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Contencioso tributario

  1. 1. Universidad “Fermín Toro” Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Escuela de Derecho Barquisimeto Estado Lara CONTENCIOSO TRIBUTARIO Integrante: Escalona, María J. C.I: 25.137.222 Cátedra: Procedimiento Contencioso Administrativo Profesor: Abg. Gabrielis Rodríguez Sección: SAIA “A” Febrero, 2017
  2. 2. Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario Se encuentra dispuesto en el artículo 206 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por medio de la jurisdicción contencioso administrativa por lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia al igual que a los demás tribunales estipulados por la Ley, dichas jurisdicciones son competentes para realizar la anulación de actos administrativos en general o individual siempre que sean contrarios a derechos, también por desviación de poder. Dicha norma prevé la existencia de un sistema jurisdiccional constituido por tribunales, acciones y procedimientos especiales, los cuales se encargaran de resolver los conflictos que surgen ante la administración pública y los ciudadanos, los cuales han sido motivo de la actividad desplegada en el ejercicio de las funciones, derivado de la red normativa que atrae la diversidad que proyectan las actividades administrativas dando origen al contencioso especial. En este orden de ideas, el contencioso tributario se enmarca de manera de sub-sistema, por lo que el contencioso administrativo y el contencioso tributario poseen una relación, afirmando los aspectos predominantes en ambos géneros y especies, manifestándose en el examen judicial de eventos que concretan la facultad de potestades administrativas, utilizando la noción básica del acto administrativo y los elementos que esta conlleva, presumiendo la legitimidad del acto administrativo, al igual que la necesidad e integridad del expediente, en los poderes inquisitivos del juez, en los efectos del fallo, entre otros. Anteriormente, ha existido un desarrollo divergente entre el contencioso administrativo general y el contencioso tributario en sus diversas modalidades, reflejadas hoy en la contraposición de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Tributario de Venezuela (COTV), mientras
  3. 3. en dicha ley se dispone que las situaciones que no se encuentren previstas por la norma y sus principios se resolverán con la aplicación de una norma supletoria y los principios de las ramas jurídicas que se acerquen más a la naturaleza y fines del derecho tributario, es decir, con la aplicación del derecho administrativo, de igual modo en su articulado se establece que en lo previsto en el Titulo de los Procedimientos Contenciosos se regirán supletoriamente por medio del Código de Procedimiento Civil. Debido a la evolución del derecho administrativo en cuanto a los aspectos adjetivos puede no justificarse la remisión inmediata al procedimiento civil establecido en el COTV, proclamando la autonomía del derecho tributario, ocasionando daños de su integración en un sistema contencioso administrativo, señalando que la rama tributaria adquiriendo especialmente los aspectos sustantivos, esto quiere decir, que adquiere la concepción y regulación de la obligación tributaria, la cual incluye aspectos como el principio de realidad económica, carácter patrimonial del vínculo obligacional, configuración de los sujetos pasivos de la obligación, hecho generador, base imponible, entre otros. Sin embargo, la determinación y recaudación de los tributos se basa en el derecho administrativo debido a que se trata de potestades administrativas, lo cual obliga hacer referencia a la existencia de un derecho tributario obligacional al igual que un derecho tributario administrativo. Unificación del Contencioso Tributario Una vez promulgado el COTV, nuestro país da un paso en cuanto a la unificación del derecho tributario, esta unificación legislativa cubre la mayor parte de la materia tributaria, especialmente lo concerniente al contencioso tributario; siendo instrumento derivado del Modelo de Código Tributario el
  4. 4. cual ha sido elaborado con la participación de la Organización de Estados Americanos y del Banco Interamericano del Desarrollo, integrada por el Programa Conjunto de Tributación para América Latina, dicho modelo fue elaborado por tributarias considerados eminencias en la materia, los cuales contaron con la valiosa colaboración con juristas nacionales de diversos países. Por tal motivo, la promulgación del contencioso tributario se basa en el análisis de las disposiciones establecidas en el COTV, constituyendo sub- sistemas jurídicos tributarios, evidentes en su ámbito de aplicación; las disposiciones del mencionado código pueden ser aplicados a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas desprendidas de ellos, excepto los tributos aduaneros, debido a que serán aplicado de manera de supletorios; también son aplicables las obligaciones de índole pecuniarias establecidas para beneficiar a personas de derecho público no estatales, mientras no existan disposiciones especiales, señalando también que las normas establecidas en el código regirán el carácter supletorio en cuanto sean aplicables a los tributos de los estados y municipios. Destacando en las disposiciones legales el carácter unificador del Código por lo que corresponde a los tributos creados y administrados por el Poder Nacional, excepto los impuestos aduaneros, pudiendo aplicarse un método supletorio, a diferencia de los proyectistas del Modelo de Código, el legislador opta por solucionar y preservar la existencia de la legislación aduanera en su integridad, al igual que toda las características que muestra la materia, lo cual hace que no se aconseje someterse a los mismos principios y procedimientos de las diversas materias tributarias. Cabe destacar, el carácter supletorio del Código con respecto a los tributos regionales; haciendo referencia al aspecto sustantivo de dichos
