Políticas educativas, b-learning y competencias ciudadanas

Políticas y Reformas Educativas, B-learning en educación superior y formación de
Competencias Ciudadanas

Ange Danielle Baumgartner

Resumen

La Educación Superior se encuentra en un proceso de cambio como consecuencia
de la Internacionalización, obligando a las Universidades a adoptar técnicas y estrategias
del mundo empresarial. Esto influye en las políticas y prácticas haciendo necesario realizar
investigaciones para orientar una acción política y educativa más pertinente a los intereses
de la Nación. En este artículo se contextualizan y explican algunas relaciones entre las
políticas de educación frente a la implementación de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en la educación, el uso de la estrategia b-learning y la formación de
competencias ciudadanas en programas de educación superior.

Palabras clave: Educación superior, b-learning, Competencias ciudadanas,
Reformas políticas.

Abstract

Higher education is a process of change as a result of globalization, forcing
universities to adopt techniques and strategies of the business world. This influences the
policies and practices needed doing research to guide political action and education more
relevant the interests of the nation. This article contextualizes and explains some


Magister en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación, Candidata a Doctor en Gerencia y
Política Educativa. Docente de la Secretaría de Educación del Distrito – Bogotá. Docente Catedrático Colegio
Mayor de Cundinamarca. Docente Catedrático de la Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a
la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y Docente de tiempo completo de la Maestría en
Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Correo electrónico:
abaumgartner@pedagogica.edu.co, perlamar022@gmail.com, adaniellebaumgartner@gmail.com
La discusión que se presenta es una reflexión en el marco de la investigación doctoral análisis de las
prácticas docentes en cuanto a la formación en competencias ciudadanas a nivel de maestría en educación
en ambientes de enseñanza mediados por computador, en el marco del Doctorado Gerencia y Políticas
Educativas del Centro de Estudios Universitarios de Baja California, en México.

Mg. Ange Danielle Baumgartner 2
Políticas y Reformas Educativas, B-learning en educación superior y formación de Competencias ciudadanas

relationships between education policies against the deployment of Information
Technology and Communications in education, the use of b-learning strategy and the
formation of citizenship skills in higher education programs.

Keywords: Higher education, b-learning, citizenship skills, political reforms.

Resumo

Ensino superior é um processo de mudança como resultado da globalização, forçando as

universidades a adotar técnicas e estratégias do mundo dos negócios. Isto influencia as

políticas e práticas necessárias fazendo pesquisas para orientar a acção política e

educação mais relevante para os interesses da nação. Este artigo contextualiza e explica

algumas relações entre as políticas de educação contra a implantação da Tecnologia da

Informação e Comunicação na educação, o uso de b-learning estratégia ea formação de

competências de cidadania nos programas de ensino superior.

Palavras-chave: Ensino superior, b-learning, competências de cidadania, as reformas

políticas.

La Educación Superior en los niveles de pregrado y postgrado se encuentra inmersa
en un proceso de cambio como consecuencia de la Internacionalización y la evolución
hacia modelos más orientados a mercado lo cual obliga a las Universidades a adoptar
técnicas y estrategias del mundo empresarial. (Roldán & Hervás, 2008, pág. 18). Estas
estrategias han influido en las políticas y prácticas educativas y es menester realizar los
diagnósticos para poder orientar una acción política y educativa más pertinente a los
intereses de la Nación. En este artículo se contextualizan y explican algunas relaciones


entre las políticas de educación con la implementación de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones en la educación, el consecuente uso de la estrategia de
enseñanza aprendizaje b-learning y la formación de competencias ciudadanas en programas
de formación en educación superior. La discusión que se presenta es una reflexión en el
marco de la investigación doctoral análisis de las prácticas docentes en cuanto a la
formación en competencias ciudadanas a nivel de maestría en educación en ambientes de
enseñanza mediados por computador.

La política educativa, las tecnologías de la información y la formación de
ciudadanos

La construcción del sujeto en el proceso enseñanza-aprendizaje desborda el simple
hecho de la transmisión de información, del conocimiento socialmente construido. La
política educativa en Colombia a través de la Ley General 115 declara la educación como
servicio público y también la compromete con unos fines fundamentales que pretenden “el
estudio y la crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país”
(Congreso de la República de Colombia, 1994, pág. 3).

