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El contrato de outsourcing

contratos modernos

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JURISPRUDENCIA DE C.M. OUTSORCING
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San
José, COSTA RICA, a las ocho horas y treinta minutos del siete de
marzo del dos mil ocho.
RESOLUCIÓN NO. 202-2008.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial
de San José, por RAFAEL MUÑOZ FUENTES, técnico en refrigeración, vecino de
Heredia, contra SHELL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su
apoderado generalísimo Alberto Raven Ramírez. Figuran como apoderados especiales
judiciales; del actor, la licenciada Xinia Alfaro Mena, soltera; y de la demandada, los
licenciados Sergio Artavia Barrantes y Alfredo Andreoli González. Todos mayores,
casados, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.
RESULTANDO
1.- El actor, en escrito fechado cinco de diciembre del dos mil tres, promovió la presente
acción para que en sentencia se condene a la demandada a pagarle aguinaldos, auxilio
de cesantía, diferencias de pago por aumentos no cancelados,intereses y ambas costas
del proceso.
2.- La parte demandada contestó la acción en los términos que indicó en el memorial
presentado el treinta de abril del dos mil cuatro y opuso las excepciones de falta de
derecho, falta de legitimación activa y pasiva, prescripción e incompetencia por razón
de la materia.
3.- El juez, licenciado José Francisco López Chaverri, por sentencia de las diez horas
ocho minutos del veintisiete de junio del dos mil seis, dispuso: "Por todas las razones
expuestas y conforme a lo establecido en los artículos 18, 19, 29, 30, 85, 452, 495 y 602
siguientes y concordantes del Código de Trabajo, y 317 del Código Procesal Civil,
artículo 1°, siguientes y concordantes de Ley de Aguinaldos para la Empresa Privada,
se declara conforme a las anteriores razones (sic), se declara PARCIALMENTE CON
LUGAR la demanda ordinaria laboral de RAFAEL MUÑOZ FUENTES, portador de la
cédula de identidad número 9-067-865, contra SHELL COSTA RICA S.A., cédula de
persona jurídica 3-101-0028782-26 representada por apoderado generalísimo sin límite
de suma, señor Alberto Raven Ramírez. Por las razones expuestas se rechaza la
defensa de falta de derecho, así comola de falta de legitimación en ambas modalidades.
Por no haber transcurrido el plazo legal correspondiente, se rechaza la defensa de
prescripción. En cuanto a los extremos petitorios, se resuelven estos de la siguiente
manera, y en consideración a la extensión de la relación laboral (1/09/1994-30/10/2003),
así como los salarios cancelados el accionante: a) por concepto de aguinaldos de los
años 1999 hasta el 30 de octubre de 2003; se fijan estos de la siguiente manera: i) para
el aguinaldo del 1º de diciembre de 1998 al 30 de noviembre de 1999, se fija una
indemnización de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL COLONES. ii) Del 1º de
diciembre de 1999 al 30 de noviembre de 2000, la suma de QUINIENTOS CINCUENTA
MIL COLONES. iii) Para el aguinaldo del 1º de diciembre de 2000 al 30 de noviembre
de 2001, la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MIL COLONES. iv) En cuanto al
período del 1º de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002, el aguinaldo
correspondiente se estima en la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS COLONES CONSESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. v)
Para el aguinaldo proporcional de 1º de diciembre de 2002 al 30 de octubre de 2003,
este corresponde a 11 doceavos, los cuales corresponden a la suma de QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES COLONES CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. ii) (sic) Por concepto de auxilio de cesantía, y por estar
ante el supuesto contemplado en el párrafo a) del transitorio IX de la ley Nº 7983, se
procede a cuantificar la respectiva indemnización compuesta en un total por auxilio de
cesantía de CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO
VEINTICINCO COLONES. c) En cuanto al reclamo por "[…] diferencias de pago por los
aumentos acordados y no cancelados desde el año 2000, a razón de cien mil colones
mensuales,más por cada año hasta octubre de 2003", se rechazala pretensión en tanto
no existe prueba aportada por la parte actora que demuestre fehacientemente (artículo
317 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, conforme al artículo 452 del
Código de Trabajo); iv) sobre las sumas concedidas, estas generarán intereses que
serán iguales a los que pague el Banco Nacional, por los certificados a depósito a seis
meses plazo, tasa pasiva y no la activa, a partir del momento en que debió verificarse
cada pago y hasta su efectivo pago. Sobre las costas, se condena al pago de ambas a
la demandada, y de conformidad con los parámetros del artículo 495 se fijan las costas
personales en un veinte por ciento de la condenatoria total".