  5. 5. tributos, la legislación respeta la autonomía de las entidades territoriales, en cuanto al aspecto contencioso resuelve dejar la materia a la jurisdicción contencioso administrativa general, la cual se encuentra regulada por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, permitiendo señalar que sea de paso la afinidad entre el contencioso administrativo y el contencioso tributario. Los tributos estadales y municipales se insiste en los tribunales competentes, las acciones que pueden ser utilizadas al igual que los procedimientos aplicables para solucionar las controversias presentadas, confiriendo lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia estableciendo competencia a los Tribunales Superiores en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de las diversas regiones conociendo de la legalidad de los actos administrativos de los órganos estatales y municipales por medio del recurso contencioso administrativo de anulación. Órganos Fue postulado como principios definidores del Contencioso Tributario los de tutela jurisdiccional y de igualdad de las partes en diversas discusiones de controversia. Algunos especialistas exigen la conducción y la decisión de las controversias emanadas de la determinación y recaudación de los tributos los cuales deben estar en manos de órganos independientes e imparciales, aunque de manera formal se encuentren excluidos de la estructura del Poder Ejecutivo, lo cual aloja la garantía jurisdiccional. Es importante indicar la existencia del derecho comparado tributario de tendencia administrativa y de tendencia judicialista en la configuración de los órganos del contencioso tributario, en diversos países dicha jurisdicción
  6. 6. es asignada a órganos constitucionalmente pertenecientes al Poder Ejecutivo, aunque las partes tienen la posibilidad de recurrir en última instancia ante los órganos supremos del Poder Judicial encargado del control de juridicidad de los actos del Poder Público. Dichos tribunales administrativos a pesar de formar parte de la administración se encuentran constituidos por jueces abogados y por jueces profesionales de la contaduría pública designado todo por los órganos superiores del Poder Ejecutivo, en otros países los órganos del contencioso tributario pertenecen al Poder Judicial y su constitución se rige por los mismos requisitos y procedimientos aplicables a los demás tribunales. Sin embargo en cualquier caso se trata de tribunales administrativos o judiciales los cuales actúan con independencia funcional de la Administración Tributaria por lo que merece ser calificado como órganos jurisdiccionales. El principio de igualdad de las partes es inherente a la naturaleza de todo proceso jurisdiccional a ser resuelto ante un órgano independiente e imparcial que merezca ser llamado tribunal, es por eso que se exigen especialistas que dicha garantía debe ser asegurada legalmente en la conformación de la misma función de los órganos del contencioso tributario. En cuanto a Venezuela se cuenta con los tribunales contenciosos tributarios establecido en el Código Orgánico, insertando a nuestro país en la tendencia judicialista, aunque se debe conocer que revestía los caracteres de una tradición en nuestro derecho. Basado en el articulado de la Constitución de 1961 todo los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa pertenecen al Poder Judicial por lo que el legislador no podía dar pertenencia distinta a los tribunales del contencioso especial de los tributos, las características de los tribunales especiales se encuentran descritas en el Código Orgánico Tributario.
  7. 7. En las disposiciones expresa quienes son competentes para conocer la primera instancia en los procedimientos estipulados en el Código los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, los cuales serán sustanciado y decidirán con arreglo a las normas de ese Código, al igual que en los de materia tributaria originen reparos de la Contraloría General de la República, seguidamente dispone que la Corte Suprema de Justicia será el tribunal de alzada de los demás tribunales especiales, siguiendo las recomendaciones de los proyectistas del Código Modelo, acogiendo la tradición establecida en la materia del impuesto sobre la renta. En el Código Orgánico expresa que los tribunales especiales deben ser unipersonales los cuales tendrán competencia en los procedimientos con relación a los tributos regidos por el Código. En cuanto al carácter unipersonal, el legislador aparto el criterio de los proyectistas del Código Modelo, lo cual propondría la creación de tribunales colegiados. En el mismo Código estipula lo relacionado con la organización y funcionamiento de los tribunales superiores en lo contencioso tributario regido por normas pertenecientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Carrera Judicial. Además, la existencia de estos tribunales no excluye la auto-tutela la cual ha sido regulada en el Código Orgánico en la revisión de oficio, lo cual prevé las formas de convalidación, reconocimiento de nulidad absoluta de actos administrativos, revocación de actos anulables y corrección de errores materiales, los cuales son regidos por la norma de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, debido a que el Código Orgánico Tributario no regula estas facultades.