Según autores como López, se debe concebir a la educación como una de las
herramientas más eficaces para que los poderes públicos puedan cumplir sus compromisos
constitucionales, en ese sentido, la educación “debe constituirse como un conjunto de
procesos formativos encaminados a atender no sólo las capacidades de cada uno, sino –
sobre todo- sus necesidades. Es en este contexto de equilibrio entre lo individual y lo social,
lo propio y lo ajeno, lo global y lo local, donde la educación deberá adquirir su verdadero
sentido de equidad y lucha contra las desigualdades” (López, 2008, pág. 33).

Propósitos similares se encuentran insertos en contextos políticos más amplios a
través de declaraciones como la de Mar del Plata (Secretaría General Iberoamericana,
2010), en las cuales se plantea que un elemento constitutivo del sentido de la educación
tiene que ver con la formulación de nuevas alternativas de construcción de sociedades, en
las cuales los sujetos son los protagonistas desde la consolidación de su identidad y sus
principios.


Estas políticas manifiestan una intención que en otros tiempos y aún hoy en otros
espacios podría leerse revolucionaria, ya que los jefes de Estado y Gobierno de Suramérica
proponen abiertamente además de la integración latinoamericana a nivel comercial, el
“patrocinio de modelos y sistemas de desarrollo que promuevan sociedades democráticas,
solidarias y participativas, buscando la convergencia de sistemas de educación superior
con los programas de desarrollo científico, tecnológico, ambiental y cultural de nuestros
países, y también la incorporación de los saberes ancestrales y colectivos a los
conocimientos.” (Secretaría General Iberoamericana, 2010, pág. 3).

Para Colombia estas nuevas intenciones ya desde la promulgación de la
Constitución Política de 1991 se manifestaron como propósitos que pretenden una acción
económica y política para el fortalecimiento de la integración latinoamericana y con los
países del Caribe, únicamente serán posibles con la participación del constituyente
primario, el ciudadano.

Formación de competencias ciudadanas en educación superior

La participación ciudadana consignada en los artículos 41, 152, 318 y 342 de la
Constitución Política Colombiana, es la manera como los ciudadanos intervienen en las
actividades públicas en función de unos intereses particulares. Esos son los intereses
sociales que promueven el ejercicio y la defensa de derechos individuales como el derecho
a la salud, al ambiente sano, al trabajo, a la cultura; y colectivos, como los que se
identifican con derechos correspondientes a grupos o sectores sociales claramente
diferenciados (Muñoz, 1996). El concepto de ciudadano se entiende entonces,

“…como el individuo en tanto se relaciona con el Estado. Ese ciudadano es
el sujeto poseedor de una serie de derechos y deberes políticos, que los
sitúan en igualdad de condiciones frente a la ley, independientemente de los
diversos papeles sociales, culturales, sexuales, etc., que identifiquen a cada
sujeto. […] la titularidad de la misma sólo se adquiere cuando se logra cierto
límite de edad” (Muñoz, 1996, pág. 18).

Este marco general de sentido político y de desarrollo del ciudadano en función de
la construcción social y colectiva de la nación, entra en contradicción con la dinámica de la


inserción del desarrollo del servicio público de la educación frente a los requerimientos
internacionales y de las dinámicas económicas del sistema.

Políticas en educación y sus reformas

Las reformas políticas educativas impulsadas a partir de la década de los noventa se
relacionan, entre otros aspectos, con la creación de organismos de regulación, el desarrollo
de procesos de evaluación y acreditación, la articulación entre la industria y la
investigación, el crecimiento de la matrícula de la educación superior, el desarrollo de las
nuevas tecnologías y el surgimiento de la educación virtual, la transnacionalización a partir
de ofertas virtuales y de la instalación de redes, y el inicio de políticas de integración
regional. (Villanueva, 2008).

En la misma época, la globalización afecta al Estado-Nación y sus
responsabilidades, en la medida que el alcance de la vida pública está definido ahora más
que nunca por decisiones tomadas en ámbitos más amplios. Efectivamente, la
mediatización redefine las relaciones entre ciudadanos y gobernantes. Como lo admite el
BID, la revolución de la información y las comunicaciones se manifiesta colocando al
alcance de cada persona grandes volúmenes de información sobre cada asunto que afecta a
la sociedad, lo cual hace necesarias las nuevas capacidades para interpretarla y usarla como
ciudadano activo (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005).