4.- La accionada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo Circuito
Judicial de San José, integrado por las licenciadas María Enilda Alvarado Rodríguez,
Lorena Esquivel Agüero y Diamantina Romero Cruz, por sentencia de las ocho horas
treinta y cinco minutos del diecinueve de abril del dos mil siete, resolvió: "No existiendo
en autos vicios que puedan causar nulidad, se confirma la sentencia apelada, en cuanto
ha sido motivo de recurso".
5.- La parte demandada formuló recurso para ante esta Sala en memorial presentado
el primero de junio del dos mil siete, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán
en la parte considerativa.
6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
Redacta la Magistrada Meseguer Monge; y,
CONSIDERANDO
I.- El actor pidió que en sentencia secondene a la accionada al pago de: “1) los salarios
de los años 99 hasta el 30 de octubre de 2003; 2) cesantía por los 9 años laborados; 3)
diferencias de pago por los aumentos acordados y no cancelados desde el año 2000 a
razón de cien mil colones mensuales más por cada año hasta octubre de 2003, fecha
de despido; 4) intereses de los dineros dejados de pagar en tiempo y forma conforme a
la tasa básica activa fijada por el Banco Nacional para préstamos personales; 5) ambas
costas de la presente ejecución.” Según indicó, inició labores para la demandada en
noviembre de 1994 y finalizó el 30 de octubre del 2003. Señaló haber iniciado como
contratista para un trabajo específico, luego por diversos trabajos que debía atender le
solicitaron que hiciera facturas y ellos le pagarían por ese sistema. Posteriormente, le
solicitaron que constituyera una sociedad para girarle su sueldo a nombre de esta, pese
a ello siempre hizo el trabajo personalmente, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m.
a las 17:00 p.m. y estaba disponible las 24 horas (folios 1 a 7 y 78). El apoderado
especial de la accionada contestó negativamente la acción y opuso las defensas de falta
de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, incompetencia por la materia (resuelta
interlocutoriamente) y la de prescripción. Señaló que entre el actor y su representada no
existió relación laboral alguna, ya que no fue contratado como empleado de planta y no
se dieron los presupuestos para que pueda deducirse una relación de esa naturaleza.
Afirmó que el actor no trabajaba para Shell, lo hacía para “Desarrollos e Inversiones
MYC, S.A.”, empresa que brindaba un servicio a la accionada, a la cual cotizaba el
servicio y lo facturaba (folios 91 a 96). El juzgado de primera instancia denegó las
excepciones planteadas, declaró parcialmente con lugar la demanda condenando a la
accionada a pagar al actor dos millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos
noventa y nueve colones con noventa céntimos por concepto de aguinaldo de toda la
relación y cinco millones ciento cincuenta y tres mil ciento veinticinco colones por auxilio
de cesantía. Concedió intereses legales sobre esas sumas a partir del momento en que
debió verificarse cada pago y hasta su efectiva cancelación. Denegó las diferencias
salariales reclamadas e impuso el pago de ambas costas a cargo de la parte perdidosa,
fijando las personales en el 20% de la condenatoria (folios 175 a 182). La parte
demandada apeló lo fallado y el Tribunal lo confirmó (folios 187-188 y 198 a 204). Ante
la Sala, los apoderados especiales judiciales de la accionada argumentan que lo
resuelto violenta el artículo 18 del Código de Trabajo, pues no se presentaron los
elementos de una relación laboral. Al respecto, señalan que el actor no tenía horario ni
días fijos para trabajar, dado que las labores de su empresa las realizaban de manera
ocasional o cuando se presentaban fallas de urgente reparación, por lo que no mediaba
control, no tenía hora de entrada ni de salida. Indican que no solo el accionante prestaba
sus servicios, sino los trabajadores de su empresa. Así, él estaba incluido en planillas
de la Caja Costarricense de Seguro Social como trabajador de la empresa que dirigía
como presidente, sujeto entonces al horario normal de esa otra compañía con la que sí
mantenía relación de dependencia. Sostienen que no se le pagaba de manera habitual
ni en los días normales de pago, sino que más bien el accionante facturaba y se le
pagaba por medio de la sociedad anónima, a cuyo nombre se giraban los cheques.
