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Trabajo 2 de derecho penal internacional

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27 de Nov de 2018
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  1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CÁTEDRA: DERECHO PENAL INTERNACIONAL CASO: Remisión de Venezuela ante la Corte Penal Internacional Participantes: Lic. Da Silva, Luis CI. V-10.533.469 Lic. Velásquez, Andrea. CI. V-25.389.605 Caracas, 21 de noviembre de 2018
  2. Corte Penal Internacional: La Corte Penal Internacional es un Tribunal estable y permanente. Constituye la primera jurisdicción internacional con vocación y aspiración de universalidad, competente para enjuiciar a personas físicas, y, en su caso, depurar la responsabilidad penal internacional del individuo por los crímenes más graves, de trascendencia para la comunidad internacional. Tal y como establece el art. 5 de su Estatuto, la Corte Penal Internacional es competente para conocer de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, con sede en La Haya (Países Bajos), es un organismo internacional independiente que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas, con la que firmó un acuerdo el 4 de octubre de 2004 que regula la cooperación entre ambas instituciones. Se financia principalmente a través de los Estados miembros, pero también con aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades. La comunidad internacional alcanzó un hito histórico cuando 120 Estados adoptaron, el 17 de julio de 1998, el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que entró en vigor el 1 de julio de 2002, tras su ratificación por 60 países, entre ellos nuestro país (Venezuela) es Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual fue adoptado como Ley de la República mediante Ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional publicada en Gaceta Oficial Nº 5.5Ø7 Extraordinario del 13 de diciembre del 2000. En la actualidad ya son 123 los países que han ratificado el Estatuto de Roma. Fue la necesidad de contar con un organismo de estas características lo que llevó a su creación, pues con anterioridad se habían celebrado los juicios de Núremberg y Tokio para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y en la década de los 90 del siglo XX se pusieron en marcha los tribunales penales
  3. internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, pero todos ellos circunscritos a conflictos específicos. La Corte Penal Internacional actúa sobre la base del principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte, interviniendo en los casos en que aquéllas no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo. Esta jurisdicción puede ser activada por el Fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por los Estados Parte del Estatuto de la Corte. La CPI tiene competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto (1 de julio de 2002). Si un Estado hubiese ratificado su Estatuto después de esta fecha, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración aceptando la competencia de la Corte desde el 1 de julio de 2002. En los casos de crímenes en los que el ejercicio de la competencia de la Corte hubiese sido activada por un Estado Parte o bien por la Fiscalía, la Corte sólo podrá ejercer su competencia si el Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o bien el Estado del que sea nacional el acusado del crimen, es parte del Estatuto de Roma, o bien, no siéndolo, consiente en aceptar dicha competencia mediante declaración expresa. Los crímenes de competencia de la Corte no prescriben. La CPI sólo puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y, de forma excepcional, cadena perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica, pero nunca puede condenar a muerte. En la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala (Uganda) en 2010 fueron adoptadas por consenso dos enmiendas que amplían la definición de los crímenes de guerra y tipifican el crimen de agresión, definiéndolo y estableciendo las condiciones de ejercicio de la jurisdicción de la Corte respecto del
  4. mismo. La nueva definición del crimen de agresión establece que una persona comete dicho crimen “cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”. El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional". Durante la Conferencia, los Estados Unidos, Israel y China hicieron causa común en contra de éste. Pese a esto tanto Israel como los Estados Unidos firmaron pero no ratificaron el Tratado. De hecho, la firma por la parte estadounidense la realizó el expresidente Bill Clinton solo un día antes de dejar el poder a George W. Bush. Pese a la experiencia internacional en suscripción de tratados multilaterales, el mismo estatuto fijó un alto quórum para su entrada en vigencia (60 países). Sin embargo, el proceso fue sumamente rápido, partiendo por Senegal hasta que diez países en conjunto depositaron ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación el 11 de abril de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1 de julio del 2002. De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma en su artículo 13, la CPI puede ser activada a través de tres escenarios (Estatuto de Roma, 1998): 1. Un Estado Parte remite a la Fiscalía de la Corte una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes. Esto para que se investigue a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.