Adicionalmente, múltiples organismos de regulación son creados por los Estados
más como garante de la “calidad” de la educación ofrecida a través de las agencias y los
procesos de evaluación y acreditación tomados de la experiencia de otros lugares del
mundo, que de la pertinencia de los desarrollos académicos, científicos y tecnológicos de
cada país. Los aspectos que definen la calidad deben también ser objeto de una minuciosa
revisión, explicitando claramente sus implicaciones ¿calidad para qué?, ¿calidad para
quién?

De este fenómeno datan en todos los Estados de América Latina dependencias
específicas para generación de información y control acerca de la Educación Superior: la
Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo de Universidades de Argentina, el
Ministerio de Educación Superior de Venezuela, el Consejo Nacional de Ciencia y


Tecnología y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior de México. (2008).

Además, se implementan sistemas nacionales de evaluación y acreditación, como
son la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de
Argentina (1993); el Programa de Evaluación y Institucional de las Universidades
Brasileñas (PAIUB) en 1996 el Examen Nacional de Carreras y en 1997 la Evaluación de
las condiciones de oferta de cursos de pregrado de Brasil, el Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU) de Colombia en 1995 y el Consejo Superior de Educación
(CSE) de Chile en 1993. (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria),
(Palharini, 2000), (Consejo Nacional de Educación Superior. CESU, 1995), (Consejo
Nacional de Educación (República de Chile). CSE).

Crecimiento en cobertura de los programas de educación en nivel de postgrado

Este crecimiento de la cobertura también resulta ser destacado como resultado de las
reformas propuestas y en consecuencia con las tendencias de evolución de los sistemas
educativos mundiales. El incremento de los programas de postgrado que se registra a partir
de la década de los 90 responde al bajo punto de partida de la medición, es decir, del bajo
nivel de cobertura respecto a las necesidades de la región.

No obstante, los Estados no consideraron oportunamente la importancia de definir
una política para educación superior. A excepción de Brasil con la CAPES, sistema de
evaluación de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, agencia
del Estado para la educación postgradual, era incipiente en el resto de Estados la
preocupación y compromiso en cuanto a una política pública de formación en este nivel
educativo.

Las cifras son impresionantes: “En México, el crecimiento del posgrado se ha
multiplicado por cinco desde 1980 y pasó de 25.505 estudiantes a 127.751 para el 2001. En
Chile también el crecimiento ha sido notable, y su matrícula se ha multiplicado también
durante los años 90. Los postgrados argentinos han crecido un 107% entre 1994 y 1999.”
(Villanueva, 2008, pág. 256).


No obstante, surge un interrogante respecto a si este crecimiento manifiesta alguna
correspondencia entre cobertura y calidad ¿los programas ofrecidos en este crecimiento
admirable corresponden a una espontánea y pertinente cualificación de la educación en y
para Latinoamérica? Contadas excepciones, puede evidenciarse que las iniciativas están
más promovidas por una lógica mercantil que por las necesidades y el desarrollo endémico
de los procesos tecnológicos y científicos de la región, quedando en deuda los Estados y las
instituciones con las políticas promulgadas y con la responsabilidad social constitucional
que les compete respecto al fomento y direccionamiento del servicio educativo, siendo muy
preocupante en estos niveles por su impacto en la construcción del conocimiento social de
los pueblos y las comunidades académicas.

Ante este panorama latinoamericano, en Colombia frente a la evidencia de las
dificultades en cuanto a calidad y cobertura, el gobierno nacional nuevamente propone una
Reforma a la Educación Superior en 2011 con cuatro objetivos claros:

“promover mayor calidad, a través de una mejor oferta de programas
académicos y la ampliación de las fuentes de recursos; generar condiciones
para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable
ingresen y se gradúen de la educación superior con la ampliación de la oferta
de programas de calidad; la promoción del acceso y la permanencia y el
fortalecimiento de las fuentes de financiación a los estudiantes; flexibilizar la
oferta educativa, y fortalecer la participación regional.” (Ministerio de
Educación Nacional, 2011).

Esta reforma pretende ser legitimada por medio de la participación de los
colombianos a través del Foro Virtual en el Portal Educativo Colombia Aprende. Las
preocupaciones surgen nuevamente y tienen que ver con varios asuntos.

En primer lugar, con la ampliación de fuentes de recursos frente a la autonomía y a
la ética de los programas; seguidamente, el asunto de las fuentes de financiación para los
estudiantes, que convierte una vez más en mercancía un servicio que de acuerdo a la
Constitución Política tiene el carácter de público; y, finalmente el no menos preocupante
asunto referido a la flexibilización de la oferta educativa por el sentido de la formación de


los ciudadanos como fuerza laboral, en el que no es claro para qué intereses funciona y qué
tipo de desarrollo promueve.

