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Edgar Tomás QUIÑONEZ RIOS
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EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL
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dar vida, y siendo una de las características fundamentales de la ley, el
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concurrirse al gasto público, considere a todas las personas -físicas
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Raymundo GARCÍA QUINTANA
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H. Congreso del Estado. (2012). Congreso Del Estado de Chihuahua.
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CONCEPTOS TRIBUTARIOS
Jorge Luis HERFTER BUENO
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constitucional, en el cual y conforme al artículo primero, se reforman los
artículos QUINTO, U...
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Jorge Luis HERFTER BUENO
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APLICACIÓN DE UNA FE DE ERRATAS DE LA LEY DE INGRESOS
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subsanarlas, más no para modificar el cont...
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“Fe de Erratas”, ni ocuparse de los asuntos específicos que señala la
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II. En segundo lugar porque sólo puede hab...
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El ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO, ARTÍCULO DÉCIMO
SÉPTIMO, Y un ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el Apa...
LEY DE INGRESOS PARA 2013 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONCEPTOS TRIBUTARIOS
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Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupu...
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De manera complementaria el mismo Código Fiscal Del Estado De
Chihuahua establece:
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contradicción5 y los de igualdad ante la ley6 y entre las partes7, puesto que
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Las reformas y adiciones del Decreto publicado en el Diario Oficial
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LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DEL TRABAJO
Y LA REFORMA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
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César RODRÍGUEZ CHACÓN
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trabajadores substitutos, del que tanto se han venido quejando los
patrones.
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  6. 6. 6 Contenido 8 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (SEGUNDA PARTE: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD) Roberto DÍAZ ROMERO 18 SISTEMA JURÍDICO DE CANADÁ (SEGUNDA PARTE) Raymundo GARCÍA QUINTANA Benjamín GONZÁLEZ GONZÁLEZ 26 LEY DE INGRESOS PARA 2013 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONCEPTOS TRIBUTARIOS Jorge Luis HERFTER BUENO 42 NECESARIA ADICIÓN Y REFORMA A LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN María Dolores COLMENERO REYES 54 ANÁLISIS CRÍTICO AL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Jorge Napoleón RAYA VALDÉZ 60 LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA REFORMA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 César RODRÍGUEZ CHACÓN 72 LA DOBLE RONDA Y VOTO ALTERNATIVO EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Gabriel Humberto SEPÚLVEDA RAMÍREZ 84 REFLEXIONES EN TORNO AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE CONTEMPLA Jaime Ernesto GARCÍA VILLEGAS
  7. 7. 7 94 MODOS ALTERNATIVOS DE TERMINAR EL PROCESO PENAL Edgar Tomás QUIÑONEZ RIOS 122 FINES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ESTADO Luis Alfonso RAMOS PEÑA Manuel Benjamín GONZÁLEZ GONZÁLEZ 142 EL DERECHO-HUMANISMO EN LOS DISCURSOS OFICIALES Alejandro Aquiles PARRA LUCERO
  8. 8. 8 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (SEGUNDA PARTE: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD) Roberto DÍAZ ROMERO SUMARIO: I. Análisis del Principio de Generalidad. II. Capacidad Contributiva. III. Bibliografía. I. ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD El Doctor Gregorio Sánchez León señala que este principio significa que el impuesto comprenda y se aplique a todas las personas (físicas, morales, unidades económicas sin personalidad jurídica, mexicanas o extranjeras) cuya situación particular o concreta coincida exactamente con la hipótesis contenida en la ley, acto o hecho generador del crédito fiscal.1 Sáinz de Bujanda nos brinda un concepto, a nuestro juicio, sumamente claro por lo que nos permitimos reproducirlo literal: “capacidad contributiva supone en el sujeto tributario la titularidad de un patrimonio o de una renta, aptos en cantidad y en calidad para hacer frente al pago de los impuestos, una vez cubiertos los gastos vitales e ineludibles del sujeto”.2 Este principio es consecuencia natural del Principio de Legalidad pues como ya vimos en la primera parte de este estudio, los tributos tienen que encontrarse previstos en una ley, pues es este acto el único que le puede 1 SÁNCHEZ LEÓN, Gregorio. Derecho Fiscal Mexicano, 12ª ed., Cárdenas Editores y Distribuidores, México, 2000, p.443. 2 SÁINZ DE BUJANDA, Fernando, Lecciones de Derecho Financiero, 3ª ed., Universidad Complutense, Madrid, 1979, p. 172.
  9. 9. Roberto DÍAZ ROMERO 9 dar vida, y siendo una de las características fundamentales de la ley, el ser general, lógico es que la contribución participe de dicha característica. El Maestro Flores Zavala nos precisa que el Principio de Generalidad no significa que todos deban pagar todos los impuestos, sino que todos los que tengan capacidad contributiva paguen algún impuesto. Sin embargo, este principio puede también aplicarse a cada impuesto individualmente considerado y entonces debe interpretarse en el sentido de que el impuesto debe gravar a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal, sin excepciones.3 En torno a la generalidad de las leyes la Corte se ha expresado en numerosos criterios, uno de los cuales nos permitimos transcribir para efectos ilustrativos: LEYES PRIVATIVAS Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta (es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación, y se apliquen sin consideración de especie o de persona a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va el contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Las leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional.4 3 FLORES ZAVALA, Ernesto. Finanzas Públicas Mexicanas, 34ª ed., Editorial Porrúa, S.A., México, 2004, p. 215. 4 Tesis P/T. 87/1975, Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Sexta Época, t. II, junio 1975, p. 40.
  10. 10. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (SEGUNDA PARTE: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD) 10 Debemos hacer hincapié en que el Principio de Generalidad Tributaria no tiene como finalidad el que absolutamente todos los ciudadanos paguen impuestos, sino sólo aquellos que cuenten con la potencialidad contributiva para hacerlo, de tal manera que el entero del tributo no les signifique el despojarse de una cantidad dineraria que pudiera resultarles indispensable para subsistir. El Principio de Generalidad encuentra excepciones en su aplicación a través de figuras como son la exención y los subsidios, conforme a las cuales ciertas personas no contribuyen o contribuyen menos que la generalidad de los ciudadanos, no obstante haberse configurado en el mundo fáctico el hecho imponible y consecuentemente la obligación de tributar. Empero, estas exenciones y subsidios, son de índole excepcional y deben tener como sustento justificadas razones de índole económico, político o social. El principio de Generalidad Tributaria se nos manifiesta de dos formas, una positiva o afirmativa y otra negativa. La primera implica que todos debemos contribuir al gasto público, por lo que es deber del legislador cuidar que los signos que demuestren capacidad económica se comprendan dentro de los distintos ordenamientos fiscales como presupuestos fácticos a los que se vincule la obligación de pago fiscal; la segunda, se refiere a que quedan vedados los privilegios injustificados, de tal manera que las exenciones o subsidios irracionales a aquellos que cuentan con capacidad contributiva quedan prohibidos, so pena de ser tildados de inconstitucionales. Lo dicho encuentra apoyo en la siguiente tesis aislada de la Corte: GENERALIDAD TRIBUTARIA. NATURALEZA JURÍDICA Y ALCANCES DE ESE PRINCIPIO. Entre otros aspectos inherentes a la responsabilidad social a que se refiere el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la obligación de contribuir establecida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, resultando trascendente que cuando el legislador define la forma y términos en que ha de
  11. 11. Roberto DÍAZ ROMERO 11 concurrirse al gasto público, considere a todas las personas -físicas o morales- que demuestren capacidad susceptible de gravamen, sin atender a criterios como la nacionalidad, estado civil, clase social, religión, raza, etcétera; y, en su caso, que las excepciones aplicables obedezcan a objetivos de política general, sociales o culturales considerados de ineludible cumplimiento. Así, el principio de generalidad tributaria se configura como la condición necesaria para lograr la igualdad en la imposición y como un mandato dirigido al legislador tributario para que al tipificar los hechos imponibles de los distintos tributos agote, en lo posible, todas las manifestaciones de capacidad económica, buscando la riqueza donde ésta se encuentra. Ahora bien, dicho principio se presenta bajo dos ópticas: la primera, en sentido afirmativo, implica que todos deben contribuir, por lo que corresponde al legislador cuidar que los signos demostrativos de capacidad de alguna forma se plasmen en una norma tributaria como supuesto de hecho al que se vincula la obligación de contribuir; de manera que nadie tiene un derecho constitucionalmente tutelado a una exención tributaria, lo cual no implica que no habrá excepciones, considerando que la causa que legitima dicha obligación es la existencia de capacidad idónea para tal fin. La segunda óptica, en sentido negativo, se refiere a la prohibición de privilegios o áreas inmunes al pago de tributos, quedando prohibida la exención no razonable a los dotados de capacidad contributiva; de ahí que las exenciones -y, en general, las formas de liberación de la obligación- deben reducirse a un mínimo, si no abiertamente evitarse y, en todo caso, deben justificarse razonablemente en el marco constitucional, pues debe reconocerse que este postulado puede ser desplazado o atenuado, como medida excepcional, ante la necesidad de satisfacer otros objetivos constitucionalmente tutelados, adicionalmente al que ordinariamente corresponde a los tributos, es decir, la recaudación de recursos para el sostenimiento de los gastos públicos. Resulta conveniente precisar que lo señalado tiene primordial aplicación tratándose de impuestos directos que gravan la renta obtenida por las personas,
  12. 12. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (SEGUNDA PARTE: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD) 12 dado que las exenciones tributarias pueden obedecer a lógicas completamente diferentes en otras contribuciones.5 De lo expuesto derivamos un concepto de capital importancia en todo régimen impositivo y que exige ser estudiado para definir el derrotero que el legislador debe seguir cuando confecciona un tributo, este concepto es el de “Capacidad Contributiva”. II. CAPACIDAD CONTRIBUTIVA Por capacidad contributiva ( “ability to pay” para los anglosajones) debemos entender la aptitud del ciudadano para sacrificar una parte de su patrimonio con el objeto de contribuir al sostenimiento del Estado, es decir, que el gobernado cuente con los recursos económicos suficientes para entregar parte de sus rentas, ingresos o utilidades en aras de sufragar el gasto público, de tal suerte que aquellos que se hallen en una situación de precariedad económica tal que el sacrificio que les pide el Estado les importe poner en peligro su subsistencia o la de su familia, se estima que no tienen capacidad contributiva y por ende no tienen obligación de contribuir. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho: CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la 5 Tesis 1a. IX/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2009, p. 552.
