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UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
INTEGRANTE:
 MARÍA E. PÉREZ. CI: 24684813
SAIA
CÁTEDRA: DERECHO PROCESAL PENAL.
ARAURE, ENERO DE 2016
LOS MEDIOS DE COERCIÓN PERSONAL.
Las medidas de coerción personal no son más que una decisión
adoptada por un Juez de Control a petición de la Fiscalía; estas deben
cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, que sea necesaria para evadir
que el procesado obstruya la justicia o que el imputado constituya un peligro
a la sociedad o para la víctima; a través de las mismas se ven afectados
derechos fundamentales de un procesado, cuando advierte que, de los
elementos de convicción con que se cuenta, se pueda inferir que el imputado
puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Por su
parte también existen las medidas de coerción personal no privativas de la
libertad que son las medidas cautelares sustitutivas, donde se ve la
obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia, entre otros.
Principios generales.
Existen varios principios establecidos en nuestro código procesal penal,
uno de ellos es el Estado de libertad, tenemos que saber que la privativa de
libertad es una medida cautelar, que solo en caso de que las demás medidas
cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso esta
viene a proceder ya que a cualquier persona se le haga responsable en la
participación de un hecho punible perdurará en libertad el tiempo que dure el
proceso. El segundo de los principios seria la Proporcionalidad y se refiere a
que la medida de coerción personal debe tener relación con la gravedad del
delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, de lo contrario
no procedería.
Por otra parte existen ciertas limitaciones y estas se refieren a que No se
podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad a las personas
mayores de setenta años, a las mujeres en su etapa final de embarazo o que
estén lactando, tampoco a alguna persona afectada por una verdadera
enfermedad en fase terminal, pero de ser necesaria una medida cautelar, se
decretará la detención domiciliaria. Asimismo es importante mencionar que
otro de los principios seria la Motivación y se refiere a que las medidas de
coerción personal podrán ser decretadas acorde a las disposiciones del
COPP, a través de una resolución judicial fundada. Y por último es
importante abarcar que todas las disposiciones que restrinjan la libertad del
imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán
interpretadas restrictivamente.
Aprehensión en flagrancia.
Es razonable mencionar que Siendo la libertad personal un derecho
fundamental con rango constitucional, la detención de una persona, como
excepción o restricción de aquel derecho, se consiente únicamente cuando
se materializa cualquiera de estos dos supuestos: flagrancia y orden judicial.
El flagrante delito, que motiva la aprehensión, es delimitado por el Código
Orgánico Procesal Penal (COPP) que nos establece que se tendrá como
delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse,
aquel donde el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por
la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de
haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se
cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera
hagan presumir con fundamento que él es el autor.
Privación preventiva de libertad.
La privación Judicial Preventiva de libertad, se acepta como la
decisión provenida de un órgano jurisdiccional a petitoria del Ministerio
Público, por la que se asegura al imputado, privándole de su libertad, a los
efectos de responder por el resguardo de los Fines del Proceso
Medidas cautelares sustituidas.
Para estas medidas, el tribunal debe ordenar lo que se requiera para
avalar el cumplimiento de las mismas, y estas pueden ser: La detención
domiciliaria, someterse al cuidado de una persona o institución determinada,
presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que él designe, no
se puede salir del país sin previa autorizacion, de la localidad en la cual
reside o del ámbito territorial que fije el tribuna, también se puede prohibir
que se asista a determinadas reuniones o lugares o comunicarse con
personas determinadas (siempre que no se afecte el derecho de defensa),
otra medida sería abandonar inmediatamente el domicilio cuando se trate de
agresiones a mujeres o niños, o de delitos sexuales, cuando la víctima
conviva con el imputado, y también la prestación de una caución económica
que la pueda cumplir el propio imputado u otra persona, a través de un
depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas o
garantías reales.
Es importante mencionar que para la fijación del monto de la caución el
tribunal tomará en cuenta: la situación que el imputado tenga en el país
determinado por la nacionalidad, el domicilio, la residencia, el asiento de su
familia, así como las facilidades para abandonar definitivamente el país o
permanecer oculto, también su capacidad económica y la forma del daño
causado; pero además la caución económica se determinará entre el
equivalente en bolívares de treinta a ciento ochenta unidades tributarias, y
bajo otras circunstancias se fijara un monto mayor.
