1. EL DESARROLLO SOCIAL EN COLOMBIA
El análisis de los esfuerzos que ha realizado Colombia para solucionar los
diferentes problemas estructurales que limitan las posibilidades de alcanzar unos
mejores niveles de vida para sus ciudadanos, debe en primer término reconocer la
situación de violencia derivada de un largo conflicto interno y de la irrupción con
fuerza del narcotráfico, que ha limitado en forma seria el desarrollo del país.
Esta realidad desemboca en un círculo vicioso, en el cual la violencia se convierte
en un obstáculo para que la sociedad encuentre una senda sostenible de
desarrollo. Probablemente se requiere un nuevo marco conceptual para definir y
evaluar el desarrollo social en tales circunstancias; sin embargo, hoy quiero
resaltar el esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno colombiano para incrementar el
bienestar de su población en medio de un escenario tan adverso.
Pese a tener que afrontar la complejidad del conflicto armado y los efectos
desestabilizadores del narcotráfico, el Estado colombiano ha venido efectuando
importantes esfuerzos que le han permitido incrementar su inversión social. Así, el
gasto social pasó de representar menos del 5% del PIB en la década de los
sesenta, a 9.2% del PIB en 1990. Con las reformas estructurales introducidas
entre 1990 y 1993, el sector social se ha visto especialmente fortalecido. La
profundización de la descentralización, la reforma a la educación y la reforma a la
salud, permitieron que el gasto social se elevara a 15.6% del PIB en 1996. Es así
como la inversión social se quintuplicó en términos reales durante las últimas tres
décadas, viéndose favorecidos en su orden, los sectores de educación, seguridad
social, salud, agua potable y saneamiento básico y vivienda.
Este esfuerzo se vio reflejado en el mejoramiento continuo de los indicadores
tradicionales de desarrollo económico y social hasta mediados de la década del
noventa. La mortalidad infantil disminuyó de 90 defunciones de niños menores de
un año por cada mil nacimientos a menos de 30, mientras que en el sector
educativo la tasa de analfabetismo se redujo de 18.8 en 1973 a 9.9 en 1993 y la
escolaridad aumentó de 52% en 1985 a 65.2% en 1995.
Los indicadores de pobreza también mostraron resultados positivos: entre 1985 y
1997, el índice de necesidades básicas insatisfechas se redujo de 45% a 26% y la
población en estado de miseria de 22% a 8.6%. Como indicador global, el Indice
de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas se elevó de 67.5 a 84.8 en el
mismo período y la desigualdad, medida en términos del coeficiente de Gina, se
redujo de 0.55 a mediados de los sesenta a 0.45 a mediados de los noventa.
La evolución del gasto público y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población en Colombia han estado acompañados por una serie de reformas
estructurales que en los últimos 20 años han modificado radicalmente el panorama
social y la estructura institucional del país. En primer lugar, es importante
mencionar el proceso de descentralización, iniciado a principios de los ochenta

2. después de más de 70 años con un sistema fuertemente centralista. Dicho
proceso se inició en 1983 con los fortalecimientos de la base tributaria, de los
municipios. Luego, se estableció la elección popular de alcaldes, se creó el
sistema de transferencias y se transfirieron a los gobiernos locales una serie de
funciones gubernamentales y competencias orientadas a mejorar la situación
social de la población de cada jurisdicción.
El avance más significativo se plasmó en la Constitución de 1991, resultado de un
proceso ampliamente participativo, que estuvo articulado, en parte, a la firma de
acuerdos y desmovilización de importantes grupos guerrilleros que actuaban en el
país. En este sentido, en desarrollo de los preceptos constitucionales, se
descentralizaron y se aumentaron fuertemente los presupuestos a los servicios de
educación, salud, agua potable y saneamiento básico. En el frente social, fueron
múltiples las reformas estructurales introducidas en el marco de la reforma del
Estado de inicios de los años noventa.
En la última década, Colombia se embarcó en una apertura a integración a la
economía mundial, con el convencimiento de que el país se beneficiará de este
proceso. El gran reto que ha asumido el Gobierno es lograr que estos beneficios
sean apropiadamente distribuidos entre los miembros de la sociedad para que la
globalización no sea una restricción sino una oportunidad para el desarrollo social.
Sin embargo, el progreso que se venía logrando en materia social se estancó en
los últimos años y los efectos de las reformas estructurales se han visto limitados,
como resultado de la agudización del conflicto armado por efecto del narcotráfico.
La incertidumbre ha llevado la inversión a niveles históricamente bajos y
consecuentemente en 1999, por primera vez en sesenta años, el país tuvo una
tasa de crecimiento económico negativa y la tasa de desempleo alcanzó el 20%.
La violencia y el narcotráfico se han convertido en los principales obstáculos para
continuar avanzando en el proceso de desarrollo social. El narcotráfico le ha
generado inmensos costos económicos y sociales a Colombia. El país debe gastar
anualmente alrededor de mil millones de dólares en actividades asociadas a la
lucha contra el narcotráfico. Los capitales ilícitos han debilitado la economía
estimulando el conflicto y fomentando el contrabando de productos industriales
como instrumento del lavado de dinero, mientras que los cultivos ilícitos han tenido
un impacto negativo en los campesinos y en los ecosistemas de zonas
ambientalmente frágiles como la amazonia. Se ha estimado que por cada hectárea
sembrada de coca se destruyen cuatro hectáreas de bosque amazónico llevando
a que en Colombia se hayan destruido ya un millón de hectáreas de bosques.
Mientras tanto, los campesinos que se ven involucrados en esta actividad no
mejoran su nivel de vida; está comprobado que sus ingresos no son superiores a
los que obtendrían cultivando productos agrícolas tradicionales, en contraste con
el enriquecimiento de los intermediarios y narcotraficantes. Los campesinos
pobres que cultivan coca o amapola siguen siendo pobres y además han
terminado sometidos a los rigores del conflicto y al desplazamiento forzado.