  13. 13. Roberto DÍAZ ROMERO 13 potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.6 Numerosos países han adoptado el concepto de capacidad contributiva no solo a nivel doctrinario, sino también a nivel constitucional, tal es el caso de la Constitución Española, que en su artículo 31.1 establece: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrán alcance confiscatorio”. El artículo 53 de la Constitución Política de Italia consigna que todos están obligados a concurrir a los gastos en razón de su capacidad contributiva. Nuestra Constitución Federal no es explícita en lo atinente a este punto, empero de una adecuada exégesis de su artículo 31, fracción IV, es posible colegir implícitamente la idea de capacidad contributiva, misma que como vimos en la jurisprudencia precedente, es reconocida por nuestro Máximo Tribunal Constitucional. La capacidad contributiva al decir del Doctor Argentino Héctor Villegas tiene cuatro implicaciones trascendentales: a) Requiere que todos los titulares de medios aptos para hacer frente al tributo contribuyan, salvo aquellos que por no contar con el nivel económico mínimo quedan al margen de la imposición. 6 Tesis P. /J. 109/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Novena Época, noviembre de 1999, p.22.
  14. 14. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (SEGUNDA PARTE: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD) 14 b) El sistema tributario debe estructurarse de tal manera que quienes tengan mayor capacidad económica tengan una participación más alta en las rentas tributarias del Estado. c) No pueden seleccionarse como hechos imponibles o bases imponibles, circunstancias o situaciones que no sean abstractamente idóneas para reflejar capacidad contributiva. d) En ningún caso el tributo o conjunto de tributos que recaiga sobre un contribuyente puede exceder la razonable capacidad contributiva de las personas, ya que de lo contrario se atenta contra la propiedad confiscándola ilegalmente.7 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la Potestad para determinar el objeto de las contribuciones no se rige por el Principio de Generalidad Tributaria, sino por el de capacidad contributiva, con lo cual le da categoría de máxima tributaria a dicho concepto. La tesis que trata el punto en cuestión es la siguiente: CONTRIBUCIONES. LA POTESTAD PARA DETERMINAR SU OBJETO NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD, SINO POR EL DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. La potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones no es precisamente el de generalidad, sino el de la identificación de la capacidad contributiva de los gobernados, por lo que no existe obligación de contribuir si no existe la relativa capacidad contributiva, y consecuentemente, habrá de pagar más quien tiene una capacidad mayor, y menos el que la tiene en menor proporción; 7 VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9ª ed., Editorial Astrea, Argentina, 2009, p. 263.
  15. 15. Roberto DÍAZ ROMERO 15 todo lo cual descarta la aplicación del principio de generalidad en la elección del objeto del tributo.8 Nosotros no estamos de acuerdo con la postura anterior, pues estimamos que la potestad tributaria del Estado se rige invariablemente por el Principio de Generalidad, habida cuenta que el análisis legislativo respecto de quienes habrán de concurrir al gasto público debe hacerse sobre la totalidad (generalidad) de los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad estado civil, raza, credo, etcétera, en la inteligencia de que el universo de individuos en relación de los cuales se definirá el objeto del tributo necesariamente tendrá que ser el de aquellos que cuenten con capacidad contributiva, ya que la obligación tributaria se legitima en función de la capacidad idónea para contribuir al gasto público. En otras palabras, la tipificación de los hechos imponibles por parte del legislador debe darse solamente sobre la base de los sujetos con potencialidad contributiva, de tal manera que agote, en lo posible, todas las manifestaciones de capacidad económica, buscando la riqueza donde esta se encuentre, porque donde no hay riqueza, donde no hay capacidad de contribuir, es lógico que no impondrá una obligación de pago fiscal. Así, la generalidad tributaria excluye implícitamente del débito tributario a aquellos que no cuenten con potencialidad contributiva, puesto que no puede darse lo que no se tiene, y sería absurdo que el legislador en ejercicio de su potestad tributaria, y en una deficiente comprensión del Principio de Generalidad, se dedicara a confeccionar tributos a repercutir absolutamente para todos, incluso sobre indigentes. El entender el Principio de Generalidad Tributaria desvinculado de la capacidad contributiva, es dar a dicho principio un alcance perverso, contrario a cualquier noción de dignidad humana. En conclusión el Principio de Capacidad Contributiva nos lleva a sufragar el gasto público, no en función de lo que recibimos del Estado, sino en función de lo que tenemos, es decir, de nuestro patrimonio, de tal 8 Tesis: P.LXXIX/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Novena Época, Diciembre de 1998, Página: 241.
  16. 16. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (SEGUNDA PARTE: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD) 16 manera que el que no tiene no se encuentra obligado a contribuir. Así, la capacidad contributiva es el fundamento y medida de toda imposición. III. BIBLIOGRAFÍA FLORES ZAVALA, Ernesto. Finanzas Públicas Mexicanas, 34ª ed., Editorial Porrúa, S.A., México, 2004, JARACH, Dino, Curso Superior de Derecho Tributario, 3ª ed., Editorial Abeledo-Perrot, Argentina, 2004. JARACH, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 3ª ed., Editorial Abeledo-Perrot, Argentina, 2004. NEUMARK, Fritz, Principios de la imposición, 9ª ed., Editorial Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974. SÁINZ DE BUJANDA, Fernando, Lecciones de Derecho Financiero, 3ª ed., Universidad Complutense, Madrid, 1979. SÁNCHEZ LEÓN, Gregorio. Derecho Fiscal Mexicano, 12ª ed., Cárdenas Editores y Distribuidores, México, 2000. SOLER, Osvaldo H., Derecho Tributario, 3ª ed., Argentina, La Ley, 2008. VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9ª ed., Editorial Astrea, Argentina, 2009.
  17. 17. Roberto DÍAZ ROMERO 17
  18. 18. 18 SISTEMA JURÍDICO DE CANADÁ (SEGUNDA PARTE) Raymundo GARCÍA QUINTANA Benjamín GONZÁLEZ GONZÁLEZ SUMARIO: I. División de Poderes del Gobierno Canadiense. II. Profesión Legal. III. Bibliografía. I. DIVISIÓN DE PODERES DEL GOBIERNO CANADIENSE A) Poder Legislativo Su Autoridad Legislativa está divida en dos Niveles de Gobierno; el federal y el provincial. Los parlamentos federales y las legislaturas provinciales pueden conocer sobre agricultura, inmigración, pensión y jubilación, minusvalidez y recursos naturales. Cuando existe una controversia entre ambos, la ley federal es la que se aplicará. El parlamento federal conoce sobre temas de interés general para Canadá, como pueden ser; la defensa nacional, el comercio extranjero, de la navegación, la administración pública federal, el sistema bancario, etc. Las legislaturas provinciales pueden legislar sobre; gravámenes fiscales, recursos naturales, administración de justicia, salud, educación, obra pública, etc. Siempre y cuando esta sea dentro de los límites territoriales de la provincia. Las provincias pueden enmendar sus
  19. 19. Raymundo GARCÍA QUINTANA Benjamín GONZÁLEZ GONZÁLEZ 19 constituciones por la ley ordinaria de la legislatura siempre y cuando estas se limiten a su gobierno provincial. El poder legislativo le corresponde al parlamento Canadiense, el cual está formado por la Reina de Inglaterra, una cámara Alta que es el Senado, una Baja que son las cámaras de los comunes. Dicho parlamento solo se reúne a petición de la Reina y ningún proyecto de ley entra en vigor sin el consentimiento de esta. La función más importante del parlamento es el proceso legislativo. Los senadores son 105 y son elegidos por el Gobernador General a propuesta del Primer Ministro, ocupando el cargo hasta los 75 años. El senado puede legislar sobre cualquier tema, excepto, gasto público e impuestos. También puede rechazar o enmendar cualquier propuesta de legislación. La cámara de los Comunes es el principal órgano legislativo del país, en ella se inician y se aprueban la mayor parte de las leyes, está compuesta por 315 miembros que son elegidos por votación popular. B) Poder Ejecutivo El jefe de estado es el Monarca del Reino Unido, es la máxima autoridad. En Canadá este monarca es representado por el Gobernador de Canadá y en las provincias por un gobernador provincial. El monarca cumple una función técnicamente formal pues sus atribuciones políticas reales son nulas. El gobernador es elegido por el monarca y no tiene un periodo establecido. Hasta 1952 el gobernador debía ser Inglés, en la actualidad, por tradición, si el gobernador es de habla inglesa es seguido de un gobernador de habla francesa para mantener la apariedad, a su vez también debe residir dos meses del año en Québec, ya que normalmente reside en Ottawa. El Primer ministro es también el líder del partido que cuenta con la mayoría de la cámara baja del parlamento. Nombra al gabinete y es responsable de los actos del gobierno.
  20. 20. SISTEMA JURIDICO DE CANADÁ (SEGUNDA PARTE) 20 Todos los miembros del gabinete serán o son miembros del Consejo Privado de la Reina, cumplen una función protocolaria. C) Poder Judicial El poder judicial en Canadá también se divide entre dos niveles de gobierno; las cortes federales y las provinciales. Los tribunales pueden ser creados por el parlamento o por las legislaturas provinciales. El poder judicial tiene absoluta independencia por lo que resuelve y emite sentencia sin depender del parlamento o la rama ejecutiva del gobierno. Los jueces federales y de las cortes superiores provinciales son elegidos por el gobernador y ostentan el cargo hasta cumplir sus 75 años. Los jueces de tribunales provinciales inferiores, son asignados por el gobernador provincial. Estos pueden ser revocados si uno o más jueces de la Suprema Corte de Justicia, demuestran su mala conducta en su quehacer judicial. Los jueces no pueden ser procesados por sus acciones o palabras realizadas en su capacidad de juez en el tribunal de justicia. El Poder Judicial Federal está compuesto por 4 cortes; la Suprema Corte de Justicia de Canadá, la Corte Federal de Canadá, La corte de Impuestos, El tribunal de Apelaciones de la Corte Marcial de Canadá. Las cortes Provinciales de Canadá están compuestas por: Las Cortes Superiores Provinciales y las Cortes Inferiores. En la actualidad se han comenzado a implementar las Cortes en Círculo para los aborígenes, estas se basan en la idea de que las comunidades aborígenes tienen ciertas costumbres y valores inherentes a su cultura histórica. Estos círculos están conformados por un juez, la policía, trabajadores sociales, la víctima, el convicto, familiares y representantes de la comunidad. Dichos círculos no tiene una norma o regla establecida y es precedida por un miembro de la comunidad.
