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La Pesadilla Proceso 1991 - 28 Dic 2014

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Semanario de análisis e información. Proceso.com en México - 28 Dic 2014

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La Pesadilla Proceso 1991 - 28 Dic 2014

  1. 1. Índice CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Felipe Cobián; Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Co- lumba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062 semanario de información y análisis No. 1991 • 28 de diciembre de 2014 30 Sector salud, la mina de César Duarte /Patricia Mayorga JUSTICIA 34 Una Suprema Corte balcanizada /Jorge Carrasco Araizaga POLÍTICA 39 Vera López: Es hora de un nuevo Constituyente /Arturo Rodríguez García ANÁLISIS 42 SCT: desprecio de la ley /Jesús Cantú 43 Este año va a ser mejor /Naranjo 44 La difícil herencia de 2014 /Olga Pellicer 45 Carta para Santa Claus /Denise Dresser 47 Lo que resiste, apoya /John Ackerman CASO AYOTZINAPA 6 Investigar a la PF y al Ejército, clamor de los familiares /Rosalía Vergara 12 En Guerrero, la pobreza se exacerba /Juan Carlos Ruiz Vargas 15 Gobernanza Forense Ciudadana: La búsqueda independiente /Jenaro Villamil NARCOTRÁFICO 18 En desafío al gobierno, en Michoacán regresan las autodefensas /Francisco Castellanos J. CORRUPCIÓN 22 Cambio legal: en obra pública, manos libres /Jesusa Cervantes 24 Tren México-Toluca: Ecocidio, descontento social... y los mismos socios del poder /Rodrigo Vera Foto portada: Germán Canseco 2418
  2. 2. VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina Valle, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Barbara López, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Rosa Morales. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz OFICINASGENERALES:Redacción:Fresas13;Administración:Fresas7,Col.delValle,03100México,DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000 FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción. AÑO 38, No. 1991, 28 DE DICIEMBRE DE 2014 IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, México, DF EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Sara Pantoja, Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006 EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017 EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010 RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106 Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-102. Número ISSN: 1665-9309 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 105 / 23 Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey, Puebla y Xalapa: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00. Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autoriza- ción expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos. agencia proceso de información agencia de fotografía Siguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaproceso INTERNACIONAL 48 BRASIL: Dilma, todo en contra /Andrés Carvas 52 PAQUISTÁN: Venganza talibán /Marco Appel 55 ALEMANIA: La islamofobia gana las calles /Yetlaneci Alcaraz ENSAYO 58 El retorno de lo político: Daniel Sada y la violencia de Estado /Oswaldo Zavala CULTURA 62 El comité para el arte en la ciudad, sin artistas /Niza Rivera 66 Páginas de crítica ARTE: El derrumbe del Subsector Cultura /Blanca González Rosas MÚSICA I: Los Cojolites /Ricardo Jacob MÚSICA II: La última Bohemia /Raúl Díaz TEATRO: Premio Nacional a Humberto Robles /Estela Leñero Franco CINE: Birdman /Javier Betancourt MEDIOS: Propaganda electoral /Florence Toussaint LIBROS: Lucrecia Borgia /Jorge Munguía Espitia CINE 73 Tras su balance 2014, apuesta Imcine por la difusión digital /Columba Vértiz de la Fuente DEPORTES 76 El tenis nacional, en punto de quiebre /Beatriz Pereyra 80 Palabra de Lector 82 Mono Sapiens /Calendario de fotos famosas para un país lleno de fosas /Helguera y Hernández 48 39 76
  3. 3. P ara ellos no hubo Nochebuena. La lluvia enmarcó su protes- ta frente a la residencia oficial de Los Pinos el miércoles 24. La demanda es la misma que ha- ce tres meses: la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzi- napa que aún están desaparecidos. Sin embargo se gestó una nueva exi- gencia: Que se investigue la presunta par- ticipación del Ejército y de la Policía Fede- ral (PF) en el ataque del 26 de septiembre a los estudiantes en Iguala, Guerrero. En su edición 1989, este semanario pu- blicó “la historia no oficial” de aquellos hechos. Los periodistas Anabel Hernán- dez y Steve Fisher documentaron que la PF participó activamente en la agresión a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y contó con la complicidad de los militares. El reportaje mostró que, contra la ver- sión del gobierno federal, éste sí conoció Los días de furia continúan. Los familiares de los desa- parecidos de Ayotzinapa cumplieron su promesa de que para ellos no habría Navidad. Las reclamaciones airadas de justicia van de Iguala a Chilpancingo y al Distrito Fe- deral. Aun en las inmediaciones de Los Pinos, a donde el día 24 les negaron el paso. El reclamo ahora es uno: que la PGR investigue a la Policía Federal y a los miembros del Ejército que eventualmente participaron en los hechos. El grito es clamor y el clamor por los 43 es ya pesadilla para el gobierno federal. ROSALÍA VERGARA los hechos en tiempo real mediante los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y confirmó que fueron torturados al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio. Padres, madres y hermanos de los desaparecidos, con su representante le- gal, refrendan que no le creen al gobierno y siguen exigiendo justicia. En entrevista durante su protesta so- bre la calzada Chivatito, cerca de Los Pi- nos, lugar al cual les impidieron llegar po- licías federales, Felipe de la Cruz, Omar García, Vidulfo Rosales Sierra y la madre de familia Metodia consideran que el Ejér- cito tiene responsabilidad directa en la desaparición de los jóvenes. “Nosotros les exigimos en varias oca- siones, en las mesas de diálogo, que se te- Investigar a la PF y al Ejército, clamorde los familiares CASO AYOTZINAPA 6 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014
  4. 4. Jorge Lopez / Reuters 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 7
  5. 5. nía que abrir una investigación a los mi- litares, a la PF y a la Policía Municipal. Únicamente se han enfocado a la muni- cipal, aunque los militares participaron y también tienen que ser castigados”, in- dica De la Cruz, vocero de los familiares afectados. “Desde el primer momento no hemos creído al gobierno federal, a cada rato salen con sus mentiras.Tenemos claro que su in- tención es cerrar el caso, que éste quede en el olvido como muchos que han cometido, pero definitivamente no vamos a descan- sar. Lo que nos informan lo escuchamos, pero no les creemos”, agrega. Padre de uno de los jóvenes desapare- cidos, De la Cruz destaca que el principal castigo debe ser para los militares que sa- caron a los jóvenes de la clínica donde los atendieron tras la balacera. El Ejército, añade, ha demostrado su complicidad en este crimen al simular la búsqueda de los 42 desaparecidos, ya que uno de ellos, Alexander Mora, fue identifi- cado mediante pruebas de ADN a princi- pios de diciembre. “A casi tres meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa –prosigue De la Cruz–, el gobierno federal no ha dado una respuesta, ni siquiera una pista para darnos la tranquilidad o saber si ya vamos a llegar a donde tengan a los muchachos. Cada día nos queda más claro que la complicidad existe. Dijimos en va- rias ocasiones que no íbamos a descansar y no lo vamos a hacer. La Navidad para no- sotros no existe hoy.” El vocero de los familiares exigió al go- bierno que entreguen vivos a los jóvenes, porque el Estado tiene responsabilidad di- recta en su desaparición: “Quienes cometieron este crimen fue- ron policías, fue el Ejército. No tenemos duda, hay testimonios de los muchachos –compañeros de los desaparecidos– de que los militares también participaron”, indica. Y el diálogo con el gobierno federal no está roto, aclara, sino que está suspendido: “Ellos –los funcionarios federales– piensan que el cansancio nos va a derrotar, pero se equivocan porque el cansancio nos da más rabia y más energía para seguir”. Cuando se le pregunta si lo siguiente BenjamínFlores HugoCruz Familiares. Protestas sin fin Iguala. Cuartel asediado 8 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014
  6. 6. es exigir que se amplíe la investigación so- bre la participación del Ejército y la PF, De la Cruz responde: “Sí. Me sorprendió que nuevamente hayan traído al presidente de Cocula a declarar, porque la primera vez lo dejaron ir. En una de las mesas de diá- logo cuestionamos por qué lo habían libe- rado, si porque era del PRI no lo iban a in- vestigar… Exigimos que se le abriera una investigación también. “Qué bueno que lo hayan traído y arrai- gado, porque creemos que tiene mucha responsabilidad, como la tiene Abarca –el expresidente municipal de Iguala– y como la tuvo el gobernador (Ángel Aguirre), co- mo ahora la tiene Enrique Peña Nieto.” –¿No se han preguntado por qué parti- ciparon las fuerzas federales? –No encontramos el motivo (para desa- parecerlos) porque no había ninguna ma- nifestación, ningún desorden. Los mucha- chos venían de regreso y el perseguirlos, bloquearles la salida y asesinarlos de esa manera, hasta ahora no entendemos a esa mente diabólica que preparó todo esto. Nuevas líneas de investigación La investigación publicada por este sema- nario en sus ediciones 1989 y 1990 acerca del caso Ayotzinapa reveló que el gobierno de Peña Nieto encubre a agentes del Estado, principalmente del Ejército y de la PF. De la Cruz considera que “está quedando al des- cubierto, poco a poco, toda la estrategia maquinada por el Estado para llevar a ca- bo este crimen a través de las fuerzas fede- rales, municipales y el Ejército. Es una exi- gencia, una necesidad y una urgencia que se investigue al Ejército. Hay testimonio de los jóvenes de que participaron”. A su vez Vidulfo Rosales, asesor jurídi- co de la Normal Rural de Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Monta- ña Tlachinollan, resalta que en estos días buscarán una ampliación de las investiga- ciones de la denuncia interpuesta desde el 27 de septiembre en la Subprocuradu- ría Especializada en Investigación de De- lincuencia Organizada de la PGR para que se indague al Ejército y a la PF por su pre- sunta participación en la desaparición de los jóvenes: “Toda vez que ya existen testimonios que ilustran la responsabilidad de las auto- ridades, en próximos días haremos una pe- tición formal para que se abra una línea de investigación al respecto. Es decir, a nivel de averiguación previa de parte de los padres de familia,que son los agraviados,solicitare- mos que se abra esta línea de investigación.” Recuerda que desde los hechos conocen de la responsabilidad del Ejército y de la PF en el crimen, pero ahora están recabando las pruebas para exigir que se les investigue: “Siempre hemos pedido abrir líneas adicionales de investigación, entre ellas las que involucran a políticos como Héctor Vicario Castrejón, a los hermanos de Joan Sebastian –el cantante–, al exgobernador Ángel Aguirre, al exprocurador, al exsecre- tario de Seguridad Pública, al Ejército y a la PF. No es privativo solamente del Ejército. Pero sí hay estas responsabilidades que se tienen que deslindar en la investigación.” Y si el gobierno federal sigue ignoran- do a los padres de los normalistas desa- parecidos, dice Rosales, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita una recomen- dación al Estado mexicano. El Ejército, “experto” en desapariciones Omar García, sobreviviente del ataque del 26 de septiembre en Iguala, corrobora la participación de militares y policías fede- rales, pero considera “obvio” que el gobier- no no la admitirá: “Sabemos que con el tiempo, como siempre sucede, la verdad sale a flote. Las investigaciones han demostrado que par- ticiparon las fuerzas federales. Nosotros seguimos plantados en la idea de que fue así, que el Estado mexicano tiene las ma- GermánCanseco Reclamos. Oídos sordos CASO AYOTZINAPA 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 9