Asimismo cabe resaltar que el juez podrá indistintamente emplear otra
medida sustitutiva según las circunstancias del caso, y es por lo que se
podría hablar de una caución personal en donde los fiadores que presente el
imputado deberán ser de reconocida buena conducta, responsables, tener
capacidad económica para atender las obligaciones que contraen, y estar
domiciliados en Venezuela, y de esta manera el fiador se le confiere la
obligación de que el imputado no se ausente de la jurisdicción del tribunal,
también debe presentarlo a la autoridad que designe el juez, cada vez que
así lo ordene, por esa misma razón deberá satisfacer los gastos de captura y
las costas procesales causadas hasta el día en que el afianzado se hubiere
ocultado o fugado y por ultimo pagar por vía de multa, en caso de no
presentar al imputado dentro del término que al efecto se les señale, la
cantidad que se fije en el acta constitutiva de la fianza.
Dentro de este marco, el tribunal podrá eximir al imputado de la
obligación de prestar caución económica cuando, a su juicio, éste se
encuentre en la imposibilidad declarada de tener un fiador, o de no tener la
capacidad económica para prometer la caución, entonces en este caso, se le
aplicará al imputado la caución juratoria por la que mediante un acta firmada,
dispondrá a no ausentarse de la jurisdicción del tribunal o de la que éste le
fije, y a presentarse al tribunal o ante la autoridad que el juez designe en las
oportunidades que se le señalen. A tal efecto señalará el lugar donde debe
ser notificado, y bastará para ello que se le dirija allí la convocatoria.
En efecto, bajo ninguna circunstancia se utilizarán estas medidas
desnaturalizando su finalidad, o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea
imposible ya que así lo establece nuestra legislación venezolana.
Examen y revisión de las medidas cautelares sustituidas.
El Juez(a) tendrá que inspeccionar la necesidad del mantenimiento de
las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo considere podrá
sustituirlas por otras menos pesadas, pero también el imputad(a) podrá
solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación
preventiva de libertad las veces que lo considere oportuno y en todo caso si
el tribunal se niega a revocar o sustituir la medida, no tendrá apelación.
El habeas corpus.
Este término identifica al derecho que posee todo ciudadano que se
encuentra detenido y a la espera de comparecer de manera inmediata y
pública ante un tribunal o una autoridad. Los jueces, al oír el testimonio del
detenido, determinan si el arresto es legal o ilegal y, por lo tanto, pueden
decretar que finalice.
Actos procesales y las nulidades.
Son actos procesales reglados por nuestras normas penales adjetivas,
todas las manifestaciones de voluntades que generan efectos jurídicos
dentro del proceso, independientemente de la manifestación del estado o
particulares. Estos forman parte de lo que procesalmente se ha admitido y la
relación jurídica concreta. De allí se puede entender que acto procesal va
dirigido de una u otra forma hacia una manifestación de voluntad.
Para lo antes expuesto, las nulidades están muy ligadas con los actos
procesales porque el acto procesal son los que conforman dentro de lo
procesalmente admitido una relación jurídica concreta. Es por esto que la
nulidad es actividad procesal defectuosa, es decir que tiene un defecto, una
irregularidad, un vicio, por ende, ese acto procesal, es nulo.
Para ello existen varios tipos de nulidad, entre las que se pueden
mencionar esta, la NULIDAD ABSOLUTA que se presentará toda vez que los
actos realizados hayan sido cumplidos infringiendo normas de orden público;
es decir, que en la oportunidad que un acto se realice contrariando normas
de orden público, acarreará la nulidad absoluta de dicho acto. Puede ser
declarada de oficio; y también la NULIDAD RELATIVA que se presenta
cuando afecta normas de orden privado, o intereses privados.
Es importante acotar que lo absoluto y lo relativo depende de la
garantía o derecho fundamental lesionado o vulnerado, y a veces no lo hay,
dependerá del caso concreto. Hay derechos y garantías fundamentales, por
ejemplo: la declaración del imputado, que es un acto procesal no judicial, no
puede declarar solo, tiene que hacerla asistida por su abogado, defensa
técnica, la declaración del imputado sin el defensor vulnera (garantía o
derecho).
Las decisiones.
Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto
fundados, bajo pena de nulidad salvo los autos de mera sustanciación. Es
importante saber que toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia
pública, y con su lectura las partes quedan legalmente notificadas, pero de
no ser de esta manera, se le notificara a los interesado de acuerdo a lo
establecida en nuestro COPP; y las mismas serán pronunciadas serán
inmediatamente después de concluida la audiencia. En las actuaciones
escritas las decisiones se dictarán dentro de los tres días siguientes.
Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer y se
dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente. Las sentencias y los
autos deberán ser firmados por los jueces que los hayan dictado y por el
secretario del tribunal, ya que es un requisito esencial, de lo contrario se
declararía nulo este acto.
Estas decisiones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin
necesidad de declaración alguna, cuando no procedan o se hayan agotado
los recursos en su contra y contra esta sólo procede la revisión.
Notificaciones absolutas.
La notificación como categoría procesal, se recurre a ella para notificar
decisiones. Las decisiones, salvo disposición en contrario, serán notificadas
dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas.
Renovación, rectificación o Cumplimiento.
Los actos defectuosos deberán ser inmediatamente saneados,
renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, de
oficio o a petición del interesado pero no se podrá retrotraer el proceso a
períodos ya concluidos con anterioridad, pero sin embargo existen ciertas
excepciones.
Saneamiento
Excepto los casos de nulidad absoluta, sólo se podrá solicitar el
saneamiento del acto viciado mientras se realiza el acto o dentro de los tres
días después de realizado o en otro caso solo tendrá la oportunidad dentro
de veinticuatro (24) horas después de conocerla y en esta solicitud debe
describir el defecto, fundar cuáles derechos y garantías del interesado afecta,
cómo los afecta, y debe presentar la solución y por ultimo especificará el acto
viciado u omitido, al igual que los ligados al mismo.
Convalidación.
Los actos anulables resultarán convalidados cuando las partes no
hayan pedido oportunamente su saneamiento, cuando quienes tengan
derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del
acto y el último caso sería si, no obstante la alteración, el acto ha logrado su
finalidad.
Declaración de Nulidad.
Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de
convalidación, el Juez deberá declarar su nulidad por auto razonado o
señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a
petición de parte.
La nulidad causa efectos después de declarada y no puede
entenderse de otra forma, ya que mientras no haya sido declarado el acto
írrito o nulo, dicho acto produce efectos y consecuencias jurídicas y se
considera válido.
Cuando se declara la nulidad del acto, en caso de actos esenciales se
produce tanto la renovación como la reposición, es decir, se debe realizar el
acto nuevamente y se retrotrae el proceso al punto donde se realizó dicho
acto procesal declarado nulo.
Estipulaciones.
En este caso si no hay oposición alguna de las partes en cuanto a las
pruebas, se podrán realizar estipulaciones respecto a las mismas, con el
propósito de obviar su presentación en el debate del juicio oral y público.
Trámite de exhortos o cartas rogatorias
Para este tramite quedara en manos del Ministerio Público, en
conexión con el Ministerio con competencia en materia de relaciones
exteriores, pedir y elaborar exhortos, o cartas rogatorias y solicitudes de
ayuda mutua en materia penal, lo cual se efectuará conforme a las
conjeturas de la legislación interna y con cimiento en los acuerdos, tratados y
convenios internacionales suscritos y corroborados por la República en la
materia.

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Los medios de coerción personal

  • 1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICERRECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO INTEGRANTE:  MARÍA E. PÉREZ. CI: 24684813 SAIA CÁTEDRA: DERECHO PROCESAL PENAL. ARAURE, ENERO DE 2016
  • 2. LOS MEDIOS DE COERCIÓN PERSONAL. Las medidas de coerción personal no son más que una decisión adoptada por un Juez de Control a petición de la Fiscalía; estas deben cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, que sea necesaria para evadir que el procesado obstruya la justicia o que el imputado constituya un peligro a la sociedad o para la víctima; a través de las mismas se ven afectados derechos fundamentales de un procesado, cuando advierte que, de los elementos de convicción con que se cuenta, se pueda inferir que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Por su parte también existen las medidas de coerción personal no privativas de la libertad que son las medidas cautelares sustitutivas, donde se ve la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia, entre otros. Principios generales. Existen varios principios establecidos en nuestro código procesal penal, uno de ellos es el Estado de libertad, tenemos que saber que la privativa de libertad es una medida cautelar, que solo en caso de que las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso esta viene a proceder ya que a cualquier persona se le haga responsable en la participación de un hecho punible perdurará en libertad el tiempo que dure el proceso. El segundo de los principios seria la Proporcionalidad y se refiere a que la medida de coerción personal debe tener relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, de lo contrario no procedería. Por otra parte existen ciertas limitaciones y estas se refieren a que No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad a las personas mayores de setenta años, a las mujeres en su etapa final de embarazo o que