  21. 21. Raymundo GARCÍA QUINTANA Benjamín GONZÁLEZ GONZÁLEZ 21 D) Parlamento El Parlamento canadiense está formado por dos cámaras: el Senado, compuesto por 104 miembros designados por el gobernador general tras consultar con el primer ministro, y la Cámara de los Comunes, compuesta por 301 miembros elegidos de forma democrática y proporcional a la población de cada provincia. Regionalmente, el Senado está integrado por 24 representantes de las provincias marítimas (diez de Nueva Escocia, diez de Nueva Brunswick y cuatro de la Isla Príncipe Eduardo); 24 de Quebec; 24 de Ontario; 24 de las provincias del oeste (seis de Manitoba, Saskatchewan, Alberta y la Columbia Británica, respectivamente); seis de Newfoundland; y uno respectivamente para el territorio de Yukón y para los Territorios del Noroeste. Los senadores son designados por el gobernador general a propuesta del primer ministro y ocupan el cargo hasta cumplir la edad de 75 años (hasta 1965 el puesto era vitalicio), deben tener 30 años cumplidos en el momento de su nombramiento; disponer de recursos económicos equivalentes a 4,000 dólares anuales canadienses y residir en la provincia o territorio que representan. El Senado puede legislar en cualquier tema de la agenda legislativa, excepto en lo concerniente al gasto público o a los impuestos. También tiene la capacidad formal de rechazar o enmendar cualquier legislación que se ponga a su consideración, cuantas veces lo considere necesario. Ninguna iniciativa puede convertirse en ley si no ha sido aprobada por el Senado. Todas estas atribuciones de la Cámara alta bastarían para considerar al bicameralismo canadiense como "integral", es decir, donde ambas instancias legislativas tienen paridad de facultades. Sin embargo, en la práctica legislativa no ocurre así. Desde hace más de 40 años el Senado no rechaza una sola iniciativa emanada de la Cámara de los Comunes y rara vez ha insistido en mantener alguna enmienda que haya sido rechazada por la Cámara baja. La gran excepción sucedió en 1988, cuando el Senado se rehusó a ratificar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos antes de que se celebraran elecciones generales. Una
  22. 22. SISTEMA JURIDICO DE CANADÁ (SEGUNDA PARTE) 22 táctica común ha sido retrasar la entrada en vigor de alguna ley demasiado polémica, a través de la negativa del Senado a discutirla antes del final de determinada legislatura. En años recientes ha crecido el debate en torno del Senado. La mayoría de las fuerzas políticas piden un método directo para la elección de los senadores con el objetivo de democratizarlo, y extender así sus atribuciones para hacerlo más efectivo en lo concerniente a la defensa de los intereses de las provincias y territorios. Sin embargo, en 1992 fue derrotada en referéndum una iniciativa de reforma, conocida como el Acuerdo de Chalottetown, que entre otras cosas reformaba a fondo la Cámara alta. La Cámara de los Comunes es el principal órgano legislativo de Canadá. Es en ella donde se inician y aprueban la mayor parte de las leyes. Todos los distritos electorales en los que está dividido el país son uninominales. Regionalmente, los 301 miembros de esta Cámara están distribuidos de la siguiente manera: Alberta 26, Columbia Británica 34, Manitoba 14, Nueva Brunswick 10, Terranova 7, Nueva Escocia 11, Ontario 103, Isla del Príncipe Eduardo 4, Quebec 75, Saskatchewan 14, Territorios del Noroeste 2 y Yukón 1. La duración de las sesiones de la Cámara baja es variable; depende del número de iniciativas que se deban tratar. Al año se celebran dos periodos de sesiones, los cuales comienzan, tradicionalmente, en octubre y en enero. La fecha para el término de los periodos de sesiones no está preestablecida, por lo que es posible que éstas se alarguen más de lo previsto. Tal como sucede en el Reino Unido, la estricta disciplina de voto que los partidos son capaces de imponer a sus legisladores, así como la sempiterna primacía de un solo partido en la Cámara baja como efecto del sistema electoral uninominal, hace que en la práctica política el Parlamento, teóricamente el fundamento del sistema político, ceda la preeminencia a la rama ejecutiva del gobierno. Prácticamente todas las iniciativas de ley presentadas por el primer ministro y el gabinete son aprobadas.
  23. 23. Raymundo GARCÍA QUINTANA Benjamín GONZÁLEZ GONZÁLEZ 23 Existen comités parlamentarios y los miembros de los distintos partidos pueden colocarse en ellos, pero dado que generalmente la legislación propuesta es preparada por el ministro de gobierno respectivo, las modificaciones que sufre en los comités rara vez son importantes. Los miembros del partido gobernante que no ocupan algún ministerio o alguna responsabilidad gubernamental teóricamente pueden oponerse a alguna iniciativa del primer ministro, pero las características del sistema de partidos canadiense, integrado por organizaciones verticales y centralizadas, garantizan una estricta disciplina de voto. Los parlamentarios rebeldes son mantenidos a raya a través de la amenaza - por parte de la dirigencia-, del ostracismo político, de la marginación de los grupos de toma de decisiones, e incluso la disolución del Parlamento con el propósito de provocar una elección anticipada, es usada como arma de presión. La oposición tiene varios instrumentos parlamentarios a su disposición en la tarea de cuestionar al gobierno. Los ministros están obligados a responder periódicamente a las preguntas que les hacen los miembros del comité respectivo de la Cámara de los Comunes sobre asuntos concernientes al desempeño de su función pública. Asimismo, en Canadá se mantiene la tradición anglosajona de contar en el Parlamento con la presencia de un "gabinete en la sombra", práctica que consiste en el nombramiento, por parte del principal partido de oposición, de parlamentarios distinguidos cuya labor es hacer un seguimiento crítico y cercano del desempeño de cada uno de los ministerios. De hecho, si la oposición consigue llegar al poder es común que los parlamentarios que fungieron como "ministros en la sombra" sean los que ocupen la titularidad del ministerio respectivo, aunque no siempre ha sido así. El periodo parlamentario en Canadá es de cinco años aunque, en la práctica, el partido gobernante usualmente adelanta la celebración de elecciones. De hecho, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ninguna legislatura ha cubierto completo un mandato de cinco años, aunque dos veces ha estado a punto de hacerlo: en los periodos de 1974-1979 y 1988-1993. También, tal y como sucede en el Reino Unido, el primer ministro goza de plena discrecionalidad en lo que se refiere a la
  24. 24. SISTEMA JURIDICO DE CANADÁ (SEGUNDA PARTE) 24 decisión de disolver al Parlamento y convocar a elecciones anticipadas, lo cual otorga al partido en el gobierno una valiosa ventaja estratégica, ya que difícilmente un jefe de gobierno adelantará comicios en un momento en que las perspectivas de triunfo para su partido sean difíciles. II. PROFESIÓN LEGAL La profesión legal en Canadá es muy reciente a diferencia de otros países, pues hasta la década de 1940, salvo algunas excepciones no existían escuelas de derecho. Así que los estudiantes de derecho, eran aquellos que aprendían en las oficinas de los abogados, es decir era un aprendizaje básico. En 1949 se establece la Universidad de Toronto y tras la fundación de esta, otras cuatro también en la provincia de Ontario. Para ser abogado se debe ser admitido a una escuela de derecho. Para tal propósito se requiere realizar una evaluación de admisión. Los estudiantes pertenecientes a escuelas aborígenes cuentan con apoyo especial el cual consiste en otorgar a los nativos las herramientas necesarias para lograr su meta. Al terminar la carrera el abogado debe de hacer una práctica profesional o pasantía por un periodo de un año. Tras concluir ese año el abogado debe realizar el curso de barra y acreditarlo. De no acreditar dicho curso, el estudiante no podrá ejercer. En Quebec por su sistema mixto, los alumnos que deseen estudiar derecho deberán presentar su examen de admisión. Estos deberán de dominar el lenguaje Inglés y Francés para poder obtener su grado en Common Law y en Neo-romano. El alumno puede cursar su carrera en tan solo tres años pero solo podrá ejercer en Quebec. Al igual que en el resto de las provincias, se requiere presentar el curso de Barra. III. BIBLIOGRAFÍA Gutiérrez, C. S. (2006). Sistemas Jurídicos Contemporáneos. México: Porrúa.
  25. 25. Raymundo GARCÍA QUINTANA Benjamín GONZÁLEZ GONZÁLEZ 25 H. Congreso del Estado. (2012). Congreso Del Estado de Chihuahua. Recuperado el 18 de Noviembre de 2013, de Congreso Del Estado de Chihuahua: http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/ 520.pdf Margadant, G. (1996). Los sistemas jurídicos contemporáneos: antecedentes y panorama actual. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. UNA-C Canadá. (s.f.). UNA-C Canadá. Recuperado el Noviembre de 2013, de UNA-C Canadá: http://www.una-c- canada.com/canada/conoce-tu-nuevo-hogar/simbolos/1581- significado-e-historia-de-la-bandera-de-canada.html Zweigert, K., &Kötz, H. (2002). Introducción al Derecho Comparado. México: Oxford University Press Harla México.