  7. 7. nos bien metidas ahí. La investigación que hizo Proceso lo demuestra.” El hecho de que las autoridades moni- torearan los autobuses donde viajaban los normalistas desde su salida de la Normal de Ayotzinapa demuestra, a su juicio, un ataque planeado: “Estamos exigiendo que se abra una línea de investigación contra el Ejército desde hace mucho tiempo, pero no lo han hecho. No lo van a hacer tan fá- cil, eso lo sabemos. Necesitamos agudizar la movilización, tocar más puertas, juntar más gente”. –¿Qué opinas de la postura del gobierno? –¿Quién les cree? No somos tontos. So- mos de Ayotzinapa, conocemos las mañas del gobierno desde hace mucho tiempo.He- mos visto en otros casos cómo los burlan y hemos aprendido de los errores de otros, de los aciertos de otros.Si algo tenemos es pre- cisamente conocimiento dentro del movi- miento social, dentro de las contiendas so- ciales. ¡Cómo nos van a engañar! Destaca que el movimiento se ha mantenido en la legalidad al exigir justi- cia para los normalistas desaparecidos y sus familias, pero señala: “Hay un límite” porque, ante la indiferencia oficial, “va a llegar el momento de que convoquemos a algo más. Creemos que tenemos la au- toridad moral para hacerlo porque no re- presentamos un proyecto político. Noso- tros no planeamos el 26 de septiembre, alguien más lo planeó”. Omar considera que sería grave que la sociedad mexicana dejara de apoyar al movimiento gestado desde Ayotzinapa y desaproveche la oportunidad de cambiar las cosas en el país al desmovilizarse en el periodo electoral. “Para nosotros –dice el normalista– votar por el PRI es votar por los Guerreros Unidos, por el PRD significa votar por Los Rojos, por el PAN es votar por Los Caba- lleros Templarios, Los Zetas, El Cártel del Golfo. Para nosotros son sinónimos… “Tampoco estamos pidiendo la re- nuncia del presidente ya, pero el proble- ma en México no es el Ejecutivo a través de una persona. El problema de este país es el Ejército. La muestra es que, como no saben qué hacer, los políticos mandan a los generales a hablar por ellos. Quiere de- cir que aquí no hay un poder político, sino militar, y quienes hacen el trabajo sucio y sostienen esa corrupción son precisa- mente los militares. “Por eso queremos que se abran las lí- neas de investigación hacia el Ejército –con- tinúa Omar García–; creemos que ahí es- tá el meollo del asunto. Nadie es experto en desaparecer gente más que el Ejército. A un mes, no encontraban nada (rastros de los normalistas); a mes y medio, no encon- traban nada. Alguien no dejó ni el mínimo rastro. Entonces hay que pensar que quie- nes los desaparecieron saben hacerlo, lo han practicado durante años. ¿Y quiénes lo han practicado durante años? El Ejército.” –¿Crees que el caso Ayotzinapa puede ser la bandera de un movimiento social en este país? –se le pregunta. –No es que crea, se está dando.A veces disminuye la indignación, a veces aumen- ta. Como sea, pero lo estamos demostran- do. No queremos ser los mesías de Méxi- co, sino hacer nuestra parte aunque nos quedemos solos. No vamos a permitir que se nos burle. Las ganas de ser estudiante Junto con otro grupo de madres de estu- diantes, la señora Metodia exigió al presi- dente Peña Nieto que le entregara vivo a su hijo. Lo cuenta y le gana el llanto al re- cordar que han pasado tres meses de su desaparición. “Exigimos que nos los entreguen y también exigimos justicia”, dice, y para ello es necesario que “le saquen la verdad” al exgobernador Ángel Aguirre, al exalcal- de de Iguala José Luis Abarca y a su esposa. HugoCruz Jornadas de indignación 10 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014
  8. 8. A esta última las autoridades federales la consideran autora intelectual del crimen. “Ellos y los policías son culpables, por- que ellos se llevaron a los muchachos y no sabemos de su vida. No nos quieren dar la respuesta, pero sabemos que nuestros hijos están vivos, que el Ejército los tie- ne. El Ejército es responsable en esto, ellos los tienen, también participaron cuando a los muchachos se los llevaron. Los mu- chachos no eran delincuentes, se querían defender, pero ellos, al contrario, los te- nían sujetos en el carro de los policías y los aventaban como si fueran animales”, acusa. Metodia recuerda el día que su hijo sa- lió del pueblo para estudiar en Ayotzinapa: “Él se vino de mi casa con ganas de ser es- tudiante... Cómo se vino mi hijo de mi casa para salir adelante,porque nosotros somos campesinos. No tengo para darle escuela. Cuando él me dijo: ‘Quiero ser maestro, quiero salir adelante y me tengo que ir’... Quiero que me lo regresen”. Iguala sigue caliente En la ciudad de Iguala, mientras tanto, fa- miliares de los normalistas desaparecidos, alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos e integrantes de la Coordinado- ra Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero descargaron su ira contra las instalaciones del 41 Batallón de Infantería, donde arrojaron cuatro cohetones además de golpear y grafitear la puerta principal. “Faltan 43” y “Aquí están los asesinos”, fueron algunas de las pintas en la entra- da del cuartel. Tras unos 10 minutos –durante los cua- les un manifestante embozado incluso cru- zó la puerta del inmueble para tratar de im- pedir que los militares fotografiaran a los inconformes–, los manifestantes continua- ron su marcha rumbo al Palacio Municipal. Ahí, un representante de los padres de los normalistas hizo un ferviente llama- do a los mexicanos a “salir de sus hogares y unirse a las manifestaciones para exigir no más desaparecidos en el país”. Durante la movilización, los normalis- tas, sus familiares y los profesores de la CETEG exigieron la renuncia del goberna- dor interino Rogelio Ortega Martínez. OctavioGómezOctavioGómez Bancas vacías Dolor. Clamor internacional CASO AYOTZINAPA 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 11
  9. 9. L a desaparición de los 43 norma- listas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, además del incremen- to de las manifestaciones de in- dignación por la violencia exa- cerbada, la falta de seguridad y la inacción de las autoridades de los tres órdenes desde hace varios años, mantiene a la economía estatal al borde del colapso. De 2010 a 2012 la pobreza se incre- mentó de 67.6% a 69.7% en la entidad; es decir, siete de cada 10 guerrerenses son pobres, según el Consejo Nacional de Eva- luación de la Política de Desarrollo Social. Aún más, mientras en el país la tasa promedio de pobreza extrema es de 9.8%, en la entidad gobernada por Rogelio Or- tega Martínez es de 31.7%, casi el triple. Es la segunda más alta en el ámbito na- Guerrero ocupa el último lugar de los 32 estados en ín- dice de competitividad por la violencia exacerbada, se- cuestros, ejecuciones y desapariciones –incluidas las de los normalistas de Ayotzinapa–, lo cual mantiene a la economía local en la bancarrota. Y mientras las fir- mas calificadoras de Estados Unidos avizoran un 2015 calamitoso y los empresarios piden garantías para mantener los empleos, Eduardo Guerrero Gutiérrez, es- pecialista en seguridad nacional, advierte: Guerrero es un estado mucho más complejo que Michoacán; si las autoridades no controlan la situación,se nos va a com- plicar todo el país. JUAN CARLOS CRUZ VARGAS JessicaTorres/Procesofoto En Guerrero, la pobreza se exacerba 12 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014
  10. 10. El líder empresarial detalla que a raíz de la inseguridad, la embotelladora Coca- Cola cerró su planta y dejó en la calle a más de 400 trabajadores. Productos Mexicanos de Canteras hizo lo mismo y dejó sin em- pleo a otras 400 personas. “Podemos ha- cer una lista interminable de empresas, pequeños, medianos y micronegocios que han ido cerrando”, comenta. La Confederación de Cámaras Nacio- nales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) también se queja porque, arguyen sus dirigentes, las mani- festaciones provocadas por la desapari- ción de los normalistas han causado mer- mas al sector calculadas en 500 millones de pesos. El miércoles 10, la vicepresidenta de la Concanaco en la zona sur del país, María Eugenia Pérez, advirtió: “Esto no es sola- mente de 90 días atrás, hemos tenido en- cima la presencia de la delincuencia orga- nizada, los huracanes Ingrid y Manuel, te- nemos un daño desde atrás…”. Guerrero es productor de estupefacien- tes y uno de los principales corredores de droga en territorio mexicano. De acuerdo con el reporte Células delictivas con presencia en el país, elaborado en marzo de 2013 por la Procuraduría General de la República, 26 de las 88 organizaciones criminales que ope- ran en México están asentadas en esa en- tidad, lo que la convierte en una de las más peligrosas. Según el Instituto Nacional de Estadís- tica y Geografía (Inegi),en 2013 Guerrero al- canzó 63 homicidios por cada 100 mil ha- bitantes. Y si bien esta tasa es menor que la registrada en 2012, cuando se cometie- ron 76 delitos de esa naturaleza, la entidad tiene la mayor cantidad de asesinatos en el país y equivale al triple de los cometidos en 2013 (19 por cada 100 mil habitantes). Cifras de la muerte La violencia e inseguridad han diezma- do a la iniciativa privada guerrerense. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vic- timización de Empresas 2014 (ENVE), dada a conocer por el Inegi este mes, en 2013 las unidades económicas de víctimas de deli- tos en Guerrero se disparó 31.2% con res- pecto a 2011. En otras palabras, el año pasado se co- metieron 3 mil 929 ilícitos por cada 10 mil empresas ubicadas en ese territorio, ci- fra mayor que los 2 mil 995 delitos come- tidos en 2011. El más frecuente de ellos es la extorsión, seguido por el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes. La ENVE 2014 precisa que el costo pro- medio del delito por unidad económica como consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas derivadas del delito durante 2013 ascendió a 53 mil 660 pesos en Guerrero. La merma se dis- para a 96 mil 203 pesos anuales por cada empresa dedicada al comercio o a los ser- vicios, que son las actividades económi- cas prevalecientes en el estado. Es por eso que prácticamente nueve de cada 10 empresarios radicados en Gue- rrero lo consideran “inseguro”. No es para menos, el presidente de la Asociación de Joyeros y Plateros del Esta- do de Guerrero, Arturo Flores Mercado, co- menta al reportero: “La inseguridad nos pegó completamente. Y aunque en el sec- tor joyero nos hemos defendido de todas las tempestades, devaluaciones y siempre hemos salido adelante, por primera vez lo que nos truena y nos tiene en la lona es la inseguridad”. Flores Mercado asegura queTaxco, que era la ciudad número uno en la comercia- lización de plata con exportaciones a Eu- ropa, empezó a caer hasta que tronó. “Hoy nos ganan Guadalajara, Pachuca y Zaca- tecas; ellos están haciendo plata y están ocupando el mercado”, comenta. –De ser uno de los más importantes centros de artesanías de plata y joyas, Gue- rrero pasó a la crisis. ¿Eso se debe a la inse- guridad? –se le pregunta. –Sí. En Tierra Caliente y Ciudad Alta- mirano, por ejemplo, donde éramos alre- dedor de 180 orfebres quienes elaborába- mos la filigrana a mano y las esclavas –to- do se vendía en los mercados–, hoy la ma- yoría están muertos. Ahí fue donde más pegó la violencia. Como es una ciudad chica, en Altami- rano todos saben quién vende oro. Cuan- do alguien quería comprar el metal iba a la casa del comerciante, tocaba su puerta y hacía la transacción. Pero luego comen- zaron los levantones para pedir rescate. Y cuando alguno tenía su negocio en el mer- cado, lo que era usual, vinieron los asal- cional, sólo inferior a la de Chiapas, don- de 32.2% de su población dispone de in- gresos muy bajos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, Guerrero presenta un grado de marginación “muy alto”, ya que ocupa el lugar 32 entre las entidades federativas. La desaparición de los normalistas en Iguala, aún sin resolver, incrementó las protestas sociales y causó una parálisis económica. Zacarías Rodríguez Cabrera, presi- dente de la Cámara Nacional de Comer- cio, Servicios y Turismo en Iguala (Cana- co-Servytur), comenta a Proceso: “Igua- la vive principalmente del comercio, algo de agricultura y ganadería, y paisanos que reciben remesas de sus familiares de Es- tados Unidos. Hoy estamos en una situa- ción bastante difícil; estamos ahogándo- nos; estamos desesperados”. ArchivoProceso Guerrero. Último lugar CASO AYOTZINAPA 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 13