Sobre este punto, manifiestan que aunque había un pago periódico, esto es normal en
la actual forma de organización empresarial, donde resulta válida la descentralización
productiva (“outsourcing”), con el fin de lograr apoyo gerencial, operativo y de servicios
ajenos a la actividad propia que se desarrolla, inclusive con el fin de contratar
conocimientos especializados, sin que en tales supuestos medie relación de
subordinación o dependencia. Señalan que casos concretos de esa descentralización
lo constituye la contratación de mensajeros, asesores, conferencistas, secretarias,
digitadores, oficiales de seguridad, entre otros. Insisten en que muchas de las tareas se
pueden realizar mediante cooperación empresarial, lo cual no solo beneficia a quien
contrata, pues no aumenta su presupuesto ni planilla, sino que también redunda en
beneficio de quien presta el servicio en forma autónoma, sea por razones económicas
o de independencia laboral. Así, concluyen que no se trata de evadir responsabilidades
laborales, sino de organizar la empresa con mayor eficiencia, lo cual también permite
que quienes prestan el servicio dispongan libremente de su tiempo. Entonces, no
interesa la prestación personal, solamente el servicio como tal, por lo que carece de
interés que medie una remuneración periódica. Luego, argumentan que es normal que
se deba cumplir con un horario, en el tanto en que de lo contrario resultaría imposible
brindar el servicio, pero no se trata de un horario laboral, al grado de que muchas veces
no coincide con el que la empresa contratante tiene previsto para sus trabajadores.
Plantean que los contratos inclusive están sujetos a algún plazo de preaviso, pero ello
no les confiere naturaleza laboral y por eso es que no se pagan derechos como las
vacaciones, el aguinaldo o la cesantía. De ahí que cobren un precio mayor al que
cobraría un trabajador. Reiteran que el caso concreto no encuadra dentro de las leyes
de orden laboral, lo cual debe ser atendido por el juzgador, a quien le corresponde
valorar la autonomía de la voluntad, la realidad económica y jurídica. Arguyen que por
las razones expuestas nunca se pagaron vacaciones ni aguinaldo y que resulta absurdo
que durante un período de nueve años no se le cancelaran esos derechos si se hubiere
estado en presencia de una relación laboral. Reprochan que se ha interpretado
indebidamente la existencia de los elementos que dan lugar a un contrato de trabajo y
acusan la violación de las reglas de la sana crítica y el buen entendimiento humano, así
como de los principios de autonomía de la voluntad y de primacía de la realidad, en el
tanto en que las pruebas aportadas permiten concluir que la relación tenía naturaleza
comercial y no laboral. Por otra parte, muestran disconformidad con la condena en
costas, al considerar que se procedió al amparo de la buena fe. Con base en esos
argumentos pretenden la revocatoria de lo resuelto, para que en su lugar se acojan las
excepciones opuestas, se denieguen las pretensiones del actor y se le imponga el pago
de ambas costas (folios 212 a 216).
II.- El tema a dilucidar en esta litis es si entre la demandada y el actor existió una relación
laboral como lo sostiene la parte actora. Para ello, debemos recurrir a la relación de los
artículos 2, 4 y 18, todos del Código de Trabajo, los que por su orden disponen: “Artículo
2.- Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que
emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o
implícito, verbal o escrito,individual o colectivo”. “Artículo 4.- Trabajador es toda persona
física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos
géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito,
individual o colectivo”. Y, “Artículo 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su
denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios
o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o
delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la
existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que
los recibe” (lo resaltado y subrayado no es del original). Con base en esas normas, se
han distinguido tres elementos que caracterizan una relación de tipo laboral, a saber: la
prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación jurídica. En ese
sentido, la resolución de esta Sala N° 25, de las 9:00 horas del 24 de enero de 1992, en
lo que interesa expresó: “Estableceel numeral 23 del Código de Trabajo, la regla general
de que, todo contrato laboral deberá extenderse por escrito, y su existencia se acredita
con el respectivo documento y, a falta de él, con cualquiera de los medios de prueba
que señala el ordenamiento jurídico procesal. En ese orden de ideas, la prueba de la
existencia del contrato de trabajo, se dirige, no a demostrar que se llegó a un acuerdo