  26. 26. 26 LEY DE INGRESOS PARA 2013 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONCEPTOS TRIBUTARIOS Jorge Luis HERFTER BUENO SUMARIO: I. Introducción. II.- Planteamiento. III.- Prohibición de leyes retroactivas en materia fiscal. IV.- Fe de erratas. V.- Tercer ley de ingresos del Estado de Chihuahua. VI.- Fundamento legal VII. Conclusiones. VIII.- Fuentes de investigación. I. INTRODUCCIÓN En esta ocasión, nos pareció pertinente tratar un tema doméstico, pero que por las circunstancias del caso, engloba varios temas fiscales doctrinarios y de leyes tributarias que como académicos de aquí, del terruño, es obligado que se pongan sobre la mesa. Es el caso que para el ejercicio fiscal de 2013, se emitieron tres ordenamientos legales (Ley de Ingresos): I.- Se votó por el Congreso del Estado de Chihuahua, el día 6 de diciembre de 2012, para el ejercicio de 2013 y que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 99, el miércoles 12 de diciembre de 2012 con el DECRETO No. 990/2012 I P.O. II.- El sábado 22 de diciembre de 2012, el Congreso del Estado de Chihuahua, realizó una modificación y promulgó una “Fe de Erratas”, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua (P.O.E.) mismo que se conceptualiza con esa misma denominación. III.- Por si lo anterior no fuera suficiente, el sábado 9 de febrero de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el Decreto No. 1197/2013 X P.E por la Sexagésima Tercera Legislatura Del Honorable Congreso Del Estado De Chihuahua, reunida en su décimo período extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio
  27. 27. Jorge Luis HERFTER BUENO 27 constitucional, en el cual y conforme al artículo primero, se reforman los artículos QUINTO, UNDÉCIMO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO SÉPTIMO de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2013, mediante la cual se establecieron en los tres mencionados artículos diversos estímulos fiscales, entre otros a los contribuyentes del Impuesto Sobre Actos Jurídicos (que no es el tema que nos atañe), otro estímulo consistente en el No pago de impuestos Estatales para el Estado y sus Municipios, así como a sus organismos descentralizados, y demás entidades paraestatales y entes de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de Chihuahua II.- PLANTEAMIENTO Lo normal es que exista una Ley de Ingresos para cada ejercicio fiscal, y en el caso en comento se encuentra la situación de que existen tres diversos ordenamientos fiscales, y cada uno de ellos presenta un problema, legal o constitucional en su caso, como se verá a continuación: a)La Ley de Ingresos que se publicó en el Decreto No. 1197/2013 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua del día nueve de febrero de dos mil trece no contempla la derogación de las reglas contenidas en el Decreto 990/2012 I.P.O. por el que se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio de dos mil trece. Así, en esta parte podemos ver y señalar que no es posible modificar una Ley de Ingresos cuando ya entró en vigor, y darle efectos retroactivos, lo que hace el Decreto 1197/2013 que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, del sábado 09 de febrero de 2013, y que en sus ARTÍCULOS TRANSITORIOS establece: ARTÍCULO PRIMERO.- “el presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación, independientemente de su
  28. 28. LEY DE INGRESOS PARA 2013 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONCEPTOS TRIBUTARIOS 28 publicación en el ¨Periódico Oficial del Estado” y en su ARTÍCULO SEGUNDO.- La reforma a que se refiere el presente Decreto será aplicable a partir del primero de enero de 2013” III.- PROHIBICIÓN DE LEYES RETROACTIVAS EN MATERIA FISCAL La Constitución General de la República establece en su: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. De esta forma se puede ver en forma clara una violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, en tanto que los mismos prevén que dicho decreto entrará en vigor a partir del pasado 1° de enero de 2013, lo cual es clara y contundentemente violatorio de la Garantía de Irretroactividad señalada en el citado precepto Constitucional, y por lo tanto no es dable aplicar el señalado Decreto 1197/2013 que en su artículo SEGUNDO TRANSITORIO es violatorio de la garantía establecida en el primer párrafo del citado artículo 14 Constitucional mencionado y en consecuencia NO SE DEBE PERMITIR LA
  29. 29. Jorge Luis HERFTER BUENO 29 APLICACIÓN DE UNA FE DE ERRATAS DE LA LEY DE INGRESOS PARA 2013, LO CUAL NO ENCUENTRA FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NI EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS NI EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, VIOLANDO EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV.- FÉ DE ERRATAS La expresión “Fe de Erratas” en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su edición 22°, establece que es “la lista de las erratas insertadas en un libro al final o al comienzo, con la enmienda que de él ha de hacerse”, No existe una definición jurídica en precepto legal alguno sobre esta expresión, aun cuando es una expresión bastante conocida y utilizada por los abogados, y que se ha definido su significado por los tribunales del país. El día 22 de diciembre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado una “FE DE ERRATAS” al Decreto 990/2012 I P.O., en el que podemos leer en el mismo Decreto que se trató “en realidad de una reforma al mencionado DECRETO 990/2012 I P.O., respecto a un rubro de la Tarifa para el Cobro de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 2013 que forma parte de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para 2013. Así por ejemplo, y sin cambiar de la Entidad Federativa que es Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006, en la que se estableció que cuando un órgano legislativo emite una “fe de erratas”, ésta debe suceder cuando: “existan errores cometidos en la publicación, como una letra inadvertida, una cifra cambiada, puntuación omitida, palabras incompletas o renglones fuera de lugar, con la única finalidad de
  30. 30. LEY DE INGRESOS PARA 2013 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONCEPTOS TRIBUTARIOS 30 subsanarlas, más no para modificar el contenido aprobado por los legisladores”. En el caso de la “Fe de Erratas” que nos ocupa en esta ocasión y que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el día 22 de diciembre del 2012, no puede decirse que haya sido en realidad una “fe de erratas”, dado que no se trató de que existiera un error, una palabra inadvertida, una cifra cambiada, puntuación omitida, una palabra incompleta o un renglón fuera de lugar. En ese contexto, y refiriéndonos al caso también referente al Estado de Chihuahua de la acción de inconstitucionalidad 55/2006, los Ministros de la SCJN invalidaron por unanimidad diversos artículos de la fe de erratas al Decreto 656/06 del Congreso del Estado de Chihuahua que contenía diversas disposiciones en materia electoral, decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 28 de octubre de 2006, y la fe de erratas se publicó en el mismo órgano el 11 de noviembre de 2006, acción de inconstitucionalidad 55/20061 en la que se puede leer que: “El Ministro Instructor Genaro Góngora Pimentel, estableció que, por la propia naturaleza de la fe de erratas, ésta no debe modificar el texto de los preceptos publicados por primera vez, sino que “tiene por objetivo corregir errores de impresión o mecanográficos que se pudieran cometer al momento de publicar la norma aprobada”. Además, la fe de erratas no es producto de un acto legislativo en el que se observe el procedimiento y formalidades necesarias para el nacimiento de la norma general y, en consecuencia, ésta tiene el propósito de “mantener incólume la voluntad de la autoridad que emitió el acto legislativo previamente publicado”. Por lo anterior, y dado que la “Fe de Erratas” que ya vimos que se publicó en el POE del 22 de diciembre de 2012, al no ser en realidad una 1 Acción de Inconstitucionalidad 55/2006 1 sentencia que fue publicada también en el Diario Oficial de la Federación el martes 26 de diciembre de 2006 en su Sección Segunda.
  31. 31. Jorge Luis HERFTER BUENO 31 “Fe de Erratas”, ni ocuparse de los asuntos específicos que señala la acción de inconstitucionalidad resuelta por la Suprema Corte de Justicia que arriba se indica: “tiene por objetivo corregir errores de impresión o mecanográficos que se pudieran cometer al momento de publicar la norma aprobada”2 Específicamente en el Apartado B) de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: “B “Modificaciones que van más allá de lo originalmente aprobado por el Congreso del Estado en el referido dictamen. Determinadas modificaciones contenidas en la fe de erratas, no deben considerarse como correcciones de tipo mecanográfico al Decreto 656/06 P.O., pues no obstante que este último y el dictamen coinciden en su redacción, la fe de erratas rebasa la voluntad del legislador.” Luego entonces podemos ver que en la pretendida “FE DE ERRATAS” que nos ocupa en este trabajo, a nivel Estatal ésta se realizó “RESPECTO A UN RUBRO DE LA TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 QUE FORMA PARTE DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA” situación del todo anómala respecto a la técnica legislativa y que deviene en la invalidez de la “fe de erratas”, por los siguientes motivos en resumen: I. En primer lugar porque una “Fe de Erratas” no puede reformar o modificar una ley en sus puntos esenciales, y menos aún una ley de ingresos que ya estaba vigente, como se puede ver en los TRANSITORIOS DE LA MENCIONADA LEY DE INGRESOS QUE EN SU ARTÍCULO PRIMERO establece: “La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil trece. 2 Ibíd. Acción de Inconstitucionalidad 55/2006.
  32. 32. LEY DE INGRESOS PARA 2013 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONCEPTOS TRIBUTARIOS 32 II. En segundo lugar porque sólo puede haber una ley de Ingresos para cada ejercicio fiscal III. En tercer lugar porque una FE DE ERRATAS que modifique una ley es en sí inconstitucional, ya que para modificar una ley se requiere del mismo proceso legislativo que creó la mencionada. Luego entonces y por analogía se debe aplicar la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 55/2006 y considerar inconstitucional esa “fe de erratas” y en consecuencia INVALIDAR esta reforma o fe de erratas que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el día 22 de diciembre de 2012 según el Decreto 990/2012 I P.O., en el que podemos leer en el mismo decreto que se trató “en realidad de una reforma al mencionado decreto 990/2012 I P.O., respecto a un rubro de la Tarifa para el Cobro de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 2013 que forma parte de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para 2013. V.- TERCER LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Por si lo anterior no fuera suficiente, el sábado 9 de febrero de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el Decreto No. 1197/2013 X P.E por la Sexagésima Tercera Legislatura Del Honorable Congreso Del Estado De Chihuahua, reunida en su décimo período extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional, en el cual y conforme al artículo primero, se reforman los artículos QUINTO, UNDÉCIMO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO SÉPTIMO de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2013, mediante la cual se establecieron en los tres mencionados artículos diversos estímulos fiscales, entre otros, a los contribuyentes del Impuesto Sobre Actos Jurídicos, otro estímulo consistente en el No pago de impuestos Estatales para el Estado y sus Municipios, así como a sus organismos descentralizados, y demás entidades paraestatales y entes de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de Chihuahua
  33. 33. Jorge Luis HERFTER BUENO 33 El ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO, ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO, Y un ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el Apartado IV, de la Tarifa de Derechos, anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2013, para quedar redactado de la siguiente forma: “IV POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO, SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: (…) 14 Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro Público de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otros apartados de esta Tarifa. 15,000.00 VI.- FUNDAMENTO LEGAL Para efectos de revisar el fundamento Constitucional de la Ley de Ingresos, debemos acudir a la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos que dispone en su artículo 74, fracción IV (lo destacado es nuestro): “Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.