La educación superior en Colombia y la formación de los ciudadanos en programas
mediados por computador

La formación de la ciudadanía y su redefinición socio-cultural y política al iniciarse
el siglo XXI tiene algunos referentes relevantes para establecer un panorama en cuanto a las
relaciones entre formación de ciudadanos en el contexto de una educación mediada por
ambientes virtuales.

El primero de ellos muestra unas realidades sociales en una mezcla de pobreza y
post-modernidad, las cuales llevan a los ciudadanos a desconfiar de la política y de la
capacidad de las instituciones de responder a problemas apremiantes. En segundo lugar, es
evidente la tendencia a la individualización, fragmentación y disolución de lazos e
identidades colectivas, la pérdida de confianza en lo público y el debilitamiento del sentido
de pertenencia a una comunidad política mayor que la local. (Banco Interamericano de
Desarrollo, 2005). Para citar un ejemplo, Colombia ha sido un país con unos niveles de
abstencionismo electoral muy altos, en el 2010 fue del 51%, en el 2006 el 55%, en 2002
54% y en 1994 llegó al 66% cuando fue electo el presidente Andrés Pastrana Arango. (El
Tiempo.com, 2010).

Luego de veinte años de la promulgación a través de la Carta Magna de los
mecanismos de participación ciudadana, no ha sido posible que los ciudadanos sean actores
protagónicos en el ejercicio de Control Social posterior a los procesos electorales. Tomando
como referente solo a Bogotá, la ciudad experimenta de manera apenas incipiente, una
nueva ola de movilización ciudadana y de configuración de movimientos sociales con
mayor capacidad de desafiar los modelos dominantes de desarrollo como el ambientalismo
social. (Hernández, 2010).

En este contexto también es manifiesta la proliferación de programas de educación
superior en modalidad semipresencial y virtual. El asunto que se cuestiona vox populi en
los círculos académicos nuevamente tiene que ver con la calidad. Al respecto, el MEN en
Colombia durante el lanzamiento de la Campaña en Educación Virtual del 7 de julio de


2010, enfatiza que “todos los programas virtuales cuentan con el Registro Calificado del
Ministerio de Educación, requisito que debe cumplir cualquier institución que desee ofrecer
un programa académico, presencial o virtual”. (Centro Virtual de Noticias en la Educación
CVNE, 2010). Queda en el aire un interrogante al respecto: ¿El registro calificado por sí
mismo puede ser garantía de calidad?

En 2010, estaban registrados de acuerdo con el CVNE de Colombia 154 programas
virtuales distribuidos así: 41 técnicos, 40 tecnológicos, 21 universitarios, 46
especializaciones y 6 maestrías (2010). El Decreto 1295 de 2010 establece que todos los
centros que imparten educación en post grado deben trabajar apoyándose en ambientes
virtuales de aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2010), de este modo se obliga
una práctica ya consolidada en educación superior, la estrategia mixta de aprendizaje (b-
learning).

Además, el MEN establece que los programas de especialización, maestría y
doctorado deben propiciar un marco integral que implique

“Un sistema de valores fundamentado en la Constitución Política y la ley y en
conceptos basados en el rigor científico y el espíritu crítico, en el respeto a la
honestidad y la autonomía, reconociendo el aporte de los otros y la diversidad,
ejerciendo un equilibrio entre la responsabilidad individual y la social y el
compromiso implícito en el desarrollo de la disciplina, ocupación o
profesión”. (2010)

La consolidación de las competencias ciudadanas

Un importante aspecto a revisar en este panorama de las prácticas de educación
apoyadas en ambientes virtuales de aprendizaje, es el aislamiento del contacto físico del
estudiante con sus compañeros y profesores y la configuración de nuevos espacios tanto de
socialización como de relaciones enseñanza- aprendizaje: las redes sociales, las aulas
virtuales, webquest, Ambientes Virtuales de Aprendizaje, entre otros; estas nuevas
condiciones abren un campo muy amplio de estudio respecto a las realidades de los
procesos que se manifiestan actualmente y al horizonte de sentido de estos fenómenos.