verbal, sino que realmente existía la relación jurídica laboral, entre un sujeto en calidad
de trabajador, y otro, en carácter de patrono. Para ello, la doctrina y la jurisprudencia,
han establecido que el mecanismo idóneo, consiste en acreditar la concurrencia de los
tres elementos que integran la definición de contrato de trabajo: 1) prestación personal
del servicio; 2) subordinación; y, 3) remuneración o pago de un salario”. Ahora bien, el
numeral 18 citado establece una presunción iuris tantum a favor de la laboralidad de la
relación de quien presta sus servicios y la persona que los recibe. En aplicación del
artículo 414 del Código Procesal Civil, a tenor de lo dispuesto en el numeral 452 del de
Trabajo, toda presunción legal exime a la parte que la alegue de la obligación de
demostrar el hecho reputado como cierto. No obstante, se obliga a quien la invoque a
demostrar los hechos que le sirven de base, a saber, en un caso como el presente, la
prestación personal de los servicios. En ese orden de ideas, la persona o entidad
beneficiada con la fuerza laboral del trabajador que niegue su carácter de empleadora,
es quien debe acreditar -sin lugar a dudas- que en realidad no lo es. A pesar de la
apariencia que los contratantes hayan pretendido dar a la relación, en aplicación del
principio de primacía de la realidad que rige en Derechodel Trabajo, el juez está llamado
a analizar sus particularidades, a efecto de dilucidar si lo pactado pretendía disimular la
existencia de un contrato de trabajo o si, por el contrario, legítimamente, el vínculo
jurídico que existió entre las partes no tuvo esa naturaleza. Según dicho principio, en
esta materia prevalecen las condiciones reales que se hayan presentado respecto de lo
que conste documentalmente. Así, “...en caso de discordancia entre lo que ocurre en la
práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero,
es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (Plá Rodríguez, Américo. Los
principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición,
1990, p. 243). De ahí que al contrato de trabajo se le denomine “contrato-realidad”. En
ese sentido, en tesis de principio, importa más lo que ocurre en la práctica, que aquello
que las partes hayan pactado y hasta lo que aparezca en documentos (sobre el punto
se pueden consultar, los votos números 151, de las 9:10 horas del 28 de marzo; 428,
de las 10:10 horas; 439, de las 15:30 horas, ambas del 13 de agosto, todas del 2003; y,
279, de las 9:35 horas del 28 de abril del 2004). Ese principio informa el citado artículo
18, en el cual, precisamente, se indicó que el contrato de trabajo es tal si se cumple con

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El contrato de outsourcing

  • 1. JURISPRUDENCIA DE C.M. OUTSORCING SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, COSTA RICA, a las ocho horas y treinta minutos del siete de marzo del dos mil ocho. RESOLUCIÓN NO. 202-2008. Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por RAFAEL MUÑOZ FUENTES, técnico en refrigeración, vecino de Heredia, contra SHELL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado generalísimo Alberto Raven Ramírez. Figuran como apoderados especiales judiciales; del actor, la licenciada Xinia Alfaro Mena, soltera; y de la demandada, los licenciados Sergio Artavia Barrantes y Alfredo Andreoli González. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas. RESULTANDO 1.- El actor, en escrito fechado cinco de diciembre del dos mil tres, promovió la presente acción para que en sentencia se condene a la demandada a pagarle aguinaldos, auxilio de cesantía, diferencias de pago por aumentos no cancelados,intereses y ambas costas del proceso. 2.- La parte demandada contestó la acción en los términos que indicó en el memorial presentado el treinta de abril del dos mil cuatro y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, prescripción e incompetencia por razón de la materia. 3.- El juez, licenciado José Francisco López Chaverri, por sentencia de las diez horas ocho minutos del veintisiete de junio del dos mil seis, dispuso: "Por todas las razones expuestas y conforme a lo establecido en los artículos 18, 19, 29, 30, 85, 452, 495 y 602 siguientes y concordantes del Código de Trabajo, y 317 del Código Procesal Civil, artículo 1°, siguientes y concordantes de Ley de Aguinaldos para la Empresa Privada, se declara conforme a las anteriores razones (sic), se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral de RAFAEL MUÑOZ FUENTES, portador de la cédula de identidad número 9-067-865, contra SHELL COSTA RICA S.A., cédula de persona jurídica 3-101-0028782-26 representada por apoderado generalísimo sin límite