  • 3. estén lactando, tampoco a alguna persona afectada por una verdadera enfermedad en fase terminal, pero de ser necesaria una medida cautelar, se decretará la detención domiciliaria. Asimismo es importante mencionar que otro de los principios seria la Motivación y se refiere a que las medidas de coerción personal podrán ser decretadas acorde a las disposiciones del COPP, a través de una resolución judicial fundada. Y por último es importante abarcar que todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente. Aprehensión en flagrancia. Es razonable mencionar que Siendo la libertad personal un derecho fundamental con rango constitucional, la detención de una persona, como excepción o restricción de aquel derecho, se consiente únicamente cuando se materializa cualquiera de estos dos supuestos: flagrancia y orden judicial. El flagrante delito, que motiva la aprehensión, es delimitado por el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que nos establece que se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse, aquel donde el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor. Privación preventiva de libertad. La privación Judicial Preventiva de libertad, se acepta como la decisión provenida de un órgano jurisdiccional a petitoria del Ministerio
  • 4. Público, por la que se asegura al imputado, privándole de su libertad, a los efectos de responder por el resguardo de los Fines del Proceso Medidas cautelares sustituidas. Para estas medidas, el tribunal debe ordenar lo que se requiera para avalar el cumplimiento de las mismas, y estas pueden ser: La detención domiciliaria, someterse al cuidado de una persona o institución determinada, presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que él designe, no se puede salir del país sin previa autorizacion, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribuna, también se puede prohibir que se asista a determinadas reuniones o lugares o comunicarse con personas determinadas (siempre que no se afecte el derecho de defensa), otra medida sería abandonar inmediatamente el domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres o niños, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado, y también la prestación de una caución económica que la pueda cumplir el propio imputado u otra persona, a través de un depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas o garantías reales. Es importante mencionar que para la fijación del monto de la caución el tribunal tomará en cuenta: la situación que el imputado tenga en el país determinado por la nacionalidad, el domicilio, la residencia, el asiento de su familia, así como las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, también su capacidad económica y la forma del daño causado; pero además la caución económica se determinará entre el equivalente en bolívares de treinta a ciento ochenta unidades tributarias, y bajo otras circunstancias se fijara un monto mayor.
  • 5. Asimismo cabe resaltar que el juez podrá indistintamente emplear otra medida sustitutiva según las circunstancias del caso, y es por lo que se podría hablar de una caución personal en donde los fiadores que presente el imputado deberán ser de reconocida buena conducta, responsables, tener capacidad económica para atender las obligaciones que contraen, y estar domiciliados en Venezuela, y de esta manera el fiador se le confiere la obligación de que el imputado no se ausente de la jurisdicción del tribunal, también debe presentarlo a la autoridad que designe el juez, cada vez que así lo ordene, por esa misma razón deberá satisfacer los gastos de captura y las costas procesales causadas hasta el día en que el afianzado se hubiere ocultado o fugado y por ultimo pagar por vía de multa, en caso de no presentar al imputado dentro del término que al efecto se les señale, la cantidad que se fije en el acta constitutiva de la fianza. Dentro de este marco, el tribunal podrá eximir al imputado de la obligación de prestar caución económica cuando, a su juicio, éste se encuentre en la imposibilidad declarada de tener un fiador, o de no tener la capacidad económica para prometer la caución, entonces en este caso, se le aplicará al imputado la caución juratoria por la que mediante un acta firmada, dispondrá a no ausentarse de la jurisdicción del tribunal o de la que éste le fije, y a presentarse al tribunal o ante la autoridad que el juez designe en las oportunidades que se le señalen. A tal efecto señalará el lugar donde debe ser notificado, y bastará para ello que se le dirija allí la convocatoria. En efecto, bajo ninguna circunstancia se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad, o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible ya que así lo establece nuestra legislación venezolana. Examen y revisión de las medidas cautelares sustituidas.