En el caso de la educación tanto en nivel de pregrado como en el de postgrado, se da
por hecho que en las cátedras se desarrollan de manera implícita las competencias
ciudadanas, es más, se da por hecho que el profesional y el especialista de cada dominio de
conocimiento es un sujeto de derecho formado y consciente de sus deberes y sus derechos
constitucionales. Por lo sensible de esta problemática y con algo de preocupación tal vez
por no herir susceptibilidades, este ámbito no ha sido lo suficientemente estudiado en sus
actores sociales: los docentes de los pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados,
los estudiantes y las mismas instituciones. ¿Cómo se articula en sus contextos sociales y
pedagógicos la consolidación de las competencias ciudadanas?

Esta realidad de las prácticas educativas impele a aunar esfuerzos desde todos los
dominios de conocimiento en torno a hacer viables y responsables las intenciones
constitucionales, políticas y de los programas de las maestrías, relacionadas con la
construcción del sujeto, del sujeto de derecho, el ciudadano, el contexto y la Tierra misma
en general, y la viabilidad de proyección de calidad de vida sustentable a futuro. Es
responsabilidad de los actores educativos el buscar reinventarse, re-educarse, para generar
dinámicas acordes con una visión más promisoria del proceso educativo.

Por ende, una forma de garantizar la calidad de la educación es la articulación
coherente y armónica de un modelo que ponga, por encima de los instrumentos, el sentido
pedagógico de los procesos pero no de forma desarticulada y aislada sino en contexto y al
servicio de la nación, de su cultura, de su desarrollo, de su identidad y de la gestión de su
futuro. Una educación de calidad puede salir adelante con una tecnología inadecuada; pero
jamás una tecnología excelente podrá sacar adelante un proceso educativo de baja calidad.
(Ministerio de Educación Nacional, 2009).

Las Reformas y sus consecuencias

Se hace necesario revisar los propósitos de revitalización del papel del Estado y la
Educación Superior de las reformas que se presentan en el contexto del predominio de
propósitos económicos y de trasnacionalización. Los fenómenos de diversificación y
diferenciación de la oferta de programas y carreras en educación superior, en particular la
de financiamiento privado se presentan como consecuencia de las políticas que pretenden


cobertura y han favorecido el crecimiento de la matrícula. Estos aspectos propios de la
reforma de los noventa están estrechamente ligados al interés de los Estados y las empresas
productoras de bienes y servicios relacionados con la industria informática.

Simultáneamente a este fenómeno, se generó el surgimiento de la educación virtual
y la transnacionalización de la misma. En este contexto surge el auge del uso de los
ambientes virtuales de aprendizaje en la educación superior, a partir de las dinámicas de la
globalización, reflejado a partir de las reformas en las políticas educativas en Colombia,
toda América Latina y el mundo. El discurso de la política educativa en todos los niveles
pretende el mejoramiento de la calidad y cobertura con el uso de la educación mediada por
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y específicamente por los
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA).

Estrategias mixtas de aprendizaje, el b-learning

La evolución del aprendizaje virtual e-learning y la modalidad presencial, generan
una nueva tendencia: el aprendizaje mezclado o “Blended Learning”. Esta modalidad de
aprendizaje surge como concepto alrededor del año 2000, aunque el término en sí mismo
no es tan antiguo como su práctica. Consiste en la integración de elementos comunes a la
enseñanza presencial, con elementos de la educación a distancia por Internet. (Turpo,
2008). Para algunos teóricos, las debilidades del e-learning son el nacimiento del b-
learning: la deserción de los estudiantes asociada con estilo el cognitivo dependencia de
campo, las habilidades de lecto-escritura necesarias, la capacidad de organizarse, la
autodisciplina, la necesidad del grupo como soporte para la continuidad, entre otras.
(Bartolomé, 2004).

En cuanto a la pertinencia del b-learning, se han realizado investigaciones respecto
a los modelos del aprendizaje híbrido que emplean los medios de formación para conseguir
optimizar los programas formativos para una audiencia determinada, combinando las
tecnologías, actividades y distintas situaciones instructivas (Rodríguez & Escofet, 2006).
Autores como Navarro & Martínez (2008) concluyen que en primer lugar antes de elaborar
y proponer planes de formación se debe contar con un diagnóstico de la comunidad donde
pretende aplicarse.


Monguet, Fábregas, Delgado, Grimón, & Herrera (2006) presentan otra
investigación que estudió el efecto del b-learning sobre el rendimiento y la motivación de
los estudiantes, en la cual exploran el efecto que tiene el grado de presencia que se requiere
de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, frente el rendimiento y el
interés por la materia objeto de aprendizaje, utilizando como estrategia didáctica el método
de casos de estudio, como una particularidad del aprendizaje basado en problemas.
También se exploró el rol que desempeña el docente cuando se desarrolla el proceso de
enseñanza con niveles de presencia alto, medio y bajo.