  • 2. de suma, señor Alberto Raven Ramírez. Por las razones expuestas se rechaza la defensa de falta de derecho, así comola de falta de legitimación en ambas modalidades. Por no haber transcurrido el plazo legal correspondiente, se rechaza la defensa de prescripción. En cuanto a los extremos petitorios, se resuelven estos de la siguiente manera, y en consideración a la extensión de la relación laboral (1/09/1994-30/10/2003), así como los salarios cancelados el accionante: a) por concepto de aguinaldos de los años 1999 hasta el 30 de octubre de 2003; se fijan estos de la siguiente manera: i) para el aguinaldo del 1º de diciembre de 1998 al 30 de noviembre de 1999, se fija una indemnización de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL COLONES. ii) Del 1º de diciembre de 1999 al 30 de noviembre de 2000, la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MIL COLONES. iii) Para el aguinaldo del 1º de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2001, la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MIL COLONES. iv) En cuanto al período del 1º de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002, el aguinaldo correspondiente se estima en la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS COLONES CONSESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. v) Para el aguinaldo proporcional de 1º de diciembre de 2002 al 30 de octubre de 2003, este corresponde a 11 doceavos, los cuales corresponden a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES COLONES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. ii) (sic) Por concepto de auxilio de cesantía, y por estar ante el supuesto contemplado en el párrafo a) del transitorio IX de la ley Nº 7983, se procede a cuantificar la respectiva indemnización compuesta en un total por auxilio de cesantía de CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO COLONES. c) En cuanto al reclamo por "[…] diferencias de pago por los aumentos acordados y no cancelados desde el año 2000, a razón de cien mil colones mensuales,más por cada año hasta octubre de 2003", se rechazala pretensión en tanto no existe prueba aportada por la parte actora que demuestre fehacientemente (artículo 317 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, conforme al artículo 452 del Código de Trabajo); iv) sobre las sumas concedidas, estas generarán intereses que serán iguales a los que pague el Banco Nacional, por los certificados a depósito a seis meses plazo, tasa pasiva y no la activa, a partir del momento en que debió verificarse cada pago y hasta su efectivo pago. Sobre las costas, se condena al pago de ambas a la demandada, y de conformidad con los parámetros del artículo 495 se fijan las costas personales en un veinte por ciento de la condenatoria total". 4.- La accionada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por las licenciadas María Enilda Alvarado Rodríguez,
  • 3. Lorena Esquivel Agüero y Diamantina Romero Cruz, por sentencia de las ocho horas treinta y cinco minutos del diecinueve de abril del dos mil siete, resolvió: "No existiendo en autos vicios que puedan causar nulidad, se confirma la sentencia apelada, en cuanto ha sido motivo de recurso". 5.- La parte demandada formuló recurso para ante esta Sala en memorial presentado el primero de junio del dos mil siete, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa. 6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. Redacta la Magistrada Meseguer Monge; y, CONSIDERANDO I.- El actor pidió que en sentencia secondene a la accionada al pago de: “1) los salarios de los años 99 hasta el 30 de octubre de 2003; 2) cesantía por los 9 años laborados; 3) diferencias de pago por los aumentos acordados y no cancelados desde el año 2000 a razón de cien mil colones mensuales más por cada año hasta octubre de 2003, fecha de despido; 4) intereses de los dineros dejados de pagar en tiempo y forma conforme a la tasa básica activa fijada por el Banco Nacional para préstamos personales; 5) ambas costas de la presente ejecución.” Según indicó, inició labores para la demandada en noviembre de 1994 y finalizó el 30 de octubre del 2003. Señaló haber iniciado como contratista para un trabajo específico, luego por diversos trabajos que debía atender le solicitaron que hiciera facturas y ellos le pagarían por ese sistema. Posteriormente, le solicitaron que constituyera una sociedad para girarle su sueldo a nombre de esta, pese a ello siempre hizo el trabajo personalmente, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a las 17:00 p.m. y estaba disponible las 24 horas (folios 1 a 7 y 78). El apoderado especial de la accionada contestó negativamente la acción y opuso las defensas de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, incompetencia por la materia (resuelta interlocutoriamente) y la de prescripción. Señaló que entre el actor y su representada no existió relación laboral alguna, ya que no fue contratado como empleado de planta y no se dieron los presupuestos para que pueda deducirse una relación de esa naturaleza. Afirmó que el actor no trabajaba para Shell, lo hacía para “Desarrollos e Inversiones MYC, S.A.”, empresa que brindaba un servicio a la accionada, a la cual cotizaba el servicio y lo facturaba (folios 91 a 96). El juzgado de primera instancia denegó las excepciones planteadas, declaró parcialmente con lugar la demanda condenando a la