  11. 11. tos sin que nadie hiciera nada. Hoy los so- brevivientes tienen miedo; lo mismo pasó con los vendedores de bisutería. El entrevistado asegura que de 2004 a 2010 las ventas descendieron más de 60% a causa de la creciente violencia, las ex- torsiones, los secuestros y los desapareci- dos. “Yo me vi obligado a cerrar mi nego- cio por una extorsión –cuenta–. Estaba en Iguala cuando le hablaron a mi personal y le dijeron que iban a cortarme la cabeza y después irían por ellos. ¡Se la creyeron! Sacaron la mercancía y la fueron a empe- ñar… Las casas de empeño están metidas también”. Perspectivas para 2015 La agencia calificadora Fitch Ratings, con sede en Nueva York, sostiene que en 2015 la situación de inseguridad podría presio- nar las finanzas públicas estatales. En el reporte de calificación crediticia de la ins- titución, difundido el lunes 22, Guerrero mantiene su calificación en “A- con pers- pectiva estable”. Eso indica una expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en otras en- tidades. Sin embargo, los cambios en cir- cunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de pago opor- tuno en un grado mayor que en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más alta. Fitch señaló que “la calificación con- tinúa limitada… Además, constituyen li- mitantes sobre la calificación: la presión constante que ejerce la seguridad pública sobre el gasto operacional (GO, gasto co- rriente y transferencias no etiquetadas) y que restringe la flexibilidad financiera estatal”. A ello se suma la inestabilidad políti- ca y social en Guerrero. Por otra parte, la agencia advirtió que de continuar las ma- nifestaciones, los actos de violencia y los bloqueos se mermará la economía estatal, que depende en gran parte del turismo, lo cual impactará directamente en la recau- dación fiscal. Asimismo, según Fitch, el gasto opera- tivo podría verse presionado en 2015 por el proceso electoral que se celebrará en to- dos los niveles de gobierno y por el cambio de administración en Guerrero. En 2013, los ingresos del estado conti- nuaron al alza (8.4%) y ascendieron a 13 mil 44 millones. Sin embargo, los ingresos pro- pios apenas alcanzan 4.9% de los ingresos totales. El año pasado Guerrero incremen- tó 11.2% su gasto operativo debido al gasto creciente en seguridad pública y al proceso de reconstrucción por los daños ocasiona- dos por la tormenta Manuel. Gerardo Carrillo, director de finanzas públicas de Fitch, explica a Proceso que aun cuando los temas de seguridad y vio- lencia tienen repercusiones, en casos co- mo el de Ayotzinapa la estabilidad finan- ciera no se verá afectada en el largo plazo. La firma Standard & Poor’s, por el con- trario, sostiene que el caso Ayotzinapa “su- braya los significativos desafíos que plan- tea el control de la violencia relacionada con el narcotráfico en México. Aunque tal violencia no es nueva en el país, lo aconte- cido en Iguala generó nuevamente cuestio- namientos sobre la capacidad del gobierno para lidiar con este tema crítico y sobre el impacto que la violencia pudiera tener en las perspectivas económicas”. Medidas insuficientes El jueves 4 el presidente Peña Nieto anun- ció una serie de medidas para reactivar la economía de la entidad sureña que inclu- yen beneficios fiscales y apoyos económi- cos a las pequeñas empresas, mejoras de infraestructura y descuentos en hoteles, tarifas de viajes y autopistas. No obstante, el presidente de la Cana- co Iguala, Zacarías Rodríguez, asegura que las medidas son insuficientes y pide que por lo menos se exima a las empresas de pagar 50% de impuestos “para conservar los empleos”. De otro modo, la seguridad que la re- activación económica de la ciudad trae- ría en los seis meses no se va a lograr. No es tan fácil, menos en Iguala. Según él, en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo las condiciones son diferentes. El Instituto Mexicano para la Compe- titividad (IMCO) sostiene que Guerrero es el peor lugar para atraer y retener talen- to e inversiones, De hecho es la entidad menos competitiva del país, pues se ubi- ca en el lugar 32 del Índice de Competiti- vidad Estatal 2014. Para Eduardo Guerrero Gutiérrez, es- pecialista en seguridad nacional y exana- lista del Centro de Investigación y Seguri- dad Nacional, “Guerrero es un estado mu- cho más complicado que Michoacán, tanto en materia criminal, de guerrilla, sindica- tos, autodefensas y zonas agresivas, por lo cual debe recibir un tratamiento especial: “Guerrero debe ser más cuidadoso, pues está en un momento crucial. Si se activa el problema de revuelta criminal y de violencia y las autoridades no contro- lan la situación, se va a complicar más que en Michoacán. “A mí me da horror que no vayan a atender bien el tema de Guerrero, porque ahí sí se nos va a complicar todo el país, porque es un estado muy agresivo, con grupos muy violentos… Lo que han logra- do en Guerrero ha sido aislar Acapulco de la dinámica del crimen organizado; pe- ro en el resto del estado las cosas se han complicado.” De poco sirvieron las medidas impul- sadas por el gobierno federal para reacti- var la economía estatal e incentivar el tu- rismo. El gobierno estadunidense alertó a sus ciudadanos para que evitaran pisar te- rritorio guerrerense, incluida la Autopista del Sol, que actualmente tiene una cuota de 25% con respecto a su precio original. Les aconsejó aplazar todos los viajes con destino a ese estado, a excepción de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo. En caso de hacerlo, les pidió desplazarse por crucero o avión. En Acapulco, las autoridades de Esta- dos Unidos recomiendan a los turistas de su país no alejarse más de dos cuadras de la costera Miguel Alemán y mantenerse dentro de la zona que comprende el ho- tel Krystal y Puerto Marqués, incluida Pla- ya Diamante. JoséLuisdelaCruz/Procesofoto Gobierno. Perpetrador y juez 14 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014
  12. 12. JENARO VILLAMIL E l 31 de julio de 2012 la procura- duría de Nuevo León le entre- gó a Juana Solís Barrio una bol- sa con 166 fragmentos óseos que, le dijeron, pertenecían a su hija, Brenda Damaris Gon- zález Solís, desaparecida un año atrás en el municipio de Santa Catarina, una de las zonas controladas por los llamados “poli- zetas”, es decir, los cuerpos policiacos al servicio de Los Zetas. Pero ella desconfió pues no le entrega- ron pruebas de ADN para acreditar que los fragmentos correspondían realmente a su hija. De hecho, dice, tenían más de un año resguardados por la dependencia; tampo- co le dijeron dónde encontraron esos res- tos ya sin tejido blando. Las autoridades ministeriales de Nue- vo León le ordenaron incinerarlos y luego llevar las cenizas al panteón. Con ello pre- tendían darle carpetazo a su caso, como lo hacen con los cientos de víctimas en esa entidad. Días antes de que le entregaran los fragmentos, doña Juana enfrentó a un gru- po de militares que descubrieron una fosa clandestina en Santa Catarina. Quería sa- ber si entre los restos óseos estaban los de Brenda Damaris. Como llevaba una manta con la foto de su hija, la amonestaron pues según ellos se trataba de una narcomanta. A pesar de su desconfianza, la señora Solís enterró los fragmentos en el cemente- Germán Canseco Fundada por Ernesto Schwartz y Rodrigo Franco, dos jóvenes investigadores, la asociación civil Gobernanza Forense Ciudadana (GFC) promueve la búsqueda ac- tiva de los cuerpos de los desaparecidos en México.En los últimos meses la orga- nización se anotó sus primeros puntos encaminados a “quitar a los especialistas el monopolio de la verdad” y, con el apoyo de forenses peruanos y los familiares de las víctimas, inició el proyecto de Ciencia Forense Ciudadana. Su primer caso es el de los restos óseos que presuntamente son los de la joven Brenda Damaris González, que ya enviaron a Washington. En enero les llegarán los resultados. Gobernanza Forense Ciudadana: la búsquedaindependiente CASO AYOTZINAPA 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 15
  13. 13. rio municipal de García, pero no los inci- neró. Colocó una cruz de madera azul cie- lo sin nombre. Y buscó a Leticia Hidalgo, madre de otro desaparecido que hoy dirige la Fundación de Desaparecidos de Nuevo León. Tras exponerle su caso le contó que no pensaba ceder a las presiones de otras organizaciones no gubernamentales que le pedían cerrar el expediente de su hija. Dos años después, Juana Solís y Lety Hidalgo contactaron a Ernesto Schwartz y Rodolfo Franco, dos jóvenes académicos fundadores de la asociación civil Gober- nanza Forense Ciudadana (GFC), que pro- mueve un modelo de “búsqueda activa” para “quitarle a los especialistas el mono- polio de la verdad” en torno a las decenas de miles de desaparecidos en México. Este año la asociación recibió un fi- nanciamiento de 250 mil libras (5.5 mi- llones de pesos) de la Universidad Dur- ham, Gran Bretaña, para realizar pruebas de ADN independientes, elaborar una ba- se de datos sobre las víctimas de desapari- ciones en México e impulsar con los fami- liares y no con las autoridades un nuevo modelo de búsqueda y confirmación de la identidad de los restos que le han entre- gado a decenas de personas. En septiembre pasado Schwartz, Fran- co y la señora Solís obtuvieron la autori- zación para exhumar los restos que le en- tregaron a ella las autoridades de Nuevo León. Los apoyaron los integrantes del Equipo Peruano de Antropología Forense, responsables del proceso y de la cadena de custodia de los restos. Los fragmentos fueron enviados al la- boratorio de BodeTechnology, enWashing- ton, donde les dijeron que los resultados estarán listos en enero de 2015. Se trata del primero de los 450 casos de personas re- gistradas por el GFC como desaparecidas. “Si son los restos de mi hija, tendre- mos la tranquilidad de la familia y veremos quiénes son los responsables y por qué lo hicieron. Y si no son, seguiremos buscan- do la verdad”, declaró la madre de Brenda Damaris. El caso es apenas una pequeña mues- tra de las dimensiones de la tragedia sobre las desapariciones forzadas en México. Las cifras oficiales mencionan entre 25 mil y 27 mil personas desaparecidas de 2006 a la fe- cha. Se desconoce cuántos de esos casos pueden clasificarse como desapariciones forzadas por ser resultado de la interven- ción de las autoridades o de las fuerzas de seguridad pública (policías y efectivos militares). De acuerdo con el estudio más recien- te de GFC, el del jueves 11, en 97% de los casos estudiados los familiares siguen buscando a sus desaparecidos. De ese uni- verso, 38% ocurrió en Guerrero, 20% en el Estado de México, 10% en Tamaulipas, 5% en Nuevo León y 4% en Coahuila. En 97% de los casos, 85% se trata de hombres y el 12% restante corresponde a mujeres y, según los avances del estudio, cuya copia obtuvo Proceso, 40% cuentan con educación básica y 21% con nivel me- dio superior. “Economía terrible del dolor” Para Schwartz el caso de Brenda Damaris González es importante no sólo por ser el primero, sino porque será una demostra- ción de que “los familiares no necesitan de un doctorado para entender la ciencia forense y ellos deben quitarle a los espe- GermánCanseco DavidDeolarte/Procesofoto Fosas. Paisaje cotidiano Restos. Olvido16 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014