  8. 8. Acciones Recurso Contencioso Tributario Naturaleza Llamado acción ordinaria, es un medio judicial de impugnación de actos particulares de la Administración Tributaria, encargada de determinar tributos, sanciones que afecten a cualquier forma de derecho de los administrados, el legislador califica como recurso debido a que supone la existencia de un acto administrativo que se impugna, observando cómo es un medio de impugnación dirigido a obtener la anulación o eliminación del acto administrativo que afecta los derechos o intereses legítimos de cada ciudadano. El diseño optado por el legislador se manifiesta la concepción del contencioso tributario como un proceso de revisión de la actuación previa de la administración, esta característica es compartida por el género de la jurisdicción contencioso administrativa, confiriendo importancia a la existencia del expediente administrativo formado por la administración activa y al examen por parte del tribunal a los efectos de su decisión. Abolición del Solve et repete Cabe destacar la eliminación del “paga y después reclama” como requisito de admisibilidad del recurso contencioso tributario, basada en el Código Orgánico Tributario la norma no exige el pago anticipado del tributo para proceder a la acción intentada, tampoco se exige la presentación de caución para admitir el recurso, se deja a la Administración la facultad de solicitar al tribunal competente la acción de medidas cautelares, ante una
  9. 9. demostración sumaria del riesgo fiscal para asegurar los resultados del juicio instaurado. Fue sugerido la abolición de este requisito en el orden tributario restableciendo la plenitud del derecho de los ciudadanos a recurrir a los tribunales en demanda de justicia, invitando diversas diferencias entre los contribuyentes pudientes y no pudientes, de igual modo, señala la permanencia del solve et repete no representaba un beneficio para el fisco, ya que el ingreso obtenido por la anticipación del pago quedaba en depósito y sujeto a la confirmación final de la planilla recurrida, con respecto al contribuyente dicho anticipo representaba un perjuicio económico, que se agrava con la prolongada espera de la sentencia definitiva y firme. Efectos suspensivos del recurso El articulado del Código Orgánico Tributario, estipula la interposición del recurso contencioso tributario suspenderá la ejecución del acto ocurrido, efecto este que corresponde a la interposición del recurso jerárquico, estas disposiciones dejan visible una excepción al principio general del derecho administrativo que priva de efecto suspensivo a los recursos administrativos y judiciales, en aras de la ejecutoriedad del acto administrativo. Caducidad del recurso Se encuentra constituido por los actos de los particulares de la Administración Tributaria y la Contraloría General de la República, afectando los intereses y derechos de los administrados. Cabe destacar tres aspectos como lo son:
  10. 10. 1. El recurso jurisdiccional solo puede ser utilizado contra actos de efecto particular de los órganos señalados, a diferencia del recurso jerárquico tributario que puede ser intentado contra los actos generales emanado por el mismo organismo, por lo cual los actos de la Administración Tributaria y la Contraloría General de la República solo los puede impugnar la Corte Suprema de Justicia a través de la Corte Plena o en Sala Político Administrativa dependiendo del caso. 2. El Recurso contencioso tributario puede ser intentado para impugnar actos determinativos de tributo y accesorios, sanciones, al igual que cualquier acto administrativo en el que no se liquiden los tributos o se impongan sanciones, como objetivo hacer frente a una formula restringida a los actos determinativos de tributos y sanciones. Su finalidad es la determinación negativa por parte del tribunal frente a la determinación positiva del tributo y sanciones realizada por la administración, tratando de lograr una determinación del tribunal que establezca que no se debe lo que pretende la administración o que se debe menos, o que no procede la sanción impuesta o que procede en cuantía menor 3. Este recurso puede ser intentado no solo por el contribuyente sino también por un tercero que resulte afectado en su interés legítimo por el acto recurrido, remitiendo la noción de interés legítimo, personal y directo establecido en el articulado de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en contrate con el recurso contencioso administrativo de anulación.