  5. 2. El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes. 3. Por iniciativa de la Fiscalía de la Corte se inicia una investigación respecto de un crimen. Sin embrago, en este aspecto aclaramos el carácter independiente de la Corte. A pesar de que la CPI fue establecida por los Estados, esta ópera de manera independiente en relación con los gobiernos y otras organizaciones internacionales. Primera remisión interestatala la Corte PenalInternacionalsobre Venezuela Artículo 14 Remisión de una situación por un Estado Parte 1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas. 2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante. El 08 de febrero de 2018 la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda afirmó haber comenzado el examen preliminar de la Corte por el caso venezolano en la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en función de los delitos consagrados por el Tratado de Roma de 1998, en particular por Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad, este proceso puede ser largo. En meses anteriores del presente año, el gobierno de Argentina anunció oficialmente acudir a la CPI junto con otros gobiernos de América Latina para denunciar al Presidente Nicolás Maduro, como ha ocurrido con otros Jefes de Estado
  6. por crímenes internacionales contemplados en el Estatuto de Roma. Esta es la primera vez que un Estado o grupo de Estados impulsan un Proceso Penal porque anteriormente dejaban esa competencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) o a la iniciativa de la Fiscalía en base a denuncias sustentadas. El anuncio del Presidente Macri y el respaldo de varios Estados latinoamericanos obligarán a la Fiscal para la investigación formal con el inicio de buscar información, no solamente de la sociedad política sino de la sociedad civil venezolana y si la Fiscalía determina que hay fundamentos para abrir una investigación, se dará curso a la investigación formal y a la acusación correspondiente, en este caso como es una denuncia hecha por uno o varios Estados partes del Estatuto de Roma, no se necesita la demanda a la Sala de Cuestiones Preliminares y si se determina abrir la investigación, la Fiscalía puede pedir orden de detención del inculpado con la futura imputación y la confirmación de cargos ante la Sala de Primera Instancia donde se iniciaría el juicio. Las experiencias de los Tribunales Ad Hoc de Núremberg y Tokio, creados luego de la Segunda Guerra Mundial son referencia fundamental en el surgimiento de un Orden Penal Internacional represivo y luego desarrollaron los Tribunales de La Haya por los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y de Arusha por los de Ruanda. Esta justicia penal internacional se inscribe en el proceso de la “moralización” de la vida política a escala universal. Fue importante la consideración, no sólo de castigar a los culpables sino de permitir la justicia a las víctimas con el derecho a la verdad y a la reparación, no sólo penal sino también civil. Este nuevo Derecho Penal puede extenderse a otros crímenes y busca ser vinculante para todos los Estados de la Comunidad Internacional, los países de América Latina se inscriben en esta perspectiva que busca una justicia penal universal. Todos los mecanismos de integración regional y las organizaciones internacionales como la propia ONU, buscan la promoción y protección de los
  7. Derechos Humanos así también los instrumentos jurídicos regionales mundiales de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Es importante conocer la interpretación de los 128 artículos propios del procedimiento para enjuiciar a las personas señaladas en la tipificación de los delitos de la CPI, en el entendido que esta Corte Internacional es complementaria a la jurisdicción nacional y ante la ineficiencia de la justicia penal nacional. La fiscal jefe de la CPI Fatou Bensouda recordó en un comunicado que la solicitud "no conduce automáticamente a la apertura de una investigación" y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre el país caribeño en febrero de este año. El mencionado examen abierto a Venezuela ponía el foco en supuestos crímenes cometidos, al menos desde abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones de la oposición cuando el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. En el documento enviado a La Haya se pide que se investiguen los supuestos crímenes con vistas a determinar si una o más personas deberían ser acusadas. Desde ese momento, la Fiscalía ha estado analizando la información disponible a los efectos de llevar a cabo una determinación plenamente informada acerca de si existe fundamento suficiente para proceder a una investigación. Dicho examen continuará siguiendo su curso normal, guiado estrictamente por los requerimientos del Estatuto de Roma", carta fundacional de la CPI. Es decir, la Fiscalía aún debe determinar si se cumplen las condiciones suficientes para abrir una investigación plena, como la complementariedad del caso (comprobar si la justicia venezolana ha investigado de forma genuina los hechos denunciados), su gravedad o si los delitos entran dentro de su jurisdicción.
  8. Estos factores se aplican a todas las situaciones, independientemente de si el examen preliminar se inició sobre la base del artículo 15 del Estatuto (por iniciativa de la Fiscalía) o mediante una remisión de un Estado Parte o un grupo de Estados Parte. Desde el punto de vista judicial, lo único que cambia la denuncia de los seis países americanos es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos, podría hacerlo sin pedirles autorización a los jueces de una Sala de Cuestiones Preliminares. El examen preliminar no cuenta con plazos determinados, es decir, la Fiscalía no tiene la obligación de establecerse una fecha límite para decidir si comienza una investigación formal o si, por el contrario, la desecha porque no se cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma. Se trata de la primera vez en los 16 años de historia de la CPI que un grupo de Estados Parte remiten la situación de un tercer país a la Fiscalía. Esta es la novena remisión recibida por esta Fiscalía desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 1º de julio de 2002, y la primera remisión realizada por un grupo de Estados Partes respecto de una situación en el territorio de otro Estado Parte. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha manifestado interés en llevar el caso venezolano a la Corte Penal Internacional, incluso contrató al primer Fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo. Desde el 2012, la Fiscal de la CPI es la africana Bensouda a quien le correspondería llevar este caso.
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