  14. 14. cialistas el monopolio de la verdad sobre los desaparecidos”. En entrevista con Proceso, efectuada en vísperas de conocerse los resultados de las pruebas de ADN enviadas a Washing- ton, Schwartz explicó que el GFC cuenta con otros 14 casos en los cuales los fami- liares aceptaron formar parte del proyecto piloto de Ciencia Forense Ciudadana. “Nosotros queremos que éste sea un asunto humanitario. Los familiares quie- ren saber dónde están sus hijos. Quieren saber la verdad. El registro les va a permi- tir tener más tranquilidad. “Es necesario romper la esquizofrenia de nuestro modelo de búsqueda de desapa- recidos: Es el Estado quien comete la mayo- ría de los casos (a través de los cuerpos poli- ciacos o militares) y se le pide al Estado que investigue y se sancione a sí mismo. Por eso nadie confía. Se ha generado una economía terrible del dolor en torno a los desapareci- dos”, sostiene el investigador. –Van a afectar muchos intereses, ¿es- tán conscientes de eso? –Por supuesto. Ha habido muchas preocupaciones sobre el alcance legal de lo que hacemos. En México, un peritaje in- dependiente sólo es válido si la Procura- duría General de la República lo permite. –¿Esto puede tener un impacto sobre casos tan delicados como el de los 43 nor- malistas desaparecidos en Iguala? –No sólo sobre ese caso, sino sobre muchos otros. En Iguala aparecieron 375 familiares que fueron del Estado de Méxi- co, Puebla y otras entidades al conocerse que habían encontrado otras 12 fosas con fragmentos de más de 30 personas. Hay aún mucha desconfianza para emprender una vía ciudadana, independiente. Schwartz, director de GFC, se apasio- na al explicar el modelo que la asociación quiere impulsar en México: “Se trata de recobrar lo más sencillo de la ciencia fo- rense: es el espacio público para recons- truir la idea de un foro, donde participen los propios involucrados. Es quitarle a los especialistas el monopolio de la verdad. “Nosotros queremos utilizar el mode- lo planteado por Arely Cruz en su tesis Bio- bancos y su regulación (UNAM, 2010) para las personas con menos recursos y las víctimas que no tienen visibilidad en los medios.” En su sitio en internet, GFC advier- te que “hasta la fecha no existe una base de datos de ADN nacional para hacer re- ferencias cruzadas entre los restos huma- nos sin identificar y los que buscan los fa- miliares de las víctimas”. En febrero de 2013, Human Rights Watch documentó 249 casos de desapari- ciones forzadas en las que intervinieron autoridades estatales y fuerzas de seguri- dad. Sin embargo, esos casos no represen- tan ni 1% de las desapariciones forzadas que se presume existen en México. “La red institucional y legal subraya la incapacidad de las instituciones mexica- nas para enfrentar el problema de las per- sonas desaparecidas en el contexto de ex- trema violencia”, afirma Schwartz. Hasta la fecha, sólo dos de las 32 en- tidades han desarrollado marcos legales para definir el delito de desaparición for- zada. No existen mecanismos de búsque- da inmediata. En la mayoría de los casos se deben esperar 72 horas para que las au- toridades ministeriales actúen. El caso Lalinde en Colombia Schwartz tiene un doctorado en genómi- ca en la sociedad, en Gran Bretaña. Cuenta que se vinculó con Arely Cruz en Colom- bia, donde las víctimas presionaron para tener un sistema forense más robusto. El caso más emblemático en ese país fue el de Fabiola Lalinde. Lalinde era una secretaria bilingüe quien durante más de 12 años realizó una investigación independiente para dar con el paradero de su hijo Luis Fernando Lalin- de Lalinde, militante del movimiento de li- beración detenido, torturado y desapare- cido en 1984. Su cuerpo fue localizado en 1996, estaba escondido entre las raíces de un árbol de la montaña Vereda Ventanas. Se trató de una ejecución extrajudicial que tras más de una década de investiga- ción y denuncias en tribunales se le atri- buyó a la Patrulla Militar No. 22 del Bata- llón Ayacucho. La persistencia de Fabiola Lalinde y la asesoría de otros especialistas, entre ellos el ómbudsman de Antioquia, Héctor Abad Gómez, asesinado en agosto de 1987, per- mitió que el caso Lalinde llegara hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su testimonio grabado en YouTube, Fabiola Lalinde afirma que durante 24 años recorrió “los caminos de la noche y de la niebla” en busca de desaparecidos de Co- lombia. Se integró al Movimiento de Vícti- mas de Crímenes de Estado. “La búsqueda de la verdad sobre la suerte corrida por Luis Fernando, tardó 4 mil 428 días ininterrumpidos hasta el 18 de noviembre de 1996, cuando logramos res- catar sus restos, plenamente identificados, en la bodega de la Octava Brigada –una ver- dadera proeza– e inhumarlos después de superar toda clase de dificultades y obs- táculos jamás imaginados”, afirmó Fabio- la Lalinde. El ejemplo colombiano, advierten los dos fundadores de GFC, puede generar una auténtica transformación en México. El primer objetivo con el caso de Brenda Da- maris es conseguir un biobanco de vícti- mas, especialmente en Iguala, donde los propios familiares han encontrado los res- tos de más de 30 personas. CASO AYOTZINAPA 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 17
  15. 15. FranciscoCastellanos 18 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 FRANCISCO CASTELLANOS J. M ORELIA, MICH.- En un cla- ro desafío al gobierno de Peña Nieto, las autodefen- sas resurgieron y entraron a más poblaciones mi- choacanas, sobre todo en la región Costa y Bajío, pese a la amena- za del comisionado Alfredo Castillo Cer- vantes de detener, desarmar, encarcelar y consignar a todos aquellos que se en- cuentren en “la ilegalidad”. En los últimos seis meses la presencia de las guardias comunitarias se extendió a 85 ciudades y comunidades del estado. Antes de convertirse en “Fuerza Rural” es- taban en 72. La presencia del crimen organizado, el incremento de los delitos, las pugnas inter- nas y la ineficacia del gobierno federal ge- neraron el incremento de las autodefensas, que en febrero de 2013 hicieron su aparición pública y el 10 de mayo pasado fueron teó- ricamente disueltas por el gobierno federal. El fracaso de la estrategia gubernamen- tal denunciada entre otros por Gregorio Ló- pez Gerónimo –otrora vicario de la catedral de Apatzingán y asesinado la semana pa- sada– quedó en evidencia el martes 16, cuando se enfrentaron en la comunidad de La Ruana los grupos legalizados de Hipóli- to Mora y Luis Antonio Torres El Americano. El tiroteo se prolongó horas y dejó 11 muertos, entre quienes estuvo Manolo Mora, hijo de Hipólito Mora. Esto provo- có que un grupo de autodefensas toma- ra la Presidencia Municipal de Apatzingán el lunes 22. Los manifestantes quemaron credenciales y uniformes como protesta porque muchas agrupaciones están infil- tradas por miembros del crimen organiza- do y, cuando van a combatirlos, la Policía Federal les impide seguir adelante. Pese a que el gobernador Salvador Jara Guerrero amagó con pedir apoyo a las fuerzas federales para recuperar la sede municipal, los exrurales mantienen el control y no permiten ninguna actividad laboral. Advierten que permanecerán ahí hasta que las autoridades detengan a los responsables del homicidio del hijo de Hi- pólito Mora y a Servando Gómez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios. Ante la falta de respuesta bloquea- ron las principales carreteras de Michoa- cán 12 horas. Se quejaron además de que Castillo no les paga, les dio armas en mal estado y no hace nada para detener a los cabecillas del crimen organizado. En desafío al gobierno, en Michoacánregresan las autodefensas
  16. 16. EnriqueCastroSanchez Tomatlán. Rurales en rebeldía NARCOTRÁFICO 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 19 El tiroteo entre dos líderes de la Fuerza Rural mi- choacana –antes autodefensas– abrió una cloaca: la de la infiltración del crimen organizado en esos grupos convalidados por la Federación y la inca- pacidad del gobierno para apaciguarlos. En otro quiebre de timón, el comisionado Alfredo Castillo intentó calmar las aguas retirando el apoyo a tres agrupaciones sospechosas, pero el problema es mucho más profundo: las guardias comunitarias siguen creciendo porque nadie soluciona sus de- mandas de origen. Ante esto, el comisionado anunció, dos días después, que se disolverían las fuerzas rurales en Apatzingán, La Ruana y La Mira. Ahora, en esas regiones la se- guridad está a cargo del Ejército y la Poli- cía Federal. Sin embargo, comandantes de Urua- pan, Estrella y Góndola informaron que ellos simplemente cambiarán el unifor- me azul de la Fuerza Rural por las playe- ras blancas de las autodefensas. El crecimiento La intención de los actuales grupos de ci- viles levantados en armas sigue siendo la misma que les dio origen: liberar a la enti- dad de Los Caballeros Templarios, una de- rivación de la Familia Michoacana. Actualmente las autodefensas tienen presencia en 85 poblaciones, entre las que destacan Morelia (periferias), Urua- pan, Zamora, La Mira, Guacamayas, Ca- leta de Campos, Acalpican, Las Cañas y Arteaga –donde nació La Tuta. En la Costa también hay autodefen- sas y fuerzas rurales, aunque peor arma- das y sin uniforme. Operan, entre otras, en Mexiquillo, Huahua, Pichilinguillo, San Pedro Naranjestil, Coire, Pómaro, Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Aquila. “Aquí las fuerzas rurales son pocas (24) para una zona de 525 poblaciones y de grandes distancias. No se les paga a tiem- po, las armas no funcionan bien y están en mal estado”, denuncia Semeí Verdía, coordinador de comandantes de las auto- defensas de la Costa. En las comunidades Los Aguacates, Pareo, Condémbaro y 10 poblados más del serrano municipio de Tancítaro –cuyo ayuntamiento panista gastó 24 millones de pesos para formar, entrenar y armar a una policía de élite– abundan las guar- dias comunitarias a la entrada y salida del pueblo. También hay vigilancia de los alzados en San Juan Nuevo, Peribán, Los Reyes, Pátzcuaro, Villa Escalante, Huetamo, San Lucas, La Huacana, Zicuirán, Churumu- co, Apatzingán, Mújica, Gabriel Zamora, Parácuaro, La Ruana, Buena Vista, Tepal- catepec, Coalcomán, Aguililla, El Aguaje, Yurécuaro, Venustiano Carranza, Jiquil- pan, Sahuayo, Miramar y Ario de Rosales. Nicolás Sierra Santana, exintegran- te de la Fuerza Rural, explica: “Los auto- defensas de todos los municipios estamos dispuestos a seguirnos coordinando con los gobiernos federal y estatal, porque hi- cimos un excelente papel al terminar con los secuestros, levantones y cobro de piso en los municipios donde trabajamos de forma conjunta, y porque solos no vamos a poder con el paquete de combatir a Los Caballeros Templarios”. Sierra Santana pide a Peña Nieto que “mande a su gente para que vea la reali- dad del estado, y nos refuerce, porque no podemos combatir a los templarios, ya que muchos traen la camisa de rurales”. Que se vaya Castillo El martes 23, diputados locales de opo- sición criticaron duramente a Castillo durante una maratónica sesión en el Con- greso. Propusieron que desapareciera la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán –que dirige Casti- llo– y devolverle las atribuciones a las ins- tituciones de la entidad. El legislador independiente Uriel Ló- pez Paredes aseguró: “Castillo da un pasi- to pa’ delante y tres pasitos para atrás. Lo que debería preocuparnos sobremanera es que seguimos sin gobierno en Michoacán”. Consideró que, de acuerdo con el de- creto que emitió el presidente Enrique Peña Nieto para crear la referida comisión, pareciera que Castillo “sólo rinde cuentas a Dios: ni al Congreso local ni al federal”. La diputada Selene Vázquez Alato- rre destacó que la figura de comisionado rompe con todos los principios y finalida- des del federalismo, toda vez que se impu- so como intermediario entre los poderes estatales y la Federación sin que se en- cuentre establecido en ninguna norma: “El accionar de Alfredo Castillo inter- vino en el del estado, violando su sobe- ranía. No estamos midiendo el grado del daño que se está haciendo, pero ofende