Turpo muestra a través de sus estudios el panorama iberoamericano respecto a las
prácticas del b-learning y señala una “actitud proactiva” de las universidades “asumiendo
que para la convivencia dentro de una sociedad dinámica y competitiva, como la actual; es
esencial disponer de una formación específica y adaptada al entorno, tal que facilite el
desenvolvimiento personal, social y profesional” (2008, pág. 150).

Argumenta este autor que la orientación pedagógica predominante para los procesos
de enseñanza-aprendizaje es la constructivista y /o socioconstructivista, afirma “aunque la
visión predominante no sea la integración de estas concepciones en perspectiva sino como
opciones complementarias para desarrollar un determinado ejercicio formativo”. (2008)

No obstante, Corredor, Mahecha, & Trujillo (2009) a partir de sus observaciones del
comportamiento de las experiencias en las regiones colombianas frente a la formación con
estrategias mixtas de enseñanza- aprendizaje, afirman que es importante que el proceso de
formación se organice en varios niveles sucesivos que incluyan la alfabetización
tecnológica básica, la construcción de prácticas de aula y la reflexión tecnológica más
amplia.

Escamilla (2010) y Llorente (2008) en México y España respectivamente, colocan
en el escenario la actitud favorable de profesores y maestros hacia la formación
semipresencial con el uso de ambientes virtuales, pero consideran inadecuada la excesiva
cantidad de estudiantes por grupo, lo cual desmejora la tutorización y seguimiento del
proceso formativo, haciéndolo inadecuado y escaso.

En este sentido, Gámiz (2009) afirma:


“…según la opinión de los propios estudiantes, es necesario continuar en esta línea
de búsqueda continua de mejora. El modelo debe seguir evolucionando según las
necesidades que se vayan detectando para conseguir nuevos beneficios como la
implicación activa de los tutores e incluso de mentores externos que proporcionen
consejo y apoyo.” (2009, pág. 420)

No obstante, algunas posturas críticas dejan ver otra cara de la moneda, generan
dudas respecto a esas certezas, específicamente por las preguntas de fondo que surgen
cuando se argumentan soluciones a problemáticas educativas relacionadas con la calidad de
la educación, el desarrollo económico y la calidad de vida, la construcción de identidad, y
la sinergia.

En la experiencia de universidades canadienses como las renombradas York y
UCLA con su Iniciativa para la Mejora de la Enseñanza, las cuales desde 1996 inician el
uso obligatorio de la tecnología de las telecomunicaciones, permiten un ejemplo para
contrastar. Afirma Noble (2000), que uno de los cambios que genera esta política es la
conversión sistemática de actividad intelectual en capital, es decir, la propiedad intelectual.

De acuerdo con investigaciones como la desarrollada por (Cabero & López, 2009),
específicamente en el nivel de educación post-gradual existe una tendencia cada vez mayor
a la implementación de cursos con estrategias b-learning, los cuales aparecen en el mercado
educativo con el eslogan de innovadores (pág. 22). Una experiencia documentada que bien
ilustra los riesgos de la implementación de reformas educativas tendientes a la
mercantilización de la educación es la expuesta en el observatorio del Ministerio de
Educación Nacional, en la cual enriquecen la discusión de la implementación del modelo de
universidades con ánimo de lucro. (Díaz, 2011).

En el documental llamado College Inc (FRONTLINE, 2010), producido por
Frontline para el PBS (Public Broadcasting Service) de los Estados Unidos, se analiza el
crecimiento de IES con ánimo de lucro como la Universidad de Phoenix con casi 400.000
estudiantes, en comparación de universidades como la de Harvard que necesitó 375 años
para tener 6.600 estudiantes. El asunto crucial no es precisamente la cobertura, es la


calidad, pues escasamente logran, los que tienen éxito, salir con las competencias laborales
básicas, dejando de lado la investigación y la innovación:

“Las universidades con ánimo de lucro, por su parte, recortan gastos al
eliminar tanto los contratos de tiempo completo como la carrera docente, al
disolver los sindicatos y prescindir de las asociaciones de estudiantes.
También se excluye de las políticas académicas el ámbito de la investigación
pura, se cierran las carreras poco rentables y se sacan del currículo las
asignaturas que no estén directamente orientadas a la formación profesional.”
(Díaz, 2011, pág. 3)

