaria de municipios, para liquidar los activos y pasivos que en él se integraran, cuando uno de los municipios fusionados está en situación de déficit).* Criterios de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública para el ejercicio de las funciones de tesorería en corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2017.
  99. 99. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
  100. 100. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Preambulo Objetivo principal de la Ley: establecer una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación pública, que supone aproximadamente el 20 por ciento del Producto Interior Bruto, en los precios regulados y, en general, en todas las partidas de ingresos y de gastos de los presupuestos públicos. La indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período. La práctica indexadora tiende a ser más generalizada en economías donde la inestabilidad macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo de los valores monetarios, de forma que se recurre a referenciar la evolución en el tiempo de tales valores a índices de precios como mecanismo de defensa. Sin embargo, tal mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en el origen de los denominados «efectos de segunda ronda». Cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto supone un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente porque están indexados a este índice. Ocurre así que un aumento del precio del petróleo o de un alimento encarece, debido a su impacto en el IPC, el precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una conexión directa con esos dos bienes. La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiemp El correcto funcionamiento de un mecanismo de fijación de precios requiere que estos transmitan la información relevante respecto a los costes y la demanda. La inclusión de cláusulas de indexación supone en la práctica impedir que esto ocurra de forma eficaz. Los precios evolucionan al margen de la situación de estos factores en cada sector y pasan a hacerlo de forma homogénea en todos ellos, desvirtuando así la señal que ofrecen los precios relativos de unos bienes y servicios frente a otros. Adicionalmente, la inflación erosiona la competitividad
  101. 101. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Clasificacion de las revisiones (art.2) Revisión Periodica No periodica Predeterminada No predeterminada - Art. 4 de la Ley 2/2015, de desindexación - Art. 103 LCSP que lo - Art. 5 de la Ley 2/2015, de desindexación - En la LCSP sólo para contratos no SARA de defensa, secretos, jurídicos, telecos
  102. 102. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. RÉGIMEN APLICABLE EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO …………(OBLIGATORIO) Artículo 4. Régimen aplicable a la REVISIÓN PERIÓDICA Y PREDETERMINADA de valores monetarios 1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) no podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga. 2. Excepcionalmente, se podrá aprobar un régimen de revisión periódica y predeterminada de los valores referidos en el apartado anterior. siempre que sea en función de precios individuales e índices específicos de precios, cuando la naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la actividad así lo requiera y se autorice en el desarrollo reglamentario previsto en el apartado siguiente. Los índices específicos aplicables deberán tener la mayor desagregación posible de entre los disponibles al público a efectos de reflejar de la forma más adecuada la evolución de los costes, evaluados conforme al principio de eficiencia económica y buena gestión empresarial. Las revisiones periódicas y predeterminadas no incluirán la variación de los costes financieros, amortizaciones, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Dichas revisiones podrán incluir la variación de los costes de mano de obra en los supuestos y con los límites expresamente previstos en el real decreto a que se refiere el apartado siguiente. … 6. Excepcionalmente, en los contratos de arrendamiento de inmuebles contemplados en la letra p) del apartado 1 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre, las partes podrán, previa justificación económica, incorporar un régimen de revisión periódica y predeterminada para la renta. En tal caso, únicamente se podrá utilizar como índice de referencia para la revisión de la renta la variación anual del índice de precios del alquiler de oficinas, a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de cada revisión, tomando como trimestre de referencia el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato. En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los citados contratos.
  103. 103. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Esquema de la transitoriedad. Contratos vigentes a 1/4/2015 (entrada en vigor de la Ley) Nuevos contratos Aplican el que está previsto en el contrato y en els pliego de clausulas Expedientes en los cuales, antes de la entrada en vigor del RD de desarrollo previsto en el art.4, (5/2/2017)se haya publicado la convocatoria o se hayan aprobado los pliegos si es un procedimento negociado sin publicitad Expedientes iniciados después de la entrada en vigor del RD de desarrollo previsto en el art. 4 (5/2/2017) ------------------ En todos los casos de contratos de arrendamiento Aplicaran el que prevea los pliegos de clausulas Se aplicará la Ley de desindexación y el nuevo articulo 89 del TRLCSP
  104. 104. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Disposición derogatoria. a) Se derogan los artículos 90 (sistema de revisión de precios), 91 (fórmulas) y 92 (coeficiente de revisión) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Dos. Se modifica la rúbrica del Capítulo II del Título III del Libro I que queda redactada del siguiente modo: «CAPÍTULO II Revisión de precios en los contratos del sector público» Tres. El artículo 89 Procedencia y límites , queda redactado del siguiente modo: «1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo. No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios. 2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente citado. No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el real decreto.

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