  34. 34. LEY DE INGRESOS PARA 2013 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONCEPTOS TRIBUTARIOS 34 Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre. No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.” Quinto párrafo.- (Se deroga) Sexto párrafo.- (Se deroga) Séptimo párrafo.- (Se deroga) Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;
  35. 35. Jorge Luis HERFTER BUENO 35 De manera complementaria el mismo Código Fiscal Del Estado De Chihuahua establece: ARTÍCULO 13. Son disposiciones fiscales del Estado: I. Las de este Código y sus reglamentos; [Fracción reformada mediante Decreto No. 427-3 publicado en el P.O.E. No. 103 del 26 de diciembre de 1973] II. Las leyes de ingresos y egresos. El mismo ordenamiento, establece en su artículo 5° lo siguiente: ARTÍCULO 5o. El Ejecutivo promulgará y publicará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a más tardar el 31 de diciembre del año y entrarán en vigor el día 1o. de enero de cada año. Es decir, que tanto la Constitución General de la República Mexicana indica como ya lo señalamos anteriormente en la fracción IV que: “El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el Secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos” Y en su caso por lo que respecta a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, el Código Fiscal del Estado de Chihuahua señala que la referida Ley de Ingresos se deberá presentar a más tardar el 31 de diciembre del año y entrará en vigor el día 1° de enero de cada año. Para el supuesto de que no se cumpla con esa obligación de promulgar y publicar la Ley de Ingresos en el Estado de Chihuahua, el mismo artículo 4° del Código Fiscal del Estado señala que: ARTÍCULO 4o. Si el Congreso dejare de expedir oportunamente el presupuesto de Egresos o la Ley de Ingresos, continuarán
  36. 36. LEY DE INGRESOS PARA 2013 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONCEPTOS TRIBUTARIOS 36 rigiendo en esta materia la ley y el presupuesto que hubieren estado vigentes el año anterior. Es decir que en caso de ausencia o retardo en esa obligación de promulgar y publicar la ley de ingresos del Estado de Chihuahua a más tardar el 31 de diciembre del año, se prevé que continuarán rigiendo en esta materia la ley y el presupuesto que hubieren estado vigentes el año anterior. Lo anterior es claro en la ley (la Constitución y el Código Fiscal del Estado de Chihuahua,) así como en la doctrina jurídica, ya que podemos encontrar lo siguiente en materia de bibliografía jurídica: El autor Emilio Margain Manatou, en Introducción Al Estudio Del Derecho Tributario Mexicano3 , señala que: “Tampoco está prevista en la Constitución la solución al caso de que el Congreso de la Unión, por las causas que se quieran, como ya sucedió en 1928 o 1929, no llegue a aprobar, antes del término del período ordinario de sesiones, la Ley de Ingresos de la Federación”. Por su parte, señala Hugo Carrasco Iriarte, en su libro “Derecho Fiscal Constitucional”,4 que: “Del Art. 74, frac. IV, párr. Segundo, de la Constitución Política Federal se desprenden dos aspectos importantes: 1. Que el titular Ejecutivo Federal es el único que puede hacer llegar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto, y 2. Que el presidente de la República tiene como fecha límite para presentar las iniciativas de referencia, el 15 de noviembre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicia su encargo en la fecha 3 Margáin Manautou, Emilio, “Introducción Al Estudio Del Derecho Tributario Mexicano”, 2007 19o edición actualizada, Editorial Porrúa S.A. de C.V., México, D.F., Pág. 6. 4 Carrasco Iriarte, Hugo, “Derecho Fiscal Constitucional” Oxford University Press Harla México, S.A. de C.V., Tercera Edición, Pág. 321.
  37. 37. Jorge Luis HERFTER BUENO 37 prevista por el artículo 83 Constitucional, esto es por cambio de titular del Ejecutivo Federal. Regresando al límite de 15 nov., cada año para presentar la iniciativas, y en su caso el 15 de dic., ¿Qué soluciones establece la Constitución Mexicana para el supuesto de que por cualquier causa, en un momento dado se vencieran esas fechas y aún no fueran presentados los proyectos respetivos? El párrafo séptimo de la fracción IV, del art. 74 en cuestión dispone que sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las iniciativas de leyes de ingresos y de los proyectos de presupuestos de egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo, suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo cado el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. (Lo destacado es nuestro)” En cambio, tratándose de la Ley de ingresos en materia Federal, señala Sergio Francisco De La Garza, en su obra “Derecho Financiero Mexicano”5 , que: “Puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido, que al principiar el año fiscal el Congreso no haya concluido la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y, para ese caso, dada la periodicidad de dicha Ley, surge el problema relativo a determinar si el poder público puede exigir entre tanto los impuestos decretados en la legislación anterior. En otros países existe, para esos casos, una solución consistente en que el poder Legislativo otorga al Ejecutivo autorización provisional y limitada en cuanto al tiempo, para seguir aplicando la Ley de Ingresos del año fiscal inmediato anterior, pero en nuestro sistema, tales autorizaciones provisionales no se han previsto por la circunstancia de que el periodo ordinario de 5 De la Garza, Sergio Francisco, “Derecho Financiero Mexicano”, 25ª Edición, Editorial Porrúa, Pág. 113, que respecto a esta cuestión, citando a Gabino Fraga (Derecho Administrativo, Ed. Porrúa).
  38. 38. LEY DE INGRESOS PARA 2013 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONCEPTOS TRIBUTARIOS 38 sesiones del Congreso concluye precisamente el día anterior a la iniciación del año fiscal, de tal manera que para esa fecha ya la Ley de Ingresos debe estar aprobada. En los casos en que, a pesar del sistema, el congreso no aprueba dicha Ley, la conclusión única que puede aceptarse por aplicación de los preceptos constitucionales es la que no puede hacerse cobro de ningún impuesto conforme a la Ley anterior.” De lo anterior tenemos que en ambas disposiciones se establece o señala la obligación por parte de los congresos de emitir la correspondiente Ley de Ingresos que va a soportar las correspondientes leyes tributarias del año siguiente, y en ambos casos podemos ver con claridad que las normas nos hablan en singular de una Ley de Ingresos única que va a corresponder al ejercicio siguiente de que se trate, y podemos ver que no se habla en ninguna parte ni de la Constitución General de la República, ni en el Código Fiscal del Estado de Chihuahua, que puedan existir diversas leyes de ingresos para el mismo ejercicio, o bien de que en el caso de que se haya emitido en tiempo la ley de ingresos, esta se pueda reformar o sustituir por otra, lo que nos habla de que esa posibilidad o facultad NO EXISTE en nuestro sistema ni Estatal ni Federal. Sin embargo, en el presente caso lo que sucedió es que aparte de que se había emitido y publicado en el POE del 12 de diciembre de la Ley de Ingresos primigenia y que se publicó en el Periódico Oficial del Estado: I. Se votó por el Congreso del Estado de Chihuahua el día 6 de diciembre de 2012 para el ejercicio de 2013 y que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 99, el miércoles 12 de diciembre de 2012 con el DECRETO No. 990/2012 I P.O. II. El sábado 22 de diciembre de 2012, el Congresos del Estado de Chihuahua, realizó una modificación y promulgó una “Fé de Erratas“ en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua (POE)
  39. 39. Jorge Luis HERFTER BUENO 39 VII. CONCLUSIONES Así las cosas, la primer preocupación constitucional sería: PRIMERO.- ¿Cuantas Leyes de Ingresos es válido que se emitan para un ejercicio para el Estado de Chihuahua?, si como ya se vio con antelación en el Código Fiscal del Estado en su Artículo 5o., se señala que: “El Ejecutivo promulgará y publicará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a más tardar el 31 de diciembre del año y entrarán en vigor el día 1o. de enero de cada año”, entonces podemos decir que al no cumplirse con el proceso legislativo de la Ley de Ingresos en tiempo (que se debió presentar la Ley de Ingresos para dos mil trece a más tardar el 31 de diciembre de dos mil doce), tendríamos que no es factible cobrar o permitir que se enteren derechos de la nueva Ley de Ingresos del Decreto 1197/2013 que se publicó en el P.O.E., el nueve de febrero de 2013 . SEGUNDO.- Que al no declarar la Ley de Ingresos del Decreto 1197/2013 que se deroga la Ley de Ingreso que se publicó en el Decreto 990/2012, entonces se debe considerar que sigue vigente la Ley de Ingresos del Decreto 990/2012 de conformidad con lo estipulado por el artículo 4° del Código Fiscal del Estado. TERCERO.- De lo anterior tenemos que se puede apreciar la inconstitucionalidad del Decreto 1197/2013 por una parte, y en consecuencia y de manera lógica no se puede decir que dicho decreto haya derogado al decreto 990/2012 publicado el día miércoles 12 de diciembre del 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, mismo que como ya se dejó señalado líneas arriba sufrió una fe de erratas que se publicó en el mismo órgano de difusión oficial el sábado 22 de diciembre de 2012. CUARTO.- No es factible modificar una Ley de Ingresos cuando ya entró en vigor, y darle efectos retroactivos en perjuicio del contribuyente, lo que hace el Decreto 1197/2013 que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, del sábado 09 de febrero de 2013, y que en sus artículos transitorios establece: ARTÍCULO
  40. 40. LEY DE INGRESOS PARA 2013 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONCEPTOS TRIBUTARIOS 40 PRIMERO.- “el presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación, independientemente de su publicación en el ¨Periódico Oficial del Estado” y en su ARTÍCULO SEGUNDO.- que establece que: “La reforma a que se refiere el presente Decreto será aplicable a partir del primero de enero de 2013” ya que lo único que revela es el carácter retroactivo sin justificación legal alguna. VIII.- FUENTES DE INVESTIGACIÓN 1.- Margáin Manautou, Emilio, “Introducción Al Estudio Del Derecho Tributario Mexicano”, 19° edición, Editorial Porrúa, S.A. de C.V., México, D.F. 2007. 2.- De La Garza, Sergio Francisco, “Derecho Financiero Mexicano”6, 25ª Edición, Editorial Porrúa. 3.- Carrasco Iriarte, Hugo, “Derecho Fiscal I”, Iure Editores S.A. DE C.V., México, 2001. 4.- Gabino Fraga.- Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, citado por Sergio Francisco de la Garza en la obra Derecho Financiero Mexicano. 5.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6.- Constitución Política del Estado de Chihuahua. 7.- Código Fiscal del Estado de Chihuahua. 8.- Ley de Ingresos. 9.- Periódico Oficial del Estado, Miércoles 12 de diciembre de 2012 DECRETO No.990/2012 I P., Sábado 22 de diciembre de 2012, “Fe de Erratas“. El sábado 9 de febrero de 2013 se publicó el Decreto No. 1197/2013 X P.E 6 “Derecho Financiero Mexicano”, Editorial Porrúa, 25ª Edición, Pág. 113, que respecto a esta cuestión, citando a Gabino Fraga (Derecho Administrativo, Ed. Porrúa).