Otro aspecto que toca el informe, y que es cada vez una práctica más difundida en
Colombia, es el que hace referencia al sistema de préstamos y subsidios educativos a través
de fuentes de recursos y subsidios gubernamentales, de manera analógica al ICETEX
(2008). En el caso de Estados Unidos según Díaz “Estas situaciones se repiten sin cesar y, a
juzgar por las noticias recientes (Kirkham, 2011), el sistema de préstamos y subsidios
educativos está a punto de colapsar, como sucedió con la burbuja especulativa de la finca
raíz hace un par de años.” (2011, pág. 5)

Formar las competencias ciudadanas en los programas de Maestría en Educación

Con respecto a lo que se entiende por competencia son abundantes las
aproximaciones al término, su aparente sencillez encierra una complejidad por cuanto es un
constructo que combina elementos psicológicos, cognoscitivos, emocionales y afectivos,
conductuales y psicofísicos.

En los años noventa se establece como referente para identificar las habilidades para
la realización de una tarea de orden laboral, en el afán de simplificar tareas complejas.
Actualmente designa las tareas que se demandan específicamente dentro de la complejidad
de las relaciones y actividades en la sociedad. La OECD (2011) la define como “la
capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas de forma adecuada,
supone una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores,
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz.”


Pérez (2008) establece a partir de Hipkins seis características fundamentales para
las competencias:

Las competencias son de carácter holístico e integrado

Las competencias son de alta interpretación e intervención de cada sujeto

Las competencias suponen unas fuertes disposiciones y actitudes

Las competencias involucran un fuerte componente ético

Las competencias son de carácter reflexivo y transferible

Sintetizando, “constituyen un „saber hacer‟ complejo y adaptativo, esto es, un saber
que se aplica no de forma mecánica sino reflexiva, es susceptible de adecuarse a una
diversidad de contextos y tiene un carácter integrador, abarcando conocimientos,
habilidades, emociones y actitudes” (Pérez, 2008).

En el campo de la educación se acoge la acepción más acogida del término, es la
que la relaciona con el ser competente es decir saber y saber hacer. Lo cual implica poder
usar el conocimiento en la realización de acciones o productos (ya sean abstractos o
concretos) (Ministerio de Educación Nacional MEN, 2004).

En el sistema educativo de Colombia, el enfoque de competencias se empezó a
emplear con preponderancia, aproximadamente desde el 2000, dando inicio a la transición
de la educación basada en la memoria de la información. El énfasis en competencias lleva a
que los estudiantes puedan resolver problemas, enfrentarse a situaciones novedosas, poder
actuar en contextos en los que no habían estado antes y resolverlos de manera creativa
(Chaux, 2010)

Así, el logro de mejores competencias en los estudiantes, se convirtió en uno de los
objetivos de la política de calidad del sistema educativo colombiano y el Ministerio de
Educación, el ente público encargado de formular los estándares básicos de calidad, que
permiten desarrollar en los estudiantes no solo habilidades comunicativas, matemáticas y
científicas, sino competencias para que ejerzan los derechos y deberes de un buen
ciudadano. Haciendo una lectura desde la globalidad,


“[…] la educación colombiana, enfrenta además de los retos impuestos por el
fenómeno globalizador, los de la marginalidad y el conflicto interno que como
hemos dicho amenaza la estabilidad latinoamericana. En nuestro contexto, el saber
hacer, se traduce en saber construir espacios y realidades que dignifiquen al hombre,
dentro de un enfoque pacificador. Se trata de hacer ciencia con conciencia y
responsabilidad social. Para ello la formación superior, debe “invadir” a la sociedad,
aplicando en la misma, el conocimiento, generando innovaciones tecnológicas
endógenas, despertando la creatividad y la búsqueda de alternativas, a las
encrucijadas del subdesarrollo y de la guerra.” (Acevedo, 2002)

El Plan Decenal 2006-2016, reafirmó la exigencia de diseñar currículos que
garanticen el desarrollo de competencias en cuanto al ser, saber hacer y convivir. Se llama
la atención sobre el uso de estándares de competencias en el uso de las TIC (UNESCO,
2010). De manera general, la formación de competencias, en el sistema educativo tiene
cuatro niveles, de forma ascendente: competencias básicas, competencias ciudadanas,
competencias laborales generales y competencias específicas y profesionales, la cuales se
desarrollan progresivamente a lo largo del proceso de formación educativa del individuo
(Ministerio de Educación Nacional MEN, 2004).