  17. 17. JUAN CARLOS CRUZ VARGAS E n el episodio de incertidumbre que vive México, sale a flote la debili- dad institucional la cual abre las puertas para que el narcotráfico controle las actividades económi- cas. Es el caso de Michoacán. En esa entidad Los Caballeros Templa- rios tomaron las riendas del negocio más floreciente: la producción, distribución, comercialización y hasta exportación del aguacate. De acuerdo con un estudio elaborado por la investigadora Ruth Ornelas Esquinca, consultora y especialista en temas de segu- ridad nacional y desarrollo económico, Los Templarios lograron establecer un control directo sobre la producción, distribución y exportación de ése y otros productos rentables de los mercados legales. En el análisis Delincuencia organizada: mercados ilícitos y legales. El caso Michoa- cán, publicado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ornelas explica: “Esto se logró gracias a la corrupción y a la ausencia del estado de derecho debido a la captura de la autoridad local y estatal, de tal manera que Los Caballeros Templarios regu- laban y controlaban la actividad legal o ilícita e informal en varios municipios del estado: los productores de aguacate, limón, fierro, aserraderos, negocios de crema y queso, consultorios médicos, restaurantes, bares, antros, entre otros, además de los mercados ilícitos de drogas”. Michoacán es el productor mundial nú- mero uno de aguacate y concentra más de 80% del cultivo nacional de ese fruto con 120 mil hectáreas sembradas. Hay entre 17 mil y 22 mil productores, sobre todo en Uruapan, Tancítaro, Zitácuaro, Tacámbaro, Peribán, Tingambato, Los Reyes y Paracho. La organización criminal dirigida por Servando Gómez La Tuta tenía la radiogra- fía completa de las huertas de los aguaca- teros, pues accedió a las guías o permisos que otorga la Junta Local de Sanidad Vegetal, dependiente de la Secretaría de Agricultura federal (Sagarpa). Pero el asunto va más allá. La investi- gadora con maestría en relaciones interna- cionales por la Universidad de Columbia y en economía por la de Georgetown, logró identificar la corrupción en estas instancias del gobierno federal. “Los integrantes de la Junta estaban coludidos con Los Caballeros Templarios. Es más, cada inspector de la Junta Local demandaba su propia cuota de 3 mil pesos al año por cada huerta, con la finalidad de que el productor pudiera mantener la etiqueta de inocuidad del producto y las hectáreas.” La certificación es un requisito indis- pensable para vender el fruto en Estados Unidos, Europa y Asia, principalmente Japón. La forma de operar de Los Caballeros Templarios es la siguiente: En 2013 les cobraron a los productores que no exporta- ban mil 500 pesos por hectárea de agua- cate al año; la cantidad se duplicó para quienes exportaban. Ornelas añade que el crimen organiza- do cobraba también 10 centavos por cada kilo de aguacate producido, es decir, por cada tonelada cobraban 100 pesos. Los Caballeros Templarios, abunda, obtuvieron 119.4 millones de pesos en 2013, lo que representó 0.5% del valor total de la pro- ducción del fruto en ese año. en la economía La criminalidad, MiguelDimayuga FranciscoCastellanos. Autodefensas al alza 20 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 al pueblo que nosotros como diputados no podamos asumir nuestra responsa- bilidad, somos representantes de los michoacanos.” El perredista Eleazar Aparicio Tercero apuntó que la entidad cuenta con insti- tuciones fuertes que pueden darle rum- bo: “Desde la llegada del comisionado no se han concretado las obras y las acciones que ayuden al desarrollo de Michoacán, la inseguridad crece día a día. Tenemos ins- tituciones fuertes, no necesitamos un co- misionado, y el presidente debe derogar dicha figura”. Informe y ultimátum El miércoles 24 en una conferencia de prensa en su lugar preferido –la Casa de Gobierno, donde suelen residir los go- bernadores–, Castillo dio una especie de informe de actividades y anunció la can- celación de tres grupos de la Fuerza Ru- ral: “A partir de ahora, los exautodefensas –y ahora exintegrantes de la Fuerza Rural– tendrán que deponer las armas. En caso de no hacerlo, serán detenidos. Hay gru- pos de interés disfrazados de autodefen- sas que ‘pelean’ el control de Apatzingán”. Castillo señaló que de las más de 20 comunidades donde opera la Fuerza Ru- ral, en Apatzingán, La Ruana y La Mira sus integrantes y las exautodefensas “no comprendieron la importancia de respe- tar las instituciones y propiciar un am- biente de calma y tranquilidad social”. El funcionario anunció además que la Gen- darmería quedará fuera de las tareas de seguridad en Michoacán. En su “informe”, el alfil de Peña Nieto manifestó que hay grupos que “se dispu- tan además el liderazgo de su región para intentar establecer laboratorios de estu- pefacientes en La Ruana, en Buenavista, o el control del manejo de minerales en la tenencia de La Mira, municipio de Láza- ro Cárdenas. Añadió que la decisión de finiquitar Aguacate. Otra fuente de ingresos
  18. 18. Por si eso fuera poco, el cártel cobró entre cuatro y seis pesos por kilogramo de aguacate a las 250 empacadoras de la región. “Estos montos, en moneda local, extraí- dos de una actividad productiva específica, resultan insignificantes en comparación con el valor estimado en dólares de la venta de droga sintética únicamente. Por ejemplo, en 2009 el valor estimado de un cargamen- to de 8.5 toneladas de este tipo de droga era de 187 millones de dólares.” La también licenciada en relaciones internacionales por la UNAM explica: “La presencia de la corrupción extendida en el país impacta de manera adversa en el desarrollo socioeconómico de México, por- que afecta negativamente las decisiones económicas de los agentes económicos nacionales y extranjeros. Peor aún (…) la corrupción extendida abre oportunidades a las organizaciones criminales y perpetúa la prevalencia de la delincuencia organizada. “La corrupción anula las regulaciones y normas del gobierno para la sociedad; reduce y hasta puede minar el control efectivo que el gobierno tiene sobre la eco- nomía; en su rol de recaudador de impues- tos; en el ejercicio del gasto público, como lo es el papel redistributivo de programas sociales y proyectos de infraestructura pública (…) y hasta las políticas macroeco- nómicas se vuelven ineficaces.” La posición mexicana En el Índice de la Percepción de la Corrup- ción 2014 (IC), elaborado por Transparencia Internacional, México está en el escalón 103 de 177 países evaluados. Si bien México se encuentra situado en el llamado “Club de los Ricos”, es decir, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el más corrupto de las 34 naciones del organismo. De hecho, la brecha en corrupción entre México y otras economías que tienen arraigado el problema del narcotráfico, es grande: El país está 30 posiciones debajo que Brasil y a nueve de Colombia en el IC. Ya a escala local, Michoacán no supera la media tabla en el Índice de Competitivi- dad Estatal 2014, publicado por el Instituto Mexicano de Competitividad: La entidad michoacana ocupó la posición número 27 entre las 32 del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So- cial, 54.4% de la población de ese estado es pobre, nivel superior al promedio nacio- nal, que es de 45.5%. Aunado a lo anterior, en Michoacán se cometieron 20 homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2013. En cuanto a afectaciones a las empre- sas a causa de la inseguridad, el panorama es el siguiente: En Michoacán, por cada 10 mil compa- ñías, tres mil 865 fueron víctimas de algún delito en 2013. Lo preocupante es que esta cifra fue 31.7% mayor a la alcanzada en 2011, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Después de Puebla, Michoacán fue la entidad con mayor crecimiento en ilícitos contra las empresas. Los delitos que más frecuentemente se comenten son robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes; así como la extorsión. Se traducen en una merma por empresa de unos 36 mil 933 pesos anuales en ese estado. Como consecuencia de los elevados hechos violentos, ocho de cada 10 em- presarios consideran a Michoacán como un lugar inseguro para los negocios. No obstante, para el crimen organizado es una gran “área de oportunidad”. Lo que deja ver la tesis de Ruth Ornelas es que en los mercados ilícitos, la orga- nización criminal sustituye por completo al gobierno legítimo, convirtiéndose en un hacedor de políticas y una vez que el monopolio de la coerción es relativamente estable, porque ya no existe otra organi- zación criminal que le dispute el espacio geográfico, su objetivo principal es maximi- zar el negocio y la extracción de rentas en ese territorio controlado. NARCOTRÁFICO 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 21 esos grupos de la Fuerza Rural se tomó por petición del gobernador Jara y por orden de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El objetivo fue fortalecer “la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la República desde ene- ro pasado, en garantía de los michoacanos y de sus actividades económicas”. El comisionado mencionó la balace- ra entre Hipólito Mora y El Americano y dijo que se derivó del encono que preva- lece entre ambos líderes dese hace tiem- po. Puntualizó que los 57 implicados en el enfrentamiento tenían hasta el viernes 26 para presentarse de manera voluntaria ante el juez. De lo contrario, reiteró, “las fuerzas federales irán por ellos”. Tanto Mora como El Americano difun- dieron que continuarían la defensa de sus comunidades por sus propios medios, pero que “en breve” se entregarían a las autoridades para esclarecer el tiroteo. Sin embargo, hasta la fecha límite impuesta por el comisionado, no se había informa- do que lo hubieran hecho. Durante su alocución, el exprocurador mexiquense apuntó: “Es importante recor- dar que durante los últimos años, la pre- sencia del crimen organizado se arraigó e incrustó en diversas autoridades municipa- lesyestatales,ademásdeactividadeseconó- micas como la minería y los aserraderos, así como en el cobro de derecho de piso a prácti- camente todas las actividades comerciales”. Explicó que ha habido avances en pos de crear un mando unificado y fortalecer las áreas de inteligencia y antisecuestros, entre otras. Ejemplo de ello es que, presu- mió, de 23 secuestros que ocurrían cada mes, en el último semestre el promedio bajó a 2.3. También se logró la captura o el abatimiento de líderes de Los Caballe- ros Templarios como Nazario Moreno, En- rique Plancarte, Dionisio Loya Plancarte El Tío y Francisco Galeana El Pantera, ade- más de las consignaciones del exgoberna- dor interino Jesús Reyna; Rodrigo Vallejo, hijo del gobernador con licencia Fausto Vallejo; y los presidentes municipales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Pátzcuaro, Aguililla y Tacámbaro, entre otras 8 mil 600 personas. Dijo que se han asegurado más de 1 millón de toneladas de mineral extraído de manera ilegal y más de 50 mil tonela- das de madera. No obstante, un comandante de las autodefensas tiene una versión distinta: “Nosotros le entregamos a todos los delin- cuentes, los pusimos donde estaba la dro- ga y el mineral, ahora ellos (los federales) sólo se regodean con algunas cosas. Pero a pesar del amago de cárcel que nos está ha- ciendo seguiremos adelante. Tendrán que detenernos a todos, y somos más de 25 mil. Entonces se vendría una guerra civil”.