  • 6. El Juez(a) tendrá que inspeccionar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo considere podrá sustituirlas por otras menos pesadas, pero también el imputad(a) podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere oportuno y en todo caso si el tribunal se niega a revocar o sustituir la medida, no tendrá apelación. El habeas corpus. Este término identifica al derecho que posee todo ciudadano que se encuentra detenido y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o una autoridad. Los jueces, al oír el testimonio del detenido, determinan si el arresto es legal o ilegal y, por lo tanto, pueden decretar que finalice. Actos procesales y las nulidades. Son actos procesales reglados por nuestras normas penales adjetivas, todas las manifestaciones de voluntades que generan efectos jurídicos dentro del proceso, independientemente de la manifestación del estado o particulares. Estos forman parte de lo que procesalmente se ha admitido y la relación jurídica concreta. De allí se puede entender que acto procesal va dirigido de una u otra forma hacia una manifestación de voluntad. Para lo antes expuesto, las nulidades están muy ligadas con los actos procesales porque el acto procesal son los que conforman dentro de lo procesalmente admitido una relación jurídica concreta. Es por esto que la
  • 7. nulidad es actividad procesal defectuosa, es decir que tiene un defecto, una irregularidad, un vicio, por ende, ese acto procesal, es nulo. Para ello existen varios tipos de nulidad, entre las que se pueden mencionar esta, la NULIDAD ABSOLUTA que se presentará toda vez que los actos realizados hayan sido cumplidos infringiendo normas de orden público; es decir, que en la oportunidad que un acto se realice contrariando normas de orden público, acarreará la nulidad absoluta de dicho acto. Puede ser declarada de oficio; y también la NULIDAD RELATIVA que se presenta cuando afecta normas de orden privado, o intereses privados. Es importante acotar que lo absoluto y lo relativo depende de la garantía o derecho fundamental lesionado o vulnerado, y a veces no lo hay, dependerá del caso concreto. Hay derechos y garantías fundamentales, por ejemplo: la declaración del imputado, que es un acto procesal no judicial, no puede declarar solo, tiene que hacerla asistida por su abogado, defensa técnica, la declaración del imputado sin el defensor vulnera (garantía o derecho). Las decisiones. Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad salvo los autos de mera sustanciación. Es importante saber que toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia pública, y con su lectura las partes quedan legalmente notificadas, pero de no ser de esta manera, se le notificara a los interesado de acuerdo a lo establecida en nuestro COPP; y las mismas serán pronunciadas serán inmediatamente después de concluida la audiencia. En las actuaciones escritas las decisiones se dictarán dentro de los tres días siguientes.
  • 8. Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer y se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente. Las sentencias y los autos deberán ser firmados por los jueces que los hayan dictado y por el secretario del tribunal, ya que es un requisito esencial, de lo contrario se declararía nulo este acto. Estas decisiones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, cuando no procedan o se hayan agotado los recursos en su contra y contra esta sólo procede la revisión. Notificaciones absolutas. La notificación como categoría procesal, se recurre a ella para notificar decisiones. Las decisiones, salvo disposición en contrario, serán notificadas dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas. Renovación, rectificación o Cumplimiento. Los actos defectuosos deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado pero no se podrá retrotraer el proceso a períodos ya concluidos con anterioridad, pero sin embargo existen ciertas excepciones. Saneamiento Excepto los casos de nulidad absoluta, sólo se podrá solicitar el saneamiento del acto viciado mientras se realiza el acto o dentro de los tres días después de realizado o en otro caso solo tendrá la oportunidad dentro de veinticuatro (24) horas después de conocerla y en esta solicitud debe
  • 9. describir el defecto, fundar cuáles derechos y garantías del interesado afecta, cómo los afecta, y debe presentar la solución y por ultimo especificará el acto viciado u omitido, al igual que los ligados al mismo. Convalidación. Los actos anulables resultarán convalidados cuando las partes no hayan pedido oportunamente su saneamiento, cuando quienes tengan derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto y el último caso sería si, no obstante la alteración, el acto ha logrado su finalidad. Declaración de Nulidad. Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el Juez deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. La nulidad causa efectos después de declarada y no puede entenderse de otra forma, ya que mientras no haya sido declarado el acto írrito o nulo, dicho acto produce efectos y consecuencias jurídicas y se considera válido. Cuando se declara la nulidad del acto, en caso de actos esenciales se produce tanto la renovación como la reposición, es decir, se debe realizar el acto nuevamente y se retrotrae el proceso al punto donde se realizó dicho acto procesal declarado nulo. Estipulaciones.
  • 10. En este caso si no hay oposición alguna de las partes en cuanto a las pruebas, se podrán realizar estipulaciones respecto a las mismas, con el propósito de obviar su presentación en el debate del juicio oral y público. Trámite de exhortos o cartas rogatorias Para este tramite quedara en manos del Ministerio Público, en conexión con el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, pedir y elaborar exhortos, o cartas rogatorias y solicitudes de ayuda mutua en materia penal, lo cual se efectuará conforme a las conjeturas de la legislación interna y con cimiento en los acuerdos, tratados y convenios internacionales suscritos y corroborados por la República en la materia.