  • 4. accionada a pagar al actor dos millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve colones con noventa céntimos por concepto de aguinaldo de toda la relación y cinco millones ciento cincuenta y tres mil ciento veinticinco colones por auxilio de cesantía. Concedió intereses legales sobre esas sumas a partir del momento en que debió verificarse cada pago y hasta su efectiva cancelación. Denegó las diferencias salariales reclamadas e impuso el pago de ambas costas a cargo de la parte perdidosa, fijando las personales en el 20% de la condenatoria (folios 175 a 182). La parte demandada apeló lo fallado y el Tribunal lo confirmó (folios 187-188 y 198 a 204). Ante la Sala, los apoderados especiales judiciales de la accionada argumentan que lo resuelto violenta el artículo 18 del Código de Trabajo, pues no se presentaron los elementos de una relación laboral. Al respecto, señalan que el actor no tenía horario ni días fijos para trabajar, dado que las labores de su empresa las realizaban de manera ocasional o cuando se presentaban fallas de urgente reparación, por lo que no mediaba control, no tenía hora de entrada ni de salida. Indican que no solo el accionante prestaba sus servicios, sino los trabajadores de su empresa. Así, él estaba incluido en planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social como trabajador de la empresa que dirigía como presidente, sujeto entonces al horario normal de esa otra compañía con la que sí mantenía relación de dependencia. Sostienen que no se le pagaba de manera habitual ni en los días normales de pago, sino que más bien el accionante facturaba y se le pagaba por medio de la sociedad anónima, a cuyo nombre se giraban los cheques. Sobre este punto, manifiestan que aunque había un pago periódico, esto es normal en la actual forma de organización empresarial, donde resulta válida la descentralización productiva (“outsourcing”), con el fin de lograr apoyo gerencial, operativo y de servicios ajenos a la actividad propia que se desarrolla, inclusive con el fin de contratar conocimientos especializados, sin que en tales supuestos medie relación de subordinación o dependencia. Señalan que casos concretos de esa descentralización lo constituye la contratación de mensajeros, asesores, conferencistas, secretarias, digitadores, oficiales de seguridad, entre otros. Insisten en que muchas de las tareas se pueden realizar mediante cooperación empresarial, lo cual no solo beneficia a quien contrata, pues no aumenta su presupuesto ni planilla, sino que también redunda en beneficio de quien presta el servicio en forma autónoma, sea por razones económicas o de independencia laboral. Así, concluyen que no se trata de evadir responsabilidades laborales, sino de organizar la empresa con mayor eficiencia, lo cual también permite que quienes prestan el servicio dispongan libremente de su tiempo. Entonces, no interesa la prestación personal, solamente el servicio como tal, por lo que carece de interés que medie una remuneración periódica. Luego, argumentan que es normal que se deba cumplir con un horario, en el tanto en que de lo contrario resultaría imposible
  • 5. brindar el servicio, pero no se trata de un horario laboral, al grado de que muchas veces no coincide con el que la empresa contratante tiene previsto para sus trabajadores. Plantean que los contratos inclusive están sujetos a algún plazo de preaviso, pero ello no les confiere naturaleza laboral y por eso es que no se pagan derechos como las vacaciones, el aguinaldo o la cesantía. De ahí que cobren un precio mayor al que cobraría un trabajador. Reiteran que el caso concreto no encuadra dentro de las leyes de orden laboral, lo cual debe ser atendido por el juzgador, a quien le corresponde valorar la autonomía de la voluntad, la realidad económica y jurídica. Arguyen que por las razones expuestas nunca se pagaron vacaciones ni aguinaldo y que resulta absurdo que durante un período de nueve años no se le cancelaran esos derechos si se hubiere estado en presencia de una relación laboral. Reprochan que se ha interpretado indebidamente la existencia de los elementos que dan lugar a un contrato de trabajo y acusan la violación de las reglas de la sana crítica y el buen entendimiento humano, así como de los principios de autonomía de la voluntad y de primacía de la realidad, en el tanto en que las pruebas aportadas permiten concluir que la relación tenía naturaleza comercial y no laboral. Por otra parte, muestran disconformidad con la condena en costas, al considerar que se procedió al amparo de la buena fe. Con base en esos argumentos pretenden la revocatoria de lo resuelto, para que en su lugar se acojan las excepciones opuestas, se denieguen las pretensiones del actor y se le imponga el pago de ambas costas (folios 212 a 216). II.