3. El conflicto armado y el narcotráfico han afectado negativamente el desarrollo a
través de sus efectos sobre el capital humano, el capital físico y el capital social.
En cuanto al capital físico, la destrucción de la infraestructura del país hace difícil
favorecer incrementos en la tasa de inversión y la competitividad en los diferentes
sectores económicos.
La conservación del capital natural se ha visto afectada en dos aspectos. De una
parte, el incremento de acciones bélicas atentando contra la infraestructura
petrolera que afecta de manera irreparable las fuentes de agua y los bosques. De
otra parte, el narcotráfico amplia la frontera agrícola hacía los bosques y dinamiza
los factores que conducen a poblaciones a desplazarse y colonizar nuevos
territorios. Finalmente, el aumento de la violencia y del narcotráfico también tiene
un impacto negativo sobre el sector público y las instituciones del gobierno,
aumentando la corrupción y debilitando la confianza en el sistema político.
El conflicto colombiano por su propia dinámica ha sufrido serias transformaciones
y sin duda alguna, la fuerza con la que irrumpe el narcotráfico en los años
ochenta, se constituye en el factor que ha generado el mayor incremento de la
violencia. El narcotráfico no solo permeó a la sociedad y sus instituciones
generando corrupción y destruyendo valores sino que permeó también a los
actores armados cuya financiación proviene crecientemente del negocio de la
droga. Durante los últimos cinco años el área bajo cultivos ilícitos se duplicó,
ampliando el círculo de la violencia.
El conflicto colombiano es entonces un conflicto sui generis que requiere una
solución sui generis, en la que el gobierno de Colombia está empeñado y que
busca avanzar al mismo tiempo en tres frentes. El primero una solución política
negociada al conflicto acompañada de un compromiso con la defensa de los
derechos humanos. El segundo, una lucha contra el narcotráfico, que se
constituye en el gran enemigo de la paz. Y en tercer lugar, un conjunto de
inversiones sociales y de atención humanitaria especialmente en la zonas rurales
más golpeadas por el conflicto y el narcotráfico, para promover el desarrollo y
acabar con la dependencia económica en los cultivos ilícitos.
En este último frente se concentran inversiones en el campo social y de
infraestructura en programas para aquellas regiones del país en donde existe
violencia a inversiones relacionadas con la rehabilitación tanto física como
sicológica de las víctimas de la guerra, incluyendo inversiones dirigidas a las
comunidades desplazadas por la violencia, fundamentalmente en tú relacionado
con atención humanitaria, generación de garantías para el retorno o reubicación y
rehabilitación sicológica. Estas inversiones que en conjunto son de gran tamaño,
son indispensables para la generación o reconstrucción del capital humano, físico
natural y social deteriorado por la violencia, así como para demostrar que, a largo
plazo, los dividendos de la paz son la mejor inversión colectiva para el país.
Todas estas acciones hacen parte de un ambicioso Plan Colombia, principalmente
de carácter social, ya que el 75% de sus recursos están orientados a inversiones

4. de carácter social para la generación de condiciones propicias para que el proceso
de paz avance y sea sostenible en el largo plazo. Estas actividades que hacen
parte de la estrategia de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social que el
gobierno ha puesto a consideración de la comunidad internacional representarán
una inversión cercana a los 2.000 millones de euros. De este monto global,
pretendemos solicitar a la comunidad internacional E$1.000 millones, a través de
una Mesa de A portantes que se realizará en Madrid entre el 6 y el 7 de Julio de
este año y, los colombianos, a través de nuevos impuestos, aportaremos los
demás recursos.
Colombia ha cargado sobre sus hombros el peso de la lucha contra el narcotráfico,
un problema sin duda de carácter internacional. Confiamos entonces en que ahora
le demos pleno desarrollo al principio de la responsabilidad compartida y así, con
el apoyo de la comunidad internacional, Colombia podrá derrotar los principales
factores que limitan nuestro desarrollo e impiden el mejoramiento de las
condiciones sociales de nuestra población.