  19. 19. 22 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 JESUSA CERVANTES E n una acción sin precedente, la Cámara de Diputados le dejó las manos libres al gobierno fede- ral para que contrate la mayor parte de obra pública sin pa- sar por la regulación de la ley correspondiente, con lo cual se abre la puerta a más escándalos de opacidad y conflicto de interés, como los de la Casa Blanca y la cancelación del tren rápido México-Querétaro. El martes 9 los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas fueron aprobados con los votos a favor de 377 legisladores; 26 vota- ron en contra y otros 90, de todos los par- tidos, se ausentaron. Así se cierra la pinza de las reformas constitucionales en materia energética y de telecomunicaciones, que en opinión de los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), y Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano, permiten que en la prácti- ca no sean regulados los contratos para construir hospitales, escuelas, transporte ferroviario, autopistas concesionadas o distribuidores viales. De acuerdo con Mejía Berdeja, al no estar sujetas dichas obras públicas a una ley que presuntamente debería evitar los conflictos de interés, se alienta la posibi- lidad de que “amigos” del poder en turno, como los Hank, HIGA de Armando Hinojo- sa Cantú, OHL, Vázquez Raña u otros, “se queden con los contratos sin que uno se entere. Es dejarlos sin fiscalización”. A su vez, Manuel Huerta, entrevista- do la tarde del 24 de diciembre, confirma que todos los contratos que deriven de la reforma energética, por ejemplo los que se firmen para explotar petróleo o ge- nerar electricidad, quedan fuera de esta supervisión. Para él, con esta ley de obra pública que se aprobó sin discusión, los diputados fueron más allá de los contratos que vendrán con la reforma energética o de telecomunicaciones, pues también de- jan fuera de la regulación las obras para escuelas, hospitales, seguridad pública y caminos rurales. En síntesis, alerta, ofrece manos libres para el robo y adjudicacio- nes sin auditoría. Las exclusiones Cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la reforma energética, se previó crear las siguientes nuevas leyes: de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de Ingresos sobre Hidrocarburos, de Hidro- carburos, del Fondo Mexicano del Petró- leo, de Energía Geotérmica, de Órganos Reguladores Coordinados, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Pro- Cambio legal: en obra pública, manos libres BenjamínFlores
  20. 20. 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 23 tección al Medio Ambiente y la de la In- dustria Eléctrica. También se incluyeron cambios a 12 ya existentes, como la de Inversión Ex- tranjera, la Minera, de Aguas Nacionales y la de Obras Públicas y Servicios Relaciona- dos con las Mismas. Esta última la envió Peña Nieto a la Cámara de Diputados el pasado 4 de noviembre. Los legisladores no repararon en los cambios que estaban aprobando por en- frascarse en los escándalos de la Casa Blanca y la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro por la participación de empresas vinculadas con el expresidente Carlos Salinas de Gorta- ri y la de Juan Armando Hinojosa Cantú, dice Huerta, quien prevé que la nueva li- citación del tren rápido va a enmarcarse en la opacidad que estas modificaciones favorecen. La ley modificada destaca la “trans- parencia” porque las obras públicas Ante los escándalos de opacidad, conflicto de interés y corrupción, como los de la Casa Blanca y el tren rápido México-Querétaro, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por cambiar la legislación. Para asegurar la opa- cidad en muchos tipos de contratos gubernamentales, se valió de un artículo añadido de último momento a la reforma de la Ley de Obras Públicas, que el Congreso aprobó con los ojos cerrados. contratadas deberán estar en el portal Compranet pero, mediante el artículo 1 bis adicionado, el gobierno excluyó de es- ta norma las obras concesionadas a par- ticulares, las que se realicen con créditos del extranjero, las que contraten Pemex, la CFE y sus empresas productivas subsi- diarias y aquellas en las cuales los contra- tos se firmen en el extranjero. Es una simulación más, señala Me- jía Berdeja, pues si bien Pemex y la CFE tienen una ley específica y el titular de Hacienda se encargará de los contratos, finalmente las compras que realicen no se regularán por la Ley de Obras. Además, reitera, “también se excluyen los proyec- tos concesionados, así como las obras que se requieran para la prestación de servi- cios como el transporte ferroviario, las au- topistas y distribuidores viales”. Aún más, el diputado Manuel Huerta detalla: “En el párrafo II del 1 bis se exclu- yen las obras ‘con cargo a recursos fede- rales procedentes de los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y si te vas a la ley que citan te das cuenta de que es prácticamente todo lo que tiene que ver con el presupuesto fe- deral para obra pública”. Dicho artículo está constituido por fondos de seguridad pública de los es- tados, por lo cual obras locales como la construcción de casetas de vigilancia e instalaciones de entrenamiento tampoco estarán sujetas a la ley modificada. En el mismo caso están las aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federati- vas, lo que abarca los caminos rurales y las carreteras estatales. También se incluyen el fondo de sa- lud y el educativo, así es que la construc- ción de clínicas, hospitales y escuelas quedan fuera de la vigilancia que prevé la regulación de obra pública, lo que sig- nifica entregar a las empresas influyen- tes y a sus amigos del poder casi todo el presupuesto para obra social, sostiene Huerta. El párrafo IV del artículo 1 bis dice que se excluyen de la Ley de Obras Públicas aquellas destinadas a “crear infraestruc- tura necesaria en la prestación de servi- cios públicos que los particulares tengan concesionados”. Aquí encajan la cons- trucción del hangar presidencial con un costo de mil millones de pesos y que se le encargó a Juan Armando Hinojosa Can- tú, y la construcción del nuevo aeropuerto del Distrito Federal o las obras de los dis- tribuidores viales y las autopistas, señala el diputado petista. El párrafo V se refiere a obras “que sean financiadas con fondos provenien- tes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por órganos financieros regionales”. Huerta recuerda que en sus dos años el gobierno de Peña Nieto ha adquirido deuda externa por 1.5 billones de pesos; entonces toda la obra pública que se realice con ese dinero, el que venga del exterior, no estará sujeta a esta ley “y se adjudicará a sus amigos, a los socios de la mafia del poder”. El siguiente párrafo excluye de la re- gulación de obra pública a aquella que se realice “fuera del territorio nacional”, como la ampliación de embajadas, ga- soductos de Pemex en sus ramales hacia Estados Unidos, refinerías mexicanas en el extranjero o las obras que requiera la refinería que ya existe y que está en Texas, por ejemplo. En cuanto al VII, excluye de la Ley de Obras a las que se realicen en territorio nacional y “cuyos procedimientos de con- tratación y contratos sea necesario reali- zarlos en el extranjero”. Para Huerta, en este supuesto caen todos los contratos en materia energética y de telecomunicacio- nes, que seguramente conseguirán em- presas extranjeras; firmarán los contratos en sus países de origen, a cuyas leyes e intereses se sujetarán. “Ahí en el 1 bis está la trampa, pero es- ta ley la vendieron con el argumento de que habrá más transparencia porque los procesos de licitación estarán en Compra- net. ¿Pero cuáles obras, me pregunto, si casi todas las que realiza el gobierno fe- deral y las que hacen los estados quedan fuera de la Ley de Obras Públicas”, cues- tiona el legislador del PT. CORRUPCIÓN Ruiz Esparza. Lo mismo pero oculto
  21. 21. 24 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 RODRIGO VERA L ERMA, ESTADO DE MÉXICO.- Don Rubén Orozco señala la enorme extensión de cas- cajo que sepultó las mil- pas de su comunidad, y se queja: “¡Mire nada más! El ayuntamiento de Lerma está enviando camiones repletos de cascajo para des- cargarlos sobre nuestros sembradíos. Es un crimen, un atropello. Esos terre- nos son nuestros”. –¿Para qué descargan tanto mate- rial de demolición? –El escombro servirá para empa- rejar el piso sobre el que se levantará la estación Lerma del tren México-To- luca. Ocupará un área muy grande; se dice que tendrá estacionamientos, si- tios de taxis y hasta una terminal de camiones. Y todo se construirá sobre nuestras milpas. –¿A ustedes se les pidió su consentimiento? –¡No, para nada! Sin avisarnos, de buenas a primeras empezaron a lle- gar los camiones a tirarnos el escom- bro. Fue un acto de provocación del gobierno para amedrentarnos, porque después llegó gente de la empresa GAP, que trabaja para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a decirnos que la vía del tren pasará por nuestras casas y terrenos, por lo que nos conviene vender. Nos están ofre- Una vez aprobados en comisiones los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servi- cios Relacionadas con las Mismas, el agre- gado del artículo 1 bis se dio a conocer el martes 9, día de la votación, recuerda el diputado Huerta, y reitera que muchos de sus colegas ni siquiera entendieron el al- cance de lo que avalaron. Cuando se sometió a votación el artículo de las exclusiones estuvieron au- sentes 102 diputados, 35 votaron en contra, ocho se abstuvieron y 355 se manifestaron a favor. En cambio no se modificaron sustan- cialmente los artículos 40, 47 y 51, que el secretario de Comunicaciones y Transpor- tes, Gerardo Ruiz Esparza, usó para justifi- car la cancelación de la primera licitación del tren rápido México-Querétaro el lunes 22, al comparecer ante los diputados. Para los amigos El 3 de noviembre se dio el fallo de la li- citación en beneficio de la empresa china Railway Corporation (con el crédito ofreci- do por el gobierno chino mediante el Exim Bank) y sus socios Teya (propiedad de Armando Hinojosa Cantú), Constructora y Edificadora GIA (propiedad de Hipólito Gerard, pariente político del expresidente Carlos Salinas de Gortari) y Prodemex (de Olegario Vázquez Raña). El día 6 Ruiz Esparza sostuvo ante los legisladores que no se cancelaría el fallo, pero horas más tarde el presidente Peña Nieto decidió hacerlo. Este lunes 22 el secretario de Comu- nicaciones y Transportes aceptó que fue una decisión política ante el malestar so- cial por los vínculos de las empresas con el expresidente Salinas de Gortari y con Peña Nieto, aunque nunca mencionó sus nombres. “A lo largo de la reunión (con senado- res) se cuestionó el fallo. Anteriormente se había pedido suspender la licitación, dada la participación de las empresas mexicanas en el consorcio. Se mostraron suspicacias por los nombres de los due- ños de las empresas ganadoras que for- man parte del consorcio y se insinuó la posibilidad de que el consorcio ganador hubiera contado con información privi- legiada y por esa razón los demás com- petidores decidieron declinar. Se hizo mención de la vinculación de una de las empresas mexicanas con un expresidente de México por conducto de una persona con quien tenía una relación de parentes- co”, dijo Ruiz Esparza. Tras el encuentro con los senadores, añadió, “reflexionamos en la secretaría sobre el riesgo de continuar el proyecto en condiciones de duda acerca de la le- galidad y transparencia del proceso de licitación, con la posibilidad de acciones políticas para obstaculizar su ejecución y la limitación o cancelación de los recursos necesarios para llevarla a cabo”. Después el secretario dijo a los diputados que para realizar bien el proyec- to del tren rápido se necesitaba una “gran aceptación popular” y eso sólo se lograría con una nueva