- El tema a dilucidar en esta litis es si entre la demandada y el actor existió una relación laboral como lo sostiene la parte actora. Para ello, debemos recurrir a la relación de los artículos 2, 4 y 18, todos del Código de Trabajo, los que por su orden disponen: “Artículo 2.- Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito,individual o colectivo”. “Artículo 4.- Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”. Y, “Artículo 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe” (lo resaltado y subrayado no es del original). Con base en esas normas, se han distinguido tres elementos que caracterizan una relación de tipo laboral, a saber: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación jurídica. En ese
  • 6. sentido, la resolución de esta Sala N° 25, de las 9:00 horas del 24 de enero de 1992, en lo que interesa expresó: “Estableceel numeral 23 del Código de Trabajo, la regla general de que, todo contrato laboral deberá extenderse por escrito, y su existencia se acredita con el respectivo documento y, a falta de él, con cualquiera de los medios de prueba que señala el ordenamiento jurídico procesal. En ese orden de ideas, la prueba de la existencia del contrato de trabajo, se dirige, no a demostrar que se llegó a un acuerdo verbal, sino que realmente existía la relación jurídica laboral, entre un sujeto en calidad de trabajador, y otro, en carácter de patrono. Para ello, la doctrina y la jurisprudencia, han establecido que el mecanismo idóneo, consiste en acreditar la concurrencia de los tres elementos que integran la definición de contrato de trabajo: 1) prestación personal del servicio; 2) subordinación; y, 3) remuneración o pago de un salario”. Ahora bien, el numeral 18 citado establece una presunción iuris tantum a favor de la laboralidad de la relación de quien presta sus servicios y la persona que los recibe. En aplicación del artículo 414 del Código Procesal Civil, a tenor de lo dispuesto en el numeral 452 del de Trabajo, toda presunción legal exime a la parte que la alegue de la obligación de demostrar el hecho reputado como cierto. No obstante, se obliga a quien la invoque a demostrar los hechos que le sirven de base, a saber, en un caso como el presente, la prestación personal de los servicios. En ese orden de ideas, la persona o entidad beneficiada con la fuerza laboral del trabajador que niegue su carácter de empleadora, es quien debe acreditar -sin lugar a dudas- que en realidad no lo es. A pesar de la apariencia que los contratantes hayan pretendido dar a la relación, en aplicación del principio de primacía de la realidad que rige en Derechodel Trabajo, el juez está llamado a analizar sus particularidades, a efecto de dilucidar si lo pactado pretendía disimular la existencia de un contrato de trabajo o si, por el contrario, legítimamente, el vínculo jurídico que existió entre las partes no tuvo esa naturaleza. Según dicho principio, en esta materia prevalecen las condiciones reales que se hayan presentado respecto de lo que conste documentalmente. Así, “...en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1990, p. 243). De ahí que al contrato de trabajo se le denomine “contrato-realidad”. En ese sentido, en tesis de principio, importa más lo que ocurre en la práctica, que aquello que las partes hayan pactado y hasta lo que aparezca en documentos (sobre el punto se pueden consultar, los votos números 151, de las 9:10 horas del 28 de marzo; 428, de las 10:10 horas; 439, de las 15:30 horas, ambas del 13 de agosto, todas del 2003; y, 279, de las 9:35 horas del 28 de abril del 2004). Ese principio informa el citado artículo 18, en el cual, precisamente, se indicó que el contrato de trabajo es tal si se cumple con
  • 7. los presupuestos que ese numeral señala y “sea cual fuere su denominación”. En el caso que nos ocupa, la prestación personal de servicios por parte de Rafael Muñoz Fuentes a Shell de Costa Rica, Sociedad Anónima es un hecho incuestionable y admitido inclusive por la demandada. No se infiere otra cosa del escrito inicial y su contestación, en relación con los documentos de folios 8, 9 a 75, así como con el detalle del departamento de cuenta individual de folios 98 a 101 y reportes de planillas al Instituto Nacional de Seguros y a la Caja Costarricense de Seguro Social de folios 116 a 128 y 161, en donde consta reportado como trabajador de Desarrollo e Inversiones MYC, Sociedad Anónima solamente el demandante, de lo cual se extrae que él era el único encargado de prestar el servicio, a través de aquella sociedad. La