  41. 41. Jorge Luis HERFTER BUENO 41
  42. 42. 42 NECESARIA ADICIÓN Y REFORMA A LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN1 María Dolores COLMENERO REYES2 SUMARIO: I. Introducción. II. Análisis de la problemática interpretativa que presentan las fracciones II y V del artículo 107 del Código Fiscal de la Federación. III. Consecuencias de los conflictos interpretativos de las fracciones II y V del artículo 107 del Código Fiscal de la Federación. IV. Necesaria adición a las fracciones II y V del artículo 107 del Código Fiscal de la Federación. V. Beneficios de una adición y reforma.VI. Conclusiones. VII. Bibliografía. I. INTRODUCCIÓN Las leyes han sido redactadas por el legislador para reprimir las conductas contrarias a derecho, sin embargo, éstas en ocasiones se ven inmiscuidas de ciertos conflictos de índole interpretativa que afectan directamente a la sociedad y al Estado. Esta problemática a la cual se hace referencia son las ambigüedades, vaguedades o lagunas existentes en la norma, mismas que al momento de encontrarse identificadas en la legislación provocan una incertidumbre para el juzgador, así como para la exacta impartición de justicia. Tal es el caso que a continuación se comentará, pues dos fracciones del artículo 107 del Código Fiscal cuentan con los conflictos mencionados. 1 El contenido del presente artículo forma parte del capitulado del trabajo de investigación ―Necesaria adición y reforma a las fracciones II y V del artículo 107 del Código Fiscal de la Federación, que se está desarrollando y que se insertará en la tesis para obtener el grado de Maestra en Derecho Financiero. 2 Maceiras Campero, Jorge Manuel (coord.), Maestro en Impuestos y catedrático de posgrado de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
  43. 43. María Dolores COLMENERO REYES 43 Dichas fracciones, son la II y V del artículo 107 del Código Fiscal de la Federación, las cuales regulan la comisión del delito de contrabando en alguna de sus calificativas. En el caso de la fracción II, establece la comisión del delito de contrabando cuando éste se lleve a cabo de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías3 ; mientras que la fracción V4 nos indica que será calificativa del citado delito cuando se realice por tres o más personas. Por tanto, lo anterior nos hace entrar a un análisis tanto de la problemática, como las consecuencias y la necesaria solución a dicho conflicto interpretativo, ya que como se hizo referencia no se cuenta con una acepción clara y concisa de ciertos aspectos. I. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA INTERPRETATIVA QUE PRESENTAN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN El punto de partida se da a partir de la toma de conciencia que es de carácter discrecional en lo que a la interpretación refiere, y por consiguiente del componente ideológico o subjetivo que está presente en la misma, sobre todo cuando aparecen dudas o problemas interpretativos hacia el Juzgador, ya que éste es quien atribuye significado a un texto en el ámbito de sus posibilidades interpretativas.5 La interpretación se presenta como una actividad de conocimiento, es decir, interpretar es averiguar el verdadero significado de las leyes o la verdadera intención del legislador.6 Pero los problemas se presentan como fuentes o motivos de duda en torno al significado de la ley o a la intención del legislador, lo que da espacio a la discrecionalidad.7 3 Cámara de Diputados, Código Fiscal de la Federación, Art. 107, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8.pdf 4 Ídem. 5 Gascón Abellán, Marina, “Teoría del razonamiento y la argumentación jurídica”, p.1, http://www.uv.es/mariaj/razon/razonamientoold/TEMA2.pdf 6 Guastini, Ricardo, “Problemas de interpretación”, p.1, octubre de 1997, http://www.sitios.scjn.gob.mx/instituto/sites/default/files/archivos/07riccardo-guastini-problemas-de- interpretacion.pdf.
  44. 44. NECESARIA ADICIÓN Y REFORMA A LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 44 Los problemas interpretativos más evidentes aparecen porque el lenguaje jurídico plantea dudas, tal es el caso de las fracciones II y V del artículo 107 de nuestro Código Federal en el que podemos ver que se regula lo siguiente: “El delito de contrabando será calificado cuando se cometa: … II. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías. … V. Por tres o más personas…”8 Viendo que en el primer caso el legislador emplea la palabra noche, siendo que no se cuenta con un horario fijo señalado por la ley o aun así una acepción que pueda guiar al juzgador para una correcta impartición de justicia. Pudiendo notar que dicho vocablo resulta muy ambiguo, pues éste puede tomar diversos significados y entorpecer la clara y correcta interpretación de la ley. Continuando con dichos conflictos es de mencionar la fracción V, misma que también cuenta con un problema interpretativo, ya que ésta señala la comisión del delito de contrabando por tres o más personas, encontrándonos aquí con la disyuntiva de la pluralidad de sujetos, la cual puede darse a partir de dos sujetos activos. Es de notar que el legislador solamente contempló la realización del hecho ilícito por tres o más personas como una circunstancia calificativa, pero no analizó la peligrosidad inminente por lo que refiere a la ejecución del delito por dos personas. III. CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS INTERPRETATIVOS DE LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 7 Ídem. 8 Óp. Cit. 1.
  45. 45. María Dolores COLMENERO REYES 45 Sabemos que toda problemática trae consigo una consecuencia directa, y es que los conflictos de índole interpretativo han sido tema de discusión de diversos autores, en el caso que hemos referido y para el caso de la fracción II del ya citado artículo, Carrara9 hace mención a que se prevenía sobre los errores en que puede llevar la adopción de un criterio fijo o absoluto para determinar la nocturnidad de un hecho; en tanto que Ricardo C. Núñez10 , después de definir la noche como el tiempo del día posterior a la oración, en el cual ya falta la luz natural, y anterior al alba, en que ya aparece nuevamente aquélla; señalando además que la delimitación de la noche no es posible realizarla con un criterio horario absoluto, sino de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar acerca del reposo nocturno.11 Por su parte, la fracción V trae como consecuencia una incertidumbre al no contemplar la comisión del delito de contrabando por dos personas, siendo que ésta situación implica desde su inicio una mayor peligrosidad. Siendo entonces que en el caso de que ocurra tal situación por parte de dos sujetos activos, se castigarán a ambos por el mismo delito pero sin aumentar la pena o sanción corporal por haber realizado la conducta delictuosa, lo cual no se tipificaría como delito de contrabando calificado, sino meramente un delito de contrabando. Por tanto, en este último caso el legislador no prevé la realización del delito de contrabando por dos sujetos, pero cuando éste se ejecuta por tres sujetos si implica una peligrosidad, existiendo ya en el primer caso una pluralidad de personas. Entonces, de manera general se puede apreciar que tanto en la fracción II como en la fracción V del artículo 107 del Código Fiscal de la Federación se encuentra algún tipo de problema de interpretación que puede afectar, tanto al sujeto activo del delito como al pasivo. IV. NECESARIA ADICIÓN A LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN El derecho tiene como fin regular conductas, por lo que a pesar de contener diversos tipos de formulaciones, es característico que sus 9 Enciclopedia Jurídica Omeba, Argentina, 1979, t. XX, p. 285. 10 Ídem. 11 Óp. Cit. 7, p. 285.
  46. 46. NECESARIA ADICIÓN Y REFORMA A LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 46 enunciados no solamente establecen un deber ser, sino que sus propiedades dependen del sistema normativo al que pertenecen. Por consecuente, a cada acción antijurídica se aplicará una respectiva sanción de acuerdo a la legislación existente, esto para reprimir la conducta contraria a derecho que se ha cometido por parte del sujeto activo del delito. Sabemos que en ciertas ocasiones, la regulación existente queda sujeta a la interpretación de la autoridad, lo que complica las operaciones, porque las opiniones pueden variar de un día para otro o simplemente por conveniencia.12 La verdad es que si las autoridades y los legisladores emplearan modelos legales y fiscales más sencillos y claros, se evitaría así sancionar en tantas ocasiones a los contribuyentes de manera errónea o imparcial, ya sea en la vía administrativa o penal. El delito de contrabando trae como resultado un daño patrimonial a la nación y por ende a la población, de manera que constituye un atentado al comercio formalmente establecido por cuanto afecta su economía.13 Entones, de esta manera notamos la ambigüedad y contradicciones existentes, de las cuales cabe resaltar que existen hasta nuestros días sin haber dado solución alguna, las cuales traen consigo perjuicio a la sociedad. Primeramente encontramos que en la fracción II del artículo 107 del Código Fiscal de la Federación se analiza la circunstancia de que el sujeto activo del delito de contrabando lo cometa de noche, esto es, que buscando deliberadamente la soledad y el fácil ocultamiento realice el hecho en circunstancias inherentes a la nocturnidad.14 Entonces con estas lagunas se busca una solución en lo que refiere a la concepción exacta del vocablo “noche”, siendo que éste es ambiguo y se debe establecer la acepción clara para su correcta aplicación. 12 Macedo Romero, Perla Isabel et. al., “Contrabando: mecanismo de solución”, Pachuca de Soto, Hidalgo, p. 94, http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/231104/547/1/Contrabando%20mecanismo%20de%20sol ucion.pdf 13 100% Aduanas, “El contrabando en las aduanas”, marzo de 2011, http://infoaduanas.blogspot.mx/ 14 Óp. Cit. 7, p. 285.
  47. 47. María Dolores COLMENERO REYES 47 Por su parte, lo que respecta a la fracción V del mismo artículo muestra que desconocemos la verdadera intención que tuvo el legislador al regular que el delito de contrabando se cometa por tres o más personas, y es que si éste buscaba una regulación en lo que refiere a la pluralidad de sujetos activos del delito, pudo haber señalado como calificativa del delito la cantidad de dos personas, ya que éstas ya traen implícita más peligrosidad. Vemos pues, que es necesaria una solución a lo anterior ya que las ambigüedades o irregularidades en las leyes pueden ser bien aprovechadas por los contrabandistas, porque ellos explotan las lagunas existentes a su favor.15 Considerando lo anterior se propone bien, una adición y una reforma que clarifique el panorama del juzgador; en el caso de la fracción II realizando una adición con la acepción del vocablo noche, y en la fracción V, una reforma en cuanto al número de sujetos activos del delito, ambos del artículo 107 del Código Fiscal. Recordemos primero lo que establece el artículo citado en sus fracciones II y V: “El delito de contrabando será calificado cuando se cometa: … II. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías … V. Por tres o más personas…”16 Para esto la propuesta se torna en el sentido de que se estableciera de la siguiente forma: “El delito de contrabando será calificado cuando se cometa: … III. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías. Entendiéndose por noche a aquella 15 Óp. Cit. 10. 16 Óp. Cit. 1. p. 95.