De acuerdo con (Fernández, 2001, pág. 198),

“…la educación formal, la formación ciudadana, más que un contenido (vertical o
transversal), es un modelo completo que abarca currículo y métodos de enseñanza,
como también modos de administración, organización y cultura escolar. En lo
estrictamente pedagógico, la renovación curricular no puede estar desligada de una
recomposición de las prácticas docentes y de las formas de evaluación.”

Es evidente que los propósitos de las políticas educativas en América Latina
respecto a la formación en niveles de maestría y doctorado se inscriben dentro de unos
propósitos definidos por referentes constitucionales. Sin embargo es innegable la tensión de
estos propósitos frente a los que presionan los desarrollos y prácticas reales: los intereses de
las empresas productoras de bienes y servicios relacionados con la industria informática,


quienes presionan las decisiones de los gobiernos en lo local desde las dinámicas regionales
y mundiales.

En cuanto a la formación en competencias ciudadanas, son muy escasos los estudios
e investigaciones en campo sobre esta relación, se hacen desarrollos teóricos interesantes en
la medida que redefinen el carácter del conocimiento de las características del ciudadano
contemporáneo, pero hace falta mucho más que comentarios y elucubraciones para dar
cuenta de una realidad dinámica y veloz en sus transformaciones, expresiones y
consecuencias.

Se tiene como un presupuesto el desarrollo de las competencias ciudadanas en los
currículos de las maestrías en educación, pero no existe una aproximación investigativa que
dé cuenta acerca de qué se hace y cómo se hace esta formación.

Esta, entre otras características, debe responder a los parámetros de la redefinición
sociocultural y política del ejercicio y connotación de la ciudadanía de la actualidad. En ese
sentido, los docentes y estudiantes de postgrado en educación deben desarrollar la cultura
investigativa, el pensamiento crítico y autónomo por el papel fundamental que desempeña
el servicio público de la educación.

El rol de los profesionales en educación y aún más el de los magísteres en
educación tiene una importancia capital en la medida que éstos impactan las comunidades y
la misma sociedad. Se hace indispensable revisar los currículos que orientan las maestrías
en educación y hacer explícita la orientación de sus prácticas y orientación teórica en la
formación en competencias ciudadanas porque son los responsables de la formación de
educadores.

En la educación superior, se considera que las TIC pueden contribuir
constructivamente en la conformación de ciudadanía en la medida que los gobiernos
asuman su papel como mediadores formativos de esos recursos desde el seno de las
comunidades, implementando actividades relacionadas con la cotidianidad de los sujetos
que les permitan favorecer un aprendizaje significativo, desarrollando las competencias
informáticas necesarias para el desarrollo de una competencia crítica, de transformación
social y en la búsqueda del bien común. Las TIC son reconocidas por los individuos como


ambientes que favorecen la argumentación y que preparan las condiciones para utilizar con
éxito las herramientas de un sistema democrático. (Peña, Díaz, & Vargas, 2008).

Siguiendo a Contreras, las TIC se han asociado positivamente con la mejora de los
aprendizajes en varias áreas, desde el punto de vista estadístico, su contribución es
significativa, aunque no rotunda. El acceso doméstico a las tecnologías en red ha tenido un
impacto importante en el conocimiento de los diferentes equipamentos de las TIC en su
rango de uso. La integración de tecnologías en red aunque sigue siendo sumamente
importante está bajo el nivel de desarrollo esperado. Los niveles de uso de las TIC en la
casa son superiores al de las instituciones educativas. (2009).

Para la formación de ciudadanía se tienen algunos estudios que ya arrojan unas
incipientes caracterizaciones (Contreras, 2009): Las tecnologías de la información sirven
como fuente de información de la ciudadanía, permiten un medio de discusión para la
generación de ciudadanía, usando las TIC como ayuda a que los aprendices produzcan los
materiales de la ciudadanía.

Finalmente, la Educación Superior debe concebirse no sólo como un factor de
movilidad social, debe también contemplarse su capacidad para promover la realización
personal a través del ejercicio consciente y formal de la enseñanza vivencial y teórica y la
consolidación de las competencias ciudadanas tanto en los estudiantes como en los
docentes, salvaguardando la cultura de la creciente entropía a la que la someten las
estrategias mediáticas, la colonización tecnológica de la vida y el desbordado flujo
informacional, (Orozco, 2011) colocando el saber y los recursos al servicio de la
construcción de la sociedad que todos merecemos.


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