afirmación hecha en el recurso, de que el actor prestaba el servicio mediante trabajadores que estaban a cargo de la sociedad en la que figuraba como presidente, carece de sustento probatorio y, por el contrario, las pruebas hacen concluir sobre una prestación personal. Una vez demostrado el hecho que da paso a la aplicación de la presunción legal, le correspondía a la sociedad demandada demostrar que la naturaleza jurídica de la relación tenía un carácter diferente al laboral. Analizadas las pruebas que constan en los autos, se concluye que no cumplió con esa carga probatoria. No desconoce la Sala las nuevas formas de organización productiva, que incluyen procesos de descentralización o externalización, como se invoca en el recurso, más en el caso concreto las pruebas no permiten concluir que efectivamente se estuviera en presencia de un legítimo proceso de esa naturaleza y que la prestación del accionante se haya dado en régimen de autonomía. (Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias números 696, de las 10:00 horas del 27 de agosto; 725, de las 9:35 horas del 1° de setiembre ambas del 2004; 413, de las 14:20 horas del 25 de mayo y 967, de las 8:45 horas del 25 de noviembre, estas del 2005, en las que se analizó el tema de la descentralización -outsourcing-). En aplicación de la presunción legal citada, debe indicarse que la tesis contenida en la contestación de la demanda, la apelación y en el recursoante esta Sala, en el sentido de que el actor no estaba relacionado laboralmente con la accionada, carecede sustento real y jurídico, pues valorada la prueba documental aportada, en la forma prevista por el artículo 493 del Código de Trabajo, se llega a la misma conclusión a que llegaron los juzgadores de las instancias precedentes, de que la relación que se dio entre el señor Muñoz Fuentes y la parte demandada fue de naturaleza laboral, pues no quedó desvirtuada la presunción legal. Aun cuando la prestación se haya dado mediante la figura jurídica de una sociedad anónima, debe apuntarse que el criterio reiterado de esta Sala ha sido el de que subsiste la relación laboral, pues resulta improcedente que los empleadores acudan a esa figura con el fin de disfrazar un verdadero contrato de trabajo, debiendo imperar el principio de primacía
  • 8. de la realidad (véanse las sentencias números 1004, de las 10:00 horas del 2 de diciembre del 2005 y 340, de las 14:35 horas del 6 de junio del 2007). Por esa razón, al caso no interesa que la remuneración se haya dado contra entrega de factura por parte del actor, pues esa es solo una forma de pago. Asimismo, tampoco desvirtúa la relación laboral, el hecho de que estuviera reportado como trabajador de Desarrollos e Inversiones MYC, S.A., pues esa fue la sociedad que se utilizó como disfraz. Como se indicó, de dicha documental más bien se llega a la conclusión de que su contrato tenía naturaleza laboral, dado que era el único trabajador (pues la demandada no presenta prueba alguna en sentido contrario) de la supuesta empresa,con lo cual se acredita que no estaba en realidad organizado bajo un régimen empresarial con autonomía e independencia. El hecho de que durante todo el período por el cual se extendió la relación no haya percibido vacaciones ni aguinaldo, no es un elemento determinante para acoger el recurso de la parte demandada, pues está claro que en muchas ocasiones, ante la necesidad de trabajar, se prefiere prescindir de esos derechos. III.- Como resultado de lo considerado, se debe confirmar en todos sus extremos la resolución impugnada, inclusive en cuanto a la condenatoria en costas pues no se está en ninguno de los supuestos de exoneración indicados en el artículo 222 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a la especie de acuerdo con el artículo 452 del Código de Trabajo. Al no haberse reportado al señor Rafael Ángel Muñoz Fuentes a la Caja Costarricense de Seguro Social durante toda la relación laboral, procede ordenar que se remita copia de esta sentencia al Departamento de Inspección de dicha entidad para lo de sucargo (artículos 564 y 565 del Código de Trabajo y 54 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social). POR TANTO: Se confirma el fallo impugnado. Remítase copia de esta sentencia al Departamento de Inspección de la Caja Costarricense de Seguro Social, para lo de su cargo. Zarela María Villanueva Monge Julia Varela Araya María Alexandra Bogantes Rodríguez Ana Luisa Meseguer Monge Juan Carlos Segura Solís
  • 9. CONSTANCIA De conformidad con el artículo 154, párrafo final, del Código Procesal Civil, se hace constar, que la Magistrada Julia Varela Araya, concurrió con su voto al dictado de esta sentencia, pero no firmó por estar imposibilitada para hacerlo, por encontrarse fuera del país. San José, 4 de abril del 2008. Angie Padilla Quesada Secretaria a.i.