  48. 48. NECESARIA ADICIÓN Y REFORMA A LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 48 circunstancia en la cual se carece de luz solar, y en la que el sujeto activo aprovecha para su ocultamiento en la comisión del ilícito, sin importar la hora en que éste suceda. … V. Por dos o más personas…” Con lo anterior se puede considerar en el primer caso que para atribuir el carácter de nocturno a un hecho no debe procederse con un criterio estrictamente horario, sino que es menester en cuenta también de las circunstancias de tiempo y lugar en que se ha realizado el hecho o acto jurídico. El hecho de haber cometido un delito durante la noche constituye generalmente una circunstancia agravante del mismo, pues cuando el delincuente ha buscado ex profeso o aprovechado la soledad y el ocultamiento que le deparan las sombras de la noche, para ejecutar con mayor facilidad su delito y asegurarse su impunidad, revela indudablemente un mayor grado de peligrosidad, que no debe dejar de ser tenido en cuenta a los fines de la fijación y graduación de la pena que le corresponda por el delito.17 Es cierto que no se busca establecer un horario específico para señalar que el delito se cometió de noche, pues resultaría muy confuso saber la hora exacta en la cual se llevó a cabo éste, y se tendría de nuevo problemas al aplicar la norma de manera justa. En el caso de la fracción V del multicitado artículo, se determina como propuesta que la pluralidad de sujetos activos sea considerada a partir de dos personas, pues el vocablo dos, ya implica una pluralidad y por tanto, más peligrosidad en la intervención del mismo, y en la actualidad se prevé a partir de tres. Viendo con lo anterior que si se establece un cambio en el número de personas, el juzgador podrá sancionar de manera calificada a dos personas que se organicen para la comisión del delito de contrabando, pues desde el momento en que el sujeto activo no es una persona sino dos, se tiene como consecuencia una mayor indefensión hacia el sujeto pasivo. 17 Óp. Cit. 7, p. 286.
  49. 49. María Dolores COLMENERO REYES 49 Teniendo como único objetivo de lo que antecede, que el juzgador imparta justicia de manera expedita, exacta e imparcial. V. BENEFICIOS DE UNA ADICIÓN Y REFORMA La finalidad de adicionar y reformar tales fracciones, tiene como propósito combatir la práctica errónea que existe en la aplicación de sanciones en lo que respecta al delito de contrabando en sus calificativas de las Fracciones II y V del Artículo 107 del Código Fiscal de la Federación. Esto para una mejor eficacia en cuanto a la aplicación de penas, es decir, que exista una correcta redacción en la Ley, clara y concisa para que no surjan problemas de interpretación al momento de impartir justicia. Por ello, se buscan beneficios en lo que respecta a la norma y a su correcta aplicación, es decir, que el Juzgador cuente con una Ley clara que no lo haga caer en problemas de interpretación, y así le facilite la comprensión de la ley sin lagunas, ambigüedades o vaguedades en la misma. Estas propuestas que se brindan de manera estratégica, consisten en enfocar los esfuerzos en el problema para dar una solución a la sociedad y que ésta no se vea afectada por los conflictos que existen en la legislación actual, la cual se les puede aplicar erróneamente, o en su caso, los sujetos activos del delito puedan emplear a su favor esas lagunas legislativas para realizar conductas ilícitas. VI. CONCLUSIONES Hemos visto que la regulación del delito de contrabando en nuestro país no se encuentra de la manera más clara por lo que respecta a su redacción, que el legislador no prevé de manera adecuada los posibles conflictos de interpretación que puedan surgir, y aun así que, al pasar el tiempo no trata de colmarlos o subsanarlos. Las leyes no cuentan con la estructura correcta para evitar la problemática interpretativa a la que se hace referencia, las lagunas o vaguedades provocan que el juzgador carezca de los elementos necesarios para impartir justicia de manera imparcial, tal es el caso del
  50. 50. NECESARIA ADICIÓN Y REFORMA A LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 50 delito de contrabando en sus calificativas de las Fracciones II y V del Artículo 107 de nuestro Código Fiscal. El hecho de que las Leyes regulen el delito en cuestión, no quiere decir que se encuentren bien estructuradas para aplicarse a la sociedad. Es decir, que un artículo de nuestro Código Fiscal contemple del delito de contrabando, así como el aumento de pena corporal si se realiza en alguna de sus calificativas, no implica que resulte eficaz al momento de aplicarlo al sujeto activo, ya que debe existir una manera idónea en su regulación. Evidentemente, el objeto de una correcta regulación del delito de contrabando en sus calificativas, así como del delito mismo, se busca proteger la el interés fiscal, coartar la competencia desleal, proteger la industria nacional y mejorar los ingresos tributarios que pueda obtener por el ingreso de mercancías.18 Sin embargo, debemos resaltar que esa regulación a que se hace referencia no se encuentra del todo bien, ya que las ambigüedades, vaguedades o lagunas interpretativas nos llevan a conflictos al momento de implementar la norma. Es entonces de analizar que las Fracciones II y V del Artículo 107 del Código Fiscal de la Federación poseen dichos problemas que deben ser modificadas para una impartición de justicia propia de un Estado. Recordando que la fracción II del artículo 107 de nuestro Código Fiscal establece que cuando el delito de contrabando se cometa de noche, se aumentara la pena de prisión para el sujeto activo; sin embargo, el Legislador no nos señala lo que se puede entender cómo noche, es decir, el Juzgador no puede basarse en algún horario o en alguna acepción que él considere prudente porque no hay una regulación clara al respecto, además de tener la obligación de aplicar la Ley de manera estricta, lo cual crea conflictos de interpretación que pueden traer perjuicio al sujeto activo del ilícito, o al contrario, que éste puede valerse de la norma para tomar provecho en la comisión del delito. En el caso de la fracción V del artículo ya antes mencionado, cabe resaltar que la problemática consiste en desconocer la verdadera 18 “El delito de contrabando aduanero”, abril de 2009, p. 20, http://es.scribd.com/doc/14455054/EL-DELITO-DE- CONTRABANDO-ADUANERO.
  51. 51. María Dolores COLMENERO REYES 51 intención del legislador al momento de regular que el delito de contrabando se considerará calificado cuando se cometa por tres o más personas, consecuente a esto, la disyuntiva es porqué el legislador estableció como circunstancia calificativa esa cantidad de sujetos, pues la pluralidad de éstos existe a partir de dos personas, ya que el que se realice el delito por dos sujetos activos ya implica una mayor peligrosidad para el sujeto pasivo. Por lo anterior es que se considera necesaria una adición a la fracción II del artículo 107 del Código Fiscal, así como una reforma en la fracción V del mismo. En el primer caso, la adición de una acepción clara al vocablo noche; y en el segundo, una modificación en cuanto al número de personas que comete el ilícito de contrabando. De manera general se aprecia que el artículo 107 del Código Fiscal no se actualiza al tiempo en que vive la sociedad, las situaciones que se contemplan en el mismo no han sufrido reformas que beneficien al mundo globalizado en que vivimos. La tecnología y los avances que se han logrado a través de los años modifican los hechos delictivos, los perfeccionan de tal manera que la ley no contempla ni sanciona tales situaciones que van evolucionando, o bien, circunstancias que el juzgador va descubriendo que son vagas, y que el legislador dejó en la norma sin clarificar o hasta en forma obsoleta. Finalmente, con lo anterior, notamos una gran deficiencia de nuestro Código Fiscal en lo que respecta al tiempo y lugar en que vive la sociedad actualmente, ya que sólo se analizó una pequeña parte de un artículo, pero pudiendo rescatar de ello, que existen más lagunas, vaguedades y ambigüedades en nuestra legislación, las cuales no han sido colmadas para la exacta impartición de justicia. VII. FUENTES DE INFORMACIÓN. 100% ADUANAS, “El contrabando en las aduanas”, marzo de 2011, http://infoaduanas.blogspot.mx/
  52. 52. NECESARIA ADICIÓN Y REFORMA A LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 52 CÁMARA DE DIPUTADOS, Código Fiscal de la Federación, Art. 107, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8.pdf “El delito de contrabando aduanero”, abril de 2009, p. 20, http://es.scribd.com/doc/14455054/EL-DELITO-DE- CONTRABANDO-ADUANERO GASCÓN ABELLÁN, MARINA, “Teoría del razonamiento y la argumentación jurídica”, p.1, http://www.uv.es/mariaj/razon/razonamientoold/TEMA2.pdf GUASTINI, RICARDO, “Problemas de interpretación”, p.1, octubre de 1997, http://www.sitios.scjn.gob.mx/instituto/sites/default/files/archivos/07ri ccardo-guastini-problemas-de-interpretacion.pdf MACEDO ROMERO, PERLA ISABEL et. al., “Contrabando: mecanismo de solución”, Pachuca de Soto, Hidalgo, pp. 94-95, http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/231104/547 /1/Contrabando%20mecanismo%20de%20solucion.pdf
  53. 53. María Dolores COLMENERO REYES 53
  54. 54. 54 ANÁLISIS CRÍTICO AL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Mtro. Jorge Napoleón RAYA VALDEZ1 SUMARIO: I.- Introducción. II.-Desarrollo. III.-Conclusión. IV.-Bibliografía. “Así como el sistema procesal es reflejo del régimen político ideológico, el sistema probatorio es a su vez la columna vertebral del sistema procesal. La historia de los métodos de valoración de la prueba es, prácticamente, la historia del enjuiciamiento penal.2 I. INTRODUCCIÓN El naciente Código Nacional de Procedimientos Penales, que por cierto fue recientemente declarado en vigor en términos del artículo segundo transitorio de la misma codificación, por el órgano legislativo y el implementador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Durango,3 incluyó un Título XI referente a la ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL, cuya finalidad someramente es, regular y establecer la tramitación que se efectuará por parte del Estado Mexicano, en auxilio a cualquier Estado extranjero que lo requiera o autoridad ministerial o judicial, tanto en el ámbito federal como del fuero común, proporcionando la más amplia ayuda relacionada con la 1 Juez de Garantía del distrito judicial Morelos en Chihuahua y maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 2 J. Maier, Derecho Procesal penal, De Palma, 2° de., Buenos Aires, 1994, p.4. 3 Declaratoria mediante decreto 131 de 6 de marzo de 2014 para entrar en vigor a las 00:00hrs del 7 de mayo de 2014 en 1er distrito judicial del Estado de Durango y seis poblaciones circunvecinas.