  11. 11. Efecto de la Sentencia Es un medio de impugnación de un acto y abre un proceso de revisión de los mismos, su principal efecto es la anulación o eliminación total o parcial del acto administrativo que liquida tributos y accesorios, impone sanciones, contiene declaraciones lesivas al recurrente, como respuesta lógica a la pretensión anulatoria formulada por el recurrente. La decisión del recurso puede ser desestimatoria de la pretensión y producir una confirmación virtual del acto impugnado. Puede ser inherente las declaraciones del fallo como resultado de la determinación de la revisión impositiva de la Administración Tributaria, es decir, la determinación realizada por el juez como producto del examen de los hechos y alegatos; también pueden ser derivados debido a una declaración sin lugar del recurso, procediendo a la condena en costas al recurrente, hasta un máximo del 10% de la cuantía del recurso, al igual que la condena de costas al sujeto activo del tributo, durante el limite determinado, al resultar vencida la administración por sentencia definitiva y firme; de igual modo se podrá eximir del pago de las costas a la parte perdidosa al haber motivos racionales para litigar. Cabe resaltar la excepción que prohíbe la condenatoria en costas a la República y al Fisco Nacional, teniendo como propósito inhibir la producción de reclamos temerarios de la facultad de revisión en los actos administrativos. Acción de Repetición Naturaleza y Objeto Los contribuyentes podrán reclamar la restitución de los pagos indebidos por tributos, intereses, sanciones y recargos, mientras no se
  12. 12. encuentren prescritos. El legislador califica como acción a dicha reclamación, debido a que se trata de una acción patrimonial contra el Fisco Nacional, para obtener la devolución de una suma pagada de modo indebido, por concepto de tributo y accesorio o sanciones impositivas; se discute el hecho de haber pagado al Fisco lo que no se debía y obtener la condenatoria en su contra para la restitución o reintegro de lo pagado al igual que los intereses causados por el retardo en la pago. Su naturaleza se ve forzada por la existencia de la norma del Código Orgánico el cual somete su ejercicio a un lapso de prescripción de cuatro (4) años, los cuales comienzan a correr el primero de Enero del siguiente año al que se produjo el hecho, y no a un lapso breve de caducidad. Efecto de la Sentencia Al ser declarada con lugar, su efecto es condenar al Fisco Nacional y reintegrar o devolver total o parcialmente al contribuyente la suma pagada de modo indebido por concepto de impuestos y accesorios o multas, al igual que los intereses devengados por la suma de dinero estipulada a partir de dos meses de lapso para decidir la reclamación en sede administrativa y hasta la fecha del reintegro. En cuanto a los efectos inherentes, son las declaraciones contenidas en la sentencia relativa a la determinación de la obligación tributaria y a la procedencia o no del pago cuya repetición es solicitada; mientras que sus efectos derivados son la condena al pago de las costas procesales a la parte que resulte totalmente perdidosa.
  13. 13. Acción de Amparo Naturaleza y Objeto Es una innovación importante, la cual destaca en el Código Orgánico Tributario, con este establecimiento y el procedimiento correspondiente se siguen las recomendaciones establecidas en la Constitución haciendo referencia a la materia tributaria, aunque en Venezuela no es una expectativa jurídica, la cual ha encontrado obstáculos al momento de su aplicación tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial. Dicha acción procederá cuando la Administración Tributaria incurra en demoras excesivas en resolver peticiones de los interesados causando perjuicios no reparables por medios procesales establecidos en Código y Leyes especiales. Creando una protección jurisdiccional frente a la inacción de la Administración Tributaria, tratando una fórmula de amparo positivo para impedir el perjuicio que pueda sufrir el ciudadano como consecuencia de la abstención injustificada de la Administración y obtener de ella por vía de la intervención judicial la adopción del acto solicitado. Condiciones La demanda deberá especificar las gestiones realizadas y el perjuicio que ocasiona la demora, presentando de los escritos mediante los cuales se ha urgido el tramite, por lo que el interesado debe llevar acabo las gestiones necesarias ante la Administración Tributaria para obtener lo solicitado, además la insistencia de la urgencia en el caso, dando prueba al Tribunal de lo gestionado.
  14. 14. Efecto de la Decisión Sera fijado un término a la Administración Tributaria para realizar el trámite o diligencia o dispensara del mismo al actor, previo afianzamiento del interés fiscal comprometido, por lo cual la finalidad de la decisión es la subsanación del retardo, omisión, distorsión o incumplimiento del procedimiento o trámite administrativo, también el juez puede exhortar al superior del organismo a imponer a los funcionarios responsables de la inacción o demora la sanción de multa. Estas decisiones no tienen ningún tipo de apelación Procedimiento Aspectos resaltantes del Procedimiento Judicial  Particularidad en el objeto del recurso  Formas de interposición o Directo o Indirecto  Silencio Administrativo  Expediente Administrativo

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