licitación. Aclaró entonces que el gobierno tenía la posibilidad de “can- celar” la licitación o aplicar “la no firma” del contrato, pues la primera opción se prevé en el artículo 40 y la segunda en el 47. Peña Nieto optó por la segunda. Ruiz Esparza intentó dar razones: “Sentíamos que no iba a ser factible, que iba a haber, por todo lo emitido, la intención de hacer un freno político al proyecto”. Por consi- guiente, anunció que en los primeros días de enero se lanzará la convocatoria para la nueva licitación. Sólo que ahora se regi- rá bajo la nueva Ley de Obra Pública. Mejía Berdeja, basado en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas, le reprochó al secretario que hubo tráfico de influen- cias y conflicto de interés porque Hinojo- sa Cantú es el propietario de la casa que tiene Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, y porque “los amigos” del pre- sidente participaron en dicha licitación y en otras del gobierno federal. “OHL, donde participaba Emilio Lozo- ya, hoy director de Pemex, es la empresa que junto con HIGA, junto con Alcántara, junto con las empresas de Carlos Hank y otras, ganan los contratos más jugosos. Se han dado licitaciones por más de 200 mil millones. Pero nada más HIGA, quitando la licitación del tren, ha ganado casi 100 mil millones de pesos en este gobierno, entre ellos 47 mil del Acueducto Monte- rrey y mil de la remodelación del hangar presidencial.Y le iban a dar 50 mil 800 mi- llones junto con el consorcio para la ope- ración del tren México-Querétaro”. Remata el legislador de Movimien- to Ciudadano: “En el tren México-Toluca va OHL. Y en muchas del Edomex fueron OHL e HIGA las beneficiadas. En el caso del tren México-Querétaro hubo conflicto de interés, como dice el artículo 51”. Ruiz Esparza sostuvo que no hubo tal conflicto y aclaró que hasta el 15 de octu- bre, cuando se dio el fallo del tren rápido, la secretaría se enteró de que en ese pro- yecto estaban asociados Hinojosa Cantú y el pariente político de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, informó que las em- presas mexicanas no participarán en la nueva licitación del tren rápido pero que la empresa china sí lo hará, por lo cual no exigió el pago de compensación por la “no firma” del contrato. El problema ahora, dice Mejía Berdeja, es que si en ese proyecto entra capital del Exim Bank chino y por ese motivo la obra no puede ser regulada conforme a la Ley de Obras Públicas,“la opacidad seguirá”. CORRUPCIÓN Benjamín Flores
  22. 22. 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 25 ciendo alrededor de mil pesos por metro cuadrado. A la sombra de unos altos y tupidos árboles, a don Rubén Orozco lo acompa- ñan unos 30 habitantes de la comunidad rural Alfredo del Mazo, del municipio de Lerma, quienes se verán afectados por el tren. Son pequeños propietarios renuen- tes a abandonar su terruño. “Aquí naci- mos”, “son las tierras que nos dejaron nuestros abuelos”, “no queremos vender”, “no queremos salirnos”, dicen mientras muestran sus títulos de propiedad que datan de principios del siglo XX. Con ellos se encuentra el abogado Jo- sé Luis Altamirano, quien los defiende de las afectaciones que ya padecen a causa del tren México-Toluca, una de las obras viales más ambiciosas del gobierno de En- rique Peña Nieto. Explica el abogado: “Alrededor de 180 propietarios de esta comunidad ya se ven perjudicados por las obras de la vía del tren, que tendrá una longitud de 58 kiló- metros y una anchura de 32 metros. Por aquí pasará esa vía, partiendo en dos los terrenos de la comunidad, que en su ma- yoría son agrícolas. También afectará las viviendas de los pobladores y al ecosiste- ma en general. En fin, trastocará toda la vida de la zona”. –¿El gobierno no planea darles indemnizaciones? –Supuestamente la empresa GAP será la encargada de las indemnizaciones y de resolver todos los conflictos sociales pro- vocados por la obra. Detrás de GAP está la SCT, que aportará el dinero. Ya empie- zan a realizar ofertas de compra. Pero la gran mayoría de los pobladores se niega a vender, pues jamás los consultaron. ¡Ima- gínese! No se pidió la opinión de los afec- tados. La vía del tren se está construyendo arbitrariamente. Ese es el problema. Cuenta el abogado que incluso el go- bierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, le entregó a un grupo de ejidatarios de la zona –del Ejido de San Pedro Tultepec– al- rededor de mil 400 hectáreas que siempre han pertenecido a los propietarios. Ahora éstos se defienden en tribunales de esta medida. Asegura Altamirano: “Todo es un plan amañado del gobierno; echó a pelear a los propietarios con los ejidatarios, quienes están siendo manipulados por los inte- reses empresariales de los constructores del tren. Este conflicto inducido abaratará las tierras y hará más fácil apoderarse de ellas”. –¿Es de interés social la obra del tren? –¡No, no! Ni siquiera hay necesidad de realizar esa obra. Se está levantando sólo para que hagan negocio los empresarios y políticos del Grupo Atlacomulco, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nie- to, cuyo tío, Arturo Montiel, le dio mucho impulso al proyecto del tren cuando era gobernador del Estado de México. Y lo ha- cía a través del entonces alcalde deToluca, Armando Enríquez, quien estuvo macha- cando el eslogan: “Durante mi gestión, el tren suburbano México-Toluca”. No pudo concretarse ese proyecto empresarial de Montiel.Ahora lo retoma su sobrino, apro- vechado que es presidente de México. En efecto, durante el gobierno de Mon- tiel se impulsó ese ambicioso proyecto ferroviario. Se calculaba una inversión de 200 millones de dólares en el puro tramo del Paseo Tollocan, que desemboca en la ciudad de Toluca. Se proyectaba además construir un Centro Internacional de Es- quí en el Nevado de Toluca, al que llegaría el tren. En 2003, el entonces presidente del Co- legio de Ingenieros Civiles del Estado de México, Manuel Ortiz García, les recorda- ba que la obra necesitaba tener primero el “consenso” de las autoridades del Distrito Federal, a donde llegaría el ferrocarril. El problema era ese “territorio ajeno” al Esta- do de México, les advertía el ingeniero a los empresarios que se frotaban las manos. Abran paso Ya instalado en Los Pinos, el Grupo Atlaco- mulco no tuvo ningún problema en poner en marcha el proyecto de Arturo Montiel, dándole a la obra un carácter federal y ac- tualizando sus costos. Según la SCT, la obra costará 38 mil millones de pesos. Se proyecta construir seis estaciones a lo largo de sus 58 kiló- metros: Observatorio, Santa Fe, Lerma, Metepec, Toluca y finalmente la estación ElproyectodetrendealtavelocidadMéxico-Tolucarepro- duce todos los vicios que degeneraron en el escándalo del proyecto México-Querétaro, aunque esta vez las princi- pales protagonistas son las empresas La Peninsular,de la familiaHankRhon,ylaespañolaOHL,dondetienenimpor- tantesinversionesmiembrosdelGrupoAtlacomulco,cuna políticadeEnriquePeñaNieto.Lasreaccionesdelapobla- ción mexiquense y del Distrito Federal apenas comienzan. Ecocidio, descontento social... y los mismos socios del poder TREN MÉXICO-TOLUCA
  23. 23. 26 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 de Zinacantepec, a las faldas del Nevado de Toluca, como lo quería Montiel. Los trenes (inicialmente serán 15) se desplazarán a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y cumplirán el recorrido en 39 minutos. La demanda esti- mada de usuarios será de 270 mil por día y se prevé terminar la obra en 2017. En el tramo que corresponde al Estado de México, la obra se entregó a empresas claramente ligadas al Grupo Atlacomul- co: La Peninsular, propiedad de la familia Hank Rhon; y la española OHL, en la que tienen inversiones algunos empresarios mexiquenses ligados a ese grupo políti- co empresarial; también participará ICA (Proceso 1985). Mientras que en el tramo del Distri- to Federal –de Observatorio a Santa Fe– acaba de ganar la licitación de la obra un consorcio integrado por seis empre- sas: Caabsa Constructora, Omega Cons- trucciones Industriales, Prefabricados y Transportes, Grupo Corporativo Amodher, Cargo Crane y González Soto y Asociados. Se dice que este consorcio también tiene nexos con el Grupo Atlacomulco. Pero la obra empezó a realizarse de ma- nera arbitraria y sin consultar a los núcleos poblacionales por los que atraviesa, de ahí los conflictos sociales que comienza a ge- nerar, como este del municipio de Lerma. Otros municipios mexiquenses afec- tados son Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Ocoyoacac. Y ya en territorio del Distrito Federal, las dele- gaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, cuyos pobladores empiezan a organizar actos de protesta. En Zinacantepec, algunos núcleos ejidales consideran una amenaza la construcción del tren porque atrae a los especuladores inmobiliarios, quienes –di- cen– propiciarán una descontrolada ur- banización de la zona. Los ejidatarios ya padecieron el año pasado la privatización del Nevado de Toluca mediante un decreto presidencial de Peña Nieto, medida muy relacionada con la obra ferroviaria y que le permitirá al Grupo Atlacomulco hacer ne- gocios en un área de 53 mil hectáreas del volcán (Proceso 1931, 1933 y 1985). El fértil y boscoso municipio de Oco- yoacac –donde se asienta la zona tu- rística de La Marquesa– también se ve afectado por la obra, cuenta el arquitecto Juan Martín Monroy, residente de Oco- yoacac y quien sigue muy de cerca el conflicto en la zona: “El proyecto del tren ha dividido a los ejidatarios y comune- ros de la localidad. Unos quieren que les paguen bien por sus tierras, otros quie- ren que les paguen lo que sea y otros de plano no quieren vender. Mientras tanto, los coyotes del gobierno ya empiezan a soltar dinero”. –¿Cuánto están pagando? –De 200 a 500 pesos el metro cuadrado, según se dejen los campesinos. Son canti- dades verdaderamente ridículas, muy por debajo del valor real de las tierras. Y alerta sobre la cuestión ecológi- ca: “El proyecto ferroviario ya empieza a ocasionar un ecocidio en la flora y en la fauna. Esto disminuirá la superficie pro- ductiva de nuestro municipio”. Alude sobre todo a la tala indiscri- minada de 37 mil árboles, ordenada en junio pasado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de despejar el área por donde se construirá un nuevo tramo de la autopista de cuota y correrá paralelamente el tren. Este ecocidio provocó de inmediato –sobre todo en redes sociales– el rechazo de la población y de los automovilistas que diariamente veían la tala de cientos de ár- boles. La creciente inconformidad obligó a la SCT a comprometerse a plantar 10 ár- boles por cada uno que derribara. Está por verse si cumple esa promesa, que ya alcan- zaría 370 mil árboles. Vaticina Monroy: “El tren también pro- vocará contaminación sonora y de mantos freáticos. Y, claro, propiciará la invasión de terrenos, la especulación inmobiliaria y un anárquico crecimiento urbano que perjudicará a la población local”. Abajo los pobres Las principales protestas contra la obra las están realizando, en el Distrito Fede- ral, los colonos del pueblo de Santa Fe, por cuyo territorio se proyecta el paso elevado de la vía del tren. Estos pobladores enca- bezan mítines multitudinarios, cierre de vialidades y mesas de debate en las que proponen alternativas. El ingeniero Gerardo Garduño Gutié- rrez, uno de los líderes más destacados de este vigoroso movimiento, comenta: “De manera espontánea, pero coordina- da, el pueblo está realizando todas estas manifestaciones de protesta, a través de unas 10 asociaciones civiles que agluti- nan a distintos gremios y sectores de la población”. –¿De qué forma afectará la obra al pueblo de Santa Fe? –Esa obra nos dejará sepultados a los pobres, pues está proyectada de la siguiente manera: El tren pasará por encima de la avenida Vasco de Quiroga, nuestra principal vialidad; y por enci- ma del tren pasará una supermoderna autopista. De manera que será una descomunal obra de concreto de tres niveles, muy alta. Las dos vialidades elevadas estarán sostenidas por grue- sas columnas, cada una con un peso de más de 150 toneladas. Abajo quedará el pueblo de Santa Fe, sin accesos al tren ni a la autopista y ya de por sí muy gol- peado por la carencia de muchos servi- cios urbanos. “También podrá imaginarse el caos que nos provocará la construcción de esa obra; durante varios meses habrá cierre de vialidades, ruidosas maquinarias tra- bajando, polvo, basura, cortes de luz, de agua, de servicio telefónico y varias afec- taciones más.” –¿Cuántos pobladores se verán afectados? BenjamínFlores Otro segundo piso. Repudio popular