  55. 55. Jorge Napoleón RAYA VALDEZ 55 investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos que correspondan a la jurisdicción de éste. Hasta aquí, pareciera que el legislador provisto de una óptica de avanzada, y además globalizadora, ha dispuesto una reserva legal para la cooperación internacional, en los compromisos suscritos por el Estado Mexicano, que además es acorde con las complejidades delictivas de nuestros tiempos que traspasan fronteras, dando lugar a delitos transnacionales, de la más alta lesividad para las sociedades, como lo son la trata de personas o delitos de narcotráfico, por mencionar algunos de los que se ocupan, entre otros ordenamientos, La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo como se advertirá, los alcances, propósitos y objetivos específicos excluyen a priori, el acceso a tal ayuda, a uno de los intervinientes más importantes del proceso penal, como lo es el imputado y que en algún caso en concreto, tal norma se puede resultar en el desconocimiento de principios, derechos fundamentales e incluso garantías esenciales, creando con ello, antinomias; veamos: Artículo 434. Ámbito de aplicación La asistencia jurídica internacional tiene como finalidad brindar apoyo entre las autoridades competentes en relación con asuntos de naturaleza penal. De conformidad con los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de asistencia jurídica, así como de los respectivos ordenamientos internos, se deberá prestar la mayor colaboración para la investigación y persecución de los delitos, y en cualquiera de las actuaciones comprendidas en el marco de procedimientos del orden penal que sean competencia de las autoridades de la parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada. La asistencia jurídica sólo podrá ser invocada para la obtención de medios de prueba ordenados por la autoridad
  56. 56. ANÁLISIS CRÍTICO AL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 56 investigadora, o bien la judicial para mejor proveer, pero jamás para las ofrecidas por los imputados o sus defensas, aun cuando sean aceptadas o acordadas favorablemente por las autoridades judiciales.4 II. DESARROLLO Para empezar, pareciera que el legislador no ha comprendido lo que implica un modelo Acusatorio Adversarial, que en pocas y resumidas palabras, exige que cada sujeto procesal se posicione en el carácter de operador jurídico que le corresponde, sin que al Juez le sea permitido romper con la triangulación del equilátero perfecto, pues preferentemente debe permanecer pasivo y neutro, respecto de la recolección de evidencia, para impedir el auxilio o perjuicio de los involucrados en el conflicto; razón por la que ahora se prescinde de: 1) la facultad de nombrar peritos “terceros en discordia” (pues el resultado subsidiaba o perjudicaba a alguno de los intervinientes), por ser el resultado en favor y en contra de alguien, y 2) de ordenar “diligencias para mejor proveer” tal como indebidamente lo señala la norma en estudio, pues ello implica una permisión para que el Juez invada una competencia que por disposición Constitucional les corresponde a la Fiscalía y a la Defensa Técnica, y que las más de las veces, se traducen en “diligencias para mejor condenar o absolver”. Además, a título gratuito el legislador desautoriza al operador del poder judicial, con su desafortunada expresión: “aun cuando sean aceptadas o acordadas favorablemente por las autoridades judiciales” que reproduce lo estipulado desde un inicio, en el sentido de que tal cooperación no opera a favor del imputado y su defensa. Por otra parte tal disposición, riñe con normas impulsadas y aceptadas en legislaciones procesales penales de Centro y Latino América puesto que se trastocan entre otros, los principios de 4 Lo resaltado es propio para enfatizar.
  57. 57. Jorge Napoleón RAYA VALDEZ 57 contradicción5 y los de igualdad ante la ley6 y entre las partes7, puesto que el Legislador está impidiendo que tal Asistencia Internacional se pueda eventualmente considerar en un asunto en que la petición provenga de la defensa o el imputado, siendo el objeto del presente análisis el contrastar que con tal norma no se corresponde ni con el principio de libertad probatoria que inspiran a los códigos del bloque Americano y que admite la posibilidad (garantía) de que cualquier hecho circunstancia que de alguna manera afecte la decisión del Tribunal, pueda ser probado, (desde luego incluyendo las situaciones invocadas por el acusado y su defensa) por lo que al vedar dicha posibilidad, tal herramienta resulta discriminatoria ,al ser en esencia una filial de investigación, en un ordenamiento que debiera contener institutos jurídicos comunes a los usuarios, porque de la lectura se entiende como prerrogativa exclusiva de la Fiscalía, para apoyo a sus similares en otras demarcaciones, que mejor debería estar establecido en algún ordenamiento administrativo. Por otra parte deviene innecesaria la norma en mención, habida cuenta de que el Estado Mexicano, el seis de mayo de dos mil uno, suscribió, y el uno de julio de dos mil tres ratificó su adhesión a la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, cuyo objeto, aplicación y alcance es similar, pero anterior y más desarrollado que el título en mención del Código Nacional de Procedimientos Penales. III. CONCLUSIÓN 5 Art. 6o. Principio de contradicción Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código. 6 Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. 7 Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen.
  58. 58. ANÁLISIS CRÍTICO AL ARTÍCULO 443 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 58 “El sistema probatorio es condicionado por las concepciones ideológicas que imperan en una sociedad y esa vinculación no se oculta tampoco en los modernos Códigos de Procedimientos Penales”8, por lo que acorde con esta expresión, pareciera que al Legislador más preocupado por dejar constancia del principio de supremacía parlamentaria, que por presentar normas útiles; olvidó al regular la referida Asistencia Jurídica Internacional, el parámetro de máxima protección y fuerza expansiva del principio pro persona regulado en el segundo párrafo del artículo uno de la Constitución Política Federal; así como los que inspiran el cambio nacional de sistema penal, tal vez guiado más por las tradiciones y costumbres, que por los principios supra indicados y con ello desaprovechó la oportunidad de reglamentar tal asistencia desde un punto de vista humanista e incluyente; que pudiese abonar al fortalecimiento y trasparencia de los procesos penales en el contexto transnacional, pues creemos que hubiese sido más afortunada su técnica si hubiese permitido que el acusado pudiese acceder a tal ayuda siempre y cuando ello resultase razonable, bajo parámetros de pertinencia, idoneidad y necesidad, para poder controvertir datos de prueba, con los que eventualmente se le puede condenar en su país, ello con el propósito de abonar a la aspiración continental de juicios justos o de debido cumplimiento al debido proceso y los derechos fundamentales reconocidos, también, a favor del imputado. IV. BIBLIOGRAFÍA J. Maier, Derecho Procesal penal, De Palma, 2° de., Buenos Aires, 1994. J.I. CAFFERATA NORES, La prueba en el Proceso Penal, Depalma, 2° de., Buenos Aires, 1994 Código Nacional de Procedimientos Penales. 8 J.I. CAFFERATA NORES, La prueba en el Proceso Penal, Depalma, 2° de., Buenos Aires, 1994, p.4.
  59. 59. Jorge Napoleón RAYA VALDEZ 59
  60. 60. 60 LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA REFORMA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 César RODRÍGUEZ CHACÓN 1 En su obra, “Derecho Mexicano del Trabajo” 2 , el maestro Mario de la Cueva, trata el tema de los principios generales del derecho del trabajo, bajo el rubro: ‘Los Principios Generales Derivados de la Ley del Trabajo’, atento a la redacción del numeral 16 de la Ley reglamentaria del Artículo 123 Constitucional, que señala los principios que de ella deriven, como fuente formal supletoria del derecho del trabajo, opinión que sustenta en los términos consignados en la Exposición de Motivos del Proyecto de la Secretaría de Industria; numeral y exposición de motivos que hacen referencia a principios propios de la legislación del trabajo, diversos de los principios generales del derecho común y les conceden preferencia para la solución de los conflictos obrero-patronales, señalando nuestro autor que este punto de vista, en el que no se había reparado con anterioridad, es de gran trascendencia, pues constituye la justificación legal de la tesis que se sustenta acerca de la autonomía del derecho del trabajo. Así, los primeros 19 artículos de la Ley Federal del Trabajo, constituyeron desde su promulgación, el Capítulo Primero denominado: “Principios Generales”, estableciéndose de inicio, en su artículo primero, que “La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución.” Para distinguirla de la ley reglamentaria del Apartado B de dicha disposición constitucional, relativa al trabajo burocrático. 1 Maestro de Tiempo Completo (ATC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 2 Editorial Porrúa, S.A. Novena Edición, Reimpresión, Tomo I, Página 369.
  61. 61. César RODRÍGUEZ CHACÓN 61 Las reformas y adiciones del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 30 de noviembre de 2012, conocida como “La reforma laboral” modificaron desde luego éste primer capítulo de la ley, y con ello los principios generales del derecho obrero en nuestro país, reformando los artículos 2 y 3, adicionando un artículo 3 bis; reformando el inciso a) de la fracción I del artículo 4; reformando la fracción VII del artículo 5 y adicionando los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D, de la siguiente manera: El artículo 2 decía: “ARTÍCULO 2.- Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones.” Ahora dice: “ARTÍCULO 2.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.
  62. 62. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA REFORMA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 62 Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.” Como se aprecia de la comparación de los textos anteriores y las reformas y adiciones del Decreto en comento, el artículo 2°, que señalaba de una manera que ahora nos parece escueta, las finalidades de las normas del trabajo: conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, ahora, se amplían hacia la consecución del equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como el propiciar un trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales, además de esclarecerse de manera expresa lo que debe entenderse por trabajo digno o decente, incluyendo la no discriminación por los motivos en la nueva redacción expresados; se incluye en el concepto el acceso a la seguridad social, a un salario remunerador, a la capacitación continua para el incremento de la productividad y en un concepto que nos parece interesante, la nueva redacción habla de “beneficios compartidos” de éste incremento en la productividad, aunque sin decir cómo o de qué manera se compartirán los beneficios tal efecto, y por otro lado, la reforma amplía el concepto para abarcar en él, igualmente, la prestación de los servicios de los trabajadores en condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo (sic). Nótese que la teleología final de la reforma no es la salud integral de la clase trabajadora, sino sólo la prevención de riesgos de trabajo, es decir, la preservación de los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, asegurar a la clase patronal un menor ausentismo y por ende, un menor egreso extraordinario en materia de capacitación de los
  63. 63. César RODRÍGUEZ CHACÓN 63 trabajadores substitutos, del que tanto se han venido quejando los patrones. Por otro lado, el concepto de trabajo digno o decente de la reforma, también incluye, en forma expresa, el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores y la igualdad sustantiva de los derechos de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. ¿Habría que celebrar, tal vez, agradeciendo entonces, que la reforma y su concepto de trabajo digno o decente, decidió respetar los derechos colectivos de la clase trabajadora? Finalmente, la reforma de éste precepto explica también de manera expresa, cómo se logra la igualdad sustantiva de las trabajadoras de México, pero nótese que considerando siempre las diferencias sociales (sic) y culturales (sic) de mujeres y hombres (sic). Ésta última declaración del legislador nos parece aterradora; ¿significará acaso que mujeres y hombres han sido condenados por la reforma laboral a mantener sus diferencias, es decir las desigualdades sociales y culturales, flagelo de los países del tercer mundo o en vías de desarrollo? El artículo 3 decía: “ARTÍCULO 3.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.” Ahora dice:

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