  24. 24. 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 27 SARA PANTOJA H istóricamente el pueblo de Santa Fe ha sido golpeado por el desordena- do crecimiento de la zona poniente del Distrito Federal, la voracidad de los intereses empresariales y el desinterés de los gobiernos federal y local, que una y otra vez ignoran la voz de sus habitantes. El anuncio de la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, o tren rápido México-Toluca, es una nueva ame- naza para sus pobladores, quienes –empu- jados por la falta de información y el temor a expropiaciones– han realizado marchas, instalaron un plantón permanente y dan vi- sos de un posible “estallido social”. Santa Fe fue el primer poblado funda- do en la Nueva España por Vasco de Qui- roga, quien en 1531 dirigió la instalación de un hospital-pueblo para atender a los enfer- mos y desamparados e instruirlos en la fe católica. Desde entonces los habitantes se involucraron en un nuevo modelo de convi- vencia social, relata Lorena Álvarez Moreno, directora de la Casa Ernesto Meneses. Especialista en la historia de esta zona, asegura que una primera invasión del pue- blo y sus zonas aledañas ocurrió a princi- pios del siglo pasado, cuando los terrenos fueron escarbados para satisfacer las nece- sidades de la industria de la construcción en el centro de la ciudad. Como consecuencia, se formaron minas de arena que hasta hoy continúan apareciendo y llenando de temor a los pobladores por posibles derrumbes. Más tarde, por el creciente costo de ex- tracción de la arena, llegó un segundo “cas- tigo” para la población: la conversión de la zona en basurero. De nuevo la afectación fue social y ambiental. Los bosques y milpas, las fiestas y tradiciones alrededor de la parro- quia del pueblo, resultaron trastocados. La investigadora de la Universidad Ibe- roamericana cuenta que en 1981 la pobla- ción se vio afectada por tercera vez, ahora por el surgimiento del Plan Maestro para la Zona de Desarrollo Controlado Santa Fe, el cual planteó como gran eje estratégico el desarrollo económico y urbano del ponien- te de la ciudad. La población fue afectada con la am- pliación de la avenida Vasco de Quiroga, ya que se destruyeron las antiguas facha- das y se perdieron 10 metros de sus ho- gares. El daño fue directo al patrimonio de sus habitantes; mucha gente fue obliga- da a firmar hojas en blanco y ni siquiera fue indemnizada. La construcción de la llamada “Santa Fe City” o “el pequeño Houston” obligó a reu- Santa Fe, en la ira bicar a las familias de pepenadores en nue- vos asentamientos de las barrancas del Río Becerra –frente al pueblo de Santa Fe–, sin planeación urbana ni servicios, pero sí con la promesa de que los beneficios del mega- desarrollo llegarían a los desplazados. Eso no sucedió. El nuevo polo de modernidad y lujo por un lado, y el olvido y la pobreza por el otro, dieron vida a bandas como la de Los Panchi- tos, quienes eran reprimidos por la policía. Según Álvarez Moreno, la construcción de la “nueva ciudad” tuvo diversos efectos entre los pobladores: invisibilización en fa- vor de los corporativos, pérdida de su pa- trimonio e identidad vinculada al miedo a la desaparición física del pueblo, caos vial por el intenso flujo vehicular y el desorden del transporte público generado por la deman- da de los trabajadores en los corporativos, contaminación permanente en aire y ríos, así como frustración, enojo y fracturas so- ciales profundas. Además, el crecimiento sin planeación en las zonas aledañas dificultó el acceso y provocó escasez y deficiencia en los servi- cios, falta de escuelas, clínicas, servicios de recolección de basura, de espacios públi- cos y áreas verdes. En marzo de 2010 el Gobierno del Distri- to Federal materializó el añejo proyecto de una vialidad de cobro para conectar el Pe- riférico Sur con Santa Fe: la Supervía Po- niente. De los 126 predios expropiados para su construcción en la colonia La Malinche, delegación Magdalena Contreras, 50 fue- ron tomados en la madrugada y por la fuer- za con cientos de granaderos, debido a la resistencia de los habitantes de varias colo- nias que alegaron daños ecológicos y pocos beneficios para quienes pueblan el lugar. En diversos foros, líderes vecinales e in- vestigadores recordaron que desde 1986 el pueblo de Santa Fe fue catalogado por la delegación Álvaro Obregón como “Zona Pa- trimonial o Zona Histórica”. Aun más: en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de esa demarcación, oficializado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en 2011, aparece como “Área de Conservación Patrimonial”. El temor que no cesa Con estos antecedentes de despojo y olvi- do, los habitantes de Santa Fe temen aho- ra un nuevo agravio por la construcción del tercer tramo del Tren Interurbano Toluca-Va- lle de México, anunciado recientemente por la Secretaría de Comunicaciones y Trans- portes federal y la Secretaría de Obras y Servicios capitalina. Según la escasa información que han obtenido a través del Sistema de Transpa- rencia –pues las autoridades locales y fe- derales no les han mostrado el proyecto ejecutivo–, la vía férrea y un tercer piso de la autopista pasarían por la avenida Vasco de Quiroga, el “corazón del pueblo”. De acuerdo con sus cálculos, 80 mil per- sonas de 34 colonias de la Álvaro Obregón y 10 de Cuajimalpa, además de unos 4 mil establecimientos mercantiles, resultarían afectados. En marchas y plantones recientes los habitantes aclararon que no se oponen a la obra, pero sí exigen el cambio del trazo. También han denunciado la violación de sus derechos humanos a la información, liber- tad de expresión, audiencia, a un ambien- te sano, a la salud, a la seguridad y a la no discriminación. Sobre todo, acusan que las autoridades violaron su derecho a ser con- sultados sobre el proyecto que los involucra directamente. En un foro organizado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el miércoles 10, Álvarez Moreno fue tajante en su alerta: “Lo que quieren hacer con el pueblo de San- ta Fe es un atentado. Ellos (los habitantes) son gente luchadora, valiente. La construc- ción de este proyecto sería otro golpe más a la población y generaría un serio conflic- to social”. CORRUPCIÓN BenjamínFlores Pueblo largamente castigado
  25. 25. 28 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014 –Más de 80 mil personas, que somos quienes habitamos en las 34 colonias po- pulares que conforman el pueblo de Santa Fe, fundado en 1532 por Vasco de Quiroga y que aún mantiene sus tradiciones y su identidad. Éstas también se verían muy afectadas con la obra. –¿Qué medidas piensan tomar para defenderse? –Por la vía jurídica interpondremos amparos, que serán individuales pero también por parte de agrupaciones veci- nales; por ejemplo, la Unión de Colonos Camino Real interpondrá un amparo. Y además continuaremos con nuestros ac- tos de protesta. Garduño da la entrevista precisamen- te mientras encabeza una manifestación en la que participan unos 500 pobladores inconformes. Caminan rumbo al exclusi- vo Centro Comercial Santa Fe, cerrando vialidades a su paso y vigilados por poli- cías y agentes de tránsito. Cargan un fére- tro pintarrajeado con el nombre de Peña Nieto. Tocan una tambora. Ondean pan- cartas que rezan: “No al tren sobre Vasco de Quiroga”… “No al viaducto elevado”. Y a coro gritan contra el presidente y el jefe de gobierno capitalino Miguel Án- gel Mancera: “¡Peña, Mancera, la misma chingadera!”. Sin dejar la vanguardia de la manifes- tación, Garduño comenta que se les están uniendo los habitantes de 10 colonias de la delegación Cuajimalpa que también se verán perjudicados. Y agrega: “A los colonos nunca se nos consultó para hacer la obra. Ni nos han presentado estudios de impacto ambien- tal ni ningún otro. Hemos logrado armar mesas de negociación con las autoridades de los tres niveles, pero finalmente éstas se cerraron al diálogo”. –¿Qué otras irregularidades detectan? –Una total violación al uso de suelo y graves afectaciones a la ecología. Por ejemplo, las dos estaciones ferroviarias que quedarán en el Distrito Federal –la de Observatorio y Santa Fe– se construirán sobre vasos reguladores. El líder vecinal hace una pausa para escuchar a algunos colonos que algo le consultan. Charla un rato con ellos. Lue- go prosigue sin dejar la caminata: “Los principales beneficiados con la obra se- rán los empresarios constructores. Tene- mos información de que el consorcio de empresas que ganó la licitación en el tra- mo del Distrito Federal mantiene nexos con OHL y La Peninsular, las empresas que construirán el tramo mexiquense. Al final todo quedará en manos de los mis- mos empresarios… Y bueno, el gobierno federal está en manos de los políticos mexiquenses, quienes necesitan vías rá- pidas para venir a sus oficinas de la Ciu- dad de México”. MATHIEU TOURLIERE E n un informe publicado el martes 2, la Organización para la Coopera- ción y el Desarrollo Económicos re- visó los 427 casos mexicanos de corrupción internacional documentados desde la entrada en vigor de la Conven- ción de la OCDE para combatir el Cohe- cho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciona- les, en febrero de 1999. Las autoridades mexicanas no resol- vieron ninguno, aun cuando el reporte se- ñaló que varios de ellos se produjeron en México. La empresa Trace International, la cual asesora en prácticas anticorrupción a em- presas internacionales, recopila en su pá- gina 25 casos de sobornos a servidores públicos mexicanos por parte de compa- ñías privadas, investigados por instancias judiciales de países extranjeros. Entre esas compañías destacan Hewlett Packard, Alstom, Areva, Siemens, Bridgestone, ABB o la minera canadiense Blackfire Exploration. El caso más emblemático lo reveló The New York Times en abril de 2012, al desta- par los pagos de sobornos millonarios que realizó la filial mexicana del gigante esta- dunidense de la distribución, Walmart, a fin de expandir su negocio en México. Según el Informe de Competitividad Global 2014-2015, que dio a conocer el Foro Económico Global el pasado sep- tiembre, el soborno y la corrupción son una práctica común en las contrataciones públicas nacionales e internacionales en México. En una lista de 144 países, México ocupa el sitio 119 en cuanto a “pagos ex- tras” y sobornos por parte de empresas en la adjudicación de contratos públicos, y el lugar 99 en términos de favoritismo que funcionarios públicos exhiben hacia algu- nas empresas. México permanece en el lugar 102 res- pecto a la ética corporativa –las relaciones entre las empresas y los actores políticos–, así como en el lugar 119 en términos de desvío de fondos públicos hacia empre- sas privadas. No es “cultural” Lo anterior, según el director de la organi- zación Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, no encuentra su raíz en un su- puesto carácter “cultural” de la corrupción en el país –como lo aseveró Enrique Peña Nieto en septiembre pasado–, sino en la El paraíso del soborno Miguel Dimayuga Palmas 1325. Oscuridad en la casa

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